INFORME DE LABORES 2016 __________________________________________ DR. ERNESTO PAZMIÑO GRANIZO DEFENSOR PÚBLICO GENERAL DEL ECUADOR
1
CONTENIDO _____________________________________________________ 1.
ANTECEDENTES
2.
DATOS GENERALES DE LA AUTORIDAD QUE RINDE CUENTAS
3.
COBERTURA GEOGRÁFICA
4.
SERVICIOS PRESTADOS POR LA DEFENSORÍA PÚBLICA
5.
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
6.
RECURSOS
7.
LOGROS ALCANZADOS EN EL 2016
8.
INICIATIVAS LEGISLATIVAS
9.
CONVENIOS Y RESOLUCIONES
10.
ANEXOS
2
1.
ANTECEDENTES
La Defensoría Pública del Ecuador es un órgano autónomo de la Función
Judicial,
con
autonomía
económica,
financiera
y
administrativa, cuyo mandato constitucional (artículo 191) es “(…) garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos”. El trabajo lo desarrolla mediante “un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz y gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las personas, en todas las materias e instancias”. La Defensoría Pública nació en agosto de 2007 como Unidad Transitoria adscrita a la Presidencia de la República y posteriormente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para dedicarse a la defensa penal de las personas procesadas que no podían acceder a los servicios de un abogado privado por falta de recursos económicos, y para garantizar que en el Ecuador no existieran personas detenidas sin sentencia judicial. No obstante, la Asamblea Constituyente de Montecristi (2008) consideró imprescindible su presencia como órgano autónomo de la Función Judicial y estableció que, además de la defensa penal, ofreciera atención en todas las materias ubicando a la Defensoría Pública del Ecuador como la única de América con autonomía y con rango constitucional. A partir de entonces, la Defensoría Pública determinó que su misión institucional es “defender gratuitamente a las personas en condición económica, social y cultural de vulnerabilidad o en estado de
3
indefensión, garantizando su acceso a la justicia, un juicio justo y el respeto de los derechos humanos”. Y que su trabajo debía realizarse de manera articulada con el Plan Nacional del Buen Vivir (PNVB) y con el Plan Estratégico de la Función Judicial. En esa línea, el trabajo de la Defensoría Pública se relaciona con el objetivo seis del eje estratégico del PNBV sobre “derechos, libertades y capacidades para el buen vivir”, que señala la necesidad de “consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respecto a los derechos humanos”. Y con tres objetivos estratégicos de la Función Judicial: 1) Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia; 2) Promover el óptimo acceso a la justicia; y, 3) Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios. Estos preceptos han delineado la planificación estratégica de la Defensoría Pública 2013 – 2018, con sus objetivos, metas e indicadores para la consecución del mandato constitucional. Se trata de un marco referencial para que las diferentes áreas y procesos de la organización desarrollen su accionar hacia una prestación de servicios eficientes, eficaces y efectivos, con enfoque a resultados, cuyo fin esencial es la protección de los derechos de las personas en mayor riesgo de vulneración.
4
2.
DATOS GENERALES DE LA
AUTORIDAD QUE RINDE CUENTAS
2.1.
Nombre
:
Ernesto Pazmiño Granizo
2.2.
Cargo
:
Defensor Público General
2.3.
Institución
:
Defensoría Pública del Ecuador
2.4.
Período del cual rinde cuentas: Enero 2016 a diciembre 2016
2.5.
Fecha de elaboración del informe: Enero de 2017
2.6.
Competencias que le asigna la ley:
Las competencias del Defensor Público están determinadas en el artículo 288 del Código Orgánico de la Función Judicial: Art. 288.- Competencias del Defensor Público.- Compete al Defensor Público: 1) Representar judicial y extrajudicialmente a la Defensoría Pública; 2) Determinar, dentro del marco de las políticas generales de la Función Judicial, las políticas institucionales y ponerlas en práctica
por
medio
de
las
unidades
administrativas
correspondientes; 3) Expedir,
mediante
instructivos,
resolución,
circulares,
manuales
reglamentos de
internos,
organización
y
procedimientos y cuanto instrumento se requiera para funcionar eficientemente;
5
4) Dirigir la administración de los recursos financieros de la Defensoría Pública; 5) Autorizar el gasto de la Defensoría Pública, y asignar montos de gasto a las unidades administrativas correspondientes y a las directoras o directores regionales y provinciales, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 6) Expedir
y
mantener
actualizado
el
Reglamento
Orgánico
Funcional respectivo; 7) Celebrar
los
contratos
estrictamente
necesarios
para
el
funcionamiento institucional; 8) Celebrar convenios de cooperación con personas públicas o privadas, que permitan un mejor cumplimiento de las funciones asignadas por la Constitución y la ley; 9) Elaborar
la
propuesta
presupuestaria
y
la
programación
presupuestaria cuatrianual respectiva, conforme las políticas generales de la Función Judicial, y ponerla en conocimiento del Consejo de la Judicatura para su incorporación al Presupuesto de la Función Judicial; 10) Preparar proyectos de ley o de reglamento en las materias relacionadas con el ejercicio de las funciones institucionales y presentarlas a la Asamblea Nacional o a quien ejerza la Presidencia de la República; 11) Preparar proyectos de estándares de calidad y eficiencia para los servicios institucionales prestados y ejecutarlos; de ser necesario podrá crear, modificar o suprimir oficinas defensoriales y determinar el número de defensores públicos, lo que será comunicado al Consejo de la Judicatura para que realice el
6
proceso de selección y la designación de los funcionarios requeridos; 12) Presentar a la Asamblea Nacional y al Consejo de la Judicatura un informe anual de labores, que incluirá necesariamente una relación de las causas y procesos judiciales en los que hayan intervenido, clasificados por materias; la clase y número de solicitudes recibidas y las medidas adoptadas para su atención y trámite; y los datos estadísticos que permitan una visión clara de la gestión realizada; 13) Presentar denuncias y quejas ante la Corte Constitucional o el Consejo de la Judicatura, por falta de despacho o cualquier otro acto violatorio de la ley o de los reglamentos por parte de las personas a cargo de los procedimientos en los que intervengan institucionalmente. Sede administrativa: Provincia:
Pichincha
Cantón:
Quito
Dirección:
El Universo E8-115 y Av. de Los Shyris
Correo electrónico: comunicaciondp@defensoria.gob.ec Página web:
www.defensoria.gob.ec
Teléfonos:
(02) 381 5270 ext.: 2302
Línea gratuita:
151
7
3.
COBERTURA GEOGRÁFICA
____________________________________________________________________ 3.1.
Puntos de atención a nivel nacional
La Defensoría Pública ha logrado extender sus servicios a nivel nacional incrementando los puntos de atención. Pasó de 178 en 2015, a 205 puntos en 2016, lo que implica un crecimiento del 15 por ciento; de este número, 182 están en la zona urbana y 23 en la rural.
Este objetivo se alcanzó mediante alianzas estratégicas que realizó el Defensor Público General con actores del sistema de justicia, de los gobiernos autónomos descentralizados, de entidades del sistema de seguridad ciudadana y con representantes de la sociedad civil.
8
Para la organización del trabajo, la Defensoría Pública ha clasificado en tres grupos la infraestructura que dispone para la atención a la ciudadanía: oficinas permanentes, oficinas itinerantes y oficinas en las Unidades Judiciales del Consejo de la Judicatura. 1. Oficinas permanentes: Son oficinas de la Defensoría Pública propias, arrendadas o en comodato que le permiten atender a la población. Quito, Cuenca y Portoviejo son las únicas ciudades del país en las que la Institución cuenta con oficinas propias, en el resto del país son arrendadas o están en comodato. El ejemplo más notorio es Guayaquil; en esta urbe, la Defensoría cuenta con un bien inmueble en calidad de comodato que comprende algunos pisos del edificio La Previsora, ubicado en el sector del Malecón. El detalle de las provincias, ciudades y las direcciones de las oficinas de atención permanente se encuentra en el Anexo 1. 2. Oficinas itinerantes: Otra estrategia para extender el servicio y llegar a más gente ha sido el sistema de oficinas itinerantes. La Defensoría Pública, en varias provincias, realiza visitas a las poblaciones cercanas durante uno o dos días por semana para ofrecer los servicios de asesoría legal y patrocinio. El trabajo se desarrolla bajo este sistema porque las poblaciones atendidas no tienen una alta demanda del servicio. Para el 2016, la Defensoría Pública contó con 48 oficinas de este tipo. En el Anexo 2 se presentan las provincias y los cantones a los que la Defensoría Pública llega de manera itinerante.
9
3. Unidades judiciales: La Defensoría Pública es parte integral del sistema de atención a la ciudadanía que brinda el Consejo de la Judicatura a través de las unidades judiciales. En 2016, la Defensoría desplegó un equipo defensorial en las unidades judiciales para garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa, la realización de audiencias y consecuentemente, el acceso a la justicia. En el Anexo 3, se encuentra el cuadro de las unidades judiciales ubicadas por ciudad y por provincia donde la Defensoría Pública cuenta con un equipo de defensa.
10
4.
SERVICIOS PRESTADOS POR LA DEFENSORÍA PÚBLICA
_____________________________________________________ 4.1.
Parámetros de atención
La Defensoría Pública brinda servicios conforme a los siguientes parámetros: 1. En todo lo referente a asesoría o consultas legales, el servicio se presta en todas las materias a cualquier persona que lo requiera, sin excepción alguna. 2. En asistencia legal documentaria de trámites administrativos como la elaboración de minutas o peticiones de derechos, así como patrocinio judicial o litigo de cualquiera de las causas que se oferten el servicio de patrocinio se ofrece a las personas o grupos de atención prioritaria descritos en la Constitución y en las 100 Reglas de Brasilia.
4.2. BASE LEGAL 4.2.1. Deber del Estado El artículo 11, de la Constitución de la República, establece que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.
11
4.2.2. Grupos de atención prioritaria La Constitución establece como prioridad la atención a las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad, movilidad humana y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil y de desastres naturales o antropogénicos. 4.2.3. Tutela efectiva de los derechos El artículo 75 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, y que en ningún caso quedará en indefensión. 4.2.4. Derecho a la defensa El artículo 76 de la Constitución determina que nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento; y, además, se garantiza a toda persona el derecho a ser asistida en los procedimientos judiciales por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público. El artículo 451, del Código Orgánico Integral Penal, establece que la Defensoría Pública es la garante del “pleno e igual acceso a la justicia de las personas, que por su estado de indefensión o condición
12
económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios de una defensa legal privada, para la protección de sus derechos”. 4.2.5. Misión de la Defensoría Pública De acuerdo al artículo 191 de la Constitución de la República, la misión de la Defensoría Pública es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. 4.2.6. Patrocinio en todas las materias El artículo 191 de la Constitución señala, además, que la Defensoría Pública prestará un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz y gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las personas, en todas las materias e instancias. 4.2.7. Atención a víctimas La Disposición Transitoria Vigésima, del Código Orgánico Integral Penal, amplió las funciones de la Defensoría Pública y determinó la obligatoriedad de implementar la Unidad de Defensa Jurídica de Víctimas. Bajo este mandato, el Defensor Público General, Ernesto Pazmiño Granizo, expidió la Resolución DP-DPG-2014-043 con la cual creó la Unidad que se encarga del patrocinio de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad sexual; víctimas de estafas masivas en el sistema financiero nacional y programas
13
habitacionales; víctimas de delitos y contravenciones contra la mujer o el núcleo familiar; y, víctimas y o familiares de personas desaparecidas. 4.2.8. Condiciones equivalentes a la Fiscalía El tercer inciso del artículo 191 de la Constitución determina que la Defensoría Pública es indivisible y funcionará de forma desconcentrada con autonomía administrativa, económica y financiera; y, contará con recursos humanos, materiales y condiciones laborales equivalentes a las de la Fiscalía General del Estado. 4.2.9. Autonomía de la Defensoría Pública En concordancia con la norma constitucional, el artículo 285 del Código Orgánico de la Función Judicial expresa que la Defensoría Pública es un organismo autónomo de la Función Judicial, con autonomía económica, financiera y administrativa. 4.2.10. Desconcentración El artículo 291 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que
el
funcionamiento
de
los
organismos
autónomos
será
desconcentrado a través de oficinas territoriales, con competencia en regiones,
provincias,
cantones
o
distritos
metropolitanos,
convenga a la más eficiente prestación del servicio. 4.2.11. Consultorios jurídicos de universidades
14
según
El artículo 292 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone que las facultades de jurisprudencia, derecho o ciencias jurídicas de las universidades legalmente reconocidas e inscritas ante el organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de las instituciones
de
educación
superior,
organizarán
y
mantendrán
servicios de patrocinio, defensa y asesoría jurídica a personas de escasos recursos económicos y grupos de atención prioritaria, para lo cual organizarán consultorios jurídicos gratuitos, de conformidad con lo que dispone el artículo 193 de la Constitución de la República. Las facultades de Jurisprudencia, Derecho o Ciencias Jurídicas que no cumplan con esta obligación no podrán funcionar. El artículo 294 del Código Orgánico de la Función Judicial determina que los consultorios jurídicos gratuitos a cargo de las Facultades de Jurisprudencia, Derecho o Ciencias Jurídicas, organismos seccionales, organizaciones comunitarias y de base y asociaciones o fundaciones sin finalidad de lucro, serán evaluados en forma permanente por la Defensoría Pública, la cual analizará la calidad de la defensa y los servicios prestados. 4.2.12. Cero audiencias fallidas El Pleno del Consejo de la Judicatura, a fin de promover la mejora del servicio judicial y alcanzar una justicia eficaz, oportuna y sin dilaciones, expidió la Resolución N°042-2013 de 21 de mayo de 2013, con la cual dispone que la Defensoría Pública actúe en caso de ausencia del defensor particular en las audiencias en materia penal y de tránsito. Además,
con
base
en
esta
resolución
comparecen desde la primera convocatoria. 15
los
defensores
públicos
Líneas de servicio de la Defensoría Pública
4.3.1. Patrocinio Penal La capacidad de servicio de la Defensoría Pública debe adecuarse al plan de transformación del sistema de justicia que está llevando a cabo el Consejo de la Judicatura y basándose en la independencia de la institución como entidad autónoma, según lo establecido en la Constitución. La misión de la Defensoría Pública, en materia penal, es garantizar el acceso a la justicia y la defensa efectiva, oportuna, eficaz y técnica de las personas que enfrentan procesos penales y que por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. Los funcionarios que se desempeñan en este proceso tienen que incorporar las perspectivas de género e interculturalidad y cumple obligatoriamente con los estándares de calidad para cada uno de los procedimientos especializados: Flagrancia, Investigación y Audiencias, Juzgamiento, Impugnación, Adversarial, Ejecución de la Pena, y Atención a Víctimas, así como, la Sustanciación del Proceso, sea ordinario, directo, expedito, oficio y alternativos. Además, están los procesos que deben llevarse bajo el procedimiento directo desde la calificación de flagrancia hasta la audiencia de juzgamiento; el procedimiento ordinario atiende desde la etapa de investigación hasta su conclusión; también se aplica el procedimiento 16
expedito completo; y, procedimientos alternativos, según lo establece el artículo 190 de la Constitución. Para el caso de adolescentes infractores se atiende desde la flagrancia hasta la audiencia de juzgamiento. En contravencional y de oficio se cubren las audiencias de oficio en las fases de investigación y juicio debiendo considerar un equipo de defensores para evitar incurrir en audiencias fallidas. En lo atinente a ejecución de la pena, para las personas procesadas de delitos comunes y adolescentes infractores, se continuó brindando el servicio con base en las normas legales y reglamentarias vigentes a partir del COIP. 4.3.2. Patrocinio Social En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, el defensor público general, Ernesto Pazmiño Granizo, mediante Resolución DPDPG-2012-085, publicada en Registro Oficial 812 de 18 de octubre de 2012, expidió el Instructivo para la Prestación de los Servicios Defensoriales del Proceso de Patrocinio Social. En materia social, la Defensoría Pública ofrece los siguientes servicios de patrocinio social gratuito a nivel nacional: 4.3.2.1 Laboral En materia laboral, la prestación de este servicio es únicamente en defensa del trabajador en las distintas instancias, tanto administrativas 17
como judiciales, en las siguientes áreas: 1.
Vistos buenos
2.
Denuncias
3.
Audiencia de boleta única de notificación
4.
Inspección focalizada (Integral)
5.
Impugnación de actas de finiquito
6.
Juicio laboral (haberes laborales)
7.
Demandas por jubilación Patronal
8.
Demandas por accidentes de trabajo
9.
Demandas por enfermedades profesionales
10.
Demandas por despido ineficaz de dirigentes sindicales (que
no supere los dos salarios mínimos vitales) 11.
Demandas por despido ineficaz (mujeres embarazadas)
12.
Impugnación de vistos bueno (sede judicial)
13.
Ejecución de la sentencia para cobro en términos laborales
(insolvencia). 4.3.2.2 Familia, mujer, niñez y adolescencia Dentro del subproceso de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia se presta una defensa técnica y atención en las siguientes materias: 1. Demandas por alimentos e incidentes de aumento a favor de niños, niñas y adolescentes, personas mayores de edad hasta los 21 años que estén cursando estudios en cualquier nivel educativo, personas mayores de edad con grados considerables de discapacidad. 2. Incidentes de rebaja de pensión en contra del derecho de 18
niños, niñas y adolescentes, personas mayores de edad hasta los 21 años que estén cursando estudios en cualquier nivel educativo, personas mayores de edad con grados considerables de discapacidad (cuando el alimentario lo propone se activa el patrocinio por parte de la Defensoria Pública). 3. Paternidad
y
alimentos
a
favor
de
niños,
niñas
y
adolescentes, personas mayores de edad hasta los 21 años que estén cursando estudios en cualquier nivel educativo, personas mayores de edad con grados considerables de discapacidad. 4. Liquidación de pensiones alimenticias. 5. Ejecución de las actas de mediación. 6. Alimentos para mujer embarazada y ayuda de lactancia. 7. Tenencias. 8. Autorización judicial de salida del país (situaciones médicas o educativas). 9. Recuperación de niños, niñas y adolescentes. 10.
Medidas de protección - acogimiento institucional.
11.
Declaratoria de adoptabilidad.
12.
Alimentos voluntarios.
13.
Régimen de visitas.
19
4.3.2.3. Otras materias Se atienden las materias que generen bienestar familiar de los miembros de los grupos de atención prioritaria previa a la calificación del criterio general para la prestación del servicio y la autorización del Defensor Público Provincial, así como el apoyo y seguimiento de las acciones y patrocinios misionales en las oficinas desconcentradas y puntos de atención. a) Todos los temas relacionados únicamente con el Libro I del Código Civil, en los casos donde existan niños, niñas y adolescentes o personas con capacidades especiales, cuando el patrocinio sea fundamental o necesario para precautelar el interés superior de estos grupos. Se patrocinarán casos de divorcio por mutuo acuerdo y que en su núcleo familiar existan adolescentes y no haya bienes. b) Amparos posesorios, excepto cuando existan presunciones de que el patrocinio pueda ser utilizado como mecanismo para legalizar invasiones. c) Prescripción adquisitiva de dominio, excepto cuando existan presunciones de que el patrocinio pueda ser utilizado como mecanismo para legalizar invasiones. d) Posesión efectiva, únicamente hasta la elaboración de la minuta correspondiente, de personas que se encuentren dentro de los grupos de atención de la Defensoría Pública. e) Inquilinato, únicamente de inmuebles destinados a vivienda, en causas de desahucio e incumplimiento de contratos. También se atiende a personas en movilidad humana que busquen 20
tramitar un visado en el estado ecuatoriano, que tengan necesidad de protección
internacional,
que
se
encuentren
en
proceso
de
determinación de la condición de refugiados, y que no puedan pagar los servicios privados de asistencia legal. 4.3.3.
Patrocinio a víctimas
Tiene por objeto la prestación especializada de Defensa Jurídica de Víctimas por parte de la Defensoría Pública del Ecuador para las personas que, como sujetos pasivos de la infracción penal establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, y que por su condición socioeconómica o cultural de vulnerabilidad, o por su estado de indefensión, o por su situación de violencia intrafamiliar, no puedan contratar los servicios de una defensa privada para su representación legal. El servicio se brinda en las materias que, progresivamente, amplíe la Defensoría Pública en función del suficiente personal misional, la disponibilidad presupuestaria y la capacidad de infraestructura y tecnológica. Se emitió la Resolución DPG-2014-043, de 1 de abril de 2014 (Art. 35, 78 CRE y Transitoria Vigésima), publicada en el Registro Oficial No. 232 de 24 de abril de 2014, en la cual se establecieron los parámetros para la defensa de la víctima en los siguientes casos: 1. Delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes 2. Delitos de violencia intrafamiliar 3. Delitos de estafas masivas (entidades del sistema financiero y 21
programas habitacionales) 4. Delitos por asesinatos y muertes violentas. 5. Personas desaparecidas (actos administrativos) 6. Lesa humanidad, genocidio. Usuarios de la Defensoría Pública El artículo 191, de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta que “la Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función Judicial cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso de la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos (…)”. Sobre esta base, la Defensoría Pública ha clasificado a los usuarios(as) de sus servicios en
nueve
grupos
de
atención
prioritaria
continuación:
22
que
se
muestran
a
4. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL El 1 de abril de 2013 se publicó el Plan Estratégico Institucional 20132018, en el Registro Oficial 923, publicado en julio de 2013, a continuación se describen los elementos orientadores: 5.1. Elementos orientadores de la Defensoría Pública a. Visión: “Somos una institución que fortalece el ejercicio de los derechos, exige el cumplimiento de las garantías del debido proceso y promueve una cultura de paz”. b. Misión:
“Defender
gratuitamente
a
las
personas
en
condición económica, social y cultural de vulnerabilidad o en estado de indefensión, garantizando su acceso a la justicia, un juicio justo y el respeto a los derechos humanos”. 5.2. Objetivos estratégicos institucionales por ejes estratégicos Eje Fortalecimiento Institucional: La Defensoría Pública es una institución relativamente nueva, por lo tanto una de sus prioridades es generar las suficientes fortalezas para responder adecuadamente a la demanda de servicios defensoriales. Objetivo 1: Mejorar la capacidad de oferta de la Defensoría Pública de acuerdo a las exigencias de la demanda en el territorio nacional.
23
Objetivo 2: Brindar un servicio eficiente, de calidad, calidez y oportunidad. Objetivo 3: Establecer los modelos de gestión de la Defensoría Pública flexibles que se articulen a la Función Judicial y a las demandas de la ciudadanía. Eje Sistema Nacional de Defensa Pública: La Defensoría Pública tiene la competencia de acreditar a los consultorios jurídicos de las universidades, con quienes se propone establecer alianzas estratégicas que permitan ampliar la cobertura de servicios defensoriales. La red de prestación de servicios se denominará Sistema Nacional de Defensa Pública. Objetivo 4: Garantizar el acceso a los servicios del Sistema Nacional de Defensa Pública gratuita y de calidad para el ejercicio de los derechos de las y los ciudadanos. Eje Comunicación Corporativa: La Defensoría Pública, al ser una institución relativamente nueva, no es lo suficientemente conocida por la ciudadanía, por lo cual se estableció como eje estratégico a la Comunicación Corporativa que permitirá que los ciudadanos conozcan y accedan a los servicios que presta la Defensoría Pública para garantizar sus derechos. Objetivo 5: Lograr que la Defensoría Pública sea reconocida por la sociedad como una institución transparente y eficiente que facilita el acceso gratuito a la justicia.
24
Objetivo
6:
Establecer
un
sistema
de
comunicación
y
coordinación interna para contribuir a mejorar la cultura organizacional. Eje Cultura de Paz: La Defensoría Pública busca reducir el nivel de judicialización de casos a través de la solución alternativa de conflictos, lo que contribuiría a descongestionar el sistema judicial y permitiría un diálogo constructivo capaz de garantizar y restituir derechos a la ciudadanía. Objetivo 7: Promover una cultura de paz para el fortalecimiento del ejercicio de los derechos de los ciudadanos a través de la solución alternativa de conflictos. Eje Coordinación con el Sector Justicia: Al ser parte del sistema de justicia la Defensoría Pública necesita coordinar sus acciones con los otros entes del sistema para ofrecer un servicio oportuno a la ciudadanía. Objetivo 8: Coordinar y contribuir con el fortalecimiento de la Función Judicial para el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos. 5.3.
Relación con los objetivos del PNBV
El Plan Estratégico de la Defensoría Pública se encuentra alineado al Plan Nacional del Buen Vivir, específicamente, con el objetivo 6: “Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos”. 25
26
5.4. Cumplimiento de los objetivos programados En el año 2016, para el seguimiento y evaluación de la Planificación Estratégica Institucional, continuamos aplicando la metodología del “Cuadro de Mando Integral” (CMI), que es una herramienta de planificación y control de gestión, adaptada a las características propias de la entidad y orientada al cumplimiento de la misión, a través del establecimiento de indicadores, objetivos y metas, que permitan analizar los resultados alcanzados y los recursos utilizados. Para su desarrollo se realizaron varios talleres con el personal directivo y operativo en los que se acordaron las siguientes líneas de acción para el cumplimiento de la misión institucional: 5.4.1. Mapa estratégico
27
28
En el marco metodológico del CMI, como se puede observar en el cuadro anterior, para el cumplimiento del mapa estratégico se plantearon varias iniciativas a través de actividades que en su conjunto contribuyen
a
cumplir
estratégicos
como
con
operativos.
los
objetivos
Las
institucionales
iniciativas
se
tanto
encuentran
relacionadas con los productos y / o servicios, tanto internos como externos que debe cumplir cada área administrativa;
estos se
encuentran registrados en el Estatuto Orgánico vigente, el mismo que se encuentra articulado al Plan Estratégico Institucional. De acuerdo a las iniciativas propuestas por cada una de las direcciones y provincias, se han realizado varios ejercicios de evaluación y seguimiento los mismos que revelan un alto grado de cumplimiento y resultados positivos sobre su gestión, tal como se presenta en el cuadro siguiente:
29
El índice de cumplimiento institucional es del 92 % que corresponde al promedio ponderado de los avances obtenidos por cada dirección y que sirve de referencia para medir la eficiencia durante el período de gestión. Además, en el cuadro siguiente se presentan las metas y avances
logrados
en
la
prestación
de
nuestros
servicios
que
consideramos es la parte sustantiva de la Defensoría Pública.
Como se puede observar, la Defensoría Pública atendió en el año 2016 a un total de 331 033 usuarios, de los cuales 158 500 se patrocinaron en materia penal, 126 505 en materia no penal, y se asesoraron a 43 238 usuarios, con una capacidad técnica de 733 defensores que ganaron el concurso de méritos y oposición realizado por el Consejo de la Judicatura. Nuestro grupo objetivo son las personas en estado de 30
indefensión, dando cumplimiento a la disposición constitucional de atender a los grupos de atención prioritaria para garantizar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones. En cuanto a la cobertura, al 31 de diciembre, contamos con 205 puntos de atención lo que ha permitido llegar con nuestros servicios a las 24 provincias del país. A través del programa Defensorías móviles se ubicaron las unidades móviles en 74 barrios marginalizados y parroquias para dar servicio de asesoría
legal
a
4091
usuarios;
además,
mediante
charlas
se
capacitaron en derechos y cultura de paz a un total de 1453 ciudadanos. Durante el año 2016 la Defensoría Pública dio a conocer sus servicios a la población de todas las provincias del país mediante 234 ferias ciudadanas. La Defensoría Pública aplica mecanismos alternativos de solución de conflictos, a través de su Centro de Mediación en el que se atendió 2436 causas sobre temas de mediación de conflictos. 5.4.2. Programas y proyectos iniciados en la gestión y estado de los mismos La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) incluyó en
el
Plan
Anual
de
Inversión
(PAI)
2016,
el
proyecto
de
“Estandarización de la prestación de servicios en consultorios jurídicos” CUP # 020150000.0000.376307, con el presupuesto de 7850 dólares. No obstante, el Ministerio de Finanzas, por restricciones económicas, no procedió a la asignación de recursos para su ejecución. Es por esta
31
razón que la Institución no mantiene ejecución presupuestaria sobre el tema de los Proyectos de Inversión. 5.4.3. Estándares de calidad
Mediante la resolución No.- DP-DPG-2012-073, de agosto de 2012, el Defensor Público General, Ernesto Pazmiño, expidió los estándares de calidad para la actuación de los defensores públicos en Patrocinio Penal. Los estándares de calidad son normas cuyo objetivo es que los defensores públicos penales desarrollen su función según parámetros de actuación, que procuren maximizar los derechos e intereses de los usuarios, brindando servicios legales gratuitos de alta calidad. Los estándares de calidad que aplica la Defensoría Pública son los siguientes: simplificación; uniformidad; eficacia; inmediación; celeridad; economía procesal; debido proceso.
32
6. RECURSOS 6.1. Presupuesto La Defensoría Pública inició el 2016 con un presupuesto asignado de 37 millones 9485 dólares. Debido a la crisis económica nacional e internacional, se recortaron 639 217,72 dólares. Es así que el presupuesto real con el que contó la institución durante el año fue de 36 millones 370 267,28 dólares, del cual se ejecutó el 99,96 por ciento. De este monto, el mayor rubro corresponde a los gastos en personal (pago de remuneraciones) que representan el 93,42 por ciento, es decir, 34 millones 272 013,74 dólares ejecutados en 100 por ciento este año. Este ítem es una prioridad para la institución, pues de acuerdo a los objetivos misionales es indispensable contar con el número adecuado de defensoras y defensores públicos para brindar una cobertura y un servicio de calidad a la ciudadanía. De igual manera se necesita contar con el personal idóneo en las áreas habilitantes de apoyo para que el equipo misional disponga de los recursos institucionales necesarios para realizar su trabajo. El segundo rubro que cuenta con mayor asignación presupuestaria es el de Bienes y Servicios de Consumo, que corresponde al 6,5 por ciento del monto total asignado para el 2016, esto es un millón 937 076,56 dólares. Se logró una ejecución del 99.33 por ciento en este campo, dentro del que constan rubros necesarios para el funcionamiento de la institución y para brindar un mejor servicio a nuestros usuarios y
33
usuarias a nivel nacional, como telecomunicaciones, arriendos y mantenimiento de las oficinas. El rubro restante, que corresponde a menos del uno por ciento del presupuesto, se divide entre otros gastos corrientes y bienes de larga duración, que representan el 0,06 y el 0,02 por ciento respectivamente, y que fueron ejecutados en un 99,98 y 99,96 por ciento. 6.1.1. Ejecución presupuestaria El porcentaje total de la ejecución presupuestaria es el resultado de la relación del presupuesto devengado con el codificado.
Fuente: eSIGEF
6.2. Talento Humano Luego de un riguroso concurso público de méritos y oposición llevado adelante por el Consejo de la Judicatura, 733 profesionales del Derecho fueron posesionados –con nombramientos definitivos- como defensores públicos.
34
En enero de 2016 culminó el curso de Formación Inicial para ingresar a la Carrera Defensorial dirigida por la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura, cuyo proceso tuvo una duración de diez meses. A esta etapa ingresaron un total de 1273 aspirantes a defensores públicos, de los cuales se seleccionaron a los 733 mejores puntuados para ocupar las vacantes a nivel nacional. La calificación para la fase de méritos y oposición se realizó sobre 100 puntos
distribuidos
en
méritos
(instrucción
formal,
experiencia,
reconocimiento académico, capacitación) sobre 15 puntos y oposición (prueba teórica y práctica) sobre 35 y 50 puntos respectivamente. Posteriormente, se publicó un informe final con el detalle de los postulantes habilitados (de acuerdo al puntaje obtenido). El martes 5 de abril del 2016, en la Asamblea Nacional, el Consejo de la Judicatura y la Defensoría Pública posesionaron a 373 defensores(as) públicos de carrera, correspondientes a la región centro norte. Mientras que los otros restantes fueron posesionados en las respectivas provincias a las que fueron asignados. De esta forma, Ecuador alcanza el promedio regional de 4.4 defensores públicos por cada 100 mil habitantes, lo cual fortalece el sistema y garantiza el acceso de los ciudadanos a la justicia.
35
6.2.1. Personal de la Defensoría Pública por género a nivel nacional La Defensoría Pública es una Institución comprometida con los principios constitucionales de equidad e igualdad, por tanto, tiene como política interna transversalizar el enfoque de género en toda su gestión y la búsqueda de la paridad entre hombres y mujeres en la composición del personal. Es así que el 45 por ciento de su personal es femenino y el 55 es masculino.
6.2.2. Composición del personal de las áreas dedicadas a la defensa: Patrocinio Social, Patrocinio Penal y Multicompetente
En sus inicios, la Defensoría Pública únicamente brindaba patrocinio legal en el ámbito penal. Sin embargo, las demandas de la ciudadanía, el crecimiento de la Institución y las nuevas funciones asignadas por
36
mandato constitucional, permitieron la apertura de nuevas materias de atención en el servicio de patrocinio social y multicompetente. El cuadro que sigue muestra la distribución de defensores por materia.
6.2.3. Nivel de instrucción del personal En cuanto al nivel de instrucción del personal es preciso señalar que el 77 por ciento tiene instrucción de tercer y cuarto nivel, es decir, grado universitario y postgrado. Esto demuestra que el personal que actualmente labora en la Institución
está
encomendadas.
capacitado Sin
para
embargo,
la
37
llevar
adelante
Defensoría
las
Pública
funciones trabaja
continuamente en reforzar las capacidades del talento humano mediante la ejecución de un plan de capacitaciones. 6.2.4. Defensores públicos por provincias La Defensoría Pública tiene como uno de los objetivos de su planificación estratégica mejorar la capacidad de oferta de los servicios de defensa de acuerdo con la demanda en el territorio nacional. Esto implica contar con el número adecuado de defensores(as) en cada provincia del país. En el cuadro que se encuentra a continuación, consta la distribución de los defensores por provincias.
38
39
6.3. Capacitación Con la finalidad de fortalecer y ampliar los conocimientos de quienes trabajan en la institución y, principalmente, de los servidores(as) que están en contacto con los usuarios, la Defensoría Pública, durante el año 2016, realizó 287 eventos de capacitación a nivel nacional en distintas materias. Con una inversión de alrededor de 26 mil dólares, los funcionarios de la institución recibieron un promedio de cuatro capacitaciones al año, no obstante, solo 11 de las 287 capacitaciones representaron costos a la institución. Además, un número significativo de eventos fueron auspiciados por la Contraloría General del Estado, Consejo de la Judicatura y organizaciones como Tierra de Hombres, PRIVA y CEDEAL y ACNUR. Los principales temas en los que se capacitó al personal fueron: litigación oral en audiencias de flagrancia, justicia juvenil restaurativa, materia penal, mediación y movilidad humana. Por otro lado, en el área administrativa, los funcionarios se capacitaron principalmente en control en la gestión pública, compras públicas y organización de archivos.
40
*La participaciรณn de los funcionarios ha sido en un promedio de cuatro capacitaciones por persona.
41
7. LOGROS ALCANZADOS EN EL 2016 _____________________________________________________________________ 7.1. Atención a la ciudadanía En el 2016, la Defensoría Pública procesó 331 033 solicitudes ciudadanas de atención entre los patrocinios Social y Penal, asesorías y Mediación.
42
Del total nacional, 126 509 corresponden al área social, en la que se patrocinan demandas de alimentos, laborales, tierras, inquilinato, entre otras materias. En cambio, en el área penal, la cifra de atención fue de 158 850 solicitudes, que incluyen los patrocinios en violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar (contraventores y víctimas de violencia), defensa de víctimas, adolescentes infractores y ejecución de la pena. En asesorías, la Defensoría Pública recibió 43 238 consultas en diferentes materias que no fueron judicializadas.
En el 2016, la Defensoría Pública recibió las solicitudes ciudadanas de 168 174 mujeres, lo que implica un 51 por ciento; los hombres representan un 49 por ciento con 162 824 solicitudes.
43
7.1.2. Atención en el área penal En el 2016, la Defensoría realizó 158 850 patrocinios penales, 30 801 patrocinios más que en el 2015, lo que implica un incremento del 24 por ciento; también efectuó 19 974 asesorías y primeras atenciones en temas penales. Los delitos contra la propiedad son el primer rubro de atención en el área penal con el 20 por ciento, seguido por las contravenciones en violencia intrafamiliar con 15 por ciento y los delitos de drogas en 11 por ciento.
44
Del total de personas atendidas en el área penal, el 76 por ciento son hombres: 121 156 varones solicitaron el patrocinio de la Defensoría Pública, mientras que 37 694 mujeres, que representan el 24 por ciento, demandaron atención como se muestra en el cuadro que está a continuación. 7.1.3. Atención en violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar El incremento de la violencia de género en el Ecuador ha generado un mayor trabajo y esfuerzo en los servicios de la Defensoría Pública. Desde su creación hasta fines del año 2016, la Defensoría ha atendido a más de 500 000 mujeres que han requerido asistencia jurídica,
45
principalmente en materia de alimentos, materia penal y violencia contra la mujer y la familia. El 2016, la Defensoría Pública patrocinó 22 761 casos en violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, que incluyen violencia física, sexual y sicológica. De esta cifra, los contraventores representan el 37 por ciento, ante lo cual es preciso explicar que la Defensoría también patrocina a los acusados para garantizar su presencia en el proceso y que las causas de violencia contra las mujeres no queden en la impunidad.
A lo largo del 2016, además de los patrocinios y asesorías, se realizó una serie de actividades entre las que destacamos las siguientes: 1. Trabajo de las unidades móviles: con las unidades móviles se llevó los servicios de asesoría, mediación y patrocinio a las mujeres de escasos recursos económicos que viven en barrios rurales de Pichincha,
46
principalmente, en materia de pensiones alimenticias y asesoría en temas de violencia intrafamiliar. 2. Redes de trabajo: en el 2016 se afianzaron redes de trabajo con instituciones del Estado y de la sociedad civil, con el objetivo de lograr una labor coordinada. Así, la Defensoría Pública trabajó con las instituciones del sistema de justicia, con ONU Mujeres y la ONG CEDEAL; como integrante del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género, a cargo del Ministerio de Justicia, participó en varias reuniones para fortalecer la política pública de atención a las mujeres. 3. Discurso público: Ernesto Pazmiño, Defensor Público General, lideró un eficaz discurso por los derechos humanos de las mujeres, plasmado en el derecho a una vida libre de violencia. Entre los principales eventos, intervino en el foro “Voces diversas contra la violencia de género”, con la participación de mujeres lideresas a nivel nacional; y en el encuentro nacional de mujeres “Avanzando por Nuestros Derechos”, organizado por el Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos (CEDEAL), el 23 de noviembre. A este evento, que se desarrolló en la Casa de la Espiritualidad de Nuestra Señora del Quinche, en Quito, asistieron más de cien lideresas de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Cotopaxi, Chimborazo, Loja e Imbabura.
47
Evento del 23 de noviembre, en Quito.
4. Propuesta de reforma: para dar cumplimiento a una de las recomendaciones a Ecuador por parte del Comité de la CEDAW, la Defensoría Pública presentó a la Asamblea Nacional, el 6 de julio de 2016, la propuesta de despenalización del aborto en casos de delitos sexuales. 5. Capacitación en género: en 2016 se mantuvo el proceso de capacitación a defensores y defensoras públicas en materia de derechos humanos y género. Se puso especial énfasis en los defensores que ganaron el concurso y se incorporaron a la Defensoría en abril del 2016.
48
CEDEAL brindó una capacitación en materia de género a defensores públicos en la Universidad Central, en mayo de 2016.
6. Guía de trabajo: como herramienta de trabajo, se entregó a todos los defensores y defensoras públicas el “Protocolo para la actuación de los Defensoría Pública en los casos de violencia contra la mujer y miembros del grupo familiar” para facilitar el patrocinio a las víctimas de violencia.
49
7.1.4. Movilidad Humana El 2016, el trabajo de la Defensoría Pública para ejecutar y fortalecer su política orientada a la inclusión de todas las personas que se encuentran en condiciones de movilidad humana, se desarrolló en tres grandes ejes: instrumentos técnicos y protocolos de actuación; gestión misional y patrocinio de casos; y, en tercer lugar, capacitación. Todo esto con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia y defender los derechos de las personas que forman parte de este grupo. Además, en el 2016, la Defensoría Pública llevó adelante 1502 patrocinios y 129 asesorías. De este grupo, el 78 por ciento fueron hombres y el 22 por ciento mujeres.
50
En el marco de fortalecimiento y ampliación de la atención, la Defensoría puso en marcha una serie de estrategias institucionales para mejorar sus servicios en esta materia: 1. Flujograma de movilidad y niños y niñas no acompañados: se diseñó y fijó la ruta de atención a menores no acompañados y separados que inicien el proceso de determinación de la condición de refugiado. Se consideró que los defensores públicos puedan acompañarlos en estos procesos para garantizar el respeto de sus derechos. 2. Resolución sobre deportaciones: durante el primer trimestre del 2016 se elaboró una resolución para la atención a personas en condición de movilidad humana sometidas a procesos de deportación. La resolución se encuentra publicada en el Registro Oficial 727 del 6 abril del 2016; constituye un primer paso importante en la institucionalización de los procesos de atención a refugiados y migrantes.
51
3. Aportes a la Ley de Movilidad Humana: la ley de migración, vigente hasta diciembre de 2016, contenía dentro de su cuerpo normativo varias disposiciones anacrónicas respecto de la Constitución del 2008. En este sentido, la Asamblea Nacional realizó el tratamiento de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, en cuyo proceso la Defensoría Pública presentó aportes al texto original del proyecto a través de una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional. 4. Renovación del convenio con ACNUR: con base en el cumplimiento del mandato de ambas instituciones, tanto la Oficina del ACNUR como la Defensoría Pública, vieron necesaria la renovación del convenio de cooperación interinstitucional. Esto favorece al cumplimiento de los objetivos de ambas instituciones en tanto que, por una parte el ACNUR fortalece la protección a las personas de interés desarrollando capacidades en instituciones estatales; y por otro lado la Defensoría Publica amplía sus servicios en miras a garantizar el acceso a la justicia para los grupos de atención prioritaria. 5. Renovación del convenio con Asylum Access: durante el período se renovó el convenio con Asylum Access, institución cuya finalidad es asesorar a las personas refugiadas sobre el proceso de determinación de la condición de refugiado y los recursos
jurídicos
para
garantizar
sus
derechos.
Por
la
experiencia práctica de esta institución y el nuevo rol de la Defensoría Publica frente a los casos de refugio, la renovación del convenio de cooperación se ha encaminado al fortalecimiento institucional, remisión de casos capacitación de los defensores públicos para desarrollar competencias clave en la materia y brindar una atención de calidad. 6. Gestión nacional y patrocinio de casos: en la operación de la Red nacional de defensores públicos en movilidad humana se presentó durante este año una experiencia exitosa en el trabajo
52
realizado en el Aeropuerto Internacional de Guayaquil. Además, se implementó el patrocinio emergente para garantizar los derechos en los procesos de deportación de los ciudadanos cubanos. 7. Litigio Estratégico: en cuanto al litigio estratégico se constituyó un grupo interinstitucional de movilidad del cual forman parte, además de la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, la Universidad Andina Simón Bolívar, la fundación Asylum Access y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Además, se brindó asistencia técnica para lograr sentencias favorables en los casos de El Turi, Hijo del Sol y Hábeas Corpus en el aeropuerto internacional de Tababela. 8. Reporte de capacitación a defensores públicos: dentro del Convenio de Cooperación entre ACNUR y la Defensoría Pública, uno de los componentes principales es la capacitación a los defensores públicos. En este marco se llevaron a cabo jornadas de capacitación en movilidad humana y refugio en las siguientes provincias:
Pichincha,
Sucumbíos, Orellana y
Cotopaxi,
Azuay,
Guayas,
Carchi,
Esmeraldas. Los temas abordados en
estas capacitaciones parten desde lo teórico conceptual al análisis de casos prácticos, abarcando los temas relacionados con el derecho internacional de los refugiados, principales instrumentos internacionales sobre migraciones, aplicación del refugio en el Ecuador y audiencias de deportación. a) Reporte de capacitación a actores de justicia: en las provincias de Imbabura, Santo Domingo de los Tsáchilas, Orellana, Sucumbíos, Tulcán
y Azuay, por medio
de
la
coordinación con las oficinas provinciales de la Defensoría Pública y las oficinas de ACNUR, se capacitó a los actores del sistema de justicia, abordando la audiencia de deportación y las garantías a los derechos dentro de este proceso.
53
b) Reporte de capacitación a otros actores: dentro de este período,
se
participó
en
la
capacitación
nacional
a
los
funcionarios de los puntos de atención migratoria a nivel nacional, llevando a cabo ocho jornadas de capacitación en la ciudad de Quito, cuatro en Guayaquil, y uno en Tulcán, Huaquillas y Loja respectivamente. En este mismo sentido, se capacitó a los consultorios jurídicos de la Universidad Católica de Cuenca y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Ibarra, en temas relativos a la aplicación de las garantías constitucionales en la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas.
7.1.5. Adolescentes en conflicto con la Ley La Defensoría Pública reconoce el interés superior del niño, niña y adolescentes, y cumple con su obligación de brindar una defensa adecuada a los adolescentes en conflicto con la ley, con base en lo señalado en la Constitución. Ante esto, los logros principales en el 2016 han sido los siguientes: a) atención a más del 85 por ciento de la población de adolescentes en conflicto con la ley a nivel nacional; b) fortalecimiento de las capacidades técnico - jurídicas de los defensores(as) públicos, quienes patrocinan la defensa de los adolescentes a nivel nacional; c) capacitación en las provincias que cuentan con mayor población de adolescentes en conflicto con la ley, en el manejo de la “Guía práctica para el litigio en justicia penal juvenil”, con el objetivo de orientar el trabajo de los defensores públicos.
54
Con esto la Defensoría Pública busca contar con un proceso de atención especializado para los adolescentes en conflicto con la ley y pretende asegurar a los mismos una defensa técnica, profesional, especializada y orientada a su educación, integración familiar e inclusión constructiva a la sociedad. 7.2.
Atención en el área social
El patrocinio social de la Defensoría Pública incluye las materias no penales de atención a la ciudadanía. En este grupo se encuentran las demandas de alimentos con sus diferentes tipos, las demandas laborales, legalizaciones de tierras, entre otras materias. En 2016, la institución recibió 126 509 solicitudes ciudadanas de atención; esta cifra significa el 44,33 por ciento del total del trabajo misional. Y en esta área, Familia, Niñez y Adolescencia representan el 80,42 por ciento como se demuestra en el gráfico que está a continuación.
55
7.2.1. Familia, niñez y adolescencia En derechos de familia, la Defensoría Pública recibió 101 737 solicitudes de atención en 2016 y, de esta cifra, alimentos significó el 66,25 por ciento con 67 405 solicitudes, como se muestra en el cuadro a continuación.
56
Las cifras son el reflejo de una necesidad imperiosa que tienen las mujeres ecuatorianas por contar con un abogado gratuito que patrocine sus causas, para obtener una pensión para sus hijos. En este sentido, la Defensoría Pública se ha convertido en un referente fundamental para que las niñas y niños del Ecuador puedan acceder a una pensión de
alimentos,
pero
también
para
aportar
responsabilidad de los padres con sus hijos. 57
a
una
cultura
de
7.2.2. Demandas laborales Después de alimentos, laboral es la materia de mayor solicitud de atención. El 2016 se receptaron 16 111 pedidos de patrocinio, de los cuales Pichincha y Guayas, como ha ocurrido en todos los años de prestación de este servicio (desde 2012), son las provincias donde se presenta la mayor cantidad de casos. Guayas tuvo 3984 solicitudes que representan el 24.73 por ciento, mientras que Pichincha recibió 3430 que significan el 21.29 por ciento.
58
7.3. Mediación La mediación es un servicio rápido, efectivo y gratuito al que pueden acceder todas y todos los ciudadanos. Permite la construcción de acuerdos voluntarios, de beneficio mutuo y con mayor agilidad, sin la necesidad de llegar a un juicio. En esta área, la Defensoría Pública llevó 2436 casos. 7.4. Consultorios jurídicos gratuitos La Defensoría Pública realiza un seguimiento permanente a la gestión de los consultorios jurídicos gratuitos, mediante la revisión de los casos asesorados y patrocinados, y los planes de fortalecimiento. En el 2016, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Acreditación y Funcionamiento de los Consultorios Jurídicos Gratuitos, la Defensoría Pública llevó a cabo una evaluación integral a los consultorios acreditados. Esto, con la finalidad de analizar los avances en su fortalecimiento, para lo cual elaboró una metodología con indicadores de cumplimiento que permitieron diagnosticar las condiciones en las cuales los consultorios brindan el servicio. A continuación se detalla un consolidado de los ámbitos evaluados en los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades:
59
Durante el 2016 se trabajó con 59 consultorios jurídicos gratuitos acreditados, de los cuales 53 pertenecen a las universidades, cinco a gobiernos autónomos descentralizados y uno a una organización no gubernamental. Cabe recalcar que en los consultorios jurídicos gratuitos que no pertenecen a las universidades, como los de los gobiernos
autónomos
descentralizados
y
organizaciones
no
gubernamentales, no se considera el criterio de gestión académica para su evaluación y, en lo que se refiere a gestión interna, se pondera entre desarrollo organizacional y gestión financiera. La evaluación integral se realizó a nivel nacional a 54 consultorios, que renovaron su acreditación en el período de octubre a diciembre del 2016. El resultado fue favorable: el 72 por ciento de los consultorios jurídicos gratuitos evaluados alcanzaron un cumplimiento satisfactorio de los estándares de funcionamiento para brindar un servicio de
60
calidad; el 19 por ciento obtuvieron una calificaciĂłn altamente satisfactoria; y, el 9 por ciento restante corresponde a una evaluaciĂłn baja.
Anexo 4: listado de consultorios jurĂdicos gratuitos con direcciones.
61
7.5. Participación ciudadana 7.5.1. Rendición de cuentas en las 24 provincias Tal como dispone la Constitución y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, la Defensoría Pública rindió cuentas a la ciudadanía sobre la gestión 2015, de acuerdo con el calendario establecido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). En enero de 2016, un equipo técnico de la Defensoría Pública, con la colaboración de todas sus áreas, planificó y coordinó la organización del proceso de rendición de cuentas 2015 en las 24 provincias del país. Los procesos de rendición de cuentas brindaron la oportunidad de mostrar a los usuarios(as) el trabajo diario que se realiza en la Institución, transparentar la gestión y administración de los recursos que asigna el Estado. Así mismo, se aprovechó la oportunidad para conocer cuáles fueron las necesidades y demandas de la ciudadanía gracias al espacio de retroalimentación que se generó. Desde el 15 de enero hasta el 12 de marzo de 2016 se realizaron 24 asambleas ciudadanas, una por provincia; además, una nacional liderada por el Defensor Público General del Ecuador, Ernesto Pazmiño; otras con los defensores públicos regionales del Litoral, del Austro y Centro Norte. En todo el país se contó con la participación de 2036 ciudadanos(as): 1540 mujeres y 1090 hombres en su mayoría usuarios(as) de los servicios que ofrece la Institución (mujeres; adolescentes; adultos
62
mayores;
campesinos(as);
trabajadores;
niños(as);
personas
con
discapacidad, entre otras). Durante estas jornadas, los participantes intervinieron activamente realizando sus aportes, comentarios, sugerencias; manifestando sus requerimientos y haciendo públicos sus agradecimientos por los servicios recibidos durante el 2015. Finalmente, el 12 de abril de 2016 se cerró este proceso con la entrega del informe de rendición de cuentas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; de esta manera se cumplió a cabalidad con esta responsabilidad constitucional. 7.5.2. Compromisos adquiridos con la ciudadanía En el Informe de Labores sobre la gestión del 2015, el Defensor Público General se comprometió a impulsar durante el 2016, tres acciones clave: 1) mantener y mejorar el servicio; 2) contar con personal especializado en las áreas más sensibles; y, 3) y fortalecer la vinculación con la ciudadanía. Cada uno de estos lineamientos fue ejecutado a través de la labor diaria institucional en las distintas actividades que se llevan a cabo, las mismas que obedecen a las metas y objetivos del Plan Estratégico Institucional vigente hasta el 2018.
63
7.5.3. Ferias de atención ciudadana La Defensoría Pública durante el 2016 continuó con su directriz de fortalecer las relaciones con la ciudadanía y acercarse más a ella ofreciendo sus servicios directamente. Promover la cercanía con la gente, escuchar y satisfacer sus necesidades, servir con eficiencia y calidez a quienes son la razón de ser de la Defensoría, son preceptos que responden a los valores y disposiciones que el Defensor Público General, Ernesto Pazmiño Granizo, concibe como prioridades para los defensores(as) públicos. Otro elemento importante a considerar dentro de este enfoque de fortalecimiento del vínculo con los usuarios(as), fue la difusión de los servicios gratuitos que la Institución ofrece, con la finalidad de que las personas conozcan sus derechos y estén al tanto de que cuentan con una entidad que garantiza su defensa y acceso a la justicia. Es así como los coordinadores provinciales realizaron varias jornadas de difusión de servicios por su propia iniciativa. En algunas ocasiones, los eventos se realizaron de manera conjunta y coordinada con otras entidades públicas, organizaciones sociales y gobiernos autónomos descentralizados. Durante el 2016, se realizaron 234 eventos que tuvieron un alcance de alrededor de 18 649 ciudadanos(as) a nivel nacional. Los defensores(as) públicos(as) organizaron y participaron en jornadas diarias, incluso fuera del horario de trabajo, sábados y domingos, sin que esto signifique gasto alguno para el Estado. Visitaron las comunidades en
64
más de 154 cantones y 228 locaciones en todo el país, en las que aún no se cuenta con puntos de atención. Se instalaron carpas de atención, ferias ciudadanas, se organizaron charlas y talleres en escuelas, colegios,
hospitales,
entidades
públicas,
casas
barriales,
juntas
parroquiales, etc. Los temas en los que se enfocó este trabajo estuvieron relacionados con la violencia intrafamiliar y de género; derechos laborales; paternidad y pensiones de alimentos; prevención del uso de drogas y tipificaciones de delito; beneficios penitenciarios; normas de tránsito y sanciones; violencia sexual; legalización, regularización y protección dentro de procesos migratorios; atención a víctimas, entre otros concernientes y de interés para grupos de atención prioritaria. 7.5.4. Difusión de derechos La Defensoría Pública llevó a cabo varias iniciativas para difundir sus servicios a la ciudadanía. Una de estas fue la realización de campañas específicas a través de redes sociales, que tenían como finalidad que la comunidad congregada en estos espacios virtuales conociera detalles sobre los diversos servicios legales que ofrece la Institución. En el caso de la Defensoría Pública, 28 220 personas siguen el perfil de la institución en Facebook y 11 589 siguen la cuenta de Twitter. Con base en estos datos se determinó la importancia de difundir los servicios a través de estos canales. Es así que durante el 2016 se llevaron a cabo 12 campañas específicas, de acuerdo al siguiente detalle:
65
66
Uno de los principales objetivos comunicacionales de la Defensoría Pública
es
lograr
que
la
ciudadanía
conozca
los
servicios
institucionales, a través de los cuales puede garantizar el respeto de sus derechos. Es así que durante el 2016, gran parte de sus campañas se centraron en informar a la ciudadanía en dónde están ubicados nuestros puntos de atención a nivel nacional, el servicio de la línea 151 para realizar consultas legales y los servicios que ofrece la Institución.
67
En el 2016, luego de un exigente concurso público de méritos y oposición, 733 aspirantes a nivel nacional pasaron las pruebas y accedieron a los nombramientos definitivos como defensores públicos del país. En este marco, durante abril se desarrolló una campaña para dar la bienvenida a los nuevos funcionarios y en octubre, en conmemoración del día del Defensor(a), se implementó otra en la que los defensores y defensoras públicas describieron lo que significa para ellos realizar esta labor. La campaña fue realizada en este formato:
68
Además, durante abril, mayo y junio, la Defensoría Pública se sumó a las campañas de donaciones de víveres y vestimenta para las personas damnificadas por el terremoto que afectó la costa ecuatoriana el 16 de abril. A través de las redes sociales se convocó a la ciudadanía a realizar donaciones periódicas.
69
Durante julio, la Defensoría Pública y su primera autoridad se sumaron a la campaña social “Sin Rastros Perdidos”. Esta iniciativa ciudadana, nació de la necesidad de combatir tanto el fenómeno de la desaparición en el Ecuador como la indiferencia que lamentablemente muestran las personas hacia este problema.
En el proyecto de las Defensorías Móviles, se trabajó una campaña para informar mediante las redes sociales cuáles serían los sectores rurales de la provincia de Pichincha en los que estarían las oficinas móviles de la Defensoría Pública brindando servicio a la ciudadanía.
70
Finalmente, al cerrar el año se realizaron dos campañas para visibilizar en cifras el trabajo institucional y que a través de ellas se constate la cantidad de personas que defienden sus derechos mediante la Defensoría Pública, así como la difusión de casos emblemáticos, que son una muestra del trabajo diario que se realiza en la institución.
71
7.5.5. Producción comunicacional Durante el año se difundieron 310 noticias mediante boletines, fotonotas y miniboletines sobre cifras de atención, casos emblemáticos, participación
en
eventos
de
justicia,
capacitaciones,
actividades
formales de las autoridades, ferias, carpas de atención, entre otros. Esta información fue transmitida a la ciudadanía, a medios de comunicación y al personal a través de la página web institucional, las redes sociales y boletines informativos. También se realizó el diseño y publicación de cuatro ediciones de la revista institucional Defensa y Justicia que ha logrado ser uno de los productos comunicacionales de mayor impacto institucional.
El objetivo de la Defensoría Pública es aportar al debate nacional con una revista de corte académico que analice los temas de coyuntura, relacionados, sobre todo, a derechos y justicia. También tiene una
72
importante mirada regional, pues los análisis se elaboran en función del contexto latinoamericano que permiten ubicar al Ecuador de manera referencial con los otros países de la región. 7.5.6. Defensorías móviles
Las defensorías móviles de la Defensoría Pública empezaron a visitar los barrios y comunidades de Quito desde abril de 2015. Durante el 2016, 4091 personas recibieron asesoría legal gratuita en 74 barrios, entre los que se destacan Quitumbe, San Bartolo, La Mena, Calderón, Chilibulo, Guamaní, El Quinche y Tumbaco. Además, del 21 al 24 de julio, la defensoría móvil visitó varios sectores de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, con el objetivo de
73
difundir los servicios que brinda la institución. La difusión empezó con la visita de una defensoría móvil al mercado de mariscos “17 de Diciembre”. Posteriormente, el 22 de julio, en el parque central de Santo Domingo, los defensores ampliaron la asesoría en temas como familia, niñez y adolescencia, divorcios, violencia intrafamiliar, entre otros. Finalmente, la defensoría móvil visitó la parroquia La Concordia y realizó un recorrido en la comuna “Colorados del Búa”. Durante esta campaña de difusión se atendió a 160 personas. Las materias que más consultas registran son demandas de alimentos, legalización de escrituras, derechos laborales y divorcios por mutuo acuerdo con hijos de por medio. Por otro lado, un equipo de servidores(as) de la Defensoría Pública se visitó los barrios antes de que lleguen las defensorías móviles para informar los servicios que brinda la institución y realizar una formación en derechos, esto permite que los habitantes del sector determinen las consultas que pueden realizar cuando la unidad los visite. En total, 1453 personas participaron en las charlas de formación ciudadana. Atención en Pedernales: el 2016, las unidades móviles de la Defensoría Pública también ofrecieron sus servicios a las familias víctimas del terremoto del 16 de abril en la provincia de Manabí. Las unidades móviles funcionaron como oficinas para que los sicólogos del Ministerio de Salud brindaran ayuda sicológica y emocional a las personas afectadas por el terremoto. Además, varios funcionarios de la Defensoría Pública se sumaron al viaje como voluntarios para atender a la
población
74
vulnerable.
8. INICIATIVAS LEGISLATIVAS ______________________________________________________________________ La Defensoría Pública desarrolló aportes fundamentales a la legislación de justicia, al asistir a las comisiones legislativas para dar a conocer los puntos de vista jurídicos que se observaron desde los preceptos de la Defensoría Pública General sobre proyectos de ley en curso; así como presentar ante la Asamblea Nacional dos iniciativas legislativas fundamentales de reformas al Código Orgánico Integral Penal y a la Ley Orgánica de la Función Judicial. El 7 de julio, el Defensor Público General entregó a la Asamblea Nacional su propuesta de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), bajo los preceptos de que “toda sociedad democrática tiene en la justicia su fundamento esencial; ningún sistema de justicia en el mundo es perfecto y nadie tiene que molestarse cuando una autoridad del sector presenta propuestas para mejorarlo”. Con su propuesta de reformas a la normativa pretende que esta sea más humana, más justa y que la persona se defienda en libertad. Dentro de los cambios que plantea, por ejemplo, en robo y abigeato con violencia es que la pena sea de tres a cinco años de prisión; al aprobar esto se nivelaría con delitos como el cohecho contemplado en el artículo 280, la concusión en el artículo 281 o la extorsión. También propuso un cambio en relación a la paralización de servicios públicos, pues si una o varias personas utilizan plazas o carreteras para protestar, este acto debe ser despenalizado cuando estén en el
75
ejercicio del derecho a la resistencia, por lo que propone derogar el artículo 283 sobre el ataque y resistencia. Como estas, varias son las propuestas de modificación al instrumento legal que el Defensor General propuso, en los que señala cambios referentes
al
peculado,
prisión
preventiva,
hurto.
Además,
la
legalización del cannabis para uso medicinal y el aborto no punible en casos de violación, incesto o inseminación no consentida. (Anexo 5 la propuesta de reformas al COIP). En la misma línea de promover la consolidación de un sistema de justicia plenamente independiente, el Defensor Público General diseñó una propuesta legal de derogación de las figuras legales del error inexcusable, dolo y negligencia, contemplados en el Código Orgánico de la Función Judicial y la presentó el 16 de septiembre a la Asamblea Nacional, porque desde la perspectiva de la Defensoría Pública, limitan el principio de independencia de los operadores de justicia. El objetivo de esta propuesta es blindar totalmente la independencia de los jueces para que puedan resolver las casusas sin ningún tipo de interferencias y más allá de los sectores políticos que administren de manera coyuntural el Estado. Anexo 6: la propuesta de reforma al Código Orgánico de la Función Judicial.
76
9.
CONVENIOS Y RESOLUCIONES
______________________________________________________________________ 9.1. Convenios 2016 Con el propósito de cumplir con las metas planificadas, la Defensoría Pública establece alianzas estratégicas con instituciones y entidades tanto del sector público como del privado. Con ellas se suscriben convenios de cooperación que están enmarcados en el Eje de Fortalecimiento Institucional de la Planificación Estratégica y que concretamente aportan al cumplimiento del objetivo: “mejorar la capacidad de oferta de la Defensoría Pública de acuerdo a las exigencias de la demanda de territorio nacional”. Es así que la Defensoría Pública ha firmado desde su creación 66 convenios interinstitucionales, de los cuales 34 estaban vigentes a diciembre de 2016. De
ellos,
14
han
sido
suscritos
con
gobiernos
autónomos
descentralizados de distintos cantones del país. Desglosando esta cifra, 10 se firmaron por primera vez y cuatro han sido renovados. En esencia estos convenios permiten a la Defensoría contar con puntos itinerantes de atención para ampliar la cobertura de los servicios de asesoría y patrocinio legal gratuito. De los 20 convenios vigentes que restan, diez se firmaron con instituciones
del
sector
público;
cinco
con
organizaciones
no
gubernamentales, uno se renovó con ACNUR; tres se firmaron con universidades; uno se renovó con Uniandes.
77
En el 2016 fueron suscritos nueve convenios nuevos y se renovaron seis, de los 34 convenios que se encuentran vigentes, de acuerdo al siguiente detalle: PARTES DEL CONVENIO GAD Pimampiro (Renovación)
GAD Girón
Terre Des Hommes
Cooperativa Músculos y Rieles
TIPO DE INSTITUCIÓN Público
Público
Privado
Privado
2016
PROPÓSITO
Diciembre
Asignar un defensor público, que brinde la asesoría y patrocinio judicial en la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Pimampiro los martes y jueves.
Noviembre
Prestación gratuita y oportuna de los servicios de orientación, asistencia, asesoría y representación judicial a favor de los habitantes de dicho cantón que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios de defensa legal.
Septiembre
Aunar esfuerzos que permitan apoyar las líneas de trabajo e intervención de la Defensoría en el patrocinio y asesoría jurídica que se halla obligada a brindar, de forma preferente, a los niños, niñas y adolescentes.
Septiembre
Brindar a los socios de la Cooperativa el servicio gratuito de asesoría legal que requieran para legalizar la propiedad de los lotes de terreno que les han sido asignados en el inmueble al cual se refieren las Ordenanzas Nos. 0019 y 00 43
GAD Sígsig
Público
Septiembre
Prestación gratuita y oportuna de los servicios de orientación, asistencia, asesoría y representación judicial a favor de los habitantes de dicho cantón que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios de defensa legal.
GAD Cotacachi (Renovación )
Público
Septiembre
Las partes renuevan en los mismos términos, por un año adicional, el convenio suscrito el 12 de agosto de 2014
Septiembre
Establecimiento y consolidación del servicio de defensa pública en el cantón Ponce Enríquez para la prestación gratuita y oportuna de servicios de orientación, asistencia, asesoría y representación judicial a los habitantes de dicha circunscripción.
GAD Ponce Enríquez (Renovación)
Público
78
Nacionalidad Tsáchila
Público
Julio
Prestación gratuita y oportuna de servicios de orientación, asistencia, asesoría y representación judicial en favor de los integrantes de la Nacionalidad que no pueden contar con ellos en razón de su situación económica, social o cultural.
GAD Urcuquí (Renovación)
Público
Julio
establecimiento y prestación del servicio de defensa pública para los ciudadanos del cantón Urcuquí, provincia de Imbabura
GAD La Concordia
Público
Julio
Prestación gratuita y oportuna de los servicios de orientación, asistencia, asesoría y representación judicial a favor de los habitantes de dicho cantón que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios de defensa legal
ACNUR (Renovación)
Privado
Junio
Brindar asesoría y patrocinio legal a las personas refugiadas y solicitantes de asilo.
UNIANDES (Renovación)
Privada
Mayo
Ejecución del programa de servicio comunitario “Atención Prioritaria” a desarrollarse en el centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro – Norte Cotopaxi.
CONAGOPARE
Público
Mayo
Promoción y prestación gratuita y oportuna del servicio de patrocinio y asesoría jurídica en favor de los habitantes del sector rural.
GAD Arajuno
Público
Marzo
Prestación del servicio de defensa pública a los niños, niñas y adolescentes de Arajuno.
Superintendencia de la Economía Popular y Público Solidaria
Enero
Acceso a servicios de patrocinio y asesoría jurídica a las entidades declaradas en liquidaciones forzosas o disueltas por la SEPS.
79
9.2. Resoluciones 2016
Durante el 2016, el Defensor Público General, Ernesto Pazmiño Granizo, emitió 176 resoluciones para viabilizar el funcionamiento de la Institución y cumplir con los objetivos y metas trazadas en el marco del Plan Estratégico 2013 – 2018. El 65 por ciento de las resoluciones fueron de carácter administrativo y tuvieron relación con contratación pública y movimiento del personal. El 35 por ciento restante fue de materia misional, como la aprobación de reglamentos internos y la renovación de los certificados de funcionamiento de los consultorios jurídicos gratuitos.
80
10. ANEXOS ______________________________________________________________________
Anexo1: detalle de las provincias, ciudades y direcciones de las oficinas de atención permanente.
Anexo 2: detalle de las provincias y los cantones a los que la Defensoría Pública llega de manera itinerante.
Anexo 3: cuadro de las unidades judiciales ubicadas por ciudad y por provincia donde la Defensoría Pública cuenta con un equipo de defensa.
Anexo 4: listado de consultorios jurídicos gratuitos con direcciones.
Anexo 5: propuesta de reformas al COIP.
Anexo 6: propuesta de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial.
Anexo 7: presentación ante la Asamblea Nacional.
Anexo 8: Estándares de calidad para la actuación de las y los defensores públicos en Patrocinio Penal.
81