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Se promulgó la Ley Lucio
Por: Luciana Peker na, Karina Brizuela, en el Superior Tribunal de Justicia. Pero ahora no sólo propicia que la convención reformadora de la Constitución provincial discuta la periodicidad de los jueces, sino también la creación de una "comisión especial de notables" con facultades para "revisar las sentencias", toda vez que se trate de "cosas de interés público o intereses de las mayorías populares". editorial@diariocastellanos.net
El 3 de mayo fue promulgada la Ley Lucio (27.709) que tiene como objetivo la prevención y detección temprana de situaciones de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Fue aprobada el 13 de abril en el Senado de la Nación, por unanimidad. La norma es de carácter continuo, actualizable y obligatorio y alcanza a las personas que trabajen en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que forman parte del Sistema Integral de Promoción y Protección de la infancia.
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Nada de esto puede extrañar de alguien cuyo Gobierno se asimila a un clan familiar y que ha llenado de parientes las aproximadamente 40 empresas estatales de una provincia que alberga a 54.000 empleados públicos, de los cuales más de la mitad cobran sumas no remunerativas, contra solo 32.000 empleos del sector privado.
El modelo feudal y clientelista de Quintela explica el rechazo por la posibilidad de importantes inversiones privadas en minería, tanto como el descuido del sistema educativo en La Rioja. Cuando se desalienta la educación, se hace lo propio con el progreso, y las opciones para los jóvenes pasan a no ser otras que emigrar de la provincia o someterse a los designios de la oligarquía que distribuye discrecionalmente los recursos públicos entre sus dependientes votantes.
Pese al desprecio que, al igual que su par formoseño, Gildo Insfrán, siente Quintela por los porteños -de ellos, dijo despectiva e infundadamente que no producen ni un tornillo-, su Gobierno nepotista es financiado en buena parte por la población de la ciudad de Buenos Aires. La recaudación fiscal de La Rioja apenas alcanza para cubrir alrededor del 9% del presupuesto provincial; el resto se financia con recursos de la Nación. Se trata de recursos que, tristemente, no se destinan a transformar la provincia, sino fundamentalmente a financiar el sostenimiento de la oligarquía gobernante.
La nueva etapa que se avecina tras la reelección de Quintela no solo supone más atraso y clientelismo, sino también el creciente peligro de un mayor deterioro institucional, incluido otro experimento para licuar al Poder Judicial y someterlo definitivamente al poder político.
A partir de la publicación en el Boletín Oficial se debe crear, en seis meses, el Plan Federal de Capacitación en derechos de las niñas, niños y adolescentes. También se deben realizar campañas de conciencientización sobre la necesidad de respetar el buen trato a hijos e hijas, alumnos y alumnas y niñas y niños. Los y las docentes, médicos y trabajadoras sociales deben conocer los derechos de la infancia, denunciar si los chicos o chicas son abusados o maltratados. Las profesionales de la salud y las maestras deben ser protegidas si corren riesgos o son amenazados/as por denunciar la violencia que es ejercida contra un chico o una chica.
La protección de la infancia no puede esperar. En octubre deberían estar los contenidos de la norma para que, antes de fin de año, se inicien las capacitaciones dentro del Estado, de forma obligatoria y, en clubes y entidades culturales, de forma optativa. Los contenidos de las capacitaciones deben ser creados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, conjuntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF).
La ley se llama "Lucio" en homenaje a Lucio Dupuy, el niño de 5 años que fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en La Pampa por su madre, Magdalena Espósito Valenti, sentenciada por homicidio triplemente calificado y por la pareja de la madre, Abigail Páez, condenada por homicidio doblemente calificado y por abuso sexual por acceso carnal. El asesinato de Lucio impactó como un alerta del maltrato familiar frente al que las escuelas, los clubes, los vecinos, el sistema de salud y la Justicia no pueden mirar para otro lado.
La norma exige que se respete la Convención por los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución, en el artículo 75 inciso 22; impone generar condiciones de convivenciaconvínculosdeafectoyrespeto; se establece que se deben hacer campañas de buen trato en la vida cotidiana; se alienta a promover espacios para que las niñas, niños y adolescentes sean escuchados en todos los procesos administrativos y judiciales; se propone que las infancias y adolescencias puedan incidir en el diseño de políticas públicas que afecten sus intereses y derechos y se debe propiciarlaperspectivadegéneroydiversidades, conforme a los marcos normativos vigentes.
La ley implica una respuesta preventiva ante el maltrato de chicos y chicas. Intenta promover sus derechos, que se pongan en práctica las normas ya vigentes para proteger a los chicos y las chicas y que la sociedad no tolere gritos, violencias, violaciones, ni falta de contención y cuidado a las infancias. En el caso de Lucio las agresoras eran dos mujeres. Es importante que ninguna persona sea encubierta si comete violencia y que se investiguen todas las huellas, relatos o marcas de maltrato infantil.
En la mayoría de los casos (73%) los agresores de niños y niñas son varones. Eso no implica que no hay que investigar a las mujeres o madres. Pero sí muestra una radiografía del ensañamiento contra las infancias en el que la violencia machista es un problema sistemático. Entre el 2020 y el 2021 la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación registró 5.455 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia doméstica con vínculo filial con la persona agresora que, en 7 de cada 10 familias, eran varo- nes.
Entre el 2020 y el 2021 el 32% de las personas afectadas por la violencia familiar fueron niñas, niños y adolescentes, según el registro de la OVD. Entre los menores de edad el 53% fueron niñas y adolescentes mujeres y el 47% varones. En el momento de la denuncia ante la OVD -en Lavalle 1250, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- 10 nenas y adolescentes estaban embarazadas.
La mayoría de las chicas y los chicos padecen violencia psicológica (en el 95% de los casos) y física (en el 43%). En 214 chicos y chicas la OVD pudo constatar lesiones y el 55% tenía ya antecedentes de marcas corporales producto de violencias anteriores. Esas huellas tienen que ser vistas por los y las pediatras, por las guardias sanitarias, por las maestras de grado y los profesores de educación física, por las vecinas, tías, abuelas y es importante que las personas que se percatan de los signos de agresión no permanezcan indiferentes sino que denuncien los maltratos.
El 73% de las 5.233 personas denunciadas fueron varones y el 27% mujeres. Además, 8 de cada 10 niños, niñas y adolescentes tenían vinculo filial con quien denunciaban. En el 47% de los casos cohabitaban con el agresor o la agresora con lo que se potencia el peligro de una escalada de la violencia que suba el riesgo físico, que ponga en jaque su salud mental y corporal y que se puedan repetir situaciones de golpes, castigos o abusos.
Entre las niñas, niños y adolescentes afectados el 34% tenía hasta 5 años; el 33% entre 6 y 10; el 21%, entre 11 y 14 y el 12% eran adolescentes de entre 15 y 17 años. Entre quienes van al jardín de infantes, la proporción de víctimas niñas o niños es idéntica. Entre los 6 y los 10 años hay más chicos afectados que chicas. Y a partir de los 11 años las mujeres afectadas son más que los varones.
Las chicas sufren más violencia sexual (73% de las denunciantes) que los adolescentes varones que sufren un 27% de violencia sexual. Las violaciones, manoseos y sexo forzoso aumenta en la medida que las pibas crecen. Hasta los 5 años sufren abusos el 12%, pero entre los 11 y los 14 años, la violencia sexual crece al 30% de los casos. La violencia de género crece con las chicas. Por eso, cada vez, hay que cuidarlas más.
Por otra parte, en relación a los varones vulnerables, en la medida que crecen, los chicos se pueden defender más y, en cambio, con el desarrollo, las chicas son más atacadas. Pero, si bien, la violencia por razones de género crece con la edad, a los varones más chicos se corre el riesgo de descuidarlos cuando, en su etapa más vulnerable, son maltratados y abusados. "La violencia de tipo sexual fue la menos denunciada entre los niños y adolescentes varones", refuerza el informe de la OVD.
La violencia no suele ser excepcional y, si toda violencia duele, saber que se repite y se instala como rutina cotidiana, duele más. En el 58% de los casos la frecuencia de los manoseos, coacciones a realizar sexo oral, gritos, cachetazos, tirones de pelo o patadas es diaria o semanal. No es una forma excepcional en una casa donde se tolera un maltrato intolerable. Si la violencia aparece el Estado, la escuela, el hospital y la comunidad deben frenarla porque, sino, se vuelve una costumbre inaceptable.
La violencia nunca es menor. Pero en el 48% de las situaciones los equipos interdisciplinarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinarion que se trataba de casos de alto y altísimo riesgo. Solo el 4% de las denuncias son consideradas de riesgo bajo y el otro 48% fue observado como de riesgo medio y moderado. Todas las presentaciones ante la OVD en la que hay niños, niñas y adolescentes son derivadas a la Justicia Nacional en lo Civil que ordenó 9.020 medidas de protección.