EnClave de Economia nº 3 - Capítulo 2 by Informatica CCOO

Capítulo 2

Situación y perspectivas económicas

❚ EnClave de Economía #3

el crecimiento mundial y la parálisis del proyecto europeo

El crecimiento mundial mejora ligeramente en 2015, según las previsiones de la mayoría de los organismos internacionales (ver tabla 2.1). El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea prevén un aumento de la economía mundial del 3,5 % en 2015, una décima más que en 2014. Esta tasa no alcanza, sin embargo, a la observada durante la etapa de crecimiento anterior a la crisis (4 %) y no llega a todas las zonas geográficas, estando desigualmente repartida. En general, mientras que las economías de los países desarrollados mejoran, las emergentes empeoran; estas últimas recortan su ritmo de crecimiento en 2015 (4,3 %) con respecto a 2014 (4,6 %), como resultado del final de la política de la abundancia de dólares de la Reserva Federal y la caída del precio del petróleo y las materias primas. Esto se debe, entre otros aspectos, al recorte del ritmo de crecimiento del gigante chino, que genera un 16 % del PIB mundial, la misma proporción que Estados Unidos. La economía brasileña (− 1 %) y, sobre todo, la rusa (− 3,8 %) están en recesión en 2015. En cambio, India y México aceleran su crecimiento. Las economías avanzadas – que producen el 43 % del PIB mundial – presentan, asimismo, perfiles distintos. Mientras que la economía estadounidense crece a buen ritmo en 2015, por encima del 3 %, la Eurozona lo hace a la mitad de velocidad (1,5 %). Esta diferencia se debe a la pobre respuesta monetaria y a la contracción fiscal llevada a cabo por Europa durante la

segunda parte de la crisis (2012–2013). Pero no solo el crecimiento es más débil, la política europea provoca una doble recesión que no sufre la economía norteamericana. El PIB de la Eurozona se recorta en 2009 un 4,4 %, y vuelve a caer, nuevamente, en 2012 y 2013, un 1 % acumulado. Por su parte, la economía estadounidense solo cayó entre 2008 y 2009 un 3 %. Las políticas expansivas adoptadas al otro lado del Atlántico para responder a la Gran Recesión se han revelado como una respuesta de éxito, frente al fracaso de las aplicadas en Europa. En el año 2009, las tasas de paro de EE.UU. (9,3 %) y la Eurozona (9,6 %) estaban prácticamente a la par. En 2015, la primera se había reducido a un nivel de paro friccional (5,5 %) y la segunda aumentó hasta el 11 %, lo que deja a 17,5 millones de europeos en el desempleo (ver tabla 2.2). La política fiscal es, asimismo, más expansiva en EE.UU. entre 2007 y 2015; sus déficits públicos y la deuda pública acumulada se sitúan por encima de la Eurozona a lo largo de todo este período, como se observa en la tabla 2.2. La situación recesiva y de debilidad de la economía europea está relacionada con la fuerte caída de la inversión. Su nivel está en 2015, un 13,7 % por debajo del que tenía en 2007, en términos reales, es decir, descontada la inflación. Estados Unidos, por el contrario, la mantiene a lo largo de la crisis y en 2015 se sitúa un 2,6 % por encima de 2007. El fuerte recorte de la inversión pública en los países endeudados y su bajo

Tabla 2.1 – Crecimiento Mundial

2014

2015

2016

FMI

3,4

3,5

3,8

Comisión Europea

3,4

3,5

3,9

Banco Mundial

2,6

2,8

3,3

OCDE

3,3

3,1

3,8

Fuente: Gabinete Económico de CCOO.

Tabla 2.2 – Los resultados de la política económica de EE.UU. y la Eurozona ante la recesión

PIB EE.UU.

Tasa de paro Eurozona

EE.UU.

Variación anual %

Precios

Eurozona %

EE.UU.

Eurozona

Variación anual %

2007

1,8

2,9

4,6

7,5

2,5

2,3

2008

− 0,3

0,4

5,8

7,6

3,1

2,7

2009

− 2,8

− 4,4

9,3

9,6

− 0,1

− 0,7

2010

2,5

2,0

9,6

10,2

1,7

1,6

2011

1,6

8,9

10,2

2,5

1,9

2012

2,3

− 0,7

8,1

11,4

1,8

2,3

2013

2,2

− 0,4

7,4

12,0

1,2

1,9

2014

2,4

0,9

6,2

11,6

1,3

1,1

2015

3,1

1,5

5,4

11,0

0,5

Déficit público EE.UU.

Eurozona

Deuda pública EE.UU.

% PIB

Eurozona

Inversión real EE.UU.

% PIB

Eurozona

Índice 2010=100

2007

− 3,5

− 0,6

64,0

65,0

119,7

113,7

2008

− 7,0

− 2,1

72,8

68,6

113,8

113,1

2009

− 12,7

− 6,2

86,0

78,4

98,9

100,4

2010

− 12,0

− 6,1

94,8

83,9

100,0

2011

− 10,6

− 4,1

99,1

86,5

103,7

101,7

2012

− 8,9

− 3,6

102,9

91,1

109,2

97,9

2013

− 5,6

− 2,9

104,7

93,2

112,1

95,5

2014

− 4,9

− 2,4

104,8

94,2

116,3

96,5

2015

− 4,2

− 2,0

104,9

94,0

122,8

98,2

Fuente: Comisión Europea. Statistical Annex of the European Economy. Primavera, 2015.

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nivel en aquellos otros con mejores fundamentos, están detrás del mal comportamiento de la inversión en la Eurozona. Alemania, por ejemplo, con un superávit público del 0,6 % del PIB y del 7,6 % en su balanza comercial, tiene un volumen de inversión pública muy bajo, similar al español, a pesar de la comprometida situación presupuestaria de España1. El año que viene se espera una aceleración de la actividad económica mundial, aunque, nuevamente, desigualmente repartida. Las economías avanzadas repetirán la misma tasa de crecimiento. Estados Unidos la mantendrá, y la Eurozona y Japón la acelerarán muy ligeramente. Las economías emergentes aumentarán su ritmo de crecimiento de manera apreciable, a pesar de que China seguirá perdiendo gas, gracias al impulso de México, Brasil, Indonesia y una menor caída de la economía rusa. La previsible subida de tipos por parte de la Reserva Federal seguirá restringiendo la financiación para las economías emergentes.

El fracaso de la política económica europea

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Las autoridades de la Eurozona han adoptado una política ante la crisis basada en un planteamiento teórico sin contraste empírico sólido, denominado ‘austeridad expansiva’. Según éste, el saneamiento de las cuentas públicas y la aprobación de reformas estructurales, relajan las condiciones de financiación, impulsando la inversión y compensando la caída de la

1 En este sentido, hay un mecanismo europeo de alerta ante superávits persistentes y excesivos en la balanza comercial – como es el caso de Alemania –, aunque sin sanciones. Su lógica es mantener la cohesión de una Unión Monetaria con poca movilidad geográfica de la fuerza de trabajo, a través del desarrollo de políticas redistributivas (establecimiento de un salario mínimo) o expansivas en los países con superávit.

actividad inducida por los recortes del gasto público y/o la subida de impuestos. Para poner en práctica esta estrategia, se aprueba a finales de 2011 el Pacto del Euro, que diseña una estricta senda de rebaja del déficit público excesivo, aquel por encima del 3 % del PIB. Bajo este esquema, las economías europeas más endeudadas, como resultado de las malas políticas económicas desarrolladas durante la etapa de crecimiento (Irlanda, Portugal, España y Grecia), recibirán ayuda financiera del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), condicionada al estricto cumplimiento del Pacto y a la promulgación de reformas estructurales. La puesta en práctica de esta receta en España, relajó la prima de riesgo en los mercados de financiación, gracias al aumento de las garantías para los acreedores y al incremento de la rentabilidad del capital inducida por la mayor devaluación salarial que produjo la reforma laboral. Sin embargo, no se tradujo en mejores condiciones de acceso al crédito para las empresas y familias, ni en el despegue de la inversión. El motivo fue, por un lado, el hundimiento de las expectativas de las empresas sobre la evolución de la demanda, provocado por la política de recorte acelerado del déficit público y el aumento de los despidos impulsado por la reforma laboral. Y, por otro, se debió a la insuficiente política monetaria del BCE y el recorte del crédito llevado a cabo por los bancos – en lugar de ampliar capital – para cumplir con los nuevos ratios de solvencia, lo que aumentó las dificultades de acceso y coste de la financiación de pymes y familias. Las economías sobre-endeudadas necesitaban, en efecto, ajustarse. De hecho, una parte del ajuste lo estaba llevando a cabo el mercado, como muestra el fuerte recorte del empleo en la construcción y sectores afines,

que se produce en España tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Pero la intensidad y los ritmos de recorte del déficit público promulgados desde Europa fueron excesivos y contrarios a la lógica económica; las reformas estructurales, por su parte, abundan en esta política depresora, pues, aunque pueden tener efectos positivos en el largo plazo si están bien diseñadas, a corto plazo contribuyen al hundimiento de una economía que ya estaba cayendo. Este tipo de políticas de ‘sobre-ajuste’, terminan contribuyendo a la destrucción de tejido productivo competitivo, provocando una caída económica mayor a la necesaria y una recuperación más débil de la que se hubiera producido si una parte del músculo empresarial se hubiera conservado gracias a una política más acomodaticia.

Grexit Grecia resume los peores efectos de la mala gestión autóctona y europea, por parte de las autoridades públicas. A lo largo de la etapa de política monetaria expansiva y crecimiento, las autoridades griegas permitieron la formación de una burbuja inmobiliaria y la aparición de importantes déficits públicos recurrentes financiados con endeudamiento, que beneficiaban a clientelas relacionadas con el poder político. Por su parte, las instituciones europeas ignoraron deliberadamente estas prácticas, incluso cuando afectaban al uso desviado los fondos estructurales europeos. Durante la crisis, la receta de austeridad y reformas estructurales a cambio de financiación, dispensada por las instituciones europeas, ha significado más ajuste sobre unas economías que ya se estaban ajustando, lo que ha elevado el precio de la factura y se ha traducido en más desempleo y aumento de los índices de pobreza y desigualdad. Europa ha intentado resolver los desequilibrios de los países

¿Era posible otra política económica? ¿Ésta no se ha podido llevar a cabo por insuficiencias de la Unión Económica y Monetaria? Sí, era posible otra respuesta, y no eran necesarias nuevas instituciones o reglas en Europa para llevarla a la práctica, como no las ha requerido la receta de la austeridad y las reformas estructurales puestas en funcionamiento. Las economías con dificultades, en efecto, necesitaban reajustarse, pero mediante un planteamiento más equilibrado que diluyera su coste en el tiempo y abaratara el precio de los recursos necesarios mancomunando su riesgo, como en la práctica se ha hecho a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Esta política económica exige también una mayor supervisión europea para asegurar su cumplimiento y durante más tiempo. La política económica desarrollada finalmente por Europa ha sido mala porque ha causado más dolor del necesario en la población y una doble recesión que los norteamericanos, por ejemplo, no han padecido. Los rescates financieros a Grecia han servido para preservar su sistema financiero, y garantizar los depósitos de los ahorradores, lo cual es indispensable para el funcionamiento de su economía. También ha cambiado de manos la deuda pública griega, de los bancos privados a los Estados miembros, lo que, a la larga, ha podido debilitar la posición negociadora de Grecia, al recortarse – al menos en teoría – el coste de su eventual salida del euro. Pero no han servido para impulsar su economía, sino, todo lo contrario, la han debilitado aún más. A lo largo de la crisis se ha destruido el 25 % del PIB griego (frente al − 7,2 % desaparecido en España), el sector público acumula una deuda del 200 % del PIB (100 %

en España)2, la tasa de paro es del 25,6 % (22,5 % en España), la pobreza material severa afecta la 21,5 % de la población (7,1 % en España), y la evasión fiscal es muy elevada, lo que dificulta reducir el déficit sin recurrir a duros recortes del gasto público. Con todo, el problema más acuciante de Grecia no es su deuda pública, sino que su economía no crece y que la situación está alcanzado tintes de crisis humanitaria. El porcentaje que suponen los intereses de su deuda sobre el gasto público está por debajo del que pagan Portugal o Irlanda. No obstante, la deuda sí puede convertirse en un problema si Europa continúa empeñada en imponer superávits fiscales para amortizar deuda o en crear – como se ha hecho en el último acuerdo – un fondo de 50.000 millones de activos públicos para privatizar, con el fin también de cancelar deuda. Los primeros 25.000 millones de este fondo se emplearán en recapitalizar los bancos griegos, los siguientes 12.500 millones se destinarán a amortizar deuda y los 12.500 restantes impulsarán la inversión. Es la primera vez que Europa – como un banco comercial – exige garantías físicas a un socio para darle crédito. El fondo plantea serias dudas, y da pábulo a aquellos que dicen que el acuerdo del Consejo Europeo con Grecia no se puede cumplir, entre los que se encuentra el propio Primer Ministro Tsipras. Y esto por varios motivos: primero, es dudoso que Grecia disponga de 50.000 millones de euros en activos privatizables; segundo, el fondo pagará parte del rescate a los bancos griegos, lo cual no es equitativo con un nivel de condicionalidad tan alto; tercero, reitera en el error de saldar deuda en lugar de emplear cualquier recurso público adicional para impulsar las actividades económicas, 2 Sin embargo, la deuda privada de España (220 % del PIB) es muy superior a la griega (162 % del PIB).

objetivo que queda relegado al último lugar; y, por último, éste parece el peor momento para acometer un programa de privatizaciones y obtener un buen precio por los activos griegos. Un programa de rescate en condiciones no debería incluir este fondo, que manifiesta la desconfianza entre socios. Su objetivo debería ser reequilibrar las cuentas públicas, pero empleando los márgenes fiscales adicionales para empujar el crecimiento y aliviar la situación de los más damnificados por la crisis. En este sentido, el programa para impulsar el crecimiento y el empleo, incluido también en el acuerdo suscrito entre el Gobierno griego y el Consejo Europeo, sí se mueve en la buena dirección. El programa de 35.000 millones de euros para los próximos 3 a 5 años, incluye 1.000 millones de pre-financiación para dar un impulso inmediato a la inversión. Por otro lado, la deuda griega tiene que ser parcialmente condonada o transformada en perpetua a medio plazo, pues no es sostenible, como reconoce el FMI y el propio texto del acuerdo. La economía griega no puede estar permanentemente tutelada, como si de una colonia del Consejo Europeo se tratara. La Eurozona, además de ser un espacio con normas que hagan fuerte su moneda, debe ser también un lugar de segundas oportunidades. Como la tuvo Alemania en el pasado, cuando primero sufrió la asfixia económica impuesta por el Tratado de Versalles tras la Primera Guerra Mundial, y después disfrutó de la generosidad del Plan Marshall y la condonación de su deuda, tras la Segunda Guerra Mundial. Pero más allá de las segundas oportunidades, la Eurozona tiene que disponer de mecanismos institucionales de amortiguación de las crisis que sustituyan a los que se han perdido los países miembros como resultado de la adopción de la moneda única. Estos tienen que estar basados en la supervisión,

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en dificultades con una visión muy estrecha de las cosas, lo que al tiempo que arreglaba algunos se generaban otros.

la confianza y la solidaridad. Sin estos mecanismos la Unión Monetaria se queda solo en un área de tipos de cambio fijos. Es volver al patrón oro que, precisamente, se rompió para dar cabida a las demandas de los trabajadores.

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En Europa es necesario que se abra un nuevo ciclo político donde los países acreedores y deudores dejen de usar a Grecia como pararrayos de sus contradicciones internas y como excusa para paralizar el desarrollo del proyecto europeo. Este nuevo ciclo debe traer también un gobierno griego capaz de plantar cara a la corrupción y a las clientelas que viven del Estado. De esta situación se sale con más cesión de soberanía nacional a Europa y no con la salida de Grecia de la Eurozona, como alientan algunas voces desde fuera de la Unión o, desde dentro, proponiendo un mecanismo de salida temporal. Esta última solución equipara los riesgos de una eventual salida griega a la quiebra de Lehman Brothers, lo cual parece poco prudente. Contribuye, además, a encarecer la disciplina económica ante futuras crisis, al hacer del euro un proceso reversible, y retrasa la construcción de una Europa responsable pero también solidaria.

En la práctica, la cesión de soberanía se ha producido, pero de manera parcial (solo Grecia ha renunciado a ella) y bajo amenaza: fin de la financiación si no se acataba la intervención de la economía por la troika (Comisión, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional), más el Mecanismo Europeo de Estabilidad en esta nueva etapa. Por lo que la solución no solo ha quedado huérfana del suficiente sustento democrático característico de Europa, sino que, además, ha avivado el fuego del nacionalismo, principal enemigo del proyecto europeo, y de cualquier otro donde lo importante sea la solidaridad entre personas y no el territorio o la etnia. Su resurgir no solo ha ocurrido en Grecia

o España (en una versión regional), sino también en los países acreedores, apoyado en el mensaje de ‘Europa nos roba’.

Insuficiencias de la Unión Económica y Monetaria Si para algo bueno ha servido la crisis es para mostrar en toda su crudeza, las insuficiencias del proyecto europeo, y la necesidad de reforzarlo y ampliarlo. Como habían advertido muchos economistas, una moneda única sin mecanismo de amortiguación frente a una crisis asimétrica (que afecta de manera distinta a los países miembros) provocaría tensiones sociales, que harían resurgir, como se ha apuntado, el peor enemigo de la construcción de Europa, los nacionalismos, cuya esencia es la insolidaridad y la promoción del sentimiento de odio y superioridad frente al otro. Antes del euro, los países con problemas competitivos y de deuda pública podían amortiguarlos acudiendo a su Banco Central para financiarse – bajo el riesgo, eso sí, de provocar inflación – y devaluar la moneda para aumentar las exportaciones, encarecer las importaciones (lo que también genera inflación por el aumento del precio de la energía) y atraer turismo e inversión exterior, abaratando sus precios relativos y el valor de sus empresas. Tras la Unión Monetaria estos mecanismos se pierden, y no son sustituidos por otros como una mayor movilidad laboral dentro de la Unión, que es uno de los principales medios de reequilibrio en Estado Unidos, o unas pensiones o prestaciones por desempleo centralizadas, que son otras formas de reequilibrio. Hay que subrayar, que la finalidad de ceder más soberanía nacional a Europa no es crear nuevos instrumentos de intervención económica supranacional (esto es solo instrumental), sino ponerse de acuerdo en una metodología de intervención común

ante las crisis, como se ha hecho en la Unión Bancaria. Este método debe tener como principio director básico: reequilibrar la economía al menor coste social posible y señalar las verdaderas causas de la crisis para que se acometan las reformas oportunas. Se trata de sacar ventaja de la dimensión de la Eurozona para abaratar el coste financiero de las políticas de reequilibrio, mancomunando el riesgo de su financiación. Esto se consigue introduciendo entre los objetivos del mandato del BCE, la rebaja del desempleo junto a la estabilidad de precios e incluyendo la conservación de unos estándares comunes de protección social, en el mandato de una posible futura Autoridad Fiscal Europea, lo que obliga, a su vez, a definir una Carta Europea de Derechos Sociales. Alternativamente a la cesión de soberanía, los países de la Eurozona con presupuestos públicos saneados podrían llevar a cabo políticas expansivas que, al tiempo que implementan sus economías, ayudarían a los países con desequilibrios presupuestarios a amortiguar el ajuste, a través de la mejora de sus saldos comerciales con el exterior. Este modo de reaccionar frente a las ‘crisis asimétricas’ que afectan solo a una parte de los países de una Unión Monetaria, además, soslaya el problema de mutualización de deuda generada por las malas políticas nacionales, que tanto preocupa a los ciudadanos de los países no afectados por la crisis. El proyecto europeo tiene importantes carencias, como se ha apuntado, pero con las mismas insuficiencias, unos países lo han hecho mucho mejor que otros en la gestión de la etapa de crecimiento y durante la crisis, lo que indica que, más allá de estos déficits, existe un elevado nivel de responsabilidad nacional a la hora de explicar la situación en la que se encuentra la economía de cada país. No obstante, una parte de la

La responsabilidad nacional de la situación económica España es un claro ejemplo de mala gestión económica de sus gobiernos, más allá de las insuficiencias de la Unión Económica y Monetaria. En efecto, bajo la misma política monetaria expansiva llevada a cabo por el BCE durante la etapa de crecimiento, otros países europeos no sufrieron, como España, una burbuja inmobiliaria. Ésta se fomentó desde todos los niveles de la Administración, y se ignoró deliberadamente por el Banco de España, a pesar de su responsabilidad en la estabilidad de precios y la supervisión macroprudencial del sistema financiero. Desde 2003 había estudios académicos que advertían y dimensionaban la burbuja inmobiliaria3. La dirección del Banco de España seguía, sin embargo, quitándole hierro al asunto incluso en 2006; negaba la burbuja y hablaba de sobrevaloración asimilable por los fundamentos de la economía española4, a pesar de la carta enviada por los inspectores del propio banco al entonces Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministros de Economía y Hacienda, denunciando la imprudente gestión del riesgo inmobiliario hecha por el sector financiero.

El análisis crítico del mal funcionamiento del Banco de España sigue pendiente. En otros países que también han sufrido problemas de supervisión financiera con origen en el sector inmobiliario, como Irlanda y EE.UU., se han llevado a cabo comisiones de investigación parlamentaria, que han dado lugar a reformas dirigidas a resolver las disfuncionalidades detectadas en sus organismos de supervisión y regulación5. En cambio, este debate se ha secuestrado en España, pero el problema sigue ahí, como puso de manifiesto el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, cuando, al abandonar su cargo, señaló a los errores de supervisión del Banco de España como origen de la crisis. El supervisor público no hizo nada contra la mala gobernanza de las cajas durante la etapa de crecimiento, aceptó criterios laxos en la concesión de hipotecas, y permitió la doble exposición al ladrillo de las entidades financieras, a través de su participación en sociedades inmobiliarias.

3 José García Montalvo (2003): ‘La vivienda en España: desgravación, burbujas y otras historias’, en Perspectivas del Sistema Financiero, FUNCAS.

La etapa de crisis ha estado, igualmente, muy mal gestionada por las autoridades políticas españolas. Hubo países que acumularon desequilibrios durante la bonanza pero que supieron enfrentarlos rápidamente y acudieron al mercado cuando ofrecía financiación abundante a un coste razonable. Como se puede ver en el tabla 2.3, al principio de la crisis, Bélgica, Reino Unido, Luxemburgo, Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Austria, obtuvieron importantes cantidades de dinero en relación a su PIB a través de su sector público, para recapitalizar y rescatar activos deteriorados de sus entidades financieras. En cambio otros, como España que negaron la crisis y optaron por soluciones malas y lentas

4 Juan Ayuso y Fernando Restoy (2006): ‘El precio de la vivienda en España: ¿es robusta la evidencia de sobrevaloración?’ Boletín Económico del Banco de España, junio, 2006. Fernando Restoy es el actual Subgobernador del Banco de España.

5 National Commission on the Causes of the Financial and Economic Crisis in the United States (2011): ‘The financial crisis inquiry report’; y Oireachtas Committee Inquiry into the Banking Crisis.

(fusiones en frío de entidades no complementarias, bancarización de cajas6, el Banco de España permitió la recapitalización de las entidades vía clientes, con preferentes y deuda subordinada), cuando quisieron enfrentar sus problemas los mercados estaban cerrados y la única posibilidad era la financiación condicionada del Mecanismo Europeo de Estabilidad.

La mala gestión de la crisis del Banco Central Europeo La mala gestión de la crisis no solo ha sido un problema nacional. El Banco Central Europeo ha tenido muy poca capacidad para anticipar los problemas, y su respuesta ha sido tardía e insuficiente, lo que ha aumentado la fragmentación financiera7 de la zona euro. La lentitud en la toma de decisiones no se puede justificar en el regulador europeo por la dificultad de poner de acuerdo a los 19 países miembros de la Eurozona. EL BCE es una institución federal, donde las decisiones las toma su Comité Ejecutivo, que no depende de los gobiernos. El BCE bajó los tipos más despacio que la Reserva Federal; desde 2008 siempre los mantuvo por encima (hasta mediados de 2014) e, incluso, los subió en 2008 y 2011, como se observa en el gráfico 2.1. Algo parecido sucede con la evolución de la base monetaria y con la revelación anticipada de sus intenciones de política monetaria (forward guidance), que no se pone a funcionar hasta el famoso, ‘haré los que sea necesario para salvar al euro’ de Draghi (whatever it takes to save the euro) en 6 El beneficio del accionista prevalece ahora sobre la competencia, la eficiencia en la transmisión de la política monetaria, el desarrollo local o la obra social. 7 La Unión Monetaria se fragmenta cuando el coste y el acceso a la financiación son distintos entre países. Asimismo, hay fragmentación cuando unos países se convierten permanentemente en acreedores y deudores, como resultado del aumento del endeudamiento (crisis de deuda).

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responsabilidad también es europea, pues tampoco han funcionado bien las áreas de intervención donde la Unión tenía menos lagunas, como la gestión de la política monetaria por el Banco Central Europeo (BCE).

Tabla 2.3 – Ayudas para recapitalizar y rescatar activos deteriorados En % del PIB

2008–2009

2010–2011

2012–2013

Total

Bélgica

8,2 %

0,0 %

4,5 %

12,7 %

Reino Unido

5,9 %

2,2 %

0,2 %

8,3 %

Luxemburgo

7,1 %

0,0 %

7,1 %

Alemania

3,6 %

2,2 %

0,1 %

5,9 %

Dinamarca

3,8 %

0,9 %

0,1 %

4,8 %

Países Bajos

3,3 %

0,8 %

0,7 %

4,8 %

Austria

2,6 %

0,2 %

1,3 %

4,1 %

Irlanda

6,7 %

35,2 %

0,0 %

41,9 %

Grecia

1,6 %

1,2 %

18,0 %

20,8 %

Chipre

0,0 %

10,1 %

España

0,1 %

2,0 %

7,0 %

9,1 %

Eslovenia

0,0 %

0,7 %

8,3 %

9,0 %

Portugal

0,0 %

1,8 %

4,8 %

6,6 %

UE-28

2,4 %

1,5 %

1,2 %

5,1 %

Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. No se incluyen los países con ayudas por recapitalización o rescate no superiores al 3 % o 5 % del PIB, respectivamente.

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julio de 2012, tras dos años de sobre-coste para la deuda pública de los países periféricos.

En cuanto a la base monetaria, los norteamericanos aplican una política heterodoxa de expansión cuantitativa (quantitative easing) desde el principio de la crisis en 2008, mientras que el BCE no inicia una política de compra significativa de títulos de deuda pública y privada en el mercado secundario hasta el año 2015. Ésta hubiera servido para diluir el sobre-coste de la deuda pública pagada por los países periféricos desde 2011. Como se observa en el gráfico 2.2, el balance de la Reserva Federal se quintuplica entre primeros de 2007 y mediados de 2015, mientras que el del BCE solo se duplica. De hecho, el balance del regulador europeo vuelve a contraerse tras la recesión de 2012–2013 y no empieza a crecer, de nuevo, hasta el año 2015.

La falta de mandato del BCE se ha esgrimido para justificar la mala gestión monetaria en comparación con la Reserva Federal. Su mandato, según el artículo 282 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, es la estabilidad de precios y, sin perjuicio del mismo, prestar apoyo a las políticas económicas generales de la Unión para contribuir a la consecución de los objetivos de ésta. Pero el banco necesita que los mecanismos de transmisión de la política monetaria funcionen para lograr la estabilidad de precios. Estos lo hacen correctamente si, cuando se reduce el tipo de interés de intervención, la bajada se transmite a las pymes y familias de toda la Unión, y el nivel de tipo es similar en toda el área monetaria común. Sin embargo, la fragmentación financiera que padece España –y los países en dificultades- desde 2011, es un claro ejemplo de que la transmisión de la política monetaria es mala y de la necesidad de

intervención. Adicionalmente, el ritmo de variación de los precios de consumo del conjunto de la Eurozona fue negativo en 2009, y ha estado por debajo del objetivo del 2 % desde el principio de 2013, llegando a hacerse negativo, nuevamente, al principio de 2015. En resumen, el BCE ha tenido razones de peso para llevar a cabo una política más agresiva dentro de su mandato, si no lo ha hecho, o lo ha hecho tan tarde, ha sido un problema de la mala gestión de la política monetaria. El inicio de la expansión cuantitativa ya ha ayudado a la economía, depreciando el tipo de cambio del euro (lo que impulsa las exportaciones) y reduciendo la fragmentación financiera en la Eurozona. No obstante, es previsible que su efecto positivo sea menor en Europa, como resultado de la mayor intermediación bancaria de la financiación de las empresas. Las empresas estadounidenses, grandes y medianas,

la solidez del crecimiento en españa

El crecimiento se eleva en una décima para 2016:

El cuadro macroeconómico que acompaña al proyecto de presupuesto para 2016, enmienda las previsiones enviadas por el Ejecutivo dos meses antes a Bruselas en su actualización del Programa de Estabilidad 2015–2018. El crecimiento para 2015 se eleva en cuatro décimas, hasta el 3,3 %, y en una décima para 2016 (3 %). Con unas previsiones más optimistas que el Banco de España, el FMI y los coyunturalistas nacionales (3,1 %), el Gobierno abre espacio para justificar el adelanto de parte de la rebaja del IRPF programada para el año que viene, y para anunciar algunas mejoras del gasto en el presupuesto de 2016 (ver tabla 2.4). No obstante, la mejora en las previsiones se basa, en gran medida, en un aspecto muy efímero: la caída en el ritmo de crecimiento de las importaciones, debida al recorte del precio del crudo. Éstas pasan de crecer un 6,7 %, en el Programa de Estabilidad, a un 6 % en el cuadro macroeconómico de los presupuestos para 2016. Este cambio hace que el sector exterior deje de restar dos décimas al crecimiento de la demanda interna y es el motivo por el cual el aumento del crecimiento no se traduce en más empleo en el nuevo escenario económico, manteniéndose en el 3 %.

Como afirma el Ministro Montoro, en efecto, ‘crecemos el doble e incluso el triple que las grandes economías’ de los países desarrollados, pero también es cierto que hemos caído más, y que nuestra tasa de desempleo duplica a la media de la Eurozona. La política de ajuste presupuestario y la reforma laboral aplicadas en un momento en el que la economía ya caía, intensifican la destrucción de empleo. Por su parte, las empresas se enfrentan durante 2012 y 2013 a una importante caída de la demanda interna, a una fuerte restricción del crédito y al aumento de su coste. A este difícil contexto se suma la contracción del gasto público, lo que sumado termina provocando la desaparición de empresas competitivas.

Solidez del crecimiento Con la revisión de las previsiones se admite, asimismo, la existencia de un apreciable viento de cola en el impulso de la actividad económica de 2015, que cuando cese recortará, como poco, tres décimas el crecimiento de 2016. Éste procede de la rebaja del tipo de cambio del euro frente al dólar y de la mejora de las condiciones de financiación (acceso y coste), operada por la política monetaria más expansiva llevada a cabo por el BCE desde principios de año. Se suma a estos impulsos la bajada del precio del petróleo, que abarata los costes de producción y consumo de empresas y familias, y evita, a su vez, que la depreciación del euro provoque inflación. Sin embargo, estos estímulos son transitorios y no estarán presentes el año que viene, motivo por el que las previsiones empeoran en 2016. En 2016, aunque la política monetaria continuará siendo expansiva y los tipos de interés a corto y largo plazo se mantengan bajos, no se depreciará el euro de la manera como lo ha hecho este año, aunque el previsible aumento de tipos de interés de la Reserva Federal podría seguir empujándolo hacia abajo frente al dólar. Tampoco se replegará la fragmentación financiera de la manera como lo ha hecho en 2015. El precio del crudo, por el contrario, subirá, presionando la inflación.

❚ EnClave de Economía #3

tienen más cauces de financiación y emiten más títulos, que la Reserva Federal puede comprar, haciendo más efectiva su política de acceso y abaratamiento del crédito para las empresas. Por tanto, es presumible que la política monetaria europea deba hacer un esfuerzo mayor para causar el mismo efecto en la economía real. Por otro lado, la expansión cuantitativa también ha levantado críticas en Estados Unidos, por ser una política que provoca inflación artificial en los activos financieros, que a largo plazo podría contaminar al resto de la economía. En cualquier caso, lo que parece claro es que, aunque la política monetaria debe tener un mayor protagonismo, no es insuficiente para impulsar el crecimiento con fuerza en la Eurozona, requiriéndose el concurso de la política fiscal.

4,5 4 4,00

gráfico 2.1

gráfico 2.2

tipos de interés oficiales en %

expansión del balance de bancos centrales en la crisis 1 enero 2007=100

Eurozona

4,25

500

EE.UU.

3,5

400

520

Reserva Federal BCE

338 300

2,5 2

2,00

1,00

0,5

0,25

0 2008

2009

2010

2011

2012

0,75

100

0,5 2013

0,25 2014

0,05 2015

❚ EnClave de Economía #3

Fuente: Gabinete Económico de CCOO a partir de datos de la Reserva Federal de Nueva York y Banco Central Europeo.

Asimismo, seguirá lastrando el crecimiento y pesando sobre su solidez el elevado endeudamiento de la economía española, a pesar del importante proceso de desapalancamiento de los últimos años. El alto porcentaje de deuda financiado con ahorro exterior, hace más vulnerable la situación a posibles turbulencias de los mercados financieros internacionales (la mitad de la deuda pública está en manos extranjeras). El crecimiento actual se basa en la demanda interna y, afortunadamente, no está provocando más endeudamiento, lo que rápidamente ha llevado al Ministro Montoro a atribuir el éxito a la política económica del Gobierno. Sin embargo, el Ministro obvia que éste se produce porque una parte importante del consumo se está financiando con ahorro (por eso cae la tasa de ahorro de los hogares) y por la debilidad de la inversión, debida al aún alto endeudamiento de las sociedades no financieras, las dificultades que persisten de acceso al crédito y la todavía baja utilización de la capacidad de producción instalada. El desendeudamiento de la economía española se ha producido mediante un fuerte recorte de la inversión, el consumo y la venta de patrimonio. Sin embargo,

221

222

210

200

1,50

1,5

270

0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Gabinete Económico de CCOO a partir de datos de la FRED.

no todos los agentes han seguido el mismo camino: mientras que empresas no financieras y familias han recortado su deuda, el sector público la ha aumentado. Las empresas no financieras han recortado 22,6 puntos porcentuales su deuda desde 2010, cuando alcanzó su punto más alto, ahora se sitúa en el 110,6 % del PIB. Los hogares han reducido su deuda 22,9 puntos porcentuales sobre su renta bruta disponible desde 2007, hasta suponer el 110, de la misma en 2015. El sector público, por su parte, la ha aumentado desde el 35,5 % del PIB en 2007 al 101,5 % en 2015, por el rescate del sector financiero, el aumento de la liquidez ofrecido a las Comunidades Autónomas y el aumento del pago de prestaciones por desempleo, intereses de la deuda y gasto en pensiones, en un contexto de progresivo envejecimiento y caída coyuntural de los ingresos por cotizaciones, producida por los efectos de la crisis sobre el empleo (ver tabla 2.5). Juegan, en cambio, a favor de la consolidación de la recuperación, la creación de empleo, la mejora del poder de compra de los salarios y el fin de los recortes del gasto público. El empleo crecerá este año un 3 %, en términos de trabajadores equivalentes a tiempo completo, lo mismo que el año que

viene. Estas previsiones llevaron al Ministro de Hacienda a decir, durante la presentación del proyecto de presupuestos que ‘todo el crecimiento se va a creación de empleo, antes solo se iba el crecimiento real’. Sin embargo, que el empleo se incremente al mismo ritmo que el producto real no es una buena noticia, pues indica que el crecimiento es pobre en términos productivos. Y, en efecto, así es, el empleo se crea, fundamentalmente, en actividades de poco valor añadido que pagan salarios bajos y ofrecen condiciones de empleo precarias. Por este motivo, la productividad aparente del factor trabajo sube solo tres décimas este año y nada el que viene en el cuadro macroeconómico. Tampoco aumenta a más largo plazo en las previsiones del Programa de Estabilidad 2015–2018 – donde incluso decrece ligeramente –, lo que indica que la pretensión del Gobierno es inscribir a la economía española en un modelo de crecimiento low cost. El Ejecutivo espera terminar 2015 con 602.000 ocupados más que a finales de 2014, y 591.000 desempleados menos (4.867.000 parados en el IV trimestre de 2015), dejando la tasa de paro en el 21,1 %. El cuadro

Tabla 2.4 – Cuadro macroeconómico PGE–2016 y Programa de Estabilidad 2015–2018 Tasa de variación anual

Cuadro macro (julio 2015)

2014

2016

2015

2016

2017

2018

PIB real

1,4

3,3

3,0

2,9

3,0

PIB nominal

0,9

3,8

4,0

3,6

3,8

4,2

4,6

Consumo final nacional

1,8

2,6

2,3

Consumo privado

2,4

3,4

3,0

3,3

2,9

2,7

2,8

Consumo AA.PP.

0,1

0,3

0,1

1,0

1,5

Inversión

3,4

6,4

5,6

6,3

5,8

5,9

3,0

2,9

Bienes de equipo y otros

12,2

9,3

6,6

9,2

7,5

Construcción

− 1,5

5,5

5,3

5,4

Demanda Nacional1

2,2

3,3

2,9

3,2

2,9

Exportaciones de bienes y servicios

4,2

5,5

6,0

5,4

6,0

Importaciones de bienes y servicios

7,6

6,0

6,4

6,7

6,4

− 0,8

0,0

0,1

− 0,2

0,1

0,0

0,1

Capacidad o necesidad de financ. (% PIB)

1,0

1,5

1,6

1,7

1,8

1,6

1,4

Saldo exterior bienes y servicios (% PIB)

2,4

2,9

2,8

2,7

− 1,8

− 1,6

− 1,7

1,3

1,2

1,0

0,4

Saldo exterior1

Saldo renta primaria y transf. corrientes (% PIB) Saldo cuenta corriente (% PIB)

0,6

Operaciones netas de capital (% PIB)

0,4

1,2

Capacidad/necesidad de financ. S. Privado (% PIB)

6,8

5,9

4,6

3,0

1,7

Capacidad/necesidad de financ. S. Público (% PIB)

− 5,8

− 4,2

− 2,8

− 4,2

− 2,8

− 1,4

− 0,3

Deflactor del PIB

− 0,5

0,5

1,1

0,6

0,9

1,2

1,6

Deflactor del consumo privado

− 0,1

1,1

− 0,4

0,9

1,1

1,4

Deflactor de la inversión

− 0,6

0,1

1,6

2,3

2,9

Deflactor de las exportaciones (bienes y servicios)

− 1,7

− 0,9

1,3

1,8

2,0

Deflactor de las importaciones (bienes y servicios)

− 1,3

− 3,7

1,3

1,9

2,2

3,0

2,9

3,1

3,0

2,9

2,8

2,9

22,1

19,8

17,7

15,6

3,3

4,2

4,4

4,5

Empleo total CN2

1,2

3,0

Empleo EPA

1,2

3,2

3,0

Total de horas trabajadas Empleo EPA IV trimestre (miles)

17.569

18.171

Paro EPA IV trimestre (miles)

5.458

4.867

Tasa de paro EPA IV trimestre

23,7

21,1

Tasa de paro EPA (media)

24,4

22,0

19,7

5.610,4

5.061,7

4.537,7

Parados (miles)

3,4

Remuneración de asalariados Remuneración por asalariado Productividad por ocupado

− 0,2

0,5

1,4

0,2

1,0

1,3

1,6

0,2

0,0

− 0,2

− 0,1

0,1

Productividad por ocupado a tiempo completo

0,1

0,0

0,1

Productividad por hora trabajada

0,1

0,3

1,1

1,3

1,4

Coste Laboral Unitario

− 0,4

1 Contribución al crecimiento del PIB. 2 Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Fuente: Proyecto de PGE–2016 y Programa de Estabilidad 2015-2018.

0,3

1,5

❚ EnClave de Economía #3

2015

Programa de Estabilidad 2015–2018 (abril 2015)

Tabla 2.5 – Endeudamiento bruto Sector Público

Empresas no financieras

Hogares

% del PIB

% de la renta bruta disponible

Ratio

2007

35,5

122,3

133,5

2010

60,1

133,2

129,9

2014

98,3

114,4

108,8

20151

101,5

110,6

Diferencia 2015–2007

66,0

− 11,7

− 22,9

1 Estimación para el año o último dato disponible. Fuente: BCE.

gráfico 2.3 – Afiliados a la Seguridad Social Variación mensual desestacionalizada

120.000

104.360

100.000

87.215

84.064

80.000

57.721

60.000 40.000 20.000

12.613

10.499

–2.104

-20.000 ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

2014

feb

mar

abr

may

jun

jul

2015

❚ EnClave de Economía #3

Fuente : Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

macroeconómico prevé también que el empleo aumente el año que viene, al mismo ritmo que en 2015, y que la tasa de paro se reduzca al 19,7 %. Hay que advertir que tras estas bajadas de la tasa de paro se esconde que la población activa permanecerá estancada, lo que parece difícil si la recuperación se consolida, dado el elevado volumen de inactivos desanimados y la población inmigrante naturalizada que abandonó el país8, y que podría regresar ahora que las condiciones económicas empeoran en Iberoamérica y mejoran en España. Pero, a corto plazo, lo más preocupante es que el ritmo de creación de empleo se ha empezado a ralentizar, 8 O que nunca lo ha pisado, pues se nacionalizaron gracias a la Ley de la Memoria Histórica.

lo que tampoco apoya la idea de consolidación de la recuperación. Como se observa en el gráfico 2.3, la afiliación ha ido recortando su volumen de crecimiento intermensual desestacionalizado desde marzo. El cuadro macroeconómico prevé, por otro lado, una caída de los precios del consumo de una décima para este año y un aumento del 1,1 % para el año que viene. Asimismo, estima un aumento de medio punto de la remuneración por asalariado y de 1,4 % para el año que viene, debido a un aumento mayor del salario medio. Por último, los costes laborales por unidad de producto crecerán un 0,3 % este año y punto y medio el año que viene.

Tabla 2.6 – Proyecciones presupuestariaS para el conjunto del Sector Público En porcentaje del PIB

2014

2015

2016

2017

2018

Total ingresos

37,8

38,0

38,1

0,3

Presión fiscal

33,7

33,8

34,2

34,4

0,7

Impuestos directos

11,2

11,3

11,4

11,5

0,3

Impuestos indirectos

10,0

9,9

9,7

10,0

10,2

0,2

0,5

0,6

0,1

12,3

0,0

Rentas de la propiedad

0,9

0,8

− 0,1

Otros ingresos

2,9

3,0

2,9

2,8

− 0,1

43,6

42,0

40,6

39,5

38,4

− 5,2

10,8

10,5

10,1

9,8

9,5

− 1,3

Consumos intermedios

5,2

5,0

4,8

4,7

4,5

− 0,7

Transferencias sociales en especie

2,6

2,5

2,4

2,3

− 0,3

16,1

15,6

15,2

14,9

14,6

− 1,5

Intereses

3,3

3,1

2,8

2,6

2,5

− 0,8

Subvenciones

1,0

0,9

− 0,1

Inversión

2,0

1,9

− 0,1

Transferencias de capital

0,8

0,7

− 0,1

Otros gastos

1,7

1,6

− 0,1

− 5,8

− 4,2

− 2,8

− 1,4

− 0,3

5,5

3,3

3,1

2,8

2,6

2,5

− 0,8

− 2,5

− 1,1

0,1

1,2

2,2

4,7

Impuestos sobre el capital Cotizaciones sociales

Total gastos Remuneración de asalariados

Prestaciones sociales

Saldo Intereses pagados Saldo primario

2018−2014

Fuente: Programa de Estabilidad 2015-2018.

La estrategia presupuestaria gubernamental busca un Sector Público cada vez más pequeño, como se desprende de las proyecciones presupuestarias incluidas en el Plan de Estabilidad 2015–2018. El sector público español es pequeño cuando se compara con el europeo. El gasto público representa en España el 43,6 % del PIB en 2014, mientras que en la Eurozona supone el 49,1 %. A pesar de ello, el Ejecutivo planea achicarlo aún más. El Plan de Estabilidad prevé que el gasto público represente el 38,4 % del PIB en 2018, 5,2 puntos porcentuales menos que en 2014. La pérdida de peso se conseguiría mediante un crecimiento muy débil del gasto público, un 0,8 % de media anual entre 2015 y 2018, mientras que el PIB nominal se prevé que crecerá a una tasa media del 4 %.

El 54 % de la rebaja de la presencia del sector público en la economía se lograría mediante la pérdida de relevancia de la remuneración de asalariados y las prestaciones sociales en el gasto público (ver tabla 2.6). El gasto público discrecional (no obligatorio) de la Administración Central se recortó apreciablemente en 2011 y 2012, de manera muy ligera en 2013 y a partir de 2014 hay un aumento de casi 1.000 millones. En 2014 se gastan 18.584 millones menos que en 2010 en este tipo de gastos por la Administración Central. Por su parte, el gasto no discrecional (obligatorio) se recorta en 2010, 2011, 2013 y 2014, y aumenta de manera apreciable en 2012. Estos movimientos se explican fundamentalmente por la evolución de las transferencias a las Comunidades

❚ EnClave de Economía #3

Estrategia presupuestaria del Gobierno

Tabla 2.7 – Gasto de la Administración Central Millones de euros en términos de Contabilidad Nacional. Sin ayudas financieras

2010

2011

2012

2013

2014

71.239

60.520

51.967

51.694

52.655

24.461

23.951

22.656

23.542

23.189

9.003

9.144

8.731

8.245

8.268

28.611

19.929

13.454

10.881

9.748

9.164

7.496

7.126

9.026

11.450

151.018

149.145

176.985

173.651

170.382

Intereses

18.348

22.836

27.223

30.898

31.456

Prestaciones sociales

16.718

15.951

16.194

16.269

16.716

107.211

100.336

123.796

115.963

112.528

Gasto discrecional Gasto de personal Consumos intermedios Inversión Resto

Gasto no discrecional

Transf. corrientes entre AA.PP.

A CC.AA.

67.945

57.157

80.696

69.471

A CC.LL.

13.621

14.029

15.633

16.651

A Seguridad Social

25.645

29.150

27.467

29.841

8.628

9.876

9.661

10.376

9.570

113

146

111

145

112

222.257

209.665

228.952

225.345

223.037

Recursos propios de la UE: IVA y RNB Resto

Total Variación anual

− 10.719

− 8.553

− 273

961

Gasto de personal

− 510

− 1.295

886

− 353

141

− 413

− 486

Inversión

− 8.682

− 6.475

− 2.573

− 1.133

Resto

− 1.668

− 370

1.900

2.424

Gasto no discrecional

− 1.873

27.840

− 3.334

− 3.269

Intereses

4.488

4.387

3.675

558

Prestaciones sociales

− 767

243

447

− 6.875

23.460

− 7.833

− 3.435

− 10.788

23.539

− 11.225

408

1.604

1.018

3.505

− 1.683

2.374

1.248

− 215

715

− 806

− 35

− 33

− 12.592

19.287

− 3.607

− 2.308

Transf. corrientes entre AA.PP.

A Comunidades Autónomas

A Corporaciones Locales

A Seguridad Social

Recursos propios de la UE: IVA y RNB

❚ EnClave de Economía #3

Gasto discrecional

Consumos intermedios

Resto

Total

Fuente: Intervención General de la Administración del Estado del Ministerio de Hacienda.

balance económico de la legislatura

A continuación se realiza un breve balance económico de lo que ha ocurrido a lo largo de la legislatura, desde que el Partido Popular ganó las elecciones a finales de 2011, hasta el último dato disponible en cada caso. El balance se lleva a cabo en cuatro áreas: mercado de trabajo, cohesión social, situación financiera, iniciativa pública y competitividad.

Mercado de trabajo

la rebaja del paro no se debe a una mejora del empleo sino a una caída de la población activa:

−425.000 personas

El mercado de trabajo es una de las áreas donde el balance de legislatura es más negativo. De hecho, solo hay dos renglones positivos: 138.000 desempleados menos que a finales de 2011, y una tasa de paro que se recorta, tímidamente, dos décimas (ver tabla 2.8). No obstante, esta mejora es muy cuestionable, pues la rebaja del paro y su tasa no se deben a una mejora del empleo (que cae en 287.000 personas en el mismo período), sino a una caída de la población activa (− 425.000 personas), producida por la emigración y la retirada del mercado de trabajo de personas desanimadas por la falta de oportunidades. La caída del empleo asalariado es mayor que la del total de ocupados (− 425.000) y se produce tanto en el sector privado (− 278.000) como en el público (− 110.000). El incremento de la precariedad del empleo caracteriza la legislatura, y es resultado directo de la reforma laboral. Aumenta la tasa de asalariados con un contrato temporal (hasta el 25,1 %), se incrementa la inestabilidad del empleo indefinido (como resultado de la rebaja de su coste de despido9), se amplía el peso de la ocupación a jornada parcial (17 %) y el porcentaje de ellos, que trabajan a 9 En algún caso a cero, como con el nuevo contrato indefinido para emprendedores, que cuenta con un período de prueba de un año, durante el cual el trabajador puede ser despedido sin causa y sin coste.

tiempo parcial no voluntariamente (63,3 %). Al tiempo sube también la jornada de trabajo en el sector público y, en menor medida, en el privado. Se recorta el salario medio a tiempo completo y parcial y se abre más la brecha salarial entre hombres y mujeres (ver tabla 2.7). Como consecuencia de este importante aumento de la precariedad en el empleo, crece el número de trabajadores en riesgo de pobreza (21,3 %) y de ocupados en situación de pobreza material severa (4 %). (Ver tabla 2.8.). El desempleo, como se ha comentado, se reduce por la caída de la población activa, pero esto no es igual entre todos los colectivos. Aumenta en los mayores de 45 años, 313.000 desempleados más, y entre los parados de larga duración (más de un año buscando empleo), 543.000 adicionales. También hay 875.000 parados más de muy larga duración (más de dos años buscando empleo) al final de la legislatura. El desempleo masivo, el paro estructural (aproximado por el elevado porcentaje de parados de larga duración, 62 % del total), y la precariedad del empleo son las grandes asignaturas pendientes del mercado de trabajo que, no solo han sido ignoradas por el Gobierno a lo largo de la legislatura, sino que se han empleado por éste como amortiguadores de la crisis financiera y de deuda.

Cohesión social La cohesión social es la otra área donde el balance de la legislatura es más negativo. Solo dos aspectos arrojan un resultado positivo, y no es atribuible a la política económica del Gobierno. El primero es el mantenimiento del poder de compra de los salarios negociados en los convenios colectivos, a pesar de la caída del salario medio real y de que la negociación colectiva ha sido objeto de un serio intento de devaluación por la reforma laboral, haciendo prevalecer el convenio de empresa sobre el de sector, fomentando la desaparición de convenios, con el fin de la ultractividad, y facilitando la inaplicación de sus contenidos. El otro aspecto es el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, que se ha conseguido gracias a

❚ EnClave de Economía #3

Autónomas, y están relacionados con su sistema de financiación. La Administración Central dedica a este gasto no discrecional 19.364 millones más en 2010 que en 2014 (ver tabla 2.7).

Tabla 2.8 – Mercado de trabajo

Unidades

Fuente

IV trim. 2011

II trim. 2015

Difer.

Balance

Miles

EPA

18.153

17.867

− 287

−

Activos

Miles

EPA

23.440

23.016

− 425

−

Tasa de actividad

EPA

60,3

59,8

− 0,5

−

Asalariados:

Miles

EPA

15.151

14.792

− 358

−

Sector Público

Miles

EPA

3.235

2.956

− 278

−

Sector Privado

Miles

EPA

11.916

11.806

− 110

−

Asalariados temporales

EPA

24,8

25,1

0,3

−

Afiliados temporales (Reg. General)

Seg. Social

28,7

29,7

1,0

−

Rotación de los contratados indefinidos1

Ratio

GE CCOO

1,15

1,42

0,27

−

Asalariados a tiempo parcial

EPA

14,2

17,0

2,8

−

Afiliados a tiempo parcial (Reg. General)

Seg. Social

20,6

24,1

3,5

−

Ocupados a tiempo parcial no voluntario

EPA

55,3

63,3

8,0

−

Desempleados:

Miles

EPA

5.287

5.149

− 138,3

Tasa de paro

EPA

22,6

22,4

− 0,2

−

Mayores de 45 años

Miles

EPA

1.466

1.779

312,8

−

Larga duración (> 1 año)

Miles

EPA

2.643

3.186

542,9

−

Larga duración (> 1 año)

% s/total

EPA

50,0

61,9

11,9

−

Muy larga duración (>2 años)

Miles

EPA

1.431

2.306

875,0

−

Muy larga duración (>2 años)

% s/total

EPA

27,1

44,8

17,7

−

Hogares con todos los activos en paro

EPA

1.622

1.658

−

Horas trabajadas a la semana (asalariados):

EPA

33,2

33,9

0,7

−

Sector público

EPA

31,5

33,7

2,2

−

Sector privado

EPA

33,6

33,9

0,3

−

Ocupados

Población activa

❚ EnClave de Economía #3

Precariedad laboral

Salario medio mensual bruto:

Euros

ETCL

2.020

1.832

− 188,4

−

Asalariados a jornada completa

Euros

ETCL

2.321

2.161

− 160,2

−

Asalariados a tiempo parcial

Euros

ETCL

822,3

749,64

− 72,7

−

Salario femenino / Salario masculino2

EAES

− 1,0

−

1 Contratos indefinidos necesarios para crear un puesto de trabajo estable. Los datos se refieren a 2011 y 2014. 2 El segundo dato corresponde al año 2013, último publicado. Fuente: Gabinete Económico de CCOO.

El resto de aspectos, relacionados con el balance de la cohesión en la legislatura, es negativo. Han aumentado en 127.000 el número de hogares sin ingresos de origen laboral (salario, prestación por desempleo o pensión). El ingreso medio por persona producido por el mercado se ha recortado, y la rebaja no ha podido ser compensada por las transferencias sociales. Se ha incrementado la desigualdad en la distribución de la renta, y la brecha entre ricos y pobres se ha ampliado, colocando, tristemente, a España a la cabeza de Europa en este tipo de desigualdad (ver tabla 2.9). A pesar del difícil contexto económico para muchas personas, el Gobierno recortó la protección por desempleo en 2012, habiendo aumentado en 454.000 los parados sin protección al final de la legislatura, y elevándose la cifra total a 1.702.000 parados. Como resultado de una política insensible a los problemas sociales, aumenta a lo largo de estos años el porcentaje de personas en riesgo de pobreza (hasta el 22,2 % de la población) y las que padecen carencia material severa10 (hasta el 7,2 %). Un 9,6 % de los niños menores de 16 años padecen carencia material severa. El 3,3 % de la población no puede permitirse comer pollo, carne o pescado al menos cada dos 10 Ver nota al pie de página #1, en el capítulo primero.

días, y el 11,1 % no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada11 (ver tabla 2.9).

Situación financiera La situación financiera es donde el Gobierno puede presentar su mejor cómputo. No obstante, se trata de un balance con luces y sombras, donde gran parte de las mejoras, difícilmente pueden atribuirse a la acción del Gobierno, pues son deudoras, o de las decisiones de ajuste tomadas por los agentes económicos autónomamente, o de la política monetaria del BCE. Por contra, las sombras sí son consecuencias de errores de política económica. Todos los agentes económicos han reducido su endeudamiento a lo largo de la legislatura, a excepción del Sector Público que lo ha incrementado para salvar al sistema financiero, hacer frente al aumento del gasto público provocado por los estabilizadores automáticos (protección por desempleo) y el incremento de los gastos financieros, así como para responder al hundimiento de la recaudación, resultado del final de la burbuja inmobiliaria, y del proceso de desfiscalización y rebaja de impuestos llevada a cabo desde los años noventa. Sin embargo, el proceso de desendeudamiento se consigue, fundamentalmente, recortando o congelando la inversión y reduciendo los costes laborales (con despidos y rebajas salariales). Por otro lado, el fuerte recorte de la tasa de ahorro de los hogares a lo largo de la legislatura es otro indicio de recuperación poco sólida, pues el aumento del consumo privado se está financiando con reservas de los hogares y no con un aumento recurrente de sus ingresos (ver tabla 2.10).

11 Para un análisis detallado de la desigualdad y sus causas ver el EnClave de Economía #2 del Gabinete Económico de CCOO.

El stock de crédito sigue menguando al final de la legislatura, a pesar de la mejora apreciable en el coste de la financiación. No obstante, aún queda por cerrar completamente la diferencia entre los tipos de interés pagados por las familias y empresas españolas, en comparación con las europeas. La disminución del saldo vivo de crédito, tras ocho años de crisis, es resultado de una reforma del sector financiero que pensó poco o nada en la función del sistema en su conjunto (dar crédito suficiente en condiciones asequibles) y se limitó a buscar una solución individual a las entidades con dificultades. Se optó por una reforma que fomenta la concentración en el sector, lo que repercute negativamente sobre su competitividad, aumenta el riesgo sistémico (al haber entidades cada vez más grandes) y hace más probable que surjan problemas de exclusión financiera. En este sentido, está aumentado el número de personas que recurren al entorno informal para conseguir financiación en lugar de a una entidad financiera. Según el Banco Mundial, mientras que en 2011 el 14 % del 40 % de la población con menor renta, pidió un crédito a un familiar o amigo en España; en 2014 este porcentaje se había elevado hasta el 31 %. Una fuerte subida de 17 puntos, indicio de un posible e incipiente problema de exclusión financiera, que se suma a la creciente exclusión social (ver tabla 2.10).

Competitividad El área de competitividad presenta una mejora en el sector exterior debida a la caída de la demanda interna, que resta impulso a las importaciones de bienes, pero, sobre todo, a los pagos al exterior por servicios laborales o dividendos de empresas. En paralelo, las exportaciones de bienes mejoran de manera muy importante (22.850 millones), así como los ingresos por servicios (donde tiene un peso significativo el

❚ EnClave de Economía #3

la fuerte rebaja de los precios, resultado de la debilidad de la demanda, la falta de crédito, y la caída del precio del petróleo, y no por la política gubernamental que, por el contrario, ha apostado por la pérdida del valor real de las pensiones con un nuevo índice de revalorización (ver tabla 2.9). El proyecto de presupuesto prevé para 2016 una pérdida en el poder de compra de las pensiones de un 0,85 %, con una subida del 0,25 % y una previsión de incremento de los precios del 1,1 %.

Tabla 2.9 – Cohesión social

Unidad

Fuente

IV trim. 2011

II trim. 2015

Difer.

Balance

Hogares sin ingresos laborales

Miles

EPA

630,1

757,2

127,1

−

SEPE

68,9

55,4

− 13

−

SEPE

1.248.513

1.702.501

453.987

−

Euros

SEPE

909

773

− 136

−

Unidad

Fuente

2011

2014

Difer.

Balance

Antes de transferencias sociales

Eurostat

12.112

10.783

− 1.329

−

Antes de transferencias pero con pensiones

Eurostat

14.668

13.724

− 944

−

Después de todas las transferencias sociales

Eurostat

14.963

14.143

− 820

−

Antes de transferencias sociales

Eurostat

48,8

50,9

2,1

−

Después de transferencias pero sin pensiones

Eurostat

38,9

39,9

1,0

−

Después de todas las transferencias

Eursotat

34,0

34,7

0,7

−

Protección por desempleo: Tasa de cobertura Parados registrados sin protección Cuantía media de protección

Ingreso medio anual por persona:

Coeficiente GINI de la

renta 1 :

Brecha entre ricos y pobres2

Ratio

Eursotat

12,5

13,7

1,2

−

Población en hogares de baja intensidad laboral3

Eursotat

13,4

17,1

3,7

−

Eursotat

4,5

7,1

2,6

−

No puede carne, pollo o pescado al menos cada 2 días

Eursotat

3,2

3,3

0,1

−

No tener la vivienda a temperatura adecuada

Eursotat

6,5

11,1

4,6

−

No tiene capacidad de afrontar gastos imprevistos

Eursotat

37,7

42,7

5,0

−

Retrasos en el pago de la hipoteca o alquiler

Eursotat

4,6

7,2

2,6

−

Ocupados

Eursotat

2,5

4,0

1,5

−

Niños menores de 16 años

Eursotat

5,2

9,6

4,4

−

Personas en riesgo de pobreza5

Eursotat

20,6

22,2

5,4

−

Trabajadores en riesgo de pobreza5

Eursotat

12,1

21,3

9,2

−

0,1

Carencia material

severa 4 :

❚ EnClave de Economía #3

Evolución del poder de compra entre 2011 y 2015

Salarios negociados en convenio

M.Empleo

Salario medio

INE

− 2,2

−

Pensiones

PGE

0,0

Becas

PGE

− 3

−

1 Mide la desigualdad en el reparto de la renta. Vale cero si la renta se distribuye de manera igualitaria y 100 si toda la renta la concentra una persona. 2 Ratio entre el porcentaje de renta del 10 % más rico y el 10 % más pobre. 3 Hogares donde se trabaja menos de un 20 % de lo que, en teoría, podían haber trabajado sus miembros en edad laboral. 4 Si el hogar no se puede permitir al menos 4 de una lista de 9 artículos (ver nota al pie de página #1). 5 Con un ingreso disponible por debajo del 60 % de la mediana de la distribución de la renta. Fuente: Gabinete Económico de CCOO.

Tabla 2.10 – Financiación, endeudamiento, ahorro e inversión Unidad

Fuente

2011

20151

Difer.

Hogares2

% Renta disp.

123,8

108,8

− 15

Empresas no financieras

% PIB

132,5

110,6

− 21,9

Sector Público

% PIB

69,2

101,5

32,3

−

Hogares

% PIB

7,8

0,8

− 7,0

−

Empresas no financieras

% PIB

12,8

15,0

2,2

Instituciones financieras

% PIB

2,6

0,0

Sector Público

% PIB

− 4,6

− 0,4

4,2

Hogares

% PIB

4,8

3,6

− 1,2

−

Empresas no financieras

% PIB

11,3

11,7

0,4

Instituciones financieras

% PIB

0,6

0,7

0,1

Sector Público

% PIB

4,9

2,3

− 2,6

−

Hogares. Crédito hipotecario

Millones

BdE

650.473

560.772

− 89.701

−

Hogares. Crédito de consumo

Millones

BdE

199.174

166.441

− 32.733

−

Sociedades no financieras

Millones

BdE

848.598

532.700

− 315.898

−

Para consumo y hasta 1 año

Puntos %

BCE

0,80

− 0,74

− 1,5

Para consumo más de 1 año y hasta 5 años

Puntos %

BCE

3,37

3,70

0,3

−

Para adquisición de vivienda

Puntos %

BCE

0,05

− 0,04

− 0,1

Hasta 1 millón de euros

Puntos %

BCE

0,57

0,51

− 0,1

Más de 1 millón de euros

Puntos %

BCE

0,05

0,65

0,6

−

Adquisición de vivienda a más de 5 años

Puntos %

BCE

− 0,82

− 1,29

− 0,5

Cdto al consumo y otros fines a más de 5 años

Puntos %

BCE

− 0,59

− 0,17

0,4

−

Crédito de hasta 1 año

Puntos %

BCE

0,20

− 0,16

− 0,4

Crédito de más de 1 y hasta 5 años

Puntos %

BCE

0,15

− 0,05

− 0,2

Crédito de más de 5 años

Puntos %

BCE

− 0,08

− 0,20

− 0,1

320

128

− 192

Balance

Tasa de endeudamiento:

Tasa de ahorro:

Tasa de inversión:

Stock de crédito:

Dif. tipos de interés España - Eurozona 3 : HOGARES. Crédito nuevo:

SOC. NO FINANCIERAS. Crédito nuevo:

HOGARES. Saldo vivo de crédito:

Prima de riesgo Exclusión

financiera 4

Competitividad del sector financiero 5

13,7

31,1

17,4

−

BCE

51,9

43,8

− 8,1

−

1 Último dato disponible. 2 El segundo dato corresponde a 2014. 3 Se compara noviembre de 2011 con junio de 2015. 4 Porcentaje de población mayor de 15 años y en los primeros cuatro deciles de la distribución de la renta, que ha pedido un crédito a familiares o amigos. El dato de la segunda columna corresponde al año 2014. 5 Porcentaje de activos en entidades distintas de las cinco más grandes. La última columna corresponde al año 2013. Fuente: Gabinete Económico de CCOO.

❚ EnClave de Economía #3

SOC. NO FINANCIERAS. Saldo vivo de crédito:

Tabla 2.11 – Competitividad

Unidad

Tipo de cambio

Fuente

2011

2014

Difer.

Balance

$/euro

BdE

1,392

1,328

− 0,064

Ingresos

Millones

BdE

380.926

402.993

22.067

Pagos

Millones

BdE

410.911

390.108

− 20.803

Saldo

Millones

BdE

− 29.985

12.885

42.870

Exportaciones

Millones

BdE

215.967

238.817

22.850

Importaciones

Millones

BdE

260.443

260.255

− 188

Saldo

Millones

BdE

− 44.476

− 21.438

23.038

Ingresos por servicios1

Millones

BdE

93.922

101.015

7.093

Pagos por servicios

Millones

BdE

51.334

52.662

1.328

–

Saldo de servicios

Millones

BdE

42.588

48.353

5.765

Ingresos por rentas primarias2

Millones

BdE

52.899

45.108

− 7.791

–

Pagos por rentas primarias

Millones

BdE

71.258

51.357

− 19.901

Saldo rentas primarias

Millones

BdE

− 18.359

− 6.249

12.110

Ingresos por transf. corrientes3

Millones

BdE

12.526

12.938

412

Pagos por transf. corrientes

Millones

BdE

26.318

25.176

− 1.142

Saldo transferencias corrientes

Millones

BdE

− 13.792

− 12.238

1.554

Ingresos4

Millones

BdE

5.612

5.114

− 498

–

Pagos

Millones

BdE

1.557

658

− 899

Saldo

Millones

BdE

4.055

4.456

401

Construcción

Millones

INE

134.580

101.084

− 33.496

–

Bienes de equipo

Millones

INE

65.618

67.535

1.917

Público

Millones

INE

6.788

6.106

− 682

–

Privado

Millones

INE

7.396

6.906

− 490

–

Totales

2010 = 100

MINECO

98,9

95,1

− 3,8

Industria no energética

2010 = 100

MINECO

99,7

96,8

− 2,9

Balanza de pagos:

Balanza por cuenta corriente: Balanza comercial:

Balanza de capital:

Inversión:

Gasto en

I+D+i 5

❚ EnClave de Economía #3

Costes Laborales Unitarios

1 En esta balanza el 50% de los ingresos son turismo y el 25% de los pagos. 2 Rentas del trabajo cobradas en el extranjero o rentas por inversiones de capital en el extranjero. 3 Subvenciones corrientes de la UE. 4 Subvenciones de capital de la UE, venta de patentes, marcas, derechos de autor, etc. 5 El segundo dato corresponde al año 2013. Fuente: Gabinete Económico de CCOO.

Tabla 2.12 – Sector público

Unidad

Fuente

Ingresos Públicos

% PIB

Eurostat

Gasto Público:

% PIB

Eurostat

Sanidad1

% PIB

Educación1

2011

2014

Difer.

Balance

36,0

37,8

1,8

45,4

43,6

− 1,8

Eurostat

6,4

6,0

− 0,4

−

% PIB

Eurostat

4,4

4,0

− 0,4

−

% PIB

Eurostat

16,8

17,6

0,8

Déficit público

% PIB

Eurostat

− 9,4

− 5,8

− 3,6

Deuda Pública

% PIB

Eurostat

69,2

97,7

28,5

−

Empleo público 2 :

Miles

EPA

3.235

2.956

− 278,4

−

Tasa de temporalidad

EPA

23,9

21,6

− 2,3

% de trabajadores a tiempo parcial

EPA

6,6

0,0

Protección social1

−

1 El segundo dato se refiere al año 2013. 2 El primer dato se refiere al IV trimestre de 2011 y el segundo, al II trimestre de 2015. Fuente: Gabinete Económico de CCOO.

turismo), aunque en mucha menor medida (7.093 millones). Todo ello gracias al mejor comportamiento de la economía internacional y la apertura de nuevos mercados de exportación.

Iniciativa pública El Sector Público reduce su déficit a lo largo de la legislatura, pero a costa de un fuerte recorte del gasto público en inversión, sanidad, educación y gastos de personal. Estos últimos caen por la disminución de plantillas y la rebaja de los salarios (supresión de la paga extra de 2012). El empleo público disminuye en 278.000 personas entre 2011

la privatización suave en sanidad y educación

Una economía en crisis, junto a unas políticas de recortes que han tratado de reducir el peso de los servicios públicos (menor gasto reduciendo personal, cobertura y prestaciones), han tenido como efecto el incremento del peso de los sectores privados para dar respuesta a las demandas que no pueden satisfacerse desde el ámbito público. Esto es lo que en adelante se denominará ‘privatización suave’. La privatización es un proceso por el que los gobiernos o las Administraciones Públicas colocan en manos privadas la titularidad, la gestión o la provisión, total o parcial, de actividades o prestaciones consideradas de interés o de servicio público. Así, hay ejemplos de ventas de activos públicos a sectores privados, de diferentes sistemas de colaboración público-privada, de conciertos con empresas privadas para la provisión de servicios o prestaciones públicas. Procesos

❚ EnClave de Economía #3

La mejora competitiva diseñada por el Gobierno se basa en el recorte de los costes laborales por unidad de producto, que caen a lo largo de la legislatura. Sin embargo, se reducen también los componentes relacionados con la mejora de la competitividad vía aumento de la calidad o del valor añadido a la producción, como son los gastos en I+D+i, que caen tanto en el sector público como en el privado. La inversión en infraestructuras y vivienda se hunde a lo largo de la legislatura (− 33.496 millones), mientras que la inversión en bienes de equipo aumenta muy ligeramente (1.917 millones).

y 2014, mediante la extinción de contratos temporales y la no reposición de bajas. El gasto en protección social aumenta, en cambio, como resultado del funcionamiento de los estabilizadores automáticos y a pesar del recorte de la prestación por desempleo en 2012.

❚ EnClave de Economía #3 38

bien identificados que han dado origen a movilizaciones sociales de diferente alcance.

el ámbito educativo, al tiempo que se mantienen las dificultades para la construcción de centros públicos.

Un ejemplo es lo que se vivió en Madrid con el intento del Gobierno regional de cambiar el sistema de colaboración público-privada de seis hospitales de la Comunidad Autónoma. En el documento ‘Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid’, presentado en el otoño de 2012, el Gobierno regional proponía la ‘externalización de la actividad sanitaria en seis hospitales, utilizando el modelo de concesión’. Construidos mediante el modelo PFI (Private Finance Initiative) que colocaba en manos del sector privado toda la actividad no sanitaria del centro durante décadas, la pretensión era ampliar esta privatización hacia la actividad sanitaria, mediante el modelo de concesión sanitaria administrativa (modelo Alzira), de forma que todos los centros y la totalidad de su actividad, tanto la sanitaria como la no sanitaria, estuvieran en manos privadas. Estos procesos pueden calificarse de ‘privatización dura’: hay una decisión explícita de transferir financiación junto a responsabilidad en la gestión y la provisión de prestaciones como las sanitarias, correspondientes a un servicio público.

En ambos casos, el sanitario y el educativo, cuando se produce la privatización hay algo en común: el incremento de las desigualdades sociales, al tener como consecuencia este proceso de privatización la exclusión de los colectivos más necesitados en el acceso a determinados servicios y prestaciones. Ahora bien, no siempre es necesario que un Gobierno tome una decisión explícita de privatizar un servicio público. Hay vías más indirectas. Por ejemplo, cuando un Gobierno decide recortar la capacidad de los servicios públicos esenciales se produce una doble consecuencia: las empresas privadas encuentran un nicho de negocio y las personas con menores recursos económicos encuentran mayores barreras de acceso. Un proceso que ya se detecta en España y que puede acentuarse en los próximos años.

En el ámbito educativo se han conocido diferentes procesos de privatización a través, también, de diferentes vías. Cesión de suelo público para la construcción de centros privados, subcontratación de servicios, aumento de la enseñanza concertada. Un proceso que ha llevado a que, según la OCDE, España sea el Estado europeo con mayor porcentaje de alumnado en centros concertados o privados. Al igual que se ha visto en sanidad, se extienden las concesiones administrativas en

Por ello, puede hablarse de ‘privatización suave’ cuando se produce una expansión del sector privado en la provisión de servicios y prestaciones, sin necesidad de que haya una decisión explícita de privatizarlos. Sencillamente, hay una demanda que el sector público no satisface (por ejemplo: incremento de los tiempos de espera en la sanidad pública, exclusión de prestaciones en este mismo ámbito, lejanía de los centros sanitarios o educativos, supresión del profesorado de apoyo, cierre de comedores escolares, etcétera) y que el sector privado puede cubrir, al menos cuando las personas que lo necesitan pueden pagarlo. Cierto que el término ‘privatización suave’ puede encontrarse en relación a diferentes formas de privatización: para distinguir la privatización de actividades de la privatización de infraestructuras o recursos físicos (‘dura’); para señalar la realizada

cuando se transfiere la responsabilidad a instituciones privadas sin ánimo de lucro, al tiempo que el Estado mantiene la obligación de rendir cuentas sobre los servicios ofertados a la población; para definir un proceso de privatización de empresas públicas a largo plazo, de 25 a 30 años; para denunciar la cesión de suelo público para el desarrollo de actividades privadas; para explicar la venta parcial de activos a empresas privadas, manteniendo el control mayoritario en una empresa pública. Sin embargo, en este trabajo el término ‘privatización suave’ se refiere, como hemos dicho, al efecto que los recortes y las restricciones presupuestarias para el sector público producen en la expansión del sector privado. Ésta será una batalla crucial en los próximos años.

Restricciones previstas en los servicios públicos de sanidad y educación En efecto, si se cumplen los objetivos incluidos en la Actualización del Programa de Estabilidad 2014–2017, el cambio en la estructura del gasto por funciones conllevaría reducir el peso relativo de la salud desde el 6,0 % del PIB en 2013 al 5,3 % en 2018, así como hacer lo propio en educación bajando del 4,0 % al 3,7 % del PIB. En otras palabras, aunque la economía mejore en los próximos años (el Gobierno confía en un crecimiento del PIB del 3,3 % en 2015 y del 3,0 % en 2016, según el escenario macroeconómico incluido en el proyecto de PGE–2016), servicios públicos fundamentales como sanidad y educación verían sus presupuestos, en el mejor de los casos, congelados en términos reales. Puede verse en el gráfico 2.4, por ejemplo, en el caso de sanidad. De cumplirse las previsiones respecto al PIB y los objetivos en la reducción del peso de la sanidad pública respecto al mismo, en 2018 el gasto sanitario

gráfico 2.4 –Evolución del gasto público en sanidad y educación (millones de euros constantes)

74.146

70.000

6,50%

6,54%

6,0%

6,00%

65.000 60.000 55.000

61.276 5,15%

56.618

50.000 49.092 45.000 40.000 35.000

60.594

4,99%

5,3%

30.000 2002

42.778 43.551 Gasto público sanitario

Gasto público educativo

% gasto público sanitario / PIB

% gasto público educativo / PIB

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

5,00% 4,50%

4,31%

4,37% 41.714

5,50%

3,70% 2014

(% PIB)

75.000

4,00% 3,50% 3,00%

2015

2016

2017

2018

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de Gasto Sanitario Público, la Actualización del Programa de Estabilidad 2015–2018 y la Presentación del Proyecto de PGE–2016. Las previsiones de IPC para 2015 y 2016 son de FUNCAS, manteniendo el dato de este último año estable en 2017 y 2018.

A la vista de los datos, podría pensarse que por fin se han terminado los problemas, que ya se inicia un periodo de recuperación en ambos servicios públicos. Conviene alertar, sin embargo, sobre dos cuestiones. La primera, la diferencia de esfuerzo que se realiza en España y en otros países europeos, cuando éste se mide por la cantidad de recursos de la economía nacional destinada a sanidad y a educación. La

segunda, porque supondría aceptar que en 2018 se necesitarían menos recursos que en 2009 para dar respuesta a las respectivas demandas en ambos servicios públicos. En cuanto a la primera de las cuestiones, baste recordar que países con sistemas sanitarios comparables (sistemas nacionales de salud, modelo Beveridge), como Suecia o Reino Unido, tenían en 2013 unos porcentajes de gasto sanitario público sobre el PIB del 7,9 % y del 7,6 %, respectivamente, frente al 6,3 % de España (las cifras varían ligeramente al alza, respecto a las utilizadas en el Programa de Estabilidad, al utilizarse en las comparaciones internacionales los Sistemas Nacionales de Cuentas de Salud, que incluyen conceptos excluidos en la Estadística de Gasto Sanitario Público). Lo mismo sucede con la enseñanza pública. Según los últimos datos disponibles en los Sistemas de Cuentas de Educación, España en 2012 gastaba el 4,4 % del PIB, mientras que Suecia gastaba el 6,5 % (2011) y Reino Unido el 5,8 % (2011).

Incremento de las necesidades en sanidad y educación Al margen de la diferencia con el resto de los países europeos, es relevante considerar si las necesidades en sanidad o en educación han disminuido de tal forma que permitan liberar recursos para atender a otras necesidades que el conjunto de la sociedad haya definido como más relevantes. Y no parece que sea así. Desde la perspectiva sanitaria cabría preguntarse si disminuye la población a atender o la complejidad de su demanda, de forma tal que ello justifique una disminución de los recursos públicos disponibles, pero la duda se resuelve pronto al tener en cuenta la doble transición demográfica y epidemiológica que se está produciendo. Si se utiliza 2009 como referencia, al ser el de mayor gasto público en sanidad, se podrá apreciar que, desde entonces hasta 2014, la población asignada (según datos del Sistema de Información de Atención Primaria, SIAP) ha disminuido un 2,0 %. Y en la misma fuente puede verse que el número de consultas de medicina en atención primaria ha disminuido en un 6,3 % entre 2009

❚ EnClave de Economía #3

público en España sería equivalente a 61.276 millones de euros, descontado el efecto de la inflación. En otras palabras, parece que se inicia ya una fase en la que no habría más reducciones del gasto sanitario público, enfrentándose el sector a una congelación inicial de los recursos a la espera de una recuperación posterior basada en la buena marcha de la economía. Igualmente, en el mismo gráfico 2.4 se recogen los datos sobre gasto público en educación. Puede verse que, a pesar de las diferencias en las magnitudes de las cifras, las curvas de evolución y de previsión para los próximos años son similares a las de la sanidad pública.

❚ EnClave de Economía #3 40

y 2013 (último año sobre el que hay información) y las consultas en enfermería en un 1,3 %. Pero no son estas cifras globales las más indicadas para apreciar la fuerte turbulencia demográfica que se está viviendo en el ámbito sanitario.

1.389.553 del ámbito universitario. En resumen, entre el curso 2007–2008 y el curso 2014–2015, el número total de estudiantes se ha incrementado en un 12,3 % (un 12,7 % en el ámbito no universitario y un 10,3 % en el universitario).

de una forma imparable, la privatización suave de ambos servicios públicos.

Lo más relevante es considerar lo que está ocurriendo con la población mayor. Así, desagregando los datos puede verse que la población mayor de 65 años aumenta en ese mismo periodo un 2,3 %; y si se tienen en cuenta los mayores de 80 años se ve un incremento del 5,8 %. Es un dato relevante, puesto que la población mayor de 65 años es la que genera una mayor demanda de actividad sanitaria. De hecho, las consultas médicas de los mayores de 65 años se han incrementado en un 21,7 % y las de enfermería en un 22,6 %; y teniendo en cuenta a los mayores de 80 años, los incrementos se elevan hasta el 39,5 % y el 40,8 % respectivamente. Como puede deducirse, pequeños incrementos en la población mayor generan grandes incrementos en su demanda sanitaria.

También en el sector educativo debe tenerse en cuenta la evolución tecnológica y el cambio de actitud entre los estudiantes. No es imaginable en el futuro una persona acudiendo a clase cargada de libros de texto, para escuchar lecciones magistrales y volver a casa cargada de deberes para realizar en solitario y memorizando. Sin embargo, cabe preguntarse si los centros educativos están preparados tecnológicamente y si el profesorado está recibiendo el apoyo y la formación adecuada para afrontar este reto.

Sin duda, hay distintos medios para analizar el desplazamiento de lo público a lo privado. Por ejemplo, mediante el análisis del gasto. Por un lado, la sanidad privada suponía en el año 2009 el 24,3 % del total del gasto sanitario y en 2013 llegaba a ser el 28,5 %, el porcentaje más alto registrado desde 2003 según los datos del Sistema de Cuentas de Salud. Otra forma de aproximarse podría ser analizando el gasto público que se destina a financiar la provisión privada de la actividad. Puede verse que el crecimiento en el gasto educativo ha sido mayor en conciertos y subvenciones de lo que ha crecido en el conjunto del gasto público. Si utilizamos el año 2002 como año base (2002=100), el gasto público educativo en 2013 equivale a un índice de 138,1 (en euros corrientes), mientras que el gasto en conciertos y subvenciones equivale a 161,2. Sin embargo, hay otro método que también puede resultar útil. Los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) permiten conocer el número de personas que trabajan en sanidad y en educación y el número total de horas efectivas de trabajo, diferenciar estos datos entre el ámbito público y el privado, y ver su evolución a lo largo de un periodo concreto.

¿Ha disminuido la complejidad en la actividad sanitaria? No. Por un lado, porque el envejecimiento conlleva, también, un incremento de la comorbilidad y de la cronicidad. Por otro, porque el desarrollo tecnológico y la investigación biomédica están suponiendo un reto para el sector sanitario. Y, por último, los mayores niveles educativos de la población conllevan mayores niveles de exigencia, con pacientes que quieren participar en la toma de decisiones sobre aquello que les afecta directamente. Tampoco hay motivos para afirmar que en el sector educativo pueden reducirse los recursos. En el curso escolar 2014–2015 hay 8.141.628 estudiantes, cifra a la que hay que sumar 1.532.728 correspondientes al ámbito universitario. En el curso escolar 2007–2008 el número de estudiantes era de 7.226.664, más

Pero no se trata solo de números globales. En ambos casos, sanidad y educación, hay una reflexión abierta sobre si los pacientes y los estudiantes están donde deben estar. En el primer caso, porque debería reforzarse la atención primaria y la atención domiciliaria, además de proseguir en la extensión de nuevas formas de atención hospitalaria que reducen las estancias y facilitan la recuperación del paciente en un entorno menos agresivo. En el caso del sistema educativo, porque la clásica representación de diábolo (ancho en los niveles universitarios y en los niveles más bajos de formación, pero estrecho en los niveles intermedios por los déficits de la formación profesional), debería dar paso a una figura más hexagonal (reforzando los niveles intermedios de formación). Educación y sanidad necesitan, por tanto, acometer procesos de reforma pero no un debilitamiento de su papel como sectores públicos. Y esto es lo que se está produciendo mediante una política con sordina, de forma tal que más allá de los ruidos generados por las privatizaciones duras avanza,

El empleo, medida del desplazamiento de lo público a lo privado

Ambos sectores, el educativo y el sanitario, han vivido estos últimos años un periodo de recortes que ha destruido miles de empleos. Si se comparan los datos de 2014 con los de 2011, puede verse una pérdida de 54,3 mil empleos en educación (− 4,5 %) y de 12,9 mil en sanidad (− 1,3 %), considerando en ambos casos tanto el sector público como el privado. Conviene señalar que

Tabla 2.13 – Ocupados por sexo y rama de actividad. Valores absolutos respecto del total de cada sexo. Por miles de personas

Ambos sexos

Hombres

Mujeres

Educación

Actividades sanitarias

Educación

Actividades sanitarias

Educación

Actividades sanitarias

2014

1.151,8

958,3

385,6

259,6

766,2

698,7

2013

1.163,6

925,4

380,1

249,0

783,4

676,4

2012

1.208,1

946,4

394,3

269,0

813,8

677,4

2011

1.206,1

971,2

411,9

269,5

794,3

701,7

2010

1.211,3

927,7

416,5

253,2

794,9

674,5

2009

1.180,1

940,3

410,3

251,0

769,7

689,2

2008

1.164,3

910,5

414,3

240,1

750,0

670,4

Fuente: EPA publicada por el INE.

Tabla 2.14 – DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO EN LA EDUCACIÓN Y LA SANIDAD Privado AÑOS

Público

Educación

Sanidad

Educación

Sanidad

2008

32,8%

30,9%

67,2%

69,1%

2009

31,7%

33,4%

68,3%

66,6%

2010

32,1%

30,9%

67,9%

69,1%

2011

32,0%

31,4%

68,0%

68,6%

2012

34,2%

32,4%

65,8%

67,6%

2013

36,3%

32,9%

63,7%

67,1%

2014

37,8%

33,1%

62,2%

66,9%

2015

37,1%

33,8%

62,9%

66,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA, INE. Los datos de 2015 corresponden a los dos primeros semestres del año.

Tabla 2.15 – HORAS EFECTIVAS REALIZADAS EN EL SECTOR EDUCATIVO Ocupados

Privada

Pública

Total

2014 IV

12.626.689,9

21.525.589,6

34.152.279,5

37,00 %

2008 IV

11.533.596,7

22.008.604,6

33.542.201,3

34,40 %

9,5 %

− 2,2  %

1,8 %

Diferencia

Peso privada

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA, INE. Los datos absolutos reflejan las horas realizadas en una semana de trabajo.

Ocupados

Privada

Pública

Total

2014 IV

11.717.812,3

18.836.085,3

30.553.897,7

38,4 %

2008 IV

11.301.497,7

19.147.994,5

30.449.492,2

37,1 %

3,7 %

− 1,6  %

0,3 %

Diferencia

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA, INE. Los datos absolutos reflejan las horas realizadas en una semana de trabajo.

Peso privada

❚ EnClave de Economía #3

Tabla 2.16 – HORAS EFECTIVAS REALIZADAS EN EL SECTOR SANITARIO

en sanidad llegaron a perderse 45,8 mil empleos entre 2011 y 2013 (− 4,7 %), aunque en 2014 se produce un giro en la tendencia, que se frena en los dos primeros trimestres de 2015 (ver tabla 2.12). Esta evolución global debe desagregarse entre el sector público y el privado para apreciar mejor si hay algún dato que deba tenerse en cuenta. Ambos sectores tienen elevadas tasas de salarización (94,3 % en educación y 91,7 % en sanidad, según la EPA del 2º Trimestre de 2015), por lo que los datos sobre las personas asalariadas y su distribución entre los sectores privados y públicos ayudarán a comprender las tendencias de cambio que se observan a lo largo de los años de crisis.

❚ EnClave de Economía #3

En el sector educativo puede verse cómo en el año 2008 el peso del conjunto del empleo asalariado del sector privado era un 32,8 %, incrementándose hasta el 37,8 % en el año 2014. La misma tendencia se aprecia en sanidad, con un incremento desde el 30,9 % en 2008 hasta el 33,1 % en 2014 (ver tabla 2.13). En otras palabras, parece que la crisis afecta más al sector público que al privado, desplazándose parte del peso del primero al segundo. De hecho, entre 2008 y 2014 el empleo asalariado en el sector educativo ha evolucionado en el sector privado creciendo un 14,5 %, mientras que disminuía en el sector público, en el mismo periodo, un − 8,1 %. En el sector sanitario ha crecido el empleo asalariado en el sector privado un 11,2 %, mientras que en el sector público el crecimiento es del 0,3 %, entre 2008 y 2014.

El problema de estos datos es que nos permiten saber cuántas personas están trabajando como asalariadas en educación y en sanidad, en sus respectivos sectores públicos y privados, pero esto no es más que una parte limitada de la aproximación a la actividad ofrecida por cada ámbito. De hecho, podría haber más personas pero con menos actividad global, si se incrementa al mismo tiempo el porcentaje de quienes trabajan a tiempo parcial; o menos personas pero con más actividad derivada del incremento de la jornada. De ahí el interés por conocer el volumen de horas efectivas de trabajo que globalmente se desarrolla en cada ámbito, algo que es posible conocer a través de los microdatos de la EPA. Si se comparan los cuartos trimestres (los más estables para una comparación no alterada por las vacaciones de verano o por las de Semana Santa, variables entre marzo y abril) de 2008 y 2014 (todo el periodo de crisis económica más intensa), podrá verse el desplazamiento de actividad desde el sector público al privado, lo que se define en este trabajo como privatización suave. En el sector educativo, las horas efectivas semanales realizadas por el conjunto de las personas ocupadas que han trabajado en el cuarto trimestre de 2014 son un 1,8 % más que las observadas en el mismo trimestre de 2008. Al desagregar los datos pueden verse las diferencias entre el sector privado y el público. El primero ha incrementado el número de horas efectivas semanales un 9,5 %, mientras que el segundo las ha reducido un − 2,2 %. La consecuencia de esta diferente evolución es que, tal y como habíamos visto ya con los datos sobre empleo asalariado, el

sector privado ha crecido en el ámbito educativo desde el 34,4 % en 2008 al 37,0 % en 2014 (ver tabla 2.14). Algo similar ocurre en el sector sanitario, aunque con magnitudes diferentes. A diferencia del sector educativo, la actividad sanitaria medida en horas semanales efectivas de trabajo ha crecido ligeramente, un 0,3 %, entre 2008 y 2014. La actividad del sector público ha disminuido un − 1,6 %, mientras que la actividad en el sector privado crece un 3,7 %. Igualmente, el peso del sector privado se incrementa desde el 37,1 % al 38,4 % (ver tabla 2.16). Son desplazamientos de lo público a lo privado que tienen consecuencias para la población, sobre todo para las personas en situación más frágil o vulnerable, tanto en el sector educativo como en el sanitario. En otras palabras, las políticas de estos últimos años, recortando la capacidad de los servicios públicos al tiempo que se incrementaba la demanda sanitaria y educativa, está teniendo como consecuencia que el sector privado gana un espacio de acción, cubriendo aquellas actividades o prestaciones que el sector público no atiende de manera adecuada. Esta privatización suave, sin necesidad de privatizar centros públicos, provoca que aquellas personas que carecen de las rentas suficientes para acceder a la oferta del sector privado queden desprotegidas. De cumplirse los objetivos del Gobierno, en 2017 no solo habrá menos recursos públicos para sanidad y educación, sino que los sectores privados en ambos ámbitos habrán ganado terreno, a costa de incrementarse la desprotección de las personas con menores niveles de renta y las desigualdades sociales.