Informativo cut Bogotá Cundinamarca 109 octubre 2013 by Cut.Bogotá Cundinamarca

¿Qué tan decente fue el trabajo en Colombia en 2012?

La reforma a la salud, un lobo con piel de oveja

“El Trabajo Decente resume las aspiraciones de los individuos en lo que concierne a sus vidas laborales, e implica oportunidades de obtener un trabajo productivo con una remuneración justa, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas para el desarrollo personal y la integración social, libertad para que los individuos manifiesten sus preocupaciones, se organicen y participen en la toma de aquellas decisiones que afectan a sus vidas, así como la igualdad de oportunidades y de trato para mujeres y hombres” OIT. / 10

El núcleo del fracaso de la ley 100 estuvo signado por el hecho que se haya concebido un modelo de salud en el cual se introduce el ánimo de lucro a costa de la garantía del derecho a la salud de los colombianos, es decir, los intermediadores (EPS) generaron barreras de acceso y negaron servicios de salud para acumular excedentes que como bien lo señalan las investigaciones de la Contraloría General de la Nación, se tradujeron en recursos públicos que fueron desviados con fines distintos a la salud y dirigidos a las arcas del sector privado. / 6

Nº 109 Valor $500

Bogotá, Colombia Octubre de 2013

La lucha sindical por Trabajo Decente

Plantón en el almacén Easy de Centro Mayor por el derecho de negociación. Viernes 11de octubre.

Protesta de los despedidos de Telecom ante el Palacio de Justicia. Jueves 17 de octubre.

Vuelve t r ael b a jsindicalismo o decente

En este número

Ideas para el fortalecimiento del movimiento sindical

Madres comunitarias. La permanente lucha por conquistar sus derechos laborales

Esta nueva sección del periódico está dedicada a presentar reseñas de libros, documentos de expertos y documentos originados en el propio movimiento sindical, nacional e internacional, que apunten a desarrollar las potencialidades y superar las limitaciones del movimiento. La página estará dirigida por el investigador social Luis Ignacio Sandoval Moreno. / 20

Las madres comunitarias se percataron que cumplían un horario, que el Icbf era su patrón por cuanto financia el programa, define la normatividad, la supervisión, la capacitación, las evalúa, las controla... y les suministra una remuneración llamada Beca por cada niño atendido. / 2

Creado sindicato en Bel Star (L´Bel- Esika-Cyzone)

Violencia antisindical y propuestas para la reparación colectiva

Otro gran paso en la organización de los trabajadores El 29 de septiembre, por iniciativa de varios trabajadores y con asesoría de la Subdirectiva CUT Bogotá Cundinamarca, se fundó un nuevo sindicato de trabajadores del sector industrial conocido como Sabana Centro. / 7

El ejercicio sindical ha construido escenarios complejos como sujeto sociopolítico, de este modo ha sido posible la configuración de un rol que defiende y reivindica intereses de los trabajadores, transversales a la vida económica, social, laboral y política del país. / 14 Marcha contra el acoso laboral en el Cementerio del Apogeo. Domingo 29 de septiembre.

CRUCICUTCRUCICUT / 23

Nº 109, octubre de 2013

laborales

Madres comunitarias

La permanente lucha por conquistar sus derechos laborales María Victoria Forero I. Directora Depto. de Empresas Transnacionales CUT Bogotá Cundinamarca

n 1986, el Estado colombiano decidió no crear más Hogares Infantiles para la atención integral de los niños menores de 7 años; con el fin de abaratar “costos” creó el programa Hogares Comunitarios de Bienestar, para que madres comunitarias, en sus viviendas propias o arrendadas, atendieran cerca de un millón de niños. Se ingenió la participación de la comunidad, dándole a la madre comunitaria la condición de voluntaria al servicio de los niños de su entorno barrial. Así la responsabilidad del Estado-Icbf, de atender directamente a la niñez, se le trasladó a la madre comunitaria y a las asociaciones de padres usuarios. No tardó mucho para que las madres comunitarias se dieran cuenta que ellas eran trabajadoras, que asumían una labor muy pesada de cuidar en su hogar 15 niños, desde bebes hasta los 6 años, de 8 a.m. a 5 p.m. y de lunes a viernes; que diariamente debían prepararles los alimentos, realizar con ellos actividades lúdicas, de socialización, iniciarlos en la preescolaridad, ejecutar actividades de orientación a los padres sobre alimentación, crianza, afectos, cuidados, manejo de autoridad; rendirle informes y cuentas al Icbf y a otras entidades. Las madres comunitarias se percataron que cumplían un horario, que el Icbf era su patrón por cuanto financia el programa, define la normatividad, la supervisión, la capacitación, las evalúa, las controla y les suministra una remuneración llamada Beca por cada niño atendido. Les asignaron la enorme responsabilidad del cuidado de los niños pero han tenido que luchar y movilizarse de manera permanente para que el Icbf les aumente los recursos para raciones de los niños, material didáctico, dotaciones y menaje, combustible... Todas estas circunstancias las llevaron a unirse en 1992 y crear el Sindicato Nacional de Trabajadoras al Cuidado de la Infancia en Hogares de Bienestar, Sintracihobi, filial de la CUT; sus fundadoras son las mismas dirigentes que hoy están liderando y dando ejemplo de resistencia por conquistar plenos los derechos laborales. Con su lucha han logrado presupuestos para mejorar los beneficios a los niños, lograron la atención en salud mediante el IVA social, luego en 1996 les

dieron la posibilidad de afiliarse al Fondo de Solidaridad Pensional. En su meta por tener derechos laborales, algunas congresistas han presentado proyectos de ley, sin embargo, en su trámite los gobiernos se han opuesto y las mayorías del Congreso de la República los han negado para mantenerlas en la informalidad laboral, tal el caso del 2008 que por Ley, les subieron la Beca al 70 % del salario mínimo para las de tiempo completo. Persistiendo en sus justas reivindicaciones y en la preservación del programa, sus organizaciones Sintracihobi, Ustrahbin, Amcolombia, Adihp, Sindimaco, con el apoyo de Ilsa, conformaron la Mesa Nacional de Organizaciones de Madres Comunitarias, arropando con sus banderas a las madres sustitutas y tutoras que también dependen del Icbf. La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-628/12, ante una tutela que interpuso una madre comunitaria del Valle (q.e.p.d.), dispuso: “…ORDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que, de forma inmediata, INICIE, LIDERE y COORDINE un proceso interinstitucional y participativo de diseño y adopción de todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar que, de forma progresiva pero pronta, las madres comunitarias de tiempo completo del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar devenguen al menos el salario mínimo legal mensual vigente para entonces”. Es esta Sentencia y la insistencia de las madres, las que obligan a al gobierno y al Congreso a que atiendan la formalización laboral de las madres comunitarias.

Con las movilizaciones del año pasado lograron que en el 2013 la Beca fuera igual al salario mínimo y que en enero del 2014 tuvieran el salario mínimo con todos los factores de ley. Sin embargo, como es usual en este gobierno, se incumple y les anuncian que será reconocido pero a partir de julio de 2014, así mismo no da salida para pensionar con el salario mínimo a las madres que ya cumplieron la edad de pensión o se encuentran enfermas y no han cotizado o han interrumpido las cotizaciones. Así, el pasado 30 de septiembre las organizaciones sindicales se lanzaron al paro indefinido con grandes movilizaciones en Huila, Putumayo, Caquetá, Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Nariño, Boyacá, Cundinamarca, Atlántico, Cesar, Bolívar, Magdalena, Sucre, Guajira, Santander, Meta, Casanare, Chocó, Córdoba, Caldas, Risaralda, Quindío y Arauca. Sus principales líderes han estado en Bogotá en plantón permanente ante el Ministerio de Hacienda y en la Plaza de Bolívar; durante los 16 días de paro han enfrentado y superado todo tipo de adversidades, demandado la solidaridad y no se han dejado intimidar por los anuncios de descuentos y cierre de hogares, al contrario, persisten en sus justos propósitos y avanzan en los siguientes preacuerdos con el gobierno:

1. No habrá descuentos por los días de paro. 2. La estrategia de cero a siempre no afectará a los niños que se atienden en los Hogares Comunitarios. 3. El tránsito a los Centros de Desarrollo Infantil-CDI, no es obligatorio para ninguna modalidad. 4. Se amplía el plazo hasta el 16 de noviembre /14 para la inscripción en el registro de oferentes. 5. El contrato laboral será a término indefinido, sin tener en cuenta la edad de la madre comunitaria. 6. Se presente la propuesta y se logre en estas sesiones del Congreso los recursos para que la formalización laboral sea desde enero de 2014 y las madres que están en edad de retiro o enfermas, sin los requisitos para pensión, se les legalice un subsidio vitalicio. En espera que el Presidente de la República las atienda y se comprometa directamente, y que el Congreso apruebe las adiciones presupuestales, han decidido llamar a las 69.000 madres comunitarias a mantenerse en el paro. Llamamos a todas las organizaciones sindicales a vincularse solidariamente con el acompañamiento y apoyo económico.

Nº 109, octubre de 2013

opinión sindical

La paz y la defensa del gobierno de Petro bien valen una misa El signo preponderante de la actual correlación de fuerzas en la política del país se expresa alrededor de estas dos coyunturas: la defensa o hundimiento del proceso de paz, y anular las fuerzas democráticas desterrando de la capital al gobierno de la Bogotá Humana. Sus animadores principales están en la liza política.

Miguel Ángel Delgado R.

Director Depto. de Comunicaciones

l pasado mes de abril, con motivo de la multitudinaria marcha en apoyo al proceso de paz que se gesta en La Habana, escribimos un artículo en el que señalábamos la necesidad que tiene para el sindicalismo en particular, pero para el país y la democracia en general, el que se logre una salida negociada al conflicto armado entre los protagonistas de este proceso: el gobierno de Santos y las Farc. Hoy, seis meses después, debemos insistir en el punto, sobre todo por la develación de la situación política que insinuábamos en esa nota, pero que hoy, en pleno desarrollo, pone al descubierto que cuando algunas fuerzas amenazan de manera real el proceso de paz, y por ende, la democracia y el avance social, debemos insistir en la defensa las conservaciones que se adelantan en Cuba. Para reafirmar esta insistencia, debemos apoyarnos, sin duda, en las declaraciones que diera para la revista Semana el mandatario de los bogotanos Gustavo Petro1, en nuestros propios juicios de los fenómenos políticos, en nuestra práctica sindical y política, y en el consejo de avezados observadores de la realidad nacional. Lo importante es que coincidimos.

El alejamiento de Santos de los caminos uribistas, expresado en que se acelera el juzgamiento de parapolíticos, de funcionarios venales y comprometidos con las chuzadas, en la rectificación de la política internacional con relación a los vecinos Venezuela y Ecuador, y en los diálogos por la paz, que se desenvuelven en La Habana, marcan señales de carácter positivo frente a la situación en la que dejó al país el mandato de dos cuatrienios de despotismo. Razona el alcalde Petro que el énfasis más importante es acabar la guerra: “La política, con P mayúscula, se está moviendo alrededor de acabar la guerra o lograr dinamitar el proceso de paz.” Y, delimitando campos y diferencias con el presidente Santos, concluye “pero eso no quiere decir que no sepamos entender que hay un punto de esfuerzo común que amerita una profunda alianza en Colombia. Ese punto es acabar la guerra. Y a Santos lo quieren debilitar para acabar la posibilidad de la paz en Colombia y parte de esa estrategia tiene que ver con que el gobierno progresista deje de gobernar Bogotá”.

La facción de la derecha extrema, concentrada alrededor del expresidente Uribe, partidaria de la solución violenta del conflicto armado, amiga del narcotráfico, con fuertes nexos con el paramilitarismo y emparentada con los terratenientes, está jugando a la oposición política, inclusive tratando de sacar provecho de causas justas que jamás abanderaron como el fuerte paro agrario de agosto, se apresta para la retoma del poder promoviendo una lista exitosa al Senado como preámbulo de las elecciones presidenciales. Estas dos agrupaciones de clase, representadas por Santos y Uribe, amigas de EE. UU. y creyentes de la doctrina neolibe-

ral, polarizan al país y a la opinión pública, y de este pulso y de su resultado dependerá el futuro inmediato del país. Lo que Petro plantea es que por el fin superior de la paz y la democracia se debe actuar de inmediato y prioritariamente en su defensa y si para ello debemos constituir una gran alianza de las corrientes democráticas y amigas de la paz, pues se debe hacer. Es la tarea política (“con P mayúscula”) del momento. Inaplazable. Esta tarea implica también la defensa del gobierno Progresista de Bogotá, bastión de la paz y expresión de una opinión pública capitalina de carácter avanzado y democrático. Por encima de las incomprensiones de nuestro medio sindical, de los señalamientos a ultranza de sectores afectos al sectarismo doctrinal, del argumento sano y noble pero equivocado sobre la acumulación de fuerzas por parte de la izquierda e incluso de nuestra propia tranquilidad, creemos en la defensa de la paz como prerrequisito a la democracia y el progreso, y más si en esta defensa está involucrada la permanencia del Alcalde de la Bogotá Humana, aun a costa de que su concreción implique la reelección de Santos. Parodiando a aquel primer rey Borbón de Francia: La paz y la defensa del gobierno de Petro bien valen una misa.

Nota 1 http://www.semana.com/nacion/articulo/ entrevista-petro/360806-3

LA VOZ DE LOS TRABAJADORES DEL ACUEDUCTO ES SOBERANA En asamblea general extraordinaria de trabajadores realizada el 15 de octubre de 2013, un total de 1.920 afiliados, del global de 2.652 asociados, ratificaron por unanimidad la Junta Directiva democráticamente elegida en mayo de 2011, al igual que a su presidente y representante legal Nelson Castro Rodríguez.

Jaime Padrón, Oficina de Prensa Sintraemsdes Bogotá

Nº 109, octubre de 2013

opinión

El TPP, peor que los TLC Emilio Sardi

Tomado de elpais.com

os tratados de comercio no son buenos o malos en abstracto. Sus beneficios o daños dependen de lo que se pacte en ellos y de los objetivos y fortalezas relativas de las partes. Desde este punto de vista, es muy grave que Colombia se haya dedicado a firmar TLC a la carrera, sin estudios serios que identifiquen las implicaciones de lo que está pactando ni, mucho menos, los beneficios específicos que busca o los daños que puede sufrir con ellos. Todos han sido firmados sin objetivos concretos, sobre la base de especulaciones teóricas de índole general sin sustento en la realidad y, por eso, contienen infinidad de cláusulas lesivas para el país. Pero si la firma irreflexiva de los TLC es mala, la corona de la irresponsabilidad se la lleva ahora nuestra solicitud de admisión al TPP (Trans Pacific Partnership). Este acuerdo busca fijarle reglas a todo, desde la calidad de la comida o el manejo de los mercados financieros hasta los precios de los medicamentos o la libertad en Internet, y solo 5 de sus 29 capítulos cubren aspectos relacionados con el comercio. Liderado por EE. UU., cobija a 12 países ubicados en la cuenca del Pacífico, todos ellos ubicados por encima de Colombia en el escalafón mundial de la competitividad. Lleva 19 rondas de negociación, adelantadas en secreto, sin ninguna participación ni de los parlamentos nacionales ni de la sociedad civil ni de los sectores directamente afectados, aislando totalmente a la opinión pública, lo que le ha valido el calificativo de “la negociación comercial más secreta y menos transparente de la historia”. A pesar del secreto que ha cubierto las negociaciones, hay filtraciones suficientes para generar preocupación en temas tan diversos como el acceso al conocimiento o el acceso a los medicamentos. Sobre este último, Médicos sin Fronteras ha afirmado que “El TPP está en camino de convertirse en el tratado más dañino de todos los tiempos para el acceso a medicamentos en los países en desarrollo”, pues busca evitar la competencia y mantener

sus precios en niveles prohibitivos. El acuerdo busca además limitar desde la posibilidad de los gobiernos de fijarles precios a los medicamentos hasta la de negociar mejores condiciones en las compras estatales. Son tan graves las amenazas del TPP que recientemente el Senado chileno aprobó por unanimidad solicitarle al Presidente un “debate público, técnico y político, oportuno y veraz, sobre las implicaciones que dicho acuerdo podría tener para Chile en materia económica y de relaciones internacionales”. Con esto estaba acogiendo la preocupación nacional nacida de los reparos de personas como el exdirector de la Direcon (oficina que maneja los TLC chilenos), sobre las implicaciones que el TPP podría tener en las limitaciones de políticas públicas, y el ex jefe negociador de Chile en el TPP, sobre cómo afectaría los derechos digitales y el acceso de los ciudadanos a la cultura y a la salud. ¡Y mientras esto pasa en Chile, un país que se ha distinguido por su apertura al comercio, Colombia solicita a ciegas su ingreso, sin haber sido parte de las discusiones y sin conocer con exactitud las obligaciones que éste conllevaría! Vale la pena que quienes hoy empiezan a reconocer los peligros para el futuro del país de la firma irreflexiva de un TLC tras otro le pongan atención a lo que puede suceder con el TPP. Por malos que sean los TLC, el TPP es peor.

Horario de atención Lunes a viernes: 9:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:30 pm Cita previa

FINANCIADO POR CON EL APOYO DE

Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo

Nº 109, octubre de 2013

opinión sindical

Reparación integral para el sindicalismo Héctor Fajardo Abril

Exsecretario General CUT

omo consecuencia del daño causado al movimiento sindical colombiano a lo largo del conflicto interno que ha vivido Colombia en las últimas décadas, dentro del mismo se ha iniciado una discusión sobre las dimensiones que la reparación debe tener. El largo proceso de victimización que ha sufrido el sindicalismo por parte de todos los actores del conflicto (Estado, paramilitares, guerrillas, bacrín...), no sólo ha dejado, a lo largo de los años, más de tres mil sindicalistas, hombres y mujeres, asesinados, más de cuatrocientos setenta sindicatos afectados, centenares de sindicatos desaparecidos, cientos de convenciones colectivas destruidas, una tasa de sindicalización postrada a niveles ínfimos (3,9% de la PEA), también unas tasas de impunidad escalofriantes (95%), según cifras oficiales, lo mismo que una cultura antisindical impulsada por el Estado, los gobiernos, los partidos tradicionales y el empresariado, que ha conducido al sindicalismo a la marginalidad social. Desde hace más de veinticinco años, y ante la ineficiencia de las autoridades para parar el genocidio que se adelantaba en Colombia contra el movimiento sindical, este se dio a la tarea de denunciar en diversos organismos internacionales como la OIT, la ONU, el Parlamento Europeo, el Comité Interamericano de DH, entre otros, lo que ocurría en el país. Esta denuncia logró, sin duda, que la opinión mundial pusiera su atención sobre los hechos denunciados y presionara a los gobiernos de turno para que se adoptaran medidas encaminadas a parar el desangre del sindicalismo. Hoy, con la expedición de la Ley 1448 de 2011, al sindicalismo se le presenta la oportunidad de adelantar un proceso de reparación integral ante el Estado colombiano, proceso que “debe enmarcarse en un conjunto de normas y decisiones...1” que correspondan a las “características históricas del daño causado” al sindicalismo, los trabajadores/as y a la sociedad colombiana, por cuanto los sindicatos forman parte del conjunto de instituciones democráticas del país. Lo anterior no puede entenderse como el hecho de que la reparación “integral y

transformadora” a la que aspira el movimiento sindical, debe encasillarse en los parámetros establecidos por la Ley. La reparación a la que tienen derecho las organizaciones sindicales individualmente consideradas y el sindicalismo como colectivo afectado, debe sobrepasar los términos de la Ley 1448 y de sus decretos reglamentarios, y debe construirse en escenarios propios, con el apoyo del Estado y la participación del mayor número de dirigentes y sindicalistas de base, especialmente de los sectores y regiones más afectados por la victimización. Este proceso de construcción de las propuestas de reparación debe realizarse desde un enfoque de “goce efectivo de derechos”, que contemple de manera efectiva enfoques de género, etnia, etáreos..., de tal manera que el proceso de reparación sea lo más incluyente posible. La base de la reparación que han propuesto las centrales sindicales debe partir de la expedición de normas y decisiones políticas que hagan efectivo el goce de los derechos contemplados hoy en las leyes existentes en materia laboral. Asimismo, se debe expedir, en cumplimiento de lo estipulado por el art. 53 de la CPN, el Estatuto del Trabajo, el cual debe recoger no sólo el bloque de constitucionalidad (Convenios OIT, Convenios de DDHH Corte Interamericana...) consignado en el mismo artículo, sino también lo estipulado por los artículos 25 y 39 de la misma Carta. La política de reparación que debe adoptar el gobierno debe incluir normas encaminadas a garantizar medidas de reparación económica, legal e institucional, simbólicas, y de garantía de no repetición de los dolorosos hechos cometidos contra el movimiento sindical. El sindicalismo y sus víctimas tienen derecho a que haya justicia, verdad y reparación. No cabe duda de que la construcción de una propuesta de política pública en materia de reparación por parte del sindicalismo, y su posterior negociación e implementación con el gobierno naciónal, es quizá el mayor reto histórico al que se ve abocado el sindicalismo colombiano en los próximos años, mucho más si este proceso se tiene que dar en el marco del postconflicto y, por tanto, de la construcción de la paz que reclama Colombia.

Nota 1 Proyecto Reparación Colectiva del movimiento sindical en Colombia: memoria histórica y garantía de los derechos de sus víctimas. CODHES-ISCOD. Bogotá, abril 2013.

Comité Ejecutivo CUT Bogotá-Cundinamarca Alfonso Ahumada B. (Presidente), Luis Fernando Abadía (1a. Vicepresidencia), Bernardo Raúl López Martinez (2a. Vicepresidencia, responsable de Relaciones Internacionales), Carlos Ernesto Castañeda Ravelo (Secretario General), Nohora Bulla Gutiérrez (Departamento de Tesorería y Finanzas), Pedro Isidro Yepes López (Fiscalía), Miguel Ángel Delgado Rivera (Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas, Publicidad y Propaganda), Martha Pineda Guío (Departamento de Organización y Relaciones con Organizaciones Sociales), Jorge Enrique Laverde Herrera (Departamento de Educación, Formación, Capacitación, Investigación y Proyectos), Esperanza Lozano Atencio (Departamento de la Mujer, Derechos Humanos y Solidaridad), Celmira Herrera Urrea (Departamento de la Juventud y el Menor Trabajador, responsable de Asuntos de Salud y Seguridad), Manuel Ángel Téllez González Departamento de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva), María Victoria Forero Izquierdo (Departamento de Asuntos Relacionados con las Empresas Transnacionales y Responsabilidad Social Empresarial), Carlos Alberto Velásquez (Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente), Carlos Arturo Rico Godoy (Departamento de Asuntos Legislativos y Jurídicos).

Consejo Editorial Miguel Ángel Delgado Rivera (Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas, Publicidad y Propaganda), Carlos Ernesto Castañeda Ravelo (Secretario General) Nohora Bulla (Tesorera), Jorge E. Charry (asesor editorial). Avenida Caracas Nº 44-54 Of. 402 Teléfonos: 2455966 / Fax: 2 456432 Bogotá D.C. Colombia Email: elperiodicocut@gmail.com cutsubdirectiva@hotmail.com ISSN: 1900-0898 Diseño y diagramación: Éditer estrategias educativas, ctovarleon@gmail.com / 2329558. Caricaturas: Internet. Fotografías: Jorge Becerra, Manuel A. Mora y tomadas de Internet. Asistencia editorial: Yolanda Rodríguez / Laura Tatiana Peña Buitrago / Laura Chaves Chía Edición: 20.000 ejemplares. Tarifa postal reducida Ministerio de Comunicaciones. Las

opiniones expresadas en los artículos son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

salud

Nº 109, octubre de 2013

La reforma a la salud presentada como el gran beneficio para los colombianos es “más pior” de lo mismo

La reforma a la salud, un lobo con piel de oveja cional y una ley ordinaria que en el momento en que se escribe este artículo se encuentra en el Congreso de la República siendo aprobada bajo la vieja usanza del pupitrazo.

Carolina Corcho MD Psiquiatra. Expresidenta y vocera para la reforma de Anir

l núcleo del fracaso de la ley 100 estuvo signado por el hecho que se haya concebido un modelo de salud en el cual se introduce el ánimo de lucro a costa de la garantía del derecho a la salud de los colombianos, es decir, los intermediadores (EPS) generaron barreras de acceso y negaron servicios de salud para acumular excedentes que como bien lo señalan las investigaciones de la Contraloría General de la Nación, se tradujeron en recursos públicos que fueron desviados con fines distintos a la salud y dirigidos a las arcas del sector privado. La tesis que primaba en el momento era que la introducción de la lógica privada en el aseguramiento y la administración de la prestación del servicio de la salud generaría una suerte de sana competencia que incentivaría a todos los actores a mejorar los servicios y a garantizar la atención de los pacientes, pero evidentemente esto no fue así, y lo que sí era predecible es lo que ha estado ocurriendo, se impuso la apenas obvia y razonable misionalidad de la empresa privada, la cual es garantizar unos márgenes de rentabilidad económica, que en este caso necesariamente tendría que hacerse a costa de negar servicios, lo que se ha traducido en la tragedia humanitaria de los cientos de miles de colombianos que han visto avanzar su enfermedad a la espera de una autorización para ser atendidos de una patología que hoy la medicina puede tratar con solvencia y con la posibilidad de generar una mejor calidad de vida. Es en este trasegar en donde aparece la figura de los jueces de la República que tienen que reforzar la figura del médico, y mediante fallos producidos a partir de las miles de tutelas radicadas solicitando la garantía del derecho, logran ampliar el alcance del derecho y obligan a las EPS a dar cumplimiento de los tratamientos estipulados. A partir de estos fallos la Corte Constitucional construye jurisprudencia alrededor del derecho a la salud, y una vez más termina por hacer el trabajo que debió adelantar el Legislativo en la construcción de un modelo de salud que resuelva los problemas de salud individual y colectiva. Bajo este panorama el saldo de la Ley 100 fue el incumplimiento sistemático de las prescripciones para la atención de los enfermos, lo que se traduce en una flagrante violación del derecho a la vida, la desviación de casi el 50% de los recursos de la salud que no llegaron a su destinación final y quedaron atrapados en la intermediación, dineros que circulan en forma de bonos, negocios y especulación financiera cuando deberían destinarse en la atención de las personas; los veinte años de amnesia de programas y tecnologías para el desarrollo de la salud pública lo que se evidencia en el resurgimiento de enfermedades que ya estaban erradicadas en Colombia como la fiebre amarilla y la neurosífilis; la desestructuración y quiebra de la red pública hospitalaria que hoy tiene en un déficit de 250 mil millones de pesos a la red distrital, dio al traste con el legendario Hospital San Juan de Dios y tiene al

borde del colapso al Hospital Universitario del Valle, ultimo bastión de defensa de la población vulnerable del suroccidente colombiano, entre muchos otros hospitales que vimos perecer en estas dos décadas, y que obligaron a competir en condiciones de inequidad frente al sector privado. La pauperización de los trabajadores de la salud –hoy la principal fuerza laboral– que mantienen un régimen de tercerización y flexibilización. La dificultad de los organismos de control fiscal para rastrear las rutas financieras de las EPS y sus múltiples grupos empresariales para sacar los recursos de la ruta constitucional designada; la defraudación al Estado dado por los millonarios recobros de medicamentos y procedimientos POS que consensuaron en la penumbra para garantizar la máxima rentabilidad, que sin embargo ha sido insuficiente para cubrir la billonaria deuda que estas organizaciones tienen con los prestadores de servicio de salud, que asciende a casi 6 billones. La integración vertical, en donde poderosos grupos empresariales garantizaron la cobertura no de la atención de los pacientes, sino de todos los eslabones de la cadena del negocio: ambulancias, clínicas, aseguradores, farmacéuticas, distribuidores, proveedores de insumos, políticos, funcionarios y todo aquello que pudiera ayudar a aumentar la rentabilidad. Pero quizás uno de los siniestros saldos de la Ley 100 es el fracaso de la sociedad y el Estado colombiano de salvaguardar su sistema de salud como un bastión innegociable en la construcción de democracia y Estado de Derecho en la elemental defensa del derecho a la vida. El gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra, que implementó radicalmente el modelo neoliberal, nunca entregó su sistema de salud que hoy goza de un gran reconocimiento en el mundo y que tiene como principal rector el Estado como único garante. Ante este panorama ha habido una legítima reacción de la sociedad colombiana que se ha expresado en el movimiento nacional de la salud y en las miles de solicitudes que demandan este derecho que se radican en la Superintendencia de Salud y las tutelas que, según la Defensoría del Pueblo, entre los años 2010 y 2011 alcanzaron el número de 94.502. Estas demandas sumadas a los requerimientos de la Corte Constitucional obligaron al gobierno nacional a tomar la decisión de emprender una reforma al sistema de salud, que comenzó en la primera legislatura de 2013 con la aprobación de una ley estatutaria que en este momento se encuentra en control constitu-

La ley estatutaria que tiene como objetivo la definición de los derechos fundamentales, no fue tan afortunada como se hubiera esperado, teniendo en cuenta que la sociedad civil radicó una propuesta alternativa que acogía los elementos centrales constituyentes del derecho fundamental a la salud a la luz de los acuerdos internacionales, en donde se define la salud en conexidad con el derecho al trabajo, la vivienda, el medio ambiente, la vida. Esta concepción fue rechazada por el gobierno y el Congreso quienes redujeron el derecho a la salud a la prestación de servicios de una manera restrictiva, y para evitar que los pacientes se desborden en tutelas la limitaron, incluyendo una serie de mecanismos de reclamos intermedios de tiempos indefinidos para evitar que se llegue a esta en primera instancia y opere como recurso de última instancia después de agotar una serie de reclamos burocráticos que finalmente derivaran en el deterioro del paciente en su condición de salud o a que este asuma de su peculio el acceso al servicio como ocurre en la actualidad. En un desafío a la lógica y a las denuncias de la ciudadanía, el gobierno argumentó que el desangre financiero del sistema estaba dado a costa del exceso de tutelas con poco fundamento, y no a los desvíos de recursos por parte de las EPS. Además de esto, en el Congreso se escucharon las voces del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y senadores de la Unidad Nacional propugnando porque el derecho a la salud debería estar supeditado a la sostenibilidad fiscal bajo el argumento de la insuficiencia de recursos. La tesis que subyace es que el restablecimiento del equilibrio financiero del sistema se hace costa de la cobertura universal de servicios de salud. Con estos elementos la ley fue votada en el Congreso. Se continuaba requiriendo una ley ordinaria que definiera la estructura del sistema para la garantía del derecho a la salud, en donde la lógica, el sentido común y los diagnósticos reseñados sobre el fracaso de la Ley 100 apuntaban a que las EPS deberían desaparecer de manera progresiva en una transición hacia un régimen de aseguramiento público, con un sistema único, administrado pos los entes territoriales y con una prestación de servicios mixtos en donde podría intervenir el sector privado. Lo que había demostrado la experiencia de 20 años de la Ley 100, es que las EPS no eran organizaciones facultadas para dirigir y ejercer rectoría sobre el sistema de salud y que esta función debía regresar al Estado. Contrario a esto, la propuesta que radicó el gobierno logró lo que parecía imposible: construir un modelo que empeorara la Ley 100 y profundizara su propuesta de intermediación. A las EPS se les da la posibilidad de transformarse en gestoras, unas nuevas intermediadoras con una ambigua función de aseguradoras y administradoras del sistema, que construyen las redes integradas de prestación de servicios de salud, hacen los contratos, dirigen negocios, auditan , autorizan procedimientos, y pagos por parte del Fondo Único Salud MIA a los prestadores, coordinan con los entes territoriales la implementación de

las políticas de salud pública, cobran copagos, licencias de maternidad e incapacidades, se integran verticalmente con servicios primarios, se les paga el 10% de los recursos de la salud y además de eso obtienen ganancia económica, lucro, rentabilidad de los excedentes del ejercicio, es decir, se legaliza el hecho de que recursos públicos de la salud puedan ir a parar a las arcas privadas a la manera de ganancias económicas, así se ahorran las fustigantes investigaciones fiscales de la Contraloría. El cobro de las ganancias lo harán a costa de los excedentes, es decir, de aquello que no se gastó en la atención de los pacientes, que implica el pago de los trabajadores del área administrativa, el pago de medicamentos, insumos, tratamientos, sueldos de médicos, enfermeras y trabajadores de la salud. Luego, continúa el articulado del gobierno, si sobra dinero, este se podrá destinar al subsidio de la red pública hospitalaria. Los funcionarios del gobierno argumentan que la ley ordinaria es un gran avance, en tanto ahora las EPS, nuevas gestoras no manejarán dinero, porque la ley crea el Fondo de Salud MIA que recauda y concentra todos los recursos del sistema y hará los giros que las gestoras autoricen, estableciendo sanciones para los hospitales que se demoren en la documentación de los cobros, y no para las gestoras que generen barreras de acceso a los pacientes en la autorización de los procedimientos. El conjunto de la ley continúa manteniendo una hipertrofia de poder y funciones en los intermediadores en detrimento de la rectoría del Estado y el posicionamiento del prestador que finalmente es quien resuelve el día a día de los problemas de salud individual y participa en la resolución de los problemas de salud pública. Los entes territoriales quedan disminuidos ante el apabullante poder de estas organizaciones, lo único que se les propone es construir gestoras públicas o mixtas tipo capital salud para entrar en competencia en el sistema, en donde no se les da ningún valor agregado por tener el costo de ser Estado, lo que implica plantas más costosas y cuantiosas de trabajadores para responder a los múltiples requerimientos de los órganos de control que explican parte de su paquidermia, a lo que las propuestas neoliberales proponen el aniquilamiento de lo público y el Estado, sin haberle dado primero la oportunidad de fortalecerlo para que actúe en función de la rentabilidad social como lo hace en todos los países desarrollados del mundo. Han pasado 20 años y era esta una oportunidad histórica para realizar la reforma estructural que resolviera los problemas de salud del país, el gobierno fue incapaz de interpretar este momento y el Congreso transita en ferrocarril en la lógica del pupitrazo, donde una vez más desafía el poder constituyente de la ciudadanía, reconfirma el régimen presidencialista que existe en Colombia y la ausencia de autonomía para legislar en función de sus representados. Termino de escribir este artículo y las votaciones continúan en el Congreso, porque lo que poco que se ha visto es un verdadero debate, sólo nos queda apelar al poder de la indignación ciudadana, con la esperanza que tal vez este sea el momento en el que el pueblo colombiano despierte de este largo sueño que ha posibilitado el despojo de sus derechos. Octubre 17 de 2013.

Nº 109, octubre de 2013

sindicalismo

CREADO SINDICATO EN BEL STAR S.A. (L´BEL- ESIKA-CYZONE)

Otro gran paso en la organización de los trabajadores

Con la notificación a la empresa y el registro ante el Mintrabajo (I-78 de 2013) el sindicato entró en plena actividad. Se realizó una primera reunión con más de 45 personas en la localidad de Zipaquirá (foto) y al momento de escribir esta nota ya sobrepasa los 100 afiliados.

La Redacción

l 29 de septiembre, por iniciativa de varios trabajadores y con asesoría de la Subdirectiva CUT Bogotá Cundinamarca, se fundó un nuevo sindicato de trabajadores del sector industrial conocido como Sabana Centro. Se trata del Sindicato Nacional de Trabajadores de Bel Star S.A., Sintrabel, de la empresa productora de cosméticos y perfumes conocida bajo las marcas de L´Bel, Ésika y Cyzone, multinacional del campo de la belleza, presente en 16 países, con casa matriz en Perú y una de las 26 empresas productoras de cosméticos más grandes del mundo, según la revista The WWD Beauty Biz. En Colombia cuenta con cerca de 2.200 trabajadores directos y una ultramoderna planta en la población de Tocancipá. Siguiendo la fuerte tendencia que se presenta entre los trabajadores colombianos a organizarse para la defensa de sus intereses y derechos, tomando como ejemplo inmediato el sindicato de trabajadores de Homecenter, Sintrasodimac, y la oleada organizativa impulsada por promotores del sindicalismo en la región, como Humberto Rubiano “El Diablo”, los trabajadores de esta empresa multinacional organizaron la mejor herramienta de la dignidad del trabajo: el sindicato. La asamblea de fundación se llevó a cabo en el salón de la Subdirectiva CUT Bogotá

De destacar es la actitud positiva de la empresa ante la formación del sindicato. Al día de hoy se han producido dos reuniones con la empresa en las cuales se acordó una capacitación conjunta con miras a la negociación colectiva. Los temas que se tratarán en este ejercicio de formación compartido son: liderazgo, situación económica y laboral de la empresa y negociación colectiva.

Cundinamarca y en ella participaron 27 trabajadores, que con su firme decisión rompieron el temor infundido, por años, a los trabajadores sobre la imposibilidad de la organización sindical. El miedo al despido, a la discriminación, al señalamiento y a la acusación innoble de querer acabar con las empresas, fue superado por estos 27 trabajadores, hombres y mujeres. La deliberación de estos 27 trabajadores, a más de terminar en la creación de Sintrabel, eligió una Junta Directiva y una Comisión de Reclamos compuesta de la siguiente manera:

Enrique Romero, presidente; Henry Mauricio Acuña, vicepresidente; Arley Andrés Vanegas, secretario general; Lucelly Ruiz, tesorera; Juan de Jesús Arévalo, fiscal; Isai Romero secretario de organización; José Castro, secretario de educación; Jhon Alexis Peña, secretario de prensa; Diomedes Puerta, secretario de asuntos laborales; José Alfredo Jiménez, secretario de la mujer y la juventud. Jaime A. Moncada y Rubén D. Romero, Comisión de Reclamos. La asamblea, así mismo, aprobó afiliarse a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

El presidente Enrique Romero, el secretario general Arley Vanegas, a nombre de la Junta Directiva, expresaron para el Informativo CUT Bogotá Cundinamarca su reconocimiento con los socios fundadores y adherentes de este nuevo sindicato, con los trabajadores que se afilien de manera inmediata y con todos los trabajadores de la empresa. Manifestaron su disposición de fortalecer la organización en la perspectiva de mejorar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores de Bel Star, teniendo presente la sostenibilidad de la empresa y anunciaron la realización de una campaña comunicativa y propagandista con miras a la preparación del pliego de peticiones.

noticut

Efectivamente, una de las principales revelaciones de este acercamiento es que los directivos se han dado cuenta que los nuevos sindicalistas proponen la comunicación en red, con sus propios videos, músicas y criterios, como un método de progresión. La Central espera, entonces, actualizar sus canales para asegurar su participación, en la lucha conjunta por la vinculación indefinida que amerita un trabajo digno en el país.

La CUT impulsa el liderazgo y la comunicación con los jóvenes

Ligia Inés Alzate, directora del Dpto. de la Juventud y la Niñez CUT.

Eldia, 10 de octubre de 2013. La CUT está preparándose para desarrollar el II Congreso de la Juventud Trabajadora. Un evento en el que las nuevas generaciones del sindicalismo tendrán voz y voto para crear estrategias en defensa de los derechos al trabajo y a la libertad sindical. “Porque los y las jóvenes no solo son el futuro del mundo sindical, sino que sus propuestas son las que atenderían la situación laboral que vive el país, especialmente la tercerización, en políticas del primer empleo y libertad sindical”, señaló Ligia Álzate, directora del Departamento de la Juventud de la CUT. De hecho, este martes recién terminó el encuentro de jóvenes de la región Centro, que comprendía Tunja, Meta, Ibagué y Bogotá. Tenía por objetivo organizar un plan de acción a 4 años, a partir del análisis de coyuntura con base en la participación organizada de los jóvenes que entran a la CUT. El primer énfasis en desarrollarse fue el tema de género, pues son muchas las mujeres en ingresar a la Central, por lo cual, los principios de igualdad y paridad en el mundo laboral y sindical son fundamentales. Con esta serie de eventos, la CUT busca el empoderamiento y posicionamiento del liderazgo juvenil dentro del movimiento sindical. Así, construir las propuestas colectivas que llevarían al II Congreso y preparar los planteamientos que se desarrollarán desde este sector en el VI Congreso de la CUT en un año. La gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras jóvenes del país están tercerizados, lo cual representa el mayor reto para la Central. “En la autorreforma sindical hemos planteado que todos los temas de afiliación deben estar acompañados con campañas atractivas para que los jóvenes nos cuenten vía Internet cómo les gustaría que fuera este espacio para ellos en el mundo sindical. Dos, llamarlos a una organización y a ejercer su derecho de libertad sindical como trabajadores”, agrega Álzate.

CIRCULAR Flexibilidad jornada laboral Apreciados compañeros: El martes 8 de octubre de 2013, fue aprobado en tercer debate el Proyecto de Ley 273/13 Senado, 094/12 Cámara, “Flexibilización de la jornada laboral para servidores públicos del Estado con responsabilidades familiares”. Este proyecto que se podrá convertir en ley cuando pase a 4º debate en plenaria del Senado, permite que hombres y mujeres, cabeza de familia con responsabilidades familiares mayores a las normales (hijos, sobrinos especiales-discapacitados, padres mayores- enfermos) pueden distribuir la jornada laboral en horarios diferentes a los de la entidad donde laboran, con el fin de responder por sus obligaciones familiares, sin que se afecte el servicio. Esta petición muy sentida de miles de funcionarios, está soportada en convenios de la OIT y en la Constitución Política, Artículos 42, 43, 44, 46, 47, entre otros. Fraternal saludo,

no aporten las cuotas por beneficio convencional a Sinaltrainal. El 3 de octubre de 2013 solicitamos por escrito una reunión urgente al señor Manuel Andrés K, presidente de Nestlé en Colombia, para avanzar en la discusión de los problemas y buscar soluciones. Hasta la fecha no ha sido posible su realización y la situación se agrava mucho más. Con esta huelga de hambre y el encadenamiento de los trabajadores, iniciamos una nueva jornada para continuar exigiéndole a Nestlé respeto por los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de la convención colectiva de trabajo. Solicitamos la solidaridad urgente del movimiento social y sindical a nivel internacional enviándole notas a Nestlé, exigiéndole una pronta solución a los problemas. Les pedimos enviar notas a: Sr. Paul Bulcke, Nestlé Chief Executive Officer: ceo.information@nestle.com Manuel Andrés K., Presidente de Nestlé de Colombia S.A.: Manuel.andres@co.nestle.com Ricardo Andrés Echeverry López, Gerente Regional Sostenibilidad Corporativa: Ricardo.Echeverri@co.nestle.com Manuel Muñoz, Gerente de Relaciones Laborales: manuel.munoz@co.nestle.com

El ministro de Agricultura, Rubén Lizarralde es inaceptable para una democracia

Nº 109, octubre de 2013

das las plantaciones de palma del país a donde recurrieron a buscar trabajo. No menos reprobable ha sido la situación de derechos humanos en Indupalma y la región de sus operaciones productivas, en el sur del Cesar y Santander. En el periodo comprendido entre 1988 y 2001 fueron asesinados, desaparecidos o torturados 35 sindicalistas de esta empresa, Entre los años 1995 y 1996 fueron asesinados 8 dirigentes sindicales de Sintraproaceites y Sintrapalmas en San Alberto, Cesar, entre ellos Elkin Adolfo Vera, Freddy Antonio Vergel, Sixto Caicedo Beleño, Gustavo Aguilar Roa, José del Carmen Fuentes, tal como consta en las denuncias que la CUT y otras organizaciones defensoras de derechos humanos han realizado al respecto. El ministro Rubén Darío Lizarralde asesoró y presidió esta empresa durante todo este tiempo, además es durante su administración que impone la maquiavélica modalidad de “asociaciones” con campesinos. Estas asociaciones no son otra cosa que la explotación, no ya de obreros, sino de familias enteras que además deben aportar las tierras y correr con los riesgos de los préstamos bancarios para producirle corozo de palma a Indupalma. La CUT reafirma su rechazo al nombramiento de este funcionario y hará conocer internacionalmente esta denuncia. No puede ser que se premie con ministerios este comportamiento antisindical de algunos empresarios nacionales. Luis Alejandro Pedraza (Presidente) Fabio Arias Giraldo (Secretario General)

Alerta en Holanda por condiciones que envuelven al carbón colombiano

Luis Alejandro Pedraza (Presidente) Fabio Arias Giraldo (Secretario General) Francisco Maltés Tello (Director Dpto. de Investigación y Proyectos)

Trabajadores de Nestlé en huelga de hambre

Sinaltrainal, Bogotá, 10/10/13.- Desde las 9 horas de hoy, 10 de octubre de 2013, trabajadores de Nestlé afiliados a Sinaltrainal se encadenaron en la portería de la fábrica en Bugalagrande y desarrollan una huelga de hambre, reclamando de la multinacional el cumplimiento de los acuerdos convencionales y el respeto por la dignidad de los trabajadores y el sindicato. Desde hace varios días Sinaltrainal viene denunciando la violación a los derechos laborales, las amenazas de muerte contra nuestros dirigentes sindicales, la masiva importación de leche en polvo, el mal procedimiento ejercido por Nestlé con 35.000 kilos de leche que fueron botados al relleno sanitario de Bugaseo S.A. ESP en el Valle del Cauca y las presiones que ejerce sobre los nuevos trabajadores para que

El gobierno del presidente Santos no reacciona a las objeciones hechas desde distintos sectores de la sociedad al nombramiento del doctor Rubén Darío Lizarralde como ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. Para la Central Unitaria de Trabajadores, es inaceptable que para desempeñar ese cargo se tenga a un apersona que asesoró y presidió la administración de una empresa fuertemente cuestionada en materia de derechos laborales y derechos humanos. Indupalma pasó de tener una convención colectiva de trabajo que amparaba a cerca de 2.500 trabajadores durante las décadas de 1970 y 1980, a la situación actual en la que escasamente beneficia a 480 obreros y empleados, mientras que por Cooperativas de Trabajo Asociado, CTA y SAS, explota a más de 2.500 obreros. El señor Lizarralde llegó a Indupalma como asesor externo en 1991 y fue nombrado gerente en 1994, cargo en el que permaneció hasta recién se le nombró como ministro. En 1995 Indupalma impuso un plan de retiro a 600 trabajadores e inició la implementación del perverso modelo de las CTA. En enero 2005 los obreros de 17 CTA de la plantación, lanzaron un paro indefinido pidiendo aumento de salarios y reconocimiento de prestaciones sociales, paro que fue derrotado por la represión de la empresa y a los dirigentes de esas CTA se les vetó en to-

IndustriALL, Ginebra, 09/10/13.- La revista De GroeneAmsterdammer y el periódico Trouw, de Holanda, publicaron en el mes de septiembre de este año artículos relacionados a la situación del sector del carbón en Colombia, principalmente ante la preocupación de que “el carbón está manchado con sangre”. Los medios consideran que se produce la misma situación de la industria textil en Bangladesh, con la industria de energía ya que Colombia presenta pésimas condiciones a sus trabajadores. Por ende se debe asumir la responsabilidad. La columna de opinión del Trouw, explica que hace tres años que en los Países Bajos iniciaron el diálogo sobre el carbón mineral, entre las empresas del sector y organizaciones sociales. Por ende en los artículos señalan que como Colombia exporta la cuarta parte de su carbón a los Países Bajos, la situación debe mejorar, por ello se debe presionar e impedir cómo las empresas actúan en Colombia.

Nº 109, octubre de 2013 Sin embargo, explican que este diálogo fracasó debido a la actitud de las empresas de energía, que no parecen comprender que hoy en día la transparencia en toda la cadena de producción es un requisito para el empleo social y sostenible. Los artículos describen casos puntuales de trabajadores de la multinacional Drummond, ya que es un proveedor importante en los Países Bajos. El problema es que en el último tiempo las empresas holandesas de energía no informan cuáles son las minas provenientes del carbón que se consume. Según datos más recientes de las empresas de energía holandesas, en 2011 más del 12 por ciento de todo el carbón importado provenía de esta mina. Los artículos describen situaciones de los trabajadores, de los sindicalistas, asesinatos, persecuciones, incluso un caso de un dirigente sindical que tuvo que autoexiliarse para no ser víctima de asesinato. En Holanda han señalado que el gobierno, específicamente la ministra de Cooperación para el Desarrollo y Comercio Exterior, Lilianen Ploumen, estará atento a esta situación, al tipo de minas del carbón que negocian con las empresas de energía nacional. Los artículos hacen hincapié a la transparencia en la cadena de producción, para IndustriALL es muy relevante este punto. En los seminarios del sector minero se ha discutido de la importancia de fortalecer los sindicatos y de una red entre ellos a nivel regional y mundial. Glen Mpufane, director del sector de minería de IndustriALL, ha señalado que los desafíos son los mismos en distintas regiones, y que es importante unificar los trabajadores dentro de las cadenas de producción. Asimismo, la membresía de los sindicatos ha disminuido, por ende el poder de las empresas se ha elevado. Para IndustriALL una estructura sindical fuerte y centralizada puede hacer frente a las empresas, y en este caso específico puede hacer frente a los abusos, al maltrato y al carbón manchado con sangre.

Nuevas leyes de la Fifa excluyen derechos de los trabajadores de la Copa del Mundo en Rusia

Bruselas, 10 de octubre de 2013 (CSI EnLínea): La CSI está respaldando a sus afiliadas rusas Fnpr y KTR en su oposición a las exenciones de la legislación laboral rusa para la Copa del Mundo de 2018, que despojarían a decenas de miles de trabajadores rusos y migrantes de protecciones jurídicas básicas en materia de horas de trabajo, horas extras y su remuneración, trabajo nocturno y durante fines de semana y toda una serie de normas. La ley, que fue aprobada este verano por la Duma rusa, se mantendría en vigor hasta finales de 2018 y permitiría efectivamente a la Fifa y a sus asociados, incluyendo empresas rusas y multinacionales, establecer unas condiciones de trabajo fuera del marco de la legislación rusa. Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, ha dicho: “La Copa del mundo se está haciendo famosa por la explotación de los trabajadores, en Qatar, en Brasil y ahora, con esta nueva ley sin precedentes, en Rusia. El caso de Rusia viene a contradecir la afirmación del Presidente de la Fifa, Sepp Blatter la semana pasada, cuando aseguró que “la Fifa no puede interferir con los derechos laborales de ningún país”. Los Gobiernos deberían hacer frente a los intereses

noticut comerciales que se hacen con unos beneficios enormes a raíz de la Copa del Mundo entrañando un elevado coste para los trabajadores locales y la comunidad. La propia Fifa tiene que hacerse responsable de asegurar que las personas que facilitan las instalaciones y los servicios estén protegidas, no explotadas”. Ya han fallecido varios trabajadores de la construcción en las obras de los nuevos estadios de San Petersburgo y Kazan, y a los sindicatos rusos les preocupa que la eliminación de las protecciones de los trabajadores genere una mayor explotación y dé lugar a más muertes y lesiones. En 2012, como resultado de una auditoría organizada por el fiscal de Tatarstán, la mitad de los 50 subcontratistas de la obra de Kazan fueron penalizados por no proporcionar una formación y equipo de salud y seguridad adecuadas. Según los medios de comunicación, tres trabajadores fallecieron en la construcción del estadio de San Petersburgo y varios resultaron heridos, mientras que la inspección del trabajo en Kazan ha registrado dos víctimas mortales. En Brasil, la presidenta Dilma Rouseff ha intervenido para vetar una disposición de la “Legislación de la Copa del Mundo” de 2014, con arreglo a la cual se habrían excluido varias disposiciones legales sobre el pago de salarios a “voluntarios”. “Un juego limpio únicamente durante los 90 minutos de un partido de fútbol no basta. La Fifa y sus Comités Locales de Organización de la Copa del Mundo deberían garantizar un juego limpio para las personas que hacen posible que este emblemático evento deportivo tenga lugar”, añadió Burrow.

Se instala mesa de negociación en Rápido El Carmen S.A.

Manuel Téllez G. Dpto. Relaciones Laborales, Negociación Colectiva CUT Bogotá Cundinamarca La empresa de transportes Rápido el Carmen S.A. fue fundada hacia 1958 por emprendedores transportadores que se asentaron en el Valle de Ubaté Departamento de Cundinamarca; han transcurrido 55 años de permanente actividad, irradiando su acción con rutas en el departamento de Cundinamarca, incluyendo Bogotá y al departamento de Boyacá. Hoy cuenta con un parque automotor moderno, eficiente y de servicio para todos sus usuarios, con una planta de personal calificada y con experiencia. No todo es color de rosa como dice el adagio; desde el pasado mes de julio y agosto un grupo de trabajadores y conductores de esta empresa toman la decisión de organizarse sindicalmente e inician un proceso con asesoramiento de la CUT Bogotá Cundinamarca en cabeza de Manuel Téllez y Humberto Rubiano, orientando mecanismos y recogiendo experiencias dentro del sector, en torno a Sntt (Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte). Para el mes de agosto de 2013 los trabajadores realizan acciones de movilización durante tres días exigiendo el reintegro de un compañero despedido, quien hacía parte del proceso de educación y formación; la empresa ante estos hechos llega a acuerdos con el grupo de trabajadores que se movilizaban. A finales del mes de agosto se consolida la conformación de la Seccional Ubaté de Sntt y en amplia asamblea de trabajadores se conforma

la junta directiva y se inicia el proceso de elaboración y estructuración del pliego de peticiones, el cual después de surtir el proceso de ley es presentado a la empresa y llama a mesa de negociación siendo instalada el 11 de octubre a partir de las 7:30 a.m. por parte del Sr. Gerente y designando como Comisión Negociadora a los Drs. Ana María Orjuela, Martha Helena Rico, Carlos Arturo Barco Alzate y Francisco Buriticá Ruiz, acompañados del Sr. Humberto Martínez socio de la Empresa Rápido el Carmen S.A. En la reunión se acordaron los mecanismos y garantías para el desarrollo del proceso de negociación de las peticiones del sindicato iniciando la etapa de arreglo directo el 16 de octubre y finalizando el 2 de noviembre. La Comisión del Sindicato Sntt Subdirectiva Ubaté está conformada por los compañeros Luis Santana, Rodrigo Cruz y Juan Camilo Páez, asesorados por los compañeros Esteban Barbosa y Francisco Mora directivos de Sntt; Manuel Téllez y Humberto Rubiano por la CUT Bogotá Cundinamarca. Hay expectativas por el desarrollo de las conversaciones, por el contenido de las peticiones y por el fortalecimiento organizativo de los trabajadores del sector. Las comisiones expresan la voluntad de negociación y disposición de acuerdos, en medio de la autonomía de las partes. Bogotá, 11 de octubre 2013

Se inicia proceso de negociación del pliego de peticiones en Setip SAS y PVC Gerfor SA Comisión Negociadora Sintrametal -CUT Bogotá Cundinamarca. El pasado 2 de octubre de 2013 nos reunimos las Comisiones Negociadoras de la empresa Setips S.A. representada por los doctores Eliodoro Cabezas, Dina López y posteriormente se vinculará el Dr. Sergio Orozco; por el Sindicato Sintrametal los compañeros Pablo Poveda, Bellanid González y Ruber González acompañados por los asesores José Cútiva por Utramicol, Esteban González, Sintrametal Cota y Manuel Téllez de la CUT Bogotá Cundinamarca, con el propósito de dar inicio al proceso de negociación colectiva con la instalación formal del

proceso de negociación, como producto de la presentación de nuestro pliego de peticiones. Afortunadamente para las partes se refleja en ánimo y entendimiento con disposición de negociación por parte de las Comisiones; el Dr. Eliodoro Cabezas como negociador de Setip SAS expresó la disposición de respetar las decisiones de los trabajadores en organizarse sindicalmente, lo cual es reconocido por la organización sindical. Se desarrolló la instalación de la negociación llegando a los siguientes acuerdos: Sitio reunión: Comisiones Negociadoras Sala Eventos Cafam La Floresta. Iniciación etapa de arreglo directo, miércoles 9 de octubre y finaliza el 28 de octubre (20 días calendario). Días de reunión, miércoles 9 de octubre, jueves 10 de octubre, miércoles 16 de octubre, jueves 17 de octubre, martes 22 de octubre, jueves 24 de octubre y lunes 28 de octubre. Estas reuniones se iniciarán a las 2:30 p.m. cada una de ellas. Los compañeros de la Comisión Negociadora no laborarán durante los días mencionados. Se firmarán actas de inicio, de terminación y actas por acuerdos durante el desarrollo del proceso de negociación. Sintrametal y la CUT reafirman la disposición al diálogo y la concertación para beneficio de todos los trabajadores y la empresa. De mutuo acuerdo se establece como iniciación de la etapa de arreglo directo el día 1º de noviembre a las 2:30 p.m. y en esa fecha se establecerán las condiciones para el desarrollo del proceso de negociación, quedando así instalada la Mesa de Negociación. No sobra aclarar que esta decisión se toma en razón a que las empresas son independientes entre ellas; es decir, termina una negociación y continúa la otra. Invitamos a todos los trabajadores a continuar respaldando el justo pliego de peticiones presentado por Sintrametal, nuestro sindicato.

HOMENAJE PÓSTUMO

Jorge Luis Ortega García

Jorge Luis Ortega García nos dejó ejemplo de lucha en el campo ideológico, político y económico. Siempre lo dio todo para organizar y trabajar en defensa de los derechos de los trabajadores y las comunidades.

El bipartidismo, la ultraderecha, el silencio cómplice del Estado colombiano con sus instituciones lideradas por neoliberales a ultranza, se han dedicado, en los últimos años, a una serie de asesinatos selectivos con todo aquellos que tuviera relación con la sociedad inconforme, y que se han atrevido a denunciar públicamente los atropellos y las violaciones que a diario cometen los patronos, las multinacionales, los organismos de seguridad del Estado y del propio gobierno nacional cogobernado por el paramilitarismo, contra la población colombiana, y en particular a los dirigentes políticos, sindicales, sociales, estudiantes, campesinos, y gremiales que se atrevieron a levantar su voz en contra de este binomio asesino en complicidad con el Estado colombiano y los organismos de seguridad, quienes acordaron extirpar toda semilla de inconformidad dentro de la sociedad colombiana para que siga reinando la impunidad.

Estos hechos hicieron que los enemigos de la paz y la justicia vieran en Jorge Luis Ortega García como un peligro para sus intereses, por su posición honesta, consecuente y beligerante en defensa de la clase trabajadora, de las empresas del grupo empresarial Ecopetrol, de las electrificadoras estatales, como empresa que generaba inversión social para el pueblo y los desposeídos.

trabajo decente

Nº 109, octubre de 2013

VI Informe Nacional de Trabajo Decente en Colombia

¿Qué tan decente fue el trabajo en Colombia en 2012? nos libertad para encontrar un trabajo acorde con su nivel de competencias, se ubican mayoritariamente en trabajos informales y tienen menor tasa de afiliación a pensiones. También es menor su afiliación sindical.

Lo otro es que sus ingresos son menores que los de los hombres, así tengan mayor nivel educativo que éstos. En 2012 su remuneración promedio fue inferior en un 21% a la de los hombres, y el 38% de las ocupadas recibieron menos de medio salario Smmlv.

2. Situación laboral de las personas con discapacidad

Agencia de Información Laboral

Después de Brasil, Colombia es el segundo país con mayor prevalencia de personas con discapacidad permanente. Se calcula que en Colombia hay cerca de 3 millones de personas en tales circunstancias. El 71,2% presenta una sola limitación, el 14,5% dos limitaciones, el 5,7% tres, y el 8,7% más de tres8. El 53% de las personas con discapacidad son mujeres, quienes además superan ampliamente a los hombres a partir de los 40 años de edad.

8 de octubre de 2013

n 2012 hubo en Colombia 290 acciones de movilización de colectivos de trabajadores, 27% más que en 2011, la cifra más alta desde 1991. Marchas, mítines, bloqueos de vías, paros, huelgas, jornadas de protesta, toma de instalaciones, entre otras, fueron las formas que asumió la protesta laboral1. La movilización social en ascenso no es otra cosa que la expresión del inconformismo creciente por las precarias condiciones laborales que campean en Colombia; es la protesta de trabajadores que no se sienten incluidos en el crecimiento económico del país, que ven que sus derechos laborales no son reconocidos, que los empleadores incumplen sus obligaciones, que los procesos de reestructuración en entidades públicas les afectan derechos adquiridos, y en general que ven incierto su futuro. El siguiente informe muestra las condiciones que el modelo de desarrollo del país y las características del mercado laboral imponen a los trabajadores, elaborado con base en estadísticas oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y las bases de datos construidas por la Escuela Nacional Sindical (ENS), así como los resultados de la Encuesta Nacional de Trabajo Decente elaborada por esta institución a partir de las variables propuestas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Oportunidades de empleo e ingresos Colombia es la cuarta economía de América Latina, después de Brasil, México y Argentina, considerada “economías emergentes”. Pero en cuanto a condiciones laborales, Colombia tiene indicadores propios de un país tercermundista. En 2012 la tasa de desempleo fue 10,4%, cuando el promedio para A.L. fue 6,5%; la tasa de subempleo fue 32%; la de informalidad 68% (la 4ª más alta de A.L.); la de desempleo juvenil 19% (el promedio en A.L. fue 14,3%); la de

desempleo femenino 13,7% (A.L. 7,7%); y la de protección social fue apenas del 36,2%2. Aunque la tasa de desempleo disminuyó 0,4 puntos porcentuales con respecto a 2011, sigue siendo muy superior a la de los demás países de A.L. En 2012 el desempleo en Colombia fue de 10,4%, que equivale a 2´394.000 de personas. Los más pobres los más afectados, pues el desempleo en el 20% de la población con menos ingresos fue del 24,7%. Y entre los jóvenes pobres entre 20-24 años la tasa es peor: 40,0%3. En 2012 estaban ocupadas 20,7 millones de personas, 675 mil más que en el 2011. Sin embargo, la mayor parte lo estaba en la economía informal: 68% para todo el país (14,07 millones de personas), 51% en las 13 áreas metropolitanas (10,5 millones). Son estos los empleos más precarios y menos productivos, y los trabajadores vinculados a ellos por lo general están excluidos de la protección social. El 87,7% no tiene seguridad social (ni salud ni pensión)4. La tasa de informalidad es mucho más alta en la agricultura: 91%, debido a que en este sector el 82,7% de los ocupados son cuenta propia. También es muy alta en comercio, hoteles y restaurantes: 78,4%, en la construcción: 73,4%, y en transporte: 66,3%, actividades dominantes en la mayor parte del país5. Un factor que explica la altísima informalidad laboral son los bajos niveles de educación de la

población ocupada. En 2012 apenas el 10,2% de esta población tenía educación superior completa, el 24,4% tenía secundaria completa, y el 4,9% no tenía ningún nivel educativo, o sea 1´020.973 de ocupados. Situación que es peor en el sector rural, donde el promedio educativo fue tan sólo de 4,7 años. Otro factor coadyuvante es la débil inspección por parte del Estado, carencia que les da confianza a los empleadores para eludir la ley laboral. En Colombia hay solo 456 inspectores para 111 oficinas especiales y 34 para 1.148 municipios, número insuficiente, muy por debajo de los estándares definidos por la OIT, que para Colombia sería de 2.000, con buenas condiciones para actuar6.

1. Situación laboral para hombres y mujeres7 En 2012 los jóvenes representaban el 28,9% de la fuerza de trabajo del país, pero su tasa de desempleo fue del 18,98%, que duplica la tasa nacional de desempleo y es superior al promedio de América Latina. La situación se agudiza para las mujeres jóvenes, cuya tasa de desempleo es del 28,16%, frente a la de 14,32% de los hombres jóvenes. Desde la perspectiva de la OIT, la mayoría de las mujeres en Colombia no disfrutan de trabajo decente y el déficit del mismo es estructural. La tasa de trabajo informal para ellas es del 54,9%, 7 pp más que los hombres. Tienen me-

Es un grupo poblacional muy discriminado en el acceso y la permanencia en el mundo laboral, bien deliberadamente o como resultado de barreras intrínsecas o estructurales en el entorno de trabajo, que impiden que una persona con discapacidad pueda desenvolverse en condiciones de igualdad a los demás trabajadores. Según la encuesta del Registro para la Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad (Rlcpd) del MinTrabajo, de las 615.274 personas con discapacidad registradas en 2010, apenas el 16,6% laboraba, el 4,3% buscaba un trabajo, y sólo el 1,6% estaba pensionada. Respecto a los ingresos, según la información del Rlcpd del Ministerio de Salud, en 2011 aproximadamente el 60% de estas personas no percibe ingreso alguno. No es casual entonces que el 70% pertenezca a estratos 1 y 2, y que menos del 1% sean de estratos 5 y 6.

3. Los ingresos en la población trabajadora pobre Las estadísticas del Dane sobre ingresos laborales y niveles de pobreza no concuerdan. Mientras los ingresos no muestran avance en el último año, la pobreza y la indigencia disminuyeron en las áreas urbanas, no así en zonas rurales. En 2012 se incrementó el porcentaje de personas con ingresos inferiores a un salario mínimo legal vigente (Smmlv), 5,9 pp más que en 2011, lo que indica que el crecimiento de la economía en 4 pp y la reducción del desempleo en 0,4 pp no se tradujeron en mejores empleos ni en mejor distribución del ingreso. De otro lado, la Encuesta Nacional de Trabajo Decente de la ENS encontró que la tasa de trabajadores sin el ingreso mínimo legal es

Nº 109, octubre de 2013 del 42,8% para las 13 ciudades. Es mayor en Medellín: 40%, en tanto en Bogotá fue 38%. En total 4,4 millones (el 21,9% de los ocupados) tienen ingresos inferiores a medio Smmlv. Y lo que es más grave: en Colombia 1,5 millones de trabajadores no perciban ningún ingreso. Estos ingresos tan precarios son peores entre la población joven (hasta 24 años), y entre las mujeres, quienes en un 70,8% y 61,42%, respectivamente, recibieron ingresos por debajo del Smmlv. Y es peor para los trabajadores del campo no asalariados, o trabajadores por cuenta propia, que representan el 82,7% del empleo rural, cuyo ingreso medio es apenas 0,45 Smmlv9.

Estabilidad y seguridad en el trabajo 1. Trabajo temporal y tercerización laboral Al alto índice de informalidad laboral se suma el alto nivel de subcontratación temporal y tercerización entre trabajadores formalizados con contratado de trabajo. Según la Encuesta Nacional de Trabajo Decente que aplicó la ENS en 13 ciudades, la tasa de empleo tercerizado alcanza al 51% de la población ocupada asalariada, mayor en Medellín (52,7%) que en Bogotá (49,21%). La subcontratación y el empleo temporal se hacen mediante empresas de empleo temporal, de SAS, contratos sindicales, empresas especializadas en servicios o por contratos a término fijo, formas estas en las que el abuso es generalizado. La estabilidad de los trabajadores es precaria y éstos no pueden ejercer el derecho de libertad sindical, su protección social dura lo que dure su contrato y su incertidumbre respecto a sus condiciones de trabajo es total y permanente. Según el Mintrabajo, en 2011 existían 625 empresas de servicios temporales (EST) que vinculaban 1´462.586 trabajadores, y experimentaron un crecimiento del 28%, seguramente por efecto de la restricción del uso de las Cooperativas de Trabajo Asociado para contratar trabajadores en misión. Los vinculados mediante EST representaban el 22,8% del empleo en el sector formal de la economía, que es al que sirve este tipo de empresas.

generen empleos para menores de 28 años, o personas en situación de desplazamiento, o en proceso de reintegración, o en condición de discapacidad, o mujeres mayores de 40 años y trabajadores de bajos Ingresos. La meta de esta ley es generar 2,5 millones de trabajos nuevos, formalizar 500.000 y bajar la tasa de desocupación al 8%. Pero hoy, confrontada con la realidad, esta ley se “raja”. En 2012 hubo 676.906 ocupados más, pero los cotizantes a pensiones apenas aumentaron 191.861 promedio año, así: 72.457 en fondos privados de pensiones y 119.404 en el régimen de prima media. Quiere decir que apenas el 28,3% de los nuevos ocupados lo hicieron en condiciones de trabajo decente, el resto encontró empleo por fuera de la legislación laboral, cuyos ingresos son tan precarios que no permiten pagar seguridad social como trabajador por cuenta propia.

Trabajo que debería ser abolido 1. El trabajo infantil11 En 2012 la tasa de trabajo infantil fue de 9,8%, menor a la 2011, año en que fue del 13%, variación que puede explicarse por los cambios metodológicos en las encuestas. Porque no hubo una disminución real, si se consideran los datos de trabajo infantil ampliado, que incluye a los niños y niñas que trabajan en oficios del hogar más de 15 horas a la semana, lo que sube la tasa al 15,2%, cifra similar a la del año 2011 (15,4%). El rango de edad más afectado por la condición de trabajadores fue el de 15 a 17 años, que presentó una tasa de 24,3%. El rango de 5 a 14 años presentó una tasa del 5,4%. Y por ciudades, las tasas más altas de trabajo infantil se dan en ciudades con mayores tasas de desempleo adulto e informalidad: Ibagué 9,3%, Bucaramanga 8,9%, Sincelejo 8,7%, Bogotá 7,5%. El ataque a las formas más visibles de trabajo infantil hace que éste se desplace a otras formas invisibles, como las labores domésticas, consideradas entre las peores formas de trabajo infantil. Según la OIT y el Ministerio de Trabajo, en Colombia hay 20 mil niños y niñas entre 10 y 17 años vinculados a esta actividad: 14 mil (70%) laboran por días y 6 mil (30%) como internos en los hogares.

En la industria el 42,7% de los empleos son temporales, el 18,9% son por contrato directo con las empresas, y el 23,8% por EST. En el comercio el 19,8% de los empleos son temporales: 7,2% vinculados directamente por las empresas y 12,6% por EST. En los servicios, el 8,11% del empleo es subcontratado por EST10.

Otra de las peores formas de trabajo infantil es su vinculación al conflicto armado. Según Naciones Unidas, entre 2009 y 2011 se reportaron 343 casos de reclutamiento de menores para la guerra, usados en labores de inteligencia, fabricación y colocación de minas, compra de medicinas, entre otras.

Mención especial merece el sector salud pública, que desde el año 2000 ha sido objeto de un fuerte proceso de reestructuración que afectó los derechos y las condiciones de trabajo. Hubo despido de miles de trabajadores sindicalizados, cubiertos por convenciones colectivas, remplazarlos por otros (o incluso por ellos mismos) mediante falsas cooperativas, primero, y ahora por contratos sindicales. El propio ministro de Salud reconoció la precariedad laboral que prevalece en este sector, cuando reveló que una tarea pendiente del gobierno es formalizar unos 250 mil empleos en este sector.

En cuanto a ingresos, el 36,4% de menores que reciben remuneración gana menos de medio Smmlv, y apenas un 14,5% recibe ingresos superiores al medio Smmlv. Lo que indica que el trabajo de los niños y niñas es complementario, y necesario cuando no se tiene la capacidad económica de contratar trabajadores remunerados para ayudar en el hogar, o en las actividades económicas que en éste se realizan.

2. Alcance de la Ley 1429 de 2010 (Formalización y generación de empleo) En 2010 se aprobó la Ley 1429, que fijó estímulos para las empresas que se formalicen o

trabajo decente 30,7% en pensiones como cotizantes, y 27,37% en régimen de cesantías.

Claro, Saludcoop, y en los sectores de la minería del carbón y del petróleo.

En cuanto a lesiones y enfermedades profesionales, la tasa que arrojó la encuesta de Trabajo Decente de la ENS fue 11,5% para las 13 ciudades, muy superior a la registrada por las ARP, diferencia que es el resultado de un inmenso subregistro, pues muchas veces las empresas ocultan el registro para evadir el pago al sistema de riesgos laborales, estrategia que la facilita la inexistencia de sindicatos en la mayoría de empresas. Además, los registros corresponden solo a empresas formalizadas e inscritas en el sistema, deja de lado los accidentes y enfermedades que ocurren todos los días en las empresas de la economía informal.

2. La violencia antisindical no es tema del pasado14

Respecto de las enfermedades profesionales, su incremento en 2012 fue del 38%, con un total de 9.524 nuevos enfermos reconocidos, con una tasa promedio de 414 por cada 100 mil trabajadores. El sector agropecuario encabeza la lista con 124 casos, seguido por el inmobiliario con 72, y servicios sociales y salud con 47. En cuanto a la muerte en el trabajo, se reconocieron 532 casos, a una tasa de 6 por cada 100 mil trabajadores afiliados al sistema. Aquí la mayor tasa la tiene la industria (13 por cada 100 mil), el sector agropecuario (11) y minas y canteras (8).

Diálogo social y tripartismo 1. El impacto marginal de la negociación colectiva13 En 2012 se negociaron 1.224 convenios colectivos de trabajo. El 57,4% de ellos fueron contratos sindicales, 17,6% pactos colectivos, y 25% convenciones colectivas. En total se beneficiaron 288.252 trabajadores de 646 empresas, e involucró a 287 sindicatos. Lo más relevante, y preocupante, es el incremento de los contratos sindicales. En 2012 se crearon 485 nuevas organizaciones sindicales, pero en su mayoría fueron falsas cooperativas que, ante la imposibilidad legal de continuar haciendo intermediación laboral, se cambiaron a falsos sindicatos a fin de continuar con la intermediación a través de contratos sindicales. La mayoría son en hospitales públicos, toda vez que a estos se les prohibió subcontratar por cooperativas, entonces optaron por mantener la subcontratación mediante contrato sindical. Pero aun con la creación de estos nuevos sindicatos, la tasa de sindicalización en Colombia sigue siendo muy baja, apenas el 4,6% de la población ocupada, una de las más bajas del planeta, lo que explica por qué hay tan pocos convenios colectivos de trabajo y trabajadores beneficiados por la contratación colectiva.

1. La protección social de los trabajadores12

Otro tema es que a los sindicatos minoritarios se les niega el derecho a la negociación colectiva. En el 2012 se registraron 147 tribunales de arbitramento, todos convocados por sindicatos minoritarios que no lograron acuerdo en las negociaciones directas con las empresas. En el 16,5% de los tribunales convocados estaba vigente, o simultáneamente se estaba “negociando” un pacto colectivo. En estos casos la política de las empresas es ofrecerle al sindicato el contenido del pacto colectivo, lo que en la práctica desestimula la sindicalización.

Los indicadores de la protección social en Colombia muestran un gran déficit en materia de Trabajo Decente. En 2012, apenas el 36% de los trabajadores contaban con alguna protección social: 46,2% en salud (régimen contributivo), 40,7% en riesgos profesionales,

Respecto de las convenciones colectivas, es de resaltar que 59 de ellas (19,3%) se pactaron en empresas donde nunca se había firmado convenio colectivo con una organización sindical, principalmente en los sectores del comercio y los servicios, casos Carrefour, Sodimac, grupo

Protección y seguridad social

En 2012 la violencia contra el sindicalismo, aunque disminuyó, se mantuvo en 22 homicidios, 437 amenazas, 90 desplazamientos, entre otros, para un total de 634 casos de violencia. Lo cual sigue siendo grave, toda vez que la violencia restringe el ejercicio de los derechos y las libertades sindicales, limita las posibilidades de participación e incidencia del movimiento sindical, y priva a la sociedad de tener el sindicalismo como actor fundamental de la democracia; con el agravante de que se focaliza en sectores que presionan cambios en las políticas de contratación de las empresas y el respeto al derecho de asociación. Aunque la Fiscalía General de la Nación ha tomado medidas para fortalecer su capacidad de investigación y transformar sus metodologías, la impunidad frente a los crímenes contra sindicalistas aún no presenta cambios significativos. En el caso de los homicidios la impunidad es del 93,41%. El delito de amenaza, que constituye la violación más sufrida por los sindicalistas, tiene el índice más alto de impunidad: 99,96%. El hecho de que la violencia contra sindicalistas persista, y que los índices de impunidad al respecto sigan superando el 90%, es señal de que aún es necesaria la adopción de medidas concertadas con el sindicalismo, coherentes y eficaces.

Notas 1

Escuela Nacional Sindical. Sistema de Información en Dinámica Colectiva Sindical y Laboral. 2 La información laboral de Colombia es tomada de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih) del Dane, 2012. La información de América Latina es tomada del Anuario Estadístico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 2012. 3 López, Hugo. El Mercado Laboral Colombiano durante 2012. Banco de la República. Medellín, marzo de 2013. 4 Dane. Gran Encuesta Integrada de Hogares, Informalidad. 5 Dane. Cálculos Sampl-Dgpesf –Ministerio del Trabajo. Ramas de actividad: Ciiu Revisión 3. 6 Muñoz, Sandra. “La Inspección Laboral en Colombia: de la crisis al estancamiento”. Revista Cultura y Trabajo N° 89 de 2013. Escuela Nacional Sindical. 7 Dane, Gran Encuesta Integrada de Hogares. Según Juventud. Según sexo, 2012. 8 DeJusticia. Las personas con discapacidad en Colombia, una mirada a la luz de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Centro de estudios de derecho justicia y sociedad. 9 López, Op. cit. Pág. 24. 10 Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales. Acoset. 2011. 11 Dane. Gran Encuesta Integrada de Hogares. Módulo de Trabajo Infantil, 2012. 12 La información de Salud es tomada de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, la información de pensiones y cesantías es tomada de la Superintendencia Financiera. La información de riesgos profesionales es tomada de la Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda. 13 Escuela Nacional Sindical. Sistema de Información Sindical y Laboral (Sislab), Subsistema Dinámica de la Contratación Colectiva. 2012. 14 Escuela Nacional Sindical. Sistema de Información en Derechos Humanos. Sinderh. 2012.

sindical

nsabilidad de todos Respo : O R E C A BASUR

sindical / laboral

Buenas prácticas ? R A d e c R o n s A u m o P : E S O M Ó ¿C

SECRETARÍA GENERAL, HÁBITAT - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

derechos humanos

Nº 109, octubre de 2013

Violencia antisindical y propuestas para la reparación colectiva Fabio Arias Giraldo Secretario General CUT Nacional

l ejercicio sindical ha construido escenarios complejos como sujeto sociopolítico, de este modo ha sido posible la configuración de un rol que defiende y reivindica intereses de los trabajadores, transversales a la vida económica, social, laboral y política del país. Esta actuación del sindicalismo se ha convertido en elemento central para comprender las formas de la violencia antisindical, la cual se constituye por configuración de una sinergia perversa, entre la aplicación de un modelo neoliberal que reduce la paga de los trabajadores y elimina sus sindicatos y la actuación de actores armados ilegales, que explica cómo, entre muchas otras cosas, que la ofensiva contra los trabajadores se ha relacionado con la ubicación de estos en zonas disputadas por los actores del conflicto armado, y el uso e instrumentalización de estos por parte de élites regionales económicas y políticas para presionar a los trabajadores a moderar o renunciar a sus reivindicaciones. En suma, esta violencia ha instrumentalizado a los actores del conflicto como reguladores de los conflictos sociales y laborales: los paramilitares, las guerrillas y agentes del Estado han ejercido violencia y presión como mecanismo de acelerar, reducir la fuerza o intensidad, o frustrar acciones sindicales. En este sentido, la complejidad y multiplicidad del rol sindical, sus escenarios diversos y sus actuaciones, han dado lugar a formas diversas de regulación, control y tratamiento antisindical, derivando en formas disímiles de violencia antisindical: •• C omo consecuencia del rol social y político del sindicalismo. •• Como instrumento de regulación y control de las movilizaciones y protestas sindicales, es decir, como coacción y/o castigo de las reivindicaciones colectivas de los trabajadores sindicalizados. •• Como consecuencia de la lucha por el control territorial, cuando se ejerce para la eliminación de liderazgos sindicales y sociopolíticos que obstaculizan procesos de cooptación y dominio territorial de grupos irregulares, guerrillas y paramilitares. •• Como producto de la retórica contra la guerrilla para la cooptación y eliminación de liderazgos sindicales. •• Como instrumento de regulación del conflicto laboral, para la intimidación, modulación, reducción o eliminación

de procesos de negociación, en desacuerdo de intereses entre trabajadores y patronos, reivindicación de derechos en el trabajo, entre otros. •• Violencia de carácter estatal, derivada de representaciones antisindicales y de la noción de enemigo interno vinculada al sujeto sindical. •• Como instrumento de “corrección” ideológica por parte de grupos guerrilleros, los cuales, a partir de sus enfoques políticos, construyen modelos para medir la validez de un tipo de sindicalismo y castigan a quienes consideran que traicionan determinado modelo o visión de sindicalismo. La naturaleza de esa violencia y la manera como, coherente y proporcionalmente, deberá exigirse que sea reparada, implica una amplia discusión sobre el daño colectivo causado. El sindicalismo, según cifras de la Escuela Nacional Sindical, desde 1977, ha registrado 13.109 violaciones a la vida, libertad e integridad de los sindicalistas, entre estos, 3.009 asesinatos, contra 483 sindicatos que han sido víctimas de por lo menos uno de estos daños, entre ellos, 322 que han sufrido, por lo menos, el asesinato de una o uno de sus miembros. Esta violencia selectiva, histórica y sistemática, ha significado el debilitamiento y desaparición de sindicatos, la estigmatización de la actividad sindical, la implementación de normas y medidas contrarias a los intereses de los trabajadores, así, un eventual proceso de reparación colectiva al movimiento sindical, implica abordar fundamentales discusiones sobre la naturaleza de la violencia antisindical, quiénes han sido los victimarios, entre otras. La reparación colectiva efectiva al movimiento sindical para ser coherente con el daño causado debería, en primer lugar, tener en cuenta el papel que ha jugado en

la limitación al ejercicio de la libertad sindical y en el debilitamiento y atomización del sindicalismo, es decir, los daños sobre la libertad de asociación, la negociación colectiva y la huelga; reconocer las afectaciones sobre los derechos laborales, en tanto, parte de las víctimas lo fueron en razón de sus demandas en este sentido; y responder coherentemente con las formas y lógicas del fenómeno de la violencia antisindical en Colombia y proporcionalmente a las dimensiones, alcance y afectaciones a los derechos de las víctimas y sus organizaciones. Esta coherencia dependerá fundamentalmente de calidad en el diagnóstico (que se haga principalmente a través de la reconstrucción de la memoria) acerca del tamaño del daño causado a los trabajadores, a las organizaciones sindicales de manera particular, las confederaciones y al movimiento sindical en general, pero adicionalmente, de la efectiva participación e inclusión de todos los sindicatos que se han visto afectados por la violencia, para que de esta forma, la iniciativa redunde en la reconstrucción del sindicalismo y de las libertades sindicales en Colombia. Tal oportunidad de reconstrucción y fortalecimiento del sindicalismo requiere que sean acogidas algunas propuestas de medidas de reparación que las centrales sindicales han abanderado durante largo tiempo y que

abarquen en su implementación una acción sistemática de al menos 10 años: •• Medidas que reconstruyan las organizaciones sindicales fomentando la afiliación por sindicatos de rama, que recuperen derechos laborales. •• Medidas legislativas que permitan cambios estructurales, tales como la aprobación e implementación, con participación del sindicalismo, del Estatuto del Trabajo. Que además ordenen y reglamenten el cumplimiento de las recomendaciones de órganos internacionales. •• Medidas políticas tales como actos públicos de desagravio frente al sindicalismo y a las organizaciones violentadas, donde se haga un reconocimiento de la responsabilidad estatal y empresarial, por acción u omisión, en la violencia antisindical. •• Medidas simbólicas, tales como la generación de publicaciones en múltiples medios y de manera masiva que permitan conocer las historias de vida de personas y organizaciones sindicales afectadas por la violencia antisindical. De la misma manera, publicidad mediática constante y sistemática, donde se señale la importancia del sindicalismo como institución democrática. •• -Medidas de reparación judicial, tales como una política eficaz de superación de la impunidad.

N潞 109, octubre de 2013

educaci贸n

sindicalismo

Nº 109, octubre de 2013

Crónica

El “apartheid” sindical en Leonisa para entonces, en la perspectiva del TLC con Estados Unidos, Leonisa había empezado a salir de trabajadores con contratación directa para luego vincularlos por contratación con terceros, cambio que le representa menores costos de operación a costa de la desmejora de las condiciones salariales y laborales de los trabajadores.

Agencia de Información Laboral

9 de octubre de 2013

esde hace varios meses en las plantas de producción de Leonisa, empresa fabricante de ropa interior femenina domiciliada en Medellín, todos los viernes los empleados y trabajadores de la parte operativa deben ponerse una camiseta blanca que por delante tiene mensajes de amor a Leonisa, y por detrás un letrero que dice: “¡Apoyamos la empresa! No al sindicato.

En principio el proceso de tercerización se hizo con Cooperativas de Trabajo Asociado, modelo que a partir de 2009 cambió al de Contrato Sindical promovido por la misma empresa a través del sindicato Sintracontexa. Además aprovechó la crisis económica mundial que se dio aquel año para salir de sus trabajadores directos. Dice Gonzalo Gómez que salió de más de 500.

El sindicato aludido es Sintratextil, y el mensaje en su contra es apenas una muestra de la enconada persecución a la que está siendo sometido, no de ahora, sino desde hace más de 20 años, lo que lo ha reducido a su mínima expresión. Sin embargo sigue ahí, sobreviviendo, porque en eso se centra ya su lucha: en no dejarse borrar por una empresa que lo quiere, a toda costa, invisibilizar. Aparte de las camisetas de los viernes con las consignas antisindicales, el acoso contra Sintratextil, según Gonzalo Gómez, su presidente, también incluye injurias, maltratos verbales, sanciones arbitrarias, instalación de cámaras de vigilancia, y lo que a falta de otro nombre él llama “apartheid sindical”, que consiste en el asilamiento en zonas especiales de los directivos y afiliados al sindicato, con el fin de desmoralizarlos y, sobre todo, impedir que interactúen con los demás trabajadores.

Itinerario de una persecución Gonzalo Gómez, quien ha vivido en carne propia toda la andanada antisindical porque labora en Leonisa desde los años 70, recuerda que en aquellos años los trabajadores no sentían la necesidad de organizarse porque la empresa hacía gala de una política paternalista y los problemas laborales trataba de solucionarlos sin la intervención de un sindicato. Hasta los años 90, cuando, con la apertura económica, esa política cambió. La empresa implementó un modelo de flexibilización y entró a eliminar beneficios conquistados por los trabajadores, para ese entonces ya representados por Sintraleonisa, sindicato de base. En 1992 impuso un Pacto Colectivo que en esencia recogió el contenido de la Convención Colectiva, más otras gabelas, todo con el fin de desestimular la afiliación al sindicato. Además ofreció dinero a los trabajadores para que adhirieran al Pacto y se retiraran del sindicato, que después de esa arremetida quedó solo con 60 afiliados, cuando venía de tener 350. Entonces el sindicato entabló tutelas para reclamar el derecho a la igualdad, es decir, para que los beneficios del pacto cobijaran también a los sindicalizados. Unas se ganaron, otras se perdieron y algunas llegaron a la Corte Constitucional, que emitió la sentencia SU-

Con el temor de que la empresa aprovechara esa coyuntura de crisis para despedir a 30 trabajadores sindicalizados que no tenían la protección del fuero sindical, Sintratextil decidió crear otro sindicato alterno: la Asociación de Trabajadores de Leonisa (Asotraleonisa), cuyos socios tenían doble afiliación. Lo hizo con el único fin de proteger con fuero a los trabajadores que estaban en riesgo de ser despedidos.

342/95, por la cual le ordena a Leonisa pagar a los afiliados al sindicato todo lo que había dejado de pagarles. Fue ese el momento en que la empresa adopta como política el “Apartheid sindical”. A los 32 trabajadores sindicalizados (no quedaban más) los ubicó en lugares especiales, separados el resto. Gómez recuerda que durante tres años asistieron a sus turnos pero no les daban ninguna tarea, pese a que eran obreros calificados con alto nivel de eficiencia. Después los trasladaron a la que llaman la “mesa de empaque”, también separados del resto de trabajadores, donde tienen mínimas actividades para realizar. “Sin embargo, en las horas del almuerzo y en los vestideros podíamos tener contacto con los otros y tratábamos de convencerlos para que se unieran al sindicato. Y la gente llegaba, uno o dos trabajadores por semana”, comenta Carlos Villegas, miembro de la junta directiva de Sintratextil. Pero esos nuevos que ingresaban no alcanzaban a suplir los que se pensionaban o por alguna razón se retiraban del sindicato, que entró entonces en riesgo de desaparecer porque, por ser de base, requería como mínimo 25 afiliados. Así que como medida de sobrevivencia en 1998 se transformó en subdirectiva de Sintratextil, sindicato de industria.

Se recrudece la persecución En el año 2002 Sintratextil, con 40 asociados, presentó pliego de peticiones, que la empresa se negó a negociar, por lo que el conflicto fue a Tribunal de Arbitramento. Tres años después volvió a presentar el pliego, esta vez con énfasis en la estabilidad laboral, pues ya

“En ese año 2009, que fue de despidos masivos, muchos trabajadores y trabajadoras se afiliaron a Asotraleonisa buscando protegerse con el fuero circunstancial, y así conseguimos casi 122 socios”, recuerda Carlos Villegas. La respuesta de la empresa a esta estrategia sindical fue enredar la negociación del pliego que presentó Asotraleonisa, e incluso demandó al Estado y al Ministerio de Trabajo por concederle personería jurídica a este sindicato, demanda que aún está en trámite. Además, alertada por el hecho de que ambas organizaciones cada vez captaban más afiliados y movilizaban más trabajadores, arreció sus ataques. Se recrudeció el “Apartheid” y proliferaron las acusaciones y sanciones para los trabajadores sindicalizados, consistentes en suspensión entre uno y 7 días sin derecho a salario.

Aparecen las camisetas blancas El 19 de junio de este año, Sintratextil y Asotraleonisa tenían planeada una manifestación pacífica dentro de las instalaciones de la empresa; acción a la que la empresa se opuso instando a sus empleados y trabajadores no sindicalizados para que rechazaran la manifestación y provocaran a los manifestantes. Ese día no ocurrieron hechos lamentables gracias a la cautela de los sindicatos.

con mensajes positivos sobre Leonisa en la parte delantera, y consignas contra el sindicato en la parte de atrás. Asimismo, les suministra materiales para que escriban en las carteleras mensajes de este tenor: “Si a la guerrilla se le llama terrorista, ¿cómo se le puede llamar a este sindicato?”. “¡Fuera terroristas de nuestra Leonisa!”. “El perro nunca muerde la mano del amo”. “Hombres de mentes cortas”, entre otros. Aunque las directivas afirman que estas acciones provienen de la voluntad y la iniciativa de los trabajadores que no hacen parte del sindicato, se han presentado casos de despidos de aquellos que los viernes se niegan a ponerse la camiseta blanca. Además instaló más cámaras de vigilancia en la bodega donde trabajan los sindicalizados. La situación para las organizaciones sindicales se agravó hace un mes tras la aparición de un panfleto en el que se pedía el retiro de los Urrea, dueños de la empresa. Por este panfleto los directivos responsabilizaron a los sindicatos, sin prueba alguna. De tal suerte que 4 directivos, incluido su presidente Gonzalo Gómez, fueron suspendidos durante 7 días. Asimismo, como parte de la sanción, a quienes laboran en la “mesa de empaque” les prohibieron entrar a las instalaciones de la empresa. Tanto así, que les construyeron un vestier y un restaurante aparte. “Una de nuestras compañeras estaba muy enferma y ni siquiera nos dejaron entrarla a la enfermería para que fuera atendida”, cuenta Libardo Jiménez, secretario general de Sintratextil. “La aparición de ese panfleto fue muy ventajosa para la empresa y muy desafortunada para nosotros los del sindicato. Nos desbarató en gran medida el trabajo que veníamos realizando”, agrega Villegas. Por eso los líderes sindicales creen que lo del panfleto puede tratarse de una estrategia de la empresa para generarles mala imagen y deslegitimar su labor. De hecho, desde su aparición las afiliaciones se han reducido ostensiblemente. Sin embargo, los pocos que quedan siguen firmes en su lucha. En este momento hay en proceso varias demandas en contra de Leonisa, algunas por acoso laboral y sindical, y las otras por injuria y calumnia, pues por el tema del panfleto acusaron y sancionaron trabajadores y directivos sindicales sin ninguna prueba.

“El señor Víctor Pérez, gerente de gestión humana, dijo que herimos a algunos trabajadores, algo que nunca ocurrió. Pero si hubiese ocurrido, hubiera sido responsabilidad de él mismo”, dice Gómez.

Pero pese a todo, Sintratextil y Asotraleonisa, con 153 afiliados, persisten en la defensa de sus derechos laborales, hoy con un nuevo frente de lucha: Sintracontexa, la organización sindical promovida por los directivos de Leonisa y con la que ésta tiene firmado un contrato sindical que aglutina a más de mil trabajadores.

Es en ese momento que surge la estrategia de las camisetas. Todos los viernes los empleados y trabajadores no sindicalizados, incluso los del Contrato Sindical y practicantes del Sena, deben ponerse una camiseta blanca

“Ese sindicato ha demostrado que no solo es enemigo de los defensores de los derechos laborales, sino que también busca la división, la enemistad y el enfrentamiento entre los mismos trabajadores”, asegura Gómez.

Nº 109, octubre de 2013

35ANOS_COMPEN_SEPT_155X125.pdf

Laura Chaves Chia / Laura Tatiana Peña Pasantes de Comunicación Social CUT Bogotá Cundinamarca Desde el 15 de octubre de 2013 y todos los martes de 9 a 11 de la mañana, los estaremos acompañando en un programa de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Subdirectiva Bogotá Cundinamarca, con el fin de que ustedes se enteren de la actualidad y los temas de interés social. El Informativo CUT proyecta un nuevo reto: emitir todos los martes por contacto social, emisora vía Internet de la agencia de comunicaciones Cronopios con su portal de noticias eldia.co, el reto consiste en divulgar, apoyar y ante todo solidarizarnos con la lucha diaria sindical por una Colombia mejor, por una mejor calidad de vida de nuestros trabajadores. El Departamento de Comunicaciones y en general la subdirectiva Bogotá Cundinamarca se enorgullece en presentar un nuevo frente de comunicaciones, un reto para el desarrollo y la difusión de las problemáticas que se generan en el entorno sindical del país, buscando así el conocimiento general de la situación actual y prestando especial importancia a la participación del gremio obrero. Invitamos a todos los trabajadores a que participen activamente en este espacio creado especialmente para y por ustedes, en busca de la manifestación igualitaria de la lucha por sus derechos. El equipo de trabajo compuesto por sus periodistas, Laura Tatiana Peña y Laura Judith Chaves, está a su servicio para escuchar y divulgar sus problemáticas, todos los martes de 9 a 11 de la mañana por contacto social. Contáctenos: Lauch93@gmail.co; Tatipb9@gmail.com

libros

5/09/13

7:59

ambiental

Nº 109, octubre de 2013

De la agricultura convencional a la agricultura ecológica que dar sobre cómo adelantamos la agricultura convencional en nuestros suelos, será la ruta para llegar exitosamente a implementar agricultura ecológica.

Omar Barbosa Q.

Ingeniero Agrónomo

l estado actual de la agricultura en nuestro país requiere encontrar alternativas que le permitan desarrollarse competitivamente y participar en el futuro inmediato del mercado mundial pujante, resultado de la explosiva convicción del consumidor sobre los beneficios de los productos ecológicos El sector no ha afrontado con la entereza y dinámica necesaria los direccionamientos legales ni los estudios académicos y científicos necesarios para redireccionar los conceptos de la Revolución Verde, ya que sus fundamentos no consultaron y son equívocos en cuanto a la realidad de los ecosistemas del trópico. El modelo suponía que los suelos tropicales respondían de manera similar, a aquellos de las regiones templadas. En esa suposición está una de sus mayores equivocaciones.

Nuestra agricultura actual La forma como se implementaron en las últimas cinco décadas todos los fundamentos de la Revolución Verde en nuestros suelos agrícolas, ya han desatado dinámicas que obstaculizan su plena adopción, ante los efectos adversos en nuestro ecosistemas de producción. El estado actual de nuestra agricultura convencional se caracteriza por ineficiencia en términos de productividad, independiente de los valores unitarios, pero marcado significativamente por: •• E stancamiento en términos de producción. •• Asignación de zonas agrícolas a monocultivos. •• Desplazamiento del trabajador del campo a la ciudad. •• Incremento en el uso de fertilizantes de alta solubilidad. •• Incremento en los problemas fitopatológicos. •• Incremento en problemas entomológicos. •• Especificidad cada vez mayor de malezas. •• Mayor uso de pesticidas. •• Desbalance de los contenidos nutricionales de las plantas. •• Presencia de residuos de ingredientes activos de pesticidas en frutos. •• Pérdida significativa de materia orgánica de los suelos agrícolas. •• Disminución de los microorganismos del suelo agrícola.

Lo que se debe hacer:

•• E rosión de los suelos de las aéreas y entornos agrícola. •• Pérdida de retención de humedad. •• Descontrol de los caudales hídricos. •• Compactación y salinidad de los suelos. •• Asincronía total de los ciclos del nitrógeno y del carbono. •• Alta contribución de CO2 al efecto invernadero. •• Perdida de la dinámica de los microciclos del fósforo.

La agricultura ecológica Si se enmarca dentro de los términos de estas definiciones: "Un sistema holístico de gestión de la producción que realza y fomenta la diversidad de los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo, se basa en un reducido uso de insumos externos y la no utilización de fertilizantes y plaguicidas químicos de síntesis, teniendo en cuenta que las condiciones regionales requieren de sistemas adaptados localmente". "La agricultura Ecológica enfoca la producción agraria en el respeto al entorno y la producción de alimentos sanos, de la máxima calidad y en cantidad suficiente. Utiliza como modelo a la misma naturaleza, extrayendo de ella toda la información posible, aunada con los actuales conocimientos técnicos y científicos". (Códex Alimentarius). Podemos encaminar nuestros esfuerzos de producción agrícola dentro de un contexto acorde con las condiciones edafoclimáticas, biológicas, laborales y sociales de nuestra zona tropical, permitiéndonos participar en ese gran mercado mundial de oportunidades de los productos ecológicos

El cambio Ese gran cambio de conceptos, practicas, actitudes, valores y objetivos que se tiene

•• T enemos que entender la problemática de producción agrícola en forma integral. •• Hay que favorecer la biodiversidad en todo sentido. •• Se tiene que realzar y permitir el desarrollo de los ciclos biológicos, especialmente los que tienen relación con nitrógeno, carbono y fósforo. •• Tenemos que ver más allá de la unidad unidimensional de los "agroecosistema cultivos". •• H ay que llegar al entendimiento de los niveles ecológicos y sociales de la coevolución, la estructura y funcionamiento de los sistemas. •• Pero sobre todo, hay que buscar que al desarrollar agroecosistema, las interacciones ecológicas y las sinergias entre los componentes biológicos, proporcionen los mecanismos para que los sistemas agroecológicos subsidien su propia fertilidad del suelo, productividad y la protección de cultivos. •• Hay que utilizar el hecho de que los agroecosistemas mantienen sus mecanismos naturales tendiendo al equilibrio. •• Tenemos que recurrir a los sistemas adaptados localmente como respuesta a las condiciones de cada región. •• Hay que utilizar todos los conocimientos técnicos y científicos encaminados a entender los mecanismos en los que se apoyan las propuestas.

•• E ncontrar en los productos ecológicos una oportunidad comercial de diferenciación que permita el cambio a ellos. Cada uno de los anteriores puntos tiene una justificación y la forma de hacerlo. Lo que no se debe continuar haciendo: •• P ropiciar el desbalance permanente y creciente de los suelos agrícolas en sus componentes vivos, sus partes bioquímicas y sus contenidos minerales. •• La pérdida física y sin reposición de los contenidos orgánicos de los suelos agrícolas (MO). •• La modificación drástica del ordenamiento de los perfiles del suelo. •• La supresión de la biodiversidad resultado del manejo de monocultivos. •• Buscar en insumos externos de síntesis (pesticidas y fertilizantes), la solución a los problemas inducidos por los distintos desbalances del agroecosistema y traspasados a las plantas. •• Deshaciendo los suelos agrícola mediante el uso inapropiado de maquinaria.

Conclusión Más que una oportunidad para ir tras un buen mercado, es una necesidad de darle bases lógicas a la forma de hacer agricultura en nuestros suelos tropicales, para que podamos tener futuro en estos quehaceres. Ya hay conocimiento técnico y fundamentos científicos que han permitido el desarrollo exitoso de cientos de miles de hectáreas en el mundo cultivadas bajo los conceptos y normas de la agricultura ecológica u orgánica. ¿Será que nosotros no podemos?

N潞 109, octubre de 2013

opini贸n sindical

Vuelve t r ael b a jsindicalismo o decente

Nº 109, octubre de 2013

Ideas para el fortalecimiento del movimiento sindical

sta sección del periódico está dedicada a presentar reseñas de libros, documentos de expertos y documentos originados en el propio movimiento sindical, nacional e internacional, que apunten a desarrollar las potencialidades y superar las limitaciones del movimiento. La página estará dirigida por el investigador social Luis Ignacio Sandoval Moreno, autor del libro Sindicalismo y Democracia (1988) con prólogo de Orlando Fals Borda, exdirector del Instituto María Cano Ismac, columnista de El Espectador y Coordinador Académico (2012) del Proyecto Reparación Colectiva del Movimiento Sindical en Colombia: Memoria Histórica y Garantía de los Derechos de sus Víctimas Adelantado por Iscod-Codhes bajo la dirección de CTC, CUT y Fecode. Se reciben sugerencias, recomendaciones y comentarios sobre las sucesivas entregas de esta página. Lectores y lectoras tienen la palabra.

Reivindicación del sindicalismo Luis I. Sandoval M. Investigador social

lucho_sando@yahoo.es

Coordinación: Pere J. Beneyto Calatayud Presentación e Introducción: Ignacio Fernández Toxo y Rodolfo Benito Valenciano. Fundación Primero de Mayo, Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Madrid, España, 2012. Solapa: “En el contexto de una crisis económica, social y política como la que atravesamos, la intervención del sindicalismo resulta más necesaria que nunca para defender los derechos de los trabajadores y los servicios del Estado de Bienestar. El libro pretende aportar estudios, experiencias y propuestas desde y sobre el sindicalismo, reivindicando sus valores, función social y conquistas civilizatorias, sin negar por ello sus dificultades de insuficiencias”. Comentario. Este libro español, La reivindicación del sindicalismo, llegó a mis manos en diciembre del año pasado, cuando terminábamos el proyecto Iscod-Codhes de Reparación Colectiva Transformadora, elementos para una política pública, en relación con el sindicalismo colombiano. Expertos y dirigentes nos asomamos en esa ocasión al extenso y complejo campo del sindicalismo colombiano, sus condiciones actuales y sus potencialidades. El libro se constituyó en un oportuno y sugerente estímulo en la fase final del proyecto en referencia. Retomo la lectura que entonces inicié de esta obra la cual se realizó a muchas manos, cuarenta y ocho personas entre dirigentes y expertos, de ellas diecinueve mujeres. Pequeñas fotografías de las 48 personas aparecen en la carátula del libro. Es un libro literalmente colectivo que implicó un enorme trabajo para poner en diálogo a un gran número de hombres y mujeres concernidos durante años con el sindicalismo español y europeo. Pocos nombres, quizá ninguno, distinguiríamos en Colombia. Pero sus condiciones labo-

rales vale la pena mencionarlas: inmigrante, trabajador metalúrgico, empleada de banca, abogado laboralista, conductor de “guagua”, jubilado, trabajadora del sector conservero, joven sindicalista, cajera en una gran superficie comercial, minero, vigilante, empleada ferroviaria, teleoperadora, trabajadora en almacén de naranjas, técnico superior, profesor de instituto, trabajadora en paro (desempleada), bombero, médico, trabajadora doméstica, trabajador autónomo, trabajador de hostelería, trabajadora de pyme, trabajador de la construcción, delegado de salud laboral, trabajador de una gran empresa industrial, profesora, presidente de comité de empresa europeo, investigadora universitaria, trabajadora e una subcontrata, estudiante, empleado de banco, jornalera del campo, trabajadora de limpieza, militar, guardia civil, policía. Impresionante la gama de actividades que remite al concepto amplio de trabajador que guía la obra. Todas estas personas –sindicalistas– son entrevistadas y “sus historia de vida, trabajo y dignidad” aparecen en el capítulo quinto que comprende 216 de las 329 páginas del libro. Es con mucho la parte principal del volumen: la palabra, el testimonio, la experiencia de la gente en sus lugares de trabajo, en sus responsabilidades como sindicalistas. Las entrevistas son realizadas por Pere J. Beneyto, Manuel del Álamo Andrés y Félix Taberna Monzón. El capítulo sexto también es de entrevistas, pero esta vez a expertos y analistas de distintas disciplinas: abogados, políticos, feministas, vicerrectora universitaria, catedrático de derecho del trabajo y seguridad social, directora de cine, catedrático de política económica, profesora de investigación del consejo superior de investigaciones científicas, jueza, periodista y escritor, exdirector general de la Unesco, exfiscal jefe de tribunal de justicia provincial, profesora de derecho del trabajo y seguridad social, profesora y vicedecana de comunicación, licenciado en ingeniería química, presidente del consejo económico y social europeo, escritor, periodista, escritora y feminista, político y periodista. Estas entrevistas ofrecen una lectura analítica,

crítica y proyectiva sobre el sindicalismo en la sociedad española de hoy desde muy distintas orillas. Estas entrevistas las realiza Carmen Rivas Ávilas. Al azar extraigo con pinzas algunas frases: “Nuestro liderazgo se basa en un trabajo sindical muy transparente y próximo a la gente, que nos apoya porque nos ven con ellos”, dice Julia Castellanos del Solar, empleada de banca; “Llevo 33 años en el mismo puesto de trabajo, repitiendo los mismos movimientos 8 horas al día… y todo por 920 euros al mes, incluidos los trienios”, dice María Ángeles Diego Gutiérrez, trabajadora del sector conservero; “Creo que pasar a la ofensiva y reivindicar la legitimidad del sindicalismo exige también de nosotros una mayor renovación estratégica, práctica y de comunicación”, dice Juan José Guerrero Buitrago, técnico superior; y el periodista Iñaki Gabilondo analiza: “Los sindicatos están siendo sometidos a un auténtico linchamiento. La verdad este linchamiento empezó años atrás, cuando el pensamiento 'neocon' necesitaba despejar todos los caminos para avanzar sin la menor obstrucción. El ninguneo, el desdén, la burla se estaban dando incluso cuando los sindicatos exhibían una flexibilidad y una generosidad máximas. En aquellos momentos se les regalaba con una media sonrisa y se les trataba como a perritos falderos. Los reproches luego han ido variando de acento pero se han sucedido sin pausa hasta llegar al momento actual, en el cual, sin disimulo alguno se pide casi su liquidación: `son una antigualla –dicen–, así que al desván de los

trastos inútiles con ellos´. Es un estado de opinión que ha llegado a contagiar a sectores que se autodefinen como progresistas. Desde nuestro punto de vista, es cierto que los sindicatos tienen que actualizarse y adaptarse a los tiempos. Puede ser verdad que hayan quedado anticuados, pero no más que nuestros partidos políticos, no me parece que más que nuestra justicia, no más que nuestras empresas o que la mayoría de ellas, no más que los medios de comunicación o que la mayoría de ellos. Los derechos de los trabajadores no se habrían logrado sin los sindicatos y no se sostendrán sin ellos. Así que estén de acuerdo o no con ellos, recomendamos respeto”. La presentación del libro la hace Ignacio Fernández Toxo, Secretario General de Ccoo y los Retos del sindicalismo (capítulo 1) los puntualiza Rodolfo Benito, secretario de Estudios de Ccoo. Ellos “fijan las coordenadas generales del escenario de la intervención sindical e identifican los principales retos a que se enfrenta, en su doble compromiso de defensa permanente de los intereses de los trabajadores y de renovación de sus estructuras y estrategias”. Los capítulos 3 y 4, firmados respectivamente por los profesores Ramiro Reig y Pere J. Beneyto, “constituyen sendas reflexiones en profundidad sobre la trayectoria histórica y la dimensión sociológica actual del sindicalismo, que ponen de manifiesto tanto su decisiva contribución al desarrollo democrático y promoción de la cuestión social, como la legitimidad de su acción colectiva y las bases representativas de su intervención”.

Nº 109, octubre de 2013

sindicales

EN CORPBANCA

Sindicatos minoritarios logran tumbar Pacto Colectivo Agencia de Información Laboral

n la convención colectiva que el pasado 7 de septiembre se firmó en el Banco CorpBanca, que cobija a 720 de los 1.700 trabajadores de esta entidad (antes Banco Santander), hay un artículo que establece que no puede haber pacto colectivo en esta entidad financiera, una conquista poco usual si se tiene en cuenta que los tres sindicatos que firman la convención: Uneb, Aceb y Adeban, son minoritarios. Es un logro que reviste importancia por cuanto ya está en trámite la fusión acordada entre CorpBanca (banco de capital chileno) y el Helm Bank, banco en el que no existe convención colectiva sino que para sus 2.300 trabajadores rige desde hace 14 años un pacto colectivo. Quiere decir entonces que cuando se produzca la fusión entre ambos bancos el pacto colectivo desaparecerá y los trabajadores del Helm pasarán a gozar de los beneficios de la convención colectiva de CorpBanca, una convención que tiene más de 50 años, cuando esta entidad se llamaba Banco Comercial Antioqueño.

“Afortunadamente la empresa actuó con sentido social y aceptó pactar el punto que cierra la posibilidad del pacto colectivo”, señaló por su parte Francisco Sánchez, presidente de la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios, Aceb. De todas maneras, fue una negociación con muchas dificultades desde el punto de vista sindical, porque en CorpBanca hay 14 sindicatos, aunque solo 3 tienen la batuta en la negociación. Y para llegar a un consenso toca negociar primero en la junta directiva de cada sindicato, después tienen que reunirse las comisiones negociadoras de cada sindicato, y ahí sí sentarse todos a negociar con el banco.

Otras conquistas convencionales “La negociación para nosotros fue exitosa, tanto en lo económico como en lo norma-

tivo. No se perdió ningún derecho”, aclaró Ramón Cuervo. En lo económico, como se dijo, lograron incremento salarial del 7,2% para el primer año, y rebajar a 2 las 5 escalas salariales que había en el banco, lo que es beneficioso para los trabajadores. Y en lo normativo lograron que la vigencia de la convención sea a dos años y no a 3 como quería la empresa, y lograron la cláusula que prohíbe la existencia de pacto colectivo en Corpbanca, algo que se puede considerar una conquista histórica. En vivienda se logró, para el primer crédito, un valor de 136 salarios mínimos y aprobaron 750 créditos durante la vigencia de la convención. Para el segundo crédito un valor de 84 salarios mínimos y aprobaron 110 créditos, y un tercer crédito de vivienda por un valor

Soluciones

crucigrama y sudokus

CorpBanca, el quinto banco más grande de Chile, adquirió a mediados de este año el Helm Bank S.A., incluidas sus filiales en Panamá e Islas Caimán. Esta es una entidad de capital colombiano que ofrece productos y servicios en las áreas de banca inversiones, leasing, seguros y fiduciaria, y como comisionista de Bolsa. Los beneficios convencionales logrados por los sindicatos de CorpBanca, que además incluyen un aumento salarial del 7,2%, fueron producto, según Ramón Cuervo, presidente de la Uneb, del esfuerzo de los sindicatos que actuaron de consuno y presentaron diferentes propuestas en la mesa. Pero reconoce que en la decisión tuvo harto peso la voluntad de la nueva administración de CorpBanca, encabezada por su presidente Jaime Munita, quien llegó a la entidad con la visión de instaurar el diálogo social y una relación de respeto al derecho de asociación. “La discusión en la masa fue intensa. En un principio el banco trató de cambiar el pacto colectivo por la renuncia de los sindicatos a algunos puntos de la convención, pero la posición de estos fue firme y no lo pudo lograr. Tanto así que la negociación agotó la etapa de arreglo directo y la prórroga, y estuvo a punto de terminar en huelga”, declaró a esta agencia Ramón Cuervo, presidente de la Unión Nacional de Empleados Bancarios, Uneb.

¡Colombia clasificado al Mundial!

de 90 salarios mínimos y 75 créditos. En salud mantuvieron una póliza por la que el Banco paga el 90% de la prima que corresponda al trabajador. Tanto Ramón Cuervo como Francisco Sánchez coincidieron en que la gran tarea ahora es lograr afiliar sindicalmente al mayor número de los 2.300 trabajadores que llegan del Helm Bank tras la fusión con CorpBanca; trabajadores que no tienen cultura sindical porque llevan casi 15 años haciendo parte de un pacto colectivo. Además, para los sindicatos es un imperativo aumentar su membrecía, toda vez que en el momento en que se produzca la fusión entre los dos bancos van a quedar más minoritarios de lo que ya son, sólo afiliarán al 19,8% del total de trabajadores, lo cual sería una seria amenaza para la misma convención colectiva.

internacional

Nº 109, octubre de 2013

EL DIFERENDO ENTRE NICARAGUA Y COLOMBIA

Patriotismo pirata cho régimen (Territorial Dispute (Lybian Arab Jamahiriyal/Chad), Judgment, I.C.J. Reports 1994, p. 37, paras. 72-73)”7.

Ricardo Sánchez Ángel Doctor en historia. Profesor Universidad Nacional de Colombia Tomado de la revista Izquierda

Con relación al alcance del Acta de Canje de 1930 se estableció en el numeral 115: “La Corte decidió que, contrario a lo que sostiene Colombia, los términos del Acta, en sus sentidos natural y ordinario, no pueden ser interpretados en el sentido de que efectuaron una delimitación de la frontera marítima entre Colombia y Nicaragua. Ese lenguaje es más consistente con la posición de que la cláusula del Acta buscaba fijar el límite occidental del archipiélago de San Andrés en el meridiano 82”8.

Los anuncios del Presidente tienen como propósito exaltar el nacionalismo colombiano. Una alocución para la galería con subliminales referencias a la guerra para defender los intereses patrióticos supuestamente desconocidos.

En la conclusión de la sentencia de fondo se decidió: “Tras considerar todos los argumentos y evidencias presentadas por las Partes, la Corte concluye que Colombia, y no Nicaragua, ostenta soberanía sobre las islas de Alburquerque, Bajo Nuevo, cayos de EsteSudeste, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla”9,10.

on desafortunados los anuncios del presidente de Colombia Juan Manuel Santos sobre las sentencias proferidas por la Corte Internacional de Justicia en el diferendo territorial y marítimo entre Nicaragua y Colombia: la del 13 de diciembre del 20071 y la del 19 de noviembre de 20122. Dicha Corte es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas.

Como telón de fondo de la espectacular decisión del señor Presidente se desarrolló en el Caribe la operación naval multinacional Unitas 54-2013. Este encuentro se organiza anualmente por el Comando Sur de Estados Unidos: “Para Colombia, el ejercicio es clave, ya que la armada nacional se fortalece con el intercambio de experiencias en combate naval, así como en la estrategia denominada Cerrando Espacios, en la lucha frontal contra el tráfico de narcóticos, insumos, armas, divisas y migración ilegal, para que sigamos presentando resultados permanentes y contundentes contra el crimen transnacional que afecta la tranquilidad y la paz de los colombianos”3. Las decisiones de la Corte Internacional son de obligatorio cumplimiento para las dos partes: Nicaragua y Colombia. Ambas acogieron dicha jurisdicción, sometiéndose a la justicia del derecho internacional. El gobierno colombiano debe acatar sin ambigüedades el art. 60 del Estatuto de la Corte: “El fallo será definitivo e inapelable”. El recurso que ofrece el reglamento es el de interpretación (art. 98)4, y el que ofrece el Estatuto es el de revisión (art. 61)5, recursos de rigurosa técnica jurídica en su aplicación. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del 23 de mayo de 19696 establece en sus principios rectores: “Advirtiendo que los principios del libre consentimiento y de la buena fe y la norma pacta sunt servanda están universalmente reconocidos”. Al igual, en la parte III, Observancia, aplicación e interpretación de los tratados, en la sección primera, Nº 26, dice: “Pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. Y el Nº 27 sobre el derecho interno y la observancia de los tratados: “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 16”, dicho artículo se refiere a canje o depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación o adhesión, y no

aplica por estar en regla todos los trámites por parte de Colombia para el Pacto de Bogotá, la Corte Internacional de Justicia y la propia Convención de Viena, de la cual Colombia es signataria destacada. Como el gobierno colombiano ha buscado valerse de subterfugios jurídicos e interpretaciones equívocas y confusas, es pertinente traer a referencia el contenido del art. 31 de la Convención de Viena, que con meridiana claridad establece que un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin.

La decisión de la Corte Internacional de Justicia favorece primordialmente los intereses de Colombia En la sentencia preliminar, la Corte dejó en firme, aplicando el Pacto de Bogotá, el Tratado Esguerra Bárcenas de 1928 y su Acta de Canje de 1930 frente a la pretensión legítima de Nicaragua de invalidar dicho tratado por ser producto del Derecho Colonial, ya que Nicaragua estaba ocupada militarmente por Estados Unidos. La Corte le dio legitimidad y ante la eventualidad: “Incluso si la Corte llegara a concluir que el Tratado de 1928 ha sido terminado, como lo pretende Nicaragua, esto no afectaría la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”. La Corte recuerda que es un principio de Derecho Internacional que un régimen territorial establecido mediante un tratado “adquiere una permanencia que el propio tratado no necesariamente posee” y la existencia continuada de ese régimen no depende de la existencia continua del tratado bajo el cual se acordó di-

Así las cosas, el centro de la disputa jurídica se concretó a la frontera marítima entre los dos países, sobre lo cual la Corte se pronunció en extenso, aplicando el Derecho Consuetudinario aceptado por las Partes y que en aspectos sustanciales forma parte de la Convención del Mar (Montego Bay, Jamaica. Marzo de 1982). Entonces, la sentencia traza la frontera marítima única que delimita la plataforma continental y las zonas económicas exclusivas de ambas repúblicas en la geografía del Caribe y el Atlántico. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos desconoce el derecho internacional al desacatar el cumplimiento de la sentencia con el pretexto de que es inaplicable y que se requiere un nuevo tratado entre las partes sobre la base del respeto a los derechos de los colombianos. La sentencia de la Corte es de obligatorio cumplimiento; puede discutirse todo lo que se quiera, pero debe cumplirse. Son las reglas de oro del derecho y la civilización política. El conflicto histórico de Colombia con Nicaragua en el Caribe evidencia el anacronismo de los límites marítimos y territoriales de la región Caribe y de Centro América. Una de las más fraccionadas del mundo, con un conjunto de republiquetas enfrentadas. El ideal de la unidad federal de Centro América, con que se logró la Independencia de estos admirables pueblos, vuelve a aparecer con la necesaria exigencia de las áreas comunes, derecho comunitario e integración. Colombia debe, además, adelantar sus discusiones y decisiones en forma democrática para firmar su participación plena en la Convención del Mar, superando el congelamiento sobre esta decisión. El gobierno del presidente Santos escuda su postura en la Constitución Política vigente, buscando enfrentar con ello al derecho internacional, a pesar de lo dispuesto en la Convención

de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Y desconociendo lo que la propia Carta Política le ordena en el art. 9: “Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe” (cursivas fuera del texto). El patriotismo del presidente Santos navega en las aguas turbulentas de la piratería jurídica, a contravía del derecho internacional sobre el que descansa la coexistencia pacífica entre los Estados de Nuestra América. Como alternativa, hay que levantar el programa de la unidad de nuestros pueblos hacia una confederación latinoamericana. El querer de los colombianos es la hermandad con los nicaragüenses, centroamericanos y caribeños, al igual que con todo el vecindario continental.

Notas 1 Traducción del Fallo de la Corte Internacional de Justicia en el “Diferendo Territorial y Marítimo” (Nicaragua c. Colombia). Excepciones preliminares. 13 de diciembre de 2007. Ricardo Abello Galvis (Traductor). Texto de la sentencia. En: http://www. anuariocdi.org/anuario-capitulospdf/10_Abello.pdf. 2 El diferendo territorial y marítimo entre Nicaragua y Colombia. Traducción del Fallo de la Corte Internacional de Justicia en el “Diferendo Territorial y Marítimo” (Nicaragua c. Colombia). Decisión sobre el fondo.19 de noviembre de 2012. Ricardo Abello Galvis, Walter Arévalo Ramírez, Andrés Sarmiento y María Carolina Caro Ferneynes (Traductores). Texto de la sentencia. En: Anuario Colombiano de Derecho Internacional. Bogotá: Asociación Cavelier del Derecho/Universidad del Rosario, 2012. Vol. 5. pp. 219-396. Véase también el texto en Inglés, que contiene la cartografía completa de la sentencia. En: http://www.icj-cij.org/docket/ files/124/17164.pdf. 3 Las Fuerzas. Periódico del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia. No. 2, Septiembre-Octubre de 2013, p. 4. 4 Véase: Corte Internacional de Justicia. Reglamento de la corte. Adoptado el 14 de abril de 1978. En: http://www.icj-cij.org/homepage / sp/icjrules.php. 5 Véase: Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. En: http://www.icj-cij.org/homepage/ sp/icjstatute.php. 6 En: http://www.derechos.org/nizkor/ley/viena. html. 7 Traducción del Fallo de la Corte Internacional de Justicia en el “Diferendo Territorial y Marítimo” (Nicaragua c. Colombia). Excepciones preliminares. 13 de diciembre de 2007. Ricardo Abello Galvis (Traductor). Texto de la sentencia. Numeral 89, pp. 238239. 8 Op. Cit. Numeral 115, p. 245. 9 El diferendo territorial y marítimo entre Nicaragua y Colombia. Traducción del Fallo de la Corte Internacional de Justicia en el “Diferendo Territorial y Marítimo” (Nicaragua c. Colombia). Decisión sobre el fondo.19 de noviembre. 10 Ricardo Abello Galvis, Walter Arévalo Ramírez, Andrés Sarmiento y María Carolina Caro Ferneynes (Traductores). Texto de la sentencia. Numeral 103, p. 268.

Nยบ 109, octubre de 2013

desarrollo urbano CRUCICUT CRUCICUT CRUCICUT CRUCICUT Por SintraRibazo

SUDO KUS

Diana Tovar S

u música es un masaje al corazón. Sus canciones son historias que de manera fresca y contemporánea dan lugar a la improvisación y a pasajes sonoros dulces, profundos, poderosos, fiesteros y sinceros. Es una experiencia sonora llena de poder y de vida, colorida, festiva, profunda y llena de alegría como su sonrisa.

Diana Tovar es un proyecto musical que nació a comienzos del 2010. La cantante y compositora cartagenera ha hecho una carrera musical tomando como punto de referencia la música colombiana y, en esa búsqueda, encontró en su camino artístico a músicos que han venido investigando y trabajando en músicas colombianas y su fusión con el jazz, el rock, el pop y diversas sonoridades, para lograr lugares sonoros sencillos, agradables y ricos en melodías, y el mar, un tema presente que llena de nostalgia, gozo y esperanza. Ha compartido escenario con músicos de trayectoria artística diversa (Curupira, Orquesta Yoruba, Charles King, La Mákina del Karibe, Guafa Trío, Antonio Arnedo, La Rueda, entre otras). Sus composiciones son melodías, letras y ritmos que generan nuevas exploraciones sonoras. Diana Tovar nació en Cartagena en medio de paisajes marinos, que se reflejan en su sonido y propuesta artística. Tiene influencias diversas de las costas colombianas, y de las músicas colombianas en general, con ritmos como bullerengue, cumbia, porro, champeta, son, mapalé, currulao, bunde, porro chocoano, bambuco Pacífico, Joropo, entre otros, a través de paisajes sonoros contemporáneos y frescos (pop, rock, jazz y músicas del mundo). Su música es vitalidad. Sus melodías son cantables. Es alegre, es fiesta, pero también es reflexiva y serena como el mar. Inició sus estudios de canto a los 16 años en el Instituto de Bellas Artes de Cartagena con la maestra Margarita Escallón, luego se trasladó a Bogotá para continuarlos en el Conservatorio de la Universidad Nacional con la maestra María Pardo, haciendo parte del Coro que dirige la maestra Elsa Gutiérrez. Posteriormente, en el 2004, entra a la Academia Superior de Artes de Bogotá (Asab) para trabajar con la maestra Mónica Rocha, donde se despierta su interés por la música colombiana. En 2008, comienza a componer en solitario, después de separarse de sus primeras agrupaciones: Ensamble Guadalupe (2000-2002) y Guadalupe (2004-2007). En ese mismo año compuso la música de la obra “My Little Prince”, adaptación de El Principito, bajo la dirección de Maruia Forero, directora de la corporación Cinco Sentidos Teatro. A continuación, toma clases de canto con la maestra Beatriz Helena Martínez, y participó en un taller de canto arcaico con la cantante y artista Maud Robart, organizado por el Teatro Varasanta. En marzo de 2013 recibió clases de canto con Sofía Ribeiro, cantante portuguesa; también toma clases y talleres de voz, con enfoque en canto popular, con la cantante Lucía Pulido, radicada en Nueva York. Actualmente se encuentra en proceso de sustentación de su tesis de Maestría en Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, titulada “Memoria, cuerpos y música. La voz de las víctimas, nuevas miradas al derecho y los cantos tradicionales de bullerengue como narrativa de la memoria y la reparación en Colombia”, que incluye la producción del documental “Las marcas del tambor” que codirige con la productora audiovisual Viviana Galvis: cuya protagonista principal es la cantadora de bullerengue de los Montes de María, Ceferina Banquez. Este trabajo ha fortalecido su convicción que las músicas tradicionales de bullerengue son una alternativa para la reparación y la memoria histórica en Colombia.

dianatovarm@gmail.com / www.soundcloud.com/dianatovarm www.facebook.com/dianatovar / twitter: @dianatovarm www.http://dianatovarm.wix.com/dianatovar / www.myspace.com/dianatovarmusic http://www.youtube.com/channel/UCkn63Fh22tipl_N8rPOumxw