Rendición de Cuentas 2007 - 2011 by Defensoría Pública

Dr. Ernesto Pazmiño Granizo Defensor Público General (I) Equipo Técnico Estuardo Salazar Giovanni Veintimilla Adolfo Casares Cristóbal Machuca Jorge Vicente Paladines Revisión de Textos José Piedrahita Edición Noemi Ulloa Diseño María Isabel Falconí Impresión V&M Gráficas 3201 171 Primera Edición Octubre 2011

DEFENSORÍA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS 2007 - 2011

ÍNDICE Presentación

Testimonios internacionales

Casos emblemáticos

Testimonios de personas atendidas por la Defensoría Pública

Entrevista al ex Director del Centro Virgilio Guerrero

Cronología y base legal de la Defensoría Pública

Antes y después del 17 de Agosto de 2007

Cero presos sin sentencia

Un modelo de gestión ejemplar en el sector justicia

El papel de la defensa pública en la justicia penal

Por qué es necesaria una Defensoría Pública

Hacia un sistema nacional de Defensoría Pública

5 RENDICIÓN DE CUENTAS

El Rol de la Defensoría Pública y los Derechos Humanos

Eliminemos en serio la Picota Pública

La realidad del sistema carcelario ecuatoriano

Eventos de capacitación de la Defensoría Pública

La Defensoría Pública en cifras

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PRESENTACIÓN El 17 de Agosto del 2007, mediante la expedición del Decreto Ejecutivo N° 563, publicado en el Registro Oficial No. 158 de 29 de Agosto de 2007, el Presidente Constitucional de la República, Economista Rafael Correa Delgado, creó la Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal adscrita a la Presidencia de la República y posteriormente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sólo un Gobierno democrático y sensible ante las carencias y los problemas de las grandes mayorías, pudo haber realizado un esfuerzo semejante, como significó la creación del servicio de defensa pública como una institución jurídica, con elevada fortaleza y que está llamada a consolidar el Estado constitucional de derechos y justicia. En efecto, la nueva Constitución del Ecuador de Octubre de 2008, estableció por primera vez la Defensoría Pública -hasta entonces una institución jurídica prácticamente inexistente en el Ecuador- como un órgano autónomo de la Función Judicial de iguales o semejantes características, categoría y nivel que la Fiscalía General del Estado, cuyo objetivo inmediato es introducir un elemento fundamental de equidad en el proceso penal. Es así como desde la iniciación de sus actividades, mediante el celoso cumplimiento de los deberes a ella encomendados, la Defensoría Pública, a través de su constante presencia en la Policía Judicial, órganos jurisdiccionales y fiscalías ha logrado en poco tiempo ganarse el respeto de los operadores de justicia y desenvolver una acción seria y reconocida en el ámbito de la defensa legal penal.

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Estos logros son el resultado de la participación colectiva y la colaboración de todos los operadores de justicia, sin excepción, cada uno de ellos actuando dentro de los roles específicos que les asigna la Constitución y las leyes del país. Entre los factores que influyeron decididamente a esta consecución, deben mencionarse, de una parte, la instrumentación del procedimiento oral, de audiencias, y de otra, las reformas introducidas al Código de Procedimiento Penal, tendientes a instrumentar el sistema acusatorio, en lugar del inquisitivo antes vigente. El sistema de oralidad, ahora incorporado en la justicia penal ecuatoriana, es un instrumento de primera importancia que ha favorecido y facilitado ostensiblemente la aplicación de las garantías del debido proceso tanto para los jueces, como para los fiscales y defensores, en sus fases de investigación, mediación presencial y argumentaciones, lo que ha permitido alcanzar una mayor celeridad en la expedición de las sentencias. A la fecha, la política de ‘’cero personas privadas de su libertad sin sentencia” es una realidad y la Defensoría mantiene una vigilancia permanente en orden a evitar innecesarias demoras en el trámite de los juicios. Actualmente ya no se producen caducidades de la prisión preventiva y los procesos concluyen generalmente dentro de los plazos legales. La ambiciosa meta que se ha fijado la Defensoría Pública, es ampliar gradualmente el servicio de la defensa pública gratuita a todas las materias legales y en todas las circunscripciones geográficas del país. Durante estos tres primeros años se ha diseñado una estructura organizacional sólida y ágil, por procesos, que ha permitido elevar los niveles de eficiencia y calidad del servicio, no como antaño, que se los concebía “de caridad”. La Defensoría Pública en los años por venir sigue -y seguirá- innovando todos los instrumentos técnicos que viabilicen sus servicios y acerquen la defensa pública especialmente hacia aquellos ciudadanos pertenecientes a los sectores que tradicionalmente han experimentado mayores dificultades para acceder a la justicia, con el objetivo último de sembrar en toda la población una cultura de paz y de equidad. Dr. Ernesto Pazmiño Granizo DEFENSOR PÚBLICO GENERAL (I)

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TESTIMONIOS INTERNACIONALES

LA OPINIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA NACIONAL DEL ECUADOR EXPRESADA POR LOS PERSONEROS DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMÉRICAS -CEJA-El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) es un organismo del sistema interamericano, dotado de autonomía técnica y operativa, creado en 1999 por las instituciones del Sistema Interamericano. Su sede está en Santiago de Chile y sus miembros son todos los países“Me ha correspondido conocer el trabajo de gestión del nuevo sistema de defensa penal pública del Ecuador y creo que es un muy buen ejemplo de innovación en la gestión, con un claro énfasis en la calidad de los servicios y en prestar una buena atención a los usuarios. Creo que después de varios años en que Ecuador estuvo claramente atrasado en la prestación de servicios de defensa pública, hoy presenta un avance muy importante con un modelo muy interesante que debe ser tenido en cuenta por todos los demás países de la región en la búsqueda del objetivo de garantizar la prestación de servicios oportunos y eficientes”. Cristián Riego Director Ejecutivo CEJA 9 RENDICIÓN DE CUENTAS

“El establecimiento de una nueva Defensa Penal Pública en Ecuador ha constituido un hito para el desarrollo del sistema acusatorio en dicho país que históricamente presentaba falencias muy importantes en el área.Pero además, en su implementación, se ha tratado de una experiencia muy positiva e interesante de aprovechamiento de recursos públicos siempre escasos para construir una institucionalidad con un fuerte énfasis en la calidad del servicio a sus usuarios. Me parece se trata de un muy buen ejemplo para demostrar que cuando hay voluntad institucional, espíritu innovador y un uso adecuado de la gestión, se pueden producir cambios y resultados muy importantes en el sector justicia”. Mauricio Duce Director de Programas CEJA

“El proceso de instalación y consolidación de un servicio de Defensa Penal Pública, iniciado en los últimos años en el Ecuador, constituye un ejemplo excelente para comprobar que una gestión eficiente posibilita una llegada adecuada a los usuarios del servicio. Los resultados obtenidos por la Defensa Pública del Ecuador dan cuenta de la importancia de tener objetivos institucionales claros y diseñar el funcionamiento del servicio en función a esos objetivos. Resulta satisfactorio, y ejemplificativo para la región, observar la importancia que el Ecuador ha dado a este proceso de fortalecimiento de la defensa, tanto a través de su institucionalización como de la formación de sus integrantes, ya que la correcta implementación de un sistema acusatorio es en muchos aspectos dependiente del buen funcionamiento de la defensa penal”. Leticia Lorenzo Coordinadora de Estudios CEJA

PREMIO CONTINENTAL EN BRASIL Como un justo reconocimiento a todo el esfuerzo desplegado y a los resultados obtenidos, es menester destacar que en noviembre de 2010, en el marco del VIII Congreso Internacional de Gestión Judicial, organizado por el Centro de Justicia de las Américas y el Consejo Nacional de Justicia de Brasil, en la ciudad de Brasilia, la Defensoría Pública del Ecuador recibió el premio continental a las Buenas Prácticas de Gestión. 10 RENDICIÓN DE CUENTAS

CASOS EMBLEMÁTICOS

Caso 1.-

El ciudadano Maximo Elias Villamar Alvares, quien habia sido procesado por el delito de tenencia ilegal de armas, mediante juicio numero 108-1999.

Detenido desde el 5/05/1999 hasta el 20/05/2009, ( 10 años ), por un delito sancionado con pena de prision en esa fecha. Nunca fue sentenciado. Caso 2.-

El ciudadano Luis Alberto Baculema Vega, procesado por el delito de asesinato, mediante juicio numero 735-1998. El procesado estuvo detenido sin haber recibido sentencia, desde 15/06/1998 hasta el 10/04/2009 ( 11 años ).

Caso 3.-

La ciudadana Germania Elizabeth Mendoza Cabezas, procesada por el delito de robo, mediante juicio numero 231-200. La procesada estuvo detenida por mas de tres años, luego de que el juez habia declarado la conversion de la acción el 7/07/2004 y ordenado su libertad. La procesada finalmente recuperó su libertad el 30/01/2008, (despues de 5 años de estar privada de su libertad)

Caso 4.-

El ciudadano Darwin Geovanny Apolinario Villavicencio, procesado por el delito de robo mediante juicio numero 081-2005.

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El procesado, pese a que se habia dictado auto de sobreseimiento definitivo a su favor el 30/05/2005, estuvo aun privado de su libertad hasta el 11/02/2008 (recupero su libertad a los 4 años) Caso 5.-

El ciudadano Ever Luis Concha Segura, procesado por el delito de robo mediante juicio número 127-09. El procesado obtuvo su libertad el 14/08/09 en virtud de que el tribunal de garantías penales competente declaró prescrita la acción penal, considerando que el valor de las cosas sustráidas ascendía a $1,00 usd (un dólar de los estados unidos de américa).

Caso 6.-

Los ciudanos Luis Oswaldo Casa Toaquiza, Marco Antonio Casa Toaquiza, Luis Fernando Toaquiza Toaquiza y Sergio Chancusig, fueron procesados por el delito de violación. Recibieron sentencia condenatoria a doce años de reclusión. Posteriormente fueron declarados inocentes en virtud del examen de adn practicado, así también se demostró que ellos estuvieron en un lugar distinto del lugar de los hechos. Estuvieron privados de su libertad tres años.

Caso 7.-

El ciudadano Hecto Mauricio Jama Arroyo fue procesado por el delito de robo mediante jucio 24-09-0p. Permaneció 9 meses privado de su libertad. Fue declarado inocente y se estableció que adolescía graves problemas psicológicos.

Caso 7.-

El ciudadano Carlos Javier Barreto Barreto fue procesado penalmente por el delito de robo simple. Permaneció 8 años privado de su libertad. Posteriormente recuperó su libertad en razón del auto de sobreseimiento definitivo dictado en su favor.

Caso 8.-

El ciudadano Ronald Alexis Cuero Angulo. Fue procesado por el delito de robo de un celular mediante juiicio 53-2008. Recibió sentencia condenatoria a seis meses de prisión correccional; sin embargo, estuvo privado de su libertad ocho meses, es decir, por un tiempo superior a su condena.

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LOS TESTIMONIOS DE PERSONAS ATENDIDAS POR LA DEFENSORÍA PÚBLICA Por: Noemí Ulloa. Directora del Departamento de Comunicación Social de la Defensoría Pública.

Luis, 16 años, interno, viene de la provincia de Morona Santiago. Estoy aquí tres meses en cumplimiento de mi sentencia de cuatro años, que debo cumplir. Estoy bien, en un estado normal, en mi trabajo. Estoy en el taller de cerrajería, me va bien, estoy aprendiendo cosas que no aprendí estando afuera. Estoy cambiando mi forma de ser, porque me gustaría salir de aquí como una persona diferente, cambiada. Lo más difícil es no poder ver a mi familia, que está muy lejos y no pueden venir. Tengo una hermana aquí en la ciudad, pero estoy lejos de mis padres, eso es muy triste. Mi cambio va según mi responsabilidad, lo que hago, cada día voy mejorando, me gustaría cumplir las reglas de aquí, debo asumir la responsabilidad de lo que debo hacer en la institución. Cuando salga de aquí quiero seguir estudiando, ayudar a mis padres. Quiero decir a los jóvenes que están afuera que sigan adelante, que no miren atrás, que aprovechen las oportunidades que les dan sus padres, que adquieran más conocimientos, que aprovechen su vida…. 13 RENDICIÓN DE CUENTAS

…18 años sin recibir una pensión alimenticia ! La mirada esquiva y desconfiada de Rocío se endurece aún más cuando recuerda el juicio en el cual hace 18 años- la edad que hoy tiene su hija Gabriela- se fijó una pensión de 100 sucres mensuales para los alimentos de la niña. El padre de la menor nunca reconoció a su hija ni tampoco la buscó. Ella no lo conoce. Durante el juicio, el abogado del padre de la menor trató a Rocío como “una loca que atrapó al primero que pasaba por la calle y le atribuyó la paternidad de su hija”. Desde entonces ese monto solo cambió de nombre, de 100 sucres a 4 dólares, que son los que Rocío gasta en un día en el transporte del bus que le sirve para movilizarse desde su casa a los consultorios legales y a los juzgados. De momento, su caso es tramitado por una defensora pública que ya ha solicitado el alza de la pensión alimenticia y espera una resolución favorable del juez, en una semana. Decenas de casos como éste se presentan a diario en la Unidad de Defensoría Pública Penal, la cual desde el 1 de marzo del presente año asumió el patrocinio y la defensa gratuitos de las madres que demandan alimentos para sus hijos. También pueden solicitarla directamente las personas adultas de 18 a 21 años, que se encuentren estudiando, las madres en estado de embarazo, los adolescentes mayores de 15 años y las personas con discapacidad, de cualquier edad, que no puedan subsistir por sí mismas.

Un juego peligroso El día que detuvieron a Emilio, había llegado a la casa para cenar con su madre y sus hermanos. Era un jueves de agosto de 2006. Tenía 16 años y lo acusaron de violación. La víctima era una de sus compañeras de clases, del mismo colegio donde estudiaba. La madre del entonces menor de edad está segura de que su hijo no cometió el delito. “La niña, un año menor que mi hijo, lo amenazó desde enero. Le dijo que lo acusaría de violación si no le hacía caso”, dice la señora. Asegura que una tarde antes de que acusaran a su hijo, el padre de la muchacha vino a su casa y le pidió dinero a cambio de no acusar a Emilio. Ella dice que no aceptó y tampoco tenía la cantidad solicitada. 14 RENDICIÓN DE CUENTAS

Recuerda que en el caso no tenía testigos fuertes y que el día de la audiencia la única testigo de la niña no llegó al Juzgado de Menores, donde actuó la Dra. Tania Ortiz, defensora pública quien logró que esta omisión sea considerada por el juez. Asustado, conmovido y lleno de incertidumbre Emilio afirma que nunca tocó a la chica y que la acusación en su contra es injusta. Fue condenado a tres años de internamiento en el Centro de Menores Virgilio Guerrero, donde recibe atención sicológica, espiritual y vocacional. El Director del Centro da fe de los cambios que experimentan los muchachos en su paso por los talleres de carpintería, mecánica, pintura, electricidad y otras ramas. Dice que la mayoría se rehabilita y se prepara para reinsertarse en la sociedad una vez cumplida su pena.

Una historia de vida y solidaridad ¿Cuándo me atiende doctor? Le pregunta una guía penitenciaria a Rafael Pizarro en el ingreso al Centro de Rehabilitación Social 3, a donde acudió a visitar a un ciudadano húngaro. Ella no ha olvidado al médico que atendía gratuitamente durante el tiempo en que Nelson, hijo de Rafael, estuvo detenido. Nelson, estudiante de filosofía, quien ahora tiene 30 años, estuvo preso desde el 2001, fue condenado a cumplir ocho años de reclusión por tráfico de drogas. “Quería ser rabino. Como parte de mis estudios vine a investigar a las comunidades judías de Ecuador. Cuando retornaba a mi país, unos amigos me pidieron que llevara artesanías a un profesor de la universidad donde estudiaba. Yo no sabía que las figuras de madera contenían droga”, dijo entonces a la prensa. En el 2007, cuando gozaba de prelibertad, le detectaron un tumor maligno en el testículo derecho. Se sometió a una cirugía. Cuando creyó que su sufrimiento había terminado, el diagnóstico médico determinó que tenía cáncer terminal en el hígado, los riñones y el estómago, pues no se sometió a tiempo una quimioterapia; en la cárcel no podía acceder a una adecuada atención médica. En su angustia por salvarle la vida, su padre realizó una peregrinación al interior del sistema penitenciario para pedir el indulto. Fue con abogados a la Dirección de Rehabilitación Social, a la Corte de Justicia, ante las autoridades de su país y en noviembre 15 RENDICIÓN DE CUENTAS

del 2007 la Defensoría Pública Penal escuchó sus pedidos e inició el trámite para concederle la gracia, que le fue otorgada el 18 de mayo de 2008 por el presidente de la República, Rafael Correa, a través del decreto 1095. En abril, la comisión médica que llevó el Ministerio de Justicia a las cárceles constató la deplorable situación en la que viven los reos, muchos de ellos se debaten entre la vida y la muerte sin medicinas, alimentación adecuada ni cuidados médicos. Su padre dice que vivió una etapa muy dura, pues desde que su único hijo fue detenido debía pagar a un interno de $ 100 a $ 300 “para que lo cuide y no le hagan daño”. Incluso llegó a comprar la celda. “Cuando mi hijo estaba en el pabellón C de la cárcel 1 tuve que comprar el lugar”. Al poco tiempo “se aprovecharon de que yo salí del país y lo botaron de ese sitio para venderle a otra persona”. Ya en Hungría, Nelson fue sometido a un nuevo tratamiento y a varias operaciones. Recuperó no solo su salud, sino su familia y su alegría. Ahora dicta conferencias en colegios y universidades de varios países de Europa, cuenta a los jóvenes su experiencia y los alerta sobre los peligros de las drogas. Pasaron ya dos años, para Rafael los malos recuerdos quedaron atrás y es hora de ayudar a sus compatriotas que viven circunstancias difíciles en las cárceles de Ecuador y otros países de América Latina. En Quito visitaron a las y los ciudadanos húngaros y rumanos que están privados de libertad, a fin de ayudarles con sus procesos, entregarles víveres, vituallas y, sobre todo, el consuelo de una voz amiga que -en su idioma- renueva la esperanza de vida y de libertad.

Un enamorado acusado de secuestro de su novia! ¡Estoy libre, no puedo creerlo, las calles son grandes, no tienen fin..... !, exclamó llorando Efraín Pilco el día en que dejó el pabellón de máxima seguridad del Penal García Moreno, donde permaneció más de ocho meses acusado de plagiar a su novia Margarita, con quien vivía desde hace cuatro años. El doctor Juan Jaramillo, defensor público, obtuvo la sentencia absolutoria, es decir, confirmó la inocencia de Efraín, un trabajador de una empresa florícola quien por rencillas familiares, fue acusado injustamente por la familia de Margarita de explotación sexual y secuestro.

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Nos cuenta que “la prisión fue una pesadilla, sentía como vivir una película de terror. Cada día era como un mes y cada mes como un año”. “Salir de allí significó una explosión de aire, de alegría, me sentía limpio por dentro, se fue la amargura.”, dice mientras sacude su cabeza como espantando los malos recuerdos. El y Margarita vivían juntos y felices en Amaguaña. Efraín, ya lo dijimos, trabajaba en una florícola y ella era comerciante. Tienen una hija de cuatro meses. Al parecer todo iba bien hasta el día en que fue detenido por denuncias falsas de los padres de Margarita. Según Efraín, la familia de su conviviente no se resignó a perder el dinero que ella les entregaba cuando vivía en casa de sus padres y por eso inventaron la historia del secuestro que, de no ser por la Defensoría Pública, habría significado una permanencia de 9 a 12 años en prisión. Como éste, hay miles de casos de personas que permanecen hasta diez años en los centros de rehabilitación del país por el robo de artículos sin mayor valor monetario, un cilindro de gas, de un celular, para terminar descubriendo que son inocentes.

LA CÁRCEL ES UN ESPEJO DE LA SOCIEDAD. “No es como mucha gente cree que porque salimos de la cárcel vamos a seguir siendo los mismos o peores, eso es mentira, todos podemos cambiar. No somos malos, a veces las circunstancias de la vida nos obligan, nos llevan a ese lugar. Nadie lo hace porque le guste estar encerrado, nadie”. Como en toda sociedad, los problemas en la prisión son los mismos de afuera, se reflejan adentro. Es una sociedad vista dentro de cuatro paredes. Hay personas que no tienen para un pan y otras tienen para todos los lujos”.

Agosto 20 del 2008 TESTIMONIO DE JESUS CASTILLO, ex interno de la Cárcel 3, de Quito, beneficiado con el indulto a las mulas del narcotráfico. Oriundo de El Coca, en la provincia de Orellana, de 24 años, casado. 17 RENDICIÓN DE CUENTAS

¿Cómo se desarrolló el trámite para su liberación? Agradeciéndole a Dios por la vida, por la salud, agradeciendo al Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, a todos los funcionarios de la Defensoría Pública, que gracias a ustedes nos beneficiamos con el indulto. Estoy muy agradecido, prometiéndole a Dios, a mi madre y mi familia que no volverá a cometer un error en mi vida. Les digo a mis compañeros que algún día escucharán esto, que no hagan quedar mal a la gente que lucha por nosotros, por darnos esta segunda oportunidad. Esto es único. Yo lo agradezco de todo corazón.

¿Por qué se involucró en el tema de las drogas? Casualidades de la vida, me usaron, haciéndome creer que ganaría dinero fácil. No fue así, fui muy ingenuo, me dejé engañar de gente de otros países. Pero prometo que no volveré a hacer esto nunca más en mi vida.

¿Qué hizo cuando salió y a qué se dedicará? Primeramente fui donde mi mamá, la visité, ella lloró de felicidad. Me está colaborando con mis papeles para conseguir un trabajo honrado, honesto y seguir adelante con mi familia. Tengo una preciosa hija que adoro con toda mi alma. Tiene tres meses. No pude estar con ella el día que nació, eso me destrozó por dentro.

¿Cuánto tiempo estuvo preso? Cuatro años, ocho meses, ocho días, estuve por transporte de 1.000 gramos.

¿Qué mensaje da a los jóvenes que están entrando al mundo de las drogas? Les recomiendo que enderecen su vida. Que estamos a tiempo, que sí podemos, que no desperdiciemos esta oportunidad que nos da el gobierno, no lo hagamos quedar mal al Presidente Correa. Por favor compañeros jóvenes, adultos, señoritas, todos podemos, el querer es poder, la vida es una sola, si perdemos el tiempo perdemos la vida, aprovechémosla. No la desperdiciemos.

¿Qué cosas pasaban por su cabeza cuando estuvo preso? Primeramente me arrepentí de corazón, le pedí a mi familia que me perdonara por haberles fallado. Mi familia, a pesar de eso, me apoyó todo el tiempo, incondicionalmente. 18 RENDICIÓN DE CUENTAS

¿Cómo se siente ahora? A todos ustedes los que nos colaboraron los llevo en mi corazón, tienen un lugar muy especial en mi corazón. Estoy muy agradecido con el mundo entero por este indulto. En este momento estoy completamente libre. Por mi madre, por mi familia, voy a trabajar, a salir adelante, a colaborarles a ellos para que algún día puedan perdonarme de corazón la falta que cometí hacia ellos. En el acto ilícito que cometí fue involucrada toda mi familia, emocionalmente, económicamente, mi esposa, mi hija por la que estoy agradecido, aunque nació en estas circunstancias de la vida, pero mi hija es lo más preciado que tengo.

¿Cómo fue su experiencia en la prisión, qué puede contarnos de lo que vivió? En la prisión me pasaron muchas cosas: buenas, malas, regulares. Tampoco me puedo quejar de la vida, pero le cuento que muchos reos como yo en este momento, con la ayuda de ustedes, hemos pensado en cambiar nuestra vida. Estoy olvidando lo pasado, para mí no existió. Voy hacia adelante a renovar mi vida, por mi familia, por mi bebé, por todo el mundo.

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ENTREVISTA A Fray Jaime Zapata, Ex Director del Centro Virgilio Guerrero: Por: Noemí Ulloa

¿Cuál es su visión respecto de la labor de la Defensoría Pública Penal en estos dos años? La labor de la Defensoría ha sido vital para nosotros, porque nos ha permitido garantizar el debido proceso a nivel de justicia juvenil. Desde que contamos con el apoyo de la DP hemos tenido asesoría permanente, un canal abierto para nuestras inquietudes y reclamos a los entes gestores de justicia y, sobre todo lo que más nos interesa, es lo que se ha logrado en el área de defensa de los chicos, ya que la mayoría de ellos no pueden acceder al servicio de un abogado particular por los costos. Con la existencia de la Defensora Pública hemos podido garantizar que los chicos sean asistidos en las tomas de versión, que tengan su representación, su asesoría jurídica, las familias igual. Para nosotros ha sido una ganancia desde todos los ámbitos, a más de los amigos que representan para nosotros quienes laboran en la DP y la verdadera implementación de la defensoría juvenil. Tiene cifras sobre la ayuda brindada a los jóvenes desde la DP? No puedo darlas con exactitud, pero la asistencia de la Defensoría Pública es permanente, tenemos un promedio de unos 5 a 8 muchachos por semana que han ingresado y todos han sido atendidos por la DP. El año pasado atendimos a 343 muchachos en todo el año y de ésos el 90% fue atendido por la DP en las diversas instancias judiciales. Algunos en el momento de la detención por las 24 horas, muchos de ellos en el proceso de internamiento preventivo, que es la gran mayoría

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Hay la suficiente coordinación entre los operadores de justicia en el área de adolescentes. Cuáles son los principales escollos que usted advierte? Tenemos muchos problemas en la justicia juvenil. Hay buenas intenciones pero estamos descoordinados. Fiscalía, Defensoría, Juzgados y los centros estamos desconectados. Esto es terrible, la lentitud del sistema es garrafal. Otro problema grave que en Quito y Pichincha es que no hay coordinación entre el sistema de protección integral y el sistema judicial. De allí que al momento se malentiende que el (Centro) Virgilio Guerrero cubre todo, cuando en realidad es el Centro de Internamiento de Quito y de libertad asistida, pero todas las medidas alternas: servicios a la comunidad, llamados de atención u otro tipo de libertad asistida tendría que haber más organizaciones, pero no las conocemos. Uno recurre al MIES, a la antigua Daina y nadie sabe a dónde se puede enviar a un muchacho a prestar un servicio a la comunidad. Hoy lo hace la Dinapen, pero tampoco debería ser con ella solamente. En fin, hay una descoordinación grandísima entre el sistema de protección integral (tenemos todo un libro en el Código de Adolescencia, tenemos todo un ministerio cubriéndolo), pero hasta ahora nunca saben dónde se puede enviar a un muchacho con problemas de droga, de ‘callegización’ u otro tipo de dificultades. Esto es gravísimo. ¿Cuáles serían las soluciones, por dónde enrumbarlas? Lo primero es que el MIES debe saber qué tiene. Hacer una pequeña carpeta de presentación de qué instituciones tiene, a qué tipo de población atiende, cuáles son los requerimientos, etc. Y que esto lo conociéramos todas las entidades que trabajamos con niñez. Asimismo, sería hora de que el Ministerio de Relaciones Laborales pensara en crear algún tipo de empresa para que tanto chicos como adultos que salen de los centros de detención -que quedan marcados, discriminados y nadie quiere entenderse con ellos y son susceptibles de explotación- puedan trabajar. Se pueden hacer convenios con empresas o teniendo sus empresas para ayudar a este tipo de población, que lleguen a sus empleos con todas las garantías legales, seguridad, sueldos dignos. Otro problema gravísimo que enfrentamos es que los órganos judiciales no entienden lo que es justicia juvenil. De allí que en los juzgados tiene que haber especialidad no solo por el nombre, sino por la capacitación de los jueces y demás funcionarios. Es una vergüenza que no sepan que el adolescente tiene derecho al beneficio del dos por uno, por ejemplo, que pierden los expedientes, que ni siquiera los han leído. 21 RENDICIÓN DE CUENTAS

A la defensora que nos ha acompañado, la Doctora Tania Ortiz, le he sugerido que sería importantísimo generar, a través del año, cada dos o tres meses, unas reuniones de coordinación entre todos quienes trabajamos con menores infractores, (que) nos sentemos, miremos qué está pasando, de qué manera podemos acelerar los procesos, corregir errores, mejorar. ¿Cuántos chicos están aquí de momento? ¿Cómo funciona el Centro? Comenzando por la última, son Tres fases: En la primera los chicos ingresan por flagrancia. Empezamos a contar las 24 horas, en las que conoce la autoridad competente, sea para avalar la detención o para que salga en libertad. Unida a ésta está la segunda fase: el internamiento preventivo, cuando deben quedarse hasta 90 días, como dice la Ley. Cuando termina el internamiento preventivo y luego de que se ha hecho el juicio y demás, los chicos que deben quedarse con una medida de internamiento, por lapsos que van desde meses hasta la máxima, que es de cuatro años, están en internamiento institucional. Adicionalmente tenemos una casita afuera, con oficinas, donde atendemos un promedio de 70 chicos por mes en la libertad asistida. Están afuera, deben estudiar, trabajar, estar con su familia y cada ocho días vienen para una asesoría sicológica y socio familiar, tanto para la familia como para el chico para verificar que el proceso vaya avanzando y de ello se da cuenta oportunamente a los juzgados. Dice la ley que pueden estar un máximo de 12 meses en libertad asistida. Hemos creado una cuarta fase para los chicos que están en internamiento institucional, cuando están en la recta final, para salir, que es lo que en el área de adultos se llama pre libertad, nosotros le llamamos “Niñez sin rejas”, para lo cual tenemos un auspicio internacional. Ellos van a otra institución que tenemos al Sur, se llama La Dolorosa, donde tienen residencia juvenil hasta por seis meses para prepararlos a su libertad. Allí vuelven a hacer sus contactos de estudio, de trabajo y la idea es que cuando sale libre esté ubicado totalmente para que se reinserte en la sociedad. Iniciamos este año con esa labor, ha sido muy positiva. Tenemos siete chicos allá y 68 en libertad asistida. ¿Cómo se siente en Ecuador y en esta difícil, delicada, pero hermosa tarea? Llevo en Ecuador dos años y dos meses. Estoy muy contento, me siento como en mi casa. Este trabajo es mi pasión, los hermanos capuchinos trabajamos en esto porque nos gusta, 24 horas al día, 7 días a la semana, vivimos en el centro, estamos siempre 22 RENDICIÓN DE CUENTAS

dispuestos. Somos garantes de los derechos de los chicos detenidos, lo hacemos con mucho gusto. Tenemos 15 años en Ecuador y en el mundo una experiencia de más de 100 años. El aire que se respira en los centros es de tranquilidad, paz, los chicos son atendidos, escuchados. Tratamos de hacer más humano el hecho de que estén privados escasamente de su movilización, porque siempre les enseñamos que todos sus derechos siguen aquí, que transitoriamente se les impide movilizarse en ciertos espacios, pero que, como personas, como sujetos de derecho, tienen todo para ganar. La edad de los chicos oscila entre.... 12 años cumplidos, como dice la Ley. En la franja de 12 a 14 por los delitos que dice la ley tenemos poquitos. El fuerte está entre 14 y 17 y algunos que sobrepasan los 18 años, están aquí aún porque eran adolescentes cuando cometieron el delito. Hay de 19 y uno que va a cumplir 21, es el rango máximo y son casos especiales.

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CRONOLOGÍA Y BASE LEGAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA

El Presidente Constitucional de la República, Economista Rafael Correa Delgado, mediante Decreto Ejecutivo 441, publicado en Registro Oficia 121 de 6 de julio de 2007, declaró el estado de emergencia por grave conmoción en el sistema penitenciario del Ecuador, con el propósito de poner en práctica varias medidas destinadas a remediar las graves y apremiantes deficiencias del sector.

Una de las medidas previstas en el referido Decreto fue la conformación de la Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal, dependiente y adscrita a la Presidencia de la República, con el propósito de que se encargue de impulsar el servicio de defensoría penal gratuita.

Así, la Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal fue creada por el Presidente Constitucional de la República, mediante Decreto Ejecutivo 563 de 17 de Agosto de 2007, publicado en Registro Oficial 158 de 29 de Agosto de 2007.

A fin de implementar inmediatamente el servicio, el Artículo 3 del Decreto Ejecutivo 563, facultó a la Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal, llevar adelante un proceso de convocatoria, selección y contratación de organizaciones civiles que presten servicios de defensa penal, para lo cual, se les exigió someterse a estándares de calidad y a un continuo monitoreo por parte de la Unidad.

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Posteriormente, mediante Decreto Ejecutivo 748 de 14 de noviembre de 2007, publicado en Registro Oficial 220 de 27 de noviembre de 2007, la Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal se adscribió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como una entidad desconcentrada, con independencia administrativa y financiera.

De acuerdo con la Disposición Transitoria Décima de la Constitución de la República del Ecuador (octubre de 2008), durante el periodo de transición, el servicio público de defensa penal debía seguir a cargo del Ministerio de Justicia, a través de la Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal, sobre cuya base técnica se debía organizar la Defensoría Pública, la que se creará en el plazo de dos años (2010), con prioridad en la defensa pública penal, la defensa de la niñez y adolescencia, y los asuntos laborales.

En cumplimiento de la Disposición Transitoria Sexta del Código Orgánico de la Función Judicial, y en concordancia con la Disposición Transitoria Décima de la Constitución, hasta el 20 de octubre del año 2010, los servicios de defensa pública fueron prestados por la Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal. Hasta esa fecha, la Unidad ya había extendido gradualmente los servicios de defensa a los ámbitos de la niñez y adolescencia, y asuntos laborales, de acuerdo con la dotación de los recursos económicos, materiales y humanos que a tal fin le fueron asignados.

La ejecución de la misma Disposición Transitoria Sexta del Código Orgánico de la Función Judicial, implicó que los servidores públicos de la Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal, que laboraban mediante contrato de servicios ocasionales, pasaran a formar parte de la Defensoría Pública a partir del 20 de octubre de 2010, luego de la evaluación que realizó el propio Consejo de la Judicatura. Los funcionarios que hasta entonces habían actuado como defensores públicos de la Función Judicial (26 en todo el país), no institucionalizados, fueron reasignados a otras áreas, distintas de la Defensoría Pública.

En consecuencia, el 20 de octubre de 2010 se extinguió la Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal, y nació a la vida jurídica la Defensoría Pública, como un órgano autónomo de la Función Judicial, institucionalizado por la Constitución de la República del Ecuador.

10.

El artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, consagra la premisa de que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses y que en ningún caso quedará en indefensión. 25 RENDICIÓN DE CUENTAS

11.

El artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe que nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento; y además, garantiza a toda persona el derecho a ser asistida en los procedimientos judiciales por una abogada o abogado de su elección, o por defensora o defensor público.

12.

El artículo 191 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que la Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función Judicial, cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. El mismo artículo dispone que la Defensoría Pública prestará un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz y gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las personas, en todas las materias e instancias.

13.

El referido artículo de la Constitución establece, además, que la Defensoría Pública es indivisible y funcionará de forma desconcentrada con autonomía administrativa, económica y financiera, estará representada por la Defensora Pública o el Defensor Público General y contará con recursos humanos, materiales y condiciones laborales equivalentes a las de la Fiscalía General del Estado.

14.

El artículo 286 del Código Orgánico de la Función Judicial determina que a la Defensoría Pública le corresponde: •

La prestación gratuita y oportuna de servicios de orientación, asistencia, asesoría y representación judicial, a las personas que no puedan contar con ellos en razón de su situación económica o social;

•

Garantizar el derecho a una defensa de calidad, integral, ininterrumpida, técnica y competente;

•

La prestación de la defensa penal a las personas que carezcan de abogada o abogado, a petición de parte interesada o por designación del tribunal, jueza o juez competente;

•

Instruir a la persona acusada, imputada o presunta infractora sobre su derecho a elegir una defensa privada. En los demás casos, los servicios se prestarán cuando, conforme a lo establecido en el reglamento respectivo, se constate que la situación económica o social de quien los solicite justifica la intervención de la Defensoría Pública;

26 RENDICIÓN DE CUENTAS

15.

•

Garantizar que las personas que tengan a su cargo la defensa pública brinden orientación, asistencia, asesoría y representación judicial a las personas cuyos casos se les haya asignado, intervengan en las diligencias administrativas o judiciales y velen por el respeto a los derechos de las personas a las que patrocinen. En todo caso primará la orientación a los intereses de la persona defendida;

•

Garantizar la defensa pública especializada para las mujeres, niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia, nacionalidades, pueblos, comunidades y comunas indígenas;

•

Garantizar la libertad de escoger la defensa de la persona interesada y solicitar, de ser necesario, una nueva designación a la Defensoría Pública.

•

Contratar profesionales en derecho particulares para la atención de asuntos que requieran patrocinio especializado, aplicando para el efecto el régimen especial previsto por la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, y el procedimiento que se establezca en el reglamento que dicte el Defensor Público General;

•

Autorizar y supervisar el funcionamiento de los servicios jurídicos prestados en beneficio de personas de escasos recursos económicos o grupos que requieran atención prioritaria por parte de personas o instituciones distintas de la Defensoría Pública;

•

Establecer los estándares de calidad y normas de funcionamiento para la prestación de servicios de defensa pública por personas o instituciones distintas de la Defensoría Pública y realizar evaluaciones periódicas de los mismos. Las observaciones que haga la Defensoría Pública son de cumplimiento obligatorio;

•

Apoyar técnicamente a las personas que hacen sus prácticas pre profesionales en la Defensoría Pública; y,

•

Las demás determinadas en la Constitución y la ley.

Finalmente, con Resolución 023-DP-2011 de 16 de marzo de 2011, el Defensor Público General, Interino, previos los dictámenes favorables del Ministerio de Finanzas y del Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador, aprobó y expidió el Esta27 RENDICIÓN DE CUENTAS

tuto Orgánico Administrativo de Gestión Organizacional por Procesos de la Defensoría Pública del Ecuador, que establece y describe la base técnica, administrativa y funcional sobre la cual operará la institución. Este instrumento entró en vigencia con su publicación en la edición especial No. 131 del Registro Oficial, el 12 de abril de 2011, lo que ha permitido impulsar la gestión administrativa y presupuestaria para extender la cobertura del servicio de defensoría pública gratuita, contratando al efecto un mayor número de defensores públicos y personal de apoyo de nómina (prescindiendo definitivamente de los centros legales), y dotando a las oficinas con el mobiliario y equipos necesarios.

28 RENDICIÓN DE CUENTAS

ANTES Y DESPUÉS DEL 17 DE AGOSTO DE 2007 ANTES NO existía en el Ecuador la defensa pública como una institución. Los servicios de defensa no eran especializados El 60% de los presos sin sentencia ( superando los plazos constitucionales ) El 50% (promedio) de PPL carecían de un abogado defensor. Las madres de familia se encontraban en indefensión por falta de defensa pública. Los trabajadores en muchos casos se abstenían de demandar sus derechos por la ausencia de una de defensa pública. Los Municipios y las juntas parroquiales no tenían ninguna participación en estos ámbitos.

DESPUÉS El Art. 191 de la Constitución y el Art. 285 del Código Orgánico de la Función Judicial - crean la defensoría pública como un órgano autónomo de la Función Judicial. A partir de octubre 2007 la Unidad Transitoria de Gestión Defensoría Pública Penal se especializó en materia penal. El 0% de presos sin sentencia, más allá de los plazos constitucionales. (6 meses en delitos con prisión y 12 meses en delitos con reclusión). El 0 % de indefensión, todos las PPL cuentan con defensor (julio 2010). Desde marzo del 2010 la defensoría amplió su cobertura a los juicios de alimentos. Hasta junio de 2011 fueron atendidas más de 10.150 causas. Desde entonces miles de madres de familia pobres se han incorporado a los servicios que brinda el Estado. A partir de octubre de 2010 se amplió la cobertura de la defensa pública a juicios laborales, para patrocinar a los trabajadores que así lo requieran. A través de los Convenios de gestión conjunta y participativa celebrados con los gobiernos seccionales de Otavalo, Cayambe, Cotacachi, Gonzanamá, Santa Isabel y Consejo Provincial de Pichincha, se aspira a brindar el servicio de defensa en esas jurisdicciones. En este año se proyecta trabajar con 15 municipios más, para atender aproximadamente 7.200 causas/año. • A través de un Plan piloto de gestión de la defensa diseñado con las juntas parroquiales de Pichincha se proyecta extender lo a todas las juntas parroquiales a nivel nacional. • Se suscribió un convenio con la CONAJUPARE, lo que involucra a 300 Juntas Parroquiales a nivel de todo el país, (40%), para atender aproximadamente unas 15.000 causas al año, con un promedio de 50 causas por cada Junta Parroquial.

29 RENDICIÓN DE CUENTAS

ANTES Los Consultorios jurídicos gratuitos de las Universidades y ONGs venían desarrollando sus actividades sin una adecuada planificación.

DESPUÉS • Para lograr la optimización y racionalización de los Consultorios Jurídicos Gratuitos existentes en el país, se está trabajando en el diseño un “Sistema Nacional de Defensa Pública” conjuntamente con los consultorios jurídicos de la Universidades. Existen 43 Universidades con facultades de Derecho, con una capacidad para atender 41.000 causas al año, esto es, un promedio para cada una de ellas, de 120 causas anuales; además, en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 193 de la Constitución, se hasumado a este esfuerzo de la Defensoría Pública, numerosas ONGs, los gobiernos seccionales y las comunidades de base. • De conformidad con las disposiciones constitucionales que rigen la materia, la Defensoría Pública, ha establecido los requisitos para la acreditación y evaluación de los consultorios jurídicos gratuitos, con los respectivos estándares de calidad para autorizar su funcionamiento y de este modo implementar una “asistencia jurídica transformadora” que significa la superación de la tradicional concepción que equiparaba a los consultorios gratuitos con “consultorios para pobres”. • Acá, el concepto básico introducido y puesto en plena vigencia es que EL SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA NO PORQUE ES GRATUITO O PARA POBRES PUEDE O DEBE SER DE CARIDAD O DE MALA CALIDAD.

La Defensoría Pública como institución estaba adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos quien posibilitó su fortalecimiento institucional.

A partir del 20 de octubre del 2010, la Defensoría Pública forma parte del sistema de Justicia como un órgano AUTONOMO de la Función Judicial. Para acomodarse a la nueva estructura y naturaleza de la Defensoría Pública, el Ministerio de Justicia diseñó un documento denominado “Base técnica para la implementación de una defensa pública gratuita y de calidad”, al servicio de los más pobres, que incluye el modelo de gestión - la estructura por procesos, el plan estratégico y los estándares e indicadores de gestión, ( “Balanced Scorecard” ).

Se incumplían las recomendaciones emanadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sugerían la creación de la defensoría pública en Ecuador y la reducción del número de presos preventivos.

30 RENDICIÓN DE CUENTAS

Al crear este Gobierno la Defensoría Pública, dio cumplimiento a varias recomendaciones de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con lo cual, además, se disminuyó en 50% el hacinamiento carcelario.

ANTES

DESPUÉS

31 defensores públicos de la Función Judicial brindaban el servicio de defensa en todas las materias a nivel nacional.

245 defensores(as) públicos(as) de planta contratados a nivel nacional.

Organizaciones de la sociedad civil trabajaban aisladamente en materia penal.

Centros Legales trabajaron con la Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal: Confraternidad Carcelaria, Comité de Derechos Humanos (CDH), Universidad de Guayaquil, Colegios de Abogados de Guayas y Pichincha, Pastoral Penitenciaria, Arquidiócesis de Quito, Esmeraldas y Portoviejo, Conferencia Episcopal, PRESTIONS, Sandoval y Asociados, JUCERUVA, VITERDAN, etc.

No existían defensores públicos para defender a quienes no tenían abogado en las audiencias de flagrancia, lo que provocaba la liberación de detenidos luego de 24 horas, lo que generaba impunidad.

Defensores públicos intervienen en las audiencias de flagrancia a nivel nacional las 24 horas del día los 7 días de la semana, los 365 días del año. Hoy toda audiencia de flagrancia se realiza dentro de las 24 horas, evitando la impunidad.

No existían abogados defensores para adolescentes infractores.

Defensores públicos especializados atendiendo casos de adolescentes infractores.

En agosto del 2007 existía el 145% de hacinamiento carcelario (18.400 PPL en CRS con capacidad para 7.500 detenidos).

El hacinamiento bajó al 60%. En el 2010 existen 12.000 PPL en los CRS. En cárceles sin groseros hacinamientos, es posible implementar políticas de rehabilitación social.

Por falta de defensa el promedio de duración de un juicio penal era de 22 meses.

La presencia de una defensa técnica genera que los tiempos procesales promedio sean hoy de 6 meses. (73% de ahorro procesal)

Las audiencias, en gran porcentaje, no se realizaban por falta de defensor.

No supera el 1% de audiencias fallidas por falta de defensor público, pese al escaso número de defensores (gracias a un adecuado modelo de gestión).

No existía ningún sistema de atención directa al cliente.

• 1 Línea 1-800 DEFENSA implementada para brindar servicio al cliente de la defensoría pública.

31 RENDICIÓN DE CUENTAS

ANTES

DESPUÉS

No existía sala de audiencias de flagrancia.

Construcción de 1 sala de audiencias, moderna y totalmente equipada, en la Policía Judicial de Quito, para mejorar la calidad de las audiencias de formulación de cargos y control de flagrancia.

No se mantenía grabaciones de audiencias de flagrancia

Implementación y aplicación de tecnologías para registro de las audiencias orales en las audiencias de flagrancia.

Las PPL no tenían asistencia jurídica en los CRS.

• Implementadas oficinas de atención a las PPL en los CRS de Quito y Guayaquil. • En trámite de implementación en Portoviejo y Santo Domingo.

Inexistencia de un plan de capacitación.

• Plan de capacitación acorde con la necesidad del cambio cultural para la implementación de la oralidad. • Realización de varios seminarios internacionales sobre herramientas de litigación oral con la intervención de capacitadores de España, Francia, Chile, Argentina, etc. • Más de 500 operadores de justicia (defensores, jueces y ﬁscales), capacitados por la Defensoría Pública.

No se regulaba prácticas pre profesionales y pasantías.

El Código Orgánico regula: • Acreditación de consultorios jurídicos gratuitos. • Prácticas preprofesionales. • Pasantías

32 RENDICIÓN DE CUENTAS

CERO PRESOS SIN SENTENCIA

Ante las graves condiciones de hacinamiento que prevalecía en las cárceles del país, en agosto de 2007 el Presidente de la República, Economista Rafael Correa Delgado, tomó la decisión de crear la Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal. La primera misión que asignó a esta institución fue revisar los expedientes judiciales de las personas detenidas, a fin de verificar el debido proceso de sus causas penales y su acceso a una defensa ética y profesional. Producto del trabajo desplegado por la Unidad, desde aquella fecha, se lograron cerrar con sentencias, en unos casos, y boletas de libertad en otros, más de cinco mil procesos judiciales. Con base en estos resultados, en octubre de 2008 la Asamblea Constituyente instituyó la Defensoría Pública, con la misión de garantizar el acceso universal a la justicia, en especial de aquellas personas que en razón de su condición económica o social no puedan sufragar los costos de un abogado defensor. Fue así como, en enero de 2009, el Presidente Constitucional de la República encomendó a la Defensoría Pública, la tarea de reducir a cero el número de personas privadas de libertad y sin sentencia, a cuyo fin debía aplicar los recursos constituciones y legales que promuevan la resolución judicial definitiva de sus causas. Para el efecto, se estableció como fecha límite el mes de agosto de 2009, de modo coincidente y altamente significativo con la efemérides del bicentenario del Primer Grito de Independencia en América. Tal como puede apreciarse del cuadro abajo inserto, en agosto de 2007 en las cárceles del país existían 11.904 personas privadas de libertad sin sentencia, cifra que representaba el 64% de la población carcelaria total, uno de los índices más altos de América. 33 RENDICIÓN DE CUENTAS

Ecuador: Situación Procesal en las Carceles del País A AGOSTO DE 2008 (2)

A AGOSTO DE 2007 (1) PROVINCIA

A AGOSTO DE 2009 (3)

Total personas privadas de libertad

Sin sentencia

Total personas privadas de libertad

Sin sentencia

Total personas privadas de libertad

Sin sentencia

7.6464

5.902

4.276

3.325

4.080

2.070

Pichincha

2.735

1.326

3.007

1.149

2.213

985

Resto Provincias

8.294

4.676

6.249

2.042

4.986

2.327

11.904

13.532

6.516

11.279

Guayas

Total % sin sentencia

18.675 64%

48%

5.382 48%

Fuente:

(1) Consejo Nacional de la Judicatura -18/07/07. (2) Censo Social Demográfico Penitenciario -26/05/08 - levantado por la Defensoría Pública. (3) Listado remitido por la Dirección Nacional de Rahabilitación Social al CNE - 31/01/09 Elabaración: Defensoría Pública

A propósito del Primer Censo Social Demográfico Penitenciario, hecho en mayo de 2008; como efecto directo de la creación de la Defensoría Publica y el accionar de los defensores públicos, se pudo verificar una notable disminución en el porcentaje de los presos sin sentencia. En efecto, según lo demuestra el mismo cuadro, a esa fecha el índice en referencia descendió del 64% al 48% del total de la población carcelaria. Durante los siete meses subsiguientes, es decir hasta enero de 2009, la Defensoría Pública logró mantener estable el porcentaje de presos sin sentencia, conforme puede apreciarse en el mismo cuadro. El siguiente balance general fue sobresaliente. Con la colaboración de los demás operadores del Sistema de Justicia, se logró reducir la proporción de presos sin sentencia, desde el 48% vigente en enero de 2009, hasta el 11% a julio del mismo año. Conforme lo demuestra el siguiente cuadro, el número de personas privadas de libertad y sin sentencia en enero de 2009, ascendía a 5.382. De allí logró reducirse a 1.225 personas a julio del mismo año, lo que representó una disminución de 37 puntos porcentuales en dicho lapso. 34 RENDICIÓN DE CUENTAS

Ecuador: Presos sin Sentencia A ENERO DE 2009 (1)

A JULIO DE 2009 (2)

A AGOSTO DE 2009 (2)

Sin sentencia

Sin sentencia (proyectado)

Total personas privadas de libertad

Sin sentencia

Guayas

4.080

2.070

625

457

Pichincha

2.213

985

200

4.986

2.327

400

381

11.279

5.382

1.225

838

11%

PROVINCIA

Resto Provincias Total % sin sentencia

48% Fuente:

(1) Listado remitido por la Dirección Nacional de Rehabilitación Social al CNE - 31/01/09. (2) Registro de la defensoría Pública. Elabaración: Defensoría Pública

Al 31 de agosto de 2009, el número de presos sin sentencia descendió aún más, hasta un porcentaje de un solo dígito (7%) -siempre tomando como línea de base las cifras de presos sin sentencia a enero de 2009- lo que constituyó un logro inédito del Gobierno y del Sistema de Justicia del país; se debe recordar que dos años atrás, el mismo índice se situaba en una ignominiosa tasa del 64%. Este logro ya ubicaba al Ecuador dentro de los países de América que registran los mejores estándares de eficiencia procesal. En efecto, de acuerdo con el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito (ILANUD), el promedio regional de presos sin sentencia se ubica en 69%, de modo que la tasa de 7% que reportaba el Ecuador a agosto de 2009, constituía la más baja de la región. Es necesario precisar que las nuevas causas penales que ingresaron con posterioridad a la línea de base del proyecto -31 de enero de 2009-o podrían considerarse procesos sin sentencia, pues corresponden a personas encausadas cuyos expedientes inician su trámite dentro de los plazos legalmente establecidos, esto es, seis meses para delitos de prisión y doce para los de reclusión. 35 RENDICIÓN DE CUENTAS

Puesto que las cifras al 31 de agosto de 2009, correspondían en su totalidad a personas cuyas causas judiciales ya se encontraban en los tribunales de justicia, es decir, en la última etapa de sus procesos, y por tanto muy próximas a obtener sentencia, los valores aritméticos de presos sin sentencia finalmente llegaron a cero el 30 de septiembre de 2009, con lo cual, la meta del proyecto logró su total y absoluto cumplimiento. Las personas que están con prisión pocos días o semanas no se consideran presos sin sentencia porque se encuentran dentro de los plazos legales de duración del proceso. Se pudo entonces declarar al Ecuador, territorio libre de indefensión y de presos sin sentencia.

Presos sin sentencia TENDENCIA 20.000 18.000 16.000

Personas

14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0

Total presos Sin sentencia

agosto de 2007

mayo de 2008

enero de 2009

julio de 2009

agosto de 2009

septiembre de 2009

18.675 11.904

13.532 6.516

11.279 5.382

11.279 1.225

11.279 838

11.279 0

El proyecto, además, conllevó una serie importante de efectos sobre diversos componentes y variables sistémicas que merecen destacarse. En primer lugar, debe subrayarse que si bien se perseguía una meta cuantitativa muy específica -cero presos sin sentencia- su objetivo fundamental se orientó a impulsar los procesos penales, a fin de que éstos lleguen a los tribunales y obtengan resoluciones judiciales definitivas, dentro de los plazos legalmente establecidos, estos son, seis y 36 RENDICIÓN DE CUENTAS

doce meses según delitos de prisión o reclusión, respectivamente. En consecuencia, el objetivo no consistía en obtener la libertad indiscriminada de las personas encausadas penalmente, sino garantizar su acceso a la justicia, observando el debido proceso y la oportuna resolución judicial de sus causas. Algunos factores contribuyeron al cumplimiento de esa ambiciosa meta. Entre ellos debe relievarse la implementación del procedimiento de oralidad en audiencias, lo que a su vez redujo los tiempos y ciclos procesales. Otros elementos coadyuvantes guardaron relación con las recientes reformas al Código de Procedimiento Penal, tendientes a instrumentar un sistema acusatorio, en el que se considera la aplicación de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, según los casos. Los resultados globales se alcanzaron por la acción conjunta de todos los operadores de justicia: Fiscalía, Policía Judicial, Consejo de la Judicatura, Jueces, Tribunales, Dirección de Rehabilitación Social y Defensoría Pública. Los objetivos del proyecto fueron promovidos por el Ministerio de Justicia, mediante la suscripción de acuerdos interinstitucionales, cuyo cumplimiento derivó en los efectos favorables antes mencionados. El Proyecto “Cero Presos sin Sentencia ” y sus exitosos resultados, deben tener continuidad y sostenibilidad en el tiempo. A tal efecto, se han emprendido varias actividades y se trabaja en líneas de acción, como se puntualiza a continuación: Fortalecer la institucionalización de las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva; afianzar los procedimientos de oralidad en audiencias; asegurar el cabal cumplimiento de los acuerdos mínimos interinstitucionales; implantar definitivamente un sistema informático procesal integrado que permita conocer el trámite, la etapa, los tiempos y actores de todas las causas conocidas por el sistema judicial; implantar definitivamente un sistema informático penitenciario, que permita conocer la nómina actualizada de las personas privadas de libertad por cualquier causa y materia (penal, tránsito, menores infractores y otros). En consecuencia, se puede afirmar de modo inequívoco que a octubre de 2011, no existen presos sin sentencia en el país. Prueba de ello, constituye la ausencia absoluta de caducidades de la prisión preventiva y, de otra parte, el monitoreo efectuado por Defensoría Pública, por el que se ha constatado que las causas penales que al momento se tramitan en las judicaturas del país, no superan los seis meses de duración.

37 RENDICIÓN DE CUENTAS

DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ECUADOR UN MODELO DE GESTIÓN EJEMPLAR EN EL SECTOR JUSTICIA Testimonio de lo que hemos logrado, y cómo lo hemos logrado, en los primeros cuatro años de creación de la institución. Por: Giovanni Veintimilla Estuardo Salazar Guerrero Asesores de la Defensoría Pública

OBJETIVOS La Defensoría Pública fue institucionalizada por la Constitución del Ecuador, de la que recibió la categoría de órgano autónomo de la Función Judicial. Su Misión y Objetivos están detallados en la Constitución, y bien podrían resumirse en un solo enunciado: Garantizar el acceso a la justicia para la protección de los derechos de las personas en indefensión. Como veremos más adelante, nuestra planificación institucional otorgó a los términos “garantizar” e “indefensión”, un supremo significado y trascendencia. Y por supuesto, la Constitución también ha determinado los parámetros bajo los cuales deberemos procesar y entregar el servicio de defensoría, esto es: Un servicio técnico, oportuno, eficiente, eficaz y gratuito. 38 RENDICIÓN DE CUENTAS

ALCANCE DEL SERVICIO Sin embargo, los estándares de servicio no concluyen allí, pues la Constitución, además, reservó para la Defensoría Pública del Ecuador, una misión singular y gigantesca: Entregar servicios de patrocinio y asesoría legal en todas las materias e instancias. Podríamos concluir, entonces, que la Defensoría Pública fue creada para intervenir directamente en la transformación social del país, y alcanzar el Estado Constitucional de derechos y justicia, que dispone el primer artículo de la Constitución del Ecuador.

PROBLEMA I El primer problema grave que debió enfrentar la Defensoría Pública del Ecuador, se resume en tres palabras: Presos Sin Sentencia. La situación inicial en agosto de 2007, ubicaba al Ecuador como el país con el más alto índice de personas sin sentencia y privadas de libertad. Este porcentaje ascendía al 64%, pues de 18.675 personas recluidas, 11.904 permanecían sin sentencia. Las acciones iniciales de la Defensoría Pública arrojaron un primer resultado alentador. A mayo de 2008, logramos reducir dicho porcentaje a 48% (16 puntos porcentuales menos que la situación recibida nueve meses atrás..!) El subsiguiente balance, en enero de 2009, demostró que habíamos logrado mantener el ratio de 48%, con una disminución importante tanto en el número de privados de libertad, como en la cantidad de personas en espera de una resolución judicial. Sin embargo, no considerábamos que éstos resultados fuesen suficientes. Y en consecuencia, nos impusimos una meta aparentemente ilusoria: Reducir a un solo dígito el índice de presos sin sentencia.

39 RENDICIÓN DE CUENTAS

PROBLEMA I ECUADOR Situación en las Cárceles A AGOSTO 2007 A MAYO 2008

A ENERO 2009

PRIVADOS DE LIBERTAD

SIN SENTENCIA

PRIVADOS DE LIBERTAD

SIN SENTENCIA

PRIVADOS DE LIBERTAD

SIN SENTENCIA

Guayas

7.646

5.902

4.276

3.325

4.080

2.070

Pichincha

2.735

1.326

3.007

1.149

2.213

985

Otras Provincias

8.294

4.676

6.249

2.042

4.986

2.327

18.675

11.904

13.532

6.516

11.279

5.382

PROVINCIA

TOTAL % sin sentencia

64%

48%

PROBLEMA II El segundo problema es el que determinará la misión de la Defensoría Pública por los próximos diez años. Nos referimos a lograr reducir los índices sociales de indefensión y de conflictividad del país. El dimensionamiento de nuestra demanda de servicios, parte de la población nacional proyectada, y con base en varias fuentes estadísticas, nos fue posible determinar que al menos el 32% de la población está afectada por condiciones de vida de grave vulnerabilidad —que conllevan un alto riesgo de indefensión legal— estas son: Pobreza de consumo, analfabetismo, desnutrición crónica, y etnicidad rural. En cifras, esto significa que los casos de indefensión apremiante que cada año reclamarán la atención de la Defensoría Pública, podría ascender a 113 mil conflictos en todas las materias. 40 RENDICIÓN DE CUENTAS

Puesto que nuestra capacidad instalada de servicio, no podía superar el umbral de 21 mil casos por año, el ratio institucional de cobertura alcanzará tan solo el 19%, lo cual nos deja un índice de indefensión de 81%. Y nuevamente, surge la interrogante de cómo implementar un servicio de defensoría pública, que reduzca al mínimo el índice de indefensión, produciendo altos volúmenes de resolución de conflictos sociales por año.

PROBLEMA II ECUADOR INDICE DE INDEFENSIÓN POBLACIÓN Proyectada 2010 Indice de Vulnerabilidad Social

14.204.900 32,7%

POBLACIÓN en Vulnerabilidad Social

4.645.002

FAMILIAS en Vulnerabilidad Social

1.105.953

Conflictividad Anual (Judicialización)

10,3%

CASOS en Indefensión Apremiante

113.451

CAPACIDAD DEFENSORÍA PÚBLICA

21.760

Cobertura

19% 81%

Indice de indefensión

ASINCRONISMO Para resolver estos problemas, partimos de una hoja en blanco, y pusimos en duda incluso el clásico método de asesoría jurídica, por el cual, un mismo abogado simultáneamente atiende —o intenta atender— varias causas, que tienen diversos grados de complejidad y están situadas en distintos momentos procesales: 41 RENDICIÓN DE CUENTAS

Unas causas en Flagrancia, otras en Etapa de Investigación, algunas en Juzgamiento; y en adición a todas éstas, asistir también a Audiencias y tramitar Rebajas de Penas y Libertades. Esto supondría para cada abogado defensor, pretender administrar un caos, en el que sus causas judiciales carecen de simultaneidad y concordancia en el tiempo; en otras palabras, un asincronismo. Esta metodología de trabajo probablemente podría soportar 10 o hasta 20 causas simultáneas, pero resultaría completamente disfuncional para patrocinar, por ejemplo, una cartera de más de 11.000 casos penales sin sentencia. En consecuencia, nos despojamos del paradigma de “varias causas para un abogado”.

42 RENDICIÓN DE CUENTAS

SINCRONISMO En su lugar, introdujimos el “sincronismo”, por el cual, asignamos “varios abogados para una causa”. Y de esta forma, el cliente se beneficiaría del aporte especializado de varios defensores, uno para cada etapa procesal del mismo caso penal. Claramente esta nueva metodología de trabajo nos permitiría aplicar un crecimiento ordenado y equitativo en el número de defensores, destinándolos prioritariamente a la etapa procesal con mayor volumen de casos, y luego redistribuyéndolos según la movilidad y evolución de la cartera. En contraste, la rigidez propia del método “asincrónico” únicamente nos permitiría ensayar soluciones incrementales, que expanden la plantilla de abogados -y los costos asociados- de modo indefinido, sin ofrecer ninguna garantía de eficacia.

43 RENDICIÓN DE CUENTAS

DEPARTAMENTALIZACIÓN POR PROCESOS La implantación de esta organización por procesos, nos reportó extraordinarias ventajas para el manejo de un alto volumen de servicios, celeridad en las resoluciones y economía de recursos. Así, logramos estructurar una cadena secuencial de actividades especializadas, en cada una de las cuales se procesaba y resolvía la situación judicial de miles de personas en prisión. Seguidamente, la implementación orgánica interna, fue una consecuencia de nuestro concepto de organización por procesos. Si la trayectoria y desarrollo de una causa penal la habíamos dividido por fases, era lógico entonces que la departamentalización y el organigrama estructural observara idénticas etapas.

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De esta forma, el Área de Patrocinio Penal fue subdividida en Departamentos especializados, según el valor jurídico y social que éstos aportan a la resolución definitiva de una causa penal. Dicho en términos industriales: Una Cadena de Valor -en nuestro caso, jurídica- en la que transita la causa y no el abogado. Los Departamentos en cuestión son: Flagrancia, Investigación y Audiencias, Juzgamiento, Impugnación y Recursos, y por último, el Administrativo Penal. Hemos elaborado un primer manual de procesos, que especifica para cada etapa, sus insumos, productos, actividades críticas e indicadores de gestión. Contamos además, con protocolos y procedimientos de transferencia de casos de un proceso al subsiguiente. Y este esfuerzo documentario nos ha animado a tramitar la certificación de calidad ISO 9001.

PATROCINIO SOCIAL Una vez diseñada e instalada nuestra estructura de servicio penal, nos quedaba por resolver la forma de organización del servicio de defensoría pública para todas las demás materias. En este caso, aplicamos una variante del concepto de organización por procesos, nos referimos a: Los gradientes de servicio. Se fundamenta en la tesis empírica -ampliamente aplicada- de que, no todos los ciudadanos requieren el mismo servicio, ni todos califican para el mayor servicio. En consecuencia, procedimos a segmentar tres niveles de atención. En el primero de estos -nivel primario o preventivo social- la Defensoría Pública entrega una asesoría básica y breve, al tiempo que satisfactoria para el cliente. Este segmento cubre los requerimientos del 80% de personas que acuden o llaman a nuestras oficinas. 45 RENDICIÓN DE CUENTAS

El segundo piso de servicios está destinado a los grupos de atención prioritaria, conforme los define la Constitución del Ecuador: Discapacitados, madres solteras, analfabetos, adultos mayores, indígenas y minorías sociales. En este nivel, además de la asesoría básica, los ciudadanos reciben ayuda instrumental en la tramitación documentaria de sus causas judiciales. Aproximadamente el 15% del grupo de clientes de la Defensoría Pública, corresponde y califica para este nivel de asistencia legal. Y finalmente, el servicio con máximo valor agregado que está reservado exclusivamente para los grupos de atención prioritaria que cumplen, además, uno o más criterios de indefensión: Extrema pobreza, riesgo inminente de la integridad personal o familiar, enfermedad grave, precariedad laboral, marginación social. En este piso de servicios se gestionan patrocinios judiciales de inicio a término, en todas las materias. Y por supuesto, únicamente un 5% de los clientes satisface los criterios de indefensión establecidos para activar este servicio.

BENEFICIO SOCIAL Con base en nuestra organización por procesos, el balance de presos sin sentencia del año 2009, superó nuestras propias expectativas. En colaboración con los demás operadores del Sistema de Justicia, logramos reducir la proporción de presos sin sentencia, desde el 48% vigente en enero de 2009, hasta el 11% en julio del mismo año. Al 31 de agosto de 2009, el número de presos sin sentencia descendió aún más, hasta un solo dígito (7%) -siempre tomando como línea de base las cifras de enero de 2009-; se debe recordar que dos años atrás, el mismo índice se situaba en una ignominiosa tasa del 64%. Es necesario precisar que las nuevas causas penales que ingresaron con posterioridad a la línea de base del proyecto -31 de enero de 2009- no podrían considerarse procesos sin sentencia, pues corresponden a personas encausadas, cuyos expedientes iniciaron y concluyeron su trámite dentro del plazo constitucional de seis meses. 46 RENDICIÓN DE CUENTAS

Los valores aritméticos de presos sin sentencia finalmente llegaron a cero el 30 de septiembre de 2009. Se pudo entonces declarar al Ecuador, territorio libre de indefensión penal y de presos sin sentencia. Actualmente en Ecuador, sin excepción, las causas penales que derivan en prisión preventiva -cuando no ha sido posible aplicar una salida alternativa- obtienen sentencia antes del límite de seis meses o un año establecidos por la Constitución. Esta nueva cultura procesal, marca ahora un enorme contraste respecto de aquella prevaleciente antes de la creación de la Defensoría Pública, cuando era habitual la imposición de prisiones preventivas discrecionales, extensas e indefinidas -de hecho, la Defensoría encontró casos de 3, 5 y hasta 8 años en prisión preventiva sin sentencia-. Dos elementos contribuyeron al cumplimiento de esta meta. La implementación del procedimiento de oralidad en audiencias, lo que a su vez redujo los tiempos y ciclos procesales; y, las reformas al Código de Procedimiento Penal, tendientes a instrumentar un sistema acusatorio, en el que se considere la aplicación de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

EFICIENCIA ECONÓMICA En los últimos cuatro ejercicios la Defensoría Pública del Ecuador ha entregado más de 70.000 servicios de asesoría y patrocinio legal gratuitos. En el mismo lapso, como era de esperar, la cantidad de causas penales se han mantenido, luego de haberse resuelto la emergencia carcelaria. En tanto que, el patrocinio social exhibe una tendencia claramente progresiva, conforme con los lineamientos de nuestra planificación y estrategia institucional. No obstante las desafiantes metas de servicio, el presupuesto de la Defensoría Pública del Ecuador ha sido relativamente modesto, pues ha promediado US$3 millones de dólares anuales, lo que ha significado un costo operativo unitario de US$196 dólares por causa resuelta.

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COBERTURA NACIONAL Nuestra prospectiva para el año 2012 se fundamenta en la implementación del Sistema Nacional de Defensoría Pública. Nuestra institución extenderá su nómina hasta un límite -fiscalmente responsable- de 406 abogados, cuya capacidad instalada de producción estimamos en 21 mil causas por año. La mayor contribución numérica provendrá de las 1.088 entidades acreditadas y asociadas al Sistema de Nacional de Defensoría Pública, que en términos conservadores, anualmente facilitarán 92 mil servicios -entre asesorías, asistencias documentarias, mediaciones y patrocinios legales-. En suma, el sistema debería cubrir con suficiencia, la demanda masiva de servicios de resolución de conflictos, proveniente de los grupos vulnerables, esto es 113 mil por año.

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EPÍLOGO En la historia judicial del Ecuador, gracias a la Defensoría Pública, nunca antes tantos ecuatorianos se habían beneficiado tanto por el trabajo de tan pocos. Todavía hay sectores de la sociedad que no comprenden nuestro trabajo, mas, nuestros principios rectores son universales: La legalidad, el debido proceso, la presunción de inocencia, la proporcionalidad, humanización y valor social de las penas. Una reforma social y judicial exitosa, debe apoyarse en la institucionalidad, y no tan sólo en una institución. Los requisitos indispensables de todo proceso transformador de la justicia -así lo hemos aprendido en la Defensoría Pública-, son los siguientes: Buena voluntad para emprender las reformas, y gran determinación para implementarlas.

PREMIO CONTINENTAL EN BRASIL En noviembre de 2010, la Defensoría Pública del Ecuador recibió el premio continental a las Buenas Prácticas de Gestión, en el marco del VIII Congreso Internacional de Gestión Judicial, organizado por el Centro de Justicia de las Américas y el Consejo Nacional de Justicia de Brasil.

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EL PAPEL DE LA DEFENSA PÚBLICA EN LA JUSTICIA PENAL Por: Ernesto Pazmiño Granizo.

1. Introducción Quiero simplemente realizar un alegato honesto y sentido sobre la importancia de esta institución llamada Defensoría Pública en un Estado constitucional de derechos y justicia y en un sistema procesal penal de carácter adversarial. La Defensoría Pública, en efecto, es la típica institución de garantía dirigida a asegurar efectividad, o por lo menos a reducir la inefectividad, de la justicia penal dentro del modelo garantista del proceso penal, como nos dice Luigi Ferrajoli. Es por todos sabido que, en su modelo teórico, el proceso penal se configura y establece como un procedimiento de verificación y refutación de las hipótesis acusatorias expresadas por la fiscalía. Es esta naturaleza cognitiva, y no discrecional del juicio, lo que constituye su principal fuente de legitimación. La refutación está a cargo de la defensa con la que todo procesado debe contar. En efecto, ella asegura la sujeción del juez penal a la Constitución y luego a la ley, la certeza de que se aplicará el derecho, la igualdad de los ciudadanos frente a la ley, las garantías del debido proceso, su libertad, la seguridad jurídica y la inmunidad frente a los arbitrios policiales y judiciales. La defensa pública representa una garantía fundamental del debido proceso, capaz de contrastar la total inefectividad, dice Ferrajoli, que tiene para los pobres la falta de ejercicio del derecho de defensa y de asegurar, de la mejor forma posible, la paridad entre acusación y defensa y el derecho a someter a refutación la hipótesis del fiscal, que es la condición necesaria para fundar el carácter cognitivo del juicio. 50 RENDICIÓN DE CUENTAS

¿Es la defensoría pública una institución necesaria en un sistema democrático y un mecanismo idóneo para garantizar el acceso a la justicia de los más pobres? Entre los razonamientos y argumentaciones para responder a esta pregunta, surge la necesidad de incorporar el sistema oral para todo el proceso penal, implementar un modelo de gestión técnico y moderno para la Defensoría Pública, el papel del defensor público, su perfil y la necesidad de que las universidades intervengan activamente en la formación de abogados con un nuevo perfil así como en la prestación de servicios jurídicos gratuitos. En razón de que en el Ecuador nunca existió una defensa pública institucionalizada, no puede existir ninguna discusión seria sobre el respeto de las garantías del debido proceso, de las garantías constitucionales o el significado final del garantismo, si no se considera como un tema prioritario la implementación, funciones, el desarrollo y fortalecimiento de la Defensoría Pública como uno de los órganos esenciales y fundamentales del sistema de justicia y del Estado constitucional de derechos y justicia. Por ventura, dentro del debate suscitado a este respecto en América Latina, está consolidada la posición de la necesidad de fortalecer a la defensa pública como una de las instituciones más necesarias en una democracia constitucional y de derechos, y la más importante en un sistema procesal penal garantista de corte adversarial. Por eso se dice que “La presencia del Defensor se hace cada vez más justificada. Su intervención resulta más imprescindible y con mayor frecuencia se le exige a éste que comparezca al proceso para ejecutar una verdadera asistencia técnica, que planifique su trabajo, que valore con su defendido las circunstancias del caso y que se fije una estrategia, que aleje la improvisación y disminuya o elimine el elemento sorpresa, que su asistencia técnica esté marcada por un profesionalismo de calidad”1 Para ello es urgente, previamente, superar aquella concepción tradicional que todavía se mantiene entre algunos jueces y fiscales del Ecuador, quienes consideran a la defensa pública como auxiliar o subsidiaria del sistema de justicia, construido sobre la base del defensor de oficio, que ya fue eliminado, para reflexionar sobre una visión realista asentada en el principio de que el sistema de defensa en un Estado constitucional de derechos y justicia y en un sistema procesal penal acusatorio, gira necesariamente alrededor de la defensa pública como órgano autónomo de la función judicial Hoy hemos culminado el régimen de “transición”, y desde octubre del 2010, una vez que está estructurada la base técnica, viene funcionando la Defensoría Pública como un órgano autónomo de la Función Judicial acatando el mandato que en este sentido 1. Yesid Ramírez Bastidas, El juicio oral, Bogotá, Editorial Doctrina y Ley Ltda., 2004, 2da. Edición, pág. 219.

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establece la Constitución. El reto ahora es implementar técnicamente esta institución para convertirla en un referente, en un modelo de organización dentro de las instituciones del sector justicia. Por ello, no nos cansaremos de repetir que, para que se instale un verdadero proceso acusatorio, no sólo debemos contar con una fiscalía o Ministerio Público sólido, que conozca e impulse las mejores estrategias de acusación, sino que es imperioso construir una defensa pública2 consistente, que pueda hacerse cargo de plantarse firmemente ante los fiscales, como genuinos interlocutores, para desplegar ante los jueces imparciales y garantistas, el litigio. Es más, y no exagero al afirmarlo, el sistema adversarial no puede funcionar si no existe una defensa pública técnicamente fortalecida. Por otro lado la reciente incorporación de la oralidad en las etapas previas al juicio, obliga a una preparación más profunda de los operadores de justicia: jueces, fiscales y defensores, en herramientas y técnicas de litigación oral. El cambio, más que normativo es cultural y bastante esfuerzo y capacitación será necesario emprender para lograr esta transformación. Hasta tanto, seguiremos observando que muchos fiscales solicitan prisión preventiva por cualquier motivo, inclusive por presuntos delitos que no son lo suficientemente sólidos como para llegar a juicio, y veremos a algunos jueces muy complacientes, muchas veces por temor a la tiranía de la opinión pública, que ordenan prisión preventiva sin fundamentos técnicos, sin motivación y desconociendo el principio de proporcionalidad que la actual Constitución exige. Audiencias concretas, en los que se debaten temas específicos, como las de medidas cautelares o suspensión condicional que no deberían durar más de 15 minutos, se las realiza en más de dos horas por la costumbre de los abogados a realizar largos discursos en los que abordan inclusive temas de la responsabilidad del procesado, que son propios de la audiencia de juicio. Es necesario enfatizar que sólo un gobierno democrático, sensible ante los problemas de las grandes mayorías empobrecidas, pudo haber realizado tanto esfuerzo para en tan poco tiempo crear la defensoría pública como una institución con elevadas fortalezas. Diremos claramente que para consolidar un Estado constitucional de derechos, es imprescindible generar las condiciones para que existan instituciones de defensa pública sólidas. Se dice que uno de los segmentos del sistema de justicia a través del cual puede hacerse una evaluación para determinar hasta dónde se prestan atención a los sectores más desprotegidos es el de la defensa pública. Así, Eugenio Raúl Zaffaroni expresa: 2. Ernesto Pazmiño Granizo, Desafíos y Perspectivas de la Defensoría Pública en el Ecuador, en La Transformación de la Justicia, Santiago Andrade y Luis Avila, Editores, tomo 7 de la Serie Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Ecuador, 2009, pág. 322.

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“...puede afirmarse que el indicador del grado de realización del Estado de Derecho en nuestra región está dado por la autonomía y el poder de la Defensoría Pública en comparación con las otras agencias del sistema penal. Poco importan códigos procesales acusatorios y jueces técnicamente formados, si carecen de defensa idónea quienes más la necesitan... el Estado de Derecho sólo podrá considerarse mínimamente respetado cuando la defensa pública -que se ocupa de los menos poderosos o de los directamente desapoderados- tenga el mismo poder y la misma jerarquía que el ministerio de la acusación, pero, por supuesto, a condición de que sobre ninguno de ambos ponga su zarpa ninguna agencia ejecutiva”3

2. Una defensa pública fortalecida Un sistema acusatorio es un modelo de partes, en el cual la práctica probatoria deja de ser una labor judicial para convertirse en una atribución confiada a las partes en el que el conflicto pertenece a los interesados, eso sí, con la precisión de que al tratarse de materia penal y en concreto en los delitos de acción pública, la sociedad se encuentra representada por la Fiscalía General. Por lo tanto, la producción de la información y con ello la toma de la resolución quedan confiadas a la labor de introducción de información y mutua depuración entre los abogados que representan a cada una de las posiciones. Por estos motivos es que en un diseño de esta naturaleza, resulta simplemente inviable la recta y equilibrada administración de justicia, si no se cuenta con instituciones fuertes capaces de asumir la representación de los intereses tanto de los ciudadanos como de la sociedad. Se entenderá que la necesidad de formar una Defensoría Pública muy robusta y fortalecida es más indispensable que las otras agencias del sistema penal ya que ésta se encarga de garantizar los derechos fundamentales de la parte más débil del proceso penal: los procesados, especialmente de aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad. El sistema adversarial, entonces, exige la creación de instituciones fuertes y que actúen a un nivel similar o equivalente. El acceso a la justicia se ve reflejado en la creación de un ente especializado de persecución criminal que debe velar por los intereses de la comunidad, labor que se desarrolla de modo gratuito y que en la práctica supone una gran diferencia con 3. Eugenio Raúl Zaffaroni, en “Introducción” de “Pena y Estado”, Revista Nº 5, Ediciones del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INECIP, Buenos Aires, 2002, p. 20

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el antiguo sistema, toda vez que se ha creado un organismo público independiente encargado de dirigir las investigaciones, acopiar las evidencias y tomar en cuenta las peticiones de las víctimas, quienes de todos modos tienen derecho a querellarse y de actuar autónomamente si estuvieran disconformes con las decisiones adoptadas por el Ministerio Público.

3. Litigio Estratégico Este es otro aspecto relevante que requiere un cambio de visión. Hasta hoy, la defensa y las restantes instituciones se han auto concebido como tramitadoras de casos individuales inclusive sin relevancia. Esta visión tiene una seria limitante: El perder de vista que la justicia, incluso en países donde la jurisprudencia no tiene todo el peso que debería, suele tener un influjo importante en el devenir del funcionamiento de la justicia. Una visión meramente logística o de tramitación de casos individuales, ha generado una visión reduccionista de las posibilidades reales que se presentan por vías judiciales alternas. Es cierto que la vía necesaria de la defensa pública en materia penal viene dada por las acciones propuestas por la acusación. Desde esta perspectiva es poco lo que en esta materia podría hacer la defensa. Un cambio de visión que no se centre en casos individuales y trate de generar rupturas al funcionamiento del sistema de justicia, puede llevar a explorar la oportunidad de ser proactivo y desde la defensa atacar los cuellos de botella que generan los verdaderos problemas del esquema tradicional de la justicia penal. Por ejemplo, considero indispensable y urgente que la defensa comience a plantear denuncias penales, para los casos de prisión ilegal, contra jueces fiscales y policías dependiendo de las responsabilidades del caso concreto. Si a estos casos se les otorga el trato generado bajo la óptica de litigio estratégico descrita anteriormente, el potencial que adquiere se incrementa de manera considerable. Los casos de indemnizaciones contra el Estado por daños y perjuicios ocasionados por los jueces de garantías penales al mantener en situación de preso preventivo a un procesado que luego es declarado inocente, debe ser asumido urgentemente por la Defensoría Pública para evitar que esos niveles de irresponsabilidad e injusticias no sean cosa de todos los días en nuestro país. Estas situaciones constituyen un verdadero bochorno por la irresponsabilidad de algunos jueces y fiscales.

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4. Justicia penal consensual El nuevo Código de Procedimiento Penal y la reforma introducida en el mes de marzo de 2009, abrieron una serie de oportunidades procesales, las mismas que deben ser usadas de manera inteligente por la defensa para generarlas. Lamentablemente, la experiencia de estos años, me obliga a anotar que si no se lo hace de una manera adecuada, también pueden existir riesgos importantes: El primero, relacionado con el hecho de que si estas herramientas son dejadas al sano criterio o entendimiento de cada uno de los defensores, no sería extraño que su utilización resulte realmente marginal. Un segundo riesgo, se relaciona con los derechos de los defendidos, en razón de que al no contarse con información suficiente, puede optarse por la aceptación de un acuerdo desfavorable para los intereses del defendido. A pesar de que la defensa en Ecuador todavía no ha superado este problema, me permito plantear un par de reflexiones que parecen tener potencial. En las grandes ciudades, en las cuales los recursos humanos lo permiten, parece una opción interesante el contar con una unidad especializada en estos temas, de manera centralizada, que tome la iniciativa en los casos en que al reunir ciertas condiciones básicas, tengan el potencial de recibir este tipo de trato. Los acuerdos básicos para aplicar salidas alternativas al proceso ordinario tales como: acuerdos reparatorios y suspensión condicional, son indispensables. Debemos trabajar urgentemente en los protocolos y los acuerdos que sirvan para fortalecer las audiencias de flagrancia, pues esta es la ocasión en la cual pueden aplicarse tales salidas alternativas. Para que tengan éxito estos acuerdos, lógicamente hay que establecer políticas institucionales entre los operadores de justicia (jueces, fiscales y defensores).

5. Estudios e información estratégica Entre algunas estrategias anotadas, ha salido a relucir la relevancia de contar con la información estratégica relevante; en este sentido se ha constatado la necesidad de contar, además, con una unidad de estudios especializada que genere este tipo de conocimientos. Por ello es que resulta indispensable acotar su funcionamiento a temas estratégicamente elegidos, con un matiz fuertemente empírico capaz de levantar información real sobre el funcionamiento de la justicia y en especial de la defensa e igualmente capaz de posicionar esta clase de temas centrales en la mesa de discusión a fin de otorgar el soporte necesario para el impulso y aprobación de las tesis institucionales. 55 RENDICIÓN DE CUENTAS

6. Sin defensa pública se limita el acceso a la justicia. Recordaré lo que Bennet H. Brummer, defensor público de Florida, decía en una conferencia. Manifestaba que los defensores públicos, en cualquier jurisdicción y lugar que trabajen, tienen mucho en común especialmente en los propósitos del trabajo. Decía: “La policía siempre será la policía, los jueces siempre serán los jueces, los fiscales siempre serán los fiscales y los Defensores Públicos siempre seremos los Defensores Públicos. Generalmente, somos tratados como los hijos ilegítimos de la reunión familiar. Al principio de un juicio, sería realista esperar que el juez pregunte: “Señor Defensor, está usted listo?” Y luego de tener una respuesta afirmativa, preguntar: “Señor Fiscal, estamos listos?4 . Si en Miami existe ese temor, en América Latina ha sido permanente el criterio de considerar al defensor público la parte más débil de la relación procesal y la “cenicienta de la familia judicial”. Ello, a más de lo que en el siguiente punto expresaremos, explica la poca importancia que en el Ecuador se dio a la existencia de un sistema de defensa pública. Nunca existió en el Ecuador defensa pública institucionalizada pese a que incorporamos el sistema adversarial a nuestro procedimiento penal. Sin embargo, por ventura, las cosas van cambiando y el defensor, ahora, como lo concibe nuestra Constitución, debe estar siempre motivado para lograr y alcanzar en su gestión, honor y dignidad para los propios defensores, para sus clientes, para su oficina, para su institución pública y para todo el sistema de justicia. Los jueces y fiscales han aprendido a respetar a la defensora o al defensor público y a vernos como parte indispensable del sistema de justicia, especialmente en el área penal. En el Ecuador, la gran mayoría de personas procesadas por delitos son pobres; la principal clientela de nuestras cárceles provienen de los barrios marginados; pobreza es sinónimo de injusticia ya que aquellos que no pueden pagar un abogado quedan a merced del Estado y esto se evidencia en el alto porcentaje de presos sin sentencia que existían pese a que estaban detenidos 4, 8 y hasta diez años. Nunca me cansaré de afirmar algo de lo que cada día más me convenzo: “el preso está preso más por pobre que por delincuente” y esta marginalidad tiene consecuencias gravosas tanto para los afectados como para el Estado y la propia sociedad. Los elevados índices de pobreza en un país, obligan a establecer adecuados sistemas de defensa pública como un factor indispensable para el éxito de modelos orales o adversariales construidos básicamente en torno a los principios de inmediación y de presunción de inocencia y el derecho a una defensa efectiva y de calidad, no de caridad. Dr. Ernesto Pazmiño Granizo. DEFENSOR PÚBLICO GENERAL (I) 4. Bennett H. Brummer, en “DEFENSA PÚBLICA”, Revista de la Defensa Pública de Costa Rica, octubre del 2003. Memoria del Primer Congreso Interamericano de Defensorías Públicas. Tema: Un Modelo Norteamericano: La Perspectiva de Miami, pág. 13.

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¿ POR QUÉ ES NECESARIA UNA DEFENSORÍA PÚBLICA ? Por: Adolfo Casares.

Existe una frase muy bien lograda de Jorge Eliécer Gaitán -político y abogado colombiano cuyo asesinato el 9 de abril de 1948 dio origen al tristemente recordado “bogotazo”-, que dice: “El que sentencia una causa sin oír la parte opuesta, aunque sentencie lo justo es injusta la sentencia”. En otras palabras, el ejercicio efectivo del derecho a defenderse es una condición inseparable e indispensable para poder hablar de justicia. Es por todos conocido que el derecho a la defensa se halla consagrado a nivel internacional principalmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 - es decir, hace más de 60 años-, cuyo artículo 10 expresa: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”. De igual modo, el numeral 1 del artículo 11 del mismo instrumento, manifiesta: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.” En el Ecuador, ya la Constitución aprobada el 10 de marzo de 1861 incluyó una disposición sobre este tema: “Ningún ecuatoriano puede ser puesto fuera de la protección de las leyes, ni distraído de sus jueces naturales, ni juzgado por comisión 57 RENDICIÓN DE CUENTAS

especial, ni por ley que no sea anterior al delito, ni privado del derecho de defensa en cualquier estado de la causa.” (artículo105). Las Constituciones posteriores han consagrado en términos más o menos similares esta garantía. Sin embargo, es evidente que no todas las personas se hallan en capacidad y en posibilidades de ejercer a cabalidad este derecho, principalmente por razones económicas, pero también por factores culturales, sociales, de educación, etc. Por ello, la anterior Constitución Política de la República que rigió en el país desde el 11 de agosto de 1998 hasta el 19 de octubre de 2008, significó un avance en esta materia, al haber dispuesto en el numeral 10 de su artículo 24, que: “Nadie podrá ser privado del derecho de defensa en ningún estado o grado del respectivo procedimiento. El Estado establecerá defensores públicos para el patrocinio de las comunidades indígenas, de los trabajadores, de las mujeres y de los menores de edad abandonados o víctimas de violencia intrafamiliar o sexual, y de toda persona que no disponga de medios económicos”. El legislador en materia de defensa había olvidado las condiciones de desigualdad existentes entre las personas. Así, por ejemplo, la Ley Orgánica de la Función Judicial, Codificada por la Comisión Legislativa el 6 de octubre de 1959, ya contempló la existencia de los denominados “defensores de pobres” y también de los “defensores especiales de pobres”, a quienes, como Abogados, les correspondía patrocinar a los pobres que acudieren a ellos en demanda de consejo, dirección o intervención en los asuntos o controversias que requerían conocimientos del Derecho (artículo 210). Igualmente, la anterior Ley Orgánica de la Función Judicial, promulgada el 11 de septiembre de 1974, contemplaba la designación de defensores públicos, a quienes les correspondía patrocinar a las personas que tuvieren escasos recursos económicos en los asuntos civiles, penales, laborales, mercantiles, de tránsito, de inquilinato, litigios de cualquier índole o de policía, contratos, transacciones, documentos y gestiones de orden administrativo, en forma obligatoria y gratuita, sin perjuicio del honorario que podía fijar el juez, en caso de que el juicio se hubiere ganado con costas (artículo 144). Sin embargo, la dependencia institucional de estos defensores públicos, su falta de formación específica para cumplir ese rol, la escasa importancia que se dio a su labor, reflejada en el reducido número de nombramientos realizados, determinó que el impacto social de su trabajo sea prácticamente nulo, en desmedro del derecho de los más necesitados del país a acceder a la justicia. La Constitución actual, por primera vez, crea la Defensoría Pública como un organismo autónomo de la Función Judicial y la regula, como un organismo cuyo fin es garantizar el pleno acceso a la justicia de las personas que por su estado de inde58 RENDICIÓN DE CUENTAS

fensión o condición económica, social o cultural, no pudieran contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos (artículo 191). El sólo recuento de las principales funciones que el Código Orgánico de la Función Judicial asigna a la Defensoría Pública, evidencian su importancia y la necesidad de su existencia, como son las de: a) Prestar gratuita y oportunamente servicios de orientación, asistencia, asesoría y representación judicial a las personas que no puedan contar con ellos en razón de su situación económica o social; b) Garantizar el derecho a una defensa de calidad, integral, ininterrumpida, técnica y competente; c) Prestar servicios de defensa penal a las personas que carezcan de abogado, a petición de parte interesada o por designación del tribunal o juez competente; d) Instruir a la persona acusada, imputada o presunta infractora sobre su derecho a elegir una defensa privada; e) Garantizar que las personas que tengan a su cargo la defensa pública brinden orientación, asistencia, asesoría y representación judicial a las personas cuyos casos se les haya asignado, intervengan en las diligencias administrativas o judiciales y velen por el respeto a los derechos de las personas a las que patrocinen, haciendo primar la orientación a los intereses de la persona defendida; f) Garantizar la defensa pública especializada para las mujeres, niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia, nacionalidades, pueblos, comunidades y comunas indígenas. Anteriormente, el quehacer judicial, especialmente en el campo penal, se cumplía única o al menos principalmente sobre la base de la actuación del juez y del fiscal. En la actualidad, con la creación de la Defensoría Pública, se ha equilibrado el balance entre acusación y defensa, mediante la irrupción seria y profesional del defensor público, siempre dispuesto a cumplir su misión como tal. No obstante lo indicado, es preciso recalcar que la presencia y actuación de la Defensoría Pública, por sí sola, no resolverá los problemas que aquejan actualmente a la administración de justicia. La solución de tales problemas se iniciará tan sólo cuando esta noble actividad sea puesta en manos de personas con alma y vocación de jueces, superiores al resto de ciudadanos, conocedores profundos del Derecho, pero más todavía de la naturaleza humana; jueces independientes, competentes, comprometidos con su trabajo. Aquí cabe decir que no todo abogado, aun cuando haya ejercido brillantemente su profesión o desempeñado la cátedra universitaria, en igual forma durante muchos años, o se haya dedicado a la asesoría y consultoría jurídicas, puede convertirse en juez. Cabe entonces recordar las palabras de Víctor Hugo: “Ser bueno es fácil; lo difícil es ser justo”. Adolfo Casares. Director de Asesoría Jurídica de la Defensoría Pública.

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Hacia un Sistema Nacional de Defensoría Pública Por: Giovanni Veintimilla V.

El problema a resolver: cómo implementar un servicio de defensoría pública con cobertura nacional? La solución (obvia): facilitando su accesibilidad en todo el territorio del país. Pregunta consecuente: cómo entonces garantizar un servicio universal de modo sostenible al más bajo costo posible? Respuesta innovadora: incorporando a las organizaciones locales establecidas. Eficacia y eficiencia, desconcentración y descentralización, coordinación y participación, planificación y evaluación, son algunos de los principios que la Constitución del Ecuador dicta para la administración pública. Sin embargo, aplicar las fórmulas apropiadas de servicio, siempre desafiará la capacidad imaginativa y de gestión de los funcionarios. Ciertamente, el ámbito social es un complejo entramado de intereses, donde la cooperación no es espontánea ni tampoco improvisada. Aún en aquellos casos en los que se ha llegado a un acuerdo unánime sobre problemas y prioridades a atender, los mecanismos de solución demandarán una detallada planificación y esmerada ejecución. Los proyectos sociales llevados a cabo en las últimas dos décadas han aportado ciertas pautas de intervención exitosa, entre las que se destaca una premisa fundamental: es posible eficacia con imposición, pero es inviable eficiencia sin participación. La eficacia de resultados es el primer indicador por el que inmediatamente se juzga un proyecto, y a quien lo ha gestionado, trátese de la producción de bienes o prestación de servicios, públicos o privados. No obstante, los resultados de ejecución únicamente marcan los efectos puntuales, expresados en términos de cantidad, valor monetario o tiempo. 60 RENDICIÓN DE CUENTAS

Revelan la distancia entre lo realizado y lo estimado como estándar de desempeño, mas no ofrecen necesariamente alguna advertencia o prospectiva acerca de la sostenibilidad del proyecto. Su contenido se muestra funcional pero insuficiente. De allí que la evaluación de la eficiencia sea imprescindible y esencial. Existe una correlación causal entre la participación de las estructuras sociales, la economía de los medios y la sostenibilidad de un proyecto a largo plazo. Esta es una ecuación con tres términos que se refuerzan recíprocamente. Por una parte, la evidencia apunta a que la eficiencia en el uso de recursos, determinará la continuidad de un proceso productivo o de servicios, y por otra, sus grados de eficiencia estarán condicionados por la acción apropiada de las organizaciones intervinientes. Se trata de un modelo de desarrollo participativo, edificado sobre un nuevo institucionalismo, según los principios de gobernanza económica - postulados por la primera mujer galardonada con el Premio Nobel de Economía (2009), Elinor Ostrom. La Defensoría Pública tiene la misión constitucional de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos, en todas las materias e instancias. Un cometido de enorme responsabilidad, que no admite excepción alguna en su cobertura. Desde un inicio resultaba claro que el levantamiento de una estructura administrativa propia en cada jurisdicción del país, con el fin de asegurar la accesibilidad del servicio, comprometería un considerable monto presupuestario - probablemente inviable. Se imponía entonces la búsqueda de opciones… La defensa de los indefensos, en su más amplio contexto, corresponde a la esfera de los Derechos Humanos Universales. Y en este sentido, constituye un servicio público; aún más, representa un Bien Público que pertenece y compete a todas las personas. Por tanto, la solución no radicaba en apoyar su implementación en una sola institución sino en un sistema institucional. Dimensionada así la trascendencia del servicio, la incorporación de los gobiernos autónomos descentralizados se reveló como conveniente y necesaria. 799 Juntas Parroquiales Rurales, a través de su consejo nacional, han sido convocadas por la Defensoría Pública para integrar una red de protección de derechos de alcance nacional. Cada una de aquéllas operará como filial de servicios gratuitos de asistencia legal, mediación y patrocinio judicial para la resolución de conflictos. Y a tal propósito, contarán con un coordinador cantonal que asumirá la responsabilidad por el servicio; al efecto se destinara inmediatamente los abogados defensores necesarios y especializados, para atender los casos alertados por las juntas parroquiales de la jurisdicción. 61 RENDICIÓN DE CUENTAS

Esta estructura cumplirá no solo un objetivo instrumental, cual es el acercar el servicio al ciudadano, sino además, promoverá el fortalecimiento de las capacidades de gestión de los gobiernos locales. Su intervención en los procesos de resolución temprana de conflictos, coadyuvará a la construcción de un estado democrático para el Buen Vivir, auspiciara la cohesión e integración social en la diversidad, fomentara las condiciones de seguridad y confianza mutua entre las personas, garantizando la vigencia de los derechos y la justicia y asegurara los servicios públicos que deben ser de calidad, oportunos, continuos y de amplia cobertura. El Sistema Nacional de Defensoría Pública integrará también a los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades, municipios y consejos provinciales, e incorporará a los estudiantes egresados de las facultades de jurisprudencia, que deberán cumplir el año de asistencia legal comunitaria. Por sus condiciones comparativas más favorables, el sistema acreditará su primera prueba de esfuerzo en la provincia de Pichincha, cuyos gobiernos municipales, prefectura y asociación provincial de juntas han expresado su adhesión inmediata al proyecto. En principio, la complejidad del problema enunciado se ha resuelto al reunir a los actores y a las entidades autónomas en una estructura de tipo “multinivel”, ensamblada desde las escalas institucionales más modestas pero dotadas de gran legitimidad política. Ello ha dado como resultado, una sólida estructura social imposible de desmontar, orientada a operar con eficiencia un servicio de interés público que superará la prueba del tiempo. Se ha logrado así poner en marcha un modelo de gestión inédito en Latinoamérica, aplicable incluso para desplegar y profundizar el socialismo de mercado. Un axioma que el neoliberalismo desestimó o ignoró.

Giovanni Veintimilla V. Asesor en Gestión de la Calidad de la Defensoría Pública

62 RENDICIÓN DE CUENTAS

EL ROL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y LOS DERECHOS HUMANOS. Por: Dr. Cristóbal Machuca Reyes

Uno de los componentes fundamentales del derecho de acceso a la justicia que tienen todas las personas en una sociedad libre y democrática, es el derecho a la defensa, tal como está concebido en nuestra Constitución y en los Instrumentos Internacionales ratificados por el Ecuador (la Convención Americana de Derechos Humano y la Declaración Universal de los Derechos Humanos). Sin embargo, el ejercicio de este derecho podría estar en riesgo o quedar como un simple enunciado, si no se dan las condiciones necesarias para su real ejercicio, como por ejemplo, el derecho a contar con un abogado defensor experto y conocedor del Derecho, para que exista el respaldo y apoyo jurídico indispensables, en el momento oportuno, en beneficio de las personas cuyos derechos estén en riesgo de ser violados o desconocidos; por ejemplo, en el caso más extremo, cuando esa persona se encuentra en riesgo de ser privada de su libertad por un acto arbitrario que ordene su detención; o no ser juzgada sino con sujeción a un debido proceso, esto es, poder defenderse y ser oído o escuchado por un juez o tribunal competente, tal como lo establece el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Pero no sólo eso. Tal defensa técnica debe ser de calidad y de fácil acceso, sin impedimentos de ninguna clase para que tenga lugar esta asistencia jurídica de carácter emergente... El cumplimiento de esta garantía constituye un deber primordial del Estado, que promueve y garantiza el acceso a la justicia de todas las personas, sin discriminación, sin exclusión de ninguna especie, asumiendo incluso, los costes de una asistencia 63 RENDICIÓN DE CUENTAS

jurídica para que al ciudadano le sea gratuita. En la práctica, el Estado cumple esta garantía, a través de la atención que brinda la Defensoría Pública, cuya misión es defender gratuitamente a las personas en estado de indefensión, con lo cual se asegura su acceso a la justicia y el respeto a sus derechos humanos fundamentales. Esta noble Institución en el Ecuador nace y se desarrolla, en el marco de la Constitución, con el fin de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social y cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. El nuevo paradigma Constitucional creado en 1998, para la administración de justicia y los procedimientos judiciales con sus últimas reformas, proponen nuevos roles y funciones a las partes y actores procesales; no se trata solamente de cambios meramente formales o normativos, sino también de reformas de carácter cultural que deben llevar a realizar cambios importantes en las instituciones del sistema de justicia, modificaciones estructurales; así como la adquisición de otras capacidades en sus actores para un desempeño más efectivo en los procesos judiciales. Así, el proceso adversarial oral, vigente en el sistema de justicia del Ecuador, fortalece la participación de las partes en la producción y presentación de las pruebas. La oralidad procesal es una metodología más efectiva en la gestión y resolución de conflictos, de alguna manera rompe la brecha que existía entre la ciudadanía y quienes administran justicia, porque hace posible la aplicación de principios muy importantes como son: La inmediación, la concentración, el de la contradicción, la publicidad y la celeridad. De otra parte, el rol eminentemente imparcial y garantista de los jueces contribuye y ayuda a la equidad e igualdad de oportunidades de las partes en su participación en el proceso. Estas características producen procesos generalmente transparentes y justos y un acercamiento de los organismos públicos a la vida y necesidades comunitarias, factores que les confieren una auténtica legitimidad desde la cotidianidad de los poderes públicos. En el marco de protección de los derechos, la Defensoría Pública está a la vanguardia en la tutela de los derechos fundamentales, entre ellos, uno muy importante como es la libertad personal. Tanto en lo doctrinario como en la práctica diaria, su protección se plasma en la garantía judicial de hacer efectivo un debido proceso, que incluye los derechos de comunicación previa y detallada al inculpado sobre la acusación formulada; la concesión del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de una efectiva defensa; el derecho a defenderse; el derecho irrenunciable a ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado; el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, ni a declararse culpable, etc. 64 RENDICIÓN DE CUENTAS

Como se ha dicho, estos derechos son irrenunciables y es por ello que el Estado, las instituciones y los operadores de justicia están llamados a precautelarlos porque son parte esencial de una libre y pacífica convivencia dentro de una sociedad equitativa y democrática. La Defensa Pública Penal, como contraparte del rol acusador de la Fiscalía ( esta última actuando como titular de la acción penal y representante de la vindicta pública ); como defensora del procesado o inculpado, que es parte procesal frente al Juez de garantías, tiene el deber primordial de proteger sus derechos, luchar porque se preserve el debido proceso para su patrocinado, velar por la vigencia del estado de inocencia de su defendido, hasta que no haya una sentencia o resolución de juez competente que diga lo contrario, principio fundamental que está sobre cualquier criterio a priori o preconcebido que pudiera violar este derecho. En ocasiones, cuando tales principios no se respetan o siguen fielmente, aparecen condenas anticipadas que han hecho mucho daño -a veces irreparable- a las personas que han sido injustamente involucradas por el sistema de justicia. La Defensoría Pública en el Ecuador nacida el mes de agosto de 2007, inicialmente para atender a los grupos de personas vulnerables, necesitados de atención prioritaria en materia penal y que fueron históricamente marginados por la sociedad (como son las personas privadas de la libertad y los internos de los Centros de Rehabilitación Social), a partir del año 2009, atiende y ayuda en casos relacionados con la niñez y la adolescencia así como en temas laborales. En suma, la Defensoría Pública del Ecuador, como un organismo clave del Sector Justicia, para alcanzar su actual posicionamiento, ha venido trabajando sistemática y articuladamente con las organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos y con todas las instituciones públicas pertenecientes al sector justicia. Es así como en la actualidad, por el profesionalismo y seriedad con que viene enfrentando sus responsabilidades, se ha ganado un justo reconocimiento social, precursor de la consolidación institucional y preciso antecedente que le permitirá cumplir a cabalidad las complejas tareas a ella asignados, tal como lo establecen la Constitución Política del Ecuador y el Código Orgánico de la Función Judicial. El autor es Coordinador Regional de la Defensoría Pública en el Austro.

65 RENDICIÓN DE CUENTAS

Eliminemos en serio la Picota Pública Por: Jorge Vicente Paladines1

La presentación y publicación de personas aprehendidas por la policía ante los medios de comunicación es una práctica que debe ser corregida en el sistema penal, en especial por las siguientes razones: 1.

Porque viola derechos y garantías.- La policía debe entregar inmediatamente ante un juez -autoridad judicial- a las personas detenidas, tal como lo exige el artículo 7(5) de la convención Interamericana de Derechos Humanos. Para ello, hay dejar en claro que “poner a disposición” no es lo mismo que “entregar”, pues bajo esta primera fórmula se puede prescindir de la presencia física del detenido con simplemente remitir los atestados o partes policiales a la autoridad2. Sin embargo, al ser presentados los capturados primero ante los medios de comunicación, se conculcan derechos y garantías como la presunción de inocencia, la defensa, la honra, el buen nombre, la propiedad de la imagen personal, entre otros.

Porque dificulta la defensa.- Presentar a una persona ante los medios de comunicación y rotularla como “delincuente” dificulta el ejercicio del derecho a la defensa. Cuestiones como la “aparición” noticiosa de los antecedentes

1. Profesor de Criminología Crítica y Política Criminal de la Universidad Andina “Simón Bolívar” 2. El ser presentado debe ser una garantía del debido proceso, más no la obligación que tiene el sistema penal de exhibir el cuerpo del delito. La presentación del detenido debe articularse en función del procesado y no sólo de las exigencias en la búsqueda de la verdad de la administración de justicia penal y del derecho a la información operado por los medios de comunicación social. Véase, Jorge Vicente Paladines, “Periodismo sin garantismo: ¿la reaparición de la picota pública?”, en Revista Ciencias Penales del Instituto de Derecho penal Europeo e Internacional, Toledo, Universidad de Castilla La Mancha, noviembre de 2008, p.7.v

66 RENDICIÓN DE CUENTAS

penales o del registro de detenciones indisponen la tutela judicial efectiva del detenido. Los operadores de justicia no dejarán subjetivamene de concebir a la persona procesada como un desviado3. Esto reduce las expectativas reales de la defensa técnica del procesado; no se descarta que, tanto jueces como fiscales, se sientan precionados por la noticia criminal construida por los medios de comunicación4. 3.

Porque “cosifica” al procesado.- Las personas presentadas son afectadas moral y psicológicamente. El avergonzamiento público, determinado aún más por la exposición del cuerpo obligado a uniformarse de delincuente y algunas veces torturado, marca un momento lesivo en la vida del procesado, pues aunque sea absuelto o sobreseído, la sociedad (entorno familiar, amistades o barrio) no dejará de tratarlo como un “bicho raro”. A ello se suma la latente discriminación del que son víctimas, devenida en forma de estereotipos de detenidos5. No es raro entonces que se manipulen delictualmente categorías sospechosas de discriminación como la nacionalidad, la procedencia étnica, el origen regional, la condición socioeconómica, el pasado judicial, la edad o las caracteríticas físicas.

Porque aumenta la percepción de inseguridad.- El aumento de noticias de delito contribuye a la elevación de la sensación térmica de inseguridad; mientras más personas capturadas aparezcan ante los medios,mayor es la percepción de inseguridad. La eficacia de las agencias policiales en su lucha contra el crimen es desplazada por la sensación de sentirse cada vez más vulnerable frente al delito. Esta no es una simple coincidencia, sino una deliberada estrategia de los medios de comunicación para influir -predeterminar- en la política criminal del país6.

Porque fragmenta la política.- El aumento de noticias de delito -sin importar el tipo- se constituye en un escenario para tomar distancia con la gobernabilidad en materia de seguridad. Muchos actores políticos tratarán de “explicar”el fracaso de la prevención del delito, señalando con el dedo al gobierno para plantear algunas veces propuestas penales descabelladas. La oposición política inescrupulosa de cualquier país no dejará de culpar al partido de gobierno por el incremento de la criminalidad. A ello se suma la cosntrucción de una nueva “cultura política”7, en la cual la ciudadanía deja de preocuparse por la exigibilidad de derechos sociales como trabajo, salud o educación, para sustituirla

3. Ian Taylor, Paul Walton y Jock Young, La nueva criminología. contribución a una teoría social de la conducta desviada, Buenos Aires, Amorrortu editores, 2007, pp. 167-201. 4. Jorge Vicente Paladines, La desnudez del garantismo, Quito, Universidad Andina :Simón Bolívar”, 2007, p. 62 y siguientes. Cfr. Stella Martini, “El delito y las lógicas sociales. La información periodística y la comuniciación política”, en Stella Martini y Marcelo Pereyra (eds.), La irrupción del delito en la vida cotidiana. Relatos de la comunicación política, Buenos Aires, Editorial Biblós, 2009, pp.21-40 5. Véase David Chambers, “Stereotypc Images of the Scientist: The Draw-A-Scientist Test”, in Sciencie Education, USA, april of 1983, pp. 255-265 6. Eugenio Raúl Zaffaroni, :La criminología mediática (I y II)”, en La Palabra de los Muertos: Conferencias de criminología cautelar, Ediar, Buenos Aires, 2011, pp. 365-418.

67 RENDICIÓN DE CUENTAS

por la demanda de “más seguridad”. Esto no elimina a su vez la aparición de corporativismos, pues ante el aparente aumento de la criminalidad las agecias judiciales y de seguridad exigirán el incremento de su personal, remuneración y equipamento técnico, sin la base de ningún estudio8. Esto seduce la política, la que termina por ceder ante estas demandas que se presentan como “legítimas”. Al final, el coste por el incremento de patrulleros, uniformes, equipamiento o personal no lo paga la cooperación internacional, sino los contribuyentes nacionales. 6.

Porque existen medios más racionales.- La exposición de los detenidos ante los medios es comparable históricamente con la Picota Pública, eliminada en Europa a fines del siglo XVII, y que consistió en la exhibición pública ante la comunidad del cuerpo de una persona reprochada por el poder punitivo9. Cuatrocientos años después, existen otros medios para evitar la impunidad en la comisión de delitos. Las presuntas víctimas pueden reconocer al supuesto victimario a través de mecanismos como la Cámara de Hessel o la Ronda de Imputados, muy usados en el resto del mundo.

Por muchas razones, la exposición mediática de las personas aprehendidas por la policía debe ser abolida. El arresto, captura o detención no puede ser más un escenario para exacerbar la degradación humana de la sociedad.

7. Véase Giovanni Sartori, Homo Videns. La sociedad teledirigida, Madrid, Taurus, 1998, p. 69 y siguientes. 8. Irvin Waller, Menos represión. Más seguridad: verdades y mentiras acerca de l alucha contra la delincuencia, México, INACIPE e ILANUD, 2007, pp. 99-117 9. Michel Foucault, Vigilar y castigar, Madrid, siglo XXI Editores, 1998, p. 16.

68 RENDICIÓN DE CUENTAS

LA REALIDAD DEL SISTEMA CARCELARIO ECUATORIANO

De acuerdo a los resultados del censo social demográfico penitenciario realizado por la Defensoría Pública (Quito, 2008), para determinar la línea base que nos permitió planificar nuestra gestión inicial, se da cuenta de la situación de las personas privadas de libertad ( PPL ), desde CUATRO ejes de derechos: I) II) III) IV)

Sobrevivencia, protección y servicios; Seguridad y situación legal; Salud; y Derechos Humanos y no violencia.

Posteriormente se analizan estos aspectos desde el punto de vista regional y se identifican las principales variables para realizar un mapeo de las prioridades para políticas e intervención.

69 RENDICIÓN DE CUENTAS

1.1. Sobrevivencia, protección y servicios Capital humano y trabajo El cuadro 1 presenta el perfil educativo de las personas que se encuentran en los centros penitenciarios, que se asimila bastante al del promedio de la población ecuatoriana, aunque con una mayor presencia de personas con educación primaria y menor participación de personas con educación superior.

Cuadro 1 Ecuador: Perfil educativo de las personas internas en CRS Hombres

Mujeres

Total

Ninguno

Nivel

4,1%

4,3%

4,1%

Primaria

41,3%

38,0%

41,0%

Secundaria

44,4%

45,6%

44,5%

9,2%

10,8%

9,4%

Superior

Fuente: Defensoría Pública: Censo Penitenciario 2008

No obstante, el perfil laboral de estas personas sí es distinto del promedio nacional: la mayoría de internos e internas realizaban trabajos precarios antes de entrar a los centros; es decir, quienes están en prisión son personas de estrato social medio y bajo en su mayoría: el sistema administrativo del estado (y el penitenciario dentro de él) criminaliza y castiga más a quienes son más pobres y en general están en situación de exclusión. En efecto, de acuerdo a los datos del censo, el 92% de internos e internas estaban realizando trabajos para el mercado antes de ingresar al CRS. En el cuadro 2 se aprecia que la mayoría de las personas tenían trabajos categorizados como “no calificados”. Esta difusa categoría laboral tiene que ver más que con la calificación, con el tipo de trabajo: la polifuncionalidad, la indefinición, la bajísima especialización. Dentro de este grupo, gran parte de las personas eran vendedores ambulantes, peones agropecuarios y de la industria, y en el caso de las mujeres, trabajadoras domésticas.

70 RENDICIÓN DE CUENTAS

Cuadro 2 Fuente: Defensoría Pública -Censo Penitenciario, 2008 Antes de ingresar al CRS Ocupación

Hombres

Mujeres

Total

Profesional y técnico/a; directivos

4,24%

4,43%

4,26%

Empleado/a/apoyo

7,90%

17,58%

8,92%

Agrícola calificado/a

11,35%

2,18%

10,38%

Operario/a talleres/servicios

17,27%

0,56%

15,51%

3,53%

2,95%

3,47%

Artesano/a Operador/a Maquinaria/transporte

9,01%

0,35%

8,10%

No calificado comercio (ambulante)

21,36%

29,68%

22,24%

No calificado otros

11,87%

11,18%

11,80%

No informa/Aplica

6,04%

6,75%

6,12%

Fuente: Defensoría Pública -Censo Penitenciario, 2008

Por otro lado, de quienes no estaban trabajando para el mercado, el 18% de mujeres y 0,2% de hombres estaban dedicados a tareas domésticas, el 4% de toda la población no tenía actividad laboral y el 2% estaba estudiando. En los CRS, la mitad de las personas está trabajando por una remuneración (80% de los casos) u otra retribución. La diferencia más importante de este trabajo, frente a lo que hacían antes de entrar, es la transición hacia actividades “empresariales”, es decir, pequeños negocios propios. Por otro lado, el CRS provee de trabajo apenas al 23% de los hombres y 13% de mujeres, a través de talleres y de empleo directo. Adicionalmente, unas pocas personas trabajan para instituciones externas (empresas y ONGs)4. Como se aprecia del gráfico 1, las mujeres hacen mayores esfuerzos privados para su sobrevivencia que los hombres.

3. Se debe destacar que para el caso de las mujeres el porcentaje de datos perdidos que registra la encuesta es de 24,33%, y para los hombres 7.42%. 4. Este estudio muestra que estas son las que presentan mejores situaciones económicas y sociales en general.

71 RENDICIÓN DE CUENTAS

Gráfico 1 60%

Hombres

50%

Mujeres

40% 30% 20% 10% 0%

No trabaja

Negocio particular

Trabaja para

Centro/talleres

empresa ONG

Fuente: Defensoría Pública - Censo Penitenciario, 2008

Dentro de las actividades particulares se encuentran también los servicios. Cabe destacar que en el caso de las mujeres el trabajo de cuidado que llevaban adelante antes de ingresar se “extiende” hacia tareas domésticas para otras internas: el 10% de las internas se dedica a estas tareas; en el caso de los hombres, la actividad de servicio doméstico se incrementa sustancialmente frente a la situación en libertad: el 4,5% de este grupo realiza en prisión este trabajo. Por otro lado, cerca de 6,600 personas (6,000 hombres y 600 mujeres) no realizan actividades laborales en los CRS, en la mayoría de los casos (según declaración en el Censo) por problemas de falta de capital o autorización para operar, así como por falta de oportunidades de trabajo provistas por el Centro. De acuerdo al nivel de gastos y ayudas, se ha calculó un índice, como Proxy del nivel de sobrevivencia, considerando que a mayor gasto y recepción de ayudas (en especial en rubros que no se consideran esenciales) la situación socio económica es relativamente mejor5. Este índice nos da una idea de la distribución al interior de la cárcel, lo cual los permite analizar con mayor detalle las áreas de posible intervención.

5. El índice es un promedio ponderado que considera el nivel de necesidad básica de gastos y ayudas: alimentación, salud y aseo entran sin ponderación (1); educación y teléfono: 2; ropa y mantenimiento de la celda (pago por este servicio): 3; compra y alquiler de celda, así como cuotas, coimas y otros: 4. Igual con las ayudas, a las que se incrementan ayudas legales que son ponderadas por 3. Se ha calculado un índice para gastos, uno para ayudas y uno que combina ambos (indice de sobrevivencia).

72 RENDICIÓN DE CUENTAS

Para el caso del trabajo, las personas en peor situación son las que no tienen trabajo remunerado. Los otros trabajos son en general realizados por personas de mayor nivel económico, en especial quienes trabajan para empresas y organizaciones no gubernamentales. Cuadro 3 Ecuador: Tipo de trabajo por nivel de sobrevivencia en los CRS Sexo Hombres

Mujeres

No trabaja

Negocio particular Trabaja para centro/talleres Trabaja para empresa/ONG

25,1%

15,4%

14,5%

8,2%

23,4%

18,1%

18,0%

19,7%

16,3%

18,7%

17,1%

11,5%

18,6%

24,8%

28,7%

29,5%

16,6%

23,0%

21,7%

31,1%

22,3%

10,9%

6,4%

8,3%

19,8%

18,7%

15,8%

22,2%

16,2%

17,4%

18,7%

19,4%

15,8%

29,5%

29,2%

19,4%

17,9%

23,4%

29,8%

30,6% Fuente: Defensoría Pública -Censo Penitenciario, 2008

El proceso de establecimiento económico y consecución de cierta capacidad de generación de ingreso están relacionados con el tiempo de permanencia en el centro: quienes no tienen trabajo tienen una permanencia promedio menor a 1,5 años, y quienes trabajan para empresas han estado en el centro un poco más de 3 años. Esto se da porque las relaciones con el centro y con instituciones de fuera, así como la estabilidad de los negocios, son condiciones que tienen que ver con la confianza, cooperación y alianzas que se establezcan. Es decir, una mejor situación laboral (y de ingresos) depende de las relaciones internas de poder más que de las condiciones que el CRS brinda a las y los internos. Esto permite intuir que las personas que ingresan enfrentan una mayor barrera de sobrevivencia, que únicamente puede ser cubierta por sus familias o allegados. 73 RENDICIÓN DE CUENTAS

Ayudas externas Al respecto, no solamente las personas que han ingresado de forma reciente tienen apoyo de las familias. Cerca del 70% de la población carcelaria recibe ayuda de fuera, en especial en bienes fundamentales como alimentos y útiles de aseo (ver cuadro 4). La ayuda proviene en un 70% de la familia y un 5% de amistades o comunidad. La institucionalidad privada externa (fundaciones, embajadas) tampoco interviene mucho en el apoyo a estas personas. Cuadro 4 Ecuador: Ayudas recibidas por los y las internas en los CRS Tiempo de ayuda

Hombres

Mujeres

Dinero

68,4%

66,7%

Alimentos

81,2%

71,3%

Aseo

84,0%

75,2%

Ropa

69,7%

58,1%

Medicinas

55,3%

50,8%

Legal

46,4%

41,0%

Fuente: Censo Penitenciario, 2008

Es decir, la sobrevivencia se da en su mayoría por medios privados. No obstante, cerca de un 24% de la población carcelaria no recibe ayudas externas y la mitad de ellos (cerca de 1,600 personas) tampoco realiza trabajos, es decir, vive de la transferencia estatal (para alimentos), “regalos” o “créditos” de otros internos, y los servicios que brinda la escueta infraestructura estatal. Combinando las dos fuentes de ingresos, se encuentra que la mayoría de las personas (cerca del 40%) no trabaja y recibe ayudas externas, un 20% trabaja en negocios privados y no recibe ayudas, y cerca del 16% trabaja para el Centro y recibe ayudas. Estos regímenes se matizan si los analizamos por sexo: la incidencia de las ayudas es más marcada para los hombres, y del trabajo particular en el caso de las mujeres.

74 RENDICIÓN DE CUENTAS

Gráfico 2

Ecuador: Trabajo y Sostenimiento en los Centros de Rehabilitación Social No trabajo/Si ayuda Negocio particular/Si ayuda Negocio particular/No ayuda No trabajo/No ayuda Trabajo Centro/Si ayuda Trabajo Centro/No ayuda Trabajo Instituciones/Si ayuda

Hombres

Trabajo Instituciones/No ayuda

Mujeres 0%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Fuente: Defensoría Pública - Censo Penitenciario, 2008

El Estado y los servicios básicos La privación de la libertad - y el enfoque de castigo detrás del sistema - se expresan en la limitada o casi nula provisión de dos servicios fundamentales: mecanismos de sobrevivencia y creación de capacidades adecuadas de reinserción. Como se dijo antes, el 22% de las personas recibe apoyo del CRS para trabajar, y la cobertura de los servicios básicos no llega a 100% en caso alguno. La mayor cobertura es la de agua potable y la menor el servicio de teléfono público. Pero la calidad de la atención es baja, y en algunos casos no se cuenta con las mínimas condiciones de estancia en el lugar: 10% de las personas no tiene celda, 9% carece de acceso a servicios higiénicos.

75 RENDICIÓN DE CUENTAS

Cuadro 5 Ecuador: Servicios estatales y de infraestructura Hombres

Mujeres

Total

Trabajo

23,3%

13,4%

22,3%

Atención médica

62,7%

68,6%

64,0%

Buena atención médica

24,8%

41,7%

26,4%

Alimentación

78,5%

73,3%

78,5%

Buena alimentación

44,0%

40,0%

43,7%

Celda

87,4%

90,4%

87,7%

Agua

95,4%

94,1%

95,3%

Teléfono

45,0%

59,3%

46,5%

Duchas

62,0%

88,8%

64,7%

Servicio higiénico

91,6%

94,1%

91,9%

Camas

73,9%

88,8%

75,4%

Atención/Servicio

Fuente: Censo Penitenciario, 2008

Por otro lado, la mitad de las personas de los CRS ha recibido cursos de capacitación, en su mayoría relacionados con artesanías, arte, confección, peluquería y sastrería. La utilidad de estos cursos debe ser evaluada con mayor profundidad.

Perfil de gastos y necesidades La mayor parte de los y las internas realiza gastos en alimentación. Al respecto, cabe señalar que las mujeres que viven con sus hijos e hijas en los Centros deben cubrir sus necesidades, dado que el Centro no les otorga asignación adicional alguna para ellos/as. El segundo gasto en importancia es el de útiles de aseo y limpieza de la celda; en este último caso se trata de la contratación de servicios de otros y otras internas. Como se vio antes, la poca cobertura de servicio público de teléfono se expresa en un alto porcentaje de personas que gastan en este rubro (ver cuado 6). 76 RENDICIÓN DE CUENTAS

Cuadro 6 Hombres

Mujeres

Alimentos

71,6%

72,8%

Salud

45,7%

59,6%

Educación

12,7%

13,4%

Ropa

43,1%

54,5%

Aseo Personal

74,0%

78,0%

Limpieza/mantenimiento

61,7%

67,4%

Teléfono

51,6%

63,5%

Compra/alquiler celda

21,0%

8,1%

Cuotas pabellón/comité

53,1%

47,9%

Ningún gasto

10,6%

8,6%

Necesidades básicas

Servicios

Espacio/vivienda

Fuente: Censo Penitenciario, 2008

La economía de escasez que se vive en los centros carcelarios se expresa en la necesidad creciente: más del 70% de las personas que gastan en alimentos también recibe ayuda en este rubro, independientemente de si reciben alimentación en el Centro, en especial en el caso de las mujeres. Por otro lado, de aquellas personas que reciben alimentación en el Centro, el 25% de hombres y el 38% de mujeres no gastan ni reciben ayudas (vive del “rancho”). De las personas que no recibe alimentación en el centro (o al menos lo hace con poca frecuencia), el 19% de hombres y 28% de mujeres (alrededor de 500 personas) no gasta ni recibe ayudas en alimentos. Esta es una población especialmente vulnerable, porque se intuye que el sustento diario se consigue por otras vías inestables o inseguras. En cuanto a las necesidades de salud, más de la mitad de las personas que tiene una enfermedad o la ha padecido en el Centro no recibe apoyo en medicinas y no ha realizado gastos en salud. El fenómeno se acentúa para el caso de las mujeres. 77 RENDICIÓN DE CUENTAS

Cuadro 7 Gastos en Salud Recibe ayuda en Medicinas No

52%

48%

31%

69%

Total hombres

39%

61%

57%

43%

41%

59%

46%

54%

Hombres

Mujeres

Total mujeres

Fuente: Censo Penitenciario, 2008

En otros rubros importantes como aseo y ropa, cerca del 40% no recibe ayuda ni gasta en ellos: en ropa (se entendería que reciben regalos de otros internos, del Centro, o confeccionan su ropa al interior); y para el caso de útiles de aseo, cerca del 20% de personas está en esta situación, lo cual permite intuir que tal vez reciben estos bienes en intercambio por trabajo, o igualmente en donación (ver cuadro 8). Cuadro 8

Gasto y ayudas en otros rubros básicos Recibe ayuda en ropa

Gastos en ropa Hombres

Mujeres

33%

67% Hombres

Recibe ayuda en aseo

Gastos en ropa

23%

77%

26%

74%

26%

74%

Total hombres

30%

70%

Total hombres

25%

75%

43%

57%

16%

84%

41%

59%

25%

75%

Total mujeres

42%

58%

Total mujeres

23%

77%

Mujeres

Fuente: Censo Penitenciario, 2008

78 RENDICIÓN DE CUENTAS

Por otro lado, cerca del 32% de los hombres y 26% de las mujeres no recibe dinero ni gana dinero por trabajo, lo cual les permite un perfil de gastos más bajo, y estar sujeto a las ayudas externas. De hecho, estas personas recibe ayudas en alimentos y aseo mayoritariamente, y poco en otros rubros como medicinas y apoyo legal.

Visitas y relaciones con el exterior Gran parte de la recuperación, rehabilitación y sobrevivencia de las personas en las cárceles está dada por las visitas que reciben. En el caso ecuatoriano, más o menos el 80% de personas recibe al menos una visita. La mayor parte de visitantes son de la familia y amistades (ver cuadro 9). Cuadro 9

Ecuador: Recepción de visitas en los CRS Quien visita

Hombres

Mujeres

Hijos

28,6%

50,4%

Pareja

48,5%

28,5%

Amistades

20,9%

26,1%

Padres

46,8%

34,7%

Hermanos

38,6%

35,3%

Otros

4,52%

3,02%

Total

81,8%

81,2%

Fuente: Censo Penitenciario, 2008

Esta es una situación de particular vulnerabilidad para las personas extranjeras: el 34% de los hombres y el 27% de las mujeres extrajeras (más de 500 personas) no recibe visita alguna, frente al 16% en el caso de personas ecuatorianas. 79 RENDICIÓN DE CUENTAS

De acuerdo a la frecuencia de las visitas y las ayudas recibidas, se construyó un perfil de “relaciones externas” por tipo de visitante y delito cometido. Evidentemente la presencia de visitas es un aliciente para la recepción de ayudas, pero hay cierto tipo de delitos en que las visitas son menos frecuentes así como las ayudas (delitos sexuales y contra las personas, por ejemplo). Las personas que más relación tienen con el afuera son quienes están internas por delitos de tipo público y contra la propiedad. Cuadro 10

Gasto y ayudas en otros rubros básicos Recibe ayuda en ropa

Gastos en ropa Hombres

Mujeres

33%

67%

26%

74%

Total hombres

30%

43%

41%

59%

Total mujeres

42%

58%

Recibe ayuda en aseo

Gastos en ropa

23%

77%

26%

74%

70%

Total hombres

25%

75%

57%

16%

84%

25%

75%

Total mujeres

23%

77%

Hombres

Mujeres

Fuente: Censo Penitenciario, 2008

1.2. Seguridad, situación legal y delictiva La mayor parte de las personas en los CRS se encuentra detenida por delitos relacionados con estupefacientes, en especial en el caso de las mujeres (72%). En el caso de los hombres, los delitos contra la propiedad también tienen una alta incidencia. Los delitos de tipo público (relacionados con el estado y la seguridad) son los de menor incidencia y, como se supondría, los delitos sexuales son cometidos casi exclusivamente por hombres (ver gráfico 5). Por otro lado, el nivel de reincidencia se da más en los delitos a la propiedad (14% dos veces y 12% mas de dos veces), y en menor medida en el caso de delitos de tipo público (8,2% dos veces). En los otros casos, la mayoría de personas está detenida por primera vez. 80 RENDICIÓN DE CUENTAS

Gráfico 5 Ecuador: Incidencia de delitos 70%

Hombres

60%

Mujeres

50% 40% 30% 20% 10% 0%

Público, estado

Personas y

seguridad

honra

Sexuales

Propiedad

Estupefacientes

Otros

Fuente: Censo Penitenciario, 2008

El perfil delictivo cambia un poco cuando se analizan los grupos étnicos, en especial los indígenas, cuyo perfil se distribuye entre una mayor diversidad de delitos, y en su mayoría se trata de delitos contra las personas y de tipo sexual. Los delitos contra la propiedad en cambio son más importantes en los otros grupos, en especial en los negros. Y la mayor incidencia de delitos relacionados con estupefacientes se da en el grupo de personas autodefinidas como blancas. Cuadro 11

Ecuador: Perfil delictivo en los CRS por grupo étnico (% grupo) Delito Públicos, estado,seguridad

Indígena Blanco/a Mestizo/a Negro/a Hombres 9,4%

Otro 9,4%

15,5%

17,4%

Públicos, estado,seguridad

Indígena Blanco/a Mestizo/a Negro/a

Otro

5,1%

7,1%

Mujeres 8,0%

2,4%

3,9%

16,9%

5,9%

6,7%

3,1%

5,9%

6,9%

8,5%

Personas, honra, e/civil

28,1%

14,9%

16,8%

Sexuales

27,9%

8,8%

12,9%

8,2%

9,2%

Sexuales

0,0%

0,8%

0,9%

0,8%

0,7%

Propiedad

16,4%

29,3%

31,8%

39,3%

35,5%

Propiedad

10,2%

11,0%

15,3%

11,0%

12,0%

Estupefacientes

20,7%

38,4%

29,1%

27,4%

28,2%

Estupefacientes

67,8%

74,8%

69,1%

82,7%

77,5%

0,0%

0,1%

0,0%

0,2%

0,3%

0,0%

0,4%

0,0%

Otros

9,3%

Delito

Personas, honra, e/civil

Otros

Fuente: Censo Penitenciario, 2008

81 RENDICIÓN DE CUENTAS

De hecho, en el caso de los hombres especialmente, los delitos de estupefacientes están relacionados con personas de mayor nivel de gasto y sobrevivencia (de acuerdo al índice calculado), mejor educación y mejores trabajos: el 27,9% de personas sin instrucción han cometido este delito, frente al 46% con educación superior y postgrado. En el caso de delitos contra las personas, tienen más incidencia en personas analfabetas, mientras que de quienes tienen educación secundaria la mayoría está involucrada en delitos contra la propiedad. La situación de los y las internas, frente a sus posibilidades de apoyo para conseguir sentencia o realizar otros trámites que favorezcan su salida, es precaria en todos los niveles sociales. Cerca de la mitad de hombres y un poco menos de la mitad de mujeres en prisión no tiene abogado, y de quienes lo tienen en su mayoría se trata de servicios privados pagados. De hecho, el 60% de personas realiza gastos en abogados y tramitadores, con un promedio de US$ 250 por mes (que es el valor de la canasta mínima vigente). Gráfico 6 Ecuador: Acceso a abogado(a) en los CRS 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0%

Hombres

25,0%

Mujeres

20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%

No tiene

Abogado (a)

Privado (a)

Fundación o

abogado (a)

público (a)

pagado (a)

gratuito (a)

Fuente: Censo Penitenciario, 2008

De acuerdo al índice de sobrevivencia, la mayor parte de las personas que no tiene abogado o accede a uno público está en el primero y segundo quintiles; de todas formas en ambos casos se registran pagos por abogado, en especial en el segundo. De quienes tienen abogado privado, el 50% está en los quintiles más altos. Por otro lado, la incidencia de pagos a abogado es ligeramente mayor en los hombres (ver gráfico 7), así como los montos mensuales correspondientes. 82 RENDICIÓN DE CUENTAS

Gráfico 7

Ecuador: Gastos en abogado o tramitador en CRS por tipo de abogado 70,0% 60,0% 50,0%

Hombres

40,0%

Mujeres

30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

No tiene

Abogado (a)

Privado (a)

Fundación o

abogado (a)

público (a)

pagado (a)

gratuito (a)

Fuente: Censo Penitenciario, 2008

Se debe señalar que el no acceso a un abogado está presente en todos los tipos de delito, con mayor incidencia en los delitos contra las personas y de estupefacientes. En el caso de delitos contra la propiedad también hay un porcentaje importante de acceso a abogados del estado, mientras que en el caso de delitos públicos hay mayor acceso a abogados privados. Solo un poco menos de la mitad de las personas detenidas en los CRS tiene sentencia, y el 44% aún no ha iniciado su proceso legal. El promedio de tiempo sin sentencia es de 1 a 2 años. La mayor parte de personas que está realizando trámites para modificar la sentencia está ubicada en los quintiles más altos de acuerdo al índice de sobrevivencia. Cerca del 30% de las personas sin abogado aún no ha iniciado su proceso legal. Igualmente, hay más personas sin apoyo legal con años acumulados en prisión, y con largos períodos sin sentencia.

83 RENDICIÓN DE CUENTAS

Gráfico 8 Ecuador: Tiempo sin sentencia en los CRS por tipo de apoyo legal 70%

% tipo de apoyp

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,5

Años No tiene abogado(a)

Abogado(a) público(a)

Priado(a) pagado(a)

Fundación o gratuito(a) Fuente: Censo Penitenciario, 2008

Por otro lado, en muchos casos la situación de vulnerabilidad de incrementa cuando el apoyo recibido es inocuo o inclusive perjudicial: la incidencia de falta de sentencia (número de casos) y no inicio de trámites es alta a pesar de tener un abogado. Igualmente, el período promedio sin sentencia (entre quienes tienen abogado) es mayor cuando se tiene abogado público, de fundación o gratuito, en especial en el caso de las mujeres.

84 RENDICIÓN DE CUENTAS

Cuadro 12

Ecuador: Situación de sentencia en los CRS por acceso a abogado(a) (% columnas) Delito

No tiene

Abogado(a)

Privado(a)

Fundación o

abogado(a)

público(a)

pagado(a)

gratuito(a)

Sentencia y sentencia ejecutoriada

69,3%

34,9%

24,3%

24,0%

Sentencia en apelación o casación

2,4%

3,8%

7,5%

4,9%

Recurso de revisión o nulidad

1,1%

1,2%

3,7%

3,4%

Ningún trámite legal iniciado

27,1%

60,1%

64,4%

67,7%

Fuente: Censo Penitenciario, 2008

En definitiva, la situación legal y de apoyos de los y las internas es precaria. La cárcel es una institución que nadie quiere mantener y a la que nadie pertenece, por lo tanto a nadie le interesa que tenga beneficios como conglomerado humano. El Estado a través de una intervención ciertamente inocua en términos distributivos, asigna un monto de recursos del cual solamente una pequeña parte le corresponde de manera directa a cada interno e interna, no les provee de servicios adecuados y no representa un respaldo legal confiable. Esto profundiza la situación de vulnerabilidad de las personas detenidas, que por otro lado no tienen los suficientes recursos de sobrevivencia con medios privados, ya que, como se pudo verificar, la cárcel ha aglutinado en su mayoría a personas pobres y en situación de precariedad laboral previa a su ingreso.

1.3. Salud, violencia y Derechos Humanos La incidencia de enfermedad en los CRS es alta. Cerca del 45% de los hombres y el 57% de las mujeres está o ha tenido episodios de enfermedad. El perfil de enfermedades se relaciona más con males de tipo digestivo y respiratorio, emocional, y en menor medida cardiovascular y traumatológico (ver gráfico 9).

85 RENDICIÓN DE CUENTAS

Gráfico 9 Ecuador: Perfil de enfermedades en los CRS Respiratorias Intestinales Otras Depresión Cardiovasculares Artritis ETS y VIH 0%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Fuente: Censo Penitenciario, 2008

La incidencia de las enfermedades es mayor en las mujeres que en los hombres, en especial en las indígenas y extranjeras. Esto preocupa dado que, como se vio antes, un importante porcentaje de estas personas no recibe apoyos ni realiza gastos en salud. Cuadro 13 Ecuador: Incidencia de enfermedades en los CRS por grupo étnico y nacionalidad Nivel

Grupo étnico

Nacionalidad

Categorías

Hombres

Mujeres

Indígena

54,6%

59,3%

Blanco

43,4%

55,3%

Mestizo

44,4%

55,7%

Afro o negro

37,8%

61,4%

Mulato

42,9%

61,6%

Ecuatorianos/as

43,1%

57,4%

Extranjeros/as

51,1%

58,4%

Fuente: Defensoría Pública: Censo Penitenciario 2008

86 RENDICIÓN DE CUENTAS

Por otro lado, un poco más de la mitad de los casos se atiende dentro del Centro, y más hombres (16%) que mujeres (10%) se lo hace fuera del centro, en especial los extranjeros (19%). Adicionalmente, un poco más de 560 personas con enfermedades no recibieron atención médica (8% de quienes están o estuvieron enfermos): la mayor incidencia de no atención recae en los hombres ecuatorianos, en especial negros y mulatos; y en las mujeres extrajeras. No obstante, las razones para el no acceso difieren entre los centros de hombres y mujeres: en el primer caso afecta más la mala calidad, en el segundo la falta de equipos. Otros dos aspectos importantes del perfil de salud en las cárceles tiene que ver con el consumo de drogas, y las actividades de recreación. El 28% de las mujeres y el 32% de los hombres consumen cigarrillos. La incidencia del consumo de drogas y alcohol es menor 6, no obstante es cerca del doble en el caso de los hombres. Por otro lado, la mitad de consumidores y consumidoras también presentan episodios de enfermedad (un poco más en el caso de las mujeres consumidoras de drogas). Gráfico 10 Ecuador: consumo de drogas en los CRS 35%

Hombres

30%

Mujeres

25% 20% 15% 10% 5% 0% Drogas

Cigarillos

Alcohol Fuente: Censo Penitenciario, 2008

Si bien las enfermedades de transmisión sexual y la incidencia del embarazo en las mujeres de los centros son bajos, su probabilidad de ocurrencia es incierta. En este sentido, es importante señalar que el 30% de mujeres y 62% de hombres que llevan una vida sexual activa no utiliza métodos anticonceptivos. 87 RENDICIÓN DE CUENTAS

En lo relacionado con deportes y recreación, el 65% de las personas realiza estas actividades, con una dedicación promedio de 5,3 horas al día a ellas. En su mayoría se trata de actividades deportivas y mirar televisión. En el primer caso los hombres decidan un 30% más de tiempo que las mujeres, quienes se inclinan más por la segunda, además de actividades de tipo educativo. Otro aspecto fundamental de derechos relacionado con salud y también con el sistema en general es la incidencia de situaciones de violencia y abuso, derivadas de incidentes o sanciones. En el primer caso, la mayoría de personas detenidas declaró al Censo no haber estado inmersa en incidentes. No obstante, el 20% (alrededor de 2,600 personas) sí lo ha estado. De este grupo, la mayor parte de incidentes han provocado golpes y heridas de arma blanca. Cuadro 11

Ecuador: Incidentes violentos en los CRS Daños relacionados Golpes

Hombres

Mujeres

82,9%

90,0%

Quemaduras

1,1%

1,3%

Heridas con arma blanca

5,5%

2,2%

Heridas con arma de fuego

0,8%

0,0%

Fracturas

2,8%

2,4%

Otros incidentes

1,7%

2,7%

Fuente: Censo Penitenciario, 2008

La incidencia de estos eventos es mayor en los grupos de hombres mestizos: el 84% de quienes han estado en eventos violentos han sufrido golpes. La incidencia es menor en el caso de los mestizos. En el caso de las mujeres, hay más casos de golpes en las mujeres negras y mulatas, y mayor cantidad de mujeres que hombres con fracturas o quemaduras. En el segundo caso, referido a castigos, el 11% de las personas declaró haber sufrido castigos: el más común entre los hombres es el aislamiento, y entre las mujeres el impedimento de visitas Finalmente, cerca de 2,000 internas e internos han declarado haber sido víctimas de alguna manera de maltrato o abusos. En 88 RENDICIÓN DE CUENTAS

el gráfico 11 se observa que las formas más comunes en el caso de los hombres son la de maltrato físico y trato irrespetuoso, mientras que en el caso de las mujeres lo más frecuente es recibir trato irrespetuoso y abuso de autoridad (una forma de lo cual es la prohibición de visitas, que en el caso de las mujeres es una práctica extendida, y no está contemplada en normativa alguna). Gráfico 11

% Personas

Ecuador: Maltrato y abusos declarados en los CRS 16%

Hombres

14%

Mujeres

12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Trato irrespetuoso

Maltrato

Acoso sexual

Abuso autoridad

Soborno Fuente: Censo Penitenciario, 2008

89 RENDICIÓN DE CUENTAS

EVENTOS DE CAPACITACIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA

La capacitación para la Defensoría Pública es una política permanente y fundamental para el mejoramiento de la administración de justicia en el país. Con este propósito se han realizado a nivel eventos varios eventos de capacitación con la participación conjunta de jueces de garantías penales, fiscales y defensores. Estas jornadas académicas han sido conducidas por expertos nacionales e internacionales en litigación penal estratégica, principalmente, se ha contado con el apoyo del Centro de Justicia de las Américas CEJA. Los cursos de capacitación pretenden -mediante una metodología activa- buscan traspasar destrezas profesionales a los operadores de justicia y entrenarlos en una técnica innovadora en el área procesal, con herramientas básicas que les permitan desempeñar el rol de litigantes en el sistema procesal. El propósito de estas jornadas es generar conocimientos y concienciar a los operadores de justicia acerca de las destrezas para enfrentar las demandas de litigación que exige un modelo procesal penal de corte adversarial o acusatorio. En este sentido los principales eventos de capacitación desarrollados son: •

SEMINARIO LATIOAMERICANO SOBRE BUENAS PRÁCTICAS PENITENCIARIAS.

90 RENDICIÓN DE CUENTAS

•

TEORIA DEL CASO, ILICITUD Y EXCLUSION DE PRUEBA, RECONOCIMIENTO DE SOSPECHOS, LITIGACION EN AUDIENCIAS PREVIAS.

•

TEORIA DEL CASO Y LITIGACION EN AUDIENCIAS PREVIAS AL JUICIO.

•

JUSTICIA PENAL EN ADOLESCENTES INFRACTORES.

•

JUSTICIA PENAL JUVENIL.

•

CURSO DE JUSTICIA PENAL DE ADOLESCENTES.

•

PRINCIPIOS DE ADN FORENSE.

•

MEDIACION Y NEGOCIACION PENAL.

•

VIH/SIDA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO.

•

CURSO ABREVIADO DE DERECHO PENAL INTERNACIONAL.

•

EL CODIGO DE LA PRODUCCION Y SU IMPACTO EN LA LEGISLACION LABORAL ECUATORINA.

•

II CURSO ABREVIADO DE DERECHO PENAL INTERNACIONAL.

•

ESPECIALIZACION DE LESA HUMANIDAD.

•

PRESENTACION Y FIJACION DE ESCENA DEL CRIMEN-VALORACION DE LA PRUEBA.

•

CURSO AVANZADO DESTREZAS DE LITIGACION EN UN SISTEMA ORAL.

•

DIPLOMA DE DERECHOS HUMANOS Y JUICIO JUSTO.

•

PROGRAMA INTERAMERICANO DE FORMACION DE CAPACITADORES PARA LA REFORMA PROCESAL PENAL.

•

LA SITUACION ACTUAL DE LAS INSTITUCIONES DE LA JUSTCIA PENAL.

91 RENDICIÓN DE CUENTAS

Dr. Ernesto Pazmiño, Defensor Público (I), con el jurista argentino Dr. Alberto Brinder

92 RENDICIÓN DE CUENTAS

Capacitación a funcionarios de la Defensoría Pública de Quito.

93 RENDICIÓN DE CUENTAS

LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CIFRAS

Gestión de la Defensoría Pública MATERIA PENAL

PERSONAS ATENDIDAS 2007 877

2008 6.383

2009 11.525

LABORAL NIÑEZ

2010 23.455

2011 en/ag 21.220

TOTAL 63.460

471

1.089

1.560

6.028

7.509

13.537

804

29.954

30.622

79.361

OTRAS MATERIAS TOTAL

877

6.383

11.525

DEFENSORES PÚBLICOS PENAL

106

219

204

117

169

126

217

LABORAL NIÑEZ OTRAS MATERIAS TOTAL

94 RENDICIÓN DE CUENTAS

106

219

204

Gestión de la Defensoría Pública por Provincias PROVINCIA

POBLACIÓN

ADOLESCENTES ATENDIDOS EN MATERIAL PENAL

2010

2011*

NÚM. DE PERSONAS ATENDIDAS EN MATERIA PENAL

2010

2011*

NÚMERO DE DEFENSORES EN MATERIA PENAL

2010

2011*

NÚMERO DE NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS PERSONAS ATENDIDAS EN ALIMENTOS EN LABORAL

2011*

1.721

1.556

101

330

497

401

469

103

328

471

109

490

300

2010

2011*

Azuay

702.893

174

158

1.017

827

704

640

Bolívar

182.744

167

298

163

Cañar

223.563

325

369

Carchi

165.659

323

324

Chimborazo

452.352

234

201

Cotopaxi

406.798

418

448

684

El Oro

588.546

801

708

Esmeraldas

520.711

259

Galápagos

22.770

23 685

8.814

5.618

127

1.322

Imbabura

400.359

321

162

Loja

446.743

523

332

Los Ríos

765.274

721

472

135

102

1.345.779

2.236

1.785

1.694

1.290

Morona Santiago

147.866

262

252

Napo

104.047

266

312

Orellana

137.848

279

Pastaza

84.329

214

250

124

110

2.570.201

205

3.953

6.866

1.661

1.934

Pichincha

234

316

133

1.102

1.131

828

784

337

334

255

9.129

7.286

407

281

587

469

856

668

3.930

3.088

262

252

282

373

279

979

Manabí

3.573.003

Guayas

2010

2011*

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS

2010

2011*

NUM. DE PERSONAS ATENDIDAS EN POSESIONES EFECTIVAS (BONO SOLIDARIO)

188 15

268

330

338

371

340

5.882

9.470

Santa Elena

301.168

390

357

390

357

Sto. de los Tsáchilas

365.965

835

256

113

503

948

769

Sucumbíos

174.522

284

110

262

150

546

263

Tungurahua

500.755

871

836

873

926

Zamora Chinchipe

91.219

145

116

167

189

Znd

31.762 1.705

1.536

23.455

21.220

117

169

6.028

7.509

804

29.954

30.622

Total

14.306.876

471

1.089

Nota : * enero/agosto 2011

95 RENDICIÓN DE CUENTAS

EFICIENCIA DE PROCESOS EN LA DEFENSORÍA PÚBLICA Por: Giovanni Veintimilla ASESOR DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA

El modelo de gestión por procesos implantado en la Defensoría Pública permitió atender altos volúmenes de servicio con el menor costo operativo. Las cifras contenidas en el siguiente cuadro demuestran el crecimiento exponencial de los servicios de patrocinio penal en los últaimos años -asesoramientos, audiencias y diligencias judiciales-, los que fueron cubiertos por un número mínimo de defensores públicos: La adopción de una organización por procesos ofreció a la administración de la Defensoría Pública, la oportunidad de introducir ciertos impulsores de productividad: 1) la especialización, a fin de ejecutar de modo eficiente actividades recurrentes de alto valor agregado; 2) la simultaneidad, para ejecutar actividades en paralelo referidas a un mismo caso; 3) la estandarización, por la que se cumplen procedimientos uniformes para casos similares; y, 4) la reducción de la curva de aprendizaje, reduciendo los tiempos de gestión de los casos conforme se incrementa la experiencia acumulada. La acción combinada de estos factores críticos arrojó como resultado una productividad marginal ascendente, que no es frecuente encontrar en instituciones del sector público. En el caso de la Defensoría Pública, no obstante la reducción de la nómina de defensores luego de haber prescindido de los centros legales, la cantidad de causas penales atendidas logró cada año un crecimiento sostenido, registrando tasas interanuales extraordinariamente altas. Dicho en otros términos, cada año se logró hacer más con menos.

96 RENDICIÓN DE CUENTAS

El siguiente gráfico ilustra la trayectoria de la productividad institucional, que ha sido especialmente notable en el rango comprendido entre los 6.000 y 23.000 casos penales (períodos 2008 a 2010), entre los cuales claramente se pueden apreciar los incrementos de eficiencia de un año al siguiente. Y como era de esperar, según el principio económico de rendimientos marginales decrecientes, durante 2011 se ha alcanzado el punto de inflexión que se explica por la necesidad emergente de incorporar nuevas inversiones de capital fijo que den sostenibilidad a la nueva escala de servicios, y que en lo fundamental guardan relación con la dotación adicional de equipos tecnológicos, mejores instalaciones para atención al público, ampliación de oficinas y contratación de más personal de apoyo en todo el país. EFICIENCIA MARGINAL 250

defensores

200

150

100

0 0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

causa penales año

97 RENDICIÓN DE CUENTAS

Las ventajas de trabajar bajo la lógica de procesos quedan evidenciadas en los ratios de rendimiento individual. En efecto, la gráfica que se expone a continuación representa la función de productividad promedio de cada defensor público, cuyos valores han mejorado año tras año, conforme ha crecido también la cantidad de casos penales atendidos. Por las razones ya anotadas, y de modo congruente con las leyes de eficiencia económica, durante el último ejercicio se ha tornado necesario apoyar el desempeño individual mediante una mayor provisión de activos fijos..

RENDIMIENTO INVIDIDUAL 225 200

causas / defensor

175 150 125 100 75 50 25 0 0

5.000

10.000

15.000

20.000

causa penales año

98 RENDICIÓN DE CUENTAS

25.000

30.000

35.000

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Distribución por Provincias Corte al 1 de Octubre 2011

Personal Agregador de Valor (Defensores, Asistentes, Coordinadores) 2011

Participación Agregadores de Valor

2008

2009

2010

2011

Total general

Azuay

92%

Bolívar

100%

PROVINCIA

2007

Cañar

100%

Carchi

100%

Chimborazo

Cotopaxi

El Oro

Esmeraldas

Galápagos Guayas

Imbabura

85%

100%

88%

100%

134

60%

100%

322

253

79%

Loja

Los Ríos

Manabí

Morona Santiago

Napo

1 1

Pastaza Pichincha

Santa Elena

Sto. Domingo de los Tsáchilas

Sucumbíos

Tungurahua

Zamora Chinchipe

1 1

Orellana Total general Acumulado

158

101

164

322 Fuente: Recursos Humano - Distributivo Personal Elaborado: Coordinación Recursos Humanos

99 RENDICIÓN DE CUENTAS

Participación según Grupo Laboral 0.9 0.742574257

0.8 0.7

350

322 0.743902439

300

78,7%

0.8 0.613636364

250

0.6 0.5

200

164

0.4 0.3

150 0.386363636 0.2

0.2 0.1

101

100

0.257425743

0.256097561

21,3% 50

3,7 x 1

0 2007

2008

Total Personal

2009

2010

Acumulado Personal Apoyo

2011

Acumulado Personal Agregador de Valor

AFRO INDIGENA ECUATORIANO

EXTRANJEROS NACIONALIZADOS

SEXO

PERSONAS

DISCAPACITADOS

Mujeres

146

Hombres

176

Total

322

Fuente: Recursos Humano - Distributivo Personal Elaborado: Coordinación Recursos Humanos

100 RENDICIÓN DE CUENTAS

NÓMINA DEL PERSONAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA A OCTUBRE 2011 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA

APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA

Dra.

Aguirre Bermeo Tania Katerina

Azuay

Ab.

Ruiz Obando María Eugenia

Carchi

Ab.

Andrade Cárdenas Rosana Gabriela

Azuay

Ab.

Tandazo Estrada Jairo Fernando

Carchi

Dr.

Anzieta Villalobos Fernando Oscar

Azuay

Ab.

Villarreal Tapia Juan Carlos

Carchi

Ab.

Avila Campoverde Olga Patricia

Azuay

Dr.

Freire Quintanilla Willian Martín

Chimborazo

Capón Placencia Teresa de Jesús

Azuay

Dra.

Ab.

Mancero Díaz Juan Gabriel

Chimborazo

Srta. Cevallos Escandón Diana Estefanía

Azuay

Dr.

Ríos Guamán Víctor Manuel

Chimborazo

Dr.

Galarza Castro Pablo Leoncio

Azuay

Ab.

Vimos Llanga Rosana Paola

Chimborazo

Dra.

León Pacheco Blanca Alicia

Azuay

Ab.

Ayala Jaramillo Tania Soledad

Cotopaxi

Dr.

Machuca Reyes Cristobal Homero

Azuay

Dra.

Palma Corrales Katty Berenice

Cotopaxi

Dra.

Urdiales Abad Sonia Lucía

Azuay

Ab.

Salas Medina Ana María

Cotopaxi

Ab.

Valdiviezo Siguenza Néstor Iván

Azuay

Ab.

Benavides Bermeo Mirián Etelvina

El Oro

Ab.

Vidal Solorzano Juana Catalina

Azuay

Ab.

Carrera Albán Oblas Fabián

El Oro

Sr.

Faicán Samaniego Raúl Marcelo

Azuay

Dra.

González Mocha Sara Isabel

El Oro

Ab.

Becerra Segura Luis Enrique

Bolívar

Dra.

Maza Valle Ayme Ginna

El Oro

Ab.

Calero Cherres Rosa Vitelia

Bolívar

Ab.

Orellana Tinoco Johanna Andrea

El Oro

Ab.

Espín Montesdeoca Luis Alberto

Bolívar

Ab.

Torres López Borys Miguel

Ab.

Realpe Borja Gino Paulino

Bolívar

Ab.

Granados Cuero Fernando Salomón

Esmeraldas

Ab.

Solís Pacheco Magno Washington

Bolívar

Ab.

Lara Campain José Sandino

Esmeraldas

Ab.

Calle Tello Jenny de Lourdes

Cañar

Ab.

Matamoros Castillo Nelci Berónica

Esmeraldas

Ab.

Cuesta Coronel Andrea Paola

Cañar

Ab.

Montaño Garcés Luis Rafel

Esmeraldas

Dra.

Espinoza Pinos Andrea Hortencia

Cañar

Ab.

Quintero Caicedo Connie Johanna

Esmeraldas

Ab.

Zambrano Barcia Carlos Julio

Esmeraldas

Ab.

Tapia Rosillo Fernando Javier

Galápagos

Ab.

García Amoroso Juan Diego

Cañar

Ab.

Nazate Castillo Luis Andrés

Carchi

El Oro

101 RENDICIÓN DE CUENTAS

APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA

APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA

Guayas

Ab.

Félix Alcívar María Mercedes

Guayas

Ab.

Fiallos Ramos Rosa Celina

Guayas

Andrade Ramos Darwin Raúl

Guayas

Ab.

Gaibor Gaibor Roberto Willan

Guayas

Arreaga Alvarado Ernestina Azucena

Guayas

Ab.

García Sánchez Lessy Margarita

Guayas

Ab.

Atauchi Siguencia José Luis

Guayas

Ab.

Guedes Nocola Renee Arturo

Guayas

Sr.

Ayala Latorre José Luis

Guayas

Ab.

Guerra Aguayo Gustavo Afredo

Guayas

Srta. Barzola Zurita Silvia María

Guayas

Ab.

Guerra Yánez Katia Soledad

Guayas

Ab.

Bautista Castillo Martina Daniela

Guayas

Ab.

Hill Piedra Juan Carlos

Guayas

Ab.

Beltrán López Lola Patricia

Guayas

Ab.

Huacón Baidal Juan Antonio

Guayas

Ab.

Bueno Sumba Pablo Rogerio

Guayas

Ab.

Jácome Yerovi Cosme Roberto

Guayas

Ab.

Calderón Asinc Karen Elsa

Guayas

Ab.

Jiménez Ordóñez Héctor Leonardo

Guayas

Ab.

Calva Campoverde Luis Gerardo

Guayas

Ab.

Jiménez Silva Felicita Leonor

Guayas

Ab.

Campoverde González Ana Rita

Guayas

Sra.

Landívar Moreno Fanny Krupskaia

Guayas

Ab.

Cantos Cedeño Hugo Gonzalo

Guayas

Sr.

Lema Salazar Francisco Miguel

Guayas

Aguas Torres Galo Luis

Ab.

Srta. Andrade Albán Sabrina Vanessa

Ab.

Cedeño Molina Cindy María

Guayas

Dr.

Llongo Tierra Ángel Alberto

Guayas

Ab.

Cevallos Morales Carlos Antonio

Guayas

Ab.

Mantilla Alvarado Javier Darío

Guayas

Sr.

Chaca Arriaga José Fernando

Guayas

Ab.

Martínez Gruezo Ángela Mariana

Guayas

Chávez Canales Camilo Bolívar

Guayas

Tlga. Matamoros Martínez Eva Estefanía

Guayas

Ab.

Mendoza Yépez Walter Estuardo

Guayas

Ab.

Srta. Chimbo Cabrera Verónica Gianella

Ab.

Cifuentes Barreno José Edelberto

Guayas

Ab.

Meza Bajaña Ana María

Guayas

Ab.

Delgado Barzola Jímmy Humberto

Guayas

Ab.

Morante Santillán Gingere Elizabeth

Guayas

Ab.

Díaz Cajas Elizabeth Narcisa

Guayas

Ab.

Muirragui Zambrano Yohanna Daniela

Guayas

Ab.

Espinoza Cantos Priscilla del Rosario

Guayas

Ab.

Naranjo Ortiz Natalia Martha

Guayas

Ab.

Espinoza Méndez Juan Carlos

Guayas

Ab.

Noritz Murillo Gianella Estefany

Guayas

Ab.

Estrella Pesantes Rebeca Guadalupe

Guayas

Ab.

Núñez Cuzco Tatiana Lysset

Guayas

Ab.

Fabre Haro María Auxiliadora

Guayas

Sr.

Ocaña Guzmán Otto David

Guayas

102 RENDICIÓN DE CUENTAS

Guayas

APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA

APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA

Ab.

Orellana García José Willian

Guayas

125

Ab.

Vera Silva Kelly Alejandrina

Guayas

Ab.

Páliz Viscarra Jenny Prissila

Guayas

126

Ab.

Villacreses Romero Dayana Gabriela

Guayas

101

Ab.

Palma Cruz Giovanny Miguel

Guayas

127

Sr.

Fuentes Poveda Wílber Gerardo

Guayas

102

Ab.

Parra Villacís Karla Myriam

Guayas

128

Sr.

Mantilla Fernández Francisco de Jesús

Guayas

103

Ab.

Paz Sanchang Mariana de Jesús

Guayas

129

Sr.

Parada Vera Efén Paol

Guayas

104

Ab.

Petroche Manzano malia Carolina

Guayas

130

Sra.

Rivera Mendoza Lelis Efebery

Guayas

105

Ab.

Quiñónez Copete Félix Ramiro

Guayas

131

Sr.

Torres Bravo Angel Manuel

Guayas

106

Ab.

Regalado Tutiven Joel Eugenio

Guayas

132

Ab.

Estrada Ochoa Angel Medardo

Imbabura

107

Ab.

Rojas Jara Jorge Emilio

Guayas

133

Dra.

Garzón Guamán María Cristina

Imbabura

108

Ab.

Sánchez García Juan Edison

Guayas

134

Dr.

Merlo López Edgar Rene

Imbabura

109

Ab.

Sánchez Lavayen María Matilde

Guayas

135

Ab.

Orozco Massón Hugo Carlos Efraín

Imbabura

110

Ab.

Sandoya Onofre Ángela María

Guayas

136

Ab.

Torres Jaramillo Virginia Margarita

Imbabura

111

Ab.

Sañay Morán Sara Isabel

Guayas

137

Dr.

Aranda Peñarreta Fausto Noe

Loja

112

Ab.

Semper Carrión William Geovanny

Guayas

138

Dr.

Carrión Cabrera Fausto Rodrigo

Loja

99 100

113

Ab.

Sempértegui Pesantes María Brigitte

Guayas

139

Sr.

Cortez Ochoa Jonatan Esteban

Loja

114

Dr.

Sepúlveda Soto Ariel Eduardo

Guayas

140

Dra.

Fierro Montalvo Mónica del Carmen

Loja

115

Srta. Silva Parrales Geovanna Bethzabeth

Guayas

Solano Ortega Elizabeth Alexandra

141

Dr.

León Gaona Darwin Heverladi

Loja

Guayas

142

Dr.

Pinto Byron Enrique

Loja

Guayas

143

Ab.

Vásquez Masache Soraya Lidia

Loja

116

Ab.

117

Srta. Soria Romero Lissete Ekatherine

118

Ab.

Sosa Bone Juan Carlos

Guayas

144

Ab.

Becerril García Luciano Eduardo

Los Ríos

119

Sr.

Soto Zabala Erick Steve

Guayas

145

Ab.

Cadena Albán Tannia Ivonn

Los Ríos

120

Ab.

Suárez Gabino Enrique Hernán

Guayas

146

Dr.

García Gualpa Felipe Lenín

Los Ríos

121

Ab.

Tapia Franco José Luis

Guayas

147

Ab.

Henríquez Palma Vanessa Alexandra

Los Ríos

122

Srta. Trujillo Bastidas Olinda Fabiola

Guayas

148

Ab.

Icaza Carrillo Ruth Marieta

Los Ríos

123

Ab.

Vaca Zambrano Lidia Magali

Guayas

149

Ab.

Maquilón Donoso Olga María

Los Ríos

124

Ab.

Valencia Gavilánez Miguel Augusto

Guayas

150

Ab.

Valencia Ramírez Monica Isabel

Los Ríos

103 RENDICIÓN DE CUENTAS

APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA

Manabí

177

Ab.

Albán Yánez Darwin Santiago

Pichincha

Manabí

178

Ing.

Alcívar Cedeño María Isabel

Pichincha

Antón Zambrano Fabián Humberto

Manabí

179

Ab.

Almeida Costa Erika Susana

Pichincha

Cedeño Loor Luigi Leonel

Manabí

180

Ab.

Alvarez Fuentes Gabriela Cumandá

Pichincha

Ab.

Cedeño Vélez Enma Violeta

Manabí

181

Ab.

Amoroso Palacios Ruth Cecicilia

Pichincha

156

Ab.

Cedeño Véliz Miller Oreste

Manabí

182

Dr.

Anaguano Cóndor Bayron Ramiro

Pichincha

157

Ab.

Gorozabel Intriago Ginger Geovanny

Manabí

183

Ab.

Andrade Arrieta Dennis Roberto

Pichincha

158

Ab.

Jarre Ponce José Iván

Manabí

184

Dr.

Arce Bedón Carlos Humberto

Pichincha

159

Ab.

Mendoza Castillo Alfredo Enrique

Manabí

185

Ab.

Arcos Tigse Kevin Daniel

Pichincha

160

Ab.

Meza Macías Freddy Bolívar

Manabí

186

Sr.

Arias Sánchez Pablo Xavier

Pichincha

161

Ab.

Murillo Zavala Leyda María

Manabí

187

Dra.

Arias Santana Bertha Cumandá

Pichincha

162

Ab.

Pico Lozano Vicente Fernando

Manabí

188

Dra.

Arteaga López Marcia Joconda

Pichincha

163

Ab.

Saltos Molina Leonidas Gabriel

Manabí

189

Dra.

Avilés Bautista Blanca Azucena

Pichincha

164

Dr.

Valencia Villalba Duquer Damián

Manabí

190

Srta.

Balcázar Campoverde Solanda Saturina

Pichincha

165

Ab.

Zambrano Oñate Lenin Rolando

Manabí

191

Dra.

Balseca Burbano Zaskya Sivila

Pichincha

166

Sr.

Zambrano Salcedo Lenín Stevens

Manabí

192

Srta.

Bazantes Poveda Milena Yadira

Pichincha

167

Ab.

Barros Figueroa Diana Patricia

Morona Santiago 193

Ab.

Benavides Pérez Eddy Fernando

Pichincha

Morona Santiago 194

Ab.

Zambrano Intriago Javier Dario

151

Sr.

152

Srta. Andrade Bravo Anita Lucía

153

Ab.

154

Ab.

155

168

Ab.

Calle Riera Blanca Elena

Borja García Hernán Pompilio

Pichincha

169

Ab.

Valdivieso Rivadeneira Emilio Alfredo

Napo

195

Dra.

Borja Román Marcela Paola

Pichincha

170

Ab.

Zambrano Coello Jacinta Eratelda

Napo

196

Dr.

Brito Sarmiento Bremer Marcelo

Pichincha

171

Ab.

Salazar Guerrero Geovany Manolo

Orellana

197

Sr.

Burbano Martinetty Edison Alfredo

Pichincha

172

Ab.

Narváez Córdova Diana Elizabeth

Pastaza

198

Srta.

Cabrera Cruz Martha Cecilia

Pichincha

173

Dr.

Vargas Zúñiga Marco Félix

Pastaza

199

Lcdo. Cabrera Raúl Fernando

Pichincha

174

Ab.

Achina Cualchi Ana Esperanza

Pichincha

200

Sr.

Camacho Guerrero Xavier Rodolfo

Pichincha

175

Sr.

Aguilar Orozco Otto Vidal

Pichincha

201

Ab.

Camacho Ortiz Cristian Fernando

Pichincha

176

Dra.

Aguirre Benalcázar Leonor Isabel

Pichincha

202

Dr.

Camino Alarcón Wilson Rodrigo

Pichincha

104 RENDICIÓN DE CUENTAS

APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA

APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA

Pichincha

229

Sr.

Flores Pico Nicolay Dario

Pichincha

230

Dra.

Galarza Mayorga Eugenia Marina

Pichincha

Cárdenas Goyes Luis Aníbal

Pichincha

231

Ab.

Garcés Delgado Juan Carlos

Pichincha

Lcdo. Carrera Aldaz Edmundo Benjamín

Pichincha

232

Sr.

Garcia Santamaria Fausto Marat

Pichincha

233

Ab.

Gómez Guayasamín Diego Patricio

Pichincha

234

Srta.

González Poma Ruth Andrea

Pichincha

235

Dra.

Grijalva Chacón Elsa Paulina

Pichincha

Chico Bravo Silvia Eva

Pichincha

236

Srta.

Gualotuña Suárez Tania Cristina

Pichincha

Ab.

Chuchuca Agila Angela

Pichincha

237

Ab.

Guerra Cedeño Mayra Lorena

Pichincha

Ab.

Cisneros Banderas Vanessa Patricia

Pichincha

238

Dr.

Guerrero Godoy Rosendo Paúl

Pichincha

213

Ab.

Contero Bastidas Alicia Margarita

Pichincha

239

Dra.

Guerrón Almeida Gloria Faviola

Pichincha

214

Ab.

Coronado Viteri Carlos Ramiro

Pichincha

240

Dra.

Haro Avendaño Livia Germania

Pichincha

215

Dr.

Corrales Agama Pablo Andrés

Pichincha

241

Ec.

Hermosa León Carmen Elena

Pichincha

216

Srta. Cruz Bolaños Sofia Alejandra

Pichincha

242

Ing.

Herrera Taipicaña Patricia Jadira

Pichincha

217

Dra.

Dávalos Cárdenas María América

Pichincha

243

Ab.

Hinojosa Ruiz Clara Yesenia

Pichincha

218

Ab.

De Guzmán Valdivieso Patricia Victoria

Pichincha

244

Dra.

Jara Tobar Carlota Eulalia

Pichincha

219

Sr.

Díaz Guerrero Marco Vinicio

Pichincha

245

Lcda. Jaramillo Grijalva Verónica Zoraya Jaramillo Jaramillo Luis Vladimir

Pichincha

203

Srta. Campaña Jarrín Johanna Estefanía

204

Sr.

Cárdenas Díaz Jorge Eduardo

205

Dr.

206 207

Lcdo. Carrillo Chacón Julio Eduardo

208

Dr.

209

Srta. Castelo Villagómez Karla Violeta

210

Dra.

211 212

Casáres Maldonado Adolfo

Pichincha

220

Sr.

Díaz Miranda Jorge Enrique

Pichincha

246

Ing.

221

Dra.

Díaz Yépez María Eugenia

Pichincha

247

Ab.

Jaramillo Salinas Juan Agustín

Pichincha

222

Srta. Dueñas Espinel Thaina Janeth

Pichincha

248

Dr.

Jaya Villacres Diego Wladimir

Pichincha

Sr.

Larrea Betancourt Carlos Patricio

Pichincha

223

Ing.

Espín Navia Juan Francisco

Pichincha

249

224

Dra.

Espinosa Espinosa Fanny Eugenia

Pichincha

250

Ab.

Llumiquinga Jácome Susana del Carmen

Pichincha

225

Ing.

Estévez Escobar Sofía de Lourdes

Pichincha

251

Ab.

López Villavicencio Estefany Nataly

Pichincha

226

Lcda. Falconí Monard María Isabel

Pichincha

252

Ab.

Ludeña Navarrete Gustavo Paúl

Pichincha

227

Dra.

Flores Méndez Marlene Susana

Pichincha

253

Lcdo. Melo Benítez Patricio Fernando

Pichincha

228

Ab.

Flores Ortiz Susana Alexandra

Pichincha

254

Dra.

Pichincha

Méndez Melgarejo Elva Inés

105 RENDICIÓN DE CUENTAS

APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA

APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA

255

Ab.

Mendoza Chávez Luis Eduardo

Pichincha

281

Dr.

Saltos Galarza Pablo Fernando

Pichincha

256

Ab.

Montero Pérez Luis Enríquez

Pichincha

282

Ab.

Sánchez López Andrés Santiago

Pichincha

257

Dra.

Montoya Moreta Lolita del Pilar

Pichincha

283

Dra.

Serrano Lasso Luz Marina

Pichincha

258

Ab.

Mora Vaca Zoraya Alejandra

Pichincha

284

Ec.

Silva Avalos César Rogelio

Pichincha

259

Dr.

Morales Llerena Eduardo Santiago

Pichincha

285

Ab.

Sizalema Sánchez Diego Paúl

Pichincha Pichincha

260

Ab.

Moreno del Pozo Miguel Arturo

Pichincha

286

Dra.

Sosa Procel Rosana de las Mercedes

261

Dr.

Moyano Estuardo Germán

Pichincha

287

Dr.

Tamami Chimbolema Ángel Agustín

Pichincha

262

Srta. Muñoz Armijos Nora Gabriela

Pichincha

288

Dra.

Tapia Guerrón Consuelo Marcella

Pichincha

263

Lcda. Muñoz Santamarìa Alexandra Angèlica

Pichincha

289

Ab.

Tayupanta Cadena Jorge Oswaldo

Pichincha

264

Ab.

Muñoz Venegas María Fernanda

Pichincha

290

Ab.

Tirira Huertas Lorena Andrea

Pichincha

265

Ing.

Naranjo Avalos Hernán Fabricio

Pichincha

291

Sr.

Tobar Costales Ricardo Alexander

Pichincha

266

Sr.

Ordóñez Jaramillo Boris Samuel

Pichincha

292

Lcda. Ulloa Cadena Noemi Magdalena

267

Ing.

Orellana Atarihuana Hugo Rene

Pichincha

293

Srta.

Uquillas Mañay Paulina Isabel

Pichincha

268

Srta. Orozco Mendoza Susan Mariela

Pichincha

294

Ing.

Veintimilla Vélez Luis Giovanni

Pichincha

269

Dra.

Ortiz Franco Thania Gishelle

Pichincha

295

Dra.

Velasco Velasco Silvana Lorena

Pichincha

270

Sr.

Ortiz Sevilla Chris Stefan

Pichincha

296

Dr.

Villagrán Hurtado Javier Napoleón

Pichincha

271

Ing.

Paredes Parada Max Abel

Pichincha

297

Dra.

Vinueza Arias Livtka Cecilia

Pichincha

272

Ab.

Pérez Noboa Hugo Alejandro

Pichincha

298

Sr.

Arboleda Aguilar Ney Alexander

Pichincha

273

Dra.

Portilla Jácome Alicia Margoth

Pichincha

299

Sr.

Bedón Martínez Walter Augusto

Pichincha

274

Ing.

Pozo Yépez Nelson Andrés

Pichincha

300

Sr.

Freire Olivo Shakespeare Humberto

Pichincha

275

Sra.

Ramos Carrera Mireya Soledad

Pichincha

301

Sr.

Garcés Cornejo Nelson Oswaldo

Pichincha

276

Sr.

Reinoso Ontaneda Darwin Xavier

Pichincha

302

Sr.

Gómez Saltos Bosco Xavier

Pichincha

277

Sra.

Rodríguez Logroño Sandra Elizabeth

Pichincha

303

Sr.

Lema Reinoso Roberson Estalin

Pichincha

278

Lcda. Rumazo Echeverrìa Luz Marina

Pichincha

304

Sr.

Melo Páez Jorge Fernando

Pichincha

279

Ec.

Salazar Guerrero Estuardo Alcides

Pichincha

305

Sr.

Minda Viteri Orlando Rubén

Pichincha

Salazar Viana Antonio Xavier

Pichincha

306

Sr.

Trujillo Córdova Rómulo Amílcar

Pichincha

280

Sr.

106 RENDICIÓN DE CUENTAS

Pichincha

APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA Pichincha

307

Sra.

Velasco Cobos Carmen Elisa

308

Dra.

Alvarado Solorzano Diana Gabriela

Santa Elena

309

Ab.

Coello Cañizares Gonzalo Raúl

Santa Elena

310

Ab.

Cabezas Ruiz Alfredo Mesías

Santo Domingo de los Tsáchilas

311

Ab.

López Villacís Horlin Santiago

Santo Domingo de los Tsáchilas

312

Dr.

Melo Benítez Marco Ramiro

Santo Domingo de los Tsáchilas

313

Dr.

Morejón Figueroa Alex Fernando

Santo Domingo de los Tsáchilas

314

Dr.

Lombeida Rojas Walter Jeovany

Sucumbíos

315

Ab.

Reyes Rosillo Franito

Sucumbíos

316

Dr.

Acurio Hidalgo Germán Fabricio

Tungurahua

317

Ab.

Espín Moncayo Geovanny Rafael

Tungurahua

318

Ab.

Suárez Flores Edison Fernando

Tungurahua

319

Ab.

Suárez Santamaría Mario Fernando

Tungurahua

320

Ab.

Villacís Villacís Carmen Liliana

Tungurahua

321

Dr.

García Loyaga Fabián Moises

Zamora Chinchipe

322

Ab.

Toledo Peláez Francia Beatriz

Zamora Chinchipe

107 RENDICIÓN DE CUENTAS

Defensoría Pública Quito

108 RENDICIÓN DE CUENTAS

Defensoría Pública Guayaquil

109 RENDICIÓN DE CUENTAS

PRESUPUESTO DEFENSORÍA PÚBLICA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2007

2008

ASIGNADO

PRESUPUESTO

216.610,83

2.821.639,00

3.065.643,23 3.755.791,16 8.108.187,11

2009

2010

2011

TOTAL EJECUCIÓN 2007-2011 17.967.871,33

EJECUTADO

216.610,83

2.379.835,96

3.025.393,03 3.591.134,38 4.615.845,65

13.828.819,85

18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 2007

110 RENDICIÓN DE CUENTAS

2008

2009

2010

2011

TOTAL EJECUCIÓN 2007-2011

APORTES RELEVANTES DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA AL SISTEMA JUDICIAL

PROPUESTAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA

•

Primer Censo Penitenciario Nacional.

•

Sistema Nacional de Defensoría Pública.

•

Primera Sala de Audiencias de Flagrancia,

•

Modelo de gestión por procesos para todos los operadores de

Quito. •

•

justicia.

Cero Presos sin Sentencia (Ya no existen

•

Priorizar salidas alternativas y juicios rápidos.

caducidades de la prisión preventiva ni

•

Sistema de Gestión de Audiencias.

impunidad)

•

Sistema de Monitoreo de Judicaturas: inventario de causas y

No existen juicios que en etapa de investigación tarden más de tres meses.

tiempos de despacho. •

Sistema de Información Penitenciaria: detenidos preventivos,

•

Atención en todas las materias jurídica.

•

Primer acuerdo interinstitucional con Jueces

•

Oralidad en Audiencias y Cero Expedientes.

de Garantías Penales, Quito y Guayaquil.

•

Notificaciones electrónicas.

Foros y Eventos de Capacitación para

•

Sistemas de Grabación de Audiencias.

Operadores de Justicia.

•

Protocolos y Unificación de Procedimientos Obligatorios para:

• •

sentenciados.

Primeros Protocolos de Flagrancia y de

desestimaciones, versiones, exclusiones de prueba, acuerdos

Salidas Alternativas.

probatorios, motivación de resoluciones, e intervención en audiencias. •

Servicios Previos al Juicio: evaluación del riesgo social, control de cumplimiento de condiciones de salidas alternativas.

•

Capacitación continua y Escuela Judicial. 111 RENDICIÓN DE CUENTAS

Nuestra Razón y Misión...

112 RENDICIÓN DE CUENTAS

MISIÓN:

Defender gratuitamente a las personas en estado de indefensión, garantizando su acceso a la justicia, un juicio justo y el respeto a los derechos humanos.

VISIÓN:

Conformar una institución de garantía, apreciada por la ciudadanía por la calidad y oportunidad de su servicio.

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