CASTILBLANCO (BADAJOZ), ARNEDO (LA RIOJA) Y CASAS VIEJAS (CÁDIZ)

CASTILBLANCO (BADAJOZ), ARNEDO (LA RIOJA) Y CASAS VIEJAS (CÁDIZ), TRES NOMBRES QUE NO DEBERÍAMOS OLVIDAR EN ESTOS MOMENTOS POLÍTICOS

Sede actual del Excmo. Ayuntamiento de Castilblanco

Los hombres modernos tenemos la tendencia a olvidar con demasiada facilidad hechos o acontecimientos que no son de nuestro agrado, que rechinan en nuestro subconsciente, o, simplemente, que reconociendo ser parte culpable de ellos, intentamos pasar página y borrarlos de nuestra memoria selectiva.

Por otra parte, la sociedad española ha alcanzado en estos últimos cincuenta años tal grado de desarrollo y prosperidad (o eso ilusamente habíamos creído), que difícilmente esta misma sociedad vuelve alguna vez la cara al pasado, donde con toda seguridad podríamos encontrar las respuestas que en estos momentos de crisis económica y de paro preocupante nos estamos haciendo los que siempre vamos a pagar las consecuencias de las políticas de malos gobernantes, políticos y sindicalistas corruptos, ciudadanía sin conciencia social, etc.

Naturalmente que hay –nos dicen– diferencias de tipo social y político entre la sociedad actual y la de los años en que se dieron los acontecimientos que vamos a recordar, pero esas diferencias se van borrando lentamente e, incluso, podemos ir viendo cómo cada vez hay más

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puntos de conexión entre dichos condicionamientos sociales y políticos de la primera treintena del siglo XX y los que actualmente estamos viviendo.

Para comenzar, vamos a hacer un superficial repaso a los acontecimientos políticos que derivaron en los enfrentamientos revolucionarios de Castilblanco, Arnedo y Casas Viejas, origen de las revueltas que cambiaron los destinos de España: los campesinos de toda España esperaban que la llegada de la República representara el final de sus graves problemas y la recompensa a tantos años de lucha y sufrimiento por la explotación de la tierra que desde tiempos remotos habían pertenecido, primeramente a la nobleza y a las órdenes militares, para pasar después de las distintas desamortizaciones a la burguesía capitalista, cada uno de los cuales les habían condenado al hambre y a la miseria, a ellos y a sus hijos.

Los detenidos en Castilblanco son procesados en el Cuartel de Menacho, Badajoz

No debemos de olvidarnos que la agricultura era en los años 30 el principal sector de la economía española. Los trabajadores del campo, mal pagados y peor alimentados siempre esperaron que las prometidas reformas fueran drásticas e inmediatas, contrarrestando las enormes diferencias sociales existentes en Andalucía, Extremadura y Castilla, donde desde tiempos pretéritos existían extensísimos latifundios en manos privadas.

Estas desigualdades alimentaban el resentimiento y el odio hacia los grandes terratenientes de más de 700.000 jornaleros que vivían en la más degradante miseria. El intento de reforma agraria emprendida por un gobierno pusilánime y desconocedor del verdadero problema agrario, no 2

sirvió más que para desilusionar a los campesinos que habían confiado ciegamente en ellos, e irritar a los terratenientes. Pronto tuvieron constancia, tanto unos como otros, de que la reforma era prácticamente inviable, al menos en un corto plazo de tiempo, tan necesario por otra parte para satisfacer las peticiones de los campesinos sin tierra. La creación del Instituto de Reforma Agraria para controlar el plan de distribución de tierras para más de 60.000 campesinos no llegó, dos años más tarde, a satisfacer y regularizar la situación de más de 12.000 de estos demandantes de tierras.

Sin embargo, frente a la desilusión de los campesinos por la lentitud de la Reforma Agraria, se fueron encendiendo las alarmas y entre los grandes propietarios y terratenientes empezó a cundir la idea de una posible pérdida de sus propiedades agrarias. Por otra parte, el hambre y la miseria a la que estaban condenados el campesinado creaban las condiciones ideales para la reivindicación desde posiciones claramente revolucionarias. En Castilblanco (Badajoz) estalló una huelga general el 31 de diciembre de 1931, cuyas consecuencias se le escaparon de las manos a las autoridades al intentar éstas disolver por la fuerza las manifestaciones y reaccionar los campesinos violentamente matando a cuatro miembros de la guardia civil.

Un acontecimiento de tales dimensiones conmocionó a todo el pueblo español que se dio por enterado de la gravedad del problema que la injusticia y el hambre venían ocasionando entre el campesinado español, preferentemente en Extremadura y Andalucía, donde las diferencias de clase y de rentas eran más acusadas.

El general Sanjurjo, responsable de la represión 3

Pero quienes verdaderamente se asustaron ante los cuerpos de los guardias civiles muertos y destrozados fueron los responsables de los partidos políticos de izquierda, quienes venían apoyando al gobierno de Azaña. Veamos cómo recoge el órgano oficial del Partido Socialista Obrero Español, El Socialista, de fecha 2 de mayo de 1932 la gravedad de lo acontecido en Castilblanco: La tierra extremeña se ha teñido estos días de sangre, consecuencia dolorosa de una situación de violencia a la que es urgente e imprescindible poner remedio. Por desgracia, hechos como los que lamentamos ahora han venido siendo, de algún tiempo a esta parte, demasiado frecuentes. Ha tenido en esto, como villanamente han procurado poner de manifiesto sus enemigos, poca fortuna la República. A la situación ruinosa en todos los órdenes que la monarquía legó al régimen nuevo vino a sumarse el pavoroso problema del paro en la agricultura, especialmente en las regiones andaluzas y extremeñas, en donde la crisis se hacía más aguda y difícil por la notoria mala fe que en muchos casos han empleado los propietarios para fomentarla. No necesitamos citar ejemplos que comprueban esta afirmación. Todo ello ha creado una situación de descontento en las zonas afectadas por la falta de trabajo. Es natural que una población campesina que se ve azotada por el hambre sienta la irritación que ha de producirle su propia desgracia. Y si a esta irritación instintiva se añade la indiferencia o la hostilidad con que aquellos que están más directamente llamados a procurar remedio contemplan ese espectáculo de angustia, entonces nada tiene de extraño que se produzcan hechos lamentables que en circunstancias normales hubieran podido evitarse sin esfuerzos.

No hay peor consejera que el hambre. Es verdad. Pero conviene añadir, a renglón seguido, que no hay nada que estimule tanto a la insubordinación como la injusticia. Sobre todo cuando la injusticia va acompañada de la burla. Y éste es el caso que se está repitiendo de día en día. No solamente no han encontrado apoyo alguno los obreros de aquellas regiones castigadas por el paro, sino que constantemente se han visto vejados en sus más elementales derechos de ciudadanía. Se está tratando de hacer creer que los sucesos luctuosos que se han desarrollado en tantos pueblos de España tienen una sola causa: los pretendidos desmanes de unos trabajadores hostigados en parte por la penuria, pero soliviantados, principalmente, por propagandas políticas avanzadas. Con 4

esa explicación tan cómoda figurando en los informes oficiales se justifican todos los atropellos y las mayores enormidades. La realidad, sin embargo, es bien distinta. Tan absurdo sería dar por válida esa versión cono suponer nosotros, arrimando el ascua a nuestra sardina, que la intervención de las autoridades en conflictos de esa naturaleza es siempre, en todos los casos, arbitraria y despótica. Aunque no sean los más, tenemos ejemplos, lealmente reconocidos, que demuestran lo contrario. Ni la primera ni la segunda –menos aquélla que ésta– son afirmaciones que puedan hacerse a priori. La clave de la cuestión es otra, sobre la cual hemos insistido ya muchas veces y tendremos que insistir, por lo visto, muchas más aún. Se trata, sencillamente, de que no se ha desarraigado el viejo caciquismo rural, planta maldita que ha envilecido durante tantos años la vida española. Al contrario, lejos de ceder, cada día parece cobrar el caciquismo nuevos bríos. Con una extraordinaria facilidad de adaptación ha sabido reponerse pronto del quebranto que pudo causarle el cambio de régimen, y está reforzando de manera ostensible sus posiciones.

Tímido y cauteloso en los primeros días de la República, vuelve ya a ser desvergonzado y cínico, como en sus mejores tiempos de desafuero. Ahí, y no en explicaciones interesadas, es donde hay que buscar la causa principal del descontento que existe en los pueblos y la razón de los sucesos sangrientos que se originan con tan dolorosa frecuencia. El de Castilblanco, más tremendo que ninguno por sus proporciones, no es sino uno de tantos en la serie.

Campesinos prisioneros en Casas Viejas (Cádiz) 5

Por lo que se refiere a la actuación de la guardia civil, es evidente que adolece de un defecto gravísimo sobre el cual conviene meditar muy detenidamente en interés de todos, y, acaso, más que nadie, en interés de la propia guardia civil. Durante la monarquía, la guardia civil se vió forzada, por exigencia de un régimen consustancial con la violencia y el abuso, a servir intereses particulares o ilegítimos que nada tenían que ver con la función propia que le estaba encomendada. Aunque no lo quisiera –nada iba ganando con ello– la guardia civil ha tenido que ser una fuerza de protección en la que escudarse el caciquismo. Cabía esperar costumbres de la política rural. Ya se ha visto que no. Los monárquicos de ayer son republicanos hoy. Por procedimiento tan sencillo han seguido en muchos pueblos los caciquillos de campanario su antiguo dominio. En donde no lo han conseguido aún, aspiran a conseguirlo el día de mañana. Y se da el caso absurdo de que haya muchos miembros de la guardia civil que, por explicable acomodamiento al través de varios años de relación y trato con aquellos elementos, sigan representándose a éstos provistos de más autoridad que quien la ejerce legítimamente por voluntad popular. Así ocurre que muchas veces puede más en el ánimo de un jefe de puesto una sugerencia del caciquillo que una orden de un alcalde socialista, por ejemplo. A independizar y alejar de esa influencia a la guardia civil deben de tender los esfuerzos del Gobierno si se quiere evitar la repetición de hechos como los que motivan estas líneas.

Cualquier ciudadano con dos dedos de frente podrá entender y comparar que muchos de los motivos que produjeron los fatales acontecimientos entre el campesinado extremeño en 1932, pueden extrapolarse a nuestros días donde los periódicos nos vienen señalando la cifra de 5.600.000 parados, muchos de ellos sin ningún tipo de ayudas de subsistencia y en donde más de 1.300.000 hogares españoles tienen a todos sus miembros en paro, mientras que otra parte de la sociedad, tan insolidaria e injusta como la de antaño, hacen alarde de su riqueza; por no denunciar que las tierras que en la República fueron motivo de revoluciones, luchas y enfrentamientos sangrientos, hoy en día, después de más de treinta años de gobiernos democráticos, siguen en poder de las mismas familias de la nobleza, de la iglesia y de la gran y mediana burguesía (banqueros, empresarios de dudosas fortunas y artistas pesebreros), mientras que cerca del 50 por ciento del campesinado español, 6

desde los años 50 del pasado siglo, ha tenido que sufrir en sus propias carnes la tragedia de emigrar de sus pueblos para formar parte del nuevo desarrollismo industrial de las zonas más avanzadas tecnológicamente (con ayudas de dineros del Estado), o, formar parte activa –aunque marginal– del nuevo maná crematístico, como lo ha sido la construcción de viviendas y grandes complejos turísticos, muchas de ellas construidas en suelos no urbanizables o expropiados por medio de métodos confusos a los mismos que ofrecían sus fuertes brazos por sueldos o subsistencias miserables.

Volvamos nuevamente con los acontecimientos que dieron lugar a los primeros enfrentamientos entre dos clases sociales disociadas desde los tiempos más remotos. Primeramente, señalar sin ningún tipo de dudas, que los sucesos luctuosos de 1931 (Castilblanco), 1932, Arnedo y 1933 Casas Viejas, se produjeron con un gobierno de izquierdas, apoyado principalmente por el Partido Socialista, y que las dos veces que en estos nuevos tiempos democráticos se han alcanzado cifras de paro escalofriantes, también han coincidido con gobiernos socialistas: la primera vez gobernando Felipe González y le segunda con Zapatero como presidentes del gobierno español. Solamente queremos señalar estas coincidencias para que nadie se lleve a engaños y podamos escribir sobre estos hechos delimitando muy claramente los responsables de los mismos, al margen de cualquier tendencia o manipulación de la historia. Que cada palo aguante su vela. ¿Pero realmente qué sucedió en Castilblanco para que los jornaleros, acuciados por el hambre y por el odio se enfrentaran a las autoridades?

Sería interesante que antes de responder a esta pregunta aparentemente sencilla de resolver hiciéramos un leve repaso por la historia social de España en la primera mitad del siglo XX, acercándonos principalmente a Extremadura, lugar del primer suceso. España seguía siendo por esos primeros años del siglo XX un país esencialmente agrícola, siendo esta actividad la responsable de la obtención de la mayor parte de los recursos de la nación. El 70 por ciento de la población activa seguía trabajando en unos campos en poder de latifundistas y, en menor número, de minifundistas.

Tan evidentes eran los efectos de este mal reparto de la tierra en la economía y en las relaciones sociales de los españoles, que durante siglos, 7

principalmente en el XVIII, XIX y principios del XX, los intentos por parte de políticos con visión de futuro fueron tan numerosos como ineficaces, debido al complejísimo sistema político en el que estábamos inmerso y al poder político de los grandes terratenientes, entre cuyos miembros se encontraban la iglesia, la nobleza y los banqueros, verdaderos sostenedores de gobiernos corruptos e ineficaces. En 1901, el ministro de Agricultura Canalejas ideó una ley para la desaparición de los latifundios y el reparto de la tierra entre los agricultores, que junto con las clases medias formarían un nuevo poder más justo y equitativo en el reparto de la riqueza.

Naturalmente solo fue un amago de buenas intenciones que nunca se llevó a cabo.

Más firme en sus propuestas fue Eduardo Dato quien en 1921 proyecta: expropiar las tierras de propiedad privada que estén abandonadas, incultas o insuficientemente explotadas, siendo objeto de expropiación aquellas fincas que en un municipio excedan de 500 hectáreas. Tampoco nunca se llevó a cabo.

Vamos ahora, nuevamente, a recuperar los datos que nos aporta el diputado extremeño don Pablo Castellano en su libro: Por Dios, por la Patria y el Rey, (página 94-95), para comprender en su totalidad la gravedad del problema del reparto de la tierra en Extremadura: En 1930 las propiedades rústicas de los grandes de España más cualificados, los duques de Alba, de Medinasidonia, y de Medinaceli, Peñaranda, Vistahermosa, Fernán Núñez, Arión, del Infantado, los marqueses de la Romana y de Comillas, el conde de Romanones, etc., se acercaban a las 600.000 hectáreas. El porcentaje de fincas que superaban las 250 hectáreas era de un 62 por ciento en Extremadura; de un 61 por ciento en la Mancha y de un 51 por ciento en Andalucía. La República intentó cumplir el mandato constitucional de poner esta riqueza al servicio del interés general. Fracasó. Su Ley de Reforma Agraria, insuficiente, sólo duró dos años y, por la impaciencia de unos y las trampas de los encargados de su aplicación, ostensiblemente contrarios, sólo fue un motivo más de frustración, como lo fuera la ineficacia e incumplimiento de las normas laborales más avanzadas.

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Badajoz, en el año 1933, es la segunda provincia española con más paro agrícola: 21.400 obreros agrícolas totalmente parados y 12.800 con paro parcial.

El colmo de dichos despropósitos en materia de propiedad de fincas se centraba en Andalucía y Extremadura, dándose el mayor número de grandes propietarios absentistas que arrendaban sus fincas, que a la vez eran subarrendadas a pequeños agricultores, quienes no se arriesgaban a hacer mejoras en las mismas, dado que los arriendos eran a corto plazo y las mejoras necesitaban de mayor tiempo para ser rentables, por lo que la falta de inversión en el campo era prácticamente nula, siendo casi desconocida la mecanización e introducción de nuevos sistemas de producción, como lo pudiera ser el regadío en una tierra sobrante de agua no aprovechada.

Malefakis, uno de los hispanistas que más profundamente han estudiado el tema de las revoluciones obreras a principios del siglo XX nos dice que: La principal tragedia de Extremadura y Andalucía consistía en que debido a la herencia latifundista que impedía el desarrollo de las pequeñas explotaciones familiares, el estrato social predominante no estaba formada por pequeños propietario, sino por jornaleros sin tierras.

La miseria y la inseguridad de la mayoría de los jornaleros eran suficientemente grandes como para convertirles en el único grupo implícitamente revolucionario de la sociedad rural española…, constituyendo la fuente de las convulsiones sociales que barrían el sur.”

Raymond Carr, otro hispanista de prestigio que busca respuestas a tan importantes sucesos nos señala que: Los socialistas que participaban en el gobierno sabían perfectamente que la lucha decisiva debía librarse en el campo. El rápido crecimiento de la UGT en las zonas rurales debía ser consolidado para desbaratar el anarquismo rural.

El primer conato de odio de los campesinos sin tierra se va a dar en el pueblo de Feria, provocando la muerte de un campesino. Pocas fechas después, este odio se traslada a Montemolín, donde un guardia es linchado cuando el pueblo intenta ocupar el ayuntamiento. Pero donde realmente va a convertirse en tragedia es en Caltilblanco, un pueblo de Badajoz de unos tres mil habitantes y zona de grandes latifundios, políticamente controlado 9

por la UGT. Veamos cómo nos lo cuenta el profesor Víctor Chamorro en su importante libro Extremadura, afán de miseria: El fantasma del odio se transformará en un aquelarre sangriento cuando estalla la desesperación de las masas.

En 1931, la guardia civil era tan impopular en Castilblanco como en cualquier otra parte de España. Su suerte fue terrible. Cuando intentó impedir la reunión de la CNT, la población entera cayó sobre ella.

Mataron a cuatro guardias. Les aplastaron las cabezas; les sacaron los ojos y mutilaron los cuerpos. En uno de los cadáveres se pudieron contar hasta 37 navajazos. Y, como el pueblo de Fuenteovejuna de la obra de Lope, no fue posible procesar a los asesinos. Era responsable el pueblo entero y no una persona determinada.

Sobre tan luctuosos hechos existen varias versiones. Malefakis, da su versión y nos dice que: Los guardias se aproximaron pacíficamente a un grupo de huelguistas, quienes, inesperadamente, se abalanzaron contra ellos armados de navajas. Esto explica la facilidad con que los guardias, que iban armados con fusiles, fueron desarmados. Según otra versión, la policía intentó dispersar a los manifestantes disparando al principio al aire y después contra la multitud matando a un campesino e hiriendo a otro.

Esto permitiría explicar el deseo de sangre que invadió a la multitud, que no se contentó con matar a los guardias, sino que se dedicó a descuartizar sus cuerpos con la ayuda de palas y machetes, cortando las cabezas y arrancando los ojos.

En Arnedo, era habitual el que los obreros vivieran en cuevas

Por los mismos motivos que los anteriormente narrados y, seguramente, asustados por los acontecimientos extremeños, en Arnedo (La 10

Rioja), la guardia civil disparó sobre los campesinos que se manifestaban a las puertas de la Casa Consistorial, matando a siete trabajadores e hiriendo de gravedad a otros treinta.

Hechos de tal gravedad tuvieron gran repercusión en la sociedad española y aunque el gobierno reaccionó rápidamente destituyendo al director de la guardia civil, general Sanjurjo, quien uno meses más tarde se alzaría contra la República, servirían de espoleta de los episodios de violencia acaecidos en Casas Viejas (Cádiz), donde agotada la paciencia de los agricultores sin tierra ante la lentitud de la Reforma Agraria, los campesinos, tras declarar el comunismo libertario asaltaron el cuartel de la guardia civil asesinando a varios de sus números. La gravedad del nuevo levantamiento de los campesinos y el miedo a perder el control sobre los grupos revolucionarios llevaron a las autoridades republicanas a enviar refuerzos y reprimir el levantamiento de forma contundente, masacrando a los amotinados.

Recuento de los obreros asesinados en la choza de Seisdedos

A los tres días del inicio de los movimientos revolucionarios anarcosindicalistas en Barcelona, Madrid y Valencia, el 11 de enero de 1933 estalló inesperadamente la lucha en el pequeño pueblo andaluz de Casas Viejas (Cádiz), agregado al Ayuntamiento de Medina Sidonia, que contaba con unos 2.000 habitantes y 6.000 hectáreas de tierra laborable. El censo de braceros era de unos 500 hombres, apenas 100 con ocupación segura y sólo 11

durante medio años. El resto vivía de un socorro del Ayuntamiento: una peseta a los solteros y dos a los casados. La mayoría de las familias habitaban en chozas y sufrían hambre endémica. Según unas declaraciones del alcalde de Medina Sidonia, Ángel Buitron, “el malestar lo produjo las ofertas hechas en épocas electorales de reparto de tierras y otras ventajas, ninguna de las cuales se cumplieron. Los braceros, decepcionados, se dieron de baja en el socialismo e ingresaron en la C.N.T.” Recuperemos la crónica de los sucesos tal y como fue publicado en la prensa, por Eduardo Palomar Baró: Por la mañana, los jornaleros del pueblo cortaron las líneas telefónicas y telegráficas y abrieron zanjas en las carreteras, para proceder luego a quemar el Ayuntamiento y la Casa de Arbitrios.

El comandante era el sargento Manuel García Álvarez, de 45 años de edad y que se había hecho cargo del mismo tan sólo un mes antes. Los guardias eran Román García Chuecos, natural de Lorca, de 32 años, Pedro Salvo Pérez, hijo de un sargento del Instituto, nació en la población gaditana de San Roque, también de 32 años y Manuel García Rodríguez, del que se desconocen sus datos.

La casa-cuartel se vio cercada y tiroteada por unos 200 campesinos armados de escopetas y hoces, que acababan de proclamar el comunismo libertario. La exigua fuerza del puesto se defendió disparando sus fusiles máuser desde las ventanas. En el intercambio de disparos resultaron gravemente heridos en la cabeza el sargento García Álvarez y el guardia García Chuecos, mientras que los otros dos guardias lo fueron con carácter leve.

Pocas horas después del inicio de la refriega, llegaron refuerzos al mando del sargento de Asalto Rafael Anarte Viera, comandante del puesto de Alcalá de los Gazules, que se encontraba concentrado en Medina Sidonia, ocupando el pueblo, matando a un campesino y desarmando e hiriendo a otros dos. La casi totalidad de los afiliados al sindicato anarquista huyeron al campo.

Más tarde hicieron su aparición en Casas Viejas, doce guardias de Asalto al frente del teniente Gregorio Fernández Artal, y cuatro guardias civiles al mando del teniente Cayetano García Castrillón, que procedieron a verificar registros de las casas, deteniendo a Manuel Quijada Pino, 12

reconocido por la guardia civil como uno de los que disparaban por la mañana contra el cuartel.

Las fuerzas se encaminaron hacia la choza de Francisco Cruz Gutiérrez “Seisdedos”, donde se habían atrincherado algunos de los anarquistas. Quiso el jefe de los guardias parlamentar con los anarquistas, ofreciéndose como mediador el guardia de Asalto Martín Díaz. Al aproximarse éste a la puerta de la choza, una descarga derribó al guardia y el cabecilla y su gente se apoderaron del herido y lo encerraron con ellos como rehén.

Lo que no habían hecho con sus padres lo harían con los huérfanos: darles pan

Los guardias, parapetados detrás de una tapia, conminaron a los cercados a que saliesen con las manos en alto. Pero éstos respondieron a tiros. Se produjeron nuevos disparos desde la choza, cayendo herido el guardia Madras.

El teniente Fernández Artal mandó al detenido Manuel Quijada, que tenía esposado, con la intención de que convenciese a “Seisdedos” y a los sitiados de que no tenían más remedio que rendirse, pues no lograrían escapar. Manuel Quijada se adentró en la choza sumándose a los rebeldes.

Una mujer le limó las esposas, recuperando la libertad de sus manos.

Se paró el tiroteo y reinó la calma hasta las once de la noche. A esa hora llegaron más guardias de Asalto desde Cádiz, portando bombas de mano y una ametralladora. El teniente Fernández Artal, acompañado de 13

dos cabos, se acercó a la choza para lanzar algunas bombas, que no estallaron, ya que fueron amortiguadas por la techumbre de paja.

Volvieron a exigir la rendición a los sitiados, y éstos respondieron con descargas, resultando heridos los dos cabos. El oficial determinó suspender el ataque hasta que amaneciera.

Hacia las dos de la madrugada llegó una compañía formada por noventa guardias al frente del capitán de Asalto, Manuel Rojas Feijenspan.

Distribuyó Rojas a las fuerzas para atacar a la choza. En este momento se presentó el delegado del gobernador de Cádiz, Fernando Arruinaga Martín-Barbadillo, portando un mensaje que decía: “Es orden terminante del ministro de la Gobernación se arrase casa donde se han hecho fuertes los revoltosos.”

Una policía inmisericorde controla al pueblo casa a casa

El capitán Rojas hizo preparar unas piedras envueltas en algodón impregnado de gasolina extraída de los coches, prendiendo fuego en la choza inmediata a la del “Seisdedos” y rápidamente el fuego se extendió a la techumbre de paja donde estaban los rebeldes. Además de Francisco Cruz Gutiérrez “Seisdedos”, murieron tiroteados o carbonizados sus hijos Pedro y Francisco, Manuel Quijada Pino, Josefa Franca Moya y su hijo Francisco, Jerónimo Silva González, Manuela Lago Estudillo, así como el guardia de Asalto Ignacio Martín Díaz, resultando heridos otros cuatro guardias más. Lograron escapar una mujer y un niño, que salieron envueltos en una bocanada de llamas y de humo. Los guardias contuvieron 14

sus impulsos y los respetaron. Después dos personas fueron abatidas por las ametralladoras. No salió nadie más de la choza, que pronto fue una inmensa hoguera, que se extinguió, por consunción, a las seis y media de la mañana.

El capitán Manuel Rojas convocó, a las siete de la mañana a todas las fuerzas de Asalto en la plaza pública, arengándolas con las siguientes palabras: “Es preciso que ahora mismo, en media hora, hagáis una razzia.”

Los guardias, rompiendo las puertas a culatazos, sacaron de sus casas a viva fuerza a doce hombres, que fueron conducidos cerca de la choza. Una vez allí, esposados con cuerdas, pasaron a la corraleta de la choza de “Seisdedos”, donde se encontraba el capitán Rojas, el cual les dijo: “Pasad a ver el cadáver del guardia.” “Pasaron, fiados en esto, y a la voz de «¡Fuego!», dada por el capitán, dispararon algunos guardias de Asalto y dos guardias civiles repetidas veces, siendo meros testigos presenciales los oficiales Fernández Artal y Álvarez Rubio, además del delegado del Gobierno” (según la declaración del teniente Fernández Artal, leída en la Cámara en la sesión del 17 de marzo de 1933).

El capitán Rojas explicó, en la Comisión parlamentaria, lo sucedido con las siguientes palabras: “Como la situación era muy grave, yo estaba completamente nervioso y las órdenes que tenía eran muy severas, advertí que uno de los prisioneros miró al guardia que estaba en la puerta y le dijo a otro una cosa, y me miró de una forma..., que, en total, no me pude contener de la insolencia, le disparé e inmediatamente dispararon todos y cayeron los que estaban mirando al guardia que estaba quemado. Y luego hicimos lo mismo con los otros que no habían bajado a ver al guardia muerto, que me parece que eran otros dos. Así cumplía lo que me habían mandado y defendía a España de la anarquía que se estaba levantando en todos lados de la República.”

Los asesinados, todos ellos desarmados y la mayor parte engrilletados, fueron: el anciano Salvador Barbarán Castellet  que sólo le dio tiempo a gritar “¡No tiren, que no soy anarquista!”, Manuel Benítez Sánchez, Andrés Montiano Cruz, Juan García Franco, José Utrera Toro, Juan García Benítez, Juan Villanueva Garcés, Juan Silva González, Balbino Zumaquero Montiano, Manuel Pinto González, Juan Galindo González, Cristóbal Fernández Expósito, Manuel García Benítez, Rafael 15

Mateo Vela y Fernando Lago Gutiérrez, siendo éste el único que realmente había participado en la intentona revolucionaria.

Casas Viejas fue el punto de inflexión que llevó a los socialistas a abandonar al gobierno de Azaña, desembocando en una crisis que les llevaría a las elecciones de 1933.

Estado en quedó la choza de Seisdedos

Nos sigue relatando el profesor Víctor Chamorro sobre los sucesos de Castilblanco: Naturalmente, la venganza de la guardia civil no se hizo esperar: dos muertos y tres heridos en Zalamea de la Serena. Y la lista del ojo por ojo se hace interminable por el ámbito rural del país: asesinatos de obreros por terratenientes en Castellar de Santiago (Ciudad Real), asesinatos provocados por los guardias de asalto en Casas viejas (Cádiz), enfrentamientos en Espera (Cádiz) entre campesinos de diferente ideología, etc.

Y en semejante estado emocional va a producirse uno de los acontecimientos más increibles que tuvo por escenario la tierra extremeña y por intérpretes, los hombres extremeños. Ocurrió en la provincia de Badajoz, un día de primavera del año 1936.

Cumplido el plazo de asentamiento de 3.000 yunteros en tierras expropiadas por la ley de reforma agraria, la FNTT ordena, en Badajoz, una masiva ocupación de fincas. Casi 70.000 campesinos, en un orden perfecto, se ponen en marcha al grito de ¡Viva la República! Aquella 16

gigantesca marcha comienza a invadir las fincas previamente señalizadas, y, con una tensión contenida, comienzan a roturarlas.

Las instrucciones que la FNTT ha dado a los ocupantes es la siguiente: “Evitad los choques con las fuerzas del orden. ¡Pero ni un solo paso atrás! ¡Aquí estoy, aquí me quedo!”

Azaña no da crédito a la noticia. Duda. Por fin, envía tropas. Los campesinos no se enfrentan, pero se niegan a salir de las tierras ocupadas.

Se dice que, incluso, Azaña da la orden de disparar. No se dispara. Se practican innumerables detenciones. Pero ante lo irreversible de la situación, al gobierno no le queda otro remedio que legalizar las ocupaciones y soltar a los presos.

Tan atrevido como inusual acontecimiento lleva a Malefakis a escribir: Con una única ocupación los campesinos habían ocupado muchas más tierras que las que se le habían entregado en los últimos cinco años, merced a la puesta en marcha de la reforma agraria.

Esto es, de manera resumida, la historia de unos hechos históricos y hoy desgraciadamente olvidados, donde la desesperación, el hambre y el odio de unos hombres que solamente querían reclamar el derecho al trabajo y a una vida digna para ellos y para sus hijos. Como también es la historia de otros hombres que abusando de su poder y de su dinero, les negaron a los primeros estos derechos. El resultado lo sabemos todos: tres años de guerra fratricida, de muertes y de desolación por no querer –unos y otros– adaptarse a los nuevos tiempos que España exigía, donde se respetaran los derechos del patrón, o del terrateniente, pero también los derechos de unos hombres que no tenían para sostenerse más que la fuerza de su trabajo. No aprendimos nada de aquellos desgraciados acontecimientos. Ni aprendimos en años sucesivos, donde solamente la represión y el estado militar frenaron las ansias de libertad de un pueblo, que como cualquier otro pueblo del mundo, sólo quería vivir en igualdad de derechos y de obligaciones. Y no hemos aprendido nada de estos últimos sesenta años, porque las desigualdades sociales y económicas, lejos de aminorarse, han ido ensanchándose peligrosamente hasta el punto de que puede suceder, como ya sucedió en aquellos años, que esa enorme masa de 5.600.000

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parados exijan con violencia lo que no han conseguido respetando las normas impuestas por el Estado de derecho.

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