TODOS ENTRETENIDOS EN ADELANTO DE ELECCIONES Y LAS PROTESTAS Y EL ESTADO ES UN CAOS CON FUNCIONARIOS CASTILLISTAS

• Contralor Nelson Shack revelo que hay 8,730 funcionarios bajo sospecha

• Jefe del Gabinete dialogó con organismos adscritos a la PCM.

Ojo con Essalud, Indecopi, Enaco, Distriluz entre otros

Mientras que el país sigue convulsionado, todos están mirando el destino y que pasara. Las broncas entre el Congreso y Palacio de Gobierno por los adelantos de elecciones prosiguen y se vera una ultima oportunidad a ver si se ponen de acuerdo, pero todo hace suponer que todos se quedaran hasta el 2026.

El otro centro de atracción es la protestas, los cerca de 60 muertos, los cuestionamientos a las fuerzas de seguridad, la presencia de las Fuerzas Armadas y el resurgimiento del terrorismo que ha visto el momento para desarrollar su preparación militar luego de una intenso trabajo político de odio, el mismo que profesaba el corrupto Pedro Castillo con sus más cercanos colaboradores.

Y mientras todo ello ocurre los que salen ganando son los miles de funcionarios que apoyaban al corrupto Pedro Castillo. Ellos mas frescos que una lechuga, están en balcón y haciendo de las suyas con plata de estado, despilfarrando, haciendo contratos leoninos y adjudicaciones a dedo.

A ello se suma que siguen contratando personal sin perfil, eso sin contar a los recomendados del Ejecutivo, cuando estaba en el poder, Pedro Castillo. Nadie del Ejecutivo se preocupa en pedir informe a Servir, a la Contraloría sobre las evaluaciones que tienen y cuantos altos funcionarios, gerentes y otros no cumplen el perfil para ocupar los puestos en donde están mangoneando.

Acaso habrá alguno de estos funcionarios castillistas están apoyando el paro. Quien sabe puede haber muchos o pocos. Pero lo que se necesita es que, así como se pone mano dura para imponer el estado derecho y derrotar al terrorismo, también se debe poner mano dura y reordenar al estado.

Hay que limpiar de esos castillistas que le están haciendo daño al país. No tienen el valor de renunciar. Viven de la teta del estado. Hay que recordar que la mandataria Dina Boluarte siendo ministra, tenia enlace con diversas autoridades y el Premier Alberto Otárola, era un castillista, el solo hecho de pedir que voten por Pedro Castillo lo pinta de cuerpo entero.

Es así que se entiende que como el Ejecutivo avala por ejemplo seguir en la compra de pasaportes a los franceses y han colocado en esa institución a funcionarios que ya tenían conexión con la gestión que realizo el contacto y gestión comercial con los franceses.

La gestión anterior de Migraciones había bajado costos y dio pluralidad que otras empresas puedan participar. Todo se echa al tacho.

Y hay instituciones como Essalud, Indecopi, Enaco y Distriluz entre otras que hay que ponerle mucho ojo y ver la plana mayor de como lo están manejando.

Por ahora hay que confiar que los cambios llegaran. Por eso el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola, dialogó con los representantes de los organismos adscritos a su sector, quienes expusieron el trabajo que realizan las entidades y los retos que enfrentan.

Estuvieron presentes representantes del Centro Nacional de Planeamiento

Estratégico (Ceplan), Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).

También participaron la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La reunión de trabajo se efectuó en la sede de la PCM. Y allí se trataron muchas criticas a otras instituciones y los cambios que se deberían hacer.

Hay que señalar que la corrupción aumentó el año pasado. Fue el contralor general de la República, Nelson Shack, el que reveló que los corruptos se robaron S/25 mil millones en el 2022, cuando gobernó el expresidente Pedro Castillo.

“Más de S/25 mil millones perdidos en 2022, por los datos que tengo, de todas maneras. ¿Eso qué significa? Que S/13 de cada S/100 que se gasta en el Perú, se pierde, o porque se lo roban, o porque hay ineficiencia, despilfarro e incompetencia. Ese es el tamaño de la pérdida”, detalló.

Indicó que, durante el año pasado, la Contraloría detectó a más de 8,700 funcionarios públicos, entre directivos, profesionales y técnicos de entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local, implicados en hechos irregulares.

“De esos 8,730, hay 3,000 que pertenecen a entidades del Gobierno Nacional y esta cifra significa 40% más que lo reportado en 2021”, expresó.

Sostuvo que, si robaran la mitad de los S/25 mil millones, no habría más pobres en el Perú, ya que la brecha de pobreza es de S/12 mil millones, aproximadamente. Refirió que ese dinero se podría destinar en bonos a las personas más vulnerables.

“Se sabe lo que se tiene que hacer (para dejar de perder dinero), pero para eso tiene que haber voluntad”, señaló Nelson Shack.

Además, recomendó que se renueve la clase política lo más pronto posible, tanto Ejecutivo como Legislativo, para tomar mejores decisiones en el país.

“Suelo decir, entre broma y en serio, que lo único que falta es que pongan las coimas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), ahí sería más ordenado, el gran problema es ese”, acotó.

El contralor recordó que, aunque la pérdida económica del año pasado es similar a la reportada en 2021, explicó que en 2022 se ejecutó mucho más presupuesto público. “Por eso, en términos absolutos, no me cabe ninguna duda que el monto de pérdida total de corrupción estará por encima de los S/ 25 mil millones”.

Pero las perdidas también se dan por los paros, chantajes, extorsiones de los terroristas. Es por eso que la Compañía de Minas Buenaventura detuvo las actividades de la mina Julcani, ubicada en la provincia de Angaraes, región de Huancavelica, luego de que el último domingo entre 280 y 300 personas amenazaran al personal de la operación. Como consecuencia, por cada día de paralización la minera pierde entre US$ 180,000 y US$ 200,000, y sus 1,200 trabajadores dejan de percibir remuneraciones, dijo el gerente general de la empresa, Leandro García.

Veamos que se puede hacer, mientras tanto la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso evaluará este martes 7 de febrero dos predictámenes de reforma constitucional a fin de fortalecer el sistema electoral y las relaciones entre el Poder Ejecutivo y Legislativo.

El debate de dichos predictámenes se realizará desde las 9:30 horas de manera semipresencial en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea.

El texto sustitutorio “Ley de reforma constitucional para fortalecer las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo” propone la modificación de los artículos 113 y 117 de la Constitución Política, referidos a la vacancia presidencial y la acusación contra el jefe de Estado.

En ese sentido, se modifica el numeral 2 e incorpora el numeral 6 del artículo 113, que quedaría redactado del siguiente modo:

“Artículo 113. La Presidencia de la República vaca por:

2. Su permanente incapacidad mental o física, debidamente acreditada de forma unánime por una junta médica sin conflictos de interés, y declarada por el Congreso, de conformidad con el procedimiento de vacancia por esta causal establecido en el Reglamento del Congreso de la República

6. Su permanente incapacidad moral declarada por el Congreso”

En tanto, el artículo 117 quedaría de la siguiente manera:

“Artículo 117. El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la Patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral; así como por la imputación de delitos vinculados al terrorismo; al narcotráfico; a la corrupción de funcionarios: colusión, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio, cohecho activo transnacional, cohecho activo especifico, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias, y enriquecimiento ilícito; y a delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional: rebelión, sedición y motín”.

Asimismo, como disposición complementaria final, se precisa que el mandatario puede ser investigado en sede fiscal durante el periodo presidencial. La investigación abarca la etapa de diligencias preliminares y la formalización y continuación de la investigación preparatoria, reservándose la formulación de la acusación fiscal, así como la solicitud del mandato de detención, hasta la culminación de su mandato.

El segundo predictamen propone modificar los artículos 179, 180 y 181 de la Carta Magna.

En ese sentido, se sugiere que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) esté compuesto por siete miembros titulares, cuatro más que en la actualidad. Dos serían elegidos por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas y los otros por decanos de las universidades privadas.

También se proponen requisitos para ser miembro del Pleno como ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, ser mayor de 45 años y menor de 70 años y ser abogado con experiencia profesional no menor de 15 años.

Alternativamente, se puede haber ejercido la cátedra universitaria o haber ejercido la labor de investigador en materia jurídica por el mismo periodo. Tampoco se debe tener sentencia condenatoria por delito doloso en primera instancia. Asimismo, debe contar con reconocida trayectoria profesional, solvencia e idoneidad moral y experiencia en derecho electoral.

Por último, se sugiere que los magistrados del JNE conformen dos salas más, además del Pleno, para conocer en apelación las resoluciones emitidas por los Jurados Electorales Descentralizados. Cada sala estará conformada por tres miembros.