Pensando hoy el futuro de la transmisión

LAS REDES DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA prestan un servicio de interés nacional y son una de las principales condiciones habilitantes del proceso de transición energética en el que Chile está inmerso. Contar con un sistema holgado, seguro y resiliente para las próximas décadas es crucial y requiere hoy de un esfuerzo público-privado sin precedentes.

Pero vamos lento. Según un estudio que, como Asociación de Transmisoras, encargamos al Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) y la consultora SPEC para comparar el sistema “real” en 2022 con el que hubiéramos tenido de haberse planificado con holguras –tal y como lo indicaba la ley de 2016–, solo el año 2022 faltó incorporar un 40% más de capacidad de transmisión y cerca de 900 MW de almacenamiento, lo que habría implicado gatillar inversiones extra por alrededor de US$ 2.000 millones. De haberse contado con esa capacidad, los niveles de vertimiento de energía renovable habrían disminuido desde el 6,4% registrado en 2022 a un 1,1%; y el desacople de precios entre las zonas norte y centro se hubiese reducido de 34% a 5%. La situación este año solamente recrudecerá, si se concreta el ingreso de otros 4.000 MW renovables proyectados, de los cuales ya se han sumado casi 1.200 MW solares y eólicos.

“Solo el año 2022 faltó incorporar un 40% más de capacidad de transmisión y cerca de 900 MW de almacenamiento, lo que habría implicado gatillar inversiones extra por alrededor de US$ 2.000 millones”.

depende de las decisiones estatales sobre qué, cómo y dónde debe construirse la infraestructura. Pues bien, el proyecto incorpora la posibilidad de que cualquier actor proponga obras –nuevas o de ampliación– “fuera del plan” cuando ellas se requieran por resiliencia, robustez u otra necesidad importante. De este modo, se proveerán los incentivos adecuados al planificador y el plan se verá complementado adecuadamente por iniciativas privadas cuando quede “corto” en obras. Con todo, la decisión final de si se sigue adelante con el proceso de licitación permanece, por cierto, en manos estatales.

Junto a dicha medida, se requiere también realizar una serie de cambios metodológicos a la planificación, que permitan tomar mejores decisiones frente a escenarios futuros siempre inciertos.

Ciertamente, debemos acelerar. El gobierno así lo ha entendido y prepara una próxima iniciativa legislativa (denominada “ley de Transición Energética”) que abordaría algunas temáticas críticas. Entre ellas, la más fundamental dice relación con la planificación de la transmisión. Recuérdese que esta última

De más está decir que estas medidas son solo una parte de lo que se necesita para acelerar los proyectos. Una mayor eficiencia en la “permisología” –más de 120 permisos ambientales y sectoriales se requieren para un solo proyecto de transmisión–; una “puesta al día” en los procesos tarifarios –todos los cuales corren hoy con retraso– y otras acciones serían largamente bienvenidas como señales positivas a la inversión en un área crucial para nuestro desarrollo futuro.

El desafío es enorme y urgente. Que no nos ocurra que, en unos años más, estemos mirando el pasado, viendo como perdimos la oportunidad de enmendar –a tiempo– el futuro.