Trabajadora, n. 70 (junio de 2020)

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salud La salud de las mujeres

Silvia Espinosa López y Mar Bueno Maqueda

T rabajadora 70 junio 2020

LA VIDA HUMANA sigue abriéndose paso a pesar de la pandemia, y los cuerpos de las mujeres siguen menstruando, pariendo, abortando y manteniendo relaciones sexuales. Y, a pesar de la sensación de suspensión en el tiempo que produce el confinamiento, los derechos sexuales y reproductivos siguen siendo derechos humanos y un tema de salud pública. Durante estos dos meses se han elaborado numerosos protocolos de cómo se tienen que dispensar las atenciones necesarias para asegurar los derechos sexuales y reproductivos con calidad y seguridad: el informe COVID-19: un enfoque de género, elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas; Recomendaciones para la prevención de la infección y el control de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) en la paciente obstétrica, de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO); la

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guía Relaciones sexuales en tiempos del COVID-19, ¿qué necesitas saber?, de la Federación Internacional de Planificación Familiar. Por su parte, la Sociedad Española de Fertilidad, ha realizado un comunicado con la normativa general a seguir en nuestro país respecto a tratamientos de fertilidad… y un larguísimo etc. Pero también hay que decir que, a pesar de tantos protocolos y directrices, el exceso de información y lo cambiante de las recomendaciones, ante un virus todavía bastante desconocido, han producido un panorama muy heterogéneo y nada tranquilizador. También hay que decir que nuestro sistema sanitario se ha visto en la imperiosa necesidad de desviar todos los recursos posibles, también los asignados a la salud sexual y reproductiva, hacia primera línea de batalla contra el COVID-19. Si parir es una de las experiencias físicas y psicológicas que más esfuerzo suponen en la vida de las mujeres, parir en tiempos de pandemia añade la angustia y la inseguridad de unos servicios sanitarios colapsados y centrados en combatirla.

Durante estos dos meses, ha habido noticias de muchas prácticas no justificadas que se pueden calificar directamente de violencia obstétrica como, por ejemplo, no aplicar la epidural a las madres con COVID-19; cortar el cordón umbilical de manera precoz en todos los partos; no permitir la lactancia materna directa a madres con COVID-19 en ningún caso; inducir el parto injustificadamente a mujeres que no han dado positivo en COVID; separar a las criaturas de las madres por sistema… Quizás el caso más sonado ha sido el de negar a todas las madres, independientemente de ser positivas o no, el ser acompañadas por su pareja en el trance del parto, como hizo en un principio la Consellería de Sanitat Valenciana en contra de las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Afortunadamente todas estas prácticas han sido denunciadas por asociaciones como El Parto es Nuestro, Comares de la Comunitat Valenciana, equipos de matronas como el del Hospital de la Marina Alta (Dénia) o Comisiones Obreras del País Valencià. Quizás, para otra vez, habrá que evaluar si en tiempos

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