Consejo Constitucional: educación y seguridad social en audiencias de comisión

meses, cubriendo el 80% del salario mínimo, con la posibilidad de extender el beneficio hasta diciembre de 2023, por un 60% del salario mínimo.

La medida, que tiene un costo de $ 3.000 millones, apunta a beneficiar hasta 2.000 trabajadores y trabajadoras. En el sitio Subsidioalempleo.cl, administrado por Sence, están disponibles el acceso para la postulación, los calendarios de pago y un centro de ayuda.

Gratuidad y calidad de la educación, pensiones y otras prestaciones sociales fueron algunos de los temas expuestos por la ciudadanía este miércoles en las Audiencias Públicas ante la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del Consejo Constitucional.

Respecto a las exposiciones sobre educación, Josefa Fernández, presidenta del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universi- dad de Chile, propuso que la constitución garantice la educación pública, gratuita y de calidad, y establezca la prohibición al lucro.

Natacha Pino, representante de la Agrupación de Universidades Regionales (AUR), planteó que una nueva constitución debe fortalecer a las universidades regionales como agentes de desarrollo territorial.

Sabina Orellana, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, expuso que la educación debe consagrarse como un derecho humano fundamental, y debe ser el bien público más relevante de una sociedad. Rodrigo Gutiérrez, representante de la Corporación Ciedess, expuso sobre el rol del Estado y los privados en la provisión de derechos sociales. La mejor respuesta institucional al respecto es el principio de colaboración público privada.

El ministro Carlos Montes participó en la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja, para referirse a la relación de su cartera con corporaciones y fundaciones. Ello, tras conocerse el caso de Democracia Viva en la región de Antofagasta, que recibió millonarios recursos para trabajar con los campamentos.

En su intervención, lamentó que los indicios de corrupción afecten a los más pobres del país. Y reiteró que se investigará a fondo para aclarar las irregularidades, determinando las responsa- bilidades administrativas; y el Ministerio Público, las penales.

A su vez, lamentó que se descontextualicen frases, ya que no atribuyó hechos irregulares a gobiernos anteriores, sino sólo el funcionamiento del mecanismo que opera desde 2019. Que delega a los Seremis de transferir recursos a fundaciones.

A continuación, Montes sostuvo que la corrupción e irregularidades se combaten con más transparencia y estándares de probidad. Por ello, anunció cinco medidas:

-Establecer un proceso de denuncia interna para funcionarios, sin temor a represalias.

-Levantar el secreto bancario en todas las cuentas del ministerio.

-Entregar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que estudie las acciones penales y civiles que correspondan.

-Investigar hechos en las regiones que presenten cualquier duda.

-Investigar, al interior del ministerio, la asignación de correos institucionales a personas que no son funcionarios públicos.