DEL PAÍS

EL DIARIO DE LAS GRANDES MAYORÍAS todas las consideraciones del lavado de activos por ejemplo, o de la penetración del narcotráfico en las estructuras del poder político en lo municipal, legislativo e incluso en el Poder Ejecutivo, como hemos visto en el caso de Honduras también con el presidente Juan Orlando Hernández.

Me parece que es una estrategia de corto plazo, que tiene riesgos muy altos para el sistema político en su conjunto, porque debilita la separación de poderes. Y al final de cuentas orienta a los países hacia un modelo crecientemente autoritario, que evade la responsabilidad de atender de forma preventiva las causas profundas de la inseguridad, que tienen que ver esencialmente con la desigualdad.

El Salvador pasó de tener la mayor tasa de homicidios en el mundo, de 104 por cada 100.000 habitantes en 2015, a una de 7,8 el año pasado, según cifras oficiales. Esto es una tasa menor incluso que la de Costa Rica, que en 2022 registró 12,6 asesinatos por cada 100.000 habitantes. ¿No los considera resultados sostenibles en el tiempo?

No lo creo, porque para sostener esos niveles requeriría de una estrategia de política pública que básicamente solo coloca los recursos del Estado en temas de seguridad. Estamos hablando de la necesidad de contratar a miles y miles de personas que conduzcan el sistema, tanto del lado de la fuerza pública y el Ejército como en el mantenimiento de las cárceles donde se van a seguir metiendo todas estas personas. Y después también viene la rehabilitación, a no ser que uno piense que esos van a ser los únicos contaminados por el narco y se van a quedar en la cárcel indefinidamente hasta morirse, lo cual también tiene sus bemoles desde el punto de vista democrático. Sabemos que en las democracias más desarrolladas hasta los criminales tienen ciertos derechos, que se atienden dentro de lo que resuelva la ley por medio del sistema judicial.

Entonces es una estrategia de muy corto plazo. Además habría que revisar los datos oficiales porque no necesariamente hay transparencia en ellos, así como las implicaciones financieras que esto tiene y en El Salvador también ha habido mucha opacidad. Por ejemplo, esa cárcel donde se han recluido a miles y miles de mareros se construyó sin dar cuentas a nadie sobre los recursos que se utilizaron, en su número y en su origen.

Bukele es hoy uno de los presidentes con mayores tasas de popularidad en América Latina. Su vicepresidente, Félix Ulloa, nos dijo recientemente: “Más del 90% de la población está de acuerdo con el estado de excepción y quiere que se extienda”. ¿Esto no legitima lo que está haciendo el gobierno de El Salvador en materia de seguridad?

En el caso de El Salvador, sin duda. Y me parece que hay que respetar la percepción del pueblo que mira en Bukele la solución a un problema que ha padecido

Gerente General: Eduardo Torres Carrasco durante décadas.

No tengo la menor duda que esos números son reales y que concentrar la preocupación de la ciudadanía sobre el tema de seguridad da réditos.

Hay temas que convocan y el de la inseguridad es uno de ellos. Hay otros pueden llevar a la guerra, como el ultranacionalismo o la xenofobia.

La pregunta no es tanto si el gobierno de Bukele es o no apoyado. Lo es, no tengo duda. El problema es si esa política es sostenible, fortalece el ejercicio democrático y permite a la gente tener una salida a sus otros desafíos, como la pobreza y la falta de educación, agua, servicios de transporte y de vinculación con el mercado mundial. Me parece que esos temas todavía están pendientes en El Salvador y veremos si pueden ser aliviados por medio de esta política de mano durísima que el gobierno ha implementado.

En cualquier caso usted no pone en duda el éxito de la estrategia que ha tenido hasta ahora el gobierno de Bukele en materia de seguridad…

En el corto plazo no, porque así lo demuestran los números.

En el mediano y largo plazo tengo muchísimas dudas de que esta sea una estrategia ganadora y exitosa, porque no creo que la inseguridad sea el único problema de El Salvador o de cualquier sociedad. Y coloco el énfasis en la desigualdad.

Pero es indudable que la política en El Salvador ha reducido significativamente los índices de criminalidad, a un costo elevadísimo en derechos humanos y el funcionamiento del Estado de derecho.

Organizaciones de El Salvador e internacionales han documentado miles de denuncias por detenciones arbitrarias, muertes y abusos en las cárceles, así como procesos judiciales sin garantías. Pero muchos salvadoreños sienten alivio por el debilitamiento de las maras y parecen dispuestos a aceptar ese costo: “Antes estábamos sitiados”, le dijo una joven en San Salvador a BBC Mundo. ¿Qué refleja esto?

Creo que refleja varios fenómenos. Hay que reconocer que los niveles de violencia y criminalidad con que vivieron durante décadas los salvadoreños eran reales y esto afectaba su vida cotidiana. Entonces uno tiene que entender que hay una realidad que los salvadoreños vivieron, que los cansó y los motivó a buscar una salida como la que Bukele les ofrecía.

Pero hay un fenómeno que quizá causa mayor daño y es el miedo estructural, miedo a que uno no pueda vivir normalmente porque está sitiado por el crimen, como señalaba esa entrevistada.

Esta constante necesidad de encontrar a alguien que defienda al sistema y al ciudadano se repite en muchos países. Y tiene un problema que vimos con la estrategia contra el terrorismo después de los ataques contra las Torres Gemelas en Nueva York: hace que el ciudadano esté dispuesto a conceder prácticamente todo a cambio de la seguridad perdida.

Editor Locales: Luis Najarro/ Deportes: Gustavo Barboza

Corrección: Alfonso Lainez

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