ANÁLISIS . COMENTARIO

Se habla de que a los 2 días de ser incautados los combustibles cambian de color, se observan unas partículas a flote como si fueran material de pintura o de algún solvente que están modificando las tonalidades, adulterando o aumentado los volúmenes.

Los decomisos son constantes lo que indica que el ingreso ilegal es también continuo y mueve millones. Solo una última incautación realizada hace una semana aproximadamente sobre la ruta Transchaco confiscó 2.900 litros de combustible de supuesto contrabando por valor total de G. 280 millones. Importante la medida, pero la gran pregunta es cómo entraron al mercado local este y otros productos que se comercializan con total impunidad en la vía pública.

Si bien existen esporádicos castigos en casos milagrosamente detectados, cuando alguien del esquema de funcionarios corruptos queda descontento no vemos noticias de oficio sobre sumarios administrativos, denuncias contra agentes, personal encargado de los puestos de control, pese al masivo ingreso ilegal que afecta a casi todos los rubros industriales.

Las autoridades deben ser conscientes de la necesidad de exigir resultados a los funcionarios asignados a frenar el ingreso de productos de contrabando. Ni la debilidad en los recursos humanos como materiales son razones para seguir perjudicando al país con este delito.

Hoy día existe la tecnología, accesible y eficaz para ver lo que los funcionarios distraídos no reportan. No hay cabida para justificaciones obsoletas como la falta de personal o recursos técnicos.

El país necesita trabajar, el fisco requiere recursos en beneficio de la gente, el mal hay que combatir de raíz. Imponer metas, resultados que apunten a exterminar el delito y castigar a los avivados que no cumplen con la misión de velar por los intereses del Estado.

No podemos seguir moviendo la estructura estatal detrás del decomiso de algunos litros que se constituyen en vueltos que derrama la práctica ilegal. Los duros momentos de la economía demanda un Estado competitivo y el comercio formal es clave.

Aquellas autoridades, funcionarios públicos que no entiendan y no se aboquen al beneficio colectivo, están demás. La impunidad no puede seguir burlando al Estado y menos a quienes trabajan y generan empleo.