Aplicación de las 40 horas laborales

Son muchas las cosas que se especulan sobre cómo realmente funcionará la Ley 21.561, conocida como “las 40 horas laborales”, cuándo y cómo será aplicable; pero lo cierto, es que ya fue Promulgada (14 de abril) y publicada en el Diario Oficial (26 de abril), naciendo a la vida del derecho después de más de seis años de discusión parlamentaria.

Con esto será modificado el artículo 22 del Código del Trabajo. La jornada ordinaria pasará de tener como máximo 45 a 40 horas semanales; por ejemplo, ocho horas diarias de trabajo se podrán distribuir en cinco días, o bien seis horas 40 minutos si se distribuye en seis días, autorizándose también la laboralidad de 4x3.

Queda de manifiesto, que con esta disminución de jornada el legislador tuvo como fin último, que los trabajadores y trabajadoras puedan tener más tiempo de descansos y puedan hacer efectivo el derecho-deber para con sus familias. Es propio del sistema chileno que la familia es siempre la institución más cuidada y resguardada, como expresa la Constitución vigente “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad”. El derecho es transversal. La aplicación de esta nueva ley, no será de forma inmediata, sino gradual en el transcurso de 5 años; así, al año desde que entre en vigencia, la jornada laboral se reducirá de 45 a 44 horas semanales; al tercer año, la jornada laboral se reducirá a 42 horas semanales, y finalmente al quinto año llegará el esperado momento, la reducción de la jornada laboral a máximo 40 horas semanales.

Duda ha causado el efecto de esta disminución de horas laboradas en cuanto al impacto en las remuneraciones. La respuesta es categórica: no es posible que disminuyan las remuneraciones y menos que sean inferiores al mínimo legal, ya que, esta es una ley que nace para aumentar las garantías de los dependientes, no al revés. Tanto es así, que las empresas estarán facultadas para comenzar desde ya a implementar la reducción en la jornada laboral, no siendo necesario que esperen al plazo de cinco años. Algunas empresas chilenas ya lo han implementado favorablemente de forma anticipada.

Eso sí, quedan excluidos de esta ley y no tendrán limitación horaria, los trabajadores que presten servicios como gerentes, administradores y apoderados con facultades de administración. Además de todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata, en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas y, claro está, los trabajadores del sector público.

Esta nueva ley, en el artículo 27 del Código del Trabajo, dará garantías en la familia, particularmente a la corresponsabilidad, permitiendo un ingreso y salida diferenciada para que madres, padres y cuidadores de niños/as menores de 12 años puedan anticipar o retrasar el inicio y/o salida del trabajo.

La Ley 21.561 también regula y protege los descansos de trabajadores o trabajadoras que cuenten con régimen especiales, como son los trabajadores de casa particular, o quienes cuenten con autorización de jornadas excepcionales como la minería, transporte terrestre, aéreo, personal de hotelería, restaurantes, entre otros. Veremos entonces, recién en un año más cómo actuaran las empresas en esta nueva implementación de jornadas laborales.

Dos crisis, varias derrotas

El país vive una mezcla de dos crisis de naturaleza distinta, pero que en su conjunto ponen en riesgo la credibilidad de las instituciones y la misma estabilidad social. Se arriesga, asimismo, y en la medida en que se desarrollan conflictos no resueltos y problemas no tratados debidamente, mejores perspectivas para la inversión y la posibilidad de construir una economía más sólida con proyecciones reales de mayor bienestar. Por una parte, se está viviendo una severa crisis relativa a la ejecución y magnitud del gasto público, y lo que parece un exceso de crecimiento del empleo público sin real justificación, en el intertanto que el empleo privado se contrae. Además, en los últimos días se ha dado a conocer lo que parece constituir una verdadera red para traspasos indebidos de dinero público a determinadas fundaciones privadas, poniendo en riesgo la credibilidad de organismos públicos en tanto deben cautelar los intereses propios de los recursos fiscales. Los números que rodean a ambas circunstancias son preocupantes. Por un lado, porque su magnitud refleja, de algún modo, prioridades desatendidas en función de los objetivos de fondo de la política fiscal y de los diversos ítems considerados en el presupuesto de la nación. Por otro lado, porque se llevaría a cabo un uso inapropiado de recursos fiscales, que se enfocan a propósitos diversos pero todos ellos fuera del ámbito propio de la gestión pública. El uso de fundaciones privadas para recibir estos recursos púbicos, que habrían además eludido las debidas verificaciones de la Contraloría General de la República, constituye un subterfugio reprochable, toda vez que tales fundaciones han declarado propósitos vinculados a la tarea solidaria y de focalización en la pobreza que no habrían sido realizados.

El grave problema que ha desatado el uso posiblemente ineficaz de los recursos públicos, quizás aún envolviendo ribetes de corte penal, es que ha puesto en cuestión la discusión sobre una posible reforma tributaria. Tal reforma, cuyo proyecto ya fue rechazado una vez en el parlamento, ha declarado una serie de objetivos sociales a cumplir. Entre ellos, la Pensión Garantizada Universal y el apoyo a salud y educación. También se sumaron cosas como el pago del CAE y de la deuda histórica con los profesores. Ya se ha dicho, con suficiencia, que es necesario explicitar los usos de los recursos eventualmente recaudados con una reforma, conformando lo que se ha dado en llamar un pacto fiscal. El mismo debe ahora ser mucho más explícito en el control de uso de los recursos, o ejecución del gasto público, dado la evidencia que ha surgido sobre mal uso del erario nacional. Y será difícil avanzar en este terreno, toda vez que se ha dado un escenario que marca una gran suspicacia respecto del correcto uso de los fondos fiscales y de su eventual desviación hacia usos políticos. En la medida que esta situación deba aún aclararse, será difícil avanzar en un proyecto de reforma que demanda aún mayores recursos para el Estado.

Pero una segunda y significativa crisis radica en el panorama económico prevaleciente.

El reciente IMACEC ha indicado una caída del PIB interanual de 2.0%, llevando así a ratificar las estimaciones que ponen al crecimiento chileno por debajo de 1% para este año 2023.

En conjunto con una debilitada inversión y severa contracción del empleo, se proyecta un escenario difícil para este año y el siguiente. Esto desata un problema social que se agudiza en la misma medida en que aumenta el desempleo abierto, caen los salarios reales y el panorama externo, especialmente en vistas a las exportaciones de cobre, se hace más incierto. Todo llevaría a concebir una política fiscal activa de estímulo al quehacer económico y focalizada en inversión y crecimiento. Pero los problemas fiscales están por ahora alejados del propósito de dar señales de estabilidad y confianza, como se necesitaría para estimular el desarrollo dar señales de confianza al sector privado y externo.

Una crisis que pone en cuestionamiento la eficacia y transparencia de la política fiscal. Otra crisis que pone en evidencia el impacto económico de los desajustes internos que hacen, además, persistente a la inflación. Es necesario que se entreguen señales claras sobre el rumbo a tomar, especialmente en vistas a los problemas de ejecución y direccionamiento de los recursos públicos. Hay que empoderar a la Contraloría con mayores atribuciones e incentivar la mayor oportunidad de sus acciones. También es necesario transparentar la acciones y decisiones financieras del sector público. Lo único que no hay que hacer, porque es causa de mayor incertidumbre, es desarrollar prevenciones tardías a los males acarreados por el mal uso de los recursos y los intentos por llevar estos problemas hacia atrás en la historia, tratando de generar una teoría del empate que es inútil frente a las graves circunstancias por las que se atraviesa.

El país está viviendo dos crisis significativas, y que envuelven varias derrotas en el campo social, político y económico.

EDITORIAL Uso de pantallas ¿Qué debemos hacer los padres?

Violencia en el pololeo

La Comisión de Mujeres y Equidad de Género continúo el análisis del proyecto de ley que propone implementar el monitoreo telemático en casos de violencia en el pololeo y violencia vicaria.

El texto legal busca aplicar este tipo de monitoreo en casos de violencia en relaciones íntimas de pareja sin convivencia. Asimismo, perfecciona la definición de plazos para resolver acerca de la medida de monitoreo telemático en procedimientos penales.

Junto a ello, propone sanciones especiales para el incumplimiento de las medidas cautelares o si el dispositivo electrónico es dañado intencionalmente o no se informa su posible desperfecto.

Sobre la materia, la instancia recibió la exposición de la ministra de la Corte Suprema y encargada de la implementación de la Ley 21.378, sobre monitoreo telemático en los casos de Violencia Intrafamiliar (VIF), Gloria Ana Chevesich. Informó sobre los nudos críticos que han advertido en la implementación de la norma, tanto en materia de familia como penal.

Cabe señalar que la ley, que entró en vigencia el 4 de abril de 2022, contempla el uso de dispositivos electrónicos, tecnología GPS y satelital, como medida cautelar de protección a las mujeres y personas con causas de denuncia por VIF. La aplicación de ella está a cargo de Gendarmería de Chile, la que, a través de su Centro de Monitoreo y personal especializado, vela por el cumplimiento de la medida en cuestión.

Carabineros 133

Juan Pablo Ogueda Académico Carrera de Psicología Universidad de Las Américas Sede Concepción

Aesta altura las pantallas son inevitables, ya que tanto niños como adultos parecen tener una afinidad especial con ellas, mostrando en muchos casos conductas de dependencia.

La investigación científica al respecto ha mostrado resultados contradictorios, no exentos de dificultades metodológicas. Por un lado, se han encontrado múltiples beneficios asociados al uso de pantallas, pero por otro, también hay evidencia suficiente para considerar efectos negativos como, por ejemplo, mayores índices de obesidad infantil, trastornos del sueño, dificultades en el aprendizaje y déficit atencional, sumándole además riesgos como el ciberacoso.

En este panorama ¿Qué deben hacer los padres? Como muchas otras cosas en la vida, la tecnología es una herramienta y todo depende del uso que se le dé. Como padres, aún tenemos la influencia más importante en el desarrollo de nuestros hijos, por ello nuestra forma de manejar el tema será clave.

Al respecto, una recomendación es dar el ejemplo, pues no se puede exigir el uso responsable de pantallas a los hijos si los padres no lo hacen, por lo tanto, el primer paso es evaluar el uso de tecnologías de los adultos y hacer los cambios necesarios. Por otro lado, las pantallas no deberían ser niñeras, no se deben usar para dar tranquilidad a las personas a cargo.

En relación con las edades, se recomienda no usar pantallas antes de los 3 años, pues el cerebro poco desarrollado de los niños a esa edad no está listo para la sobre estimulación que implica una pantalla. Después de esa etapa, la idea es ir aumentando lentamente el tiempo, partiendo por 15 minutos hasta un par de horas en la adolescencia, sin embargo, es muy importante que el tiempo de pantallas no interfiera en hábitos saludables. Los niños necesitan dormir bien, estar en movimiento, hacer ejercicio físico, realizar juegos psicomotrices y de exploración, estar en contacto cara a cara con otros niños y adultos, comer de manera consciente, entre otras cosas. Es particularmente relevante no usar las pantallas para calmarse.

Finalmente, los padres deben involucrarse en el mundo digital, saber que consumen sus hijos virtualmente y con quienes hablan, para poder evitar la exposición a contenidos peligrosos. Además, deberían, en la medida de lo posible, acompañar a sus hijos a usar las pantallas, conversar de las caricaturas o juegos y, por supuesto, conversar sobre los peligros que se pueden encontrar a través de ellos, lo cual es muy relevante en el caso de adolescentes y conductas como el sexting.

Ruta Al Nevado De Longav Est Definida

Luis Suazo Rocca, Consejero Regional, manifestó recientemente que se ha continuado quemando etapas en la realización del estudio de factibilidad de la construcción del Complejo Invernal ‘El Nevado’ de Longaví y que próximamente se realizará una reunión muy importante, en la cual deberán tomar parte todas las entidades involucradas en este gran proyecto. Manifestó Suazo que ya está determinada la ruta de penetración que se tendrá hacia el Nevado de Longaví, pero que ‘no soy la persona más indicada para darla a conocer’.

GOBERNADOR RESALTÓ REUNIÓN

SOBRE TERMINAL AÉREO

De ‘muy positiva’ calificó el Gobernador Provincial, Guillermo Espinoza Acuña, la reciente reunión sostenida en la gobernación, oportunidad en que se dieron a conocer los alcances que tendría para Linares y la VII Región en general, la construcción de un Terminal Aéreo para el transporte de carga y pasajeros. Resaltó la autoridad provincial la presencia de personalidades de China, Venezuela, del Consultorio del Banco Mundial, de empresarios de la zona y de otras vecinas, de industriales, representantes de entidades de Linares, del sector público y privado.

DIPUTADO DUEÑAS PREOCUPADO POR

LAS ESCUELAS Nº 1 Y N° 2

El Diputado Mario Dueñas ha solicitado del Ministerio de Educación las medidas necesarias para reparar las Escuelas Nº1 de Hombres y Nº2 de Mujeres de Linares. En su parte expositiva el Diputado Dueñas ha dicho al señor Ministro; “Recientemente ha estado solicitando al señor Ministro de Educación una especial preocupación a la solución de estos problemas que inciden en el deplorable estado en que funcionan la mayoría de las Escuelas de la provincia, pero en esta oportunidad se hace necesario insistir en la urgencia de realizar esos trabajos”.

El Brote De Influenza Ha Afectado A Casi Todo El Pa S

La epidemia de influenza, que entre los meses de enero y marzo afectará a Europa y América del Norte, se trasladó a Chile. Actualmente ataca a más de un millón de personas. El tipo de virus que ha provocado este brote epidémico es el calificado como A-2. Aun cuando existen múltiples variedades de virus que presentan cuadros sintomatológicos similares, éste es el que se ha desarrollado con más intensidad. El Servicio Nacional de Salud estuvo siempre informado de las condiciones que la epidemia alcanzó en el Hemisferio Norte y así tomo las medidas de precaución.