Informativo CUT Bogotá Cundinamarca 131 de agosto 2015 by Cut.Bogotá Cundinamarca

Nº 131 Valor $500

En este número Conflicto laboral en el Instituto Roosevelt Las y los trabajadores del Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt, ubicado en Bogotá en la Carrera 4 Este #17-50 (Avenida Circunvalar), se organizaron sindicalmente desde marzo 2002, como respuesta al despido de 30 trabajadores con más de 15 años de servicio. / 2

La crisis continúa en la... Negociación y contratación colectiva La crisis es inocultable, no solo por la acción del enemigo de clase –el capital–, sino por el ya incontrolable comportamiento de parte de directivos sindicales, que no cumplen su papel de orientadores. / 3

Los vendedores ambulantes la tenemos "clara" De nuestra parte, quienes hemos sido los fundadores, promotores y defensores de la creación de un robusto y representativo escenario de participación y concertación en la aplicación de la política pública como lo son los comités locales y distrital la tenemos “clara”. / 5

Precario panorama laboral en Colombia El 68 % de los más de 22 millones de colombianos que trabajan no tiene plena seguridad social; es decir, no están afiliados a salud, pensiones, riesgos laborales, caja de compensación o fondo de cesantías. Más de dos millones no tienen empleo. / 11

Bogotá, Colombia Agosto de 2015

Plantón Nacional por el derecho a la salud

“

Frente al debate realizado en el Senado de la República al Ministerio del Trabajo sobre el estado actual del derecho fundamental a la salud y la seguridad integral en el mundo laboral, la CUT sostiene que existe una deuda con este tema al cumplirse 20 años de la implementación del Sistema de Salud y Seguridad Social en Riesgos Laborales de Colombia, puesto que se creó con un criterio de negocio de aseguramiento realizado por el sector privado y un modelo de competencia regulada por el mercado de los seguros de vida y financieros, bajo la eliminación del monopolio del estado, que trajo como consecuencia una alta concentración del negocio, la administración y la prestación del servicio, es decir en las empresas de intermediación financiera, dueñas de las ARL privadas. Está concentración es del orden del 65.2% (5.828.422) del total de las afiliaciones cubiertos por nueve (9) ARL privadas de las diez (10) compañías existentes, siendo la ARL Positiva la única con capital público, ésta cuenta con tan solo 3'107.326 afiliados del total de 8.929.591, es decir solo el 34,8% se encontraban afiliados a la ARL pública a diciembre del 2014”. Las imágenes corresponden al Plantón desarrollado por los sindicatos de la salud el pasado 19 de agosto, frente al ministerio del ramo para exigir la cancelación de las deudas de las EPS con la red pública hospitalaria y por el derecho a la salud de los colombianos.

¿Qué pasa en la Unidad Nacional de Protección? En diversas ocasiones, las víctimas, los defensores de derechos humanos, los sindicalistas entre otras poblaciones, han sido perseguidos por los mismos que hoy manejan la inteligencia y sistemas para la interceptación. / 14

LA PUNTA DEL ICEBERG Carlinhos Brown en el Petronio Álvarez Al fin se cumplió el viejo anhelo de Germán Patiño, escuchar en el Petronio Álvarez al extraordinario percusionista, cantante y compositor, Carlinhos Brown, hijo del barrio Candeal, en la periferia de Salvador de Bahía. / 22

CRUCICUT

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Doris González, presidenta de Sindess, ejecutiva de la CUT nacional, responsable del departamento de Seguridad Social, dando declaraciónes durante el desarrollo del plantón.

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sindicales

Conflicto laboral en el Instituto Roosevelt Manuel Téllez G.

Vamos a continuar nuestra lucha porque es justa

Dpto. Relaciones Laborales CUT Bogotá Cundinamarca

No vamos a ceder a las presiones del Dr. Zapata y su equipo administrativo

as y los trabajadores del Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt, ubicado en Bogotá en la Carrera 4 Este #17-50 (Avenida Circunvalar), se organizaron sindicalmente desde marzo 2002, como respuesta al despido de 30 trabajadores con más de 15 años de servicio y desde esa fecha la administración de la clínica en cabeza del Dr. Jorge Ignacio Zapata Sánchez ha desatado una persecución sistemática contra los trabajadores que osaron fundar el sindicato. Gracias a la tenacidad de los despedidos y de quienes fundaron el sindicato, se logra por acciones jurídicas el reintegro de los trabajadores, hecho que no fue del agrado del Dr. Zapata. En julio del 2002 se presenta el pliego de peticiones y la primera reacción del Dr. Zapata fue despedir a 10 trabajadores más, con fuero sindical, que nuevamente son reintegrados; el resultado del pliego de peticiones fue un laudo arbitral que se profiere tres años después. Después de acciones de resistencia de los trabajadores contra la persecución sistemática del Dr. Zapata y su equipo administrativo, como la Dra. Natalia Romo, Coordinadora de Talento Humano, el Dr. Nelson Ulloa Ruiz, Jefe Administrativo y Financiero, apoyados por la Jefe de Enfermería Adriana Gómez y

Viva el justo pliego de peticiones de los trabajadores del Instituto Roosevelt a la comisión sindical y ante esa situación no fue posible acuerdo.

Yeimy Téllez Jefe de Enfermería de la UCI Pediátrica entre otras, hostigan permanentemente a los trabajadores para que renuncien al sindicato con prácticas que desdicen de la filosofía de la institución. Recientemente, el 30 de junio 2015 y después de un reagrupamiento de los trabajadores se presenta nuevamente el pliego de peticiones y la reacción ya conocida de la administración de la Clínica es de hostigamiento permanente, ofrecimiento de dádivas para atacar el sindicato, desprestigio de sus dirigentes y acoso laboral y sindical. En la etapa de arreglo directo en su comisión negociadora, que estuvo conformada por Natalia Romo, Nelson Ulloa Ruiz y Dina López (abogada externa), quienes en una forma desobligante maltrataron verbalmente

El pasado 21 de agosto Sintrairoos que es el sindicato de los trabajadores del Instituto convocaron la Asamblea para definir el rumbo del conflicto como lo establece la ley, y en una forma por demás desbordada de los cánones jurídicos en cabeza de la comisión negociadora del Instituto y por orientación de la Dra. Dina López realizan en forma fraudulenta una votación solamente con los trabajadores no sindicalizados a quienes amedrantaron para violentar el derecho del sindicato de decidir cómo se define el conflicto; esta supuesta votación ahí sí fue su-

pervisada por dos funcionarios del Ministerio del Trabajo, quienes en una forma “diligente” pretenden suplantar la autonomía del sindicato; mientras tanto desde el 2013 cursan en las oficinas de la Territorial Bogotá del Ministerio del Trabajo sendas denuncias por persecución sindical y atropellos a los trabajadores y al sindicato, que hasta la fecha no se pronuncian. Los anteriores hechos los estamos denunciando ante las autoridades correspondientes, a los funcionarios del Ministerio del Trabajo por el desbordamiento en sus funciones y a la administración de la Clínica por persecución sindical y laboral.

Comité Ejecutivo CUT Bogotá-Cundinamarca Alfonso Ahumada B. (Presidente), Luis Fernando Abadía (1a. Vicepresidencia), Bernardo Raúl López Martinez (2a. Vicepresidencia, responsable de Relaciones Internacionales), Carlos Ernesto Castañeda Ravelo (Secretario General), Nohora Bulla Gutiérrez (Departamento de Tesorería y Finanzas), Pedro Isidro Yepes López (Fiscalía), Miguel Ángel Delgado Rivera (Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas, Publicidad y Propaganda), Martha Pineda Guío (Departamento de Organización y Relaciones con Organizaciones Sociales), Jorge Enrique Laverde Herrera (Departamento de Educación, Formación, Capacitación, Investigación y Proyectos), Esperanza Lozano Atencio (Departamento de la Mujer, Derechos Humanos y Solidaridad), Celmira Herrera Urrea (Departamento de la Juventud y el Menor Trabajador, responsable de Asuntos de Salud y Seguridad), Manuel Ángel Téllez González Departamento de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva), María Victoria Forero Izquierdo (Departamento de Asuntos Relacionados con las Empresas Transnacionales y Responsabilidad Social Empresarial), Carlos Alberto Velásquez (Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente), Carlos Arturo Rico Godoy (Departamento de Asuntos Legislativos y Jurídicos).

Consejo Editorial Miguel Ángel Delgado Rivera (Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas, Publicidad y Propaganda), Carlos Ernesto Castañeda Ravelo (Secretario General) Nohora Bulla (Tesorera), Jorge E. Charry (asesor editorial).

Informe del sindicato sobre la negociación con el Instituto.

Avenida Caracas Nº 44-54 Of. 402 Teléfonos: 2455966 / Fax: 2 456432 Bogotá D.C. Colombia Email: cutbogotacun@yahoo.es / cutbogotacun@cut.org.co ISSN: 1900-0898 Diseño y diagramación: Éditer estrategias educativas, ctovarleon@gmail.com / 2329558. Caricaturas: Internet. Fotografías: Jorge Becerra, Dreamstime Manuel A. Mora y tomadas de Internet. Asistencia editorial: Yolanda Rodríguez / Diego Urrea Edición: 20.000 ejemplares. Tarifa postal reducida Ministerio de Comunicaciones. Las opiniones expresadas en los artículos son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

Nº 131, agosto de 2015

opinión sindical

LA CRISIS CONTINÚA EN LA... Negociación y contratación colectiva contratación colectiva los Decretos 089 y 160 del 2015, que a pesar de las experiencias negativas, algunos les siguen buscando lo “positivo”?

Alfonso Ahumada Barbosa Presidente CUT Bogotá Cundinamarca alfah26@yahoo.es

De otra parte, continúa el chantaje al pretender que la negociación del pliego esté sujeta a la “negociación” del contrapliego. Es más, según la ley los trabajadores están obligados a “resolver” las peticiones que el patrón presenta. El propósito central del contrapliego es quitar derechos. Cuando el patrón encuentra al directivo sindical débil, temeroso o de fácil cooptación, el retroceso convencional es evidente. En la mayoría de los casos, los contrapliegos han sido derrotados, a pesar de la correlación de fuerzas desfavorable. En el sector privado prevalecen los sindicatos minoritarios.

a crisis es inocultable, no solo por la acción del enemigo de clase –el capital–, sino por el ya incontrolable comportamiento de parte de directivos sindicales, que no cumplen su papel de orientadores, procurando la presencia y movilización de la base, hacia el mejoramiento de las condiciones de vida del trabajador, su familia y la propia organización sindical. Vivimos en constante retroceso. Las convenciones colectivas de trabajo ya no son las mismas de las que se tenían hace algunos años. Lo que queda de conquistas, es violado de manera permanente y, también en el caso estatal, el patrón no cumple lo acordado. Cabe recordar las negociaciones, cuando la dirigencia sindical se ufanaba de “grandes logros”. Mostraban acuerdos convencionales que superaban lo presupuestado. En la práctica, resultaban ser pérdidas irrecuperables. Por ejemplo, acordar beneficios solo para los trabajadores existentes en el momento, dejando por fuera a los nuevos. Se legitimó la discriminación entre antiguos y nuevos. Mezquina actitud, no solo por la desigualdad pactada entre patronos y directivos sindicales, sino lo que terminó siendo peor: colgarle la lápida a la organización sindical. El empresariado estuvo atento, no se resistió a dar las prebendas. Como siempre, se aprovechó la parte débil del trabajador y

“solucionaban” su necesidad económica del momento. El resultado no podía ser otro: El debilitamiento o desaparición del sindicato. Por otra parte, hoy se mantiene la imposición de los pactos colectivos, como la forma legal para impedir el ejercicio a la organización sindical. Se empeora la situación cuando directivos sindicales convocan seminarios, encuentros, cursos para analizar el “mal uso de los pactos colectivos”. ¿Acaso puede darse “buen uso” a semejante atropello? Cuáles han sido los resultados de tales eventos. La normatividad legal y sus últimas medidas han sido de retroceso. Creer que los empresarios y sus gobiernos nos van a resolver los problemas, es inconcebible. Acaso ¿No es un saboteo al ejercicio de la negociación y

Otra manera fácil e igualmente inconcebible, cuando los directivos sindicales deciden orientar a sus bases de no denunciar la convención colectiva de trabajo para no presentar el pliego y de esa manera no “correr el riesgo” de perder las conquistas convencionales. Craso error. Es hacerle el juego a la ignorancia político-sindical. Es debilitar, aún más la conciencia de clase del trabajador y, ahí sí, llevar a que la organización sindical desaparezca o quede reducida a su mínima expresión. Los representantes del gran capital no dan tregua. Avanzan, aplicando a plenitud, la combinación de todas sus formas de lucha. Desde las reformas de todo tipo para legalizar el atropello, desconocer el contrato directo a través de la tercerización, imponer los tribunales de arbitramento, entregar las prebendas o migajas que ofrece, hasta cometer los crímenes, abiertos o encubiertos.

Contrarrestar la agresividad del capital es posible. Reivindicamos los hechos positivos, propios de quienes ejercemos el trabajo sindical dentro de los postulados de la lucha de clases. No hay lugar a la conciliación de clases. Debemos continuar con una de las tareas más importantes: La educación política sindical de clase. No es fácil, porque continúan lastres históricos como el divisionismo, acomodamiento, burocratismo, conciliación y las acciones de corrupción que han dado al traste con las tareas orientadas a impulsar la movilización, como la forma de lucha más eficaz. Quienes estamos por la no conciliación y ejercemos nuestros principios de clase, nos mantenemos en la lucha por la defensa de las conquistas y ejercemos nuestros derechos. Gracias a ese contingente sindical, con dirigentes destacados por sus convicciones y trayectoria, el sindicalismo no desaparece, está vigente y presente en los diferentes espacios y cada vez nos presentamos en mejor forma, como movimiento sindical clasista. Nuestra función principal es defender y ejercer el derecho a la organización sindical y llevar a la práctica, de la mejor manera, el ejercicio del derecho a la negociación y la contratación colectiva. Donde se han dado las condiciones, la huelga ha sido herramienta fundamental. Debemos trabajar porque la CUT recupere los espacios perdidos, luchar por su recuperación, fortalecimiento y unidad, para que continúe siendo la más importante de Colombia. Con la CUT fortalecida y aplicando nuestro principio de solidaridad de clase, los resultados de nuestra lucha serán de avanzada.

A finales del siglo xix, estas obreras se levantaron y comenzaron hacer huelgas, marchas, manifestaciones en las calles y fueron reprimidas por la policía.

educación

Nº 131, agosto de 2015

Jornada única sí... ¡pero no así! Néstor Raúl Ramírez Moreno*

Docente-investigador vinculado al magisterio de Bogotá nestoramirezmo@yahoo.es

ara entender el problema que se ha generado frente a la jornada única es necesario, en primer lugar, tener absolutamente claro que la educación juega un papel vital, fundamental, para el desarrollo y el progreso del país, y para el mejoramiento de la calidad de vida de la población en general; y esto va más allá de la demagogia propia de los candidatos en campaña electoral y que olvidan inmediatamente son elegidos. La educación que el país necesita para salir del atraso y del subdesarrollo requiere de un presupuesto adecuado que permita implementar en todas las instituciones educativas la jornada única, es decir, más tiempo para la formación de las niñas, niños y jóvenes colombianos, pero no así como la está proponiendo el gobierno nacional desde el Ministerio de Educación. De igual manera, lo que se está desarrollando en Bogotá bajo el nombre de las 40X40, también está muy lejos de lo que realmente se necesita, por el contrario, está afectando negativamente a las instituciones educativas, fomentando el hacinamiento, perturbando la convivencia escolar, la salud mental de las maestras y maestros y pisoteando la autonomía escolar, los proyectos Educativos Institucionales, PEI, el gobierno escolar y la democracia. Entonces debe quedar también claro, en segundo lugar, que las maestras y maestros colombianos sí estamos de acuerdo con una jornada única, pero no así como la está proponiendo el gobierno nacional a través del MEN o como se está desarrollando en Bogotá. La jornada única que necesita el país requiere por lo menos de: •• C onstrucción de colegios, y no para ser entregados en concesión (asunto polémico que debe ser analizado y debatido profundamente de cara a la comunidad educativa). •• Mayor número de docentes, directivos docentes, orientadores, trabajadores administrativos y de servicios generales, vinculados en propiedad directamente por el Estado, garantizando su estabilidad laboral. •• Una propuesta curricular definida en el Proyecto Educativo Institucional, PEI, en el marco de la autonomía, el gobierno escolar y la democracia. •• Una asignación académica para las maestras y maestros, definida con criterios pedagógicos, que incluya los tiempos para la reflexión, el ejercicio del gobierno

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escolar y la democracia, y las múltiples actividades académicas o pedagógicas necesarias y pertinentes, diferentes a la clase. Menor número de estudiantes por curso. Más docentes en las diversas áreas en todos los niveles y modalidades educativas, especialmente en preescolar, primaria y para los niños con necesidades educativas especiales. Un incremento salarial digno, adicional al salario profesional que ya deberíamos tener todos los docentes y directivos docentes. El mejoramiento del bienestar estudiantil (comedores escolares, refrigerios, transporte escolar, campos e implementos deportivos, laboratorios adecuadamente dotados, entre otros). La plena gratuidad de la educación, lograda en Bogotá, que debe ser extendida a todo el país.

La nación colombiana debe saber que fue durante el gobierno del presidente liberal Carlos Lleras Restrepo que se acabó con la jornada única que existía en todo el país. Hasta 1966 las colombianas y colombianos estudiaron en jornadas de todo el día pero el gobierno en mención consideró que podía ampliar la cobertura (incorporar más estudiantes al sistema educativo) sin construir ningún colegio, simplemente reduciendo el tiempo de estudio y doblando el número de estudiantes por institución, unos por la mañana y otros por la tarde, desmejorando significativamente la calidad de la educación. Esta situación es muy similar a lo que hoy se pretende hacer desde el MEN y que ya se está desarrollando infortunadamente en Bogotá: ampliar el tiempo de permanencia de las niñas, niños y jóvenes en las instituciones educativas sin construir colegios. Queda claro con esto que quienes han dirigido el país, hasta nuestros días, no han entendido cuál es el papel que juega la educación en el desarrollo y progreso de las naciones, o, en una actitud apátrida (o

vende patria si se quiere) han obedecido sumisamente las imposiciones de los organismos financieros internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros, condicionando el sistema educativo colombiano, manteniendo al país en el lugar que le corresponde en el marco de la odiosa e inaceptable división internacional del trabajo, como proveedor de materias primas sin procesar, con destino a los países industrializados. En otras palabras, políticas educativas impuestas por el capital financiero globalizado cuyo objetivo es el de orientar el sistema educativo hacia una alfabetización funcional apropiada al modelo de globalización neoliberal considerando que la formación científica y tecnológica de alto nivel, y para lo cual se necesita de más tiempo para la educación (jornada única), más colegios, más docentes, más presupuesto, no es necesaria en nuestro país por ser atrasado y dependiente. La jornada única se ha convertido en un tema de campaña electoral y por tal razón llama-

mos a las candidatas y candidatos de izquierda o centro izquierda, en particular a quienes aspiran a la Alcaldía de Bogotá, a presentar con claridad su propuesta al respecto, a discutirla con la comunidad educativa (padres de familia, estudiantes y profesores) y en el mejor de los casos, construirla colectivamente con el magisterio bogotano. Bogotá tiene importantes recursos para avanzar en esa dirección y el peso suficiente en el contexto nacional para liderar un debate público frente al gobierno nacional sobre este trascendental tema, que incluye asuntos como la construcción de colegios, y no para ser entregados en concesión; el necesario aumento de las plantas de personal, en propiedad; la discusión sobre la política laboral; y por supuesto una posición, esperamos que progresista, en materia de dignificación de la profesión docente y política salarial. * Integrante del equipo de dirección de la Escuela de Formación Sindical de la Asociación Distrital de Educadores ADE. Secretario del Comité Sindical de la ADE en la localidad 4ª. de San Cristóbal.

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informales

Los vendedores ambulantes la tenemos “clara” y le dé futuro a los trabajadores informales de la venta ambulante es necesario tener en cuenta los siguientes puntos:

Pedro Luis Ramírez Presidente Nacional de Ugti

1. Realización del censo. 2. Modificación de la junta directiva del Ipes. Donde la representación de las poblaciones sea por voto universal y directo y se incluyan las instituciones que son responsables como Dadep.

Alfredo Manchola Rojas Fiscal Nacional de Ugti Miembros del Comité Distrital de Vendedores Ambulantes de Bogotá. La generación, administración, utilización, mantenimiento, recuperación, conservación y protección del espacio público físico es un aspecto clave en la calidad de vida de los habitantes de una ciudad y, por tanto, de la gobernabilidad de ésta. La regulación de su aprovechamiento económico es, en esa lógica, una cuestión nuclear, no solo de cara a lograr un espacio público físico accesible y cualificado, sino también en lo que hace referencia a la reducción de la pobreza y la desigualdad desde la perspectiva del desarrollo humano y el derecho a la ciudad. Espacio público y derecho a la ciudad: la política del espacio público físico y la venta informal en Bogotá. Clara López Obregón, 2008

uestra hoy candidata a la alcaldía de la ciudad, señaló en su presentación del texto arriba citado, los componentes de la política pública que armonice el uso democrático del espacio público, en lo que tiene que ver con la actividad de la venta ambulante, acogiendo las sentencias de la Corte Constitucional. Reconociendo los pasos dados en la dirección correcta por la administración de Luis E. Garzón y señalando la necesidad de construir sobre lo construido, con la creación del Comité Distrital de Vendedores Ambulantes como soporte de la participación ciudadana y la orientación de recursos en la formulación de alternativas nos enfatiza: Es preciso subrayar en ese sentido la necesidad de sostener, y no entorpecer, la viabilidad técnica, jurídica y política del esfuerzo contenido en la política pública en esta materia en Bogotá, de vincular democracia participativa y lucha contra la pobreza en el tratamiento de poblaciones vulnerables específicas como los vendedores informales en el espacio público físico. Estas consideraciones deben constituir un impulso y una base teórica y práctica para que, mediante el ejercicio democrático de la participación ciudadana y la concreción del Estado Social de Derecho, se diseñen, formulen e implementen instrumentos normativos de aplicación nacional.

Nuestro tema no solo lo han entorpecido, sino que le han restando de consistencia y significación en la aplicación del “esfuerzo contenido en política pública” que requiere y de esto es muestra la rotación de los directores en el Ipes en la actual administración,

3. Presupuesto participativo del Ipes. 4. Modificación del modelo de intervención del instituto que implique a los comités locales y distrital.

el modelo de intervención por parte del Ipes que asume como incapaces e infantiliza a los vendedores ambulantes, la modificación de la junta directiva del instituto que de forma equivocada suprimió la participación al Dadep y redujo la representación del sector en la administración anterior, el desconocimiento al papel de los comités locales y distrital y las intromisiones que ya sea por cooptación o abierta descalificación y persecución a quienes defienden su autonomía. De nuestra parte, quienes hemos sido los fundadores, promotores y defensores de la creación de un robusto y representativo escenario de participación y concertación en la aplicación de la política pública como lo son los comités locales y distrital hemos enfrentado escollos e intromisiones

que de forma irresponsable, maniquea y oportunista adelanta la actual dirección del Ipes en cabeza de Camilo Gómez, con el propósito de que sean las “minorías” quienes los gobiernen y por esto han incluido en su propuesta de “reglamento”, que las planchas que se presenten a las elecciones de los mismos sean unipersonales y que el censo este conformado solo por “vendedores vulnerables” actualmente registrados en el registro individual de vendedores informales. Para construir sobre lo construido y enderezar la política pública hacia los contenidos sociales y de participación de una auténtica e incidente acción del proceso mancomunado entre el Estado local y la organización social que supere el conflicto en el espacio público

5. Reglamentación del Decreto 456 con el objetivo de crear la red de comercialización de bienes y servicios al peatón con los comités locales y distrital de soporte participativo y apoyo a la forma cooperativa y colectiva de operación de la misma en lo logístico y comercial, con arreglo a los criterios de fortalecimiento de la economía popular. 6. La reglamentación de los comités se hará de forma autónoma. Estamos seguros que con base en estas propuestas se podrá reorientar la aplicación de la política pública y la acción del ente operador de la misma que es el Ipes, así como se le dará el lugar y papel a los comités locales y distrital que les corresponde, para que superando los obstáculos a la participación incidente de los mismos se supere el asistencialismo y clientelismo, prácticas que han desvirtuado una autentica política social por parte actual dirección del instituto dirigido por Camilo Gómez.

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sindicales

Forzando con voluntad el cambio Carlos Velásquez Directos Depto. de Recursos Naturales y Medio Ambiente

emostrando que con voluntad, unidad y fortaleza podemos avanzar, Sintrateléfonos y Sintratadeo triunfan en el logro de derechos fundamentales, democracia y negociación colectiva. El pasado mes de julio, uno de los sindicatos emblemáticos de Bogotá, Sintrateléfonos, organización sindical de base de nuestra ETB, realizó con total éxito las elecciones que en una asamblea sus afiliados exigieron fuesen adelantadas. 1.542 personas de 1.867 afiliados sufragaron y eligieron su nueva junta directiva de la cual el 40% son directivos nuevos y el 100% de la comisión de reclamos cambió. Al consultar al presidente recién nombrado, William Sierra, sobre el proceso y la postura de la actual junta respondió: “fue democrático (...) la gente pedía el cambio y se dio (...) el objetivo de esta junta es construir de una manera conjunta y no amañada. Se me nombra como presidente (...) unidad para construcción”; son apartes de la entrevista realizada al compañero en la que se resalta la voluntad de un plan de trabajo en equipo involucrando a las bases de afiliados a Sintrateléfonos. Al preguntar al compañero William Sierra sobre ese cambio de junta donde el 60% de los directivos viene de periodos pasados respondió: “no nos basemos en las personas sino en trabajar como un cuerpo colegiado, como debe ser con las ideas de cada uno (...) esto no es una organización de personas –individualismos–, es una organización que se llama Sintrateléfonos –prima la colectividad–”. Sintratadeo, sindicato de trabajadores de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, firmó acta de acuerdo el pasado 6 de agosto. Una negociación que se vio enmarcada por dificultades implementadas por parte de la administración de turno y los abogados asesores contratados para arrebatar los logros históricos de los trabajadores. En conversación con el actual presidente de Sintratadeo, el compañero Carlos Acuña, nos comenta sobre esta experiencia: “esta administración puso a prueba la fortaleza de la organización sindical (...) de 29 negociaciones antes de esta, siempre se había arreglado en la etapa directa (...) la intención era desmejorar todos los beneficios en un 30% de todos los logros de 59 años de historia”;

el presidente hace énfasis en lo enriquecedor de este proceso, pues en la historia de esta organización nunca se había realizado una movilización y en esta ocasión por iniciativa de sus bases y con participación de trabajadores, estudiantes, docentes, otros sindicatos y la CUT regional Bogotá-Cundinamarca se realizó, además de un mitin. Estas acciones dieron como resultado la visibilización de las dificultades de la parte laboral y lograron generar la presión política para un acuerdo. Al exponer los logros en la asamblea, los afiliados, satisfechos con el trabajo desarrollado por la comisión negociadora, reafirmaron que con la unidad de acción es que se vencen retos que parecen insalvables. Le preguntamos al compañero Carlos Acuña cómo le pareció el acompañamiento de la CUT y esto respondió: “fue fundamental, porque nos dio la fortaleza y el conocimiento necesario para poder sobrellevar este proceso que duró prácticamente 10 meses (...) y la preparación del pliego que duró más o menos un año”. En la actualidad a crecido la base de afiliados de la organización a pesar de las prácticas antisindicales por parte de la administración de turno. Con los dos ejemplos anteriores hacemos notar cómo es indispensable la unidad de acción de la junta directiva y su articulación en todos los procesos con la base de afiliados. Es imprescindible informar de forma veraz y oportuna continuamente los procesos, el accionar y las políticas emanadas del consenso de la junta.

CAL

CENTRO DE ATENCIÓN LABORAL Carrera 21 Nº 41-61 Barrio La Soledad Tel.: 2878135 Email: c.a.l.bogota@gmail.com

Asesoría laboral gratuita Para la defensa y exigencia de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en los siguientes temas: � Acciones de tutela � Liquidación de prestaciones sociales � Acciones contra la intermediación laboral

(cooperativas, empresas temporales, SAS, entre otras) � Sistema General de Seguridad Social: salud, pensiones, riesgos laborales � Trabajadores discapacitados y/o enfermos � Mujeres embarazadas y/o lactancia: estabilidad laboral reforzada � Acoso laboral � Reintegros � Indemnizaciones � Derechos de petición � Derchos colectivos y sindicales Horario de atención: (Cita previa) Lunes a viernes

9:00 a.m. a 1:00 p.m. y 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

Agradecemos a los compañeros que permitieron llevarles estas experiencias que nos hacen volver a pensar que: otro sindicalismo es posible.

Con el apoyo de:

Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro.

Financiado por:

USDOL

Nº 131, agosto de 2015

mundo solidario

Más de 725.000 millones de pesos aportan cooperativas a la educación en Colombia

as cooperativas mediante el Decreto 2880 de 2004 y por el carácter de su tributación especial, destinan un 20% de sus excedentes anuales a inversiones en programas de educación formal del Gobierno Nacional. En la última década, las 4.088 cooperativas del país han destinado más de 725.000 millones de pesos para los programas de educación básica, media y superior, con los que se han beneficiado aproximadamente 1.500.000 de estudiantes cada año. El momento de poder dar una educación a los menores de la casa, es un reto muy grande para las familias, sobre todo para las de estrato 1, 2 y 3. Las cooperativas juegan un papel fundamental aquí pues son un agente social que se mantiene a la sombra pero que ofrece muchas facilidades para dar mayor cobertura educativa a las personas de escasos recursos y que así puedan acceder a la educación formal. Esta aportación de las cooperativas tiene diferentes líneas de inversión. 475.000 millones de pesos se destinan a proyectos de las secretaría de educación del país, repartidos entre educación básica y media, 397.000 mi-

llones de pesos, y educación superior, más de 78.000 millones de pesos. Con este dinero se pueden hacer frente a gastos de alimentación, vestuario y útiles escolares, transporte, construcción y reparación de aulas, financiación de la canasta educativa, entre otros. Por otro lado, los 250.000 millones de pesos restantes, van para el acuerdo que tiene el sector cooperativo con Icetex y su colaboración en la educación. Este programa se llama “Solidarios con la educación, un beneficio para todos”. Con este programa se busca aumentar la cobertura educativa en educación básica, media y superior. En educación básica y media se podría brindar la oportunidad a cerca de 35.000 personas de escasos recursos para que ingresen al sistema educativo por año. Y en educación superior buscan posibilitar la permanencia en las aulas a lo largo del ciclo educativo y mejorar sus procesos de aprendizaje; de tal manera que puedan desarrollar las capacidades necesarias para contribuir a la construcción de un país mejor y a enfrentar las exigencias del mundo contemporáneo. Tasa de interés más baja del mercado para educación superior Otra de las ventajas que ofrece el sector cooperativo a la educación y en especial a la educación superior es la tasa de interés a

la hora de acceder a un crédito universitario, siendo la más baja del mercado, frente a Icetex y a la banca privada. Si perteneces a una cooperativa podrás encontrar que la media de tasa de interés anual se encuentra en un 9,7% fijo y que se mantiene durante toda la vida del crédito, frente al 13,66% de Icetex, que varía según la situación financiera de cada persona, y la tasa bancaria que oscila entre el 16,77% la más baja y el 29, 06% la más alta, variando cada semestre el tipo de interés. El cooperativismo ha estado íntimamente ligado al tema de la educación, de hecho uno de los grupos poblacionales más activo en él son los maestros. Las cooperativas de educadores sin duda tienen un lugar importante en el cooperativismo financiero. “Esta relación es muy importante porque la educación es un tema transversal para el sector cooperativo y así como nosotros apoyamos a la educación, esperamos que el Estado apoye al cooperativismo en todos los niveles de ésta de los colombianos, que para el gremio resulta relevante en un entorno de país como el nuestro” afirma Carlos Acero, presidente de Confecoop, Confederación de Cooperativas de Colombia. El tema de la educación en el país fue uno de los temas principales en la XIV Congreso

Nacional Cooperativo que tuvo lugar entre el 5 y el 6 de agosto en la ciudad de Cartagena. Este año en el Congreso se trabajó la cohesión del movimiento cooperativo en torno al concepto “Las cooperativas tomamos la palabra. Líneas de acción 2015-2020”. “Vivimos un momento de convergencia y entusiasmo cooperativista para proyectar nuestro modelo, exigir reconocimiento por parte del Estado y consolidarnos como alternativa económica y social en un país que avanza hacia la paz y hace conciencia de la desigualdad y de la necesidad de encontrar caminos de equidad como el cooperativismo” declaró Carlos Acero, presidente de Confecoop. Existen buenas experiencias, fortalezas económicas y de tejido social en las diferentes regiones, iniciativas y caminos de desarrollo económico-social y cultural que indican un cambio en la sociedad colombiana y en el gobierno. De esta forma, del Congreso cooperativo salarieron las directrices para un modelo de desarrollo con equidad para la paz cuyos ejes estratégicos han sido definidos a partir de las realidades cooperativas de Colombia y de las experiencias de otros países, buscando coherencia y convergencia para la movilización, la incidencia y el aporte de estas al desarrollo social del país.

Jul. 2015

Boletín de prensa Confecoop

sindicales

Nº 131, agosto de 2015

De nuevo andando por los caminos de lucha, movilización y victoria Carlos Bustos Patiño Coordinador IndustriAll Colombia

n los últimos años hemos llegado a los niveles más bajos en la negociación colectiva, la mayoría de los sindicatos han preferido prorrogar sus convenciones, antes que perder por los contrapliegos las reivindicaciones logradas a través de arduas luchas en el pasado, y en otros casos han tenido que flexibilizar sus convenciones colectivas para poder incorporar a nuevos trabajadores que se han quedado por fuera de los beneficios que “disfrutan los antiguos”. Por otra parte hemos visto cómo crecen los falsos sindicatos que en comunidad con las empresas firman acuerdos sobre la base de mantener una absoluta paz laboral que impide la voz de protesta, la movilización y los avances reivindicativos que son la naturaleza misma de los sindicatos, en el reclamo de mejores condiciones de vida y de trabajo, banderas que nos enseñaron a levantar nuestros antepasados sindicales y lo que nos ha permitido gozar de unas medianas condiciones dignas en el trabajo. Desde los años 80 hemos visto cómo el contrato laboral se ha tergiversado, apareciendo un tercero que nos contrata para suministrarnos al patrón al que vamos a prestar nuestros servicios, y se reproducen diferentes formas de contratación laboral, todas como mecanismos para desviar la responsabilidad del contrato de trabajo, que es el que permite al trabajador saber quién es el que se lucra directamente de su trabajo, saber de aquel que salva responsabilidades directas delegándolas a quienes se apropian de otra parte de nuestra plusvalía.

nes colectivas y la recuperación del derecho a la huelga. Algunos dirigentes son críticos a estas afiliaciones porque las consideran como una convalidación a la tercerización, pero lo que buscamos es garantizar un escenario de lucha, que permita a estos trabajadores lograr el respeto a su dignidad, con mejores condiciones de vida y de trabajo. El primer paso se da a través de la convención colectiva de trabajo en la que mediante una cláusula se establece la responsabilidad social de la empresa “madre” que garantiza que sus empresas contratistas, que le merecen subordinación a través del contrato que firman, tienen que respetar las leyes colombianas, entre estas las del libre derecho de asociación, negociación colectiva y huelga.

Es esta una realidad que estamos afrontando con acciones admirables como las que han hecho Sintracarbón en el Cerrejón, la USO en Ecopetrol y que ahora se apresta a afrontar Sintraelecol en Codensa y Emgesa.

Los trabajadores tercerizados deben masivamente afiliarse a los sindicatos, que deben ser de industria, y con una buena correlación de fuerzas que permita la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, con convenciones colectivas de trabajo firmadas con las contratistas, de ahí debemos avanzar a convenciones colectivas marco que rijan los destinos de todos trabajadores y trabajadoras tercerizados, hasta lograr que estos tengan las mismas condiciones de los trabajadores y trabajadoras directos, esta es una lucha mancomunada que debemos entender y en la que todos nos debemos involucrar, los avances que al respecto han tenido Sintracarbón y la USO, son admirables, lo pudimos comprobar en el reciente seminario de combate a la tercerización realizado el 28 y 29 de julio en Bogotá, en el que se analizaron las experiencias exitosas al respecto.

Afiliar a los trabajadores tercerizados es un paso hacia la recuperación de las áreas misionales de las empresas, para lograr la contratación directa, con el beneficio de la negociación colectiva, la firma de convencio-

Sintraelecol es la organización de primer grado y de industria que afilia a los trabajadores de las principales empresas eléctricas del país, entre estas, Enel multinacional italiana y Gas Natural Fenosa multinacional espa-

Hemos visto también cómo las empresas no han vuelto a contratar directamente, de tal manera que hay más trabajadores de otras compañías laborando hombro a hombro con nosotros, cada vez son menos nuestros compañeros porque se están yendo pensionados, despedidos o han “renunciado con arreglos voluntarios”, hasta tener en muchas empresas (según estudio de la ENS a las 20 más grandes) el 4 a 1, por cada cuatro trabajadores tercerizados, uno directo.

ñola, en estas, como en otras empresas, la tercerización hace parte de una estrategia antisindical que debemos combatir. Durante varios meses, con el apoyo de la ENS e IndustriALL los dirigentes de Sintraelecol prepararon un pliego de peticiones que presentaron a Enel (Codensa y Emgesa) en Bogotá y Cundinamarca, lo mismo que a la EEB (Empresa de Energía de Bogotá), sin escatimar detalles en esta estrategia involucraron a todos los trabajadores en los diferentes centros de trabajo de producción, comercialización y transporte de energía y con el compromiso y el respaldo de todos, se presentaron los pliegos, se negociaron y se firmaron las convenciones colectivas, con avances importantes que derrotan la flexibilización de las convenciones que solo se aplicaban a un grupo pequeño de trabajadores en materia de primas extralegales de junio, diciembre y de vacaciones

y, lo más importante, se logró el compromiso de la multinacional para que las contratistas respeten las leyes y el libre derecho de asociación. Esta cláusula está respaldada por el acuerdo global que a nivel del mundo firmó la IndustriALL con Enel y cuyo énfasis se hace en la afiliación sindical y el respeto al libre derecho de asociación, negociación colectiva y la huelga, varias fueron las acciones que permitieron la movilización de los trabajadores con la toma de las oficinas principales de las empresas, después de recorrer largos trayectos en las calles de Bogotá. Felicitaciones a Sintraelecol porque sus avances son para el fortalecimiento del sector de los trabajadores minero-energéticos, que en el cercano futuro contarán con una sola organización con poder de interlocución y negociación colectiva, ante multinacionales, empresarios colombianos y Gobierno. ¡La lucha continúa!

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opinión

Conflicto y reconciliación en el mundo del trabajo de los trabajadores, las empresas y las personas.

Carlos Julio Díaz Lotero

La superación del conflicto armado que se negocia en La Habana puede ayudar a configurar un ambiente democrático en el que se puedan reclamar derechos sin ningún temor. Pero el movimiento sindical de igual manera de proponer una agenda que dignifique las relaciones laborales del país, que incluya una propuesta de política pública de reparación colectiva del sindicalismo, uno de los movimientos sociales más golpeados por la violencia y la intolerancia propios de nuestra realidad.

Director ENS

apital y trabajo son los factores que conjuntamente producen valor económico en la sociedad. Empresarios y trabajadores tienen intereses diferentes que son causa de conflictos, tanto en lo micro de las unidades económicas como de lo macrosocial. Pero de igual manera tienen intereses y propósitos comunes que pueden ayudar a resolver esos conflictos. Los trabajadores tienen como propósito mejorar sus condiciones de empleo y de trabajo, mientras que los empresarios buscan ganar dinero y aumentar el capital de sus negocios. Estos intereses encontrados son fuente de conflictos, y en no pocas ocasiones escalan a confrontaciones ideológicas y económicas que deterioran al máximo las relaciones laborales y el clima de las organizaciones. El conflicto no debe asustarnos, pues hace parte de la convivencia humana. Donde hay personas hay diferencias, y donde hay diferencias hay conflictos. El conflicto en sí mismo no es bueno ni malo, el problema es cómo lo tramitamos y resolvemos. Si el camino para resolver conflictos es la represión y la violencia, la sociedad y las organizaciones corren el riesgo de ser inviables. Si el camino es el diálogo para buscar acuerdos, aumentamos la cohesión y viabilidad de las empresas y la sociedad. La paz no es la ausencia de conflictos, sino el tramite civilista de los mismos. La cooperación para aumentar la rentabilidad y competitividad de las empresas ayuda a crear un entorno marco que permite satisfacer las necesidades de las partes. Una empresa en la que las relaciones administración-sindicato se basan en la confianza, el respeto, la transparencia, la autonomía, la participación, la consulta, la información compartida, el diálogo social y los acuerdos, es más ágil ante cambios tecnológicos o condiciones en el mercado. Una empresa competitiva y rentable tiene más capacidad con respecto a su sistema de compensación y las condiciones de trabajo. Las relaciones laborales colectivas tienen elementos competitivos y cooperativos, y como son de largo plazo exigen para su adecuado trámite de principios y valores, como los señalados, para construir un ciclo virtuoso permanente de conflictos, solución de los mismos y reconciliación. Debemos reconocer el carácter irreductible de los conflictos laborales para que estos

El sector empresarial debe hacer sus aportes, promoviendo una cultura de respeto a la legalidad laboral en su gremio, de tributación

no se estigmaticen y, por el contrario, sean constructivos, aportando a la democracia económica y social. Los sindicatos son instituciones que aportan al proceso redistributivo de la riqueza que se crea en las empresas y como tal ayudan a la arquitectura de sociedades más igualitarias. La evidencia empírica muestra que donde hay mayor densidad sindical y cobertura de la negociación colectiva, las sociedades son más equitativas y pacíficas. La causa de que nuestro país sea uno de los más desiguales y violentos del mundo es la dificultad que tenemos para tramitar las diferencias mediante el diálogo en el mundo laboral y en la sociedad. Los convenios laborales son marginales porque el diálogo social para resolver los conflictos en el mundo del trabajo también lo es. ¿Y por qué en nuestro país el diálogo social es aún marginal en el trámite de los conflictos? Porque los trabajadores organizados en sindicatos representan menos del 5% de la población ocupada. Como lo dice la OIT, el diálogo social exige la existencia de sindicatos fuertes y autónomos. Para construir una cultura de diálogo útil y eficaz para la solución democrática de los conflictos en las empresas y la sociedad colombiana, se debe: 1. Construir un ambiente político que facilite el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones sindicales, donde desaparezca el temor a ser sindicalista. 2. Elaborar un diseño institucional balanceado del diálogo social entre los niveles nacional, sectorial y local. 3. Tener una cultura de apoyo técnico y en la investigación para la negociación. 4. Superar el método de negociación basado en posiciones, por uno que parta de las necesidades e intereses reales

justa, de responsabilidad social con el país, y de respeto a las libertades sindicales. El sindicalismo por su parte debe revisar su estructura fragmentada para promover un crecimiento en estructuras centralizadas y una cultura democrática en sus procesos internos; debe innovar sus estrategias y acercar sus propuestas y discursos a las nuevas generaciones y categorías de trabajadores, así como a las nuevas formas organizativas del trabajo. La lucha sindical debe articular la acción reivindicativa con la política, y los dirigentes además de ser referentes éticos, deben entender y ayudar a resolver los problemas en los lugares de trabajo como los procesos macro sociales y políticos.

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opinión

¿Por qué hay tanto uribista? Óscar Murillo Ramírez Historiador, Universidad Nacional de Colombia. Magister en Ciencia Política, Flacso-Ecuador

l anónimo niño toma una vara de madera. A la ribera del río, escribe sobre la arena húmeda el nombre de Hermelinda. Ella, con siete meses de embarazo, se acerca y ve lo allí escrito. Ha hecho una larga travesía junto a Rosana, su suegra, en búsqueda de alguien que pueda leer la carta que su esposo le ha enviado y que no puede leer debido a su analfabetismo y a que el viejo cartero en su burra se ha marchado una vez entregada esta. –Así se escribe su nombre, sonrío el niño: Hermelinda. La cámara se eleva y toma un plano general de las montañas del suroccidente del país. Con los paisajes del Huila al fondo finaliza Dos mujeres y una vaca, una de las películas colombianas presentadas en el pasado festival de cine independiente Indiebo. En tanto pasan los créditos y el proyector de la Cinemateca Distrital se oscurece poco a poco hasta apagar, el público de manera espontánea aplaude; un señor, ya mayor él, en el espacio para el conversatorio elogia el filme y solamente pregunta –o se pregunta así mismo, quizás– “¿por qué hay tanto uribista?”. Este suceso, a primera vista anecdótico, me permitió recordar las reflexiones de Hannah Arendt a propósito de la relación entre comprensión y política. Parafraseando sus ideas, la comprensión es un complejo proceso que incluye conocimiento y sentido común –el menos común de los sentidos y cada vez más perdido en nuestros tiempos–, puesto en juego con el fin de reconciliar al ser humano “(…) con el mundo en que ha nacido extranjero y en cuyo seno permanece siempre extraño”. En su contexto, Arendt no pretendía extender un paz y salvo al totalitarismo alemán y soviético. Su objetivo, nada simple, era explicar justamente por qué cosas así fueron posibles. Dos mujeres y una vaca, dirigida por Efraín Bahamón Peña, no es una película sobre la violencia en Colombia, pero tampoco puede eludirla. Entre sus hitos de inspiración se encuentra la masacre del El Salado en el sur de Bolívar, el desplazamiento, y la coexistencia entre militares y mafias en las regiones. Sus escenas, secuencias, planos, pueden generar de manera válida una pregunta que, aunque expresada con cierto tono de indignación, tiene sentido si consideramos que este es un fenómeno político real en la historia reciente del país, justo en el mismo periodo en el que la violencia política aumentó con el saldo trágico de víctimas que a diario produce el conflicto armado.

–Papá, explícame, ¿para qué sirve la historia?, preguntó Etienne cuando aún era niño. Marc Bloch, ante la pregunta de su hijo, dedicó gran parte de sus esfuerzos a responder por el papel de la historia como ejercicio permanente de imaginación e inteligencia. En un contexto de violencias como el nuestro, las ciencias sociales tienen el deber ético de contribuir a la comprensión de fenómenos sociales que aunque nos parezcan inaceptables son posibles. Corresponde, en consecuencia, explicar estos hechos antes que juzgar según un filtro de valores morales o políticos, La violencia política en Colombia es el efecto complejo de un proceso histórico que produjo la inhabilidad de las élites para construir un sentido de comunidad política abstracta con capacidad de agregación. Ello tuvo como consecuencia la existencia débil de una identidad nacional que sólo logró desarrollarse tardíamente a finales del siglo XIX e inicios del XX. Las identidades políticas se definieron, entonces, en función del partido liberal y conservador, quienes dirimieron por la vía violenta sus disputas ante la ausencia de reglas compartidas. A este proceso se sumó un modelo de exclusión política. Conflictos rurales ejercidos por un campesinado movilizado en la década del veinte, y la posibilidad de una reforma agraria bajo el gobierno liberal de 1934-1938, fueron algunos factores históricos que impulsaron a las élites a constituir como respuesta un conjunto de reglas formales e informales con el objetivo de expulsar de la vida pública a un sector de la población. Procesos históricos estos que se complementaron con la presencia de terceras fuerzas políticas que, basadas en sus construcciones ideológicas y en el efectivo cierre del espacio público, emprendieron la lucha armada. En principio como mecanismo de resistencia ante la violencia bipartidista –mediante la autodefensa campesina–; posteriormente a través de la guerrilla constituida en el marco de una guerra irregular que buscó la toma del poder.

¡Es cierto! Efectivamente, existen muchos uribistas. Y es que comprender la guerra irregular más prolongada del continente no significa, de ninguna manera, su justificación. La violencia política es, a manera de paradoja, causa y efecto en un largo proceso histórico. La confrontación armada es producto de una democracia restringida, que fue incapaz de efectuar una reforma agraria que otorgara ciudadanía política al campesinado, y que surgió a la sombra de la violencia sectaria entre los dos partidos tradicionales.

La violencia política aumentó de manera considerable hacia finales de la década de los noventa, en medio de unas negociaciones de paz que cayeron en el descredito público. Lo anterior fue percibido como una incapacidad de la política organizada para contener la creciente violencia y atender otras demandas sociales reales. Este contexto fue propicio para el surgimiento de liderazgos autoritarios que ascendieron al lomo de la crisis de la política tradicional que fue considerada parte del problema.

Pero también fue efecto. Una vez surgida la violencia política, esta fue una contención más para la ampliación democrática. Con todas sus limitaciones, el régimen político colombiano superó los intentos de gobierno de facto, tuvo periodos ejecutivo y legislativo que iniciaron y concluyeron según lo establecido, extendió el sufragio, y permitió la elección de autoridades locales. En el corolario de ese proceso, producto de una negociación con un sector de la insurgencia, se creó un nuevo marco constitucional más garantista en derechos.

Finalizar la guerra irregular –que es diferente a alcanzar la paz como proceso histórico– será justamente el cierre de esta brecha entre quienes consideran que la solución se encuentra en el exterminio de la guerrilla y canalizaron su descontento en liderazgos generadores de mayor violencia, y quienes demandan una sociedad capaz de permitirle tener una vaca, tierra para cultivar, y una oportunidad para ser capaz de leer, por sí misma, las cartas que recibe.

En defensa del justo pliego de peticiones Junta Directiva Sintraincapla Seccional Cali

osotros, los trabajadores al servicio de la empresa Goodyear de Colombia S.A. nos dirigimos a la opinión pública, con el fin de dar a conocer la lucha que mantenemos frente a esta trasnacional productora de llantas y el conflicto laboral que lidera Sintraincapla seccional Cali en representación de sus 191 trabajadores con vínculo laboral directo y más de 50 trabajadores temporales, quienes aportamos nuestra mano de obra en la elaboración de un producto de seguridad para los vehículos, con los más altos estándares de calidad. La marca Goodyear se consolida a través de sus más de 34 plantas en todo el mundo, dentro de la cual Goodyear de Colombia S.A. genera utilidades operacionales de alrededor de $321.047.785.000. Sintraincapla seccional Cali, da el campanazo de alerta a las demás organizaciones sociales, sindicales y anuncia que estamos próximos a dar inicio al conflicto laboral que trae la negociación de nuestro justo pliego de peticiones, dentro del cual tenemos consignadas nuestras aspiraciones a mejorar la calidad de vida de nuestras familias, como también unas reales garantía laborales colectivas, e igualdad social para nosotros los obreros.

Es muy conocido que Goodyear de Colombia S.A. a través de sus representantes: gerente general John Torres Tovar, su gerente de Recursos Humanos Ma. del Pilar Ramos Montoya, gerente de Manufactura Raúl Pinto y su coordinadora de Relaciones Laborales Juliana Arenas Cardona, encarnan dentro de este proceso la negación a la atención al petitorio que presentamos los trabajadores y dilatan constantemente la discusión en mesa del pliego, fijando una posición desafiante en la prolongación de los tiempos de negociación de ley, afianzando su estrategia de intimidación, basada en los múltiples cierres de empresas en la región, ya que para ellos se torna muy fácil por la poca presión del Estado en defensa del empleo. Solicitamos a las demás organizaciones sindicales y sociales manifestar su respaldo moral y apoyo solidario a nuestro conflicto, enviando documentos de rechazo a los correos electrónicos: •• Gerente General John Torres Tovar: john_torres@goodyear.com •• Gerente de Recursos Humanos María del Pilar Ramos: pilar_ramos@goodyear. com •• Coordinadora Relaciones Laborales Juliana Arenas Cardona: juliana_arenas@goodyear.com •• Enviar documentos de apoyo a los trabajadores a: sintraincapla@sintraincapla. com / sintraincapla.cali@gmail.com

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opinión sindical

El 80 % de la población económicamente activa gana menos de dos salarios mínimos

Precario panorama laboral en Colombia Fabio Arias Giraldo

La huelga ha venido teniendo profundos reveces jurídicos tanto en la OIT, como en las Altas Cortes de nuestro país. Sus decisiones la restringen y la limitan cada vez más, al considerar casi todas las actividades como servicios públicos esenciales, declarando ilegales a la mayoría de las huelgas.

Secretario General de la CUT

l 68 % de los más de 22 millones de colombianos que trabajan no tiene plena seguridad social; es decir, no están afiliados a salud, pensiones, riesgos laborales, caja de compensación o fondo de cesantías. Más de dos millones no tienen empleo. Casi la mitad de los trabajadores que no cuentan son seguridad social integral se encuentran bajo formas de contratación deslaboralizada, tales como OPS, cooperativas de trabajo asociado, fundaciones, prestación de servicios, SAS, contratos sindicales, entre muchas. El 80% de la población económicamente activa (PEA) gana menos de dos salarios mínimos legales vigentes; es una población trabajadora que no alcanza a comprar con su salario la canasta básica familiar. El 50 % de los trabajadores gana menos de un salario mínimo. La sindicalización hoy es menor del 5 % y la negociación colectiva, a pesar de la realizada en el sector público, lograda después de una lucha de décadas de los sindicatos estatales, no cobija al total de los afiliados. El derecho humano a sindicalizarse, a negociar colectivamente y a ir a la huelga son letra esplendorosa en la Constitución, pero en la práctica muy pocos se benefician y las restricciones son múltiples. La huelga ha venido teniendo profundos reveces jurídicos tanto en la OIT, como en las Altas Cortes de nuestro país. Sus decisiones la restringen y la limitan cada vez más, al considerar casi todas las actividades como servicios públicos esenciales, declarando ilegales a la mayoría de las huelgas. El empresariado arremete contra el derecho de asociación, despidiendo a los organizadores de los sindicatos, impulsando los contratos sindicales y promoviendo los pactos colectivos. La inspección del trabajo es débil y contemplativa frente a las múltiples agresiones del empresariado contra los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Para solo mencionar algunas, ahí está la impunidad en Ramo, Avianca, Ecopetrol, que a pesar de las múltiples quejas de los trabajadores, salen incólumes. Como si fuera poco, a este regresivo panorama laboral, el gobierno nacional, atendiendo las reiterados requerimientos del empresariado, logró hacer aprobar en el Plan Nacional

de Desarrollo, PND, (Ley 1706 de junio de 2015), la legalización de la tercerización laboral, en el artículo 74, que dice: Política nacional de trabajo decente. El Gobierno Nacional bajo la coordinación del Ministerio del Trabajo, adoptará la política nacional de trabajo decente, para promover la generación de empleo, la formalización laboral y la protección de los trabajadores de los sectores público y privado. Las entidades territoriales formularán políticas de trabajo decente en sus planes de desarrollo, en concordancia con los lineamientos que expida el Ministerio del Trabajo. El Gobierno Nacional también fijará las reglas para garantizar que las empresas cumplan plenamente las normas laborales en los procesos de tercerización. El Gobierno Nacional deberá garantizar que las actividades permanentes de las entidades públicas sean desarrolladas por personal vinculado a plantas de personal, con excepción de los casos señalados en la ley.

A más de todo lo anterior, el Gobierno Nacional incumple los acuerdos con los trabajadores, tal como ha ocurrido al negarse a exonerar a los pensionados del 8 % de la cotización en salud, que ya fue otorgado a los empresarios y el restablecimiento del pago nocturno, después de las 6:00 de la tarde y el 25 % de los dominicales y festivos recortados por la Ley 789 de 2002. Finalmente, después de tres décadas de una sistemática violencia contra el sindicalismo, que ha cobrado la vida de al menos 3.087 sindicalistas desde 1977, esta violencia permanece y la prometida reparación colectiva para el sindicalismo colombiano contemplada en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras aún no despega. La formalización laboral, la protección de la libertad sindical y la reparación colectiva, constituyen el centro de la agenda laboral en el país, y reclaman del Estado y los empresarios respuestas coherentes y eficaces. La paz

duradera que anhelamos los colombianos es con trabajo decente. Coletilla: El concejal de Bogotá Yezid García contribuyó con mucho ahínco a establecer una política pública de Trabajo Decente en Bogotá, ha sido vocero de la causa de la formalización laboral, de los intereses de los trabajadores, aguerrido defensor de

lo público como la salud, la educación, los servicios esenciales y además ha estado en primera línea por las causas sociales de los bogotanos. Por estas razones exhorto a todos los asalariados a apoyarlo votando el próximo 25 de octubre para el concejo de Bogotá Yezid García Alianza Verde Nº 4

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de la cut

COMUNICADOS CUT

Articular la lucha por el trabajo decente

a flexibilización laboral aplicada a rajatabla, que se profundizó en los ocho años de gobierno del presidente Uribe, implicó vincular trabajadores en los sectores público y privado, a cumplir funciones misionales de forma deslaboralizada, para disminuir costos y hacer clientelismo político. Toda vez que falta voluntad política de los patronos públicos y privados, para la solución de este grave problema, los trabajadores han optado por demandar y muchos han ganado; queremos destacar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Magistrada Ponente, Clara Cecilia Dueñas Quevedo, radicación Nº 45303 del 25 de marzo de 2015, en el cual se reconoce el contrato realidad de un docente que tenía subordinación con la Universidad Cooperativa de Colombia, cumplía horario y recibía salario periódicamente, donde sentenció la Sala que “... la entidad de educación superior demandada pretendió disfrazar, sin razón ni justificación alguna, el contrato de trabajo...” y que “...el personal requerido en instituciones o empresas, para el desarrollo de actividades misionales permanentes, no pueden estar vinculados a través de cooperativas que hagan intermediación laboral o bajo cualesquiera otras modalidades, contractuales que afecten los derechos laborales y el empleo en condiciones dignas de los trabajadores”. Liderado por Sintrainagro, en la Empresa Palmas del Cesar se acordó vincular a la planta de personal a 225 trabajadores que

laboraban mediante contrato sindical. Este acuerdo, se suscribió después de 85 días de huelga. Así mismo, en el Acuerdo Marco Nacional, suscrito entre las centrales sindicales y federaciones de estatales con el gobierno nacional, acordamos iniciar un proceso de ampliación de las plantas de personal en las entidades públicas del orden nacional, e impartir directrices en ese sentido para los entes territoriales. Estamos a la espera de que el gobierno nacional concierte las directrices de dicho proceso con los sindicatos, para iniciar este proceso. Consideramos que el mejor mecanismo para ampliar las plantas de personal debe ser mediante la concertación de patronos públicos y/o privados, con el movimiento sindical y que las demandas son un elemento subsidiario que se demora más pero económicamente es perjudicial para los patronos y en el caso del sector público puede implicar acciones de repetición contra los nominadores. Llamamos a los sindicatos a continuar preparando la movilización, la acción jurídica y política por el trabajo decente. Bogotá, 18 de agosto de 2015 Luis Alejandro Pedraza B. Presidente Fabio Arias Giraldo Secretario General Francisco Maltés Tello Director Dpto. de Investigación y Proyectos

La CUT demanda solución al conflicto en la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja

esde la llegada del doctor Juan Carlos Echeverry como presidente de Ecopetrol, que coincide con la crisis que existe hoy en el sector de los hidrocarburos en Colombia por la caída de los precios del petróleo, se ha venido configurando una situación en la cual toda la crisis la descargan sobre los hombros de los trabajadores. Así, se han venido realizando masacres laborales como la del despido de 600 trabajadores del Instituto Colombiano del Petróleo, ICP, desconociendo derechos convencionales de trabajadores directos y tercerizados, y para acabar de completar una sistemática persecución sindical contra la Unión Sindical Obrera, USO, y sus dirigentes. Por esta circunstancia los trabajadores tercerizados de la refinería de Barranca han acudido al legítimo y democrático derecho de denunciar estos hechos, a reclamar que no se siga conculcando sus derechos convencionales, se respete y reconozca a su organización sindical USO. La CUT rechaza el despido del compañero vicepresidente nacional de la USO, Edwin

Palma y los procesos disciplinarios encaminados al despido de los compañeros Juan Carlos Aguilar, vicepresidente de la USO Barrancabermeja, Wilmer Hernández, secretario de asuntos energéticos de la USO Nacional y Joaquín Padilla, presidente de la USO Cartagena. Así mismo, el desplazamiento que en el día de hoy ha realizado Ecopetrol de 2.000 de los trabajadores tercerizados para no permitirles el respaldo a esta protesta. Por consiguiente, demandamos de Ecopetrol que establezca una mesa de diálogo y concertación para tratar este conflicto y al Ministerio de Trabajo que sea garante de la actividad sindical y el respeto por los derechos de los trabajadores tercerizados en Ecopetrol. Bogotá, 20 de agosto de 2015 Luis Alejandro Pedraza B. Presidente Fabio Arias Giraldo Secretario General

La CUT llama a una solución política y diplomática a la grave crisis que afecta a ciudadanos colombianos y venezolanos en la zona de frontera

l Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores hace un llamado de urgencia a los gobiernos de Colombia y Venezuela, para que se asuma, por la vía diplomática y política, una solución urgente a la grave situación por la que atraviesan nuestros conciudadanos colombianos y la población venezolana en la zona de frontera de los dos países. Reiteramos que toda medida en vía de la situación presentada debe hacerse atendiendo los debidos procesos que demanden las normas internacionales de orden migratorio y de respeto a los derechos humanos, que regulan el trato a este tipo de situaciones. De la misma manera, solicitamos al gobierno colombiano atienda de forma urgente y eficaz

las necesidades de carácter humanitario que requieren nuestros compatriotas en la línea de frontera y se diseñe un plan de carácter financiero que ofrezca alternativas laborales, de estabilidad social y familiar a los ciudadanos y familias colombianas que retornen a Colombia por las circunstancias que así los obligan y demandamos de la Fuerza Pública venezolana un trato digno y sujeto de forma estricta al respeto del Derecho Internacional Humanitario. Bogotá, 25 de agosto de 2015 Luis Alejandro Pedraza B. Presidente Fabio Arias Giraldo Secretario General

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Nueva afrenta de la CGT a la CUT

l Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, en su sesión del 27 de julio, conoció el comunicado de prensa intitulado “Basta de Injurias”, en el cual se expresa que el Presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT, Julio Roberto Gómez Esguerra, instauró denuncia penal contra nuestro Secretario General, Fabio Arias Giraldo, por el “presunto delito de injuria” debido a los “comentarios deshonrosos, desproporcionados e infundados” en relación con la actuación del demandante en la pasada Conferencia Internacional de la OIT. La denuncia, que parte de una falsedad al afirmar que Fabio Arias Giraldo hizo algunas aseveraciones en un evento en la ciudad de Medellín, evento al cual no asistió, se fundamenta en el siguiente enunciado de un comunicado digital: “El gobierno colombiano contó con un aliado en Julio Roberto Gómez para impedir que se enlistara entre los 25 países en los cuales se violenta más los derechos de los trabajadores”. El demandante peticiona la investigación penal urgente por presunta injuria, que puede conducir a prisión de 1 a 3 años, la retractación y el pago de la debida indemnización, aparte de considerar que tales afirmaciones “pueden poner en peligro la vida e integridad de Julio Roberto Gómez”. Para el Comité Ejecutivo de la CUT, por unanimidad, esta denuncia es una afrenta grave a nuestra Central y al movimiento sindical. Rechazamos que las contradicciones políticas y sindicales se ventilen en los estrados judiciales para evadir el debate y no nos sorprendería que, por esta vía, surjan nuevas denuncias penales sobre las vacilaciones y claudicaciones de la CGT en temas como los Tratados de Libre Comercio, la incorporación de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ocde, o la posición frente a los contratos sindicales, entre otros temas. Rechazamos igualmente que se pretenda ahogar cualquier cuestionamiento con el recurso de poner en peligro la vida e integridad, cuando todo el país conoce que nuestra Central ha sido la más victimizada e incluso acusada de violencia como hizo la CGT contra nuestros compañeros de la USO. Ahora bien, respecto a las actuaciones en la OIT, el mismo Julio Roberto Gómez reconoce

de la cut

en la denuncia que: “En la lista preliminar de 2015 Colombia había quedado incluida por la violación del convenio 81. La CGT señaló a la Confederación Sindical de las Américas, CSA, en reuniones previas que no era jurídicamente viable que Colombia quedara en la lista final por el convenio 81, pues los órganos de control consideraron que había habido avances en materia de inspección, lo que llevaría obviamente a que en la lista de 25 países Colombia no quedara incluida”. Con esta posición la delegada de la CGT, en reunión en Montevideo, Uruguay, también se opuso, a que Colombia fuera en la lista continental previa a la lista de 25, posición ratificada por la señora Miriam Luz Triana, Secretaria General de la CGT, en la subcomisión de asuntos internacionales del Ministerio de Trabajo, en reunión previa a la conferencia 104ª de la OIT. Aquí, saltan a la vista las argucias y las justificaciones. Colombia estaba en la lista preliminar y podía quedar en la definitiva. Si no fuera jurídicamente viable no lo habrían incorporado en la preliminar. Otra cosa es justificar “jurídicamente” la decisión política de la exclusión como ahora se pretende. Lo mismo puede decirse de la expresión “avances”, versión renovada de “país en progreso”, utilizada en anteriores conferencias para limpiar la imagen del gobierno colombiano.

Respaldamos la lucha de los trabajadores de los Centros Zonales del Icbf, en Bogotá

La protesta de los trabajadores del ICBF en uno de los Centros Zonales.

esde la semana pasada, ante la inaguantable sobrecarga de trabajo que soportan los servidores públicos de los Centros Zonales del Icbf, los trabajadores de los Centros Zonales Bosa y Revivir de la Regional Bogotá decidieron levantar su voz de protesta ante los incumplimientos y la demora de la administración en asignar más personal para aliviar la carga laboral y mejorar la prestación del servicio. Desde hace más de 1 año, los funcionarios han enviado diversas comunicaciones a la dirección del Instituto, poniendo de presente el incremento de la demanda de atención, la escasez de personal, las graves afectaciones de salud, el represamiento de casos, la vulneración de sus derechos, la insuficiente e inadecuada atención a niños y familias en crisis; así como las pésimas condiciones locativas en el CZ Bosa en donde, para colmo, de 51 trabajadores que había en el 2014, a la fecha solo hay 39 de los cuales 4 presentan quebrantos de salud.

Gustavo Suarez Guzmán Primer Vicepresidente

Al C.Z. Revivir desde hace 1 año le asignaron la misión de atender niños en situación de emergencia durante las 24 horas del día en tres turnos, los 7 días de la semana; sin embargo, las condiciones locativas solo disponen de espacios para oficinas, no hay dormitorios para los niños o adolescentes que lleguen, ni camas, duchas, alimentos, pañales, vestuario, ni personal para la atención directa al niño, solo se cuenta con los servidores públicos de defensorías y el personal psicosocial para constatación de denuncias. La policía no ha cumplido el deber de asignar agentes de infancia y adolescencia permanentes, ni acuden oportunamente cuando los adolescentes se han amotinado. Durante la noches los Centros de Emergencia, donde deben ser trasladados los niños para su atención integral no responden, la central de cupos solo atiende en el día, todo lo cual complica y somete a la impotencia a los trabajadores del CZ que además han sido víctimas de agresión física y daños de parte de los adolescentes que apresa la policía incursos en el consumo de psicoactivos.

Winston Petro Barrios Fiscal

Desde que se tomó la decisión de centralizar la constatación de denuncias en Revivir, más

Lo que el demandante no puede ocultar, es que la Confederación Sindical Internacional, CSI, en su informe de 2015, Índice Global de los Derechos, incluyó a Colombia en su lista de los 10 países que registran peores condiciones para los trabajadores. Ante estas circunstancias, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, respalda irrestrictamente al compañero Fabio Arias Giraldo, Secretario General; comparte plenamente el contenido de sus declaraciones sobre el tema, que no dan lugar a rectificación alguna y rechaza la agresión de Julio Roberto Gómez contra nuestra Central. Bogotá 4 de agosto de 2015 Luis Alejandro Pedraza B. Presidente

de la mitad de los profesionales, pese a su juventud, han enfermado mentalmente por sobrecarga laboral puesto que les exigen diariamente constatar mínimo 5 denuncias y presentar los respectivos informes lo cual les ocupa más de 18 horas de trabajo; pese al sobrehumano esfuerzo hay más de 1.200 denuncias represadas y solo se cuenta con 9 profesionales para todo Bogotá. No es posible, orgánicamente, atender más 3 visitas diarias, salvo que se confirme la conversión de la actividad laboral en un verdadero infierno. Tantas cartas, reuniones, derechos de petición… pero las soluciones no llegan, la tragedia de los niños y los derechos de los trabajadores no son prioridad para los directivas del Icbf, ni para el Estado. La protesta de estos centros zonales pone en evidencia el drama de la mayoría de las Defensorías de Familia del país y hacen perentoria la exigencia que se cumpla el Acuerdo con Sintrabienestar vinculando de inmediato el personal asistencial y los profesionales para completar las Defensorías de Familia, y se asignen otras para atender con urgencia el represamiento. La CUT respalda la protesta iniciada y, a más de convocar la solidaridad del movimiento sindical, exige a la dirección del Icbf y al gobierno nacional la solución de los problemas convertidos en un verdadero suplicio. En Colombia, los trabajadores no podrán mitigar sus acrecidas angustias y maltratos si no cuentan con sus organizaciones y se rebelan contra la explotación, democrática y civilizadamente. Comité Ejecutivo Nacional Central Unitaria de Trabajadores, CUT Luis Alejandro Pedraza B. Presidente Fabio Arias Giraldo Secretario General Winston Petro Barrios Fiscal Bogotá, 18 de agosto de 2015

Nº 131, agosto de 2015

sindicales

¿Qué pasa en la Unidad Nacional de Protección? Yesid Barragán Ríos

Presidente Asociación Sindical Empleados de la Protección (Asep)

a Unidad Nacional de Protección es un organismo de seguridad cuya función es articular, coordinar y ejecutar la prestación del servicio de protección a quienes determine el Gobierno Nacional, que por virtud de sus actividades, condiciones o situaciones políticas, públicas, sociales, humanitarias, culturales, étnicas, de género, de su calidad de víctima de la violencia, desplazado, activista de derechos humanos, se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños contra su vida, integridad, libertad y seguridad personal o en razón al ejercicio de un cargo público u otras actividades que pueden generar riesgo extraordinario, como el liderazgo sindical, de ONG y de grupos de personas desplazadas, y garantizar la oportunidad, eficiencia e idoneidad de las medidas que se otorgan. El número de protegidos en virtud del Programa de Protección son 9.400. Cabe destacar entonces, que los funcionarios de planta de la UNP no superan los 700, entre personal misional y administrativo. Así la cosas, fue necesario que desde la creación de la UNP se privatizara el programa de protección, debido a que no se contaba con el personal necesario para cumplir con su misión. La Asociación Sindical de Empleados de la Protección (Asep) quiere manifestar al país, dirigentes sindicales, líderes de restitución de tierras, víctimas y demás poblaciones objeto de la UNP, su preocupación por el futuro del Programa de Protección. ¿Qué personas están protegiendo a las poblaciones de la UNP? ¿El beneficiario de medidas sabe quiénes lo entrevistan? ¿El Gobierno Nacional sí tiene la voluntad política de ofrecerle garantías al beneficiario? ¿Qué entidad protegerá a las poblaciones objeto del Programa? La UNP en sus cuatro años de creación ha tenido varios reveces, su presupuesto nunca ha sido suficiente, algunos hechos de corrupción, lentitud en la implementación de medidas, la muerte de algunos de sus protegidos y la falta de garantías laborales para sus propios funcionarios, entre otros. Es que el Programa de Protección radica en cabeza de la UNP, pero desde el papel, porque la realidad del Programa es que es administrado por la empresa privada en un 90 %, y son quienes ponen los hombres de protección, vehículos (blindados y convencionales), chalecos, armas y celulares, desde esta óptica manejan el Programa a su antojo, apagando los vehículos satelitalmente, cancelando líneas telefónicas, prestando el servicio de protección con armas no permi-

tidas, hasta el punto de presionar pagos a la UNP advirtiendo la parálisis del Programa. Creemos que la empresa privada no puede garantizar la vida de las personas amenazadas en Colombia, porque su finalidad es dar un resultado positivo en sus finanzas, porque es un negocio, negocio que tiene que ser lucrativo, de lo contrario no podrían ser viables económicamente En diversas ocasiones, las víctimas, los defensores de derechos humanos, los sindicalistas entre otras poblaciones, han sido perseguidos por los mismos que hoy manejan la inteligencia y sistemas para la interceptación de teléfonos, Facebook, Whatsapp, correo electrónico, activar su cámara, el micrófono y demás aplicaciones de su teléfono, sin mencionar, que en algunas oportunidades son quienes le evalúan el riesgo al beneficiario del Programa. Asep ha emprendido varias acciones con el fin de que el Programa de Protección sea mantenido en el tiempo, creemos, que es un Programa vital para el país y el posconflicto, hemos rechazado la presencia de mandos policiales en la UNP, pues un actor del conflicto armado no puede darle garantías a las víctimas del mismo, en diferentes escenarios hemos denunciado los hechos corruptos dentro de la UNP, rechazamos la tercerización del Programa de Protección, el Estado debe garantizar que el Programa sea 100 % estatal, y no pagarle a la empresa privada por un servicio que solo lo ven como un negocio, mientras que la UNP menciona el respeto por los derechos de las personas, no lo aplica con sus propios funcionarios, puesto que han negado derechos adquiridos, horas extras, dominicales, descansos, compensatorios, sobresueldos y el régimen pensional. Cabe destacar que las garantías laborales mencionadas son de carácter obligatorio, que el Estado colombiano mediante ley las incorporó al ordenamiento jurídico para su estricto cumplimiento, pero que extrañamente la UNP no las aplica.

El Gobierno Nacional mediante sus empleados de libre nombramiento y remoción nos ha dado a entender que la UNP es una entidad politiquera, que no es viable, dejando a un lado la humanización del Programa y las víctimas, no se están haciendo las cosas bien, lo cual nos indica que el Programa está en vía de extinción, ¿Quién protegerá al sindicalista, al líder de derechos humanos, al líder de oposición? ¿La Policía Nacional? Por tal razón, la UNP debe ser manejada en su integridad por personal civil, que pueda garantizar los derechos fundamentales y la continuidad del Programa para sus beneficiarios, ya que la UNP será una entidad a mostrar en el posconflicto. Los problemas de la UNP no son del exfuncionario del Departamento Administrativo de Seguridad, quien fue víctima de unos pocos, el problema radica en las personas que el Gobierno Nacional designó como directivos de la UNP, ya que son estos quienes han permitido que la corrupción esté al acecho, son quienes han dejado un Programa lento,

pero aun así, el programa debe ser defendido a cabalidad, porque no llegaría a tener sentido que los victimarios protejan a sus víctimas, o peor aún, que definitivamente ninguna entidad del Estado brinde protección a quien verdaderamente la merezca. Queremos invitar a las víctimas, defensores de derechos humanos, líderes de restitución de tierras, líderes de oposición, sindicalistas, entre otros, a mancomunar esfuerzos con el fin de solicitarle al Gobierno Nacional medidas serias para las poblaciones objeto de la UNP, así mismo, de garantizar los recursos para el Programa de Protección en el tiempo, de brindarle verdaderas garantías a los beneficiarios prescindiendo de servicios de los actores del conflicto armado, además, de que sea el Estado colombiano quien tenga a cargo el Programa de Protección en un 100 %, vinculando a la planta de personal de la UNP a los 3.000 escoltas que están siendo contratados por la empresa privada, a los cuales se les vulneran día a día sus derechos laborales.

La ENS estrena serie audiovisual “Sindicatos que se transforman”

Tiene el sindicalismo algo que aportarle al proceso de paz en Colombia? ¿Es posible la transformación de las estructuras sindicales? ¿Los sindicatos fueron creados para el diálogo o para la confrontación? ¿El sindicalismo será capaz, a través de la comunicación, de conquistar a los 21 millones de trabajadores y trabajadoras que aún no se sindicalizan? Estos son los temas que aborda la serie “Sindicatos que se Transforman”. Son 15 microprogramas que recogen experiencias de lideresas y líderes sindicales, y nos muestran que es posible no solo la transformación sindical sino también la del mundo del trabajo a través del sindicalismo.

La serie se puede ver en el YouTube, haciendo clic en este enlace Escuela Nacional Sindical. La serie está dividida en 4 capítulos: Sindicatos que se transforman para la paz, Sindicatos que se transforman para el diálogo social, Sindicatos que se transforman para la innovación, y Sindicatos que se transforman para la comunicación. Queda la invitación para que se suscriban al canal, comenten la serie y la compartan a través de sus redes sociales y páginas web. Los videos originales los pueden solicitar a Andrés Cardona. Área de Comunicación de la ENS. Al correo comunidad@ens.org.co

Nº 131, agosto de 2015

sindicales

DESPUÉS DE 85 DÍAS DE HUELGA:

¡Por fin! arreglo laboral en Palmas del Cesar

Sintrainagro derrota la figura del contrato sindical Agencia de Información Laboral

“

Estamos muy contentos porque esta lucha valió la pena. Logramos acuerdos de formalización y acabar con ese contrato sindical que tanto daño le hace a los trabajadores”, con estas palabras calificó René Morales Silva, presidente de Sintrainagro Minas, el acuerdo alcanzado esta semana entre esa organización sindical y la empresa Palmas del Cesar, luego de una de las huelgas más largas registradas en Colombia en los últimos años: 85 días duró. El punto neurálgico, sobre el que versó casi toda la discusión y la repulsa entre ambas partes, fue la exigencia del sindicato de eliminar la tercerización laboral que la empresa ha venido haciendo mediante la figura del contrato sindical. En efecto, de los 600 trabajadores que en total tiene Palmas del Cesar, 225 están tercerizados a través de un contrato sindical firmado con Induagro el año pasado. Ahora, en virtud del acuerdo logrado, este contrato sindical desaparece a partir del 30 de septiembre, y el 31 de diciembre los trabajadores a él vinculados serán contratados a término indefinido por una empresa filial de Palmas del Cesar. Es decir, se aplicó la misma fórmula que en años pasados permitió resolver el largo conflicto que enfrentaba a los ingenios con los corteros de caña en el valle del Cauca. Pero no todos los trabajadores vinculados al contrato sindical gozarán del beneficio del contrato a término indefinido. Se acordó que solo lo serán los 135 afiliados a Sintratercerizados, un sindicato creado por los trabajadores tercerizados para luchar contra el contrato sindical, cuya participación y apoyo a la huelga fue clave para el triunfo de Sintrainagro. Los otros 90 serán vinculados por contrato a término fijo con vocación de permanencia. Significa esto que Sintratercerizados desaparecerá como organización sindical y sus trabajadores serán absorbidos por Sintrainagro a partir del 1º de enero. O sea que cumplió cabalmente su tarea, pues ya logró el objetivo para el que fue creado: acabar con el contrato sindical. Es un sindicato que nació para morir, una vez lograra su cometido: acabar con la tercerización.

Un triunfo político “La empresa siempre nos decía a los que estamos con vinculación directa: pidan para

ustedes el aumento y los beneficios que quieran, pero dejen aparte a los del contrato sindical. Y nosotros le dijimos que no, porque si no luchamos por esos compañeros, mañana vamos a ver a nuestros hijos y familiares en el contrato sindical, explotados por la empresa”, comentó René Morales. Por su parte la abogada Marely Cely, directora del Centro de Atención Laboral de Bucaramanga y asesora de Sintrainagro en la región de Santander, dijo al respecto: “Yo siento que es un triunfo político de Sintrainagro, en términos de la eliminación del contrato sindical. Porque se quitó de la convención todo artículo que posibilite la tercerización laboral, no solo mediante el contrato sindical sino por cualquier modalidad de subcontratación. Es la pauta para que el sector palmicultor piense seriamente en acabar con todas las formas de tercerización”. Para esta profesional fueron varios los factores que incidieron para que esta vez el acuerdo fuera favorable a los trabajadores. Uno fue la activa participación del Ministerio de Trabajo. “Hay que reconocer el papel importante como mediador que jugó el Ministerio a través del Viceministro de Trabajo, Enrique Borda, y otros funcionarios”, dijo la abogada asesora de Sintrainagro. Pero sobre todo, se debió a la actitud decidida y combativa de los trabajadores sindicalizados, al enorme esfuerzo de resistencia que hicieron. “Enviaron un mensaje político muy claro: que la carpa de la dignidad no se iba a levantar hasta que no se firmara la convención colectiva. Porque normalmente las empresas piensan que la huelga dura 60 días, y la de ellos duró 85”, puntualizó.

Y que los trabajadores pudieran durar todo ese tiempo en huelga se debió a su buen sentido de la previsión. La huelga de 62 días que en 2011 adelantaron contra la empresa, les dejó como enseñanza que debían estar preparados para otro futuro conflicto. Cada trabajador sindicalizado ahorró $20 mil mensuales, de modo que en 4 años ese ahorro alcanzó $1.200.000 persona como “colchón” de reserva. “Si no hubiéramos tenido ese ahorro, es posible que el patrón nos hubiera quebrado la huelga”, señaló René Morales, quien asimismo agradeció la gran solidaridad brindada por el movimiento sindical y la población de la zona, que ayudaron con mercados y dinero en efectivo. Como también el apoyo del Centro de Solidaridad que en Colombia tiene la AFL-CIO, el mayor sindicato de Estados Unidos, de la delegación de la OIT en Colombia y de la dirección nacional y departamental de la CUT.

Otros beneficios Ya en el plano laboral, un aspecto que también se puede anotar como triunfo del sindicato es el referido al tema de la productividad, o sea a la modalidad de pago por el trabajo realizado. La empresa pretendía aumentar gradualmente cada año el kilaje de fruta recolectada por cada trabajador, de tal forma que en 5 años alcanzara a ser de 1.400 kilos por persona-jornada, que es lo que hoy se les exige a los vinculados por contrato sindical. Y aparte de eso, quería que los trabajadores que ingresaran nuevos con contrato a término fijo tuvieran como meta de producción los 1.400 kilos. Ambas pretensiones el sindicato las desmontó.

“Fueron propuestas descaradas de la empresa –opinó René Morales–, que pensó que después de más de dos meses de huelga nos íbamos a reventar y aceptar cualquier cosa. Pero nosotros les dijimos que preferíamos reventarnos antes que aceptar ser esclavos. Finalmente el factor productividad quedó como nosotros lo propusimos, o sea como está actualmente, y que los nuevos que entren tengan las mismas garantáis de nosotros los antiguos”. Otro logro importante tiene que ver con el aumento salarial, que fue del 4,5%, y con la conservación del casino para los trabajadores, que la empresa quería acabar. En el acta de acuerdo también quedó que la empresa no tomará represalias contra los trabajadores que adelantaron la huelga, y que el sindicato retirará las 14 querellas que a lo largo de los últimos dos años ha instaurado contra la empresa ante el Ministerio de Trabajo. “Pero las demandas que Sintrainagro y Sintratercerizados pusimos ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, sí siguen su curso”, precisó René Morales. Otro efecto colateral que podría tener el acuerdo en Palmas del Cesar, tiene que ver con su poder de “contagio” en las otras empresas palmiculturas del sur del Cesar, especialmente en Indupalma, en la zona de San Alberto, empresa emblemática en cuanto a tercerización laboral. Allí todavía hay más de 1.200 trabajadores por cooperativas de trabajo asociado, SAS, bolsas de empleo y otras formas de tercerización laboral. Publicado el 14 de agosto de 2015.

opinión

Nº 131, agosto de 2015

La izquierda cundinamarquesa tiene candidato propio Rafael Ballén

Dirigente político

o pensaba que ya había hecho todo en la vida. Con esa satisfacción me encontraba culminando una obra intelectual, que inspirado en Platón, había comenzado a construir en las aulas de la Normal de Zipaquirá. Entre ocho y doce horas diarias de lectoescritura, que solo suspendía para entregar mi cuota de militancia política al Polo: las reuniones de los comités programáticos e ideológicos del novel partido. Ese apacible mundo fue interrumpido por un sector del Polo que se empeñó en que la izquierda debía tener candidato propio a la Gobernación de Cundinamarca, y que el postulado debía ser Rafael Ballén. A los voceros de esa idea les di un abanico de candidatos y les presenté tres inhabilidades personales insalvables: mi compromiso intelectual, un viaje de cinco semanas fuera del país en plena campaña y la carencia absoluta de dinero. Aunque en la Coordinadora Departamental del Polo había amigos del voto en blanco o del respaldo a uno de los herederos de Álvaro Cruz, los partidarios de la autonomía polista no solo insistían en mi candidatura, sino que se obstinaron en lograr el consenso en torno a mi nombre. Acentuaron también sus argumentos: la unidad de la izquierda, un posible acuerdo de paz, quizás una constituyente, la construcción de un frente amplio y la derrota del conserva-

durismo ultramontano en 2018. Entonces, su tenacidad se impuso: el ocio intelectual saltó en pedazos y el viaje quedó en suspenso. Solo el tercer obstáculo se mantuvo incólume: las arcas de la campaña están vacías. Suspendido el trabajo intelectual y el periplo académico, y, a la espera de que los recursos financieros de campaña lleguen por todos los medios democráticos lícitos, pongo a consideración de todos los lectores y electores la síntesis del Programa de Gobierno, versión completa que se podrá leer en la página web: www.gobernacioncund.wix.com/rafaelballen. La legitimación y defensa de lo público, que es el primer eje del programa, se logrará con la austeridad, la transparencia y la eficiencia

en la inversión de los recursos oficiales, porque lo público, es público y para el público. No se trata de un simple juego de palabras. Es el principio que debe regir la ecuación que existe entre el servidor público y los bienes del Estado. Todo servidor público tiene unas funciones, y, para cumplirlas, el Estado, en sus diversas expresiones, le entrega unos bienes. Esos bienes no son para el disfrute, el goce, el uso, abuso y apropiación del empleado que los maneja, sino para lograr los fines del Estado, es decir, el bienestar de todos los miembros de la sociedad. Como un símbolo de austeridad y desprendimiento personal, renunciaré al cincuenta por ciento de la asignación básica mensual. Este dinero alimentará un Fondo Educativo, que resolverá pequeñas necesidades de las escuelas rurales más abandonadas del Departamento. El segundo punto del programa consiste en el cumplimiento cabal de los derechos fundamentales: educación, salud, trabajo, vivienda, recreación, seguridad social y movilidad. Al darle prioridad a la educación, considero que jamás un Estado podrá dar a sus niños toda perfección y la belleza que exigía Platón, sin contar con los educadores. Por eso, antes de dar cualquier paso, por más elemental que sea, hay que contar con los agentes primarios de la educación. En segundo lugar, los complementos y reajustes necesarios: la infraestructura física, los recursos para la alimentación y el transporte de los niños y adolescentes.

Desarrollo sostenible, para no agotar los recursos naturales ni causar daño grave al medio ambiente, es el tercer capítulo de mi programa. Si no se respetan los páramos, las fuentes hídricas, los bosques, los mares, las playas, estamos privando a las futuras generaciones del goce de esos bienes. En el marco de este punto, y, ejerciendo las funciones de complementariedad e intermediación, se respaldará a los productores del campo en sus justas reclamaciones para que haya precios básicos rentables, y subsidios por calamidades ambientales, catástrofes naturales y variación en los precios internacionales. El cuarto y último eje de mi programa versa sobre una cultura de paz, pos-acuerdo y convivencia de todos los cundinamarqueses. Estamos preparados para asumir los distintos escenarios y fases del proceso de negociación: firma del acuerdo, refrendación y ejecución de lo pactado. Insistiré en pedirle a las partes el cese bilateral del fuego, no levantarse de la mesa hasta agotar la agenda acordada, celeridad en el proceso de negociación, la verdad, los derechos de las víctimas, un mínimo de justicia para todos los responsables y en la no repetición de los hechos. La redacción del programa, cuya síntesis presento en esta nota, y, su explicación por pueblos y veredas, me forzaron a concluir que no todo lo había hecho en la vida: me faltaba ser gobernador de Cundinamarca.

¿Cómo puede disminuir el desempleo en periodo de crisis?

rente a la cifra de desempleo de junio de 2015, del 8,2% entregada hoy por el Dane, surge la pregunta ¿Cómo puede disminuir el desempleo en periodo de crisis, cuando hay una desaceleración económica significativa reconocida por los entes oficiales y privados? La verdadera respuesta a esta pregunta, corrobora la posición de la CUT en cuanto a que la política económica que aplica el gobierno del presidente Santos va en contravía del estímulo de la producción nacional, agraria e industrial, principales fuentes de generación de empleo productivo y digno. Colombia tiene la tasa de desempleo más alta de toda América Latina, puesto que hay

2.050.000 desempleados de la Población Económicamente Activa. Aunado a esto, hay en el país una tasa de informalidad del 70%, que significa 15 millones de colombianos en condiciones laborales precarias, sin ningún tipo de garantías laborales, salariales y prestacionales. Muestra de ello, es la cifra del bajo índice de afiliación a la seguridad social que no supera el 30% de los trabajadores, incluyendo a los tercerizados e independientes. Colombia lleva más de un año en recesión del sector manufacturero e industrial, hay desaceleración económica, los indicadores están a la baja, así como la inversión en petróleo, en el precio del barril y en la producción agropecuaria. Se incrementó el valor del dólar respecto al peso, se hizo un recorte

en los puestos de trabajo en los sectores productivos y, sumado a esto, se anunció la disminución de los ingresos fiscales y recorte presupuestal. Por tal razón, la CUT pone en duda la objetividad de las cifras entregadas, “el índice de desempleo debería estar subiendo en este momento. Las consecuencias de la aplicación de la política de libre comercio en Colombia están a la vista: Las condiciones precarias de los trabajadores y la crisis económica que ha destruido la producción nacional”, aseguró Luis Alejandro Pedraza, presidente CUT.

Nº 131, agosto de 2015

salud

¿Qué está pasando con el sistema de salud en Colombia? Carolina Dorado

Es hora de que las organizaciones sociales y la sociedad en general impulsen una acción concertada, fuerte y firme para obligar al gobierno a transformar totalmente ese sistema de salud que convirtió los servicios en una mercancía y niega el derecho a la salud de los colombianos.

Politóloga Universidad del Cauca, integrante de la plataforma política Somos Ciudadanos.

n Colombia, con la Ley 100 se crearon las empresas privadas llamadas EPS como parte del sistema de salud en Colombia para administrar los inmensos recursos que se manejan. La razón que se argumentó en su momento era que el Estado no podía administrar dichos servicios porque la corrupción, la politiquería y la burocracia eran obstáculos para lograr eficiencia, eficacia, transparencia y mayores coberturas. Por ello ahora, nos preguntamos: Si ese modelo es tan perfecto, ¿por qué las EPS no le pagan a los hospitales públicos y los ponen en situación de quiebra y posible cierre? Lo que desde hace ya 22 años se observa es que desde el principio el interés de los “inversionistas” se puso por encima de los intereses de la mayoría de la población, pacientes y enfermos usuarios de unos servicios que se suponen públicos. Además de irle limitando y quitando la autonomía al médico, ese sistema privatizado se dejó permear por la corrupción, el mal servicio de las EPS, los recobros en los servicios, las restricciones de los medicamentos del POS (Plan Obligatorio en Salud), y gran cantidad de prácticas para desestimular al usuario para acudir al centro de salud, clínica u hospital. Esa situación está creando una gran brecha entre la cantidad de usurarios del régimen contributivo, el cual ha ido disminuyendo, en comparación con el régimen subsidiado. La población con mayores ingresos se ha ido retirando del sistema y se viene afiliando a sistemas de salud prepagados o acuden a servicios eminentemente privados. De esa forma, uno de los principios en los que se fundamenta el sistema actual, la solidaridad, está siendo socavado por el caos y la crisis permanente que sufre el sistema de salud en Colombia. Óscar Bernal, doctor en salud pública e investigación biomédica de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Catalina Gutiérrez, doctora en economía de New York University, sostienen en una investigación que realizaron que “es un sistema muy complejo, con muchos actores, manos involucradas y diferentes fondos y seguros. Entre más complejo hay menos garantía de funcionamiento”. Afirman que hoy es inviable económicamente por diferentes razones: tiene población de más edad (representa más gastos), tecnología costosa, poca claridad sobre a qué tiene derecho la gente, en su sostenimiento está basado en un modelo de

trabajo formal pero la informalidad prima en Colombia. Esa contradicción lo hace inviable económicamente. Un claro ejemplo fue el caso de Saludcoop. Es una de las pruebas más fehacientes: “demostró que la ambición y el deseo que despiertan los dineros de la salud por la cual se deja de lado en este y otro muchos casos los principios fundamentales sobre las cuales deben rodearse el sistema, siendo uno de los principales, el bienestar de la población”. “Saludcoop, una de las compañías prestadoras de salud con más de cuatro millones de usuarios en el régimen contributivo, logró que su poder e influencia nacional fueran utilizadas para defraudar al Estado, siendo en la actualidad señalada de utilizar, con propósitos no muy claros, los dineros de la salud”. Además, la Superintendencia de Salud, la Contraloría y la Procuraduría y otras entidades estatales de control y la regulación se han mostrado ineficaces en su función, ante el inmenso poder de corrupción que tienen en sus manos las EPS y sus inversionistas privados. Ante esta situación la pregunta lógica que nos debemos hacer es, ¿qué hacer para que los inmensos recursos que maneja el sistema de salud se gasten de una forma efectiva? ¿Será posible que el Gobierno asegure y mejore los servicios de salud de los colombianos? El señor William Hsiao, asesor del gobierno, muestra de alguna manera una posible salida cuando plantea: “cuando asesoramos al gobierno colombiano, ya la ley había incluido a las EPS privadas, y no podíamos hacer mucho, pero en otras partes, como en Polonia, hemos recomendado que no se creen. Se vuelven políticamente muy poderosas y consiguen frenar los esfuerzos para regularlas. Por eso es necesario regularlas antes de que se vuelvan tan poderosas” (Revista Semana, 2009). La solución según

Hsiao es: “Desarrollar una EPS sin ánimo de lucro que realmente tenga un interés en servir a la gente y darle unos beneficios tributarios o créditos baratos por algunos años para que se consolide y pueda competir con las privadas. Se puede proyectar esta EPS como el estándar de calidad, la gente se afiliará allí y esto hará que las demás compitan con ella en calidad y costos” (Revista Semana, 2009). Esta alternativa ya ha sido analizada y evaluada tanto por el gobierno Distrital como por el gobierno Nacional. Hsiao recomienda que las soluciones deben “basarse en el fomento de nuevas políticas públicas como la innovación y el mejoramiento del conocimiento en salud a través de investigación de los determinantes de la salud en Bogotá y la formación de EPS sin ánimo de lucro.” Hay que reconocer que no todo es malo, que se tiene una cobertura de más del 90% y que tanto el gobierno Distrital dirigido por el Gustavo Petro y Gobierno Nacional encabe-

zado por Juan Manuel Santos han mostrado resultados como su buena voluntad con el resurgir del Hospital San Juan de Dios y esto se ha logrado por la coordinación entre las dos administraciones. Sin embargo, en estos últimos días se ha notado más la crisis. Las EPS deben grandes cantidades de dinero a los hospitales, causando su declive como el posible cierre. Estos parecen no tener unos dolientes quien los rescate. No se ha visto ni escuchado la presencia de aquellos que crearon estas EPS como el expresidente Álvaro Uribe Vélez y actual congresista, y muchos otros que impulsaron este sistema de salud. Es hora de que las organizaciones sociales y la sociedad en general impulsen una acción concertada, fuerte y firme, para obligar al gobierno a transformar totalmente ese sistema de salud que convirtió los servicios en una mercancía y niega el derecho a la salud de los colombianos.

opinión

Nº 131, agosto de 2015

La lucha ambiental es por la supervivencia del planeta y de la humanidad Yezid García Abello, Concejal de Bogotá por Alianza Verde

a vida biológica en el planeta Tierra está en riesgo de extinción. Como parte de ella, la especie humana puede desaparecer por efectos de una hecatombe ambiental causada por una guerra nuclear o por consecuencias de un grave desequilibrio ecológico. Las alertas están encendidas. El presidente Barack Obama –presionado por el impacto que causó la divulgación de la encíclica papal denominada “Laudato sí” o “Sobre el cuidado de la Casa Común”– tomó el pasado 1° de agosto la decisión de reducir las emisiones de carbono de EE. UU. en un 32 por ciento al año 2030. De cumplirse, es un paso muy importante dado que ese país es la segunda nación más contaminante del ambiente después de China. Ya son pocos los que niegan la gravedad de la crisis ambiental que vive la humanidad a nivel planetario. El calentamiento global es un hecho. Las causas son variadas pero es indudable que el eje del problema gira en torno al caos ambiental que produce un modelo de desarrollo que se basa en la exagerada y anárquica explotación de los limitados recursos naturales que nos ofrece la Tierra. El afán de ganancias económicas y la dictadura del mercado han creado una mentalidad depredadora y consumista entre la población. Este es factor cultural sobre el que se ha construido un aparato productivo basado en la generación de energía que utiliza combustibles fósiles de fuentes no renovables (petróleo, carbón, gas) y una economía (forma de vida) que tiene como principal soporte la “química del petróleo”. Desde finales del siglo XIX los científicos preocupados por el medio ambiente y la defensa de la naturaleza empezaron a plantear los problemas de la contaminación del aire, el deterioro de las fuentes de agua, y las consecuencias negativas sobre los ecosistemas naturales. Luego se alertó sobre la deforestación de bosques y selvas. Más adelante se presentaron estudios sobre los peligros del mal manejo de los residuos sólidos (basuras), los desechos industriales y la radiación nuclear. Actualmente tenemos las amenazas contra la biodiversidad, los riesgos de la manipulación genética y de los cultivos transgénicos.

Los gobiernos nacionales y la ONU, presionados por los científicos, ambientalistas y sectores de la población que se han hecho conscientes del grave peligro que se cierne sobre la humanidad, han realizado numerosos eventos, cumbres, encuentros y foros para tratar esta problemática. Se destaca la Conferencia de Río de Janeiro en 1992 sobre Desarrollo Sostenible y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que aprobó el Protocolo de Kioto en 1997, y decidió reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Actualmente se prepara la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, que se va a realizar en diciembre de este año en París (Francia). El papa Francisco, líder mundial de la Iglesia católica, y su Carta Encíclica “Laudato si” se ha convertido hoy en un referente en la lucha por preservar la Tierra. En ese extenso y muy importante documento plantea la necesidad de retomar, pensar y construir una ecología ambiental, económica, social y cultural que priorice el “bien común” por encima de cualquier otro interés. Dice el papa Francisco: “La ecología integral es inseparable de la noción de bien común, un principio que cumple un rol central y unificador en la ética social. Es «el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección»”. Y siguiendo esa misma dirección, afirma: “La misma lógica que dificulta tomar decisiones drásticas para invertir la tendencia al calentamiento global es la que no permite cumplir con el objetivo de erradicar la pobre-

za. Necesitamos una reacción global más responsable, que implica encarar al mismo tiempo la reducción de la contaminación y el desarrollo de los países y regiones pobres”. Y remata más adelante: “Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos”. En el marco de la campaña para hacer conciencia de los peligros que entraña el desequilibrio ambiental que sufre el mundo, la Santa Sede invitó al burgomaestre bogotano Gustavo Petro a un Coloquio de Alcaldes denominado “Esclavitud moderna y cambio climático”. Esa invitación es un reconocimiento muy importante para un funcionario que se la ha jugado toda por incluir políticas ecológicas en su Plan de Desarrollo y ejecutar acciones dirigidas a combatir las causas del cambio climático en la ciudad de Bogotá.

Es paradójico que ese reconocimiento se haga a nivel mundial cuando paralelamente el ministro de Vivienda lo ha denunciado penalmente por defender los cerros orientales de la ciudad de la depredación urbanística que un grupo de poderosos constructores pretende realizar en áreas vitales para el equilibrio ambiental de la ciudad, ya que son áreas consideradas por el Consejo de Estado como zona de adecuación y que el Distrito Capital ha definido como reserva forestal. El alcalde Petro aprovechó ese escenario para denunciar los ataques del procurador Ordoñez contra su gestión y planteó que en el centro de la controversia contra su administración están los intereses de quienes ponen los intereses particulares, las ganancias económicas y el mercado por encima del interés público. Así definió como la principal

⇒

⇒ causa del deterioro ambiental global al “exceso descontrolado del mercado”. Dijo con contundencia: “El mercado está a punto de acabar con la vida en el planeta”. Como concejal de la ciudad de Bogotá debo reiterar mi compromiso con la lucha por preservar la vida en el planeta. En ese sentido llamo la atención sobre la necesidad de garantizar la continuidad de las políticas aprobadas en el programa de la Bogotá Humana: la densificación de la ciudad para detener la expansión caótica sobre áreas que deben ser protegidas como humedales y cerros orientales; el control y disminución de las emisiones de gases contaminantes entre las cuales la principal es la que generan los automóviles, para lo cual la política de movilidad se centra en el desestimulo al uso del vehículo particular, el mejoramiento del sistema de transporte masivo multimodal, la promoción del uso de la bicicleta y la racionalización de la ciudad en cuanto a espacio público. Igualmente, esas políticas contemplan metas precisas, entre las que destacamos la reducción en 10% la contaminación por material particulado de diámetro menor a 10 micras (PM10) y en 5% la contaminación sonora en tres áreas estratégicas de la ciudad; la introducción de energía eléctrica en el transporte masivo de la ciudad, que incluye metro pesado, ligero, y línea cable; la recuperación ecológica de 57 kilómetros de rondas en los

opinión ríos Fucha, Salitre, Tunjuelo, y Torca, y de 40 kilómetros de humedales; librar a Bogotá de la minería depredadora del medio ambiente; y consolidar el programa de Basura Cero. Todas estas metas están en pleno cumplimiento y aspiramos a que la nueva administración continúe por el camino trazado de adecuación de la ciudad al cambio climático, que es una de las banderas de la Bogotá Humana.

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No sobra reiterar que la lucha por preservar y defender la naturaleza de la depredación humana es una tarea que implica enfrentar la esencia nociva del sistema capitalista. Una nueva lógica de vida debe imponerse en el mundo para mantener la vida y garantizar la continuidad y pervivencia de la civilización humana. Un nuevo estilo de vida que ponga el bienestar humano al nivel de una plena realización ética y moral se debe promover para detener la avalancha de consumismo y de deterioro espiritual que hoy sufre nuestra sociedad.

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Como lo afirma el papa Francisco en su encíclica ambiental: “Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida. Se destaca así un gran desafío cultural, espiritual y educativo que supondrá largos procesos de regeneración”.

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B A S U R E R O S

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S A R R A C E N O

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O F E R T A E M P R E S A S

G E N I A I S R A E L N T

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U T C S R A N E R E A U D U R O D A S I L E N G A R E I A S A R R E S O A S O L E A D A

BREVES JURIDICAS... Carlos Rico

Hechos: * Con el objetivo de acabar con la fuente de sustento de un centenar de trabajadores y de paso liquidar su organización legítimamente constituida, la alta administración de la compañía ha desatado una violenta política antisindical.

Trabajadores de servicio doméstico tienen derecho a pensión sanción La Carta Política no excluye a este grupo de trabajadores del ejercicio y reconocimiento de las garantías mínimas e irrenunciables, advierte la sentencia

Ante una incorrecta liquidación pensional, resulta desproporcionado imponer un plazo específico para la reclamación, pues el beneficiario no puede renunciar a que se le pague en forma correcta. Así lo afirmo la Corte Constitucional, luego de explicar que su precedente ha señalado que la acción para reclamar la adecuada liquidación de la pensión no está sujeta a un término específico para ejercerla, en virtud de los principios de imprescriptibilidad, irrenunciabilidad y favorabilidad.

En un fallo dado a conocer recientemente, la Corte Constitucional ordenó, a favor de una trabajadora de servicio doméstico, el pago de la pensión provisional equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, hasta que un juez ordinario laboral se pronuncie, en forma definitiva, respecto al reconocimiento de este derecho.

Pero aclaró que la no aplicación de la prescripción para el derecho a reclamar el nuevo cálculo de la pensión no afecta la prescripción de la que sí son objeto las mesadas dejadas de percibir y no reclamadas después de tres años. En efecto, precisó que la materialización de este derecho pensional, representado en las mesadas, tiene ese término de prescripción para su cobro o reclamación.

Según el alto tribunal, la empleadora no pudo desvirtuar que el servicio de aseo desempeñado por la trabajadora, durante 20 años, configuraba la existencia de una actividad personal subordinada y remunerada, por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 50 de 1990, se presume la existencia de un contrato de trabajo.

No obstante, reconoció la existencia de dos precedentes que, en la misma materia, tienen posturas diferentes: el de la jurisdicción especializada y el de la constitucional. Ante esta situación, el alto tribunal recordó que el precedente constitucional, por ser producto de la interpretación autorizada de la Carta Política, debe irradiar la doctrina de las demás jurisdicciones. En virtud del principio de supremacía constitucional, instó a los jueces y a las autoridades administrativas, para que en su labor de aplicación del ordenamiento jurídico den prevalencia a los postulados constitucionales cuyo contenido está expuesto no solo por la literalidad de las normas, sino por la interpretación que de ellas hace la Corte Constitucional. (C. Const., Sent. SU-298, mayo 21/15, M.P. Gloria Stella Ortiz).

Productos Químicos Panamericanos reprime brutalmente con la fuerza pública a sus trabajadores

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Química y/o Farmacéutica de Colombia, Sintraquim, denuncia a la opinión pública nacional e internacional la actitud violenta, represiva, antiobrera y violatoria de la Constitución y las leyes del presidente de la compañía, Óscar Augusto Restrepo.

a Corte Constitucional ha establecido, mediante dos fallos que ponemos en conocimiento de las y los trabajadores que, para reliquidar una pensión, no hay vencimiento de tiempos para solicitarla. De igual manera, en el caso de las y los trabajadores del servicio doméstico, no se les puede vulnerar su derecho a obtener una pensión siempre y cuando cumpla con los requisitos. Estos comentarios tomados del periódico Ámbito jurídico, nuestros lectores los deben conocer, compartir y, si es necesario, utilizarlos en defensa de sus derechos.

Las decisiones contrarias vulneran los principios de imprescriptibilidad, irrenunciabilidad y favorabilidad, advirtió el fallo

Denuncia

Junta Directiva Nacional Sintraquim

Director Depto. de Asuntos Jurídicos y Legislativos

Reliquidación pensional para incluir factores salariales es imprescriptible

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laboral

Igualmente, comprobó que la empleadora no afilió a la trabajadora, de 78 años de edad, al régimen de seguridad social en pensiones y, por tanto, omitió pagar los aportes correspondientes.

* Para justificar esa arremetida, la empresa se ha amparado en el Plan de Ordenamiento Territorial, aprobado por el Concejo y la Alcaldía; negándose a trasladar la planta de P.Q.P a la zona franca, única medida razonable para sostener las fuentes de empleo. * En aras de cumplir esos perversos propósitos, la administración de P.Q.P sacó a los trabajadores de la planta de Tocancipá, el día 27 de julio y no los ha vuelto a ingresar; sin que para ello haya mediado razón técnica, fuerza mayor o fundamento legal alguno. Circunstancia que obliga a los trabajadores a hacer guardia en la planta para que los administradores no continúen desmantelando y sacando material y equipos.

Uso de la violencia por parte de la patronal y de la fuerza pública Desde las 4:00 a.m. del domingo 16 de agosto, un importante número de trabajadores nos encontramos a las afueras de nuestra planta de trabajo resistiendo la militarización de la misma, dirigida por el comandante de la policía de Tocancipá y el coronel de la Zona de Cundinamarca de Tocancipá, quienes sin ninguna consideración por quienes legítimamente defendemos nuestros puestos de trabajo, han dado la orden a sus efectivos policiales para que a punta de “pata y culata” nos desalojen de las inmediaciones de la planta. Son ya varios los compañeros trabajadores que se encuentran lesionados y contusos por la brutal violencia que la policía a nombre y orientación de la presidencia de la compañía Productos Químicos Panamericanos, han causado a nuestros compañeros. Llamamos a las organizaciones sindicales de Colombia y el mundo, especialmente a la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia y a la Federación Sindical Mundial, para que se pronuncien y rechacen el brutal accionar de la fuerza pública. La dirección nacional de Sintraquim solicita que ustedes rodeen con la más amplia solidaridad a los trabajadores de la planta de Productos Químicos Panamericanos con sede en la Autopista Norte km 42 vía Tocancipá (Puente peatonal de Ecopetrol), sobre quienes cada día arrecia más la política antisindical desatada por la patronal.

Obstrucción a la actividad sindical en el Hospital San Blas Sindistritales Sector Salud

s una obligación de los patronos pagar oportuna y cumplidamente los sueldos y salarios de sus empleados, así lo dice el Reglamento Interno del Hospital y el Código Sustantivo del Trabajo. Pese a esto, en la actual administración del Hospital San Blas, el pago de las obligaciones demora cada día más. Ejemplos: Las cesantías se pagaron varios meses después de la fecha límite. Se suspendió el pago de la prima de antigüedad sin razón alguna. El sueldo se paga con días o meses de retraso. A los contratistas les pagan 15 días después o meses más tarde. Se adeuda quinquenio a trabajadores oficiales. Los funcionarios salen a vacaciones sin la correspondiente prima.

Sumado a ello, la ausencia de razones para justificar la terminación de la relación laboral llevó a la Corte a concluir que el fin del vínculo fue producto de un despido sin justa causa.

Estos abusos que llevan a la legítima protesta y en ocasiones al paro, ha dicho la H.C.C que este paro sería “imputable al patrón...” es decir reitera la legalidad de la huelga.

Lo anterior, pone de presente el cumplimiento de las condiciones que el sistema general señala, en el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, para el reconocimiento de la pensión sanción, que, según el alto tribunal, no se puede desconocer a las personas incorporadas al servicio doméstico. (C. Const. Sent. T-014, ene. 19/15, M.P. Luis Ernesto Vargas).

Esto es lo que han hecho los empleados del Hospital San Blas liderados por SindistritalesCUT, varias protestas en la institución, y el día 6 de julio del presente año, en la Secretaría Distrital de Salud donde fuimos atendidos por el Dr. Mauricio Alberto Bustamante, secretario de Salud. Allí denunciamos las irregularidades que se dan en la institución, el Dr. Bustamante instó a la gerente a cumplir sus obligaciones con los trabajadores.

Sorpresa que para el mes de agosto no se renovaron los contratos de 5 auxiliares de enfermería que habían liderado las protestas por el retraso en sus salarios, reemplazándolos nuevos contratistas, vinculados a partir del 1 de agosto, con las mismas funciones misionales, en la institución hay 111 auxiliares de enfermería de contrato. Qué casualidad. De igual manera, violando el debido proceso, en el mismo mes se traslada de servicio a nuestra líder Patricia Barazeta, que por supuestas quejas, esta compañera fue nuestra vocera en la reunión con el Dr. Bustamante. La actual gerente viene persiguiendo a algunos de nuestros voceros, violando así la Constitución Política y el Código Penal. Llamamos a la gerente a renovar el contrato de los auxiliares citados e incluso vincularlos a la planta de personal, ya que cumplen funciones misionales. A que restituya en el servicio a la jefa Patricia Barazeta y se cumpla el debido proceso. Llamamos a la Personería Distrital, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación a que se investiguen estos hechos que atentan contra la libertad sindical. Llamamos a los trabajadores a continuar defendiendo la salud pública, la estabilidad laboral y a denunciar la corrupción.

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internacinal

Estado poco libre, asociado y... en bancarrota Nils Castro Escritor y catedrático panameño Alai Amlatina, 12/08/2015

tomado de

l Estado Libre Asociado (ELA) cayó en moratoria y lo que antes nos presentaban como “la vitrina del Caribe” se desacreditó. Ya nadie lo considere solvente, ni en Wall Street ni entre los tres poderes de la Unión, pues además del desastre económico el ELA ha probado ser un fiasco político. Pero cuando corresponde definir quién pagará el desastre, ellos aducen que, como viene de décadas de malas administraciones puertorriqueñas, sus costos deben recaer sobre quienes las eligieron. La gran prensa y los carísimos consultores y cabilderos oficiales omiten quién instauró al régimen que originó tales administraciones y limitan la cuestión a decidir las medidas “técnicas” requeridas para paliarlo. Nada nuevo en el repertorio neoliberal. Como los “pigs” europeos Portugal, Irlanda, Grecia y España, la isla se endeudó descomunalmente y ahora la “única” salida es exigirle extrema austeridad. Maliciosa distorsión del término que no sugiere sobriedad sino que manda precarizar empleos, abatir salarios, achicar pensiones, eliminar días de descanso, reducir servicios públicos y ele-

var impuestos. Esto no castiga a quienes implantaron ese modelo económico, ni a quienes contrajeron esta deuda y gozaron del despilfarro, sino a un pueblo que no tuvo otras opciones políticas. Puerto Rico es un “territorio” que pertenece a Estados Unidos pero no forma parte esa nación; el Congreso de Washington ejerce los poderes sobre la isla y define las modestas atribuciones caseras del gobierno local. En castellano, esto es una colonia. ¿De dónde vino semejante endeudamiento? De una larga insostenibilidad del modelo, que

por decenios tomó empréstitos adicionales crecientemente onerosos para tapar deudas anteriores, hasta que el gobierno resultó incapaz de pagar. Los seductores prestamistas de ayer son los implacables buitres de hoy, y aseveran con el dogma neoliberal en el puño que haciéndola consumir menos y tributar más la isla podrá pagar lo recibido y sus intereses. Pero según la legislación federal los “territorios” no tienen derecho a auxilios por bancarrota; la Casa Blanca aclara que solo piensa “asesorar” al gobierno de San Juan y el Congreso tiene otras prioridades.

instalación de industrias ligera y farmacéutica en la isla, hasta que estas la abandonaron cuando los atractivos asiáticos y los TLC con México y Centroamérica les ofrecieron mayores ventajas. E invariablemente esas empresas repatriaron enormes ganancias sin reinvertir en Puerto Rico, y cada una de esas experiencias le restó sostenibilidad a la economía del país, cuya gente nunca las ideó ni fueron sus beneficiarios. Y cada una dejó una crisis humana y demográfica por la cual millares de puertorriqueños no tuvieron más remedio que dejar su patria.

A la vez, se omite que antes de discutir cualquier pago debería auditarse cada préstamo, pues en el bulto adeudado se ocultan gastos o extravíos inadmisibles. Como igualmente se silencia que durante más de un siglo Puerto Rico nunca dejó de subsidiar a la economía estadounidense, al tener que amoldarse a las necesidades norteamericanas, incluso a expensas de su propia subsistencia.

Más de un siglo de historia muestra que el verdadero deudor es Estados Unidos, y que los pícaros que endeudaron a la isla sabían en qué andaban y pueden asumir esa responsabilidad sin pretender ganancias adicionales. Ello dista de ser un problema “técnico”, y es imposible apretar más la tuerca de la austeridad sin romper el tornillo. Dentro del sistema colonial que creó y recicla el problema, ningún paquete de medidas sacará a la isla del marasmo. La crisis proviene del régimen que impide a los puertorriqueños escoger sus propias alternativas y usar los mismos recursos soberanos que sus vecinas repúblicas caribeñas y latinoamericanas.

Cuando Estados Unidos necesitó azúcar, se cañaveralizó a la isla arrasando los demás cultivos y la seguridad alimentaria, hasta que los agricultores norteamericanos la surtieron con azúcar de remolacha. Entonces se impuso la industria de derivados del petróleo hasta que la crisis de 1973 encareció el suministro y dañó el negocio. Luego, el Congreso estadounidense favoreció con exoneraciones la

Para superar la crisis lo que toca negociar no son medidas “técnicas”, sino la transición para convertir a Puerto Rico en una república independiente y sostenible.

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cultural

LA PUNTA DEL ICEBERG

Carlinhos Brown en el Petronio Álvarez

Darío Henao Restrepo

Universidad del Valle

l fin se cumplió el viejo anhelo de Germán Patiño, escuchar en el Petronio Álvarez al extraordinario percusionista, cantante y compositor, Carlinhos Brown, hijo del barrio Candeal, en la periferia de Salvador de Bahía. Como si se tratase de un músico de cualquiera de las agrupaciones de nuestro litoral, Carlinhos abrió con los ritmos ancestrales llegados del África a su Brasil natal para construir empatía con el público caleño, conformado también de mayorías negras y mulatas como el de Salvador. En esta hermosa ciudad estuve varios meses el año pasado y pude asistir entre tantos espectáculos públicos, al día de la Conciencia negra, en el Farol de la Barra, frente al mar Atlántico. Acá, sin mar pero con las brisas del Pacífico, mis sentidos cotejaron, con lo guardado en mi memoria, todas las semejanzas y nexos entre nuestras culturas. Sobre todo entre Salvador y Cali, ciudades que junto con La Habana, tienen la mayor población negra y mulata del continente. Pasé un día en Candeal, tras la huella de Carlinhos (había visto varias veces O milagre de Candeal, el documental sobre el encuentro de Bebo Valdés y Carlinhos). Con mucha batucada, candomblé, moquecas y acarajé, en Candeal me sentí como en Siloé. Cogité con mucha emoción el universo común de Piper Pimienta, Joe Arroyo y Jairo Varela con el de todos esos músicos del barrio donde Carlinhos ha hecho una academia musical para educar a niños y jóvenes. Y un escenario, Pracatum, para las presentaciones de todo tipo de espectáculos musicales. Un buen ejemplo a seguir por nuestros músicos. Anoche, en las canchas Panamericanas de Cali, Carlinhos Brown salió a re-establecer esos nexos, ese malungaje de compañeros de travesía que un día se separaron y añoran encontrarse. Ese ritual del reencuentro se vivió con la majestuosa intensidad del espectáculo. Por todo lo que observé entre la multitud se sembraron puentes cognitivosensoriales para que esas sonoridades afro-brasileras circulen entre nosotros. La extrañeza inicial, como cuando dos parientes lejanos se encuentran, se fue rompiendo de a poco con el conocimiento y el fluir de los ritmos de una banda impecable y sofisticada

en sus arreglos, y por supuesto, gracias a la maestría y al enorme talento de Carlinhos, hijo de Changó, siempre convocando energía, mucho aché, para este encuentro de familiares lejanos, de malungos. Aquí estoy familia fue el mensaje profundo de la batucada que le ofrendó Carlinhos a los caleños. “Yo soy brasileño, pero ahora soy Pacífico” fue una declaración que ganó la ovación unánime y la agitación de los pañuelos emocionados de la multitud. El bahiano se sintió uno más del Pacífico e hizo sentir bahianos a las gentes de Cali y el Pacífico. Pese a las barreras del idioma y echando mano de un simpático portuñol, tipo “Arriba as maos”, se metió entre la gente y logró ponerlos a corear palabras como “namorada” y “birimbao” en alusiones a al amor y al instrumento de una sola cuerda que acompaña a la capoeira, ese arte marcial que los africanos trajeron a las costas del Brasil que ya practican muchos en nuestros barrios. Me emocionó ver a los jóvenes del Pacífico tarareando “capoeira larara” “magalenha”

“odara Salvador”. Algún día ocurrirá lo propio en Salvador con la “la vamo a tumbá” “kilelé”

y “birimbí”. Al fin y al cabo somos familia. La Buitrera. Cali, lunes 17 de agosto de 2015

Ciclo de cine moderno de India en Bogotá Inicia actividades el Centro Cultural Colombo-Indio Últimos jueves de cada mes: la cita con Bollywood en el barrio La Castellana. Ahora sí, cine indio de primer nivel en Bogotá. Con la famosa película "Dhobi Gahat", se inicia el ciclo de cine moderno indio, el próximo jueves 27 de agosto. Sede de Cinset en el Auditorio Mahatma Gandhi. Dirección Carrera 48 Nº 91-94 Las películas a proyectar son las siguientes: •• Dhobi Ghat, Director: Rajikumar Hirani •• Protagonista Aamir Khan, Jueves 27 de agosto.

•• Mi nombre es Khan, Director: Karam Johar, Protagonista Shahrukh khan, Jueves 24 de septiembre. •• PK (Peekay), Director: Rajikumar Hirani •• Protagonista Aamir Khan, Jueves 29 de octubre. •• 3 idiots, Director: Rajikumar Hirani, Protagonista Aamir Khan, Jueves 26 de noviembre. El ciclo de cine es organizado por Cinset y su Centro Cultural Colombo-Indio, con la colaboración de la embajada de la India en Colombia, Cesicam-Universidad Externado de Colombia, Asociación Amigos de India Colombia y la Orga-nización Sembrando Maravillas. Tel: 2560961

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CRUCICUT CRUCICUT CRUCICUT CRUCICUT Moro que si estaba en la costa era peligroso

Venta de ocasión

En el lenguaje de ahora que algunos creen de igualdad, sería una mujer Querer muy “pepa”

Practica de yo con yo que según la Biblia Tío que se De ahí a Posesivo que castigaba el cree el policía amad hay un del Mundo solo paso es una nota Dios judío

Por SintraRibazo

Coger de idiota útil

Intereses, no muy claros

Central fundada por los jesuitas en 1946 Avalancha

¿En qué ciudad nació esta líder de Hombres con ademanes la Unión Patriótica que tuvo que exilarse femeninos por los ataques de los paramilitares, Aida Avella Esquivel, actual candidata al Un tipo de soldadura concejo de Bogotá?

Dolores de los nervios

Ruedo de la plaza de toros que en Bogotá aspiramos a darle otro uso Rellenos 2 sanitarios

Acobarde

Apuesta

Cansarán con la cantaleta

Relativa al aire Consejo de seguridad de Uribe

La misma papa que llaman en España

Usted corto Equipo de Italia donde juega DuvanZapata

Inundación

Uribe Llorente Persigue al contrario

Fuerte

El país de Lenin Vecino de los árabes con muro infame

Brama

Esguince

Facultades a las que aspiran los dictadores Compañías

Un jefe que arrastra seguido de vagones en plural

El en italiano

Dios de los vientos Ni corto ni perezoso

Importante río de Suiza que pasa por Berna

Erbio

Regaña al revés

Discurso de guerra Culebra que mordió a Cleopatra

Doctora

Marcador que tienen todos los partidos de fútbol

Lavaste o fastidiaste Un sombrero como el vueltiao

Julio C., militar narco preso por falsos positivos Fondo internacional “chupasangre”

Sospechaba Palabras mayores Río de España que atraviesa la región de Sar Volante de Santa Fe, plural Para Fernando Vallejo son abo minables porque procrean hombres Casi nasa

Doctores de la ley mahometana, al revés Interjección de duda o desdén Flor que representa a Francia Señor en el campo Revolución mundial

Injusto, como todo lo de Ordoñez con Petro Niño de Tenorio Caminadora, que anda mucho

SUDOKUS

Según el irónico, son lo más parecido a pícaros que conocen su oficio

2 ¿Dónde nació esta formidable bicampeona mundial y Medalla de Plata olimpica de salto triple y deportista colombiana del año 2013, Catherine Ibargüen Mena?

Sociedad de ahora

Complete cada tablero con los números del 1 al 9, de tal manera, que no se repitan en ninguna fila, columna ni en cada caja interna de 3x3.

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cultura

La nación latinoamericana

La Independencia de América latina Pascual Amézquita Zárate Docente universitario PhD. en Economía

Retomando el hilo: La Guerra de Independencia americana se inició hacia 1809-1810. En la región norte de Sur América pronto empezó a destacarse como caudillo el caraqueño Simón Bolívar. Durante los primeros años libró la llamada “Campaña Admirable”, pero por errores político-militares debió retirarse a Jamaica, donde escribió un importante documento.

La Carta de Jamaica (II)

n la anterior entrega se indicaron las circunstancias en las cuales se escribió la Carta de Jamaica (1815), destacando que la primera idea expuesta es que la dinámica de la independencia era irreversible pues los tres siglos de la etapa colonial solo dejaron pobreza y descontento entre los americanos. Ahora bien, como ya lo hemos anotado, una causa de la independencia de estas tierras fue el auge de la burguesía mundial en medio de tenaz lucha contra el feudalismo. Esa burguesía era básicamente comercial, pues la industrial hasta ahora empezaba a fortalecerse en Inglaterra gracias a la Revolución Industrial (1750). Teniendo en cuenta esto, se entiende por qué Bolívar afirma que “Europa haría un bien a España en disuadirla” de continuar insistiendo en mantener dominados a los americanos no solo por el alto costo económico y en vidas humanas que ello le significaba sino por las ganancias que obtendrían los otros países europeos. Afirma la Carta: Europa misma por miras de sana política debería haber preparado y ejecutado el proyecto de la independencia americana, no solo porque el equilibrio del mundo así lo exige, sino porque este es el medio legítimo y seguro de adquirirse establecimientos ultramarinos de comercio.

Más adelante Bolívar se cuestiona sobre la forma de gobierno que se adoptará cuando sean expulsados los españoles. En un comentario genial afirma que la suerte de cada parte de la américa española independiente será similar a la que tuvieron los pueblos del Mediterráneo cuando se disolvió el Imperio Romano, con la diferencia, anota, de que al caer Roma las naciones sojuzgadas pudieron volver a funcionar, pero que en cambio acá la colonia acabó con todo vestigio de los pueblos propios y que ello dificultaría el renacimiento americano. En este comentario hay en germen una idea muy cierta y que tendría que haberse valorado plenamente por quienes a partir de 1820 empezaron a reconstruir el gobierno. Pero, como se mostrará en próximas entregas, hasta el mismo Bolívar a la hora de decidir la nueva forma de gobierno pasó por alto su descubrimiento, lo que acarrearía muchas guerras civiles. Otra observación no menos genial de la Carta tiene que ver con la pericia política. Razona Bolívar que los siglos de colonialismo alejaron a los americanos del gobierno, lo que se tradujo en que nuestro pueblo olvidó cómo gobernarse, y extrema el argumento para señalar que por las peculiaridades de la tiranía

Carta que representa la división política del Virreinato de Santafé en 1810. Carta V del Atlas geográfico e histórico de la República de Colombia, 1890. Agustín Codazzi, Manuel María Paz, Felipe Pérez.

española ni siquiera aprendimos a obedecer. Aunque Bolívar no lo menciona, el lector puede caer en la cuenta de que se trata de la forma de evasión que se sintetizó en la expresión colonial “se obedece pero no se cumple”. También en este punto los hechos le dieron la razón a Bolívar. Posteriores estudiosos han señalado que por esa falta de aprendizaje en los menesteres del gobierno ocurrió el período que se llama “patria boba” –de todos modos inapropiadamente–, y otros han concluido que las mejores inteligencias del momento tuvieron que empeñarse en aprender a gobernar, no en reconstruir la economía. Cosa diferente ocurrió en Estados Unidos, como se analizará posteriormente. La síntesis de la exclusión económica y política padecida por todos los americanos durante la Colonia, y que Camilo Torres presentó en el Memorial de Agravios, aparece en la Carta de Jamaica de manera diáfana: Estábamos, como acabo de exponer, abstraídos y digámoslo así, ausentes del universo en cuanto es relativo a la ciencia del gobierno y administración del Estado. Jamás éramos virreyes ni gobernadores sino por causas muy extraordinarias; arzobispos y obispos pocas veces; diplomáticos nunca; militares, solo en calidad de subalternos; nobles, sin privilegios

reales; no éramos, en fin, ni magistrados ni financistas, y casi ni aun comerciantes.

Hasta acá va el recuento de más o menos la mitad del texto de la Carta, lugar donde aparece una terrible afirmación de Bolívar: “De cuanto he referido, será fácil colegir que la América no estaba preparada para desprenderse de la metrópoli”. Antes de continuar con la Carta conviene detenerse así sea brevemente en esta afirmación, que va a oírse muchas veces a lo largo de la historia. De algún importante político colombiano se cuenta que un día le preguntaron que cuál era el mejor gobierno que había tenido Colombia y que impávido contestó “el español”. La hipótesis de los nostálgicos de la Colonia, y del mismo Bolívar como se ve, es que unas décadas más de dominación nos hubieran convertido –para decirlo en términos kantianos– en mayores de edad. Pero lo más probable es que cada día, cada año, cada década de más colonialismo nos hubiera vuelto más pobres y menos capaces para gobernarnos. Por eso los procesos de independencia deben ser hoy y no mañana, pues cada día de sojuzgamiento trae un irremediable costo mayor.