Un Viraje Hacia la Seguridad Basado en la “Mano Justa”

Agustín ETCHEBARNE

Director general de la Fundación Libertad y Progreso.

La década de los 70 en Argentina quedó definida por una escalada de violencia que transformó la guerrilla inicial en un devastador terrorismo urbano, que incluso desafió al gobierno del General Perón, ganador electoral con el 62% de los votos. Como respuesta, Perón y su ministro López Rega establecieron la AAA, inaugurando así el terrorismo de Estado que perseguía, asesinaba y torturaba a los terroristas. Este periodo de represión se intensificó tras el golpe de Estado en 1976. La derrota definitiva del terrorismo, seguida por la rendición militar en las Malvinas, marcó la vuelta a la democracia. El informe “Nunca Más” de la

CONADEP, publicado bajo el gobierno de Alfonsín, provocó un cambio en la percepción pública, subrayando la necesidad de condenar los excesos de la represión. No obstante, en lugar de retornar a un balance, la sociedad empezó a inclinarse hacia un garantismo radical, representado por la doctrina de Zaffaroni, en la que los delincuentes son vistos como víctimas y sus actos delictivos como una consecuencia de fallas sociales . Este viraje resultó en un incremento de la inseguridad, con picos críticos como el aumento de homicidios relacionados con el narcotráfico en Rosario, y un crecimiento en los robos, particularmente de los “motochorros” en el Gran Buenos Aires. Esta situación nos obliga a debatir cómo equilibrar la protección de los derechos humanos con la disuasión efectiva del delito.

Si observamos el estudio elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que puede consultarse en “Statistics Online” de la ONUDD, Argentina tiene una tasa de 4,2 homicidios por cada 100.000 habitantes ubicándose en la posición 122 entre aproximadamente 200 países, por debajo de la mitad de la tabla. Aunque estamos mejor que los países de Centroamérica asolados por el narcotráfico, aún tenemos mucho por mejorar.

Las próximas elecciones son una oportunidad singular para debatir cómo reforzar la seguridad en Argentina. En la Fundación Libertad y Progreso, abogamos por un retorno al equilibrio, lo cual no significa adoptar la “mano dura”, pero sí implica dejar atrás la permisividad que ha deteriorado la vida en nuestras ciudades . Argentina debe reorientarse hacia lo que verdaderamente es una doctrina garantista, aquella que garantiza la seguridad pública, resguarda la vida, la libertad y la propiedad privada. Algo tan simple como volver a las fuentes, aquellas ideas de grandes pensadores como Cesare Beccaria, Juan Bautista Alberdi, Sebastián Soler, Gary Becker. Es siempre aconsejable considerar también las experiencias exitosas de otras regiones como Nueva York o

Florida, permitiendo que Argentina reestructure su marco de seguridad. Tal vez, en lugar de fluctuar entre políticas duras o permisivas, proponemos un enfoque equilibrado: la “mano justa”.

Cesare Beccaria, el filósofo iluminista, proporciona un valioso punto de partida para adecuar las penas a cada delito. Propugnaba que la punición debe contener un elemento disuasorio que sea proporcional al delito y que se aplique con prontitud para reforzar su conexión con el acto criminal. Juan Bautista Alberdi, el eminente pensador, abogado y padre de nuestra Constitución, enfocó su atención en la protección de las libertades individuales. Sostenía que se debe garantizar la seguridad pú-

blica, pero sin comprometer los derechos fundamentales de los individuos priorizando siempre la protección de los derechos ciudadanos. Estableció que “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”. Sebastián Soler continuó en esa misma línea, sugiriendo que los delitos se deben castigar en función de la culpabilidad del delincuente, basándose en su responsabilidad individual. Soler reconocía que la protección de la sociedad podría requerir medidas drásticas, como la prisión preventiva y las penas largas. Sin embargo, destacaba la importancia de considerar las circunstancias sociales, económicas y personales que pueden influir en la comisión de de -

litos, y la relevancia de la prevención y el estudio criminológico del delincuente. Así, proponía un equilibrio entre los derechos individuales y la seguridad social.

Estas ideas se deben complementar con la visión económica de Gary Becker, que permite el análisis del delito basándose en que los individuos cometen delitos evaluando los costos y beneficios. Si los beneficios percibidos por cometer un delito superan los costos potenciales (años de cárcel real), las tasas de criminalidad aumentan. Por tanto, es esencial aumentar la probabilidad de que el delincuente sea aprehendido, rápidamente juzgado, condenado y que el cumplimiento de la condena sea efectivo

Argentina debe reorientarse hacia lo que verdaderamente es una doctrina garantista, aquella que garantiza la seguridad pública, resguarda la vida, la libertad y la propiedad privada

Con ese objetivo, proponemos realizar un digesto de leyes y normas, para que sean muy claras y permitan que el ciudadano conozca exactamente cuáles son las consecuencias de sus acciones. Deben evitarse las tergiversaciones en su aplicación y acelerarse los procesos judiciales. El objetivo es que los potenciales delincuentes conozcan claramente el costo de infringir las normas. Como dice Javier Milei: “el que las hace las paga”.

Podemos sumar también la teoría de las “ventanas rotas”, proveniente de un experimento efectuado por Philip Zimbardo, en 1969, donde se demostró que el descuido y desorden en un espacio público llevan al incremento de crímenes. Aplicada en Nueva York bajo el Comisario William Bratton y el Alcalde Rudolph Giuliani, a través de políticas que se conocieron como de “tolerancia cero” , se consiguió una reducción en las tasas de criminalidad al abordar delitos menores y prevenir su escalación.

En Argentina, se podría adoptar un enfoque similar, esencial para mantener espacios públicos limpios y ordenados, promoviendo la seguridad social. Sin embargo, es crucial la “mano justa”, aplicando la ley de forma consistente, evitando medidas excesivamente duras que infrinjan derechos individuales o afecten desproporcionadamente a comunidades marginadas.

Adicionalmente, es digna de estudio la ley “10-20-Life” implementada en Florida bajo la gestión del gobernador Jeb Bush. Esta ley prescribía sanciones mínimas ineludibles para determinados crímenes vinculados con la utilización de armas de fuego: 10 años de reclusión por exhibir un arma durante la perpetración de ciertos delitos, 10 años por disparar un arma en idénticas circunstancias y entre 25 años a prisión perpetua si alguien resultaba lesionado o asesinado por un arma de fuego durante la ejecución de dichos delitos. Esta ley se vio complementada por una campaña publicitaria titulada “Three strikes and you’re out” , que se encargaba de explicar la política de sentencias criminales aplicada en varios estados de los Estados Unidos.

Esta estrategia fue promovida con el objetivo de disuadir a los criminales reincidentes, apoyándose en la premisa de que un delincuente que ha sido condenado por tres delitos graves representa una amenaza intolerable para la sociedad y, por ende, debe ser recluido de por vida.

Hacemos un llamado a todos los argentinos a participar activamente en el debate sobre la seguridad. Necesitamos reevaluar nuestras políticas actuales, aprender de experiencias exitosas, y volver a centrarnos en la protección de los derechos individuales. Solo entonces podremos restaurar el delicado equilibrio entre la seguridad y la libertad. Porque si se privilegia la seguridad por sobre la libertad, o viceversa, es muy probable que se termine perdiendo ambas.

Ni mano dura, ni mano blanda, la “mano justa” es el camino que debemos seguir.