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HEINZ ORTIZ

MINERIA PERUANA Una Agenda para el Futuro LIMA - PERÚ 2011

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MINERIA PERUANA Una Agenda para el Futuro LIMA - PERÚ 2011

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MINERÍA PERUANA Una Agenda para el Futuro ©Heinz Ortiz Primera edición Junio 2011 Diseño Interior: COMPUediciones e.i.r.l.

Diseño de Carátula Luis Alberto Guerrero Derechos reservados Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización escrita del autor.

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MINERÍA PERUANA Una Agenda para el Futuro

Dedicatoria El único propósito de este trabajo es contribuir al esclarecimiento de un tema fundamental para la economía peruana: el rol que compete cumplir a la minería en el próximo quinquenio, en el marco de las nuevas relaciones que se establecerán bajo un nuevo gobierno, más ajustado a los intereses del pueblo.

Hemos confeccionado este resumen ejecutivo en base a información que es para todos accesible, pero que pocas veces ha sido compilada en un solo documento, que sirva para la reflexión y el análisis.y para la toma de decisiones.

No nos anima otro propósito quer la comunicación, tarea en la que estamos empeñados desde siempre, y que se materializada en el día a día a través de nuestras publicaciones y nuestros programas de radio y televisión.

Dedico este trabajo a los empresarios mineros, a las autoridades y a odo aquel interesaod en el tema, incluyendo a los actores directos de los nuevos tiempos, es dceir los dirigentes de comunidades campesinos y nativas selváticas, justificadamente preocupados por los posibles impactos ambientales, y a quienes debe consultarse previamente en el marco de la actual legislación.

EL AUTOR

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MINERÍA PERUANA Una Agenda para el Futuro

Índice Dedicatoria Indice Introducción

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CAPITULO I 11 1. Los impactos económicos de la minería 1.1. Agenda y propuestas para una minería racional, que aporte al desarrollo humano integral y sostenible.

CAPITULO II 33 2. Los impactos ambientales de la minería.

2.1. Agenda y propuestas para una minería que reduzca los impactos ambientales.

CAPÍTULO III 47 3. Los impactos sociales de la minería.

3.1. Agenda y propuestas para el respeto de los derechos de las comunidades y poblaciones de zonas mineras.

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Introducción

¿Hacia Dónde?

El Perú tiene un modelo económico primario exportador que se ha visto exacerbado por el boom minero.

Las características de la economía peruana la hacen vulnerable a la volatilidad de los precios internacionales de los minerales e hidrocarburos.

Ciertamente, el modelo presenta rasgos de insostenibilidad no solo por que los recursos mineros se agotan con su explotación, sino también por que depende de la demanda del mercado internacional. Como bien sabemos, el boom minero actual descansa en la demanda de China, India y los países de Europa del Este, cuya expansión industrial requiere, en estos momentos, de minerales. Sin embargo, hay incertidumbre sobre el crecimiento de esos países, lo que genera dudas sobre la continuidad de dicha demanda en el mediano plazo.

Históricamente, la minería ha funcionado en el Perú como una economía de enclave y no ha podido establecer óptimos ni suficientes eslabonamientos productivos con las economías locales. En la actualidad no existen signos de que esta situación haya cambiado.

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Las empresas dedicadas a las actividades extractivas dan muestra de querer explotar la mayor cantidad de recursos posibles y a cualquier costo. En el caso de las empresas mineras, pretenden realizar proyectos de valles productivos, cabeceras de cuenca, nevados, bosques amazónicos, páramos, bosques de neblina, etc.

El hecho de que sucesivos gobiernos consideren a las industrias extractivas como el motor del crecimientos, priorizándola sobre otras actividades productivas, ha significado postergar y reducir, en muchos casos, las posibilidades que ofrece nuestra condición de país megadiverso, amazónico y pluricultural.

El Perú requiere que sus gobernantes y ciudadanos/ ciudadanas se pregunten hacia dónde va y cuál debe ser el rol de las industrias extractivas, y en particular de la minería, en una nueva visión de desarrollo.

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CAPITULO I

Los Impactos Económicos de la Minería Datos Macroeconómicos El aporte de la minería al PBI peruano es reducido, representa el 6 % aproximadamente. Adicionalmente, en los dos últimos años, la variación del PBI minero ha experimentado una caída importante. El promedio del año pasado fue de - 4.9%. El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) señala que esta caída se debe a la disminución de la producción de los principales minerales exportables.

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PC= Ă?ndice de Precios del Consumidor Fuente: BCRP, MEF, MEM n.d. No disponible

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Sin embargo, las exportaciones tradicionales, que en gran parte comprende lo exportado por las industrias extractivas, representan el 77% del total de nuestras exportaciones y, de éstas, el 60% corresponden solo a minería.

Record de exportaciones peruanas

Estructura de las exportaciones peruanas

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Según datos oficiales del MINEM las exportaciones mineras de 2010 fueron 21,723 millones de dólares, las cuales se habrían incrementado en un 34% con respecto al año anterior.

Este incremento significativo guarda relación con los extraordinarios precios internacionales de los principales minerales que exporta el Perú.

Así pues, según el MINEM, en el año 2000, el oro se cotizaba a 279.37 dólares la onza y en diciembre de 2010 su precio llegó a 1,391.57 dólares la onza, un récord histórico, con un aumento del 25% en relación al año 2009.

Según los bancos de inversión, como BNP Paribás, Goldman y MF Global, en el 2011 el precio no bajaría de 1,500 dólares la onza.

En cuanto al cobre, su precio pasó de 0.63 dólares la libra en el año 2003 a más de 4 dólares la libra en diciembre de 2010.

Cabe precisar que, el Perú generalmente exporta concentrados, es decir, minerales que todavía requieren refinarse para ser utilizados.

Además de lo señalado, el Perú es el país que más inversiones capta en Latinoamérica y el tercer o en el mundo.

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Según el MINEM, de enero a noviembre de 2010, la actividad minera recibió una inversión de 3,391.18 millones de dólares, superando los montos obtenidos en años anteriores.1 La distribución geográfica de las inversiones se hizo efectiva en 22 de las 24 regiones del país. Los destinos de inversión fueron: Cusco (550 millones de dólares), Arequipa (479), Cajamarca (476), Áncash(323), Pasco (318), Lima (267), La Libertad (237), Piura (197), Junín (135), Moquegua (136), Huancavelica (87) y Ayacucho (50), Tacna (48), Puno (41), Ica (34), Apurímac (10), Huánuco (8), Amazonas (6) y Madre de Dios (1.13), entre otras regiones.

1 El año 2009 fue de 2021 millones 91305 dólares, el 2008 fue de 1708 millones de 59,306 dólares y el 2007. La inversión fue de 1,248 millones 815,722 dólares. Publicado en Andina, enero 2011

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Además de ello, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), EL Perú tiene una cartera de inversiones en proyectos mineros, eléctricos y de hidrocarburos por más de 53,000 millones de dólares para los próximos 10 años. Ascendiendo la cartera de proyectos mineros a 41,426 millones, la de hidrocarburos a 8,300 millones y la del sector eléctrico a 3,400 millones.

Cabe mencionar que, en el 2010, el MINEM aprobó 489 certificados de operación minera para la gran, mediana y pequeña minería. Asimismo, se autorizó la instalación y el funcionamiento de cinco nuevas plantas de beneficio (procesamiento de mineral), así como la construcción de otras cuatro.

A pesar de la gran afluencia de inversión minera, la cual quiere aprovechar los altos precios internacionales, el Estado continúa suscribiendo contratos con importantes beneficios para las empresas. El 2010, la Dirección General de Minería MINEM suscribió 18 contratos de inversión en exploración para la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV), dos contratos de garantía y promoción de la inversión, y un contrato de reinversión de utilidades.

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Expansión Territorial Según el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), en el 2010 se presentó 9,638 petitorios para concesiones mineras, un 84% más que al año anterior, lo que representa 558.836 hectáreas (has).

Fuente: INGEMMET / Elaboración: MEM

Los departamentos con mayores petitorios solicitados el 2010 son: Puno (1656), Arequipa (1,508), Lima (759), Áncash (697), Tacna (523), Moquegua (480), Junín, (434), La Libertad (402), Cajamarca(370), Huancavelica (318) e Ica (318). Las concesiones han llegado a ocupar, el 2010, 21 millones 282 mil hectáreas, es decir alrededor de 16% del territorio nacional.

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Con todo ello, el Perú es el primer conductor de plata del mundo, el segundo de cobre y zinc, el sexto en oro.

Todo indica que ese liderazgo se mantendrá, pues lo que se explota actualmente es solo una pequeña para de sus reservas probadas y probables.

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Renta minera, distribución y uso Según Propuesta Ciudadana, del 2007 al 2009, las utilidades netas de la gran minería fueron aproximadamente 24,000 millones de dólares. El 2010 este monto se habría incrementado significativamente dada la recuperación que tuvieron los precios de los principales minerales exportables del Perú. Aún no contamos con un monto global dado que las casas matrices de algunas de las empresas más importantes todavía no dan a conocer sus datos anuales.

• La información de estas empresas ha sido estimada sobre la base de la información de su casa matriz.

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Las actividades mineras generaron el 15% de los tributos internos del año 2010. El impuesto a la renta, principal aporte de la industria minera, fue de 4,831 millones de nuevos soles en ese período, es decir el 33% de los recaudado por dicho impuesto. Cabe señalar, que estos montos se alcanzaron con una presión tributaria de 13.8%, una de las más bajas de América Latina.

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En cuanto al óbolo minero, se ha recaudado en 4 años solo 595 millones de dólares.

Por otro lado, en el periodo 2005-2010, las empresas pagaron por regalías la suma de 2480 millones de soles, es decir, menos de 800 millones de dólares.

Cabe señalar que, la tasa interna de retorno con la cual las empresas calculan la recuperación de su inversión, en la mayoría de los casos, ha superado las expectativas que tenían proyectadas debido, principalmente, a los altos precios internacionales de muchos minerales.

En consecuencia, la renta minera no esta beneficiando lo suficiente al Estado y requiere una repartición más equi23

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tativa entre éste y las empresas, más aún cuando se trata de una actividad que extrae recursos no renovables, que supone la descapitalización de los recursos no renovables, que supone la descapitalización de los recursos naturales de nuestro país y que no internaliza adecuadamente los costos ambientales y sociales que genera.

Las dificultades para lograr un mayor ingreso del Estado provenientes de la minería tienen que ver con: - La vigencia de 20 contratos de estabilidad jurídica entre Estado y empresas. Estos contratos estabilizan la tasa de los impuestos y mantienen las deducciones y beneficios que las leyes de promoción a la inversión establecieron y que, en parte, han sido eliminados.

Estos contratos se crearon el año 1992 cuando el país salía de la hiperinflación, de una guerra interna, y se enfrentaba a nuevos proveedores de minerales en el mercado internacional luego de la caída del muro de Berlín y de la URSS. Estos contratos se encuentran blindados por la propia Constitución de 1993, por lo que solo pueden ser modificados previo acuerdo de las partes.

Por ellos, un grupo de empresas no pagan regalías e incluso otras se han acogido al beneficio de disminución de la renta imponible por reinversión de utilidades que fue eliminado hace algunos años, ello pese a que dichas empresas han tenido un periodo de bonanza importante producto de los altos precios internacionales.

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- Las deducciones, establecidas por la Ley Minera, disminuyen la renta imponible y los beneficios tributarios.

Permite descontar de la renta imponible el valor de la adquisición de las concesiones, los gastos de prospección y explotación, los gastos de desarrollo y preparación para la explotación.

Este beneficio es para aquellos titulares que exportan su producción o que ésta se encuentra sujeta a cotización internacional. Lo que se hace es deducir de su renta los tributos internos que incidan en su producción, como por ejemplo el IGV. También existe la posibilidad de la recuperación anticipada de dicho impuesto. Además, los titulares pueden deducir de la renta imponible las inversiones que hicieran en infraestructura que constituya o sea de servicio público, y aquellas inversiones destinadas a satisfacer obligaciones de vivienda y bienestar de sus trabajadores.

También, pueden comercializar libremente su producción, tienen la libertad de remisión de utilidades, dividendos, recursos financieros y la libre disponibilidad de moneda extranjera.

Asimismo, las empresas pueden deducir de su renta imponible el costo de las prestaciones de salud de sus trabajadores y dependientes, entre otros beneficios.

- La existencia del óbolo minero Es el aporte voluntario de las empresas del 3.75% de 25

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sus ingresos para que sean invertidos en las regiones donde se encuentran ubicadas sus minas, durante 5 años. Fue planteado por el segundo gobierno de Alan García como un sustituto del impuesto a las sobreganancias.

El óbolo minero no es un impuesto y su administración está a cargo de un comité en el cual la empresa es mayoritaria1. La SNMPE plantea su prolongación por 5 años más. Sin embargo, su existencia ha significado que el Estado abdique de su responsabilidad de crear impuestos en función de los objetivos nacionales y tenga le control en su distribución.

Por otro lado, como podemos apreciar de las cifras antes mencionadas, las cantidades recaudadas son una proporción muy pequeña de las utilidades de la gran minería.

Sólo 39 empresas aportan. Esto se debe, entre otras cosas, a que las empresas que pagan regalías están exentas del óbolo voluntario.

La justificación que se intentó dar para que las empresas ejercieran el control de dichos recursos fue una supuesta ineficiencia de los gobiernos regionales y locales en el uso de los ingresos provenientes del impuesto a la renta (canon). Sin embargo, las empresas no han mostrado un desempeño eficiente, pues hasta noviembre del año pasado se ejecutó solo el 58% de los recursos disponibles.

Otra dificultad que trae el óbolo minero es que las em1

blica.

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Inaceptable prórroga del óbolo minero, Humberto Campodónico, La Repú-

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presas orientan la inversión a sus zonas de operación y, con ello, se sigue concentrando recursos en localidades que ya reciben canon, regalías, fondos privados de la minería, etc.

- Problemas en el reparto de la renta minera, su distribución en el Estado y su uso.

La distribución de la renta proveniente de las industrias extractivas es un tema central dentro de las funciones distributivas del Estado. Al respecto, los recursos del canon se concentran en las zonas mineras, a tal punto que los ingresos de éstas superan lo que pueden gastar en un periodo largo de tiempo.

Es importante mencionar que el canon constituye una forma que tiene el Estado peruano de distribuir los impuestos que obtiene.

- Uso inadecuado de los ingresos El gasto de dichos recursos se destina principalmente a infraestructura. Es necesario que esos recursos se orienten también a gasto corriente para que los servicios mejoren, pues sin personal la infraestructura no cumple sus fines.

Minería y empleo La minería presenta un reducido eslabonamiento productivo y baja intensidad en uso de mano de obra.

En el período enero – diciembre de 2010, según el 27

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MINEM, la minería generó trabajo para 126,082 personas de forma directa, lo que representaría una pequeña proporción de la población económicamente activa2. Esto incluye a las personas que trabajan directamente para las empresas mineras y las que lo hacen a través de la contratación por terceros.

De esa cifra, según datos del MINEM, 67,096 personas trabajaron para contratistas, es decir, más del 53%.

2 Según el Ministerio de Trabajo la PEA, de acuerdo a hogares realizadas en el 2009, era de 4 millones 390 personas. No hay un dato actualizado hasta el momento, por lo que no podemos establecer un porcentaje.

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1.1. AGENDA Y PROPUESTAS PARA UNA MINERÍA RACIONAL, QUE APORTE AL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y SOSTENIBLE Lineamientos generales - El Estado debe promover un desarrollo que brinde bienestar a las personas, les de mayores niveles de libertad y mejore sus capacidades, garantizando la conservación de su entorno.

- Ello supone el uso y aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales. Es decir, el reconocimiento de que no es posible una expansión ilimitada de la actividad minera, que hay recursos que preservar y otras actividades económicas de importancia para las poblaciones locales que requieren ser potenciadas y que necesitan ocupar un espacio en el territorio.

- El reconocimiento de que las actividades mineras son temporales y, por lo tanto, la necesidad de invertir en la reconversión y diversificación productiva de las zonas dedicadas a la minería.

- Asimismo, el reconocimiento de que el aporte de la minería al desarrollo para por reorientar sus excedentes a otras actividades productivas y a la mejora de servicios 29

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sociales y ambientales.

- La necesidad de orientar el uso de los ingresos de la minería a la proporción del desarrollo sostenible.

- Se requiere que el Estado asuma la planificación y gestión de territorio como estrategia para el desarrollo, orientando su uso y ocupación hacia objetivos que mejoren la calidad de vida de la población y le garantice un entorno saludable, así como el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Ello debe suponer el desarrollo de políticas, metas y la asignación de presupuesto y personal suficiente.

Minería y Desarrollo - Desarrollar metodologías para la realización de un adecuado balance costo beneficio, con información completa sobre los proyectos en curso, lo que se supondrá abrirse a la posibilidad de que algunos proyectos no sean viables.

- Mejorar la competitividad rural de los pequeños y medianos productores agropecuarios con un enfoque de soberanía alimentaria y sostenibilidad ambiental.

- Realizar una reforma tributaria y fiscal que permita un reparto más equitativo de la renta minera entre empresas y estado. Que esos recursos se empleen en promover un desarrollo sostenible e integral para todos los perua30

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nos y que contribuyen a la eliminación de las externalidades negativas generadas por dicha actividad. Los que supondrá la eliminación del óbolo minero, la incorporación del impuesto a las sobreganancias, o el incremento de las regalías o del impuesto a la renta, así como la creación de los impuestos ambientales entre otras posibilidades.

- Destinar un porcentaje de los ingresos obtenidos de la minería a gasto corriente y no solo a infraestructura.

- Fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y regionales para que hagan un uso más eficiente de los recursos distribuidos por el Estado.

- Modificar la legislación de promoción de las inversiones y, con ella, la Ley Minera para eliminar las ventajas que se otorgan a la inversión en detrimento de los intereses del Estado. Supone revisar el conjunto de las deducciones que se realizan sobre la renta imponible de las empresas y las exoneraciones tributarias aún existentes.

Revisar, previo acuerdo entre las partes, los contratos de estabilidad jurídica.

- Ofrecer el fácil acceso a la información desagregada sobre lo recaudado por impuestos y regalías para favorecer la vigilancia y el control ciudadano, así como también sobre lo distribuido a través del canon y la forma en que éste y las regalías vienen siendo utilizados.

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Planificación del Desarrollo - La creación e implementación de una política de ordenamiento territorial y de su normatividad que permita dar un uso y aprovechamiento sostenible al término y a los recursos naturales, en función de objetivos nacionales.

- Delimitar las actividades extractivas en función de un ordenamiento territorial participativo.

- Articular los diversos planes existentes (incluidos los sectoriales) relacionados con la gestión del territorio y el desarrollo local y regional.

- Adaptar los planes de la industria extractiva a los planes de desarrollo local, regional y de gestión del territorio.

- Mejorar las capacidades de los gobiernos locales y regionales para que impulsen los procesos de ordenamiento territorial.

- Promover la elaboración de planes de desarrollo integrales, concertados, actualizados e institucionalizados, con acento en los componentes ambientales, de recursos naturales y de desarrollo rural.

- Revisión de las concesiones mineras en base a los planes de desarrollo ya los planes de ordenamiento territorial y consulta a las poblaciones.

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CAPITULO II

Impactos Ambientales de la Minería Minería y su impacto en los ecosistemas La gran y mediana minería son grandes consumidores de recursos naturales (agua, suelo) y energía.

La minería moviliza grandes volúmenes de material minado y genera abundantes cantidades de deshechos.

Sus actividades impactan, en mayor o menor medida, en el suelo, aire y agua, paisaje, flora y fauna.

La explotación a tajo abierto, usada frecuentemente 33

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en el Perú, es una tecnología que suele afectar a la cobertura vegetal, los suelos y la napa freática. A su vez, el descenso de ésta puede causar la disminución de los bofedales y caudales de manantiales, el descenso de caudal base de algunos ríos y la disminución de la disponibilidad del agua para riego.1 La infiltración de aguas superficiales procedentes de relaveras, escombreras piritosas, pilas de lixiviación, áreas de beneficio y desechos humanos, pueden causar serios daños en la calidad del agua subterránea.

La contaminación por agua y aire tiene como efecto la pérdida de pastos, de tierras de cultivo, de flora, de recursos hidrobiológicos y problemas de salud pública.

Gran parte de la minería se desarrolla en cabecera de cuenca. Muchas veces estas actividades han afectado acuíferos y aguas subterráneas.2 Pero también, viene expandiéndose en otras zonas sensibles y que cumplen servicios ambientales como los páramos, bosques de neblina, bosques amazónicos, bofedales, etc. Asimismo, en valles productivos y ciudades o centros poblados.

Varias lagunas alto andinas se han convertido en depósitos de relaves, un ejemplo de ello es la laguna de Huasacota en Junín. Muchas otras, han sido vaciadas por completo por las empresas.

Según el informe « El agua ante nuevos desafíos: 34

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Actores e iniciativas en Ecuador, Perú y Bolivia» de Oxfam Internacional, mas de la mitad de los ríos del Perú, de mayor demande de uso, están severamente contaminados. Este informe refiere que los principales agentes tóxicos3 son el plomo, arsénico, cianuro, mercurio, aceites y gases de hidrocarburos y coliformes fecales.

1

Información tomada del documento «Lineamientos de Políticas Públicas para el Ordenamiento Territorial: Inclusión de Zonas de Exclusión Minera». Foro de Ciudades para la Vida 2011. Documento no publicado.

2 Ob. Cit. 3 Estos contaminantes se encuentran en alta concentración en los ríos, por ejemplo, en los ríos Mantaro, Yauli, Chillón, Rímac, Chira, Piura, Llaucano, Corrientes y Trompeteros.

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La vida acuática de muchos ríos y lagunas ha desaparecido.

Una proporción importante de los conflictos son por agua y están vinculados a las actividades extractivas, principalmente mineras.

El Ministerio de Energía y Minas ha identificado más de 5,000 pasivos ambientales, que vienen siendo focos de contaminación y que requieren una actuación inmediata de las empresas y del Estado.

Minería y Gestión Ambiental En relación a las normas sobre gestión ambiental hay avances recientes. Tenemos una nueva Ley y Reglamento de Recursos Hídricos que se orientan a promover y desarrollar un manejo integral de los mismos con un enfoque de cuenca y con participación de todos los sectores y actores de la sociedad. También se han mejorado algunos valores de los parámetros físicos, químicos y biológicos de los estándares de calidad ambiental del aire y del agua que exigen más cuidado de la salud de la población.

Sin embargo, los instrumentos de gestión ambiental son aún incompletos, mantienen una visión sectorizada y poco eficiente: - Los planes de ordenamiento territorial todavía no han sido normados en nuestra legislación.

- El otorgamiento de concesiones no está vinculado a 36

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la planificación ni a la gestión del territorio.

- No existe estándares de calidad ambiental para suelos.

- No existe estándares para medir los impactos acumulativos de los parámetros relacionados con la minería en la vida acuática.

- No hay inventarios ni información completa sobre la situación de los recursos naturales.

- No se realiza la valorización de los recursos naturales y de los servicios ambientales.

- No se internalizan completamente los costos de los impactos sociales y ambientales en los balances de costo beneficio.

- La normatividad sobre EIA no permite determinar con claridad las zonas de influencia y no exigen información completa sobre el agua y el suelo, ni sobre las relaciones dinámicas de los elementos de los ecosistemas, impidiendo visualizar de manera completa los posibles impactos de un proyecto. La información social y económica es bastante escueta. No se cuenta con indicadores que permitan medir los impactos. Además, los EIA son aprobados por el MINEM, ministerio que promueve la inversión minera.

- Las normas sobre Evaluaciones Ambientales Estratégicas no contemplan su aplicación a un conjunto de proyectos mineros ubicados en una misma zona, para deter37

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minar los impactos acumulados de todos ellos sobre el entorno, y aún no han sido reglamentadas.

- La autoridad ambiental y el sistema de gestión están poco articulados y son débiles.

- El Ministerio del Ambiente es susceptible a las presiones políticas y de los grupos de poder económico.

Esto ha quedado demostrado con el respaldo que dio a las normas que restaban eficacia a instrumentos ambientales para un conjunto de proyectos. Asimismo, en su actuación frente a casos como el de Doe Run Perú. A ello se añade que tiene poco poder en relación a los demás ministerios, lo que le dificulta ejercer su función rectora. Entre otras cosas, por que no se le ha dado las competencias para aprobar los Estudios Ambientales, ni las herramientas necesarias para una adecuada fiscalización.

- La fiscalización ambiental de la gran y mediana minería sigue concentrada y centralizada, esto dificulta una intervención oportuna y eficaz.

- La supervisión no logra corregir comportamientos y prevenir daños ambientales.

- Las sanciones establecidas no desalientan la transgresión de las normas ambientales y de los compromisos establecidos.

- Si bien es posible perder una licencia ambiental por una falta grave, no es posible revocar las concesiones ni derechos a una empresa o titular para explorar y explotar o 38

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para realizar labores de beneficio.

- La justicia penal para delitos ambientales tampoco funciona. En el 2010 de 2,140 denuncias presentadas por el Procurador del Ministerio de Ambiente, el 80% aún están en investigación fiscal, y solo el 20% de los casos han sido judicializados, habiéndose archivado ya varios de ellos.

A ello se suma que, en el 2010, el Estado recibió solo 2,000 nuevos soles por reparación en casos de delitos ambientales.

- Si bien, a noviembre de 2010 existían 97 áreas naturales protegidas según el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (SERNAP), solo 37 contaban con planes maestros aprobados, de los cuales 22 caducaban el 2010. Si no existen planes maestros no hay una gestión adecuada de las áreas naturales protegidas.1

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Información tomada del documento «Lineamientos de Políticas Públicas para el Ordenamiento Territorial: inclusión de Zonas de Exclusión Minera». Foro de Ciudades para la Vida 2011. Documento no publicado.

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2.1. AGENDA Y PROPUESTAS PARA UNA MINERÍA QUE REDUZCA LOS IMPACTOS AMBIENTALES Protección de ecosistemas y recursos naturales - Crear zonas intangibles o de restricción minera, según criterios previamente establecidos, en: valles agroecológicos de alto valor productivo, cabeceras de cuenca, páramos, bosques de neblina, bosques amazónicos, bofedales, humedales, etc.

- Fortalecer el sistema de áreas naturales protegidas, estableciendo los planes maestros para todas ellas.

- Ejecutar un programa integral de descontaminación y recuperación ambiental de las zonas afectadas por industrias extractivas, y en especial para la recuperación de fuentes de agua.

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- Creación de un organismo que permanentemente genere información sobre el estado o situación de los recursos naturales y la actualice. Ello permitirá tomar decisiones adecuadas.

- Desarrollar e implementar una política para la gestión de riesgo de desastres.

Uso, aprovechamiento y gestión de los Recursos Hídricos - Aprobar e implementar políticas de uso y gestión de los recursos hídricos con la finalidad de asegurar la disponibilidad, calidad y conservación de las aguas superficiales y subterráneas, priorizando su uso primario y poblacional, así como para garantizar la seguridad alimentaria. Estas políticas deben estar articuladas a los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.

- Asegurar una gestión integrada y participativa de los recursos hídricos y de las cuencas. En consecuencia, promover la creación y el funcionamiento de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca con una amplia participación de los actores.

- Promover la elaboración, aprobación e implementación de los planes de gestión de recursos hídricos de las cuencas.

- Exigir en los EIA los balances hídricos y los estu41

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dios hidrogeológicos.

- Proteger y realizar un manejo adecuado y sostenible de las cabeceras de cuenca y los cuerpos de agua existentes en el país; así como de los ecosistemas que los producen para asegurar la calidad y disponibilidad del recurso.

- Implementación de programas de reforestación y forestación en las cabeceras de cuenca y micro cuencas (siembra de agua), poniendo énfasis en el incremento de la cobertura vegetal nativa.

- Rehabilitar y recuperar la calidad del agua en las fuentes afectadas por las actividades económicas.

- Prohibición del uso de lagunas o manantiales como depósitos de relaves y de su vaciado para actividades mineras.

- Establecer mecanismos de compensación por servicios ambientales que brindan las comunidades y poblaciones de las cabeceras de cuenca, a fin de que tengan los recursos necesarios para ejecutar proyectos de conservación, protección y manejo del agua.

- Promover el uso de tecnologías apropiadas y buenas prácticas de manejo y uso sostenible del agua en el sector industrial, agropecuario y urbano, además, en el tratamiento de efluentes y aguas residuales.

- Educar y concientizar a la población en el uso y cuidado racional y responsable de las aguas superficiales de las cuencas y del agua potable.

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- Recuperar las prácticas tradicionales sostenibles sobre el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos.

- Elaborar un inventario nacional de recursos hídricos y difundirlo.

Fortalecimiento de la institucionalidad y gestión ambiental - Fortalecer el sistema de gestión ambiental para que sea realmente descentralizado, desconcentrado, participativo y articulado, con un diseño claro de funciones y un Ministerio de Ambiente fortalecido en sus competencias, independencia, presupuesto y con poder de decisión en todo lo relacionado a lo ambiental.

- Contar con instrumentos de gestión ambiental realmente preventivos y de control. Lo que supone Planes de Ordenamiento Territorial, Evaluaciones de Impacto Ambiental con información más precisa y completa que recoja las relaciones dinámicas de los distintos elementos del área de los proyectos y su zona de influencia para determinar los impactos de las acciones propuestas.

- Supondrá también términos de referencia para los EIA detallados. Asimismo, una evaluación detallada del impacto social, con indicadores precisos y su aprobación por una entidad altamente calificada e independiente o autónoma.

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- La implementación de las Evaluaciones Ambientales Estratégicas y su ampliación a distritos mineros, a fin de determinar los impactos acumulativos y no sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas.

- La valorización económica de los recursos naturales y de los servicios ambientales, así como también, la cuantificación de los impactos ambientales y sociales que tendrá la ejecución de los proyectos.

- Terminar de revisar, mejorar y completar los valores de referencia de los estándares de calidad ambiental y límites máximos permisibles para aire y agua, a fin de que realmente protejan la salud de las personas y el ambiente.

- Establecer valores de referencia para calidad ambiental de suelos y biota (macro invertebrados). Lo primero permitirá sancionar, evitar la contaminación y recuperar suelos, mientras que lo segundo permitirá determinar el impacto acumulado de las sustancias contaminantes en las aguas de los ríos y lagunas.

- Mejorar la participación de la comunidad y de las poblaciones locales, a través de sus organizaciones, en el sistema de gestión ambiental. Ello supone no sólo en los procesos de otorgamiento de licencias ambientales, sino también en la vigilancia ciudadana, que implicará a su vez la participación en el seguimiento de los planes de manejo ambiental, y demás obligaciones y compromisos establecidos en los EIA y planes de cierre de minas; así como, en 44

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el monitoreo de agua, aire y suelo.

- Asignar recursos económicos para una vigilancia ambiental ciudadana independiente.

- Mejorar el sistema de supervisión y fiscalización ambiental precisando y articulando las funciones de las distintas entidades que lo integran y dotando al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) de la independencia, el diseño institucional, las competencias y los recursos que requiere para corregir y sancionar con eficacia comportamientos que van contra las normas y los compromisos ambientales establecidos.

- Descentralizar y desconcentrar la fiscalización ambiental. Los gobiernos locales y regionales deben tener claro su rol en la fiscalización de la gran, mediana, pequeña y minería artesanal. Asimismo, estos deben tener una actuación articulada con el sistema de fiscalización ambiental (OEFA), Autoridad Nacional del Agua (ANA), procuraduría y Fiscalías Ambientales, etc.

- Un mayor seguimiento, supervisión y fiscalización a la ejecución de los planes de cierre de minas y de pasivos ambientales.

- Incorporar al sistema de reparaciones las indemnizaciones administrativas para las personas afectadas por la minería.

- Establecer las restricciones en el uso del cianuro y de la minería a tajo abierto.

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Pasivos Ambientales: - Implementar una política de remediación de pasivos con metas y plazos definidos.

- Creación de un fondo económico con aportes de las empresas y del Estado para la remediación de los pasivos ambientales y las áreas afectadas por ellos.

- Condicionar la aprobación de nuevos proyectos a las empresas que no hayan cumplido con el cierre de sus proyectos concluidos.

- No aprobar estudios de impacto ambiental que necesiten actividades de remediación permanente.

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CAPITULO III

Impactos Sociales de la Minería Minería y conflictos En torno a la minería se suele dar un conjunto de conflictos sociales, que en la mayoría de casos tienen que ver con el temor de las comunidades y poblaciones locales a ser afectadas en sus posibilidades de acceso a los recursos naturales, así como en sus actividades productivas. Temor numerosas veces fundado.

El 2010 se presentaron 246 conflictos sociales en el país, de los cuales 117 (48%) fueron socio ambientales.

De estos, 61 casos estuvieron vinculados a la minería.

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Fuente de información consultada: Reportes de conflictos sociales años 2005- 2010. Defensoría del Pueblo.: Http://www.defensoría.gob.pe/ Elaboración Red Muqui

Una proporción importante del total de los conflictos fue por agua (36 casos), y la mayor parte de ella estuvo vinculada con la actividad minera (28 casos).

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Minería y Pobreza En las zonas mineras, no se ha producido un cambio sustancial en la calidad de vida de sus pobladores, pese a los ingresos que provienen de la minería.

Perú: Agrupación de departamentos según incidencia de pobreza, 2009 Como tenemos conocimiento en esta Encuesta Nacional de Hogares Anual, 2009 Cajamarca tiene el 56% de su población en situación de pobreza. Ancash, el 31.7%; Pasco, el 55,4%; Cusco el 51,1%; y Huancavelica, una región históricamente minera, el 77.2%.

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Asimetría de poder y brecha social En las zonas mineras existen grandes diferencias sociales entre quienes se logran insertar al circuito económico generado por la minería (principalmente aquellas personas que brindan servicios) y los que no lo logran, que generalmente suelen ser poblaciones rurales.

Hay una reconfiguración del territorio a partir de los proyectos mineros y de otros proyectos de inversión que redefine las actividades productivas, el uso de los recursos naturales, las relaciones de poder al interior de una localidad, etc.

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Las relaciones entre empresas (en su mayoría trasnacionales) y poblaciones locales o comunidades, suelen dividir entre los que están a favor y los que están en contra. Todo ello, produce tensiones internas, pérdida de capital social y un clima de desconfianza.

La legislación no permite que las poblaciones locales y las comunidades campesinas y nativas puedan participar naturales, de los cuales dependen sus medios de vida.

Hasta el momento, en nuestro país, no existe una Ley de Consulta Previa a Pueblos indígenas ni un mecanismo de consulta ciudadana para temas vinculados a inversiones y explotación de recursos naturales.

Calidad del Empleo Gran parte del empleo generado por las empresas mineras se realiza a través de la contratación por terceros. A diciembre de 2010, más del 53% del personal ocupado en minería se encontraba bajo esta modalidad de empleo, lo que supone pérdidas de derechos laborales y especialización profesional. Además, en muchas de las operaciones mineras no se brindan condiciones adecuadas de trabajo.

Minería Informal Hay una minería informal creciente en torno al oro, se estima, pues no se cuenta datos oficiales, que a nivel na52

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cional existen 100 000 mineros informales.1 Esta minería es alentada por los precios internacionales y por intereses ocultos de personas, organizaciones o empresas que los proveen de insumos (mercurio, cianuro, explosivos) o comercializan el producto obtenido del procesamiento del metal precioso, introduciéndolo en el mercado formal.

Los mineros informales generalmente viven en la marginalidad, en condiciones infrahumanas. Utilizan el trabajo infantil, dañan su salud y degradan el ambiente.

Se han presentado enfrentamientos entre agricultores y mineros informales por la contaminación y los problemas sociales que estos últimos generan. Esto ha ocurrido en Piura, en la cuenca del río Chillón, en Puno, etc.

Las competencias sobre minería artesanal, que en gran número de casos es informal, han pasado a los gobiernos regionales. Sin embargo, estos no cuentan con competencias y funciones claramente determinadas, ni con capacidades y recursos suficientes para afrontar la problemática que existe en torno a ella.

Cabe señalar que, hasta febrero de 2010, se encontraban acreditados formalmente como titulares con derechos mineros 3,824 pequeños productores mineros y 2,640 productores mineros artesanales. 2 1

Declaraciones del Ministro del Ambiente, Antonio Brak, a la agencia de noticias internacional EFE del 5 de diciembre de 2010. Otras fuentes, refieren que existía 150,000 mineros informales.

2 MINEM, Reporte Anual 2010. Documento elaborado al 15 de febrero de 2011

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Desplazamiento Involuntario y Reasentamiento Otro problema social es el desplazamiento involuntario de poblaciones y su reasentamiento por razones económicas. En curso, se encuentran previstos los traslados de las ciudades de Morococha (Junin), Cerro de Pasco (Pasco) y del poblado de Fuerabamba (Apurímac). Esos traslados vienen siendo manejados como procesos de negociación entre población, gobiernos locales y empresas, olvidándose que se trata principalmente de una problemática que pone en riesgo sus derechos. El MIMDES, órgano rector en materia de desplazamiento, tiene un rol secundario en dichos procesos. Además no existe una legislación interna desarrollada para regular este tipo de situaciones.

Criminalización de la Protesta e Impunidad Ante las crecientes protestas sociales en torno a las industrias extractivas y grandes proyectos de inversión, desde el año 2006 se vienen realizando cambios en las normas penales y procesales para comprender dichos actos en los delitos existentes y con ello procesar y sancionar a los líderes sociales y activistas ambientales, así como para agravarles las penas. Asimismo, se han dado normas para 54

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que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en los conflictos sociales y queden en la impunidad lesiones o muertes que efectivos policiales o de las Fuerzas Armadas ocasionen en el ejercicio de sus funciones, y en el uso reglamentario de su armamento. Estas normas son: Ley 27686, Ley 28820, los Decretos Legislativos de 2007 (982, 983, 989), Ley 2822, D.S. 060-PCM-2007, Decreto Legislativo 1095 de Setiembre de 2010.

Minería y Salud La contaminación del agua y del aire por la minería tiene, entre sus efectos, problemas de la salud pública. Existen poblaciones contaminadas por metales y otras sustancias tóxicas que resultan dañinas para la salud de las personas, comunidades y pueblos. Es el caso de Cerro de Pasco, Chimbote, La Oroya, etc.

En 1999, estudios epidemiológicos del Ministerio de Salud (MINSA), dieron a conocer que el 97% de los niños de la Oroya, menores de 6 años, presentaban plomo en sangre por encima de los estándares internacionales. Posteriormente, el MINSA realizó otros estudios con resultados similares.

Asimismo, en el 2005 la Universidad de Saint Louis de Missouri, en convenio con el Arzobispado de Huancayo, realizó un «Estudio sobre la contaminación ambiental 55

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en los hogares de La Oroya y Concepción y sus efectos en la salud de sus residentes» para determinar los metales tóxicos en sangre y orina. Los resultados del estudio confirmaron la gravedad de la situación de la salud comunitaria, concluyendo que la población de La Oroya y Concepción están contaminadas con plomo, arsénico, antimonio, etc.3 En el 2007, La Oroya fue considerada una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo, por el Instituto Blacksmith, debido a los altos niveles de contaminación atmosférica.

Otro caso dramático es el de Cerro de Pasco. Según un estudio realizado por el Gobierno Regional y la Dirección de Salud Regional de Pasco, el 67.3%de los niños menos de 9 años se encuentran contaminados con plomo en un promedio de 14.9 ug/dl.

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3.1 AGENDA Y PROPUESTAS PARA EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES Y POBLACIONES DE ZONAS MINERAS. Gestión y Transformación de Conflictos sociales: - Impulsar los cambios normativos necesarios en la regulación de la actividad minera y demás recursos naturales, considerando las preocupaciones, intereses y derechos de las poblaciones locales.

- El Estado debe asumir en los conflictos su rol en la tutela de derechos y en la promoción del bienestar general.

- Desarrollar mecanismos, criterios, pautas para un manejo adecuado de los conflictos existentes entre empresas mineras y poblaciones o comunidades.

- Que las poblaciones locales y comunidades, que 57

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podrían ser afectadas por un proyecto, tenga información completa sobre este y los impactos que generará en su entorno.

- Desarrollar mecanismos de participación ciudadana y consulta previa a pueblos indígenas desde el otorgamiento de las concesiones, hasta el seguimiento y vigilancia de los EIAs y planes de cierre.

- Institucionalizar los espacios de diálogo, asegurando la participación de los diferentes actores de un conflicto, debidamente representados, a efectos de encontrar salidas conjuntas, no violentas y duraderas.

- Establecer el carácter vinculante de los acuerdos adoptados en las mesas de negociación y diálogo. Así como, el darle seguimiento a su implementación.

- Desarrollar un mecanismo de alerta temprana, a través de la creación de un observatorio permanente de conflictos sociales.

Minería informal y artesanal - Identificar todos los intereses (empresas, organizaciones y personas= que se encuentran detrás de la minería informal y que impiden su formalización para imponer sobre ellos reglas claras y el principio de autoridad.

- Implementar un proceso de ordenamiento territorial, con el liderazgo de los Gobiernos Regionales y Locales, 58

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que permita establecer con precisión dónde es posible realizar minería y dónde no. El ordenamiento minero no es un instrumento adecuado por que solo organiza parte del territorio regional y en función de una lógica sectorial.

- En donde es posible realizar minería, impulsar procesos de formalización, de tal manera que sus prácticas se ajusten a los estándares ambientales, sociales e incorporen tecnologías adecuadas.

- En aquellos casos en que la minería artesanal es contraproducente, crear un programa intersectorial para la reconversión económica y laboral de los pequeños productores y mineros artesanales.

- Crear programas de recuperación ambiental de las zonas degradadas por la actividad minera informal, cuya tarea central deberá ser asumida por el Estado, contando para ello con la participación activa de los mineros artesanales y de la sociedad regional.

- Fortalecer a los Gobiernos Regionales para un efectivo ejercicio de sus funciones de regulación y fiscalización de la minería artesanal, lo que implica crear capacidades y contar con los recursos suficientes para hacer gestión ambiental participativa y concertada.

- Controlar el tráfico de los insumos (mercurio, petróleo, diesel, explosivos, cianuro), cuyo destino es la minería informal.

- Fomentar el desarrollo de tecnologías limpias para la 59

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separación del oro, así como de tecnologías de cierre de minas en zonas de minería aluvial.

- Introducir un sello de calidad ambiental para el oro, para que lo producido en condiciones ilegales, o que carece de fiscalización no entre a los circuitos legales de la compra y venta de oro.

- Contar con un registro de identificación de los mineros artesanales.

Desplazamiento y reasentamiento - Incorporar a nuestra legislación los estándares desarrollados por el Relator de Vivienda y el Banco Mundial (Directrices y Observaciones) para desplazamientos involuntarios y reasentamientos por razones económicas.

- Implementar programas de reasentamiento por razones económicas enmarcados y con posibilidades de un desarrollo urbano sostenible.

- Garantizar los derechos de las personas desplazadas en los procesos de reasentamiento.

Derechos - Favorecer el ejercicio irrestricto de los derechos civiles y políticos de los líderes y activistas sociales y ambientales afectaos en sus derechos más fundamentales como 60

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a la integridad física y a la vida.

- Se requieren nuevos mecanismos que permitan una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones y en la fiscalización y control, teniendo acceso a una información completa y oportuna.

- Implementación del derecho a la consulta previa, libre a e informada a pueblos indígenas en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, de la Declaración Universal de Pueblos Indígenas y las sentencias del Tribunal Constitucional peruano. Ello supondrá la aprobación de una Ley de Consulta Previa que establezca principios y pautas, así como de una metodología para su aplicación.

- Promover la conformación y funcionamiento de los comités de vigilancia, brindándoles el apoyo y las condiciones necesarias para que puedan realizar su labor.

- Establecer mecanismos efectivos y transparentes de información.

- Promover la protección integral de los derechos colectivos a la tierra y al territorio de las comunidades campesinas y nativas.

- Derogación de la Ley de Servidumbre Minera, pues limita el derecho a la propiedad y resta capacidad negociadora a las personas y comunidades que viven en zonas mineras.

- Brindar a las comunidades la posibilidad de obtener una participación en los beneficios económicos que gene61

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ra la actividad minera.

- Que las poblaciones del entorno de una empresa minera tenga acceso a las vías públicas y fuentes de agua que estén ubicadas dentro de la propiedad de ésta, garantizándose con ello el derecho al libre tránsito y el acceso a los recursos naturales que son de uso público.

- Desarrollar indicadores para medir el aporte al desarrollo local de los programas y proyectos de responsabilidad social de las empresas mineras.

- Derogar de los decretos legislativos y demás leyes que criminalizan la protesta y favorecen la impunidad de violaciones a derechos humanos.

Minería y Salud Ambiental - Controlar las fuentes de contaminación y exigir a los titulares mineros que inicien procesos de restauración ambiental.

- Implementar los planes para limpiar el aire en ciudades altamente contaminadas.

- Establecer una política en salud ambiental que atienda y prevenga los impactos en la salud por problemas de contaminación.

- Establecer e implementar un programa de atención para las personas afectadas por la contaminación con metales y otros elementos tóxicos, y que dicho programa cuen62

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te con los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para su implementación.

- Implementar la guía práctica para el manejo de pacientes con intoxicación por plomo y los lineamientos para la elaboración del programa de atención de vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria a ser aplicado en cada emergencia ambiental.

- Brindar acceso al Sistema Integral de Salud (SIS) a las personas afectadas por la contaminación con metales y otros elementos tóxicos.

- Establecer la obligatoriedad de la realización de estudios ambientales y epidemiológicos en las zonas de atención prioritaria.

Minería y derechos laborales - Fiscalizar a las empresas para evitar que se asignen a contratistas puestos permanentes.

- Mejorar el sistema de fiscalización de las operaciones mineras en los ámbitos técnicos y laborales, para garantizar mejoras en las condiciones de trabajo, salud, higienes, y seguridad ocupacional de los trabajadores mineros.

- Promover que las empresas implementes programas de reconversión laboral durante le proceso de desarrollo de la mina.

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Este libro se termin贸 de imprimir en los Talleres de COMPUediciones Editores Generales el d铆a 16 de Junio de 2011 Tiraje de la primera edici贸n: 10 mil ejemplares

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MINERIA PERUANA Una Agenda para el Futuro Se trata evidentemente de un libro imprescindible para entender el devenir de la minería peruana en los próximos años, pues los actores involucrados tendrán que consensuar en que la riqueza económica por extraer, con transparencia y en las mejores condiciones contractuales, deberá ir de la mano con los derechos de las comunidades, quienes tienen por ley que ser consultadas previamente. Este es un manual redactado con acierto y visión analítica por un reconocido investigador social y comunicador a tiempo completo.

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