Tierra y campesinado: Huesca, siglos XI-XX

TIERRA Y CAMPESINADO HUESCA, SIGLOS XI-XX

CARMEN FRÍAS CORREDOR (coord.)

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HUESCA, SIGLOS XI-XX

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CARMEN FRÍAS CORREDOR (coord.)

INSTITUTO DE ESTUDIOS ALTOARAGONESES (DIPUTACIÓN DE HUESCA)

Edita: Instituto de Estudios Altoaragoneses (Diputación de Huesca) Fotografías: Fototeca Provincial. Huesca Cubierta: Foto F. Blasi. 1918, aprox.

Preimpresión: EBRO Composición, S. L. Impresión: Grafic RM Color, S. L. • Huesca I.S.B.N.: 84-8127-050-4 Depósito Legal: HU-333/96

ÍNDICE

A modo de presentación, por Carmen Frías Corredor

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Propiedad territorial y mercado de la tierra en Huesca (1096-1220): una aproximación a través de las fuentes eclesiásticas, por Juan F. Utrilla Utrilla

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Algunas consideraciones en torno a la propiedad de la tierra en la periferia oscense a principios del siglo XV, por Carlos Laliena Corbera

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Propiedad comunal y prácticas comunitarias: garantía del bienestar económico y de la paz social en la Huesca de la Modernidad, por Jesús Inglada Atarés

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La propiedad particular de la tierra en Huesca. El proceso de expansión y concentración de la propiedad amortizada y vinculada, por Javier Arasanz Biela 125 Propiedad de la tierra y relaciones sociales en el campo. Huesca durante la segunda mitad del XIX, por Carmen Frías Corredor y Pedro Rújula López 145 El campo oscense en el discurso regeneracionista y republicano, 1898-1932, por Julita Cifuentes Chueca 183 Propiedad de la tierra y orden social en Huesca. Una aproximación a la conflictividad rural durante el primer tercio del siglo XX, por Pilar Maluenda Pons 219 Tierra, trabajo y colonización interior en Huesca, 1940-1965, por Alberto Sabio Alcutén

255 7

A MODO DE PRESENTACIÓN Carmen FRÍAS CORREDOR

Las páginas que el lector tiene entre sus manos son el resultado de las Jornadas que, con el título Propiedad de la tierra y relaciones sociales en el campo. Huesca, siglos XI-XX, reunieron a un grupo de historiadores con el objetivo de empezar a cubrir las lagunas existentes en un espacio provincial necesitado de estudios solventes en este terreno de la investigación, de tal forma que lo que aquí se va a encontrar es más una aproximación que el establecimiento de conclusiones definitivas en relación a la evolución de la propiedad y a los problemas sociales del campo oscense.

Creemos que si hay un objeto de investigación suficientemente significativo dentro del marco en el que nos movemos, éste es el de la estructura de la propiedad de la tierra. Significativo porque Huesca, como Aragón, ha sido un territorio articulado sobre las comunidades rurales, definido socialmente en torno a la tierra y económicamente en torno al sector primario. Dada la casi exclusividad de la dedicación agraria, la propiedad y los sistemas de explotación y tenencia se convierten en un ámbito de estudio preferente, explicativo de las relaciones sociales agrarias y de los factores que median entre las bases económicas y el comportamiento político y cultural de los miembros de una sociedad campesina.

Lo apuntado, y el hecho de que las escasas y únicas referencias generales a la historia agraria oscense hayan de buscarse hasta el momento en estudios de ámbito regional, vendrían a justificar la cele9 Índice

A MODO DE PRESENTACIÓN

bración de estas Jornadas y el esfuerzo de los investigadores que en ellas han participado. Pero a estas razones podríamos añadir otras relativas a la necesidad de explicar y comprender nuestras realidades actuales a través del análisis de nuestro propio pasado. Sin necesidad de recurrir a otros ejemplos baste recordar que la crisis agraria de fines del siglo XIX se sitúa en un momento fundamental para entender y explicar nuestro propio presente, ya que es precisamente entonces cuando, al no poder hacer frente a aquélla a través del desarrollo de una agricultura competitiva, se acentuaron los factores inmovilistas frente a los modernizadores y renovadores, subrayándose las condiciones de atraso económico con las que se entra en el siglo XX y el desequilibrio en el marco regional, con el creciente peso de la economía zaragozana respecto a las de las otras dos provincias aragonesas.

Quisiéramos recordar también que los estudios que aquí se presentan, relativos a un espacio provincial concreto, se plantean a la luz de los más recientes planteamientos historiográficos, alejándose del ensimismamiento y encorsetamiento de una historia de autoafirmación localista, y situándose en un ámbito de investigación actual y dinámico, que precisa de análisis comparativos que trasciendan los riesgos que acompañan a un análisis local o regional cerrado sobre sí mismo. El lector podrá encontrar aquí aportaciones diversas enmarcadas todas ellas en planteamientos globalizadores con los que se entra en diálogo.

Ya desde hace algún tiempo, y gracias a la colaboración del Instituto de Estudios Altoaragoneses, se están transitando estos caminos y se están empezando a dar a conocer investigaciones sólidas, como las recogidas en Agua y progreso social, obra coordinada por el Dr. Carlos Laliena. Por eso no puedo cerrar estas líneas sin dar las gracias al IEA, que acogió con entusiasmo la idea de la realización de estas Jornadas, así como a los investigadores que en ellas han participado, cuyo esfuerzo es merecedor de reconocimiento máxime si tenemos en cuenta que, en buena medida, Huesca es aún en estos terrenos de la investigación un desierto historiográfico.

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Índice

PROPIEDAD TERRITORIAL Y MERCADO DE LA TIERRA EN HUESCA (1096-1220): UNA APROXIMACIÓN A TRAVÉS DE LAS FUENTES ECLESIÁSTICAS '

Juan F.

UTRILLA UTRILLA

INTRODUCCIÓN

Hace ya una veintena de años el profesor P. Bonnassie afirmaba: «s'il est un terme maudit en histoire médiévale, c'est celui de propriété»2, debido, sin duda, a que bajo dicho concepto se enmascaran, en el sis-

1. Para abordar el presente estudio he manejado la totalidad de las fuentes publicadas referidas a Huesca en los siglos XI-XIII, que son preferentemente, como es sabido, de procedencia eclesiástica, aunque también son de utilidad las Colecciones Diplomáticas de los monarcas aragoneses y los documentos municipales del Concejo de Huesca. He empleado, además, buena parte de documentación inédita, como el Cartulario de Montearagón, el Cartulario de San Pedro el Viejo, la de la Catedral de Huesca (Libro de la Cadena y pergaminos sueltos) y la Colección Diplomática de los Dominicos de Huesca. Dado el carácter de la publicación he procurado reducir, en la medida de lo posible, las notas bibliográficas y las documentales. Para estas últimas he empleado el siguiente sistema de abreviaturas: CDCH = A. Durán Gudiol, Colección Diplomática de la Catedral de Huesca, 2 vols., Zaragoza, 1965 y 1969, respectivamente; CDPI = A. Ubieto Arteta, Colección Diplomática de Pedro I de Aragón y de Navarra, Zaragoza, 1951; CDSR = La Colección Diplomática de Sancho Ramírez, Zaragoza, 1993; CSPV = Cartulario de San Pedro el Viejo (Huesca), documentación inédita; CT = A. Gargallo, M.1 T. Iranzo y M.1 J. Sánchez, El Cartulario del Temple de Huesca, Zaragoza, 1984; DMH = C. Laliena Corbera, Documentos Municipales de Huesca 11001350, Huesca, 1988; DML = Á. J. Martín Duque, Documentación Medieval de Leire (siglos IX al XII), Pamplona, 1983; DERRVE = J. M.1 Lacarra, Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación del valle del Ebro, Zaragoza, 1982; DSRII = E. Ibarra y Rodríguez, Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez, desde 1063 hasta 1094, Zaragoza, 1913; LC = Libro de la Cadena de la Catedral de Huesca, documentación inédita.

2. P. Bonnassie, La Catalogne du milieu du X siécle, á la fin du XI siécle. Toulouse, 1975, t. I, p. 205.

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PROPIEDAD TERRITORIAL Y MERCADO DE LA 77ERRA (1096-1220)

tema feudal, formas diversas y complejas de dominio jurisdiccional y económico sobre un medio de producción tan importante como es la tierra. Desde entonces el tema de la propiedad de la tierra, analizado desde distintas posturas conceptuales, se ha convertido en un capítulo obligado en todos los estudios —tesis doctorales, preferentemente— centrados en un marco geográfico regional o local' y, además, en tema recurrente de la historiografía peninsular', ya que no debemos olvidar que «todas las formaciones sociales anteriores al capitalismo se asientan en una forma determinada de propiedad de la tierra, y en torno a la misma se organiza la sociedad poniéndose en relación el individuo con las condiciones objetivas que le rodean>5.

Incluso hay autores que llegaron a definir el feudalismo como un «sistema de producción basado en la propiedad de la tierra»6; no obstante, y como quiera que el derecho de propiedad sobre la tierra no es sino una forma jurídica de control del suelo que origina un tipo especial de renta: la renta fundiaria7, el análisis de los historiadores está más atento al estudio de la organización de la producción por parte de las familias campesinas en sus pequeñas explotaciones agrarias, o a las formas de gestión indirecta de la propiedad agraria y las relaciones de dependencia campesina, y así conocemos mejor los modos de explotación de la tierra que se tiende a confundir con el concepto de propiedad de la misma.

3. Desde la ya clásica obra de J. A. García de Cortázar, El dominio del monasterio de San Millón de la Cogolla (siglos X al XIII), Salamanca, 1969. S. Moreta, El monasterio de San Pedro de Cardeña. Historia de un dominio monástico castellano (9024338), Salamanca, 1971. Del mismo autor, Rentas monásticas en Castilla: Problemas de método, Salamanca, 1974. VV. AA., Propiedades del cabildo segoviano, sistemas de cultivo y modos de explotación de la tierra a fines del siglo XIII, Salamanca, 1981. R. Durand, Les campagnes portugaises entre Douro et Tage aux XII et XIII siécles.

Paris, 1982.

4. Todavía en 1979 A. M. Bernal, «La propiedad de la tierra: problemas que enmarcan su estudio y evolución«, en G. Anés et alii, La economía agraria en la Historia de España. Madrid, pp.

93-111, se lamentaba del bajo nivel y confusión que primaba en los estudios sobre la propiedad de la tierra (p. 93). Otros estudios, y sin ánimo de exhaustividad, en A. Gurevic, «Représentations et attitudes á l'égard de la propriété pendant le Haut Moyen Áge«, AESC (1972), pp. 523-537; B. Clavero, Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla (1369-1836), Madrid, 1974. VV. AA., Congreso de Historia rural del siglo XV al XIX, Madrid, 1984; Terra, Treball i Propieta. Clases agráries i régim senyoral als Patisos Catalans, Barcelona, 1986; E. Sarasa y E. Serrano (eds.), Señorío y Feudalismo en la Península Ibérica (ss. XII-XIX), Zaragoza, 1993.

5. E. Fioravanti, El concepto de modo de producción, Barcelona, 1974, p. 150.

6. J. Godechot et alii, La abolición del feudalismo en el mundo occidental, Madrid, 1973.

7. C. Laliena, Propiedad de la tierra y relaciones de producción en el sistema agrario suburbano de Huesca, siglo XV», Argensola, 102 (1989), pp. 133-180.

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Juan E U7RILLA U7'RILLA

La propiedad de la tierra se convierte, además, en uno de los factores determinante de la jerarquización social, pues mientras unos pocos —terratenientes— no son cultivadores directos de sus tierras, un buen número de familias campesinas —no propietarios— intervienen, no obstante, en el proceso de producción como aparceros, arrendatarios o jornaleros. Propiedad territorial feudal, que ya fue definida por B. Clavero como la articulación del dominio eminente sobre las tierras particulares, y del dominio señorial, con o sin jurisdicción, sobre el conjunto; de un lado, pues, el dominio eminente, que corresponde a los señores; de otro, el dominio útil, que corresponde a los campesinoss.

El tema, pues, se complica, habida cuenta del carácter convencional que tiene la propiedad en el sistema feudal: pequeña explotación campesina, posesiones agrarias fragmentadas y dispersas, jurisdicciones señoriales y prácticas colectivas9; propiedad territorial, en suma, de distinta procedencia y sometida, por tanto, a jurisdicciones diferentes, ya que es imposible establecer una separación entre los aspectos jurisdiccionales y territoriales''.

La dificultad alcanza, en el campo del medievalismo —especialmente para los siglos XI-XIII—, cotas insalvables, pues aunque disponemos de una abundante documentación de procedencia eclesiástica, la ausencia de registros notariales y de catastros nos impide reconstruir el reparto del suelo entre los distintos componentes de la sociedad, y debemos consolarnos con conocer la historia de la propiedad de la tierra, su evolución y, sobre todo, el proceso de formación de los grandes patrimonios —acumulación de tierras en manos de las clases privilegiadas, laicas o eclesiásticas— y la gestión y explotación de los mismos, atendiendo a las relaciones de producción.

Estas mismas limitaciones las encontramos al estudiar la propiedad de la tierra en Huesca en los siglos XII y XIII. En efecto, la procedencia de los fondos conservados nos lleva a conocer con precisión los patrimonios fundiarios eclesiales y sus formas de gestión —casos de la Catedral, de los monasterios de Montearagón y San Pedro el Viejo, o del

8. B. Clavero, Mayorazgo. Propiedad feudal..., p. 21 y más adelante.

9. P. Iradiel, «Economía y sociedad feudo-señorial: cuestiones de método y de historiografía medieval», en Señorío y Feudalismo en la Península Ibérica (ss. XII-XIX), Zaragoza, 1993, I, pp. 17-50.

10. C. Estepa, ,‹El alfoz y las relaciones campo-ciudad en Castilla y León durante los siglos XII y XIII», Studia Historica, vol. II, n° 2 (1984), p. 14.

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PROPIEDAD TERRITORIAL Y MERCADO DE LA TIERRA (1096-1220)

Temple, entre otros—, y los niveles de fortuna de algunos laicos, preferentemente nobles y ciudadanos. A ello se suma, como ya puso de manifiesto C. Laliena", que las fuentes aragonesas son 'extremadamente imprecisas en la definición exacta de los bienes raíces que están describiendo», e incluso las relativas a Huesca apenas mencionan, salvo excepciones, las medidas de superficie o de capacidad de las parcelas, la calidad de las tierras (secano o regadío), un largo etcétera, en suma, que inevitablemente deja sin respuesta preguntas fundamentales para el conocimiento de la composición exacta de los patrimonios, de los rendimientos agrarios y del precio de la tierra.

Ni siquiera los abundantes testimonios escritos de la época son capaces de definir las diversas formas de tenencia o propiedad de la tierra, y así bajo el adjetivo «proprius» («proprio/propria») se enmascara una variedad de situaciones y derechos sobre los bienes raíces, sea cual fuere el modo de transmisión de los mismos. Así, como heredades propias se designan las que provenían de patrimonio", avolorio" o herencia", de donaciones «inter vivos»' («titulo donationis»), como dote matrimonial" («propter nupcias») o para entrar en orden', de compra-venta' («titulo empcionis») o de cambio, y aún de roturaciones o escalios realizados por los colonizadores en tierras yermas". Transmisiones de tierras realizadas tanto en el seno de la familia como también extrafamiliares, y que se describen como heredades «que habeo ... de patrimonio, de compras vel de examplos»2°, o bien «quantas hereditates habeo

11. C. Laliena Corbera, «La posesión de la tierra en la Edad Media: fuentes y metodología de trabajo», en Metodología de la Investigación Científica sobre Fuentes Aragonesas, n° 9 (Zaragoza, 1994), p. 168.

12. CDCH, doc. 503 (1195), »ex parte de meo patrimonio», 13. CDCH, doc. 581 (1200), «de avolorio».

14. CSPV, fol. 19. CDCH, doc. 375 (1182), «jure hereditario».

15. CDCH, doc. 395 (1184), 'hereditas

illum quam ... mea avola cui sit requies mihi donavit».

16. CDCH, doc. 450 (1190).

17. CDCH, doc. 438 (1189).

18. CDCH, doc. 384 (1183), »campos quos ego emi».

19. CDPI, doc. 51 (1098), «quantum laborasti in illo scalido et prendisti per directum in illo termino quod ego terminavi et mandavi laborare subtus Osca», o doc. 113 (1102), »quanto ...laborare et examplare in illo ermo». CDCH, doc. 134 (1132), «quantum potuistis laborare in escalido», y doc. 581 (1200).

20. CDCH, doc. 546 (1198).

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Juan F. UTRILLA UTRILLA

et mihi pertinere debent ex patris et matris mee vel de aliorum parentum meorum, aut de compra aut de donativo sive de cambio, aut in antea ganare potuero...»", insistiendo en la procedencia de los bienes que venían «de avolorio, patrimonio, compras, donos, laxos, escalidos vel qualibetcumque ratione»".

Como norma habitual junto al vocablo «proprius» aparece unido el término «hereditas» («ad hereditatem», «ad propriam hereditatem»23) recalcando, sin duda, la sucesión patrimonial intrafamiliar, llegando a ser sinónimo de tierras alodiales o francas (proprio alodem vel hereditatem»24) y, más raramente, el vocablo «alodium» («ad vestrum proprium alodem»25, «de mea alode propria»26). En otras ocasiones basta con añadir el pronombre posesivo al bien objeto de transmisión: «campum meum», «meo patrimonio», «meo acapto», «nostram vineam», «meas hereditatem»..., o se emplean las formas verbales «habere, possidere y tenere» («tenebant et possidebant», «campum nostrum quem habemus», «sicut tenebamus», «possideatis predictam vineam», «quod babeo vel habere debeo», «illam hereditatem qui abeo», «habeas et possideas supradictam hereditatem»...).

Tierra o heredad propia «cum omni iure et pertinencia», que reiteradamente es designada como «liberam, quietam et ingenuam»27, «salva et libera et franca»28, «franca, ingenua et secura, ad propriam hereditatem...»29, y que puede enajenarse libremente a voluntad propia'''.

Aunque también es frecuente, de otro lado, que los escribas utilicen expresiones similares para designar realidades distintas, pues las tierras entregadas a los campesinos a censo, perpetuo o vitalicio, se denominan también como heredades propias «per vendere, per dare et per

21. CT, doc. 87 (1181).

22. CDCH, doc. 581 (1200).

23. CT, doc. 39 (1171).

24. DRRVE, doc. 4 (1081).

25. CDPI, doc. 59 (1099).

26. CDPI, doc. 131 (1103).

27. CDCH, doc. 380 (1183).

28. CDCH, doc. 99 (1106).

29. CT, doc.

39 (1171).

30. DRRVE, doc. 20 (1103), ‹,ad vestram propriam hereditatem per facere vestram voluntatem..

CDCH, doc. 150 (1139), «ad propria vestra voluntate facere».

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PROPIEDAD TERRITORIAL Y MERCADO DE LA 77ERRA (1096-122W

impignorare et per totam vestram voluntatem facere»31, a pesar de ser tierras obligadas al pago del tributo anual establecido, al pago del diezmo y de la primicia, y de estar sujetas a otras limitaciones a la hora de enajenarlas (por ejemplo el propietario tiene derecho de recompra a un precio menor que el fijado, y el vendedor no puede venderlas ni empeñarlas a nobles, infanzones y gentes de religión) y otras cautelas contenidas bajo la fórmula, también genérica, de «salva mea fidelitate»".

Entre los centenares de diplomas conservados, centrados preferentemente en la propiedad del suelo, un porcentaje elevado de los mismos (en torno a un 20% del total) refleja un activo intercambio de inmuebles rústicos capitalizado por los grupos sociales más favorecidos —señores, laicos y eclesiásticos, y patriciado urbano—, y que desde fechas muy tempranas alcanza, al menos en las ciudades y en su perímetro suburbano, un alto grado de desarrollo. Mercado feudal de la tierra" que viene siendo tema de debate entre los medievalistas", con autores como Howell" que se muestra opuesto al empleo del concepto para definir las relaciones contractuales de compra-venta de tierras en las sociedad precapitalistas o como Hilton y Razi" que minimizan su importancia frente a la preponderancia de las transmisiones intrafamiliares; otros no obstante, desde Postan" hasta más recientemente

31. CSPV, f. 78 r° (1176).

32. CDCH, doc. 271 (1171).

33. Existe ya una amplísima bibliografía. En la revista Hispania se dedica una sección monográfica a «El mercado de la tierra en la Edad Media y Moderna. Un concepto en revisión.. Destacan las colaboraciones de B. Yun Casalilla, «Transacción mercantil y formas de transmisión de la propiedad territorial», Hispania, n° 191 (1993), pp. 846-885. A. Furió, «El mercado de la tierra en el País Valenciano a finales de la Edad Media», Hispania, n° 191 (1993), pp. 887-919. J. M.' Salrach, «El mercado de la tierra en la economía campesina medieval. Datos de fuentes catalanas», Hispania, n° 191 (1993), pp. 921-952.

34. Una buena síntesis de las distintas posturas historiográficas ha sido realizada por el modernista B. Yun Casalilla, «Transacción mercantil...», que aporta, además, unas sugestivas páginas sobre la problemática y perspectivas que ofrece el mercado de la tierra en la España del Antiguo Régimen.

35. C. Howell, Land, Family and Inheritance in Transition: Kibworth Harcourt 1280-1700, Cambridge, 1983.

36. Z. Razi, «Terra e famiglia nell'Inghilterra tardo-medievale», Quaderni Storici, n° 65 (1987), pp. 397-422.

37. M. Postan y C. Brooke, Carte Nativorum. A Peterborough Abbey Cartulary of the Fourteenth Century, Northamptonshire Record Society, vol. XX, 1960.

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Juan E U7RILLA UTRILLA

Wickharn38, vienen admitiendo la existencia de un mercado feudal de la tierra como forma habitual, aunque no única, de acceder a la propiedad de la misma.

La documentación, ciertamente, recoge centenares de transmisiones mercantiles de la tierra en Huesca en los siglos XII y XIII, pero estas mismas fuentes son muy parcas en precisar otros aspectos, absolutamente necesarios para definir las características y comportamientos de este mercado. Así, apenas podemos conocer con precisión los mecanismos de formación del precio de la tierra, lo que nos lleva a manejar series de precios muy heterogéneos y dispares, ni tampoco la extensión de las parcelas o el porcentaje que las transmisiones mercantiles alcanzan en relación con el conjunto de las transferencias de tierras; a todo ello deberemos de añadir su carácter local y fragmentado, e incluso, como apunta B. Yun, la existencia de dos mercados distintos, uno para los privilegiados y otro de los campesinos, que «obedecen a dos dinámicas distintas... pero inextricablemente conectadas». Estamos, sin duda, ante un mercado que no se ajusta a la racionalidad económica capitalista, ni tampoco se rige exclusivamente por criterios mercantiles y por el libre juego de la oferta y la demanda, pues como dice A. Furió »se trata de un mercado fuertemente personalizado, sometido a restricciones de tipo político y social, y presidido por una lógica económica peculiar y que responde a unas pautas específicas de comportamiento y a una lógica de funcionamiento distinta»39, ya que además de las motivaciones económicas, intervienen otros factores de orden extraeconómico como son los familiares y religiosos, junto a otras consideraciones de tipo social, y si bien es cierto que en buena medida permitió la «concentración de tierra en manos señoriales, urbanas o de labradores acomodados ...el mercado actuaba más bien como un mecanismo de redistribución y recomposición de las explotaciones campesinas fragmentadas por la herencia, acorde con el ciclo biológico del grupo doméstico,

38. C. Wickham, «Vendite di terra e mercado della terra in Toscana nel secolo XI», en Quaderni

Storici, n° 65 (1987), pp. 354-377.

39. A. Furió, «El mercado de la tierra...•, p. 889. Para el autor •el mercado —de la tierra— cumplía así una función, no sólo no contradictoria con el sistema feudal, sino perfectamente compatible y necesaria» (p. 919). Del mismo autor, Camperols del Pais Valencia (Sueca, una comunitat rural a la tardor de l'Edat Mitjana), Valencia, 1982; «Tierra, familia y transmisión de la propiedad en el País Valenciano durante la Baja Edad Media», en R. Pastor (comp.), Relaciones de poder, de producción y parentesco en la Edad Media y Moderna, CSIC, Madrid, 1990, pp. 305-328.

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PROPIEDAD TERRITORIAL Y MERCADO DE LA TIERRA (1096-1220)

con el equilibrio entre éste y el tamaño de la explotación y con la movilidad de la población»40. * * *

El estudio que abordamos a continuación, y que ha tenido que verse limitado en su cronología y contenidos para adecuarse a las características de estas Jornadas, tiene como escenario la ciudad de Huesca y su reducido, aunque rico, término agrícola, de apenas 9.000 hectáreas —aproximadamente cultivadas la mitad— pero bien avenado por los ríos Isuela y Flumen, y rodeado de una aureola de pequeñas aldeas que amplían considerablemente el espacio agrario de la llamada Hoya de Huesca.

La hipótesis de trabajo de la que partimos es la siguiente: tras de los iniciales repartos de tierra realizados por los monarcas aragoneses Pedro I y Alfonso I entre 1097 y 1115, que posibilitaron la formación de algunos dominios eclesiásticos o nobiliarios y la concentración de la propiedad agraria en manos de los grupos dominantes, se produjeron asímismo, al compás del dinamismo demográfico, unos intensos procesos de parcelación del suelo y de transformación agraria; además, la presión de la demanda ejercida por la oligarquía urbana activará notablemente el mercado feudal de la tierra. Estos procesos, que se vislumbran en Huesca en la segunda mitad del siglo XII, alcanzarán su pleno desarrollo a lo largo del siglo XIII, coincidiendo con el máximum poblacional de la ciudad medieval, que llegó a albergar una cifra cercana a los 8.000 habitantes".

EL

PUNTO DE PARTIDA: LOS REPARTOS DE TIERRA EN HUESCA

(1097-1115)

Hace precisamente ahora novecientos años que la Waska árabe, madina importante de la Frontera superior andalusí, pasaba, tras duros enfrentamientos bélicos (batalla de Alcoraz, 1096), a dominio del monarca aragonés. Fue, sin duda, un acontecimiento excepcional

40. A. Furió, «El mercado de la tierra...», p. 890, si bien sus conclusiones son extraídas de registros notariales y catastros referentes a Alzira y Sueca de los siglos XIV y XV. 41. Cfr. J. F. Utrilla, •El monedaje de Huesca de 1284, en Aragón en la Edad Media, I (Zaragoza, 1977), pp. 1-50. El número total de fuegos fiscales en la ciudad era de 1.341, cifra a la que deberemos de sumar los exentos del pago —eclesiásticos— y minorías confesionales —mudéjares y judíos—. Un cálculo prudente nos llevará a admitir cifras cercanas a las 8.000 personas.

Recuérdese, en cambio, que la ciudad sufrió a lo largo de los siglos XIV y XV una fuerte contracción demográfica, hasta el punto de contabilizarse únicamente 616 fuegos fiscales en el censo de 1495. Los niveles poblacionales de la segunda mitad del siglo XIII no se alcanzarán en Huesca hasta mediados del siglo XVII.

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Juan F. U7RILLA U7RILLA

—recuérdese que tras la toma de Toledo (1085) era la primera madina arrebatada al mundo islámico peninsular— y por tanto escenario privilegiado para verificar el paso de un modelo de formación social tributaria y mercantil —la andalusí— a otra que denominamos feudal'.

Huesca y su entorno rural, la llamada en alguna ocasión como «terra nova oscensis», era el escenario dónde implantar un modelo de organización social del espacio de acuerdo con las pautas propuestas por los grupos dirigentes cristiano-aragoneses, con el monarca a la cabeza. En el modelo propuesto, la distribución de la tierra —y los derechos derivados de misma— efectuada por el rey aragonés tiende a consolidar la dicotomía social entre señores y campesinos. Los primeros obtenían el dominio eminente sobre amplios patrimonios fundiarios, mientras que el dominio útil quedaba en manos de los campesinos.

A la cabeza de los repartos el monarca se reservaba, bajo su dominio directo «alodiis meis», amplias dominicaturas, honores y concesiones territoriales, sin renunciar al reconocimiento de su soberanía y a los derechos derivados de la misma. En la ciudad el monarca se convierte, sin duda, en el mayor propietario, ya que dispone, además de los inmuebles que se reserva, de un amplio abanico de derechos que le proporcionan unas cuantiosas rentas43 administradas, como sus tierras, por el merino local, y del control directo de las minorías confesionales que decidieron permanecer en Huesca.

En un segundo escalón, los señores —laicos y eclesiásticos—, verdaderos protagonistas de la expansión militar y colaboradores del

42. La desbordante producción bibliográfica al respecto —y me refiero de forma genérica al tema de la expansión feudal de los siglos XII y XIII— ha permitido ya la elaboración de magníficas obras de síntesis, como la de J. A. García de Cortázar, La sociedad rural en la España Medieval, Madrid, 1988. Sobre el área que nos ocupa véase J. F. Utrilla y C. Esco, «La población mudéjar en la Hoya de Huesca (siglos XII y XIII)», en Actas del III Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, 1986, pp. 187-208. C. Laliena et Ph. Sénac, Musulmans et Chrétiens dans le Haut Moyen Áge: aux Origines de la Reconquéte Aragonaise, Minerva, 1991.

43. En 1162 Alfonso II, al confirmar los fueros concedidos a los habitantes de Huesca, les concede mil sueldos «de meas redditas de Oscha» para la conservación y reparo de la muralla de la ciudad (DMH, doc. 7). Las rentas y propiedades de los reyes aragoneses en la ciudad, como se ha dicho, eran muy cuantiosas; la evolución de las mismas puede seguirse, además de los diplomas reales y libros de cuentas del bayle de Huesca, en los cabreos de los años 1295 y 1335, aunque están muy sintetizadas, y, sobre todo, en las rentas reales de la época de Fernando I, que se detallan minuciosamente: rentas, casas treuderas, campos, huertos, etc. Cfr. M. de Bofarull, Rentas de la antigua Corona de Aragón, CoDoIn, ACA, XXXIX, Barcelona, 1881, y, para las rentas de 14121416, en Fca. Vendrell, Rentas reales de Aragón en la época de Fernando I, CoDoIn, ACA, XLVII, Madrid-Barcelona, 1977, pp. 139-166.

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PROPIEDAD TERRITORIAL Y MERCADO DE LA 77ERRA (1096-1220)

monarca, obtuvieron amplias fracciones del espacio controlado, bien a título de propiedades alodiales, o bien como concesiones reales en calidad de «honores» o de feudo «per fevum», a cambio de su defensa militar" y la puesta en explotación de las tierras.

Al resto de la población, compuesta mayoritariamente por artesanos y campesinos encuadrados en pequeñas unidades familiares, se les atrae a las nuevas tierras de colonización mediante variados instrumentos jurídicos —cartas pueblas, contratos agrarios, fueros y privilegios diversos, cartas de franquicia...—, a instancia real o señorial, instalándose de esta forma los primitivos colonizadores que accederían a unos heredamientos simples compuestos para los artesanos por casa-tienda, o por casa-huerto-campos para los campesinos.

La documentación de los años posteriores a la conquista de la ciudad nos permite verificar únicamente el proceso inicial de reparto de tierras entre los grupos privilegiados, que configura un primer modelo de estructuración de la propiedad agraria. El reparto se efectuó, como ocurrirá posteriormente en otras ciudades del Reino, por medio de una comisión de partidores entre los que formaron parte, además de algunos técnicos, el abad Galindo (llegó a ser mayordomo real) y el noble Ortí Ortiz, realizando las concesiones el propio monarca a través de sus diplomas o cartas de albaras reales".

EL PROCESO DE ACUMULACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN MANOS DE LAS CLASES PRIVILEGIADAS

Las clases aristocráticas Una parte de las fincas rústicas y urbanas de Huesca pasaron, así, a manos de grandes aristócratas; unos, familiares del propio monarca, como el conde Sancho Ramírez, que obtuvo casas y heredades en la ciudad y un tercio de la almunia de Florén", o Fortún Sánchez de

44. A. Naval Mas, Huesca: desarrollo del trazado urbano y de su arquitectura, Editorial de la Univ. Complutense de Madrid, 1980, t. I, p. 175 y ss., repara en el carácter militar de la ciudad de Huesca y cree que la ubicación de nobles y caballeros en las proximidades de cada una de las puertas de la ciudad obedecía a un plan preconcebido de defensa de la misma.

45. CDPI, 44 (1098), «guando isto albara fuit factum», «culi) carta de albara»...

46. DERRVE, doc. 44 (1111). La mayor parte de estas heredades, como la mencionada almunia de Florén -que est in termino Oscensis», pasaban en 1147 a poder de la catedral de Huesca por donación de doña Talesa, vizcondesa de Bearn, e hija del conde Sancho Ramírez (DMH, doc. 6).

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Juan E UTRILLA U7RILLA

Yarnoz47, casado con la condesa Ermesinda —hermana del rey Sancho el de Peñalén—, o la condesa Sancha, hermana del rey°, o su hermano Alfonso Sánchez, futuro rey; otros, destacados nobles, como Fortún Garcés que recibe varias casas y la heredad que había pertenecido a Muhammad Ibn Gazer y que fue valorada en 1.000 sueldos49, o como el mayordomo real Lope Garcés que obtendrá el patrimonio del moro Albarielle50, o el merino real Banzo Ahonés", o Jimeno López que, además de casas y de un amplio terrazgo, se lucra de todo «quantum laborasti in illo scalido et prendisti per directum in illo termino quod ego terminavi et mandavi laborare subtus Osca»52. La nómina de los nobles beneficiados por el reparto de casas y tierras alodiales" se hace, pues, extensa, ya que a los mencionados se suman otros nobles y »seniores» como Sancho Garcés", Sancho Fortuñones55 y el abad Galindo, siendo éste último uno de los más premiados pues obtuvo casas y heredades que antes habían pertenecido a Iben PisOla, a Iben Alhnar, a Iben edin, más todo el `examplamentum' o roturas que pudiera realizar en Buñales, en calidad también de tierras alodiales »ad vestram propriam alodem»%; o como el clérigo Pedro de Almería, que igualmente recibe del monarca casas, tierras, viñas y olivares en Arascués que, con posterioridad, donará a la sede oscense57.

Todavía en la primera mitad del siglo XII los reyes aragoneses Alfonso I y Ramiro II siguen repartiendo tierras en el entorno de la ciu-

47. CDCH, doc. 78 (1100), y DML, doc. 225 (1109), 233 y 235 (1110).

48. CDPI, doc. 35 (1097).

49. CDCH, doc. 78 (1100).

50. CDCH, doc. 102 (1107).

51. Banzo Ahonés, merino real, había recibido de Sancho Ramírez en 1093 4n Luna ubi facias tibi una bona torre et unas bonas kasas et alode quanta poteris ibi aperire et examplare in suo termino», junto con la pardina llamada Iecar, entregada como alodio, más otros bienes en Abiego y en «illos montes de Agüero quantum ibi tu potueris laborare et examplare«. Los pobladores que acudieran y los derechos inherentes al dominio, serían repartidos entre el monarca y Banzo Ahonés «per medium inter me et te, ego mea medietate ad propriia mea dominicatura et tu tua medietate ad tuam propriam alodem« (CDSR, 141). CDCH, doc. 75 (1099).

52. CDPI, doc. 51 (1098).

53. CDPI, doc. 124 (1103).

54. CDPI, doc. 49 (1098).

55. En 1092 había recibido de Sancho Ramírez «in Panzano illa hereditate qui fuit de Iben Alkafiz, et quantum abeas ibi apertum in scalido usque odie» (CDSR, 131).

56. CDPI, doc. 59 (1099), y CDCH, doc. 74 (1099).

57. CDCH, docs. 65 (1097) y 91 (1100-1104).

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PROPIEDAD TERRITORIAL Y MERCADO DE LA TIERRA (1096-12201

dad, como las entregadas a García Íñiguez en Labata", o unos campos en Loreto que fueron a manos de Íñigo Fortuñones, u otras fincas en Albero que, junto con la heredad «que fue» de Ibn Coteme", pasaron a poder de Ortí Ortíz, y ello sin olvidarnos de otros beneficiados como García Forturiones60, Sancho Íriiguez6' o Lope Galíndez.

Se produjo, pues, un cambio radical en la titularidad de buena parte62 de las tierras que, de manos musulmanas, pasaron a poder del monarca (los «alhobzes de rege»)63 y a su séquito aristocrático, que recibieron heredamientos completos y, sin duda, significativosm. Salvo casos muy puntuales en los que el rey concede un patrimonio homogéneo y compacto ubicado en el área rural periurbana y que, normalmente, viene a coincidir con algunas almunias próximas a la ciudad, se observa un proceso de parcelación de tierras situadas «in terminis de Oska et in illas villas de foral», como sucedió con buena parte de las abundantes almunias del perímetro suburbano oscense que, total o parcialmente vacias de cultivadores musulmanes, se dividieron entre varios propietarios (almunias de Alcoraz, San Pedro, Florén, Séptimo, Loreto, Tierz, o las denominadas de Ibn Zebala, de Iben Coteme, de Ahmed en Chimillas...). El reparto posibilitó, igualmente, la puesta en explotación

58. CDCH, doc. 83 (1101).

59. CDCH, doc. 87 (1103).

60. CDCH, doc. 107(1110).

61. En su testamento, otorgado c. 1118 antes de partir hacia Jerusalén, podemos apreciar el volumen de su patrimonio: las almunias de Iben Cehale y Iben Algarbe, casas y heredades en Bolea, Serlata, Jaca, Latrás, Orna, Buesa, Embún, Pilualas, Sodeto, Grañén, Curbe, Fraella, Ortiella, Huesca..., sin olvidarnos de su rico ajuar doméstico y militar (CDCH, doc. 121).

62. Permaneció, no obstante, en la ciudad parte de la población musulmana anterior, unos en calidad de exáricos y que seguían cultivando, seguramente como aparceros y alejados de la propiedad, parte de las tierras ahora en poder de los señores feudales; otros, artesanos y pequeños campesinos, dependían directamente del monarca, y siguieron desarrollando sus actividades anteriores aunque agobiados ahora por pagos y censos. Acabaron conformando un grupo homogéneo étnicamente, y claramente segregado del resto de la población cristiana ya que se vieron obligados a vivir en los barrios periféricos ubicados fuera de la muralla de piedra. No obstante, y sólo en ocasiones puntuales, acceden al cultivo de pequeñas explotaciones treuderas de San Pedro el Viejo y de la Catedral, con contratos censuales. Cfr. J. F. Utrilla y C. Esco, La población mudéjar en la Hoya de Huesca...», y Á. Conte, La aljama de moros de Huesca, Huesca, 1992.

63. Sobre los -alhobces» cfr.: C. Stalls, Possessing the Land Aragon's Expansion into Islam's Ebro Frontier under Alfonso the Battler 1104-1134, E. J. Brill, 1995, pp. 67-68.

64. Hemos documentado que, al menos, un centenar de familias musulmanas, sin duda las de mayor significación social, abandonaron la ciudad tras la conquista, y sus heredamientos completos —casa/tienda o casa y heredad (terris, vineis, ortis...)— fueron repartidos por el monarca aragonés.

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Juan E UTRILLA UTRILLA

s Apios

Valdecámaras

Abincaraz Barbadagulla Albarrach

C'o Benique

achiminos Altera

■Cake 500

Miquera -á • Miquera talluerrios

• Loreto

Magantina kolandrare

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Alguardia La Mesa Cocorán San Jorge*Salas Pueyo de SanchoAlmériz Guatatén Bajo Balcencos Cuadriellos Guatatén Alto Algascar

• Cuarte

Valmediana

Viña dé Bocca

Alcoraz Mont Salar

EL ENTORNO RURAL DE HUESCA (SIGLOS

de amplios baldíos y tierras yermas, susceptibles de aprovechamiento agrario extensivo, ya que Pedro I añadía a los heredamientos completos «quantum laborasti in illo scalido et prendisti per directum in illo termino quod ego terminavi et mandavi laborare subtus Osca»65 ,

65. CDPI, doc. 51 (1098).

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PROPIEDAD TERRITORIAL Y MERCADO DE LA TIERRA (1096-1220)

fenómeno que también se dio en lugares cercanos como Buñales66 y Bolea67.

Conocemos, con mayor grado de detalle que lo habitual, el heredamiento que Pedro I concedía en 1098 a Lope Fortuñones, primer zalmedina de la ciudad, y que consistió, además de inmuebles urbanos, en 30 campos, 6 viñas y 2 huertos68. Los campos procedían, sin duda, de pequeños propietarios musulmanes cuyos nombres se recuerdan en la descripción (5 campos de Mahomat Albellot, 4 campos de Haron Iben Zirius, 3 de Galeph Arrahez, 2 de Mariellu Annahaz, 2 de Mahomat Iben Axa, 2 viñas de Iben Rampul, 1 campo y 1 viña de Arron Gueloli, etc.) o eran «alhobzes» de pequeñas mezquitas familiares como «alío campo de illa meskita de Iben Hamet», o los dos campos de «illa meskita de rivi Mediano». El escriba del diploma anotó la capacidad de simiente de alguno de estos campos, siendo los mayores de un cahíz de «semenatura» (unos 150/200 litros de cereal) o de un tamaño algo menor69, y los menores de «semenatura arienzo e medio» y de dos arienzos; parcelas, en suma, que podemos presumir de pequeñas dimensiones, con tamaños comprendidos entre 1/3 y 1 hectárea.

Las grandes instituciones eclesiales Además de los repartos que acabamos de enumerar destacan las generosas dotaciones realizadas por Pedro I. a la canónica de Montearagón —a la sazón capilla real-7° y a la naciente sede oscense, y ello sin olvidar las concesiones regias realizadas a favor de otras instituciones eclesiásticas, como el priorato de San Pedro el Viejo —recibe fundamentalmente casas y tiendas, junto a dos almunias—, la iglesia de Santa María Magdalena", los monasterios de Santa Cruz de la Serós, de San Victorián de Sobrarbe y de San Juan de la Peña72, el obispo Pedro

66. CDCH, doc. 74 (1099).

67. CDPI, doc. 113 (1102), «laborare et examplare in illo ermo».

68. CDPI, doc. 44 (1098).

69. 4111 campos ... semenatura III kafizes,

III campos ... semenatura II kafizes et arienzo...».

70. DERRVE, doc. 14 (1093); CDPI, docs. 24, 25 (1096), y 46 (1098); DMH, doc. 2 (1103).

71. Recibe, además de tierras en Arascués, Cuarte y Lierta, las casas y heredades en Huesca que fueron de Mohamat Almorat, de Alfarra Abdella, de Abín Alabar, de Ahmet iben Alhandala, de Aeica Iben Maruka (CDCH, doc. 71). CDPI, doc. 53 (1098).

72. DSRII, doc. 52 (1094) y CDPI, docs. 28 y 29 (1097).

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de Pamplona, la iglesia de San Salvador de Leire73 e incluso la más lejana de Santiago de Compostela.

El dominio que el monasterio de San Victorián de Sobrarbe poseía en Huesca y aledaños, a pesar de su mediocridad, puede servirnos de modelo del reparto dispuesto por Pedro I. Así, a través de un documento74 de la primera mitad del siglo XII que reune la relación de las posesiones del monasterio, su patrimonio se limitaba a una casa-residencia en la propia ciudad, otra casa y tienda «iuxta illa mischitella», cinco huertos, tres viñas, y una veintena de campos distribuídos por diversas partidas de la ciudad (Camino de Cillas, Alquibla, Haratalcómez, Miquera, Coliñénique, Ariño...). El dominio se completaba con otras propiedades dispersas por la Hoya oscense: en Banastás (una «corte» y su heredad), en Chibluco (una viña), en Bolea (una heredad), en Lupiñén (otra heredad), en Nisano (tierras y viñas), en Nueno (una heredad), en Albero Alto (otra heredad), y en Igriés (casas «qui sunt pardinas», dos huertos, ocho campos y varios olivos). El inventario identifica las parcelas por el nombre de sus antiguos propietarios moros: «vinea ... que fuit de Alcoravie», huerto, viñas y campos que fueron «de Hameth Aiub» —varias menciones—, o que fueron «... de Zabba», «...de Mahomath», «...de Fache Amaravane..., de mulier de Fache Amaravane..., de filia de Amaravane ...», «...de Abtival ferrero», «... de Galef Alcoraví», «... de Albatal», «... de Muza lo Cuxo», «...de Abin Centol», «... de Alchuel y «... de Abín Charauuí»; asimismo, las fincas lindaban, frecuentemente, con «vinea de rege», con «campo de rege», con «campos de Santo Petro Vetulo, de occidente domno Galindo abbate», «de oriente senior Fortunio Lopez, de occidente senior Lope Lopez», «de Reiner scuder», «de senior Exemeno Lopez», «de oriente senior Sangu Ferlanez».

Fueron, pues, los repartos de tierras realizados por el rey aragonés en los inicios del siglo XII los que sentaron las sólidas bases agrarias de los patrimonios eclesiales oscenses entre los que destacan, sin duda, el de la iglesia-catedral y el de la canónica de Montearagón y, en menor medida, el del priorato de San Pedro el Viejo.

73. CDPI, doc. 40 (1097).

74. Á. J. Martín Duque, «El dominio del monasterio de San Victorián de Sobrarbe en Huesca durante el siglo XII», Argensola, n° 30, Huesca (1957), pp. 93-108. Publica el doc. en apéndice, junto a otros sobre el dominio del monasterio en Huesca.

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PROPIEDAD TERRITORIAL Y MERCADO DE LA TIERRA (1096-1220)

Tomando como modelo el dominio catedralicio, de cuya formación me ocupé en una ocasión anterior", se observa que el grueso de su patrimonio territorial se configura en las primeras décadas del siglo XII, gracias a las sucesivas donaciones y concesiones de los monarcas76, y aumenta sin cesar, en un claro proceso acumulativo, a través de los legados testamentarios (normalmente dinero y tierras para fundar capellanías y celebrar aniversarios) realizados por miembros de las clases dominantes, y de algunas compras selectivas concentradas en el periodo 1180-1220. La Catedral logra consolidar un amplio patrimonio, fundamentalmente agrario, diseminado por medio centenar de villas y aldeas de la geografía oscense —aunque centrado entre los ríos Gállego y Alcanadre— y con un decidido interés por la adquisición de fincas en el perímetro suburbano, con varios centenares de parcelas diseminadas por el término de la ciudad, o en lugares concretos de la Hoya en donde cristalizarán sus señoríos (Fañanás, Pueyo de Fañanás, Tabernas, Banariés, Alboreg, Alcalá del Obispo, Sesa, Igriés, Abrisén, Fornillos y Banastás, entre otras aldeas más), fruto, sin duda, de un claro proceso de racionalización en la gestión de las explotaciones agrarias de la Catedral que se aprecia desde los años ochenta del siglo XII. Distintos son los casos de Montearagón y de San Pedro. El monasterio extiende su dominio territorial en el ángulo NE de Huesca, entre los ríos Flumen y Guatizalema, en lugares como Montearagón, Barluenga, Chibluco, Sagarillo, Santa Eulalia, Castilsabás, Loporzano, Sipán y Quicena; en la ciudad, en cambio, sus propiedades son más modestas pues, junto a varias casas, solares y tiendas (13 en la judería y otras 8 en el barrio de la Alquibla), dispone de unas sesenta parcelas (30 viñas, 20 campos y 5 huertos) diseminadas por los distintos términos, con la mayoría de las viñas agrupadas en el llamado viñedo del rey» (13 menciones) y en el término de Monzur (6 menciones), y los campos preferentemente situados en Miquera, Alquibla, Algascar y Almériz77.

75. J. F. Utrilla, ,‹El dominio de la catedral de Huesca en el siglo XII: notas sobre su formación y localización», en Aragón en la Edad Media, VI (Zaragoza, 1984), pp. 19-45.

76. La donaciones de Pedro I en CDCH, docs. 64, 68, 73, 77, 79, 92, 94 y 95, y CDPI, doc.

132. De Alfonso I, CDCH, docs. 101-108. Ramiro II, en CDCH, docs. 139, 144 y 145. Alfonso II, CDCH, docs. 301, 302, 364, 426, 472 y 476, y las donaciones realizadas por Pedro II, en CDCH, docs. 520, 542 y 543.

77. Cfr. J. F. Utrilla, «La zuda de Huesca y el monasterio de Montearagón', en Homenaje jubilar a D. José M.5 Lacarra, I, Zaragoza, 1977, pp. 285-306; A. Durán Gudiol, El castillo abadía de Montearagón en los siglos XII y XIII, Zaragoza, 1987, y C. Esco Sampériz, El monasterio de Montearagón en el siglo XIII, Huesca, 1987.

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Juan E UTRILLA UTRILLA

El priorato de San Pedro concentra sus propiedades en la ciudad, excepción hecha de dos almunias en los aledaños de la misma donadas por Pedro I, y ha configurado su dominio a través, preferentemente, de las donaciones de sus feligreses más significados; en el siglo XII su patrimonio está compuesto, además de los inmuebles urbanos (casas, solares y tiendas), por unas ochenta fincas, equilibradas las dedicadas a viñas (37 menciones) y campos (36 menciones), ubicadas las primeras preferentemente en los términos de Guatatén (14 menciones), Poblet (5 menciones) y Jara (4 menciones), y los campos, más dispersos, en Almériz, Balcencos, Boca, Cajal y Poblet, con cinco menciones en cada una de las partidas; tres huertos, un herrenal y un linar completan esta visión global del dominio prioral. Este inicial patrimonio agrario alcanza un ligero incremento en la primera mitad del siglo XIII, duplicándose el número de huertos y de viñas, mientras se mantiene el número de campos dedicados a la siembra de cereal; la ubicación de las parcelas cambia apreciablemente, pues ahora el grueso de los campos está en Villavetre (10 menciones), Almériz (8) y con cuatro menciones en Alquibla, Balcencos, Guatatén y Salas, y las viñas se situan mayoritariamente en Guatatén (24), y con menor número de menciones en los términos de Jara (9), Monzur (7), Poblet (6) y Pueyo de Sancho (otros seis); los huertos están situados en la Alquibla (3), junto a la puerta de Aliozar (4) y en Almarazud (2).

A los patrimonios eclesiales citados deberemos de sumar, por su importancia, el de la Encomienda del Temple —configurado en la segunda mitad del siglo XII— y el de la iglesia de Santa María de Salas que se crea, a través de donaciones y compras, a lo largo del siglo XIII. La ciudad aún verá, en la mencionada centuria, la instalación de nuevas órdenes monásticas, Dominicos y Franciscanos entre otras, que también acabarán configurando sus propios dominios señoriales.

Vemos, pues, como el grupo aristocrático y las instituciones eclesiales han accedido a la propiedad de la tierra por concesión real, con amplios lotes de fincas de pequeña extensión (como se desprende de la variedad de propietarios que se citan en los linderos) y diseminadas por la ciudad y su perímetro suburbano, y que proyecta una imagen de amplios patrimonios agrarios, dispersos y poco estructurados, excepto en algunas almunias y aldeas próximas a la ciudad, en donde se configuran una serie de conjuntos agrarios compactos que acaban convirtiéndose en señoríos laicos y, sobre todo, eclesiásticos.

Se perfila así un paisaje agrario transformado por el inicial proceso de parcelación Qtérmino de Cuadriellos?) y compuesto preferentemen27 Índice

PROPIEDAD TERRITORIAL Y MERCADO DE LA TIERRA (1096-1220)

te por campos, seguramente sembrados de cereal, con viñas y parrales en expansión y que comienzan a ser dominantes en determinados sectores, con abundantes huertos, normalmente cercados y ubicados dentro de la ciudad o en sus aledaños, paisaje que apenas evolucionará en los siguientes siglos y en el que otros cultivos como las leguminosas, linares y olivares tenían una escasa presencia.

En suma, pues, que el proceso de expansión feudal a costa del mundo andalusí y de distribución social de las tierras por parte del monarca generó la concentración de la propiedad de la tierra en Huesca —ciudad y perímetro suburbano— en manos de las clases dominantes (grupo aristocrático e instituciones eclesiales) que, además de poseer el control de al menos el 40% de la propiedad de la tierra, detentaban los derechos jurisdiccionales sobre la misma. Grupos dominantes que desde la propia ciudad controlaban, también, el espacio rural circundante.

EL MERCADO DE LA TIERRA EN HUESCA: ORÍGENES Y DESARROLLO

(1140-1220)

En el primitivo reino aragonés, al igual que en otras zonas del Occidente medieval, las donaciones predominan en el proceso de formación de los grandes patrimonios agrarios (aristocráticos y eclesiásticos), y la transmisión intrafamiliar —dotes y herencias— era la fórmula habitual de acceso a la propiedad territorial; no obstante, y desde el último tercio del siglo XI, se detecta la existencia de un rudimentario mercado de la tierra, fuertemente mediatizado por los señores. Así, acceden al mismo como compradores algunas instituciones eclesiásticas (monasterio de San Juan de la Peña78, iglesia-catedral de Roda...) y miembros de las élites aristocráticas (el conde Sancho Galíndez, los nobles Banzo Ahonés y su esposa Sancha", o Ato Galíndez), lo que les permitía la ampliación de sus dominios. Señores que materializan sus compras pagando, como norma habitual, en especie (trigo y ordio, vino, ovejas y carneros...), reflejo de la acumulación de excedentes agrícolas por

78. El monasterio efectúa treinta y una compras entre los años 1050 y 1075. Cfr.: J. M.a Ramos Loscertales, «La formación del dominio y los privilegios del monasterio de San Juan de la Peña entre 1035 y 1094», AHDE, VI (1929), pp. 5-107, y A. I. Lapeña Paúl, El monasterio de San Juan de la Peña en la Edad Media, Zaragoza, 1989.

79. En la CDCH se conserva un documento que recoge la memoria de las fincas compradas por el matrimonio. Compraron siete huertos, nueve linares, una viña, un majuelo y una tierra. Los pagos se realizaron, indistintamente, en dinero, en especie, o mixtos.

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parte de los grupos privilegiados del Reino; no obstante, y de forma paulatina, se observa un notable incremento de la circulación monetaria que comienza a generalizarse como medio de. pago en las transacciones mercantiles de la tierra8°. Los campesinos altoaragoneses, en cambio, sólo se desprendían de sus tierras en casos de extrema necesidad, y así es frecuente justificar la venta de parcelas por haber caído en necesidad («talis necessitas nobis venit»)81 y aún de pobreza («venit ad magnam paupertatem oneratus multis debitis»)82, sin duda abrumados por censos y préstamos, y que recibían a cambio unas pequeñas cantidades de producto o de dinero «in caritatem», es decir fruto de la caridad ejercida por los señores ante tan agobiante situación de miseria.

En Huesca se aprecia, desde mediados del siglo XII, una progresiva orientación hacia una economía de mercado, fundamentalmente agropecuario. Los indicadores de la nueva orientación son harto evidentes; así, se multiplican las transacciones de ganado y la venta de excedentes agrarios que generaron unos mercados específicos dentro de la propia ciudad («mercado de illas bestias», «mercadal de la civera», «mercado de la fusta»); las transformaciones agrarias, iniciadas tras la conquista de la ciudad, evolucionan hacia una adecuación de la producción agrícola a la demanda urbana, y así se generaliza el cultivo de la vid y la comercialización del vino; es también notable el despertar de la producción artesanal local —sobre todo en relación con los sectores del curtido y textil—, vitalizada por la presencia de una abundante colonia de artesanos y comerciantes francos; la moneda, cada vez con mayor número de acuñaciones, se impone como instrumento de cambio y medio de pago, tanto en las transacciones mercantiles como en los censos y tributos, reactivándose así la propia circulación monetaria.

Ciudad, además, en continuo crecimiento desde la segunda mitad del siglo XII, con movimientos poblacionales continuos, y que acoge en su interior —e incluso en la densa retícula de pequeñas aldeas del entorno— un volumen demográfico en clara fase de expansión y nítidamente perceptible, al menos, a lo largo de más de un centenar de años y que culmina en los años finales del siglo XIII en el que Huesca

80. J. F. Utrilla, «La economía aragonesa en la segunda mitad del siglo XI: crecimiento agrícola e intercambios comerciales», en Sancho Ramírez, rey de Aragón y su tiempo (1064-1094), Huesca, 1994, pp. 81-105.

81. DSRII, doc. VIII (1065).

82. DML, doc. 251 (1115).

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alcanza una población en torno a los 8.000 habitantes; dinamismo demográfico y movilidad poblacional que agilizan la existencia de un mercado de la tierra capaz ya de atender las distintas estrategias y necesidades de señores y campesinos y, en buena medida, las demandas de la oligarquía urbana. Así, a través del mismo, los grupos dominantes podrán configurar sus patrimonios, completando sus explotaciones agrarias o desprendiéndose de ellas, y acceder por medio de la acumulación de tierra a la captación de renta agraria; también los grupos urbanos recurren al mercado de la tierra por razones muy diversas: oligarcas que compran tierras como inversión productiva a través de la renta, o pequeños artesanos que necesitan complementar sus ingresos cultivando directamente unos pocos campos, una viña o un huerto. Los campesinos, en cambio —de los que tenemos muy poca información—, parece que recurren al mercado de la tierra movidos por la necesidad: vendedores obligados de pequeñas explotaciones de las que se desprenden para hacer frente a los préstamos, o para cumplir las últimas disposiciones testamentarias; compran, en cambio, para recomponer pequeños patrimonios fragmentados por herencias, para adecuar sus explotaciones al tamaño familiar o cuando llegan como inmigrantes.

Mercado de la tierra que da muestras, pues, de una relativa actividad debido a la demanda de los grupos dominantes y, sobre todo, de los nuevos pobladores instalados en la ciudad que, por motivos económicos y sociales, invierten en la compra de tierras. Pero no debemos de olvidar que es un mercado muy limitado por diversas razones, lo que hace que buena parte de las tierras oscenses queden fuera del mismo: la iglesia no vende sino excepcionalmente; los mudéjares y judíos, también propietarios de tierras, transfieren sus propiedades a correligionarios pues, en caso contrario, se ven obligados al pago de la tercera parte del valor de la venta; los villanos únicamente pueden vender sus campos treuderos a «suis consimilibus», ya que tienen vetado transferirlas a infanzones y gentes de Iglesia.

Las primeras transacciones mercantiles de la tierra en Huesca, documentadas ya a comienzos del siglo XII, parecen obedecer únicamente a situaciones extremas: vendedores como don Froila que, sin hijos, dona sus bienes a la Catedral, aunque se reserva la potestad de vender sus tierras en caso de necesidad", o como el matrimonio formado por el

83. CDCH, doc. 89 (1097-1103).

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noble Fortún Sánchez y la infanta Ermesinda que en 1100, y con el fin de obtener rápidamente liquidez para peregrinar a Jerusalén, se desprenden «in via necessitate» ya que «non habeamus tanto avere” de una parte de su patrimonio alodial en la ciudad (una viña junto a la puerta Sircata, dos linares y un huerto en la puerta de Montearagón, contiguo al de la Catedral) recibiendo a cambio del obispo Esteban la importante suma de 1.000 sueldos. El matrimonio, según dice el documento', no encontró mejor comprador que el obispo, ya que ningún otro “neque parentes neque amici christiani neque iudei neque sarraceni» estuvo interesado en pagar el valor real de las fincas «sed quia nullus dabat nobis quantum ... ille alodes valebant».

Podemos, pues, colegir, a tenor de la penuria de datos encontrados, que en los primeros años del siglo XII el mercado de la tierra en Huesca es prácticamente inexistente e incapaz, seguramente, de absorber la abundante oferta de tierras, ya que por aquellas fechas el monarca aún procedía a realizar repartos fundiarios en la ciudad y se hallaba interesado, como el resto de los señores, por atraer colonizadores a la urbe por medio de la concesión de cartas de franquicia e ingenuidad, como la otorgada por Pedro I a «francos et populatores de Osca que ibi moratis vel qui domos ibi habetis sive aliis omnes que venerint eam populare de aliis tenis ...»85. No obstante, los centros eclesiales instalados en la ciudad, como San Pedro el Viejo" y la Catedral', no dudan en adquirir determinadas parcelas, normalmente colindantes con otras de su propiedad; compras de tierra que también realizan otros pobladores de Huesca, como el lucense Froila Vimaraz que, en su testamento de 1105, lega sus heredades —genéricamente se indica que provienen de herencia y de compras— a su hijo Pedro Froilaz, a quien aconseja que explote bien sus tierras y que no las venda88.

Las muestras documentales disponibles sobre las transacciones mercantiles de tierra anteriores a 1140 son muy escasas —recuérdese que

84. CDCH, doc. 78 (1100).

85. DMH, doc. 1 (1100) 86. CSPV, fol. 56 y°. La iglesia de San Pedro el Viejo compra en 1100 una viña en Huesca, situada junto al muro de tierra de la ciudad —y contigua con otra viña de San Pedro— mediante pago de 20 sueldos al vendedor Abén Alabar.

87. CDCH, doc. 96 (c. 1105). Compra de un huerto para la Limosna de la Catedral oscense, y lindante con una viña propia, mediante pago de 40 sueldos.

88. CDCH, doc. 93 (1105), si ipse Petrus bonus fuerit ut suas hereditates let et non vendat neque derramet».

plantet et popu-

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también escasea el conjunto de diplomas conservados para esa época—.

A pesar de su raquítico volumen, apenas testimonial, podemos vislumbrar unas primeras pautas de comportamiento del mercado de la tierra en Huesca en las primeras décadas del siglo XII: a) La presencia, sobre todo como vendedores, de miembros de la clase aristocrática que han acumulado un buen número de heredades dispersas por todo el Reino, también en Huesca, y que no dudan en desprenderse de algunas 'migajas' de su patrimonio territorial que pasan, en un proceso acumulativo, a manos preferentemente de las instituciones eclesiales. Venden, pues, los que más tienen, y aunque desconocemos las razones últimas que les mueven a ello, en esta ocasión no parecen obedecer a criterios exclusivamente mercantiles; más bien las causas habrá que buscarlas en situaciones familiares concretas (por ejemplo, extinción biológica de linajes), en el patronazgo que tienen sobre algunas iglesias, o acaso en una reestructuración de sus patrimonios que tienden a concentrarse en una localidad concreta en donde ejercerán su dominio señorial. Así, señores como Ortí Ortiz, Sancho Íñiguez y doña Miteria (era hermana del abad y mayordomo real Galindo), venden sucesivamente a la iglesia de San Pedro el Viejo una tierra en Haratalcómez (100 sueldos), tres campos en la Alquibla scilicet illa longa faxa, et illo linare, et alio campo qui est inter illos duos»89 por 135 sueldos) y otra pieza de tierra en la Alquibla (cuatro cahíces de sembradura por 60 sueldos)". La iglesia de San Pedro, que había recibido del monarca varios inmuebles urbanos (casas y tiendas) y únicamente dos almunias en las inmediaciones de la ciudad (llamadas de Florén y de Sant Per), da tempranas muestras de una administración eficaz tendente a configurar, mediante donaciones y compras, un discreto patrimonio rústico ubicado en los términos más cercanos de la ciudad, y del que extraer, a través de su explotación indirecta por medio de contratos tributarios, parte de su renta feudal. b) La llegada a Huesca de una primitiva corriente de inmigrantes francos, artesanos y comerciantes en su mayoría, nítidamente verificable a través de la antroponimia, activó, sin duda, el mercado de la tierra, a pesar de que en estos primeros decenios del siglo XII sólo podamos comprobarlo por medio de unos tenues indicios documentales,

89. CSPV, f. 68 r° y y° (1114).

90. CSPV, f. 68 y° (1115 y 1118).

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como los campos que poseían Tibalt Rosell, Juan de Montpellier o el carnicero Humfrede que, conjuntamente con su esposa Holdiardes e hijos, compraba un campo en el término de Alguardia por 110 sueldos91, o la tierra que «Radolf francho» tenía en Haratalcómez92, y las cinco viñas (dos en Valdecámaras y tres majuelos en Jara) que Dominica, viuda de Aimeric de Zaragoza, vendía en 1124 al abad de San Victorián por 300 sueldos93.

La sospecha de que la colonia franca, instalada en la ciudad tras varias corrientes migratorias, accedía a la propiedad territorial por medio del mercado de la tierra, queda completamente disipada desde 1134, fecha en la que el rey aragonés Ramiro II otorga una nueva carta de franquicia a todos los francos pobladores de Huesca". El documento, amén de otras concesiones, declaraba libres y francas a todas las heredades —casas, tierras y viñas— que hubieran comprado «de meos villanos et mauros sive de iudeos» y concedía el fuero de la tenencia de año y día para todas las heredades compradas «de aliquo homine, sive de cavalleros sive de mauros etiam de iudeos». Se regulaban, de esta forma, los intercambios de propiedades fundiarias, sin duda ya numerosos, que se habían realizado entre los miembros de la primera generación de pobladores oscenses.

Francos y burgueses oscenses dinamizan el mercado de la tierra Desde mediados del siglo XII, y al compás del crecimiento demográfico, se constatan una serie de procesos que evidencian la transformación de las estructuras agrarias; así, la explotación de tierras cada vez más alejadas del centro urbano, los nuevos modelos de gestión de los patrimonios eclesiásticos, el aumento de la producción agrícola y, de forma especial, el incremento notable que experimenta el cultivo de la vid95 y que dio lugar a la aparición de un espacio vitícola suburbano

91. CDCH, doc. 110 (1112).

92. Á. J. Martín Duque, «El dominio del monasterio de San Victorián...», doc. IV. 93. Ibídem, doc. II. Entre los fiadores y testigos se citan a varios francos, como «Umfredo carnicer, er Rodbert zapater, et don Dizder, et Reinal fornero, ... don Bonet de Tolosa et Galter suo gerno, et Galter cornero, et Rodberto suo gerno».

94. DMH, doc. 4 (1134).

95. El fenómeno fue detectado por R. Ferrer, «Estudio cuantitativo y cualitativo de los cultivos en Huesca, siglos XII y XIII», en Actas del VII Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos (Seu d'Urgell, 1974). Jaca, 1983, pp. 201-212, aunque únicamente a través de la documentación procedente del Cartulario de San Pedro el Viejo.

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(bien estudiado por C. Laliena), agrupado geográficamente en algunos términos concretos de la ciudad y con una relativa homogeneidad96.

Este último fenómeno es de tal magnitud que la cantidad de viñas (incluyendo las frecuentes menciones a las viñas nuevas o «majuelos») localizadas en Huesca es superior a las 500 (documentadas en el periodo 1150-1200), y el proceso continuó acelerándose a lo largo de la siguiente centuria, hasta el extremo que el concejo oscense consiguió del monarca que no pudiera introducirse ni, por tanto, comercializarse en la ciudad el vino que no hubiera sido producido en sus términos97; la generalización de los contratos »ad plantandum vineam» permitía, además, a los campesinos acceder a la 'propiedad' de una parte de la viña nueva —normalmente la mitad— tras un periodo de cuatro o cinco años de duro trabajo. La demanda urbana y el desarrollo progresivo del mercado local no son ajenos a estos fenómenos, como tampoco la activación del mercado de la tierra y el incremento del precio del suelo.

Al calor de la nueva coyuntura económica una serie de burgueses —comerciantes y artesanos enriquecidos—, normalmente de ascendencia franca, realizan una decidida política de inversiones en explotaciones agrarias (campos, viñas, huertos, y también heredades completas), en inmuebles (casas y tiendas) y solares urbanos, y crediticia, fórmulas que garantizaban la captación de abundantes rentas censuales.

El caso más paradigmático, aunque no único, lo encontramos en las actividades inversoras de Jofré98, sobrino de Isaac zapatero. La antroponimia familiar nos permite suponer que eran, posiblemente, de ascendencia judía que, desde tierras francas habrían emigrado a Jaca. Jofré Isaac, nacido (c.1110) en el seno de una familia de zapateros y pelliceros casó en primeras nupcias con Orpesa, heredera de una familia de ricos artesanos jacetanos (su padre Guillermo de Jaca, era zapatero, y su madre Boneta, hija de Lamben de Jaca pellicero). Junto a varios miembros de sus respectivos clanes familiares, Jofré Isaac, su esposa Orpesa y, al menos, su pequeño hijo Mateo Isaac, se avecinan en Huesca, asomando en la documentación en 1140 con motivo de la com-

96. C. Laliena, «El viñedo suburbano de Huesca en el siglo XII•, en Aragón en la Edad Media, 5 (Zaragoza, 1983), pp. 23-44. «El área de viñedo se concentraba en un área comprendida entre el río 'suela y el camino de Vicién con un porcentaje del 65 % de las referencias, frente a apenas un 20% en la parte sudoriental».

97. DMH, doc. 31 (1269).

98. En este personaje viene trabajando Lynn H. Nelson.

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pra de un huerto en Almériz por el que pagó 155 sueldos". Desde entonces, en apenas dos años y obedeciendo a una clara estrategia inversora, va comprando'°° sucesivamente una viña (35 sueldos), trece campos en los aleñados de la ciudad (150 sueldos), cinco campos y la tercera parte de unas casas y tiendas en el barrio de la Pellicería (500 sueldos), y una heredad compuesta de tierras, casas y tiendas (500 sueldos). Los vendedores fueron familares de su mujer, como Bonet de Jaca, Borrel de Jaca, Raúl de Provins, Poncio Guillem —era primo de Orpesa—, y Boneta, viuda del noble Banzo Fortuñones, quienes se desprendían seguramente de parte de la herencia recibida a la muerte de Lambert de Jaca.

En 1151, nuestro personaje, viudo de Orpesa y casado en segundas nupcias con María, reaparece en la documentación dando muestras de su actividad compradora y solidez económica. A lo largo de cuatro lustros adquiere veintiún campos ubicados, preferentemente, en Almériz, y los restantes en los términos conocidos como la Alquibla, Cuadriellos y la fuente del molino de Alcait; la suma total de la inversión asciende a 1.850 sueldos, con precios muy dispares que van desde los 250 sueldos pagados por un campo en Almeriz, hasta los 35 sueldos por otro situado en la Alquibla, siendo el valor medio pagado por cada campo de 88 sueldos. Compra, además, varias casas y tiendas, todas ellas situadas en la Zapatería, por las que invirtió la cantidad de 1.155 sueldos.

Los vendedores fueron, mayoritariamente, viudas como Boneta y Flandina (eran, además, primas de su primera esposa), María, María (de Monfort), Lucía, María de Ayerbe, María (de la Sacristía), y otras gentes cuyos antropónimos indican su procedencia jacetana, como —además de los ya citados Bonet de Jaca y Borrel de Jaca— Flandina, viuda de Magnet de Jaca, Miteria, esposa de Guillén de Jaca, Bertrando, hijo de Ponz Esteban de Jaca, Pedro de Jaca.

Jofré Isaac, que disponía su testamento en octubre de 1183'°', había invertido en compras en la ciudad un monto global no inferior a los 4.360 sueldos, de los que 3.205 se destinaron a adquisición de tierras, y el resto (1.155 sueldos) a inmuebles urbanos. Realizó, además, una intensa actividad como prestamista, según se desprende de un docu-

99. CDCH, doc. 155 (1140).

100. CDCH, docs. 176 (1146), 177 (1146), 179 y 180 (1147).

101. CDCH, doc. 384 (1183).

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mento de 1183102 que recoge la relación de varios de sus deudores, con cantidades que oscilan entre los 8 sueldos que le debía «uno sarraceno», hasta los 1.000 sueldos prestados a la mujer de García Ciprián; todavía en 1187 Vallés, hijo de Ramón de Tena, desempeñaba una heredad en Pompién de manos de Ramón Jofré, hijo de Jofre Isaac y María, que la había tenido en prenda el propio Jofré".

El grueso de las propiedades de Jofré Isaac pasaron a manos de sus descendientes: a su nieto Belenguer, hijo de Mateo Isaac —fallecido antes que su padre— y habido de su primera mujer, transmitió las heredades de Jaca —eran los bienes de Orpesa— y un discreto patrimonio en Huesca consistente en casas y tiendas, un huerto y cinco campos; y, sobre todo, a su hijo Ramón Jofré —también llamado Ramón Aster y Ramón Isaac—, habido con María y que fue preferido en el reparto de los bienes. Otros beneficiarios fueron Guillermo, hijo de Guillermo de Olorón, y nieto de Orpesa, su criada España, y la Catedral oscense. El reparto efectivo de la herencia de Jofré Isaac generó tensiones entre sus descendientes directos, Ramón Isaac y Berenguer, al menos hasta febrero de 1198, fecha en la que tío y sobrino llegaban a una concordia sobre la posesión de algunos bienes sitos en Huesca'''.

Lejos de ser una muestra aislada, el modelo expuesto es válido para otros coetáneos de Jofré Isaac que, como él, eran de procedencia foránea y disponían de un considerable nivel de riqueza que les permitía acceder, por medio del mercado, a las mejores tierras, con preferencia viñas en los aledaños de la ciudad, y que alcanzan precios cada vez más elevados. Sobresalen así patrimonios como el de Pedro Peitavín que vende en 1195" a su hijo Juan Peitavín" una heredad en Huesca valorada en 500 maravedís (unos 3.500 sueldos) —se trataba, más bien, de una transmisión intrafamiliar, pues esa era la cantidad que su padre le había prometido cuando contrajera matrimonio—, o los 700 sueldos que el matrimonio compuesto por Juan Peitavín y Sancha de Torres

102. CDCH, doc. 387 (1183).

103. CDCH, doc. 421 (1187).

104. CDCH, doc. 539 (1198) 105. CDCH, doc. 509 (1195).

106. Juan Peitavín, casado con Sancha de Torres —había sido «nutricia» del rey—, alcanzó a detentar el oficio de merino de la ciudad; primo de Ramón Aster (también llamado Ramón Jofré o Ramón Isaac), fue uno de los máximos representantes del patriciado oscense, y consiguió un amplio patrimonio en la ciudad.

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pagó a Pedro Huet y Ponza por la compra de una viña lindante con otras suyas y situada en la partida denominada Pueyo de Sancho107, o las compras efectuadas por Juan de Montpellier y la familia Boclón108 que adquieren doce campos por 300 sueldos y 11 maravedís, y que parecen recomponer los bienes maternos repartidos por herencia, o las más modestas compras efectuadas por Juan de Limoges'°°.

Otros miembros de la oligarquía oscense acuden al mercado de la tierra con operaciones mercantiles que alcanzan cifras destacadas para la época, como García de Santa Cruz que compra una viña nueva en el término de Pueyo de Sancho por 800 sueldos, otra en el término de Jara por 239 sueldos y dos campos por 36 sueldos"°, o Pedro Marta que realiza compras de tierras entre los años 1184 y 1195111 por valor de 2.300 sueldos —adquiere una heredad en 1189 por 1.306 sueldos y 92 maravedíes, compuesta de cuatro campos, una viña, una era y una laguna—, y ello sin olvidar las inversiones efectuadas en compras de inmuebles urbanos, como varias casas en el barrio de la Carnicería por las que llegó a pagar precios comprendidos entre los 600 y los 800 sueldos.

Grupos urbanos privilegiados que se incardinan, por vía de la propiedad del suelo, en el proceso de captación de rentas agrarias gestionando sus explotaciones por medio de arrendamientos que, a pesar de los pocos datos que disponemos, parecen muy distintos a los establecidos por los centros religiosos. Mientras estos últimos, como pauta habitual, gestionan sus explotaciones de forma indirecta mediante la entrega de tierras a censos perpetuos —o, en menor medida, vitalicios—, con tributos fijos cobrados en moneda, los primeros recurren a los arrendamientos con censos a plazos breves, con cobro de las rentas en especie y proporcionales a la producción agraria, logrando así una forma de gestión más dinámica y que, sin duda, les reporta unas rentas del suelo más elevadas que las obtenidas por las instituciones eclesia-

107. CDCH, doc. 630 (1203).

108. CDCH, docs. 247, 253, 304, 357, 368, 397, 449, 465, 500, 501, 502, 508, 510, 525, 558, 559, 578, 599, 637, 673, 674, 676, 683 y 708.

109. CDCH, doc. 405 (1186) y 535 (1197).

110. CDCH, docs. 219 (1155), 239 (1164) y 274 (1171).

111. CDCH, docs. 389 (1184), 444 (1189), 489 (1195) y 490 (1195). El testamento en doc. 552 (1196), y la división de los bienes entre sus hijos doc. 556 (1199).

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les'". El ejemplo más característico lo encontramos en 1207, cuando Ramón Aster, hijo de Jofré Isaac, arrendaba diez de sus campos al campesino Martín de Ontiñena. El contrato se establecía para un plazo de tres años, repartiéndose a medias el producto obtenido, y una vez descontados los gastos de explotación que corrían a cargo del productor directow.

El grupo aristocrático Algunos nobles y caballeros establecidos en la ciudad muestran también una discreta actividad en los intercambios mercantiles de tierras. Las muestras que disponemos nos permiten conocer sus estrategias globales en relación con el mercado de la tierra: como compradores muestran una clara tendencia en recomponer sus patrimonios agrarios centrados, no tanto en la ciudad, sino en aldeas del entorno como Alerre, Almuniente, Barbués, Buñales, Cillas, Lierta, Liesa, Sangarrén, Torres, Vicién, lugares en los que consiguen consolidar pequeños dominios señoriales. Como vendedores, y salvo casos puntuales'', se desprenden de la totalidad o parte de sus patrimonios tras el fallecimiento del titular pues únicamente aparecen realizando las transacciones mercantiles viudas o hijas herederas (como la viuda de Sancho Fortuñones, la esposa de Galindo Aznárez, las hijas de Sancho Banzones, la hija de Sancho Aznáres de Murillo, la mujer de Fortún de Tena e hija del «eitán» Lope Garcés, y la hija de Fortún Garcés de Labata), o los propios albaceas testamentarios que venden una o varias tierras con el fin de obtener liquidez para cumplimentar las últimas disposiciones del finado"'.

Dentro de este grupo aristocrático únicamente el linaje de los Maza muestra un decidido interés por aumentar su patrimonio agrario en la ciudad"6. Así, Pedro Maza y su esposa Constanza compraban en 1203

112. El fenómeno ya había sido observado por C. Laliena, «El viñedo suburbano de Huesca...», PP. 40-41.

113. CDCH, docs. 598 (1202) y 691 (1207).

114. Sancho de Huesca, hijo del fallecido Pedro Frontín, vendía en 1218 dos viñas en la partida de Algascar al obispo oscense por 1.000 sueldos (LC, n° 22, p. 7).

115. Los ejemplos son numerosos. Citaré unicamente la venta en 1238 de una viña por 1.000 sueldos, para cumplir las últimas disposiciones de María de Bigena (CSPV, f. 18 v°).

116. Ya en 1142 Maza y María compraban un huerto en la Alquibla, junto a uno propio, por 100 sueldos (CDCH, doc. 159). El linaje arraigará en la ciudad durante varias generaciones, y a

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unas heredades en Huesca y Cillas por 650 sueldos"7. A la muerte del esposo, su viuda Constanza sigue comprando fincas —campos y viñas— en la ciudad y en Cillas invirtiendo, en dos años (1212-1213), un monto aproximado de 2.000 sueldos, con precios que oscilaron entre los 125 sueldos por un campo hasta los 600 pagados por una viña"". Uno de sus herederos, de igual nombre, aparece en 1214 como comprador de un huerto en Almériz pagando la cantidad de 1.000 sueldos a los esposos Salvador de Sangarrén y Estefanía119. Una parte de este patrimonio agrario pasaba a manos de la Iglesia, como los cuatro campos y unas casas, junto a dos heredades en Pebredo, que Pedro Maza donaba en 1218 a la Catedral oscense para fundar una capellanía en la capilla de San Jaime'2°.

Las instituciones eclesiásticas oscenses y su relación con el mercado de la tierra Las grandes instituciones eclesiásticas oscenses, como la Catedral, la iglesia de San Pedro, el monasterio de Montearagón y la Encomienda del Temple —a las que se añadirán a lo largo del siglo XIII las iglesias de Santa María de Salas y de los Dominicos—, detentan la propiedad, grosso modo, de un 30% del total de la tierra'. Cómo negar, pues, su protagonismo en las transformaciones agrarias y en las relaciones sociales de producción, protagonismo que, además, aparece magnificado ante nuestra atenta mirada, distorsionada, sin duda, por las fuentes documentales conservadas (colecciones diplomáticas y cartularios) que son coincidentes con los centros religiosos citados.

fines del siglo XIII el palacio de los Maza era destacado en la documentación expresamente, y dando origen al llamado «barrio de Maza».

117. CDCH, doc. 629 (1203).

118. CDCH, docs. 745, 749 y 757 (1212), y 769, 772 y 773 (1213).

119. LC, 572, p. 304.

120. Armario 8-34.

121. Cfr. C. Laliena, «El viñedo suburbano de Huesca...•, pp. 32-33, detecta que del total de muestras documentadas de viñas en Huesca, un 30% de las mismas, es decir 162 frente al total de 545 viñas, pertenecen a instituciones eclesiásticas. A su vez he calculado los porcentajes de acumulación de viñas entre las distintas instituciones eclesiásticas oscenses, que con precaución podríamos extrapolar al conjunto de la tierra, y queda de la forma siguiente: la Catedral controla un 34% del total de las viñas en manos eclesiásticas, San Pedro un 24,7%, Montearagón con un 16,6%, y el Temple con un porcentaje del 11,7%; el resto, repartido entre otras iglesias locales, como la de Santa María Magdalena, la de San Vicente, la Orden de San Juan...

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Establecimientos religiosos oscenses que muestran pautas de comportamiento y estrategias parecidas en relación con el mercado de la tierra: así, entre 1100 y 1180 se realizan escasísimas compras que, desde esta última fecha, comienzan a activarse; el número de transacciones es, numéricamente escaso, aunque las cantidades invertidas son altas, pues habitualmente se trata de compras muy selectivas: viñas y huertos —sin olvidar los inmuebles urbanos— de las que obtener constantes rentas, monetarias o en productos fácilmente comercializables. La racionalidad en la administración de los patrimonios eclesiásticos queda patente, pues, desde el último tercio del siglo XII, al comprobar que las compras se ejecutan exclusivamente, además de la ciudad, en lugares que acabarán configurando sus propios señoríos. Así, la Catedral compra heredades en Abrisén, Alboreg, Banastás, Igriés y Sesa, lugares de señorío episcopal, y, sobre todo, en Huesca; San Pedro concentra sus escasas inversiones en adquirir viñas y huertos en la ciudad (partidas de Almériz, Alquibla, Guatatén, Haratalcómez, etc.); mientras que la abadía de Montearagón invierte preferentemente en Bolea, Florén, Marcén, Olivito, Pebredo, Sabayés, Sieso y Tierz, además de la capital.

El archivo de la Catedral oscense conserva aproximadamente unos 240 diplomas que recogen compra-ventas de tierras realizadas entre 1140 y 1220. Del total, 40 fueron compras realizadas por la propia sede que, desde 1181, muestra un relativo interés hacia el mercado de la tierra que se acentuará desde 1213122. En el periodo comprendido entre 1181 y 1220 —excluidas las efectuadas para consolidar sus dominios señoriales y por las que pagó los precios más elevados, como los 400 maravedís por unas heredades en Alboret, otros 400 para desempeñar la almunia de Cámaras, o los 1.150 sueldos jaqueses pagados por otra heredad en Igriés— la Catedral realiza una treintena de compras de tierras en la ciudad, preferentemente viñas (20), que priman sobre los campos (8) y huertos (4), con una inversión global cercana a los 10.000 sueldos, con precios que oscilan entre los 30 sueldos que costó un campo en Almériz a los 1.600 pagados por un huerto en la «almecorella» de los moros (junto al muro de tierra), o los 200 maravedís alfonsinos de oro (unos 1.400 sueldos) de una viña en el término de Guatatén,

122. LC, n° 210, p. 95 (1214); LC, n° 143, p. 65 (1214); 2-351 (carta partida por ABC) (1214); LC, n° 199, p. 317 (1214); LC, n° 156, p. 70 (1214); LC, n° 63, p. 73 (1215); LC, n° 201, p. 90 (1216); LC, n° 22, p. 7 (1218); LC, n° 224, p. 106 (1218); LC. n° 198, p. 89 (1218); armario 2-467 (1219) y LC, n° 191, p. 85 (1220).

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o los 60 dinares de oro que costó una finca de regadío en Almériz.

Escasas operaciones mercantiles, pero con fincas bien seleccionadas, huertos y viñas, y lindantes con otras del obispo, por las que se pagan precios elevados, y que alcanzan medias cercanas en el siglo XIII a los quinientos sueldos para las viñas y huertos, y unos doscientos para los campos.

San Pedro, con un total de 40 compras en su documentación, sólo ejecuta una docena de compras, en las que adquieren seis campos (con precios que rondan en torno a los 40 sueldos), y otra media docena de viñas, con precios más dispares, pues van desde los 23 a los 500 sueldos.

Y, por último, Montearagón, que sin duda había acumulado importantes cantidades en moneda, realiza importantes inversiones dinerarias en la compra de fincas urbanas y rústicas123. Sólo en tiempos de su abad Berenguer —último tercio del siglo XII— el monto de las inversiones alcanzó la cifra de 8.745 sueldos jaqueses, de la que únicamente 2.000 se refieren a propiedades en Huesca, y el resto se invirtió en lugares como Almudévar, Ayera, Bolea, Florén, Junzano, Olivito, Pebredo y Tierz. En Huesca la abadía compra propiedades de altos precios, y así en 1178 paga 500 sueldos por una heredad con viñas, en 1182 adquiere unas viñas y dos molinos por 800 sueldos, y cinco años más tarde paga 700 sueldos por una heredad —casas, tierras y viñas_124.

Instituciones que, además, atentas a los cambios estructurales, no dudan tampoco en diversificar sus inversiones atendiendo a otros sectores como el inmobiliario o incluso alentando la construcción de molinos, poniéndose así a la cabeza del desarrollo tecnológico del momento, como lo evidencia la construcción de los primeros molinos draperos o de batanes'''. Más rentable, sin duda, fue la inversión en préstamos dinerarios que les reportaban, además de unas rentas elevadas, la adquisición de tierras a un valor muy inferior al del mercado126. Un buen

123. A. Durán Gudiol, El castillo abadía de Montearagón (siglos XII y XIII), Zaragoza, 1987,

pp. 97 y ss.

124. Montearagón, carpetas 626, 629 y 630.

125. J. F. Utrilla, «Los orígenes de la industria textil en Huesca: la construcción de los primeros molinos draperos (c. 1180) y la creación de la cofradía de los tejedores oscenses (1239),, en Don Antonio Durán Gudiol. Homenaje, Huesca, 1995, pp. 805-816.

126. Un magnífico ejemplo es el estudiado por A. Durán, El castillo abadía de Montearagón..., pp. 98 y 99, y referido a la pequeña localidad de Olivito. La abadía había prestado diversas cantidades a una decena de campesinos de Olivito quienes, entre 1169 y 1179, tuvieron que empeñar

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testimonio lo ofrece también Montearagón que, en el último tercio del siglo XII, efectúa préstamos de elevadas cantidades, como los 270 áureos «lupinos boni auri» entregados a España, viuda de Arnaldo, o 2.000 sueldos prestados a Sancha de Lizana, o los otros 2.000 por los que María de Salas empeña una casa con huerto, un campo y un majuelo en Huesca.

Quiero recordar la importancia, pues, que las instituciones eclesiales tuvieron en el desarrollo del mercado de la tierra, no sólo por el creciente interés que muestran en los intercambios mercantiles de tierra para ampliar su propiedad fundiaria y captar más cotas de renta agraria, sino por el hecho de que los bienes raíces así adquiridos —y salvo casos realmente excepcionales— quedaban ya excluidos del circuito del mercado.

Instituciones eclesiales oscenses que, aunque difieren en la gestión de sus patrimonios, siguen pautas similares de comportamiento en relación al mercado de la tierra del que se aparta, por su especificidad, la Encomienda del Temple. En efecto, la Orden templaria, que arraiga en la ciudad a mediados del siglo XII y que está bien provista de excedentes monetarios, encuentra en el mercado de la tierra el medio más rápido y eficaz de configurar su dominio fundiario en la capital oscense. Para no descender al detalle de todas y cada una de las compras efectuadas por la Orden, y que pueden conocerse a través de la documentación publicada o de los estudios realizadas al respecto'27, daremos únicamente el volumen de algunas magnitudes: el número de compras efectuadas entre 1148 y 1200 fue de unas noventa, concentrándose especialmente en los años que median entre 1168 y 1182 (con más de la mitad de menciones), ralentizándose desde entonces. Excluidas las inversiones realizadas en lugares alejados de Huesca, como Abós, Artieda o Luna, las compras de fincas e inmuebles urbanos realizadas en Huesca o en localidades situadas en un radio de quince kilómetros fueron unas sesenta, aproximadamente, y que son las que vamos a analizar. Estas últimas adquisiciones supusieron una inversión dineraria que alcanzó los 19.000 sueldos distribuidos de la forma siguiente: 8.350 sueldos invertidos en fincas en Huesca, otros 5.700 en casas y tiendas en la

veintiocho fincas a un promedio de 39,28 sueldos, justamente por la mitad de precio de los campos que se vendían en aquellos momentos y que alcanzaban una media de 68,64 sueldos.

127. Cfr.: CT, y Á. Conte, La Encomienda del Temple de Huesca. Huesca, 1986.

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ciudad, 1.600 sueldos invertidos en Huerrios, 950 en Pompenillo, 810 en Tabernas, 630 en Pueyo de Fañanás, 550 en Liesa, y otros 400 en Almudévar.

Las fincas compradas en la ciudad se pagaron a altos precios, superiores normalmente a los cien sueldos, y parecen estar bien seleccionadas. Unas pocas viñas —aún no se ha producido la expansión— pero bien situadas y, a tenor de las cantidades pagadas (750 sueldos, 100 maravedís, 400 sueldos por un huerto «qui est parral»), posiblemente extensas, otros pocos huertos en el interior de la propia ciudad (junto al mercado de las bestias) o a las mismas puertas (junto a la puerta de la Alquibla), y el resto campos, también muy próximos a la ciudad (en la Alquibla, junto a la puerta de Aliozar, junto a la puerta de Montearagón...) y especialmente en el regado término de Almériz, en donde concentran parte de su explotación agrícola, y algunas heredades completas, algo más alejadas (hacia Loreto).

Centros eclesiásticos que realizan escasas, aunque constantes, compras de tierras en la ciudad, con una paciente política de mejora y ampliación de sus explotaciones y que genera una progresiva expansión de su propiedad fundiaria, acumulando tierras que, como norma habitual, ceden su uso y explotación a los campesinos a cambio de una renta pactada. Patrimonio agrario que, además, escapa del mercado de la tierra pues, como ya se ha dicho, sólo se desprenden de alguna parte del mismo en casos realmente excepcionales.

Artesanos y labradores: su relación con el mercado de la tierra Artesanos y labradores oscenses configuran el grupo poblacional más numeroso de la ciudad, de los que disponemos, por desgracia, de escasa información que se ve, además, gravemente distorsionada por la imagen que de ellos se proyecta en los diplomas conservados de los grandes centros eclesiales. Así, apenas asoman a la documentación y, cuando lo hacen, aparecen como vendedores de pequeñas parcelas, muchas de ellas treuderas de los centros religiosos, u obligados a empeñar sus campos para solicitar pequeños préstamos dinerarios128 y, sobre

128. Así, labradores como el moro Aluazir Abenzet que tuvo que entregar al obispo oscense una viña y un campo en Sesa como pago de su deuda consistente en 120 sueldos (para comprar un yugo de mulas) y otros 40 sueldos, posiblemente, para compra de simiente, obligándose además al pago de una quinta parte de su producción agrícola [CDCH, doc. 103 (c. 1107)]. Otro ejem-

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todo, aceptando unas relaciones contractuales, colectiva o individualmente, impuestas por las clases dominantes que controlan la propiedad del suelo.

El campesino oscense accede a la posesión de la tierra a través de una variada gama de contratos agrarios, normalmente perpetuos, que permiten la explotación directa de pequeñas parcelas, heterogéneas y dispersas por los términos periurbanos, y les obligaba al pago de unos tributos anuales muy diversos —rentas fijas o proporcionales a la producción, pagadas en especie (grano, vino, aceite, pimienta...) y, más frecuentemente, en dinero—. Pero, y en relación con el mercado de la tierra, los contratos establecen que el campesino puede enajenar las tierras únicamente a «suis consimilibus» con las cautelas y reservas habituales impuestas por los señores (consulta previa antes de la transmisión o pignoración, prioridad de derecho de recompra a menor precio dentro de un plazo estipulado, etc.).

De otro lado, el desarrollo de la viticultura en la segunda mitad del siglo XII permite al campesino oscense, gracias a la fuerza de su trabajo, acceder a una mínima parte de la propiedad de la tierra. En efecto, los abundantes contratos «ad plantandum vineam» establecen, dentro de una variada muestra de situaciones diversas129, el reparto del «majuelo» o viña nueva, tras cuatro o cinco años de continuado esfuerzo, entre el propietario y el cultivador a partes iguales"°. Viñas demandadas a su vez por pequeños artesanos, que las explotan directamente, y que sirve de complemento a sus ingresos ya que su fruto es fácilmente comercializable.

Campos, viñas y huertos familiares; pequeñas explotaciones agrarias, en suma, en manos de los grupos campesinos que, como propietarios o poseedores de las mismas, pueden enajenarlas, y que intervie-

plo, entre varios, lo ofrece Albea, que tenía tres campos empeñados, y los entrega a la iglesia de San Pedro [CSPV, f. 101 y° (1164)1, o el matrimonio formado por Pascual y Jordana que solicitan un préstamo de 60 sueldos [CDCH, doc. 394 (1184)1.

129. Los contratos eran muy variados, fijándose tributos anuales dinerarios —además del consabido pago del diezmo y la primicia— (CSPV, f. 81 y° (1191), f. 82 r° (1198), proporciales a la cosecha del fruto (CSPV, f. 3 y°, «quartam partem de omni vendimia que Deus ibi dederit•; una cuarta parte, más diezmo y primicia CSPV, f. 68 v°), o incluso en especie (CSPV, f. 83 r° por «un cuarterón de pimienta« (1196); f. 95 r° (1247), «donetis anuatim duas libras olei olivis'). Otras veces se establecía, incluso, que el campesino no pudiera «retornar la vinna en campo« (CSPV, f. 70 r° y v°).

130. CSPV, fol. 82 y°, en 1208 se firma el contrato y en 1213 el «operario« de San Pedro elige dos de las cuatro partes en que se había dividido la viña. También, f. 90 y° (1168) 53 y°. Otras veces se divide la viña «a tercias», dos partes para el campesino y la tercera para el propietario (CSPV, f. 47).

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nen en el mercado de la tierra en que se ven impelidos a participar por razones muy diversas, aunque las magnitudes globales que conocemos representen un escaso volumen dinerario.

Así, disponemos de información acerca de numerosas compra-ventas de pequeños campos o fajas de tierra, a tenor de los precios muy bajos pagados por ellos, lo que nos lleva a suponer que, en ocasiones, buena parte de los que intervienen en dichas transacciones sean pequeños labradores que, por motivos muy diversos (inmigrantes, recien casados, reajustes en las explotaciones familiares, liquidación de herencias, obtención de liquidez...), recurren al mercado de la tierra extrafamiliar en calidad tanto de vendedores como de compradores.

Sirvan como muestras las realizadas por Guillermo Mozarabí y Eulalia, posiblemente nuevos inmigrantes, que compran en 1139 una heredad por 180 sueldos y, diez años más tarde, un campo por 45 sueldos, y en 1151 una pieza de tierra en Puyazuelos por 160 sueldos'"; o los tres campos en Alcoraz que Martín de Artica transfirió en 1155 a su primo Miguel por precio de 86 sueldos132; o el campo en Balcencos que Juan de Perra vende a Juan de Rodellar por 64 sueldos'33. Vendedoras viudas como Amabilia y Bellita que, respectivamente, venden al prior de San Pedro un campo en Pueyo de Sancho por 40 sueldos y un campo en Guatatén por idéntico precio134, o Pereta que vende un campo en Abrisén al cabildo de la catedral por 20 sueldos135.

Más abundante es, sin duda, la información sobre los pequeños artesanos oscenses que también acuden al mercado de la tierra para adquirir, normalmente, una viña o huerto que complemente sus ingresos.

Sirvan como ejemplo las siguientes menciones: -Humfrede, carnicero, compra un campo en Algüerdia por 110 sueldos'36.

-Guillermo Pérez, zapatero, vende al Temple un campo por 70 sueldosw.

131. CDCH, doc. 150 (1139); doc. 191 (1149) y doc. 198 (1151).

132. CSPV, f. 93 r° (1155).

133. CSPV, f. 103 r° (1176).

134. CSPV, f. 75 y° (1159) y f. 78 r° (1184).

135. CDCH, doc. 424 (1187).

136. CDCH, doc. 110 (1112).

137. CT, doc. 17 (1160).

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-Arnaldo, mercero, que se ofrece a San Pedro con 100 sueldos y media viña138.

-Guillén, hijo de Nicolás zapatero, vende una viña en Guatatén por 45 sueldosi".

-Sanz, picador, que poseía siete tablas de viña'.

-Marco y Pedro, hijos de Saln picador venden una casa y una viña por 130 sueldos"'.

-Galindo, cocinero, compra un huerto por 100 sueldos'.

-Pedro Martín, carnicero, vende al Temple un campo en Morillón por 200 sueldos" -Berenguer, astero, vende a la Catedral un huerto junto al Isuela por 315 sueldos'".

-Adán, mercero, vende a Benedicto de Nocito una viña —tributaria de San Pedro— en el término de Guatatén por 75 sueldos".

-Guillermo de Paln, zapatero, vende a Juan Garcés, zapatero, una viña en Guatatén (treudera de San Pedro) por 30 sueldos'.

Señalaré, por último, para corroborar la amplia nómina de pequeños artesanos en poder de uno o varias campos (normalmente una viña o un huerto) que aparecen frecuentemente citados en los linderos; así, una de las viñas que Mateo de Salas, prior de Santa Engracia de Zaragoza, poseía en Huesca lindaba junto a las de un zapatero, un carnicero y un pellicero147.

Escasa información, pues, la que disponemos de estos grupos sociales, que acceden a la posesión de la tierra a través de variados contra-

138. CSPV. f. 81 y° (1168).

139. CDCH, 379 (1183).

140. CSPV, f. 84 r° (1183).

141. CSPV, f. 76 y° (1188).

142. CDCH, 439 (1189).

143. CT, doc. 154 (1207).

144. LC, 210, p. 95. (1214) 145. CSPV, f. 68 y° (1236).

146. CSPV, f. 81 y°.

147. Armario 2-449 (Carta partida por ABC) (1235).

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tos de explotación y que también intervienen en las transacciones mercantiles de la tierra comprando o vendiendo pequeñas explotaciones, heterogéneas y fragmentadas, y a veces treuderas de los centros eclesiásticos, dando la impresión de que acuden al mercado de la tierra por necesidad.

A lo largo del siglo XIII algunos miembros de la oligarquía oscense, ya designados como ciudadanos, y en menor medida el resto de los grupos de la ciudad, prosiguen dinamizando el mercado de la tierra, plasmándose en la documentación una clara tendencia de que los precios de las tierras van en continuo ascenso148 y que desde luego, siempre, son muy superiores los precios que se pagan en los aledaños de la ciudad que no en las zonas más alejadas de la misma, y desproporcionadamente superiores frente a los precios pagados por parcelas de tierras en medios profundamente rurales.

Como ya señalara A. Furió, aunque para otras zonas geográficas, «el mercado de la tierra cumplía una función compatible y necesaria con el sistema feudal».

148. En 1189 Galindo, cocinero, compró un huerto »circa illa almecora de mauros», lindante con otro suyo, por 100 sueldos (CDCH, doc. 439); en 1215 los hijos de Galindo, que ya había fallecido, «donaban» un huerto »circa illa almecorella de mauros» a Pedro Galindo, hermano del difunto, que pagó a cambio 200 sueldos (LC, n° 564, p. 300) —es posible que el huerto vendido fuera de mayor superficie—. En 1216 Pedro, Simona, Juan y Juana Galindo, hijos del fallecido Galindo, vendían un huerto en la ciudad cerca de la almecorella de mauros» por 500 sueldos al obispo García (LC, n° 201, p. 90). De otro lado, los precios pagados por viñas o huertos empiezan a alean, zar precios igual o superiores a los 1.000 sueldos jaqueses (LC, n° 224, p. 106; LC, n° 572, p. 304; A° 5-185; A° 2-691).

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ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN LA PERIFERIA OSCENSE A PRINCIPIOS DEL SIGLO XV

Carlos LALIENA CORBERA

INTRODUCCIÓN Hace diez años presenté al Instituto de Estudios Altoaragoneses un proyecto para solicitar una Ayuda de Investigación con la que pretendía estudiar los aspectos generales de la estructura agraria de la periferia de Huesca en la Baja Edad Media'. Las dificultades de acceso a los archivos eclesiásticos —endémicas en Aragón y, en este caso, inevitables, a pesar de la extrema generosidad del añorado Antonio Durán Gudiol— me obligaron entonces a restringir el uso de las fuentes a las procedentes de los protocolos notariales del Archivo Histórico Provincial, que ofrecen numerosos problemas metodológicos para resolver las cuestiones esenciales del funcionamiento de un sistema agrario. Así, estos registros son muy apropiados para analizar los contratos que determinan las relaciones de producción entre propietarios y cultivadores, por citar un ejemplo, pero son mucho menos operativos

1. Me fue concedido para la anualidad 1986-1987, el trabajo fue presentado en ese año y se publicó como ‹Propiedad de la tierra y relaciones de producción en el sistema agrario suburbano de Huesca en el siglo XV•, Argensola, n° 102 (1989), pp. 133-180. Estas páginas han sido redactadas a partir del material archivístico recopilado con esta Ayuda y, por tanto, deseo reiterar mi agradecimiento al Instituto por la financiación que entonces me proporcionó.

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para determinar otros aspectos, como la configuración del paisaje y su evolución —que implica la dualidad de zonas cultivadas y yermas, los tipos de cultivo, las técnicas que requieren—, la organización de las unidades productivas, sean grandes o pequeñas, así como las formas del trabajo que se les aplica. Tampoco los protocolos son definitivos para verificar el reparto de la propiedad de la tierra, puesto que las noticias que proporcionan se refieren más bien al mercado de bienes fundiarios y, por tanto, a la circulación más que a la estructura de la propiedad. Finalmente, los protocolos, a pesar de contener detalles interesantes, son poco adecuados para establecer la dinámica de conjunto del sistema agrario.

Todo ello, naturalmente, es consecuencia de las propias características de esta documentación que, para Huesca en la primera mitad del siglo XV, se manifiesta muy sintética en la descripción de los actos jurídicos: testamentos que apenas enumeran las posesiones del testador, inventarios escasos, contratos carentes de detalle; en general, textos poco expresivos, y mucho más en lo que atañe a la descripción de las tierras, cuya calidad, tamaño, derechos de riego e incluso especies cultivadas son objeto de una enumeración muy sumaria'. Ocurre igualmente que los protocolos que han llegado hasta nosotros son una ínfima parte de los que en su momento se redactaron, lo que obliga a no olvidar nunca que el propio tiempo transcurrido ha hecho una selección de la información disponible y que es sustancialmente erróneo utilizar estos registros como si reflejaran la totalidad de un determinado aspecto de la realidad —en este caso, la propiedad de la tierra—; de hecho, aportan una muestra en el sentido estadístico de la palabra y nuestra esperanza es que resulte representativa. Pero, a mitad de la pasada década, los protocolos eran casi la única fuente accesible para desvelar algunas de estas cuestiones y lo cierto es que, a pesar del tiempo transcurrido, siguen siéndolo.

De lo dicho se desprende que las posibilidades de obtener resultados fidedignos dependen mucho de la acumulación de textos, en la medida en que esto disminuye la vertiente aleatoria de estas fuentes que acabo de señalar. El vaciado de los protocolos, sin embargo, es lento, repetitivo y fatigoso, lo que desanima a la mayoría de los inves-

2. Como es lógico, los notarios de otros lugares pueden ser mucho más cuidadosos; incluso aunque la tipología de los documentos notariales no se modifique, el contenido en términos de información es muy variable según las comarcas y los periodos.

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Carlos LALIENA CORBERA

tigadores —aunque, para ser justos, no a todos—. Si a cuanto venimos enumerando sumamos la relativa escasez de historiadores formados y la creciente carencia de fondos para financiar los estudios históricos, no es extraño que sea muy poco lo que se ha avanzado'. Estas consideraciones son menos una autocrítica con respecto a aquella tentativa —en la que se ponderaron estas dificultades—, cuanto la explicación de la posibilidad de retomar el tema y el material documental para efectuar algunas consideraciones que entonces quedaron marginadas ante la dimensión que adquiría el trabajo. En cierto modo también, las reflexiones que voy a efectuar son menos seguras y más impresionistas porque pretenden ser más generales. Me referiré, en primer lugar, a la caracterización global de la actividad agraria del entorno oscense y a las tendencias previsibles en su devenir bajomedieval; una segunda parte se dedicará al mercado de la tierra y su importancia en este sistema agrario; por último añadiré algunas precisiones sobre las rentas agrarias y las relaciones de producción.

UNA

CRISIS AGRARIA SECULAR

La existencia de una severa contracción agrícola a partir de mediados del siglo XIV y que se prolonga —como pronto, con algunas excepciones destacadas— hasta la segunda mitad del siglo siguiente es, prácticamente, un tópico en la historiografía desde hace cincuenta años. En este lapso, se han realizado numerosos estudios regionales que matizan el alcance de la crisis y algunos intentos por reivindicar las transformaciones que provoca, pero poco de cuanto se ha podido detectar de innovador se percibe en el espacio suburbano de Huesca.

Quizá sea digno de recordar que la ciudad se emplaza en una llanura razonablemente fértil y amplia, que cuenta con un importante acondicionamiento de infraestructuras hidráulicas que extraían caudales de los ríos Isuela y Flumen, de tal modo que estaba rodeada de un cinturón de huertos —o parcelas de cultivo intensivo— y una extensa fran-

3. Destacaría el capítulo «La agricultura» en la obra de Á. Conte Cazcarro, La aljama de moros de Huesca, Huesca, 1992, pp. 283-298, y «El patrimonio templario oscense durante el siglo XV», Argensola, n° 104 (1990), pp. 35-74. Especial interés tiene, a pesar de escapar a la etapa que nos concierne, J. M. Latorre Ciria, Economía y religión: las rentas de la catedral de Huesca y su distribución social (siglos XVI y XVII), Zaragoza-Huesca, 1992. Relacionado con este tema, cf. Carlos Laliena Corbera (coord.), Agua y progreso social. Siete estudios sobre el regadío en Huesca, siglos XII-XX, IEA, Huesca, 1994.

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ja que cubría, a grandes rasgos, la mitad occidental de un círculo imaginario que tuviera como centro la ciudad, con un radio de una decena de kilómetros. Al sudoeste, pervivía una gran área adehesada, en la que se entremezclaba el monte bajo, los pastizales y restos de zonas labradas. Y en el cuadrante sudoriental, alargándose con el curso de estos ríos, una serie de terrazgos de regadío, que pronto dejaban atrás los límites del término oscense. Al margen de los huertos, contiguos a la muralla, y de las partidas de secano —hacia el este de la ciudad—, la dedicación prioritaria de este espacio agrícola era la combinación de cerealicultura y viticultura, que parecen haber disfrutado de un ambiente característicamente mediterráneo, con sus alternancias de sequías y tormentas, dulcificado en gran medida por los aportes hídricos generados por la red de acequias y un acuífero muy superficial que permitía un riego bastante disperso. Sin embargo, este contexto relativamente favorable se hallaba a principios del siglo XV gravemente perturbado.

Una de las causas importantes era, sin duda, el acentuado declive de la población, nunca hasta entonces demasiado numerosa, pero ahora profundamente castigada por las epidemias. Una estimación prudente atribuye entre 8.000 y 9.000 habitantes a Huesca a finales del siglo XIII, un contingente humano que contaba, además, con una boyante serie de núcleos de hábitat de reducido tamaño que festoneaban ese círculo en la periferia urbana cuyas características trazaba en el párrafo anterior alrededor de la ciudad'. En la segunda mitad del siglo XV, en una fase incierta entre la conclusión de la recesión y el inicio del alza demográfica, es aceptable una cifra en torno a 4.000 personas para la urbe, que tal vez fuera algo inferior en el principio de la centuria. Con menos de la mitad de habitantes, barrios enteros estaban semivacíos, incluso dentro del recinto amurallado'.

Peor todavía, muchos de estos pequeños pero abundantes lugares que gravitaban alrededor de la ciudad se habían convertido en cotos redondos despoblados. Un rápido repaso sugiere que localidades como Lienas, Cillas, Miquera, Guadasespe, Pebredo, Puivicién, Alborge, Pom-

4. Cf. J. F. Utrilla Utrilla, «El monedaje de Huesca de 1284, Aragón en la Edad Media, I (1977), pp. 1-50.

5. Estudio, junto con M. T. Iranzo Muñío, unas listas nominales de vecinos de Huesca que corresponden a la segunda mitad del siglo XV; se puede encontrar un avance donde se justifica este dato en C. Laliena Corbera y M. T. Iranzo Muñío, «Huesca en la Baja Edad Media: crisis y recuperación (siglos XIV y XV)», en C. Laliena Corbera (coord.), Huesca. Historia de una ciudad, Ayuntamiento de Huesca, Huesca, 1990, pp. 133-136.

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pién Blanco, La Almunia, entre otros, habían desaparecido en el transcurso de esta fase recesiva6. Las localidades supervivientes difícilmente podían considerarse en mejor situación, como demuestra el ejemplo de Argavieso —a unos quince kilómetros al sudeste de Huesca—, cuyo señor, Martín López de Gurrea, se vio obligado a llegar a un acuerdo en 1428 con dos moros, Alí de Quicena y Juce de Argavieso, para que poblaran esta aldea'. Al parecer, el señor prestó 300 sueldos a Alí y éste otros 350 a Juce, a cambio de todo lo cual ambos se comprometieron a «aturada et continuament star et habitar en el lugar d'Argavieso, asi como vecinos et vassallyos del dito don Martin Lopez de Gurrea, por tiempo de diez anyos continuament contaderos'., de manera que al cabo de este periodo desaparecían las obligaciones crediticias. Dicho de otro modo, el señor intentaba a toda costa mantener vivo el lugar subvencionando a sus vasallos. No era muy diferente la situación de Tabernas de Isuela, un poco más cerca de la capital, señorío arrendado por el preboste de la catedral a Antón Cerdán, beneficiado de la propia Seo, y Juan de Araus, escudero de Huesca, por seis años, también en 14288.

La condición principal es que los arrendadores «sian et finquen tenidos de haver dentro tiempo de dos anyos quatro habitadores e vezinos en el lugar de Taviernas en aquesta manera: que los ditos rendadores fagan o faran fer quatro casas en el dito lugar, de lacez (sic) e de tapias convinientes a los stantes que havran habitar en el dito lugar», en tanto que

6. Lienas se hallaba junto a Apiés y fue adquirido por la ciudad en 1423 ya despoblado —E D. de Aynsa e Iriarte, Fundacion, excelencias, grandezas y cosas memorables de la antiquissima ciudad de Huesca, Huesca, 1919, reed. facsimilar, Huesca, 1987, libro I, cap. XXVII, pp. 100103—, lo mismo que Cillas —según I. de Asso, Historia de la Economía Política de Aragón, Zaragoza, 1798, reed. Zaragoza, 1947, p. 189, que debió de ver un documento perdido—; Miquera se hallaba al oeste de Huesca, al igual que Guadasespe: el primero de estos lugares pertenecía a la Encomienda del Temple y, después, al Hospital —Á. Conte Cazcarro, «El patrimonio templario», cit., p. 39—, el segundo desde 1413 pertenecía al cabildo de la catedral J. M. Latorre Ciria, Economía y religión, pp. 86-89—; Pebredo también fue comprado por el concejo de Huesca en 1398 —F. D. de Aynsa e Iriarte, Fundacion, excelencias..., libro I, cap. XXVII— y se convirtió en un coto redondo adehesado; Puivicién limitaba con Pebredo y fue vendido a la ciudad por el bajo precio de 17.000 ss. en 1421 —Archivo Municipal de Huesca (en adelante AMH.), Concejo—; Alborge, que se encontraba sobre el Isuela, tampoco alcanzó un gran precio en su venta a Huesca, 6.500 ss. en 1414 —AMH., Concejo—. En esa misma zona, existían varios lugares llamados Pompién, entre los que el llamado Blanco se había convertido en un despoblado ya en 1380 —AMH., Concejo—; La Almunia se encontraba también en esa zona y fue comprado por Huesca en 1420 —F. D. de Aynsa e Iriarte, Fundacion, excelencias..., libro I, cap. XXVII—.

7. Archivo Histórico Provincial de Huesca (en adelante AHPH.), Protocolo de Juan de Ascaso, n° 178, ff. 16v-19.

8. AHPH., Protocolo de Juan de Ascaso, n° 178, ff. 29-30. El arrendamiento es con los diezmos, primicias, trehudos, quartos, terrages, yerbas, pastos...

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el preboste corría con el gasto de cubrir las casas y proporcionarles puertas. Para apoyar esta política poblacionista, los vecinos quedan exentos de pagar 140 sueldos anuales que hasta ese momento satisfacían «para aniversarios» durante diez años9. Aunque Tabernas estaba poblado y sus vecinos obligados a entregar la correspondiente renta feudal, los ingresos que podía esperar esta especie de compañía comercial, formada por el canónigo y el escudero, a cambio de los setenta florines que constituían el canon, dependían mayoritariamente de los pastizales del lugar.

Creo que estos casos son ilustrativos de la descomposición de la estructura agraria de la Hoya de Huesca bajo el peso de la carencia de hombres, que, a juzgar por estas tentativas para regenerar el tejido campesino en estos reducidos señoríos, golpea con especial fuerza a los grandes propietarios, incapaces de asegurar el trabajo de sus campos.

En esta circunstancia se veía el monasterio cisterciense de Santa María de la Gloria, que tenía, en 1414, dos buenas heredades en Cillas que habían sido arrendadas al escudero oscense Juan de Alayés. A su muerte, Pero Sánchez Soriano y su mujer se habían instalado en ellas y, según el abad, las poseían sin pagar el censo, mientras dejaban que se deteriorasen'. La falta de posibilidades de control que se desprende de esta ocupación ilegal es comparable a la actitud de Pedro Sánchez, que cultiva las tierras que necesita dentro de esta hacienda y abandona el resto, convencido de que su situación es provisional y sin interés porque sea de otra forma. Lo mismo sucede con muchas de las centenares de parcelas de cereal o viña propiedad de las instituciones eclesiásticas, sometidas al destino azaroso de unas familias campesinas mal provistas de brazos, que primero dejaban de pagar los censos y después las abandonaban. La capellanía de maestre Guillem de Monzón, instituida en la catedral, tenía una viña en Almériz, junto a la iglesia de Santa María de Salas, que, en 1429, dice su procurador, «es tenida en tanta penuria e destruccion por los detenedores de aquella assi que muyt poco proveyto vel quasi s'ende seguia»".

9. Sin embargo, durante los primeros seis años, esta cantidad era abonada por los arrendatarios. El 5 de mayo del año anterior, el canónigo al que pertenecía la prebenda de Tabernas renunció a sus rentas durante dos años para invertirlas en la reparación de la iglesia local y en la repoblación con otras cuatro casas de vasallos: Archivo de la Catedral de Huesca, Actas del Cabildo, 1, f. 62v, citado por A. Durán Gudiol, Historia de la Catedral de Huesca, Huesca, 1991, p. 101.

10. AMH, Concejo.

11. AHN, Clero, carp. 608, n° 19.

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Censos fallidos, campos sin labrar, viñas sin ser cavadas, huertos con las tapias derruidas, son registrados puntualmente por los notarios en los actos públicos mediante los cuales los propietarios confiscan estas posesiones convertidas en yermos'. La dispersión de las piezas afectadas indica que el fenómeno es general; de hecho varias se hallan en partidas cercanas al casco urbano y dedicadas a huertos, lo cual apunta a que el retroceso del cultivo se rige por los avatares de las familias que disfrutan los treudos y no por un abandono sistemático de zonas marginales. Esto último, sin embargo, está lejos de ser descartable, puesto que en algún punto de la periferia de la huerta de Huesca, como la Almunia de San Per, propiedad de San Pedro el Viejo, se acumulan confiscaciones de campos de tal manera que parece reflejar un claro avance de los baldíos.

Probablemente el fenómeno de la reducción a pastos de tierras antiguamente labradas es mucho más intenso en los despoblados que se emplazan en el exterior de los sistemas de regadío de la planicie que rodea la ciudad. Un pleito entre los concejos de Huesca y Vicién en 1408 sobre los términos vecinos —y despoblados— de Puivicién y Pebredo, a propósito de sus pastos y aguas, sugiere que esta posibilidad era muy real; de hecho, en la concordia a que llegan las partes en esta fecha queda claro que «si acaescera —señala textualmente— el dito lugar de Pebredo de aqui abant poblarsse o las tierras et posesiones de aquel, encara que no sia poblado, lavrarse», las condiciones de uso estipuladas cambiarán. Lo mismo ocurre con Puivicién: «si contecera el lugar de Puyvicient poblarse, el qual aora yes despoblado, o las tierras siguiere possessiones en los terminos de aquel que regar se puedan si quiere culturar' ponerse efectivamente en cultivo, deberán ser respetados sus derechos de agua". La impresión que produce este texto es que los terrazgos de ambos lugares se habían prácticamente abandonado y sólo se trabajaban algunas tierras de manera muy esporádica.

La conclusión que cabe extraer de estos datos espigados de la documentación es, por el momento, pesimista. Cualquier consideración, por tanto, en torno a la propiedad de la tierra debe establecerse a partir de esta premisa inicial.

12. Para el periodo entre 1425 y 1440, recogí 27 de estas confiscaciones, cf. «Propiedad de la tierra...•, p. 173.

13. AMH, legajo 68, n° 4.572.

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Cabría pensar en que esta crisis agraria pudo incidir en una reordenación de la estructura del paisaje agrario propiciada por la introducción de nuevos cultivos —o, tal vez mejor, nuevas fórmulas de utilización de la tierra— y una mejora de la organización de las unidades productivas —configuración de parcelas más grandes, incorporación de riego, creación de infraestructuras...—. Son transformaciones que distan de ser patrimonio de las regiones más avanzadas de Europa y que, en diferente escala de modestia, pueden encontrarse en diversas zonas incluso de la Península Ibérica". De nuevo hay que decantarse por conclusiones que excluyen un optimismo excesivo. Un sondeo efectuado sobre cien documentos, que contempla todas las parcelas, tanto las que son objeto de la atención del texto como las colindantes con aquellas, arroja unos resultados muy sintomáticos. Se disciernen 373 parcelas bien identificadas en cuanto a su tipo de cultivo, que prácticamente siempre está comprendido en una de las cinco categorías siguientes: viñas (34 %), campos (31,1 %), planteros (16,1 %), parrales (8 %) y huertos (7,2 %), a los que se añaden los sotos, citados en nueve ocasiones (2,4 %), y otros elementos que son pura anécdota". Sin ánimo de otorgar mayor valor a las cifras que el de ser genéricamente indicativas, sí hay algo que destaca poderosamente, la escasa diferenciación tipológica. No figuran referencias a olivares, ni zafranales, ni tampoco —salvo una excepción en la muestra estudiada— a tierras regables destinadas a forraje, los «ferrigenales», entre otras posibilidades que suministrarían argumentos para hablar de un cierto cambio agrario.

14. Sin duda, la evolución más intensa en este sentido se aprecia en Italia centro-septentrional. Un ejemplo concreto, referido al área periurbana de Bolonia, se puede encontrar en P. Iradiel, Progreso agrario, desequilibrio social y agricultura de transición. La propiedad del Colegio de España en Bolonia (siglos XIV y XV), Bolonia, 1978; una descripción general en G. Cherubini, L'Italia rurale del Basso Medioevo, Roma-Bari, 1985, y una reflexión sistemática en M. Aymard, «La transizione dal feudalesimo al capitalismo, en Storia d'Italia. Annali. I. Dal feudalesimo al capitalismo, Turín, 1978, pp. 1.131-1.192. Sin necesidad de salir de Aragón, en las comarcas bajoaragonesas se percibe un flujo de capital comercial que influye en el desarrollo del cultivo del azafrán, la promoción del olivar (y, a comienzos del siglo XVI, de la morera), mientras el viñedo retrocede: C. Laliena Corbera, Sistema social, estructura agraria y organización del poder en el Bajo Aragón en la Edad Media (siglos XII-XV), Teruel, 1987, pp. 227-245. Cf. también, para otras zonas, M. Borrero, El mundo rural sevillano en el siglo XV Aljarafe y Ribera, Sevilla, 1983, para las transformaciones en Andalucía, y la síntesis de F. García Oliver, Terra de feudals. El País Valenciá en la tardor de l'Edat Mitjana, Valencia, 1991.

15. El sondeo proporciona unos datos ligeramente diferentes al recuento que hacíamos sobre las parcelas que eran el centro de los documentos —compraventas, arriendos, donaciones, etcétera—, en la medida que éste concede un porcentaje mayor al conjunto de viñas, parrales y planteros (58,1% frente al 50,5%), mientras disminuye el de campos y huertos. Creo, sin embargo, que se trata de matices poco significativos.

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Esta negación está lejos de ser absoluta, puesto que las denominaciones son muy poco precisas y, de hecho, en un campo se pueden sembrar cereales —que es lo normal— pero también legumbres —lo cual es probable— y bulbos de azafrán —mucho menos probable en este caso—. Huerto es igualmente una designación dentro de la cual se pueden integrar cultivos intensivos de herbáceas segadas en verde como heno, los «alcáceres», además de los clásicos productos hortofrutícolas, por citar un ejemplo. Pero todo ello apenas desmiente la imagen de una organización agraria francamente conservadora. La única posibilidad de observar cambios radica en la viticultura, donde se distingue con nitidez entre viña, parral y plantero.

Sin embargo, los indicios para saber qué se oculta tras esa diferencia son muy tenues. En 1428, un antiguo habitante de Huesca, trasladado a una aldea de Daroca, vende un plantero a Juan de Sayra, vecino de la ciudad, cargado con un censo en favor del ilustre ciudadano don Pedro Sora, y entre las condiciones de la venta está la obligación de «plantar» —¿sembrar?— en un año «toda la buena tierra blanca, la qual yes fincada por plantar en el dito plantero»16.

Podría pensarse en un cultivo promiscuo de hileras de vides entre las cuales hay fajas sembradas de grano. En 1435, el judío oscense Salomón Avin cede un parral de su propiedad al escudero Juan de Medrano con la única carga de que costee la limpieza de la acequia que discurre junto a él y plante árboles". Dado que «parral» implica vides desarrolladas en altura y sostenidas por un armazón, es posible que estos parrales estuvieran formados por filas de árboles de diversa índole sobre los que se apoyaban los entramados de las parras18. La arboricultura era un factor apreciable de intensificación del trabajo y de mejora de la productividad de la tierra, pero la variedad de especies puede ser tan grande que imposibilita extraer algún razonamiento más concreto.

16. AHPH, Protocolo de Martín Aznárez de Albés, n° 36, f. 37v.

17. AHPH, Protocolo de Jayme Pérez de Artasona, n° 9.942, ff. 9v-10.

18. Una descripción de las labores en la viña de Gerundella, propiedad de San Juan de la Peña, situada en las inmediaciones del casco urbano, en 1405, atestigua que incluso las viñas tenían árboles tanto frutales como de otros tipos, que estaba estrictamente prohibido talar: A. I. Lapeña Paúl, Selección de Documentos del Monasterio de San Juan de la Peña (1195-1410), Zaragoza, 1995, n° 114, pp. 219-223.

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UNA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD INMÓVIL

Es casi un lugar común la afirmación de que el reflujo de las pestes dejaba un reguero de explotaciones vacantes que tendían a reagruparse en manos de los afortunados supervivientes". Las transmisiones entre vivos y el mercado de la tierra actuarían conjuntamente —y a largo plazo— para asegurar una mayor disponibilidad de bienes fundiarios a una población sensiblemente disminuida. Los datos disponibles, que publiqué en 1989, aunque son insuficientes para construir una hipótesis fundada, tienden a separarse de esta tendencia regenerativa de la propiedad campesina.

Un aspecto fundamental en este sentido es la amplitud de la propiedad eclesiástica, que debía de ser apenas inferior al 40% de la superficie cultivada del término de Huesca', donde literalmente centenares de campos y viñas se hallaban en posesión de la catedral, el priorato de San Pedro el Viejo, los monasterios de Sigena y Montearagón, las encomiendas de San Juan del Hospital, diversas capellanías, cofradías, iglesias parroquiales, y, por supuesto, clérigos". Con el lastre de una proporción tal de tierras fuera de la circulación mercantil, la competencia entre inversores por lo que quedaba era, sin duda, lo bastante fuerte como para debilitar considerablemente cualquier tendencia positiva entre los labradores. Los pequeños nobles —los «escuderos» o «infanzones»— instalados en la ciudad copaban otra parte del terrazgo, en buena medida en conexión con estas instituciones —especialmente la catedral, donde tenían parientes entre los beneficiados y los canónigos-22.

19. Véase por ejemplo C. Dyer, Niveles de vida en la Baja Edad Media, Barcelona, 1991, pp.

182-185. Pero no se puede excluir tampoco la pulverización de las explotaciones por efecto de las particiones sucesorias, como sucede en Valencia, según A. Furió, Tierra, familia y transmisión de la propiedad en el País Valenciano durante la Baja Edad Media», en R. Pastor (comp.), Relaciones de poder, de producción y parentesco en la Edad Media y Moderna, Madrid, 1990, pp. 305-328.

20. En época moderna, las estimaciones son algo más bajas, como señalan A. Atienza López y C. Forcadell Álvarez, »Aragón en el siglo XIX: del dominio religioso y nobiliario a la parcelación y pequeña explotación campesina", en P. Saavedra y R. Villares (eds.), Señores y campesinos en la Península Ibérica, siglos XVIII-XX. 1. ,,Os señores da terra», Barcelona, 1991, pp. 138-172, para 1784, cuando las instituciones eclesiales controlaban el 28,89% del suelo oscense. Ambas cifras son poco comparables puesto que en los siglos XVI y XVII se introducen diversas órdenes regulares nuevas y deben de experimentar pérdidas sensibles bastantes instituciones medievales. El peso de la Iglesia sobre la tierra debe de cambiar apreciablemente.

21. J. M. Latorre, Economía y religión, p. 91, muestra cómo el cabildo catedralicio tenía 293 parcelas entre viñas, campos y huertos en 1678, cuando, con toda probabilidad, había perdido muchas, como apunta el mismo autor, p. 93.

22. Cf. C. Laliena Corbera y M. T. Iranzo Muñío, El grupo aristocrático en Huesca en la Baja Edad Media: Bases sociales y poder político», en Les sociétés urbaines en France Méridionale et en

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Finalmente, los ciudadanos —un grupo social constituido por mercaderes, juristas, notarios, determinados artesanos de oficios distinguidos y terratenientes— son también medianos propietarios en la evidencia de que, en esta época, no hay preponderancia social ajena a la posesión de tierras. A diferencia de las entidades clericales, nobles y ciudadanos podían enajenar sus bienes con cierta libertad, pero nada indica que los agricultores locales pudieran mejorar sus expectativas a costa de ambos grupos; por el contrario, el enraizamiento en la tierra de cada vez más rentistas actuaba en detrimento de los labradores.

Con alrededor de un quinto de la propiedad agraria en condiciones reales de ser intercambiada en un mercado de la tierra relativamente abierto, o transmitida por otros medios en el marco de la familia —donaciones, herencias, arreglos matrimoniales—, es improbable que por la vía de la propiedad plena de la tierra pudiera efectuarse alguna reorganización significativa en su distribución, que, a su vez, produjese un crecimiento agrícola de base campesina.

Tampoco sería exacto decir, no obstante, que el mercado fundiario era inexistente: en el periodo 1425-1440, 62 parcelas de un total de 396 que conocemos directamente son transferidas mediante estos procedimientos, un 15,6%, que está lejos de ser menospreciable23. Con la prudencia que exige la menguada base estadística disponible, la baja nobleza urbana y los ciudadanos —es decir, la oligarquía oscense— constituyen la fracción social que concentra tierras en perjuicio de los cultivadores, que probablemente son desposeídos a través de una erosión muy lenta de sus propiedades24. Este fenómeno se ve contrarrestado parcialmente por la pérdida de control de los propietarios de campos o viñas entregados con contratos perpetuos que, en determinadas ocasiones, acaban por recaer en manos de los labriegos.

Si el mercado de la tierra era ajeno a la mejora de las explotaciones campesinas, existe la posibilidad de que se desarrolle un proceso inver-

Péninsule Ibérique au Moyen Áge, París, 1991, pp. 183-202, esp. p. 190, donde se describe el conjunto de operaciones de compraventa y arrendamiento de Lope Sánchez de Aineto, un •infanzón» que en el transcurso del primer cuarto del siglo XV construye un patrimonio fundiario importante en el entorno de Huesca, con una inversión de 426,5 florines y 1.000 sueldos, que le permiten adquirir siete viñas y cuatro campos —entre otras heredades de las que ya disponía—, con referencia en las carp. 607-610 de la sección de Clero del AHN, y AHPH, n° 81, f. 170v, y n° 14, f. 32.

23. C. Laliena Corbera, «Propiedad de la tierra...», p. 150.

24. Ibid., cuadros pp. 150-151, donde se detecta que en estos años los labradores venden hasta una docena de campos valorados en 2.602 ss. y compran una decena evaluados en 1.383 ss.

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so, la configuración de explotaciones más dinámicas en manos de medianos o grandes propietarios, con una orientación hacia el mercado urbano, una tendencia que encuentra su máxima expresión en los «contados» italianos, pero que es perceptible en diferentes regiones hispanas25. Para ello, sería necesario que se llevara a cabo un sensible incremento de la cantidad de tierras en su poder y, eventualmente, una reorganización de las propiedades para configurar unidades más grandes, homogéneas y productivas. Al mismo tiempo, deberíamos constatar una gestión directa de estas posesiones o, al menos, una cuidadosa administración.

Tenemos algún ejemplo de explotaciones llevadas sin intermediarios mediante jornaleros, como los llamados «planteros de los canonges», una propiedad del cabildo, de la cual se conservan cuentas de los gastos efectuados en 1404, 1405 y 1406, tal y como detalla Antonio Durán Gudio126. Este autor estudia los costes laborales de esta viña, que debía de ser de tamaño considerable, puesto que necesitaba entre 50 y 60 jornales para ser cavada en cada temporada; en total requirió en las operaciones de limpieza, poda, riego, vendimia y demás trabajos hasta la preparación del mosto 114 jornales en 1404 y 109 en el año siguiente, con una cifra similar —aunque sólo hay datos parciales— para 1406. El coste abonado en dinero fue casi idéntico en el primer y último año, 373 sueldos, y un 15% menor en 1405 (316 sueldos). Como desconocemos la superficie, producción, precios y producto comercializado, así como otros factores de índole general —el valor que podía alcanzar en arrendamiento—, es imposible llegar a conclusión alguna que no sea muy vaga. Pero es difícil pensar que, con los salarios que se deducen de estas cantidades, la fórmula fuera rentable: una comparación con las cifras medias de los censos pagados por arrendamientos a corto plazo subraya que un cavador, cuyo salario por día oscila entre los 2 sueldos 10 dineros y los 3 sueldos 8 dineros (más el vino que bebieran), sólo necesitaba trabajar entre 6 y 8 días para satisfacer el alquiler de un campo o una viña y entre 10 y 13 para hacer otro

25. Es ejemplar el estudio de H. Casado Alonso, Señores, mercaderes y campesinos. La comarca de Burgos a fines de la Edad Media, Valladolid, 1987, pp. 424-441, para la propiedad de las iglesias, y pp. 456-471, para las adquisiciones de los oligarcas urbanos en el ámbito de la periferia rural burgalesa.

26. A. Durán Gudiol, Historia de la Catedral..., pp. 101-102.

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tanto con un huerto27. Esta pirueta con las cifras, a la que hay que conceder una limitada fiabilidad, pone de manifiesto, sin embargo, algo esencial: la carestía de la mano de obra o, si se prefiere, el escaso valor alcanzado por la tierra tanto en el mercado de la propiedad como en el de arriendos.

Dicho con las propias palabras de uno de los grandes propietarios de la época, el clavero mayor del monasterio de San Juan de la Peña, »considerado que en los tiempos de agora lavores son muyt caras por la diminucion que yes de las gentes en el mundo; e considerado quales collydas de los fructos de la terra, por peccados de las gentes, frequentadament desierran; e, en caso que buenas [sean las cosechas], las ditas messiones son tan grandes e la lavor de los ditos fructos poca...».

El diagnóstico incide, por tanto, en los elevados salarios de la mano de obra por la caída demográfica, la incertidumbre de la producción y, supuesto que sea buena, la débil rentabilidad por los grandes gastos y los bajos precios. La conclusión del clavero era sencilla: la viña de Gerundella, junto a Huesca, de la que se dice que es muy grande, estaría mejor administrada si se entregaba a tres labradores por treinta años, para que dieran al monasterio una parte —entre el tercio, los primeros cuatro años, y la mitad, el resto— del producto, así como diezmos y primicias28.

De la misma opinión era el prior de San Pedro el Viejo, que, en la década de 1430, tenía una antigua gran explotación, llamada la Almunia de San Per, fraccionada en quiñones o suertes mayoritariamente plantados con viñas. La coincidencia de los nombres en las delimitaciones indica no sólo la proximidad, sino también que la oferta de tierras se hizo de manera planificada a grupos de parientes: así aparecen los hermanos (o padres con hijos) Juan y Julián Melero, Francés y Juan de Marcén, Martín, Juan y Pascual de Samper, disfrutando diversas piezas de viña o planteros. Conocemos hasta seis contratos de esta división, de los cuales cinco son con reparto de frutos, en diversas proporciones, que oscilan entre el cuarto y el quinto de la producción, con o sin diez-

27. El promedio de los valores de los arrendamientos, C. Laliena Corbera, «Propiedad de la tierra...», pp. 175-176; salarios en A. Durán Gudiol, Historia de la Catedral..., p. 102. Conviene insistir en que estas cifras hay que tomarlas siempre como una aproximación.

28. A. I. Lapeña Paúl, Selección de Documentos..., n° 114, pp. 219-223. Las condiciones de partición del fruto, que son bastante onerosas, pueden estar relacionadas con la duración del contrato y, sobre todo, con el acondicionamiento de la viña.

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mos y primicias29. Un área específica de la Almunia —pero también vitícola— fue cedida a cultivadores musulmanes, con un censo del cuarto de la producción, pero, en 1440, el prior accedió a transformar durante seis años este tipo de tributación por cantidades de dinero que oscilan entre siete y nueve sueldos, que no son nada elevadas, en lo que es un signo más de las dificultades que atravesaban las grandes propiedades'''. No es el único, puesto que en estos años se confiscan, por no pagar los treudos, cinco fajas de campos, otro campo, dos planteros y tres viñas". Como puede verse, en un caso de una gestión muy atenta y vigilante, una relativamente alta renta fundiaria podía llegar a coexistir con un absentismo en el pago de los labradores bastante notable.

Esta circunstancia, sin embargo, no desmiente que los propietarios importantes preferían convertirse en rentistas a llevar directamente sus tierras. Éste es un argumento fundamental sobre el que volveré, pero antes quiero resaltar que, desde el momento en que la organización del trabajo recae sobre los cultivadores, cuya relación con los propietarios se centra en la renta, es bastante indiferente para los dueños de la tierra que se mantengan intactos aspectos que contribuyen a rebajar la productividad del trabajo campesino, como la dispersión o el reducido tamaño de las parcelas, e incluso la mejora del acondicionamiento de éstas. De este modo, no existe síntoma alguno de intentos para formar explotaciones más compactas u ordenadas; este reagrupamiento, en cualquier caso, queda al arbitrio de los labradores, que combinan sus campos y viñas con los que arriendan, sin que logren habitualmente hacer otra cosa que disminuir ligeramente la dispersión. Aunque los propietarios se preocupan en alguna medida por reparar los estragos de la despoblación y por incrementar el valor de las tierras mediante la

29. AHPH, Protocolo de Juan Ara, n° 78 [14351, ff. 63v-64 (arrendamiento de un campo yermo por ls. 6 d.); f. 84 (una viña, atreudada al quinto); n° 81 [1439], ff. 4-5 (para plantar viña, al quinto, incluidos diezmos y primicias); [1440], ff. 25v-26 (un plantero, al quinto, incluidos diezmos y primicias); f. 177v (un campo, al sexto «del pan»); ff. 233-233v (una viña, al cuarto).

30. AHPH, Protocolo de Juan Ara, n° 81, f. 177: Pacto e tacha de las viñas de la Almunia de San Per estipulado por micer Pere Cardón, prior de San Pedro el Viejo, Pedro Cariñena y Juan de Sepúlveda, que acuerdan con Ademelque de Aroz, Hamet Xidet ben Dichembre, Mahoma de Marguán, alfaquí, Abrayme lo Burro, alias «Menestral», Mahoma de Rey, Mína Alezcandar y Abrayme Alezcandar, que paguen estas cantidades «que son tenidos de pagar cada uno las sumas sobreditas por razon del quarto de las uvas de las dita vinyas por todo el mes de agosto».

31. AHPH, Protocolo de Juan Ara, n° 97 [14371, f. 16 (dos documentos); n° 81 [1440], f. 34, f.

58, f. 169, f. 213v y 216v.

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plantación de viña32, lo hacen siempre a través de la renta, aligerada y convertida en perpetua, pero no mediante procedimientos más activos.

Esto se percibe en los contratos, que se refieren a las labores que tienen que prestar los arrendatarios de una manera muy genérica: en las viñas, que es donde se precisa con mayor cuidado, se especifica la obligación de los cultivadores de cavar, podar, «morgonar» —replantar las vides— y «maigar» —entrecavarlas—, así como regarlas en las épocas adecuadas del año, «a conexierwa de lavradores,—según conocimiento de los labradores—; normalmente, se prohíbe también cortar árboles «de su pie». Estas condiciones son, en realidad, las exigidas para el desarrollo de la planta, por lo que, salvo que se concrete más, suponen una cautela jurídica y no una exigencia laboral significativa.

Sería injusto deducir de lo expuesto que los propietarios eran ajenos por completo a modificaciones derivadas del estímulo mercantil. El aspecto clave es, sin duda, la expansión de la viticultura. A diferencia de los viñedos de peor calidad, que experimentan un declive a medida que se deprime la demanda por la caída de la población, los que producen vinos aceptables y, sobre todo, los que añaden a esta condición una situación geográfica favorable, tienden a incrementar sus expectativas". En Huesca durante el primer tercio del siglo XV, el mercado urbano, a pesar de haber sido comprimido por las mortalidades, continuaba siendo un coto restringido para los productores locales, gracias a los privilegios obtenidos mucho antes". Es plausible, además, que exportasen vino hacia la montaña pirenaica, donde las viñas agrestes tenían escaso futuro. La transformación hacia el viñedo, implícita en la distinción entre viñas y planteros que señalaba anteriormente, de las tierras irrigadas de origen o vocación cerealista, parece ser la prudente alternativa barajada por los grandes y medianos propietarios". Pero, en el fondo, es una metamorfosis del sistema agrario muy conservadora,

32. C. Laliena Corbera, «Propiedad de la tierra...», pp. 172-173.

33. La desaparición en la Baja Edad Media de la viticultura de roturación, creada gracias a la abundancia de mano de obra, la fuerte demanda de los siglos XII y XIII y las insuficientes redes comerciales de este periodo, fue constatada por E. Le Roy Ladurie, Paysans du Languedoc, París, 1966, pp. 145-146. En Aragón, cf. el trabajo de J. P. Barraque, «Vigne et irrigation á Saragosse au début du XlVe siécle», Revue Historique, n° 547 (1990), pp. 193-204.

34. C. Laliena Corbera, Documentos municipales de Huesca, 1100-1350, Huesca, 1988, n° 31 y 38.

35. Quizá fuera más exacto decir por todos aquellos propietarios para los que el autoabastecimiento no era la única exigencia posible.

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que se limita a profundizar en una opción tradicional y que traduce básicamente el objetivo de conseguir rentas estables y de fácil supervisión.

RENTAS AGRARIAS Y RELACIONES DE PRODUCCIÓN

Llegados a este punto, es redundante insistir en algo que ha debido de quedar suficientemente claro a lo largo de este trabajo, es decir, que la opción predominante entre los grandes propietarios de la periferia agraria de la ciudad es el arrendamiento de las tierras. Pero parece necesario explicar por qué —además de por las razones salariales apuntadas— es la estrategia generalizada y cuáles son las consecuencias que se derivan de ella.

Un factor muy importante en esta tendencia estructural es la relativa riqueza del conjunto del sistema agrario de la comarca: se trata de buenos suelos de llanura aluvial, sobre los que pende una climatología que, en sus valores medios de temperatura y precipitación, favorece el modelo agronómico basado en el complejo huerto-cereal-viña, y que, asimismo, cuenta con una infraestructura hidráulica eficaz. Desde el punto de vista social, la baja presión demográfica contribuye a mantener una parte importante de este espacio agrario infrautilizado, mientras que la persistencia de la pequeña propiedad de los campesinos urbanizados supone que éstos alcanzan cierto grado de autosuficiencia de manera independiente de los grandes propietarios laicos o eclesiásticos.

La conjunción de estos tres aspectos me parece decisiva para explicar la tácita renuncia de los grupos sociales dominantes —iglesia local y oligarquía— a iniciar un camino de expropiación generalizada: los labradores tenían una capacidad de resistencia que lo impedía.

La adopción de un modelo de renta está lejos de ser una excepción; por el contrario, en la etapa bajomedieval los terratenientes de toda índole se decantan habitualmente por el arrendamiento. Pero el modelo aplicado por la élite social oscense se caracteriza por su alergia a la inversión: lejos de interesarse por optimizar las posibilidades de renta mediante operaciones de compactación de parcelas, de mejora de sus instalaciones o de desarrollo de cultivos más remuneradores, los propietarios se limitan a reclamar el máximo de renta posible con la mínima actuación inversora. Es muy pronto para poder establecer las causas de este desinterés, pero hay algunas que pueden esbozarse y que, en mayor o menor medida, estarán posiblemente presentes en la solución de este problema. En primer lugar, dado el peso específico de las 64 Índice

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instituciones eclesiales en la configuración de la propiedad, es muy probable que las exigencias de autoconsumo estuvieran sobradamente cubiertas con el producto de los diezmos". La presión, por esta vía, debía de ser muy limitada. Tampoco es probable que los propietarios se sintieran predispuestos a esforzarse por incrementar sus ingresos en moneda mediante la venta de la cuota de producción que les correspondía —al menos una cuarta parte de los contratos prevén censos con partición de frutos"—, e incluso a aumentar la proporción de estos censos en especie. Con una demanda estancada por la escasa población, con una producción que no muestra síntomas de crecer", con unos precios que difícilmente deben registrar alzas a medio y largo plazo", la transformación de la renta agraria percibida por los dueños de la tierra en dinero podía ser muy beneficiosa en situaciones puntuales que se prestaban a la especulación, pero apenas presentaba perspectivas de expansión en términos generales.

Cualquier tipo de inversión hubiera exigido utilizar sumas de dinero para aplicarlas a las posesiones agrarias; pero, para sus recursos monetarios, los propietarios, laicos o eclesiásticos, tenían destinos financieros sólidos, seguros y cómodos. La proliferación de deuda pública era el principal de ellos. Con remuneraciones fijas entre el 6 y el 7% para los capitales y una demanda notable, quienes disponían de dinero líquido tenían ante sí una apacible inversión que, en esta época, apenas planteaba problemas. La Diputación del General, los concejos, las aljamas, los señores, desbordados por los gastos militares o suntuarios y por los impuestos, emitían censales, con los que se obligaban (hasta que pudieran devolver el préstamo) a satisfacer intereses: para los integrantes del clero, individualmente o como institución, para los mercaderes y la pequeña nobleza, este mercado de deuda competía ventajo-

36. Conviene señalar, sin embargo, que ignoramos hasta qué punto estaban arrendados a cambio de cantidades en metálico.

37. C. Laliena Corbera, »Propiedad de la tierra...», pp. 171-177.

38. Tenemos datos de algunas cosechas cerealistas publicados por F. Balaguer y A. Durán Gudiol, Notes sobre relacions comercials i economia d'Osca (segles XIV i XV)», VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Madrid, 1959, pp. 221-239, esp. p. 228, y, aunque no son muy abundantes e impiden formar una serie, las variaciones son compatibles con las variaciones interanuales sin pensar en un apreciable crecimiento.

39. Para esta época, seguimos dependiendo de E. Hamilton, Money, prices and wages in Valencia, Aragon and Navarra, 1351-1500, Cambridge, Massachussets, 1936, pp. 264-265, que

constata un apreciable descenso de los precios agrarios. Con todos los reparos metodológicos que puedan hacerse a esta obra, es una tendencia francamente verosímil.

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LA PROPIEDAD DE LA 77ERRA EN LA PERIFERIA OSCENSE A PRINCIPIOS DEL SIGLO XV

samente con el de la tierra, mucho más confuso y con dificultades de control —según se desprende de los ejemplos señalados más arriba 4".

Es cierto que, en las operaciones que involucran piezas de tierra cargadas con censos en moneda, es posible calcular —aunque sea a la baja, puesto que el tributo tiene que rebajar el valor de la tierra— la relación entre el precio y el censo. Aunque la dispersión de las cifras es grande (sobre un número de casos pequeño, 23), es probable que, en condiciones normales, el propietario pudiera obtener entre un 9 y un 12% del precio satisfecho cada ario". No es poco, comparativamente, pero es obligado tener presente el riesgo de la brusca desaparición del labrador o el incumplimiento de obligaciones y el descuido en el cultivo; son otros tantos elementos visibles en una fase de abundante oferta de tierra y escasez de mano de obra. Pero, en el fondo, es perfectamente válida la conclusión expresada con claridad por Antoni Furió refiriéndose al entorno de Valencia, «la tierra era vista por las clases urbanas más como una fuente de rentas fijas que como una inversión altamente productiva»42.

En mi artículo precedente me basé en este medianamente elevado nivel de renta, comparable con los contratos con partición del producto del sexto —secano— y del cuarto —vid—, así como en la importancia de los acuerdos con plazos relativamente breves, para atribuir una lenta deriva hacia el crecimiento al conjunto del sistema agrícola de la periferia urbana de Huesca. Es posible, sin embargo, que atribuyera demasiada validez a este indicativo para detectar la tendencia y que, en realidad, haya que pensar en una situación estable en un contexto de baja actividad. Ninguna de ambas hipótesis sustituye a un imprescindible estudio que resuelva esta cuestión, que deberá tomar en consideración un periodo mucho más largo, pero, a diferencia de entonces, ahora creo posible que coexistieran un estancamiento agrario y una renta agraria alta, una contradicción que sólo lo es aparentemente. En efecto, puesto que los beneficios agrarios de los propietarios rentistas constituían únicamente una fracción —y no la más importante, en particular para los eclesiásticos— del total de su ingreso, es comprensible que se

40. Cf. A. Furió, História del País Valencia, Valencia, 1995, pp. 200-204, hace interesantes consideraciones sobre estos mecanismos de creación de rentas en una región en la que la ,inflación» censalista es ya muy intensa en esta época.

41. C. Laliena Corbera, •Propiedad de la tierra...•, p. 179.

42. A. Furió, História del País Valenciá, p. 201.

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atrincherasen en la demanda de censos y tributos relativamente altos, en el cálculo de que los labradores estaban obligados a recurrir a ellos para obtener tierras con las que redondear sus explotaciones. Con frecuencia, esas tierras eran las mejores o tenían ventajas comparativas apreciables, de manera que los agricultores se inclinaban por aceptar las condiciones, pero tanto ellos como los propietarios urbanos eran conscientes de que muchos de ellos claudicarían, renunciando a la concesión o viéndola confiscada. Dadas las posibilidades productivas de sus tierras y la desfavorable posición de los labriegos en relación con la propiedad, los miembros de la oligarquía y las instituciones eclesiásticas intentaban salvaguardar un suelo para sus rentas, aunque esto supusiera el riesgo del abandono por parte del cultivador.

Me atrevería, finalmente, a asegurar que es durante esta etapa de sopor bajomedieval cuando se fija definitivamente un sistema agrario que había sido bastante expansivo hasta comienzos del siglo XIV, pero que encuentra suficientes razones para convertirse en una carcasa que restringe cualquier crecimiento posterior dentro de unos límites muy poco elásticos. El peso de una propiedad rentista, la falta de población, la falta de incentivos para la inversión, la resistencia de los labradores, la adecuación del paisaje a moldes esencialmente conservadores, la aportación del regadío para sostener producciones tradicionales sin alterar sus procesos productivos, son la pesada herencia transmitida a los tiempos modernos.

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PROPIEDAD COMUNAL Y PRÁCTICAS COMUNITARIAS: GARANTÍA DEL BIENESTAR ECONÓMICO Y DE LA PAZ SOCIAL EN LA HUESCA DE LA MODERNIDAD

Jesús

INGLADA ATARES

INTRODUCCIÓN. TIERRAS CONCEJILES/TIERRAS BALDÍAS. PROPIOS/COMUNES. IMPORTANCIA DE LAS PRÁCTICAS COMUNITARIAS

La importancia del conocimiento de la estructura de la propiedad de la tierra para la comprensión de nuestro devenir histórico resulta a estas alturas un lugar común. Acorde con esta trascendencia la investigación sobre esta área ha conocido un amplio y notable desarrollo. Sin embargo, hasta hace muy poco tiempo escaseaban los estudios sobre la propiedad pública. Y más en concreto, las propiedades municipales eran las más desconocidas', a pesar de que su relevancia como garantía del

1. Los estudios más antiguos —de autores como F. Medrano, J. Sáinz-Milanes, F. Cárdenas, R. Altamira, J. Costa, M. A. Carcanó y J. Beneyto— respondían a una perspectiva de análisis histórico-jurídica. Más reciente es el estudio de A. Nieto, Bienes comunales, Madrid, 1964 (en esta obra se ofrece abundantes referencias bibliográficas de carácter histórico-jurídico). Obra pionera en el estudio de la propiedad de la tierra, con atención también al tema de los comunales, C. Viñas y Mey, El problema de la tierra en la España de los siglos XVI-XVII, Madrid, 1941. Con la renovación historiográfica aparecieron otros estudios con una mayor orientación historico-económica. Así, A. Cabo Alonso, «El colectivismo agrario en Tierra de Sayago•, Estudios Geográficos, XVII (1956).

J. Gómez Mendoza, •Las ventas de baldíos y comunales en el siglo XVI; estudio de su proceso en Guadalajara», Estudios Geográficos, XVII (1956). B. Clavero, Mayorazgo. Propiedad feudal de Castilla (1369-1836), Siglo XXI, Madrid, 1974. A. M. Bernal, La propiedad de la tierra y las luchas agrarias andaluzas, Ariel, Barcelona, 1974; del mismo autor, «Haciendas locales y tierras de propios: Funcionalidad económica de los patrimonios municipales (siglos XVI-XIX)•, en Hacienda

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PROPIEDAD COMUNAL Y PRÁCTICAS COMUNITARIAS EN LA HUESCA DE LA MODERNIDAD

bienestar económico y de la paz social de la comunidad era muy destacada. En buena medida, la progresiva diferenciación social que se produce dentro del mundo rural va a estar condicionada por la mayor o menor privatización de los bienes colectivos sobre cuyo aprovechamiento se había cimentado la actividad agraria de una numerosa capa social2 . Incluso, como ha señalado G. Colás, se ha llegado a decir que el fracaso de la industrialización e incluso los desequilibrios y conflictos del XIX eran consecuencia de la apropiación por parte de los señores de los comunes y propios'. De cualquier forma, tanto en el mundo del realengo como en el del señorío', los comunales constituían un

Pública Española, n° 55 (1978), pp. 285-312; La lucha por la tierra en la crisis del Antiguo Régimen, Madrid, 1979, y también, Economía e historia de los latifundios, Instituto de España, Espasa Calpe, Madrid, 1988. A. García Sanz, Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen en Castilla la Vieja. Economía y sociedad en tierras de Segovia, 1500-1814, Madrid, 1977. Del mismo autor, «Bienes y derechos comunales y el proceso de su privatización en Castilla durante los siglos XVI y XVII», en Hispania, n° 144 (1980), pp. 95-127, y también, «El reparto de tierras concejiles en Segovia entre 1768 y 1770», en Congreso de Historia Rural. Siglos XV al XIX, Casa de Velázquez. U. Complutense, Madrid, 1984, pp. 251-259. D. E. Vassberg, «El campesino castellano frente al sistema comunitario: usurpaciones de tierras concejiles y baldías durante el siglo XVI», Boletín de la Real Academia de la Historia, 175, n° 1 (1978), pp. 145-167; del mismo autor, La venta de tierras baldías. El comunitarismo agrario y la Corona de Castilla durante el siglo XVI, Ministerio de Agricultura, Madrid, 1983, y también, Tierra y sociedad en Castilla. Señores, «poderosos» y campesinos en la España del siglo XVI, Crítica, Barcelona, 1986. M. Artola et al., El latifundio.. propiedad y explotación, ss. XVIII-XX, M. de Agricultura, Madrid, 1978. M. Peset, Dos ensayos sobre la propiedad de la tierra, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1982. F. Brumont, Campo y campesinos de Castilla la Vieja en tiempos de Felipe II, Siglo XXI, Madrid, 1984. M.a T. Pérez Picazo y G. Lemeunier, El proceso de modernización en la región murciana. Siglos XVI-XVII, Ed. Regional, Murcia, 1984. M. Ortega, La lucha por la tierra en la Corona de Castilla, Madrid, 1986. B. Yun Casalilla, Sobre la transición al capitalismo en Castilla. Economía y sociedad en Tierra de Campos (1500-1830), Junta de Castilla y León, Salamanca, 1987. I. Atienza, Aristocracia, poder y riqueza en la España Moderna. La Casa de Osuna. Siglos XV-XIX, Siglo XXI, Madrid, 1987. D. Bellido y D. Madrazo, «El mayorazgo en Aragón. Su configuración como especie vincular», Separata del Boletín de los Colegios de Abogados de Aragón, n° 105 (1987). P. Saavedra y R. Villares (eds.), Señores y campesinos en la península Ibérica, siglos XVIII-XX, Crítica, Barcelona, 1991, 2 vol. E. Sarasa Sánchez y E. Serrano Martín (eds.), Señorío y feudalismo en la península Ibérica, (ss. XII-XIX), Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1993, 4 vol. De esta última publicación, es de destacar el artículo de A. Atienza López y E. Serrano Martín, «La propiedad de la tierra en España en la Edad Moderna: propuestas para un debate», pp. 197-221, en donde se expone un estado de la cuestión, con diferentes propuestas explicativas y nuevas problemáticas sobre la propiedad de la tierra en España. La bibliografía específica sobre Aragón la iremos desgranando a lo largo del estudio.

2. A tal efecto, es muy ilustrativo de esta dialéctica el trabajo de P. Saavedra, «Señoríos y comunidades campesinas en la España del Antiguo Régimen», en E. Sarasa Sánchez y E. Serrano Martín (eds.), Señoríos..., pp. 427-474.

3. G. Colás Latorre, «La historiografía sobre el señorío tardofeudal», en E. Sarasa Sánchez y E. Serrano Martín, Señoríos..., pp. 51-105. La cita en p. 55.

4. A. Atienza y E. Serrano han salido al paso de la aparente dicotomía señorío/realengo que se observa en muchos estudios sobre la propiedad de la tierra en la Edad Moderna. Para estos

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complemento indispensable en la vida campesina de la Edad Moderna'.

Y precisamente, el estudio de estas propiedades rústicas del concejo oscense va a constituir el centro de nuestro análisis. Por imperativos de tiempo y espacio, así como por otro tipo de consideraciones que luego expondremos, nos detendremos más específicamente en la propiedad comunal.

En general, las diferentes prácticas comunitarias —agrícolas, ganaderas, forestales....— constituían un elemento fundamental en el entramado social de la Europa Moderna6.

El caso de Castilla puede resultar paradigmático. En la Castilla del siglo XVI, el sistema comunitario era un elemento fundamental del entramado social. Los diferentes tipos de propiedad comunal resultaban de

autores, el señorío y el realengo no son dos mundos tan diferenes ni inconexos, al menos por lo que a la propiedad de la tierra se refiere. Argumentan su razonamiento citando las palabras de M. Peset, quien invocando a B. Clavero, nos advierte de «como a pesar de encontrarnos con formas de propiedad plena, de arrendamientos, se trata de propiedad privilegiada o propiedad territorial feudal. Nobles, clérigos o iglesias logran una situación favorable, desigual, al tener posibilidades de vincular o amortizar las tierras, de disponer de poderes políticos o jurisdiccionales sobre los pueblos». M. Peset, «Los señoríos en el Antiguo Régimen», Áreas, n° 10 (1989), p. 77. Citado por A. Atienza López y E. Serrano Martín, «La propiedad de la tierra en España en la Edad Moderna: propuestas para un debate», en E. Sarasa Sánchez y E. Serrano Martín, Señoríos..., p. 200.

5. G. Colás ha explicado el importante papel que representan en el señorío aragones: «proporcionan a la comunidad, madera, caza, pastos y tierra para roturar. En buena medida, la posibilidad de expansión agraria de la comunidad y del señor de incrementar sus rentas radica en el control de esa superficie de tierra inculta con capacidad de ser explotada. Si el señor ha hecho dejación de sus derechos sobre esa superficie, el concejo podrá disponer libremente del mismo sin otras limitaciones que las impuestas por el medio físico. Si por el contrario, es el señor quien detenta la propiedad, el proceso de expansión agraria y el disfrute de otros bienes deberán contar siempre con la aquiescencia del propietario que la otorgará a cambio de determinadas prestaciones...».

G. Colás Latorre, «El régimen señorial en Aragón», Revista de Historia Jerónimo Zurita, n° 58 (1988), pp. 9-29. La cita en p. 24.

6. David E. Vassberg, en sus estudios sobre la propiedad de la tierra y la sociedad en la Castilla del siglo XVI, ha señalado que la propiedad comunal no fue un fenómeno exclusivo de Castilla, existiendo desde los tiempos medievales hasta el siglo XX instituciones y prácticas similares en casi toda Europa. Tanto la Europa latina —Francia, Italia, Portugal— como la de cultura celta y germánica —Gran Bretaña, Alemania, Países Bajos, Escandinavia— y también la Europa del Este, disponían de un sistema comunitario, con prácticas en muchos casos muy parecidas a las de Castilla.

Esta tradición comunitaria «conservó en general su fuerza hasta mediados del siglo XVIII, cuando la mayoría de los gobiernos comenzaron a fomentar la transición a un sistema de propiedad privada, basándose en que este cambio traería consigo una mejora de la agricultura». D. E. Vassberg, Tierra..., p. 124. Este autor indica algunas obras para conocer las tendencias generales de la bibliografía existente sobre el comunitarismo agrario europeo. Para el caso de España, véase también, P. Saavedra, «Señoríos y comunidades...», en E. Sarasa Sánchez y E. Serrano Martín, Señoríos..., pp.

427-474.

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gran importancia para el bienestar económico de las diferentes localidades de la Castilla Moderna —entendiendo por Castilla, en un sentido administrativo, toda la península española excepto los reinos de Aragón y Navarra—. Incluso en las poblaciones en donde la propiedad comunal era escasa, su repercusión era también notable. Como ha señalado Vassberg, «la explotación de una parcela de terreno comunal, incluso de la más pequeña, podía contribuir significativamente al bienestar material de un campesino que tuviera escasos recursos de su propiedad»'.

La relevancia de este sistema comunitario, como sostén tanto de la agricultura como de la ganadería, explica el apoyo popular unánime que suscitaba, erigiéndose de esta forma en uno de los pilares básicos de la estructura social y económica de la vida rural. Este sistema comunitario, parte esencial del sistema social hispánico, recibiría un golpe mortal definitivo —como seguramente tendremos ocasión de conocer a cargo de los ponentes posteriores— con la desamortización de las propiedades eclesiásticas y municipales del siglo XIX. Mucho antes, desde el siglo XVI, la tendencia general se había dirigido a la disminución de estos patrimonios comunales en beneficio de la privatización de la tierra.

Pues bien, ninguna de las diferentes hipótesis planteadas para desentrañar los orígenes de la propiedad pública o comunitaria ha resultado plenamente satisfactoria. Los bienes concejiles representaban una parte importante de esa propiedad pública. Esta propiedad municipal está constituida, primordialmente, por propiedades rústicas y urbanas. Serán las primeras, lógicamente —dado el tema de estas jornadas—, el objeto de nuestro estudio.

Prioritario resultará adentrarse en el debate y controversias suscitados por las diferencias y concomitancias observables entre las tierras concejiles y las «tierras baldías» o «baldíos». Siguiendo a Vassberg podemos establecer que las propiedades rústicas concejiles habían sido otorgadas a los municipios, en su gran mayoría, en el momento de su fundación durante la Reconquista. En algunos otros casos les fueron entregadas posteriormente mediante concesión o privilegio real. Los monarcas, ansiosos por colonizar las nuevas tierras reconquistadas, repartirían entre los nuevos pobladores gran parte de estos territorios conocidos como «tierras realengas». Presumiblemente, las mejores tierras serían las primeras en repartirse en las asignaciones reales. De esta forma, todas

7. D. E. Vassberg, Tierra..., p. 119.

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Jesús INGLADA ATARES

las restantes tras los repartos seguirían siendo de titularidad real, y al ser generalmente de inferior calidad y estar en su mayor parte incultas e improductivas, fueron conocidas como «tierras baldías» o «baldíos». Con esta denominación nos referiremos a «los terrenos pertenecientes a la corona que no habían sido asignados por concesión real, y que por tanto estaban disponibles para la utilización pública»8.

Sin embargo, pese a este diferente carácter ya en origen, la confusión entre «tierras concejiles» y «tierras baldías» se mantuvo. El motivo parece obedecer a la tendencia cada vez más frecuente entre los concejos a incorporarse parte de esas tierras baldías a sus tierras concejiles o comunitarias.

Apenas apuntada esta diferenciación, urge referirse a la que separa a las dos clases de tierras concejiles: las tierras «comunales» o «comunes» y los «propios». Las primeras estaban reservadas para el aprovechamiento libre de todos los vecinos, mientras que los propios eran tierras o cualquier otra clase de propiedades que poseía el concejo como entidad privada'. Estos «propios» generalmente —y Huesca no va a ser una excepción— se arrendaban por el concejo constituyendo una renta municipal más. Para el caso de Castilla, los llamados «bienes de propios» han sido considerados como la fuente de financiación más característica y tradicional de la que se nutrían las haciendas locales".

Aun cuando en este artículo sólo nos vamos a detener en la propiedad comunal oscense —por cuanto es la que directamente afectaba a sus pobladores— y, excepcionalmente, en aquellos «propios» susceptibles de utilización y aprovechamiento mixto —como era el caso, por ejemplo, de las tierras de Pebredo—, conviene tener presente la doble

8. Ibídem, p. 18.

9. Así, •era normal utilizar la frase "tierras baldías concejiles" para describir la propiedad municipal, a pesar de la manifiesta contradicción entre los términos de baldíos y concejiles. D. E. Vassberg, La venta..., p. 34.

10. Según el diccionario de Escriche, los propios eran «las heredades, dehesas, casas u otros cualesquiere bienes que tiene una ciudad, villa o lugar para los gastos públicos. Se diferenciaban de estas propiedades los llamados «arbitrios», consistentes en «los derechos que en defecto de propios impone un pueblo con la competente autorización sobre ciertos géneros o ramos». J. Escriche, Diccionario razonado de Legislación y Jurisprudencia, Madrid, 1876, vol. 4, p. 741.

11. A. Gutiérrez Alonso, Estudios sobre la decadencia de Castilla. La ciudad de Valladolid en el siglo XVII, F. de F. y Letras, U. de Valladolid, 1989, pp. 346-375. Del mismo autor, «Un aspecto poco conocido de la crisis del siglo XVII: el endeudamiento municipal. El ejemplo de la ciudad de Valladolid•, en Investigaciones Históricas. Epoca Moderna y Contemporánea, n° 6, U. de Valladolid, Valladolid, 1987, pp. 9-37.

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PROPIEDAD COMUNAL Y PRÁCTICAS COMUNITARIAS EN LA HUESCA DE LA MODERNIDAD

funcionalidad de los «propios» que nos recuerda A. M. Bernal'. Por ello, el estudio de la interrelación de los problemas agrarios y hacendísticos a nivel municipal es incomprensible sin un conocimiento previo de los bienes de propios'3.

Teóricamente, la distinción legal entre propios y comunes estaba clara. En la práctica, en cambio, las diferencias podían ser mínimas. Por ejemplo, un municipio podía disponer la propiedad comunal como tal unos años y otros como propios, dependiendo de las necesidades del mismo. Dicha confusión venía acentuada «por el hecho de que frecuentemente los propios habían sido usurpados de los terrenos comunales y, a su vez, ambos procedían de los baldíos»14. El proceso de diferenciación ha sido definido por Vassberg. Retengamos del mismo el hecho de que los propios, a diferencia de los comunales, no eran inalienables de por sí, puesto que «se consideraba que dependían de la libre voluntad de sus dueños y no diferían de la propiedad privada en lo relativo a la naturaleza y extensión de los derechos dominicales»'s. La

12. «a) En cuanto bienes patrimoniales, las haciendas locales los utilizaron como recurso de cobertura de créditos pedidos y obtenidos bajo su garantía; con ello posibilitaban el endeudamiento municipal, bien para hacer frente a las presiones fiscales extraordinarias del poder central, bien para emprender operaciones económicas que se consideran en principio rentables para las corporaciones. b) En cuanto a los ingresos obtenidos de los propios, éstos se configuran como la principal fuente de aprovisionamiento de los ayuntamientos hasta el siglo XVII, en que los ingresos de arbitrios pasan a ser la fuente de financiación más importante». A. M. Bernal, Haciendas locales..., p. 292. Este estudio de A. M. Bernal se circunscribe a Andalucía occidental.

13. De esta forma, los diferentes estudios sobre las haciendas locales incluyen el análisis de los diferentes propios. En casi todos ellos se incide en las causas y procedimientos por las que los municipios fueron perdiendo buena parte de su patrimonio de propios y también en la proporción o porcentaje que suponían en el conjunto del presupuesto municipal. En cuanto a la funcionalidad que desempeñaban los ingresos de propios en las haciendas locales es preciso tener en cuenta, con carácter general, que con el tiempo cambiaron el concepto y la naturaleza de las partidas presupestarias a las que los propios se destinaron. Como dice A. M. Bernal, •la atención de una serie de servicios públicos que se consideraban específicos del ayuntamiento liberal del siglo XIX, tales como la instrucción pública, beneficencia y sanidad municipal, etc., se atendían en el antiguo régimen por instituciones semipúblicas o privadas, con patrimonio propio; por el contrario, gastos que entonces podrían suponer esfuerzos considerables a las haciendas municipales, como el mantenimiento de las milicias concejiles o la participación en los costos de la defensa nacional, según la época y según la ubicación que el municipio tuviera, desaparecen de las partidas presupuestarias del siglo XIX•. A. M. Bernal, Haciendas locales..., p. 291.

14. D. E. Vassberg, Tierra..., p. 41.

15. Según él, en un inicio no existiría distinción entre propios y terrenos comunales, estando toda la tierra a disposición pública. Las bases para una diferenciación en dos tipos de propiedad municipal surgirían en el instante en que algunas ciudades, poseyendo más tierras de las que necesitaban, arrendasen parte de las mismas para atender los gastos de la municipalidad. Configurada esta división, otros rasgos contribuían a asentarla. D. E. Vassberg, Tierra..., pp. 36-37.

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realidad es que en la práctica, como veremos ahora en Huesca, sólo en circunstancias excepcionales los concejos se lanzaban a su venta. Lo normal, por el contrario, era intentar conservarlos y aumentarlos mediante compra.

También pudieron darse circunstancias que aproximasen las características de ambas propiedades, adquiriendo las tierras comunales la calidad de propios'. La realidad es que la cuestión de los orígenes de los «propios» y «comunes» sigue sin estar completamente aclarada".

De cualquier forma, queda claro el carácter ambivalente y flexible de la propiedad municipal. Esas vaguedades, esas indefiniciones, serán

16. Ante la ineludible necesidad de los municipios de allegar recursos para gastos extraordinarios que los ingresos normales no podían cubrir, las autoridades municipales dirigirían su mirada hacia las tierras comunales. Estas, normalmente, se repartirían libre y gratuitamente entre el vecindario. Viendo, pues, que la fórmula menos onerosa de conseguir fondos adicionales era imponer un cargo por el uso de estos comunes, se adoptaría en muchos casos esta medida. Así, «este uso determinó que las tierras comunales tomasen el carácter de propios, pero con la diferencia de que éstos nunca se sorteaban igualmente entre los vecinos, sino que salían a la pública subasta al mayor ponedor. Un concejo que había logrado imponer derechos relativamente altos por los comunales podía convertirlos en propios-. D. E. Vassberg, Tierra..., p. 53.

17. De esa misma opinión es A. M. Bernal, a quien no le satisface que se repita «al respecto lo que Nieto nos dice que pasa por ser la teoría dominante en el caso de los comunales: origen desconocido, alegándose la pérdida documental, o bien se prima la posesión inmemorial, o se acepta de manera vaga o imprecisa un origen que arranca de unas donaciones reales o señoriales, y en algunos casos se admite hasta que su arranque proceda de un acto de compraventa realizado por los municipios. Este autor aposta por los nuevos estudios del medievalismo español para ir desentrañando la génesis de estas propiedades concejiles. A. M. Bernal, Haciendas locales..., p.286. Para el caso de Aragón, hemos de destacar los trabajos de I. Falcón sobre la ciudad de Zaragoza: M.1 I. Falcón Pérez, Organización municipal de Zaragoza en el siglo XV. Con notas acerca de los orígenes del régimen municipal en Zaragoza, Dpt2 H' Medieval de la F. de F. y Letras, Zaragoza, 1978, y también, Zaragoza en el siglo XV. Morfología urbana, huertas y término municipal, Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, 1981. En determinados trabajos del profesor Canellas se puede obtener información provechosa. Así, por ejemplo, Á. Canellas López, Colección diplomática del concejo de Zaragoza, U. de Zaragoza, Zaragoza, 1975; también, Longares, de los orígenes a 1478. Notas históricas y colección diplomática, Institución Fernando el Católico, 1983. En 1986 fue reeditado en facsímil por El Día de Aragón la obra de T. Ximénez de Embún, Descripción histórica de la antigua Zaragoza y de sus términos municipales, Librería de Cecilio Gasea, Zaragoza, 1901. Aunque no referidos directamente al estudio de las propiedades comunales y los propios, las obras de A. Peiró, sobre el señorío de Zaragoza y la propiedad de la tierra en la misma capital, aportan algunas noticias y bibliografía interesante: A. Peiró Arroyo, El señorío de Zaragoza (1199-1837), Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1993, y también Regadío, transformaciones económicas y capitalismo (La tierra en Zaragoza. 1766-1849), Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1988. También aporta notable documentación e información, G. Pérez Sarrión, Agua, agricultura y sociedad. El Canal Imperial de Aragón, 1766-1808, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1984. Referido al conjunto aragonés, es útil, A. Ubieto Arteta, Historia de Aragón, Anubar Ediciones, Zaragoza, 1984-1986. Resulta interesante, por las relaciones entre las propiedades realengas, baldíos, comunes y propios, la obra de A. Sinués Ruiz, y A. Ubieto Arteta, El patrimonio real en Aragón durante la Edad Media, Anúbar Ediciones, Zaragoza, 1986. Para el caso concreto de Huesca, las referencias bibliográficas las iremos indicando posteriormente.

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PROPIEDAD COMUNAL Y PRÁCTICAS COMUNITARIAS EN LA HUESCA DE LA MODERNIDAD

motivo, como veremos, de dificultades, disputas y conflictos ante las diversas partes interesadas. A su vez, dificultará el análisis histórico, resultando en ocasiones muy dificil discernir entre ambas propiedades.

Independientemente de que su diferente uso determinase el carácter de propios o comunes, lo importante es resaltar el valioso papel que las tierras comunitarias —globalmente consideradas— jugaron en la economía y sociedad agropecuaria oscense. Así, las rentas generadas por los propios aliviaban las estrecheces económicas de la tesorería municipal, al sufragar una parte no desdeñable del gasto del presupuesto, del cual todos los vecinos se beneficiaban en alguna medida. La propiedad comunal tendría una repercusión importante: podía contribuir de forma notable al bienestar material de aquellos campesinos que tuvieran escasos recursos, permitiéndoles disponer de alguna parcela por la que apenas tendrían que pagar renta. Estas tierras comunales, combinadas con otras prácticas comunitarias —la derrota de mieses, el espigueo y racimeo, la reserva de pastos para el ganado, el aprovechamiento de los frutos y verduras silvestres...—, constituían un pilar básico de la estructura social y económica —en buena medida agraria— de la Huesca del siglo XVII. De hecho, las propias Ordinaciones de la ciudad, como veremos, reglamentan los diferentes usos de estas propiedades y usos comunitarios.

En definitiva, el sistema comunitario representaba un elemento fundamental del entramado social, manifestándose un sentimiento popular de apego al mismo que influirá notablemente en su defensa y conservación.

PASTOS COMUNALES Y DIVERSAS PRÁCTICAS COMUNITARIAS

La dehesa carnicera'" Ignacio de Asso resaltó la excelencia de dos propios de la ciudad: los montes de San Juan y Pebredo. Este último se trataba de «un carrascal de cerca de media hora de ancho y tres de largo»". La situación geográfica de estos dos montes y el de Torres de Violada —adquirido en 1609—, todos colindantes y muy próximos a la ciudad, reflejan clara-

18. Ésta es la denominación que recibe en Castilla este tipo de pastos. Vid. D. E. Vassberg, Tierra..., p. 49.

19. I. de Asso, Historia de la Economía Política de Aragón, Guara Editorial, Zaragoza, 1983.

La edición original fue publicada por Francisco Magallón, Zaragoza, 1798. La cita en p. 40.

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mente la estrategia económica municipal tendente a concentrar en un área determinada sus zonas de pasto y bosque. Los usos y beneficios que podían obtenerse de su explotación por parte del concejo eran importantes y muy variados: arrendamiento de las hierbas de pasto, aprovechamiento forestal, bellota...

Así, una buena parte del monte de Pebredo se reservaba para el ganado de las carnicerías de la ciudad, tanto si eran explotadas en régimen de administración como en arrendamiento'''. Con esta concesión se buscaba obtener un mejor, seguro y más económico suministro de carne para la ciudad", a la par que unos buenos ingresos para las arcas municipales. En ese sentido, en cuanto dicho monte se configura como una propiedad que posee el concejo como entidad privada, que le genera unas rentas y que no está abierto al aprovechamiento libre de todos los vecinos, adquiere el carácter de propio y no de común. No nos detendremos por tanto en su análisis, salvo cuando sea susceptible de un uso comunal22.

Prados: Barbarbol, San Galindo y Ramblas del Flumen Los pastos específicamente comunales, de utilización libre y gratuita para toda la comunidad de vecinos, venían prescritos en las Ordinaciones de la ciudad. Al reservar para pasto una serie de terrenos en la huerta, las Ordinaciones pretendían evitar los frecuentes daños que los animales —preferentemente los de labor— de los vecinos causaban en los cultivos. Estos terminos eran los de Barbarbol, San Galindo y Ramblas del río Flumen. Se trataba de pastos de excepcional calidad al tratarse de tierra fértiles, próximas al río, con relativa abundancia de agua y que se irrigaban por medio de la famosa Acequia de la Ribera que distribuía las aguas encauzadas en el azud sobre el río Flumen en las inmediaciones de Montearagón. Barbarbol y San Galindo sumaban

20. Los arrendadores de las carnicerías obtenían la concesión de abastecer de carne a la ciudad, en régimen de estricto monopolio, abonando en concepto de arriendo una cantidad que oscilaba —para el siglo XVII— en torno a las 3.000 libras jaquesas anuales. En el arriendo se incluía el derecho a pastar el ganado en las hierbas de Pebredo. En ocasiones, parte de las hierbas sobrantes se arrendaban, constituyendo una ayuda importante para el erario concejil.

21. No era de esta opinión I. de Asso, para quien dicha cesión de las hierbas sólo beneficiaba a los arrendadores, resultando en cambio muy cara la carne a los vecinos oscenses. I. de Asso, Historia..., p. 40.

22. El estudio de los propios es una parte importante en nuestro estudio sobre la hacienda municipal que estamos realizando como tesis doctoral.

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unas 525 fanegas de tierra". A éstas habría que añadir las Ramblas del río Flumen, espacio arbolado a ambas orillas del río, terrenos que garantizaban la existencia de pastos a lo largo de todo el año. Todos estos espacios quedaban «libres, exemptos e inmunes para que en aquellos puedan pacer todos los animales, gruesos y menudos, de los vezinos y habitadores de la ciudad, libremente, sin pena ni calonia alguna, guardando empero de hazer mal en pan ni en vino»24.

Dehesa boyal Con este nombre vamos a denominar aquellos pastos dedicados con exclusividad a los bueyes, animales de tiro básicos en los trabajos del campo oscense".

Las Ordinaciones reglamentan de forma muy exhaustiva y minuciosa todo lo concerniente a los bueyes. En primer lugar, y como es tradicional, se adoptan medidas muy restrictivas en la regulación del pastoreo de los bueyes foráneos. Solamente les estaría permitido pastar en dicha dehesa boyal cuando su estancia en la ciudad tuviera que ver con la carga o descarga de provisiones, y en ese caso únicamente el día de llegada y el siguiente'.

La prolija reglamentación ordenancista también dictaminaba los lugares de tránsito".

23. I. Mur Ventura, La división del regadío en Huesca, Consejo Provincial de Fomento, Huesca, 1924.

24. Ordinaciones del Regimiento de la vencedora ciudad de Huesca, hechas por el ilustre señor D. Lupercio Antonio de Molina, Barón de Purroy, señor de Trasmón y la Matilla. Impresas en Huesca por Iván Francisco de Larumbe, impresor de la Universidad, año 1680, p. 42.

25. El que las propias Ordinaciones municipales dediquen un apartado específico regulando todo lo concerniente a estos animales, indicando los lugares por donde se pueden desplazar y donde pastar, así como las respectivas sanciones y penas impuestas por determinados daños e infracciones, revela la importancia que los bueyes tenían como animales de tiro en el campo oscense. Seguramente, su sustitución por las mulas no se realizaría hasta muy avanzado el siglo XVIII, tal como ha señalado García Sanz para Castilla. A. García Sanz, Desarrollo..., p. 113.

Vassberg, sin embargo, piensa que la sustitución de los bueyes por las mulas se daría ya en tierras de Castilla en el siglo XVI. D. E. Vassberg, Tierra..., p. 45.

26, Ordinaciones..., p. 39.

27. Éstos se reducen a los caminos de Zaragoza, Cuarte, Luna, Cillas, Yéqueda, Alfaz, Salas, Monflorite, Paúl del Rey, Sangarrén, camino que iba por encima del Portal de las Monjas y el camino exterior a las Ramblas del Isuela. Si eran hallados fuera de estas vías se le imponía al dueño una sanción de 1 sueldo de día y 2 sueldos de noche por cada buey. A esta pena habría que sumar la impuesta por los daños cometidos en las heredades. Ordinaciones..., p. 39.

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El importante número de bueyes que trabajarían en el campo oscense imponía que se les reservase para pasto una buena zona del término municipal. Así, las Ordinaciones les asignaba las Ramblas del Isuela, el barranco de Cabras —también llamado de Santa Lucía—, las eras que no estaban cerradas, la Paul de Yéqueda, los Fosales de los Moros, el Tozal de las eras de Rasal y los Tozales de la era de San Jorge". No podían pacer dentro de los campos de cultivo, salvo que estuviesen desarrollando en los mismos alguna labor. Las infracciones eran severamente castigadas". Resultando pese a todo insuficientes dichas sanciones para disuadir a los infractores, y siendo importantes los daños hechos por los bueyes en los campos de cultivo, las Ordinaciones posibilitaban que cualquier vecino denunciase la falta otorgándole poderes para poder prender los animales, tanto si la comisión de la misma tenía lugar en su propiedad como si no30. Esta invitación a la colaboración ciudadana en la denuncia de las infracciones era fomentada haciéndole partícipe de una parte de las multas y exonerándole de ciertas responsabilidades31.

28. Además, en virtud de la derrota de mieses, podían pacer también «en otras qualesquiere partes, fuera de los Estancos hechos postreramente», guardándose de hacer daño en panes —cultivos de cereales—, viñas y en «güebra» mojada o regada de tres días. Ordinaciones..., p. 39.

29. La infracción por pastar en zona de cultivo era de un sueldo de día y dos de noche por cada buey. El procedimiento a seguir por los guardas en la cobranza de las multas estaba rigurosamente detallado. Así, el guarda que sorprendiese al ganado fuera de los lugares establecidos y/o causando destrozos en las heredades podía solicitar del dueño la entrega de alguna «prenda» para asegurarse la cobranza de la sanción. En caso de negativa del infractor, o ausencia del mismo, el guarda podían confiscar el ganado y conducirlo a los corrales, quedando retenido hasta ser sastifecha la sanción. Si en el plazo de dos días desde que le fuese notificado al dueño la denuncia, no abonaba éste el importe de la misma y los gastos de mantenimiento del ganado, el guarda quedaba exento de cualquier responsabilidad por el estado de los animales. Habiendo hecho entrega el dueño del ganado de prendas suficientes para cubrir cualquier responsabilidad, de no avenirse en el pago de la multa, podían ser vendidas sumariamente «no obstante firma ni otro cualquiere impedimento». De negarse el infractor a entregar prendas, oponiendo además resistencia a la autoridad, sería castigado con otra multa de cien sueldos y con la pena —pudiendo ser de castigo corporal— que las autoridades concejiles estimasen convenientes. Para incentivar la diligencia de los guardas en la denuncia de los infractores, se les entregaba, además de su salario, una parte proporcional de las multas. Ordinaciones..., pp. 39-41.

30. Ordinaciones..., pp. 39-41. Debía de ser una práctica común en toda España. Así ocurría en Andalucía, por ejemplo, en el ducado de Medina Sidonia y en el condado de Niebla M. A. Ladero Quesada e I. Galán Parra, «Sector agrario y ordenanzas locales: el ejemplo del ducado de Medina Sidonia y condado de Niebla», en Congreso de Historia Rural. Siglos XV al XIX, Casa de Velázquez. U. Complutense, Madrid, 1984, p. 82.

31. Las Ordinaciones exoneraban al vecino ejecutor de la aprehensión y confiscación del ganado de cualquier percance que sufrieran los animales —incluida su muerte— siempre y cuando prestase las atenciones normales. Sí estaba obligado a pregonar públicamente la aprehensión realizada, en el plazo de un día y por medio de un corredor de la ciudad. Si el dueño del gana-

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La derrota de mieses La derrota de mieses era una práctica comunitaria en vigor en el campo oscense32 . Una vez levantada la cosecha, los derechos privados de los propietarios de las tierras se subordinaban a los de la comunidad de vecinos. Así, todo propietario de los campos de cereal y pastos estaba obligado a abrir sus tierras al ganado de los vecinos oscenses. De esta forma, todo el territorio de cultivo del término municipal oscense se convertía en una especie de terreno comunal abierto a todo el ganado. Al comenzar la nueva siembra volvían a restablecerse los derechos individuales. Como muy bien ha señalado Vassberg, la «derrota de mieses era la combinación de una serie de derechos comunales y privados adecuada a la relación de complementariedad existente entre la agricultura de cultivo y la ganadería de pastoreo»".

La derrota de mieses libraba a los propietarios del ganado de los gastos que suponía tener que alimentar a los animales en los establos durante varios meses al año. Pero no hay que pensar que se proporcionaba un beneficio exclusivo a los ganaderos a expensas de los agricultores. Estos también se beneficiaban, en cuanto dueños de animales de labor y de algunos otros animales domésticos para su autoconsumo, de la amplitud del área de pastoreo. En una estructura de la propiedad tan parcelada y fragmentada como la del campo oscense", la práctica

do no lo retiraba en el plazo de un día —tras abonar las sanciones correspondientes— sería sancionado además con cinco sueldos diarios por cada buey, yendo a parar esta sanción, junto con el importe de los gastos de mantenimiento del ganado en los corrales, a manos del vecino que había llevado a cabo la confiscación. Ordinaciones..., pp. 39-41.

32. Su uso parece ser que estaba extendido también por otros países, siendo «conocida también en Francia —vaine pature—, Italia —usi civici.— y Portugal —compascuo—. R. Domínguez Martín y R. Lanza García, «Propiedad y pequeña explotación campesina en Cantabria a fines del Antiguo Régimen», en P. Saavedra. y R. Villares (eds.), Señores y campesinos..., vol. 2, p. 179.

En España era una práctica generalizada. Así, por ejemplo, se ha constatado en el norte —R. Domínguez Martín y R Lanza García, «Propiedad...», pp. 178-180—, en el centro castellano —Brumont, Campo..., p. 156; Vassberg, Tierra..., pp. 25-32; García Sanz, Desarrollo..., p. 28— y en el sur andaluz —Ladero Quesada y Galán Parra, Sector agrario..., pp. 75-93—.

33. D. E. Vassberg, Tierra..., p. 25.

34. El dominio de la pequeña y mediana propiedad —asociado empero con cierto grado de amortización por parte sobre todo de las instituciones eclesiásticas y de cierto sector de rentistas mesocráticos urbanos—, junto con la extremada parcelación de la tierra, parecen ser características del campo oscense. A. Atienza López y C. Forcadell Álvarez, «Aragón en el siglo XIX: del dominio religioso y nobiliario a la parcelación y pequeña explotación campesina», en P. Saavedra y R. Villares (eds.), Señores y campesinos..., vol. 1, pp. 138-144. En la ponencia de J. Arasanz tendremos ocasión de comprobarlo.

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de la derrota de mieses era de una lógica aplastante35. Si a eso se añade que era común el formar un rebaño colectivo —adula— juntando las cabezas de ganado de todos los vecinos, hacer que pastara en los rastrojos de todo el término municipal resultaba de lo más sensato.

Incluso los terrenos cercados y las viñas estaban sujetos, en alguna medida, a este derecho. Una vez que se hubiera efectuado la vendimia, las viñas quedaban libres para el pasto del ganado y también para los racimadores. Además, las Ordinaciones permitían «que las viñas que estuvieren dos años sin podar, puedan ser pacidas por los animales>.

Conviene, pese a todo, ser prudente en cuanto a la valoración de los resultados prácticos de estas medidas que permitían estacionalmente convertir todo el término municipal en pastos de utilización colectiva, socializando costes. Evidentemente, el sector dominante que concentraba un mayor grado de propiedades, de ganado y de capitales —la Iglesia, el patriciado urbano—, que dictaba la regulación del propio sistema comunitario, sería el más beneficiado con la derrota de mieses37 . Pero, independientemente de la posible utilización privilegiada en favor de los sectores dominantes, los efectos beneficiosos de la derrota en el campo oscense quedaban mediatizados por la propia normativa legal municipal que reservaba a las carnicerías municipales el monopolio del abasto de carne a la ciudad. Esto supuso, en palabras de Pedro Blecua y Paúl, «que no se permitiese ganados a los labradores vecinos

35. Como ha señalado Vassberg, esta práctica se fundamentaba en la pura lógica: «ante el hecho de que la tierra dedicada a cereales y forraje estaba extremadamente subdividida, y cada campesino tenía parcelas diseminadas por el término municipal, se hacía muy problemático que cada labrador llevara sus animales a pastar exclusivamente en sus propias parcelas, tan dispersas como estaban. Además de esto, el valor del pasto que quedaba después de la cosecha raramente justificaría el coste de poner guardas que excluyesen animales ajenos», D. E. Vassberg, La venta..., pp. 32-33).

36. Ordinaciones..., p. 32.

37. R. Domínguez y R. Lanza, al estudiar la propiedad de la tierra en Cantabria, han custionado el aparente igualitarismo de las derrotas y de las propiedades comunales: «Si la supuesta racionalidad económica de las derrotas, y, sobre todo, su carácter social pretendidamente igualitario o equilibrador forman parte de visiones orgánico-paternalistas y deterministas del mundo rural que no consideran en sus fundamentaciones ni la complejidad de las estructuras sociales, ni las tortuosas implicaciones de ciertas relaciones de producción, la consideración de las extensas superficies comunales presenta la imagen de un igualitarismo comunitario también nada más que aparente». R. Domínguez Martín y R. Lanza García, «Propiedad...», vol. 2, pp. 178-179. Estos autores aportan bibliografía sobre la derrota de mieses. Sobre las ventajas e inconvenientes de las derrotas, vid. R. Domínguez Martín, Actividades comerciales y transformaciones agrarias en Cantabria, 1750-1850 (Cambio y limitaciones estructurales en el corredor del Besaya), Santander, 1988.

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o naturales, cuya práctica, muy perjudicial al aumento de la agricultura, todavía se observaba en Huesca»38. En defensa del monopolio exclusivo del concejo de abastecer de carne a la ciudad «quisieron más los SS. Reyes, por evitar el que los vecinos no se vieren en ocasión de introducir carnes en sus casas, que ninguno pudiere tener ganado mayor ni menor en los términos de la ciudad, concediéndole privilegio el Señor Rey D. Alfonso para esto»". Desconocemos si este privilegio real, dado en Zaragoza el 12 de mayo de 1328, se mantenía en pleno vigor en los siglos XVI-XVIII. La opinión del doctor Blecua así parece confirmarlo.

Las autoridades concejiles, en sus continuos conflictos con las instituciones eclesiásticas siempre dispuestas a sustraerse a la prohibición de entrada de carnes en la ciudad, invocaban ante las instancias jurídicas del Reino este privilegio medieval que imposibilitaba a los vecinos oscenses la cría de ganado". Cabe entender que la prohibición se refería al ganado para consumo cárnico —puesto que el ganado de labor resultaba imprescindible y las propias Ordinaciones regulaban su pastoreo— y, aun dentro de éste, sólo a determinadas especies: el ganado porcino, aves y otros animales de corral estarían permitidos41. Es de imaginar que con el paso del tiempo esta prohibición se fuera haciendo más laxa, permitiéndoseles a los vecinos la cría de cualesquiera ganados para su autoconsumo. Seguiría en vigor dicha prohibición para la cría de ganado con destino al mercado, impidiendo la creación de explotaciones ganaderas ajenas al monopolio municipal.

En este caso, como en otros muchos, el monopolio concejil se imponía sobre la comunidad con la misma fuerza que en el mundo serio-

38. Conviene tener presente que la obra de Blecua fue escrita a finales del siglo XVIII. Paúl, Descripción topográfica de la ciudad de Huesca y todo su partido en el Reyno de Blecua P. Aragón, Guara Editorial, Huesca, 1987 (el manuscrito original es de 1792).

39. «Informe de Raimundo de Sanclemente, secretario de la ciudad», 11-VI-1688, Libro de Cartas Misivas, 1678-1706, AMH, ms. 453.

40. Ibídem. En dicho informe se trata de argumentar jurídicamente las razones que le asisten a la ciudad en el disfrute del privilegio del abasto de carne en régimen de monopolio. El conflicto, siempre latente, se había desatado de nuevo ante la presentación en 1643 de una firma, por parte del obispo D. Esteban Esmir, «inhibiendo no impidiesen a los eclesiásticos el drecho, uso y posesión de matar carne para su casa y familia». El secretario de la ciudad elaboró un exhaustivo informe desempolvando todos los privilegios, honores y preeminencias concedidos por los reyes en reconocimiento del derecho privativo de la ciudad de abastecer de carne. Uno de estos privilegios era el ya mencionado de prohibición a los vecinos de tener ganados.

41. Las propias Ordinaciones establecen que se observen los Estatutos de Puercos y Adulas, dando fe, pues, de la existencia de un ganado colectivo de los vecinos que se enviaba a pastar a pastos comunales. Ordinaciones..., p. 33. Anteriormente ya hablamos de la regulación del pastoreo de los bueyes.

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rial lo hacía el monopolio del señor sobre sus vasallos. Con la diferencia de que en las ciudades, villas y lugares de realengo los beneficios obtenidos revertían en favor de sus vecinos, mientras que en el mundo señorial ingresaban exclusivamente en las arcas del señor".

Las posibilidades que la derrota de mieses brindaba para el aumento de los pastos y la cabaña ganadera quedaban disminuidas notablemente por la imposición restrictiva del intervencionismo municipal monopolista.

Otras prácticas comunitarias tradicionales: los ricios, el rebusco y espigueo, el belloteo, aprovechamiento de frutos silvestres, el ramoneo y el aprovechamiento forestal La derrota de mieses debía compatibilizarse con el derecho que las Ordinaciones oscenses garantizaban al campesino de poder riciar sus propiedades. En determinadas situaciones —por quanto algunos años se quedan algunos campos y pedazos de miesses por segar—, al quedar en los campos mucho grano, resultaba rentable para el dueño el aprovecharlo como semilla para la siembra del año siguiente ahorrándose de esta forma el aporte del cereal. La regulación de este derecho venía prolijamente indicado en las Ordinaciones".

El llamado derecho al «rebusco» o «espigueo» constituía otra de las prácticas comunales tradicionales y reflejaba la tolerancia y especial

42. Como ha señalado G. Colás, este obligado acatamiento del vecindario de una ciudad de realengo —como era Huesca en la Edad Moderna— al cumplimiento del monopolio concejil, emparenta su situación con la del señorío: el hombre de realengo con frecuencia se veía obligado a utilizar los monopolios del concejo y a respetar su normativa. Si en cuestión de la tierra no son dos mundos distintos, tampoco lo son en las cuestiones aquí tratadas. G. Colás Latorre, «La historiografía...», p. 93.

43. El concejo oscense, tras pregón público, habría un plazo de ocho días para que los agricultores oscenses avisaran de los campos que pensaban conservar para riciarlos. Tras esta declaración, debía hacerlos tasar para estimar la cuantía de las simientes que quedaban en el campo.

De esta forma, en caso de talas o daños efectuados sobre los mismos, se podía comparar con la situación de partida, pudiendo así evaluar los daños. El tasador era nombrado por las autoridades —Justicia, Prior y Jurados— y debía ser inexcusablemente el mismo que valorase los campos dejados en ricio quien estimase los daños causados. Para que no existiesen dudas de qué campos se acogían al derecho de ricio, el dueño de los mismos debía amojonados estableciendo algún tipo de señal -frecuentemente alguna piedra gruesa-. Si cumplía estas directrices, el agricultor que sufriese algún tipo de daño o desperfecto en sus ricios podía solicitar —tras la baremación correspondiente— se le indemnizase con la tala debida (Ordinaciones..., p. 42). La práctica de riciar —que por otra parte debía ser bastante frecuente— se generalizaba cuando las tormentas de granizo esparcían el grano por el suelo imposibilitando su siega. Esto ocurriría, por ejemplo, en el verano de 1612 (•Ricios», Actas, 20-VII-1612, AMH, ms. 108).

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protección hacia los pobres y necesitados. Por el derecho de rebusco se permitía recoger los frutos caídos u olvidados después de la recolección. En las Ordinaciones de la ciudad se menciona explícitamente a los racimadores de las viñas. Este derecho de rebusco se extendería también a otros frutos. La práctica del espigueo era una variante más, referida en este caso a los cultivos cerealísticos. Una vez levantada la cosecha se permitía a los humildes recoger las espigas que los segadores hubieran dejado en el campo. Las Ordinaciones especifican claramente la necesidad de que se haya levantado previamente la cosecha antes de poder ejercer este derecho comunitario, castigándose en caso contrario: «el que se hallare espigando en heredad agena, que aya carga o cargas, sin licencia de su dueño, incurra en pena de diez sueldos». La misma sanción recaía sobre el que racimare en viña donde no se hubiese acabado de vendimiar".

Esta práctica del rebusco o espigueo, al igual que la propia derrota de mieses, constituía un compromiso entre dos posiciones extremas: la del sistema de explotación de la tierra completamente individual —que la revolución liberal «santificará» con la propiedad privada— y la de un sistema colectivo que se remonta al pasado —que venía siendo reconocido y sancionado por las ordenanzas concejiles desde los tiempos medievales.

Nada se explicita sin embargo en las Ordinaciones sobre otro derecho de aprovechamiento colectivo —de cierta importancia en algunas zonas— como era el llamado «belloteo». El fruto de la encina y del roble era un alimento especial para el ganado e incluso, en determinadas ocasiones, para el hombre". La no inclusión de ninguna normativa en las Ordinaciones de la ciudad regulando tal derecho se fundamenta en el hecho de que la presencia mayoritaria de robles y encinas se situaba en los montes de propios de la ciudad —Pebredo y San Juan, sobre todo— que la ciudad solía arrendar al ganado de las Carnicerías. De esta forma, la ciudad explotaba, por concesión en arrendamiento, las hierbas y pastos, la leña, la bellota e incluso la caza de dichos montes. Así, al estar arrendada la bellota de Pebredo —constituyéndose como un propio más—, los vecinos no podían beneficiarse de la misma hasta que los arrendadores no concluyesen su aprovechamiento. Otros motivos difi-

44. Ordinaciones..., p. 31.

45. Véase, por ejemplo, D. E. Vassberg, Tierra..., pp. 55-57; Ladero Quesada y Galán Parra, Sector agrario..., p. 84.

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cultaban además el rebusco de la bellota por parte de los vecinos. Las quejas de los arrendadores de las carnicerías —que se beneficiaban de los pastos de Pebredo— por los destrozos cometidos al pisar las hierbas los vecinos en busca de la bellota, llevó al concejo a prohibir a principios del siglo XVII la recogida de dicho fruto46.

También eran de aprovechamiento comunal los frutos silvestres, independientemente del lugar en donde crecieran. Las Ordinaciones oscenses solamente aluden explícitamente a las «mielcas», espárragos y «rubias» o «roxas»47. Al referirse a las mismas, la normativa concejil prohíbe su recolección en campo sembrado o en viña bajo pena de diez sueldos.

El «ramoneo», es decir, el corte y recolección de las ramas pequeñas de los árboles para utilizarlas como forraje, era una práctica muy extendida en los montes de España. Sin embargo, el peligro que representaban para la conservación del bosque al mutilar e impedir el normal desarrollo de los árboles, llevó al concejo a decretar su prohibición.

Sólo en contadas ocasiones —tras grandes nevadas— la ciudad permitía su puesta en vigor48.

El aprovechamiento del bosque era de una gran importancia en el mundo moderno. La madera, para fabricar herramientas o para la construcción, y la leña, como combustible básico, tenían una gran demanda. En el caso de Huesca, como quiera que los bosques más importantes de la ciudad se situaban principalmente en los propios de Pebredo, San Juan, Almunia y Torres de Violada, su aprovechamiento vendría regulado en los respectivos contratos de arrendamiento. Tal vez por ello las Ordinaciones no tipifican en ningún artículo su práctica. No obstan-

46. «Pregón de la bellota de Pebredo», 9-X-1600, Actas, AMH, ms. 99.

47. Ordinaciones..., p. 31. Las mielcas eran plantas herbáceas anuales, de la familia de las papilionáceas, de raíz larga y recia, que tenían por fruto una vaina en espiral con simientes amarillas en forma de riñón. Abundaban en los sembrados y constituían un buscado alimento para el ganado. La rubia era una planta vivaz, de la familia de las rubiáceas, con tallo cuadrado, voluble, espinoso y de uno a dos metros de longitud. Sus raíces delgadas, largas y rojizas servían para preparar, una vez secas, una sustancia colorante roja muy usada en tintorería.

48. En ocasiones, eran algunas localidades limítrofes las que solicitaban permiso para ramonear en los montes de la ciudad. Así lo pidió el lugar de Cuarte en febrero de 1692: «suplicaba que para socorro del ganado de dicho lugar y necesidad que padeze por la abundancia de nieve se les dé licencia de entrar a pazer su ganado en el monte de Pebredo o se les dé licencia para cortar ramas de dho. monte, que pagarán por ello todo lo que dixere la ciudad. La ciudad se negó rotundamente a concederles el permiso. («Petición del lugar de Cuarto., 12-11-1692, Actas, AMH, ms. 183, f. 69r). En muchas de las obras citadas anteriormente se encuentran numerosos ejemplos de la existencia de esta práctica de aprovechamiento ganadero.

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te, en determinadas ocasiones, la ciudad tomaba distintas disposiciones respecto al control, cuidado y mantenimiento de dichos montes°.

Avanzado el siglo XVII, y en momentos de extremas dificultades económicas, la venta de leña por parte del concejo se convirtió en una fuente importante de ingresos para la hacienda municipal.

EL REPARTO EN RÉGIMEN DE ALCABALA DE TIERRAS DE PEBREDO. ¿LA RESPUESTA DEL CONCEJO ANTE EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DEL SIGLO

xvi?

Además de bosque y pastos, el monte de Pebredo también reunía una nada despreciable extensión de tierras de cultivo —parte de ellas de regadío—. En 1528 la ciudad las había concedido en régimen de alcabala a los cuatro quartones o barrios de la ciudad: Magdalena, Remián, Montearagón y Alquibla. Dicha concesión de tierras se enmarcaría dentro de los tradicionales repartos de tierras de propios en el Antiguo Régimen, caracterizados por: extremada fragilidad en cuanto a la permanencia de la explotación de las suertes repartidas. Los repartos y abandonos de las suertes, de manera sucesivas y alternantes, nos reflejan ritmos muy próximos a la evolución de la coyuntura demográfica y económica: es en la perspectiva de la expansión de los cultivos o del abandono de tierras marginales como hay que entender la presión o renuncia de los humildes sobre el patrimonio de propios5".

De esta forma, al permitir las autoridades concejiles oscenses la roturación, división y reparto entre los cuatro barrios de la ciudad de una parte de su propio más importante —Pebredo— seguramente estaban respondiendo a la presión de los humildes, intensificada en una coyuntura alcista como la del siglo XVI. La roturación y concesión a los vecinos oscenses de tierras que hasta entonces venían dedicándose a pasto para el ganado de las carnicerías se ciñe plenamente a los modelos explicativos maltusianos que contemplan el movimiento roturador como respuesta lógica a la necesidad de producir más para alimentar a un mayor número de bocas51.

49. Así, en 1660, la ciudad encargó a Daniel Méndez, vecino oscense, la limpia de los montes, con un salario diario de 4 reales (Nominación de personal para la limpia de los montes», 6-XII-1660, Actas, AMH, ms. 154).

50. A. M. Bernal, Haciendas locales..., p. 290.

51. Véase, por ejemplo, P. Kriedte, Feudalismo tardío y capital mercantil. Líneas maestras de la historia económica europea desde el siglo XVI hasta finales del siglo XVIII, Crítica, Barcelona, 1982. En sus obras pioneras y ya clásicas G. Colas y J. A. Salas han relacionado la tendencia estructural al crecimiento del modelo demográfico antiguo con la ley de los rendimientos decrecientes,

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Los montes de Pebredo y San Juan constituirían el área de expansión natural donde convergerían las usurpaciones y las roturaciones ilícitas o clandestinas. Sin embargo, también se darían casos —y éste es un ejemplo bien característico— de roturaciones dirigida por el concejo con toda legalidad52.

según la cual el crecimiento demográfico a partir de cierto límite es un freno al desarrollo económico. G. Colás y J. A. Salas, Aragón bajo los Austrias, Librería General, Zaragoza, 1977, y también, Aragón en el siglo XVI. Alteraciones sociales y conflictos políticos. Dpt° Ha Moderna, U. de Zaragoza, Zaragoza, 1982. Otros autores, como J. Torras, han introducido en su sistema explicativo las tesis de Ester Boserup, quien sostiene que bajo determinadas condiciones el crecimiento demográfico es un estímulo para el desarrollo tecnológico y la productividad. E. Boserup, Las condiciones del desarrollo en la agricultura. La economía del cambio agrario bajo la presión demográfica, Tecnos, Madrid, 1967; J. Torras, «La economía aragonesa en la transición al capitalismo. Un ensayo», en Tres estudios de historia económica de Aragón, Dpt° H° Económica, F. de Ciencias Económicas, U. de Zaragoza, Zaragoza, 1982, pp. 9-32. Torras ha sido uno de los historiadores que con mayor fuerza ha introducido para España, y en concreto para Aragón, el debate en torno a conceptos como «protoindustrialización», «periferización», «economías dependientes», «economía-mundo», de innegables raíces «wallersteinianas». I. Wallerstein, El moderno sistema mundial, 2 vol., Siglo XXI, Madrid, 1984. G. Pérez Sarrión también se ha hecho eco en diversos trabajos de estas interpretaciones. G. Pérez Sarrión, Agua..., y también «Capital comercial catalán y periferización aragonesa en el siglo XVIII. Los Cortadellas y la "Compañía de Aragón"», Pedralbes, n° 4 (1984), pp. 187-232.

Precisamente J. Torras en un artículo más reciente ha revisado el concepto de la «protoindustrialización» y las diversas líneas interpretativas que han surgido. En síntesis, resalta dos vías: la que ejemplificaría Mendels, que proponía distinguir, dentro de lo que denominaba proceso de industrialización, dos fases, caracterizada la primera por la expansión y la intensificación de la actividad industrial rural (la que el consideraría propiamente como protoindustrialización), y la segunda por la concentración fabril y la mecanización de los procesos de trabajo. La otra vía es la que integraría el proceso de la protoindustrialización en la contextualización marxista de la transición al capitalismo; vendría ejemplificada por la obra de Peter Kriedte, Hans Medick y Jürgen Schlumbohm, Industrialización antes de la industrialización, en donde estos autores se propusieron eludir la caracterización de la protoindustrialización» como primera fase del proceso de industrialización, entendiéndola en cambio como «uno de los elementos centrales que caracterizan la segunda fase del período de desintegración del sistema feudal, así como la transición a la formación social del capitalismo» J. Torras Elías, «La "protoindustrialización". Balance de una peripecia historiográfica», Áreas, n° 10 (1989), pp. 82-88. En el mismo número de esta revista destacan dos artículos que actualizan las nuevas problemáticas del debate sobre la crisis del XVII: L. M.° Bilbao, «La crisis del siglo XVII en su lectura económica. Un debate inconcluso», pp. 51-72, y, sobre las relaciones entre agricultura y demografía, M. Morineau, «Agricultura y demografía: evolución de la problemática (con referencia al caso inglés)», pp. 27-37.

52. A. Atienza y E. Serrano constatan la existencia de este tipo de roturaciones legales. A. Atienza y E. Serrano, «La propiedad...», p. 211. Estos mismo autores señalan como en Guipúzcoa (P. Fernández Albaladejo, La crisis del Antiguo Régimen..., pp. 89 y ss.), ha detectado esta misma práctica. Esto no significa que no se diese un movimiento roturador «individualista» por parte de los propios campesinos: J. M. Latorre ha documentado la existencia de roturaciones en tierras de la Hoya de Huesca: Anzano (1544); Alboré, Tormos y Agudos (1575 y 1599), Nisano (1584), Guadasespe (1597) y Yéqueda (1614). J. M. Latorre Ciria, Economía y religión. Las rentas de la Catedral de Huesca y su distribución social (siglos XVI-XVII), Institución Fernando el Católico/ Instituto de Estudios Altoaragoneses, Zaragoza-Huesca, 1992, pp. 75-76; y también «La ciudad en los siglos XVI y XVII: estancamiento y comercialización», en C. Laliena (coord.) Huesca. Historia de una ciudad, Ayuntamiento de Huesca, 1990, pp. 217-243. La cita en p. 224.

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PROPIEDAD COMUNAL Y PRÁCTICAS COMUNITARIAS EN LA HUESCA DE LA MODERNIDAD

Las alcabalas" de Pebredo, como contratos de arrendamientos de tierras, tenían un carácter muy similar a los «treudos de la Caridad» —que luego veremos—, y a ambos vamos a considerarlos como propiedad comunitaria. De hecho, en los libros de cuentas de la Mayordomía vienen en ocasiones computados de forma conjunta.

Un problema que se plantea en general con las alcabalas es saber qué ocurría una vez que finalizaban los 101 años de vigencia del contrato: ¿volvía la propiedad al arrendante si no se había redimido la alcabala? J. M. Latorre se inclina por pensar que así ocurría. De la misma forma se pronunciaba un vecino oscense al debatirse, en el consejo municipal de 5 de mayo de 1622, la finalización de los 101 años de las alcabalas de Pebredo: la ciudad de Huesca y su consejo dieron el monte de Pebredo, los campos del, a ciertos vecinos de la ciudad por cien años, y pasados aquellos, volviese a la ciudad; agora son fenecidos los dhos. cien años. Por tanto, la ciudad vuelva a recuperar dhos. campos de dho. montes'.

Pero este recordatorio del vecino no se quedaba sólo allí. Opinaba además que una vez recuperadas estas tierras por la ciudad debían ser entregadas a nuevo treudo, a razón de 4 ó 6 «quartales» de trigo por cahizada, obteniendo de esta forma la ciudad más de veinte cahíces de trigo anuales de beneficio. Con el importe del mismo, puesto a disposición de la Cambra de la ciudad, se podrían cancelar censales de la deuda municipal. Añadía, también, que con esta medida no se agraviaba a nadie, pues, cumpliéndose el plazo de los 101 años, aquellos beneficiarios que aceptasen pagar el nuevo treudo podrían seguir cultivando sus parcelas. La honda preocupación por la importante deuda municipal que gravitaba sobre la ciudad estaba detrás de todos estos proyectos".

La tarea no estaba exenta de dificultades. En marzo de 1655 las autoridades oscenses todavía estaban trabajando en dilucidar las condiciones de dicha concesión. Rastreando en los libros de Actas de la ciudad,

53. Según J. M. Latorre la alcabala puede definirse •como un contrato de arrendamiento con cláusula de venta por 101 años que se confirma periódicamente y cuya propiedad pasa al arrendatario por una determinada cantidad, revirtiendo en el arrendante en caso de impago. Sobre la propiedad no pueden cargarse nuevos treudos y el arrendatario debe mantener la propiedad pacífica del bien, corriendo a su cargo las mejoras. Suele existir carta de gracia para poder redimir antes de los 101 años» J. M. Latorre, Economía y religión..., p. 100.

54. ,,Proposición sobre las alcabalas de Pebredo•, 5-V-1622, Actas, AMH, ms. 118.

55. Ibídem.

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los munícipes elaboraron un informe pormenorizado cronológicamente. Por él sabemos que el notario Felipe Lizana testificó el 28 de septiembre de 1528 la concesión de los montes de Pebredo y Puyvicién —una parte de las tierras de cultivo existentes que después se integraron en una sola partida, Pebredo— a los cuatro «quartones» de la ciudad en régimen de alcabala, por un precio anual conjunto de 3.500 sueldos. Sobre dichos montes y tierras se constituyó un término gobernado por cuatro procuradores, nombrados uno por cada «quartón», elegidos cada dos arios56.

Para costear los 3.500 sueldos que debía entregar a la ciudad anualmente, dicho término arbitró una doble fórmula: arrendar las hierbas a la Administración de las Carnicerías de la ciudad y repartir una «echa» de 2 sueldos por cahizada entre los que cultivasen tierras en dicho monte. Con lo recaudado por ambas vías se consiguió cumplir con el pago a la ciudad hasta 1559. Pero el 6 de octubre de ese mismo año, las autoridades oscenses intimaron a los labradores de dichos «quartones», en pregón público, a que dejasen de cultivar dichas tierras de Pebredo bajo pena de 500 sueldos, pérdida de las caballerías y tala de lo plantado.

No mucho tiempo después, los procuradores de Alquibla y Remián, en nombre de todos, presentaron una solicitud en el Concello municipal de 15 de abril de 1560. En ella expusieron cómo, habiendo cedido dicho monte a la Administración de las Carnicerías por el mismo precio —3.500 sueldos— que ellos pagaban a la ciudad, dicha Administración lo había rearrendado a su vez por más precio. Por tal motivo, reclamaban se les remunerase la diferencia.

El consejo municipal no accedió a dicha petición, remitiéndoles a lo ordenado en 1559, si bien la ciudad se comprometía a poner a su costa guardas en Pebredo.

Muy pronto se le abrieron a la ciudad nuevas posibilidades de intervención. El día de la extracción general de los «oficios» de la ciudad, el 31 de octubre de 1561, el vicegerente de Prior de Jurados denunció: «que los labradores del monte de Pebredo no abían cumplido con las condiciones de la alcabala y aber andado desordenados y pasados de los límites que debían labrar». Ante esta situación, el consejo municipal

56. •Informe y escrituras sobre las labores de Pebredo», 22-111-1655, Actas, AMH, ms. 149. En él nos basaremos para la narración de este episodio.

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de 2 de noviembre de 1561 nombró doce ciudadanos que, juntamente con las autoridades, conformarían la asignación encargada de resolver este espinoso asunto. Tras estudiar concienzudamente la cuestión, la asignación resolvió el 23 de enero de 1562 rescindir la alcabala, quedando por lo tanto dichos labradores eximidos de pagar los 3.500 sueldos. Pese a todo, la ciudad les permitía seguir cultivando algunas tierras bajo determinadas condiciones; entre otras, que, pasados los 101 años que comenzaron a correr desde el 28 de septiembre de 1528, las tierras volviesen a poder de la ciudad, pudiendo ésta a partir de entonces disponer libremente de las mismas.

Esta misma disposición municipal fue también violada por los cultivadores beneficiarios de estas tierras. En represalia, el 11 de febrero de 1564, la ciudad ordenó prender a todos aquellos labradores que hubiesen cultivado más tierras de las inicialmente señaladas. Tres días más tarde, Martín de Palacio, Jaime de Diago, Martín López maior, Miguel de Marañón, Juan López, Martín Bandrés y Jayme Rey, reconocieron haberse excedido ocupando más tierras de las permitidas por la ciudad en el decreto de 1562 y pusieron las mismas a disposición de la ciudad.

Un siglo después, tras indagar los orígenes, problemática y vicisitudes de la concesión en alcabala de las tierras de Pebredo, en junio de 1655, la ciudad estudiaba la puesta en práctica de un nuevo plan". En él se disponía crear un término llamado Pebredo, asignándoseles las tierras a los mismos que en ese momento venían cultivándolas, «obligándose en comunidad si no pudiere conseguirse cada uno de por sí»58. Las condiciones económicas impuestas a estos labradores eran el pago de 4 sueldos por cahizada de tierra de regadío y 3 sueldos por la de secano. A los que ocuparan por primera vez estas tierras se les aumentaba el precio «pagando su entero precio y valor, a conocimiento del consejo, por cada cahizada». Otras condiciones que debían cumplir todos los beneficiarios de estas tierras eran: -Prohibición de plantar viñas.

-Ser vecino de la ciudad.

57. «Sobre las labores de Pebredo», 21-VI-1655, Actas, AMH, ms. 149.

58. Los sentimientos de comunidad se fortalecían, como en esta ocasión, por necesidades derivadas de la respuesta colectiva ante las urgencias del pago de la renta.E1 papel que a la comunidad le cabe en la negociación de contratos de arrendamientos colectivos ha sido desentrañado para Castilla por diversos autores. Por ejemplo, P. Saavedra, «Señoríos y comunidades...», p. 452; Yun Casalilla, ,,Sobre la transición...», p. 100 y ss.; García Sanz, «Bienes y derechos comunales...».

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-Imposibilidad de acceso a estas tierras a las personas y comunidades eclesiásticas y a las comprendidas en la categoría de «exentas».

-La concesión de esta nueva alcabala se hacía «sin carta de gracia».

-El ganado de las Carnicerías podría entrar en los rastrojos una vez que se levantase la cosecha, cuidando de hacer daño en los cultivos, bajo pena de tala, a pagar por el administrador o arrendador de las mismas.

El tercer requisito exigido refleja la voluntad de los munícipes de excluir del aprovechamiento comunal de estas tierras a los dos estamentos privilegiados de la sociedad: las comunidades eclesiásticas —que en la ponencia posterior veremos como era el grupo que mayor tierra había amortizado— y el grupo comprendido en la categoría de exentos —sector nobiliario—. Cabría imaginar que, puesto que el aprovechamiento de los pastos comunales no habría conseguido satisfacer las expectativas suscitadas en el campesinado oscense —al restringírsele las posibilidades de criar ganado por el sometimiento al monopolio concejil de las carnicerías—, la puesta a sus disposición de tierras municipales revestiría un carácter más popular, permitiendo al sector mas desfavorecido la obtención de unas cosechas suplementarias. De entrada,eso cabía deducir con la exclusión en el reparto de los dos estamentos privilegiados. Mas no adelantemos acontecimientos y sigamos con el examen de las otras condiciones.

Al no conceder a los beneficiarios de estas tierras «carta de gracia» —que les hubiera permitido acceder a la plena propiedad tras el pago de la cantidad correspondiente por la cancelación o redención—, la ciudad se aseguraba la libre disposición sobre las mismas, liberándose de las servidumbres que comportaba el anterior estatuto de las tierras en régimen de alcabala —canon fijo que no podía actualizarse—, pudiendo desde entonces imponer estrategias económicas de explotación más rentables.

Tal vez el concejo pudo maniobrar más fácilmente ante la menor presión social, consecuencia de la fuerte regresión demográfica. En concreto, en la coyuntura más crítica del siglo, apenas tres años después de la peste de 1651-1652, el mayor desastre demográfico de la ciudad, ascendiendo la cifra de muertos en torno a los 1.400, entre un cuarto y un quinto de la población total". Claro está que, por ese mismo razo-

59. J. Maiso González, «La peste de Huesca de 1651-1652•, Estudios del DpV2 de 1-1° Moderna, F. de F. y Letras, Zaragoza, 1975, pp. 141-163, y también, La peste aragonesa de 1648 a 1654, DptQ

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namiento malthusiano, al disminuir la población y descender la demanda de tierras, los campesinos podrían imponer mejores condiciones al concejo. De hecho, difícilmente iba a poder rentabilizar la ciudad la recientemente recuperada plena propiedad de sus tierras en un contexto regresivo.

De cualquier forma, las tierras se irían cultivando con arreglo a las normas reseñadas. Aquellos que se hubiesen tomado más tierras de las que les correspondía debían, a instancia de la ciudad, reconocerlas y «antipocarlas», obligándose a pagar por todas ellas. Otros vecinos accederían por primera vez al cultivo de las mismas en las condiciones descritas60.

A la altura de 1660, las rentas por alcabalas de Pebredo —incluyendo «rezagas— ascendían a 107 libras 8 sueldos 3 dineros. Sin embargo, a fecha de 30 de octubre de 1660, sólo se habían ingresado 20 libras 3 sueldos 6 dineros. Un año más tarde, el 11 de octubre de 1661, lo percibido por las alcabalas de Pebredo era tan sólo de 14 libras 14 sueldos61.

Pasando el tiempo, los retrasos en el pago de estas alcabalas se iban acumulando. Además, resultaba difícil su percepción al desconocerse, en buena medida, las tierras que disfrutaba cada beneficiario. En el consejo municipal de 27 de agosto de 1691 se decidió hacer «cahizaje general» de todas ellas, nombrando para esta tarea a Lorenzo Arbisa, Padre de Huérfanos, y a D. Luis Armella62. Tras su efectiva realización, el 20

de W Moderna, F. de F. y Letras, Zaragoza, 1982, pp.151-154. Véase, también, A. Moreno Almárcegui, «Población y producción agrícola en el norte aragonés (1598-1820)», Congreso de Historia Rural. Siglos XV al XIX, Casa de Velázquez, U. Complutense, Madrid, 1984. Para el conocimiento en general de la población aragonesa en la Modernidad véanse los numerosos trabajos de J. A. Salas, por ejemplo: J. A. Salas Ausens, La población en Barbastro en los siglos XVI y XVII, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1981; del mismo autor «La demografía histórica en Aragón a estudio», Revista de Historia Jerónimo Zurita, n° 57, Zaragoza, 1988; J. A. Salas y E. Jarque, «Evolución demográfica del señorío aragonés en la Edad Moderna (1495-1650), en E. Sarasa y E. Serrano, Señorío y feudalismo..., vol. III, pp. 435-448. También son numerosos los trabajos de G. Pérez Sarrión en los que aborda diversos aspectos de la población aragonesa; así por ejemplo en su obra ya citada Agua, agricultura y sociedad... Interpretación sugerente en la obra citada de Torras: «La economía aragonesa...» Para el caso concreto de Huesca, puede ser de alguna utilidad, J. Inglada Atarés, «El intervencionismo municipal ante las crisis de subsistencias y epidémicas del siglo XVII, según las "Cartas Misivas" de la ciudad de Huesca», Argensola, n° 97 (1984), pp. 57-98.

60. «Sobre las labores de Pebredo», 28-IX-1658, Actas, AMH, ms. 152.

61. «Cuentas de las alcabalas de Pebredo», 11-X-1661, Actas, AMH, ms. 154.

62. «Cuentas de las alcabalas de Pebredo», 27-VIII-1691, f. 166r, Actas, AMH, ms. 182.

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de abril de 1697 se concluyó «que hay quien tiene más tierras de las que les perteneze según dhas. alcabalas y otros no poseen tantas como se les pide»63.

Las tierras de labor de Pebredo que venían explotándose en régimen de alcabala ascendían, según el antiguo cabreo, a 93 cahizadas, repartidas entre el secano —19 cah. 4 fan.— y el regadío —73 cah. 4 fan.—. Si tenemos en cuenta las equivalencias en el sistema de medidas% las 93 cahizadas representaban 53,2 hectáreas de tierra.

El nuevo cahizaje dado a conocer el 20 de abril de 1697 aumentaba en un porcentaje importante —el 34%— la extensión de estas tierras de Pebredo dadas en alcabala. Así, las 93 cahizadas del antiguo cabreo se habían convertido, en realidad, en 140 cahizadas 6 fanegas —80,5 hectáreas—. Este importante cómputo de tierras cultivadas al margen de la fiscalidad municipal —por desconocimiento de las mismas— revelaba la imperiosa necesidad del nuevo cahizaje. La ampliación de las tierras de cultivo había sido mucho mayor en el regadío —55 cah. 6 fan.— que en el secano —2 cah.

Estas diferencias tenían lógicamente su plasmación en las, por otra parte, exiguas rentas percibidas por la ciudad en función del canon o tasa —que tras la nueva revisión era de 3 sueldos por cahizada de regadío y de 2 sueldos por la de secano—. La recaudación teórica ascendía ahora a 21 libras 10 sueldos 3 dineros.

Esta operación de actualización del registro de las tierras en alcabala de Pebredo se enmarcaba dentro de las diferentes estrategias e iniciativas económicas municipales tendentes a mejorar la situación hacendística por medio de un aumento de la productividad de sus recursos.

Se trataba también de acabar con esas listas de retrasos e impagados que de año en año se iban acumulando.

Si analizamos la distribución de estas propiedades, aunque no se trata de grandes cifras, los datos manejados nos hablan de un cierto proceso de concentración de estas explotaciones agrarias, pues de los diez originarios beneficiarios se ha pasado a cuatro. Un dato resulta muy revelador de la ausencia de equidad en dicho reparto. Un solo beneficiario, el Doctor Diego Pérez, representante de ese patriciado urbano —integrado por pequeña nobleza, plebeyos ahidalgados, arrendadores

63. «Alcabalas de Pebredo», 20-W-1697, Actas, AMH, ms. 182.

64. Latorre Ciria, Economía y religión..., p. 16.

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PROPIEDAD COMUNAL Y PRÁC77CAS COMUNITARIAS EN LA HUESCA DE LA MODERNIDAD

de diezmos, médicos, notarios, juristas— que controlaba los órganos del poder municipal y que había participado en el proceso de acumulación de tierras, disfrutaba —según el nuevo cahizaje— de un total de 72 cahizadas 4 fanegas de tierra, el 51,5% del total, de las cuales 62 cah. 6 fan. eran de regadío. En este capítulo de las alcabalas de Pebredo se difuminaba esa imagen de igualitarismo comunitario.

Tras la creación en 1760 de la Contaduría General de Propios y Arbitrios —dependencia del Consejo de Castilla creada para intervenir directamente en las economías municipales— se introducen cambios importantes en la administración local. Las reformas ilustradas de Carlos III pretendían la centralización de las haciendas locales para acelerar la labor de desarrollo y fomento ya iniciada por Felipe V. Consecuencia inmediata de estas reformas fue la creación de las Juntas Locales de Propios, uno de cuyos primeros cometidos fue la confección de una especie de inventario de los bienes de propios de cara a mejorar la administración de los mismos66.

En esa línea, en el consejo municipal oscense de 5 de diciembre de 1766 —el año de los motines— se leyó una representación que había efectuado la Junta Local de Propios al Real Consejo de Castilla «sobre la reintegración de las tierras de Pebredo dadas en Alcabalas». El Real Consejo, antes de disponer sobre el asunto, solicitaba al Corregidor oscense un informe sobre dicho asunto67.

La justificación de los reformistas ilustrados para llevar a cabo la recuperación por parte del concejo de estas tierras sería la escasa ren-

65. Se hacía también aquí realidad el análisis de Domínguez Martín y Lanza García sobre Cantabría, al determinar «la existencia de una compleja y fluctuante red de intereses que beneficiaba a los propietarios absentistas de la tierra y del ganado, los mismos que controlaban el crédito y dictaban la regulación de todo el sistema comunitario». Domínguez Martín y Lanza García, «Propiedad y pequeña explotación...», p. 178. Este mismo fenómeno había sido denunciado para Castilla la Vieja por: P. Saavedra, «Señoríos y comunidades...», García Sanz, Desarrollo y crisis... Del mismo autor, «Bienes y derechos comunales...» y El sector agrario durante el siglo XVII: depresión y reajustes», en La crisis del siglo XVII. La población. La economía. La sociedad, tomo XXIII de la Historia de España Menéndez Pidal, Madrid, 1989; Brumont, Campo y campesinos...; Yun Casalilla, Sobre la transición...; M. Ortega, La lucha por la tierra...; Vassberg, Tierra y sociedad...; Gómez Mendoza, «Las ventas de baldíos...», Cabo Alonso, «El colectivismo...»

66. M. Pérez Búa, Las reformas de Carlos III en el régimen local de España, Madrid, 1919, pp.

29 al final. Citado en J. Guillamón, Las reformas de la Administración local durante el reinado de Carlos III (Un estudio sobre dos reformas administrativas de Carlos III), Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1980, pp. 187-206. También, A. M. Bernal, «Haciendas locales...», pp.

293-297.

67. «Tierras de Pebredo», 5-XII-1766, f. 56v, Actas, AMH, ms. 249.

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tabilidad que proporcionaban al no explotarse adecuadamente. Se quería tener «conocimiento del verdadero valor de los propios y de las obligaciones y cargas a que están afectos», para poder disponer de ellos según la práctica ilustrada de los repartimientos en suertes68.

Los

TREUDOS DE LA CARIDAD. EL PROGRAMA PATERNALISTA

DEL CONCEJO OSCENSE RESPECTO AL CAMPO

Ya quedó aclarado anteriormente el diferente carácter que teóricamente separaba los propios de los comunes: los comunes estaban reservados para el aprovechamiento libre de todos los vecinos, mientras que los propios eran un tipo de propiedad que poseía el concejo como entidad privada y que normalmente arrendaba destinando las rentas obtenidas a cubrir el presupuesto municipal. Pues bien, es precisamente la ausencia de una búsqueda de rentabilidad como objetivo prioritario en la concesión de estos treudos de la Caridad al vecindario, la razón que nos inclina, entre otras, a considerarlos dentro de la propiedad comunal o comunitaria. Todavía más que las alcabalas de Pebredo —desvirtuados sus objetivos iniciales por los intereses oligárquicos—, los llamados treudos de la Caridad respondían a esos programas equitativos del intervencionista municipio oscense en la Edad Moderna, tendentes a proporcionar a los más desfavorecidos tierras comunales en situación ventajosa con el fin último de lograr una mayor cohesión social, desterrando así el espectro de la miseria y de las revueltas. La propia denominación apela a ese carácter de concesión generosa y benéfica, muy en relación con ese talante paternalista y humanitario con que se reviste el concejo en la época moderna. Con la cesión de estos treudos de la Caridad el concejo ponía a disposición del vecindario unas tenencias de tierras en condiciones favorables que le permitían complementar sus casi siempre exiguas explotaciones agrarias.

Detengámonos en la mecánica y condiciones de la donación. Tras el acto público de tributación, el concejo otorgaba a «trehudo perpetuo y drecho emphiteutico» una serie de tierras a cambio del pago anual de una cantidad —en torno al cinco por ciento del valor de la propiedad— y con los cargos de comiso y fadiga. El concejo se reservaba el dominio directo mientras que el vecino adjudicatario del treudo quedaba investido con el dominio útil. En virtud de este dominio tenía derecho

68. M. Pérez Búa, Las reformas de Carlos IIL.., p. 31. Citado en J. Guillamón, Las reformas..., p. 192.

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PROPIEDAD COMUNAL Y PRÁC77CAS COMUNITARIAS EN LA HUESCA DE LA MODERNIDAD

al usufructo de las tierras siempre y cuando cumpliera con las condiciones de tributación suscritas. El beneficiario del dominio útil podía acceder a la plena propiedad cancelando o redimiendo el treudo, en virtud de la carta de gracia reservada a dicho fin en el acto de tributación, dando por la propiedad en razón de veinte por uno69. Además, el campesino treudero y sus legítimos herederos «tengan y posean lo dichos y arriba confrontados campos por suios y como suios propios, para dar, empeñar, vender, permutar y en qualquiere manera agenar y para hacer y disponer de aquellos a sus propias voluntades con cargo y obligación de pagar el dicho treudo y cumplir dichas condiciones tributarias»7°. De esta forma se le posibilitaba al dominio útil la libre disposición sobre la propiedad treudera siempre y cuando cumpliera con las obligaciones tributarias. Una de ellas consistía en que no podía vender el treudo sin obtener antes la correspondiente licencia del señor directo, el concejo oscense. Por la concesión de este permiso, el concejo oscense percibía del vendedor los llamados derechos de fadiga, que significaban una cantidad fija —cinco sueldos—, sin guardar ninguna relación con el valor de la propiedad. Posiblemente, más que la obtención de unos ingresos, por fuerza siempre exiguos, lo que la ciudad pretendía realmente con la imposición de las fadigas era un conocimiento exacto de los poseedores de los treudos en cada momento a fin de evitar que con los cambios de titularidad el concejo oscense llegase a perder el dominio directo de los mismos.

El comiso hace relación a la pérdida de la heredad si no se respetaban los condiciones del contrato de tributación. La primera de ellas, obviamente, era acudir puntualmente al pago del treudo. Sin embargo —y esto lo han comprobado diversos autores en otros trabajos— el retraso en el pago de los treudos es moneda habitual, llegándose a acumular los impagados en los libros de cuentas y sin que por otra parte ello se tradujese en la puesta en práctica de un proceso de ejecución o

69. «Attendido dho. Concello haver concedido carta de gracia a todos los que posehieren bienes sitios tributarios a la presente ciudad, vulgarmente llamados Treudos de la Caridad, para que pudieren luir aquellos dando por la propiedad a razón de a veinte por uno» (AHPH, prot. 1.948, R. Sanclemente, 1703, «Cancelación de treudo», 30-X-1703). Así pues, la cantidad numeraria que había que entregar por la «propiedad» para poder redimir el treudo y acceder a la plena propiedad se hallaba multiplicando por veinte la cuantía anual pagada por dicho treudo. Lógico si tenemos en cuenta que la tributación anual se cifraba en el 5% del valor de la propiedad. Este tipo de interés es el que sería mayoritario también en los contratos censales: tierra y capitales rentarían un interés similar.

70. Diego Vidania, 1682, -Concesión en treudo de unos campos al Doctor Diego Pérez», 16-11-1682, f. 58r, AHPH, prot. 1946.

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confiscación en virtud de la cláusula de comiso. Tampoco se llegaba a ejercitar el derecho de comiso por parte de la ciudad por incumplimientos de otras obligaciones. Por ejemplo, la de «antipocar» los treudos, que en esencia consistía en el deber de los beneficiarios de reconocer la posesión del treudo, con escritura pública, obligándose al pago del canon anual establecido en el contrato de tributación. De esta manera, la ciudad pretendía tener un control exacto de todas sus propiedades treuderas para evitar que con el paso del tiempo y los previsibles cambios en la titularidad de las mismas —por muerte, herencia, donación o venta— se perdiesen. Todas las Ordinaciones municipales del siglo XVII instan y ordenan a las autoridades municipales a que convoquen, mediante pregón público, a todos los beneficiarios de treudos para que en un plazo de tiempo establecido acudan a antipocarlos. De esta forma —y esta era otra causa de confiscación vía comiso— «los que no quisieren venir a otorgar dichas antipocas, dentro del tiempo, que por el Pregón les fuere mandado e intimado, les puedan quitar del todo dichas heredades que tuvieren tributarias a la Caridad y darlas a treudo a otros»'. El antipocar los treudos se llevaría a cabo cada diez años, teniendo para ello plenos poderes los Justicia, Prior y Jurados de la ciudad72. Esta obligación de antipocar cada diez años se reforzaba con la exigencia impuesta al Jurado Tercero, por dichas Ordinaciones, de reconocer y custodiar el libro de los Treudos de la Caridad, cuidando que las fadigas concedidas se asentaran en él73.

Pero independientemente de la negativa a antipocar, había otras infracciones o faltas sancionadas con el comiso. Una aludía a las ampliaciones ilegales de las tierras treuderas74; la otra hacía referencia a las apropiaciones ilegales de tierras treuderas75.

71. Ordinaciones e inseculación de la ciudad de Huesca..., 1615, p. 39.

72. Ordinaciones e inseculación de la ciudad de Huesca..., 1615, pp. 39-40.

73. «Que en cada un año, el Jurado Tercero sea tenido y obligado hasta el quinzeno día del mes de octubre de ver y reconocer el libro de los trehudos de la Charidad, y vea si los que los hazen o los cobran hazen frau; y mande asentar en él las Fadigas que aquel año se huvieren dado, de campos o heredades que se hayan vendido de la Charidad: a saber es quién las ha vendido y quanto trehudo hazen, y las confrontaciones dellas, y los días que dichas fadigas se otorgaron, y el nombre del Notario que las testificó, para que de esta suerte los dichos trehudos se conserven perpetuamente y no se disminuyan ni pierdan. Y si no lo hizieren, los Contadores puedan poner la pena que les pareciere». Ordinaciones e inseculación de la ciudad de Huesca..., 1615, p. 22.

74. «Si algunos hubieren ampliado dichas heredades que fueren tributarias a la Caridad más de cahizada por sueldo, que se las puedan quitar, aumentando o mandándoles pagar más treudo».

Ordinaciones e inseculación de la ciudad de Huesca..., 1615, p. 39.

75. «Y si algunos por su propia authoridad huvieren ocupado tierras de la Caridad, se las puedan quitar y darlas a treudo a quien quisieren». Ordinaciones e inseculación de la ciudad de

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PROPIEDAD COMUNAL Y PRÁCTICAS COMUNITARIAS EN LA HUESCA DE LA MODERNIDAD

Esta picaresca campesina de erosionar el patrimonio municipal era una práctica similar a la continua labor de zapa que G. Colás ha comprobado en el mundo señorial: «la renta e incluso el patrimonio se veían permanentemente erosionados por la defraudación del campesino que llegaba incluso a la apropiación del dominio directo, consolidando, ante la desidia del señor, este dominio con el útil, haciéndose de esta manera con la propiedad plena»". Los paralelismos y concomitancias entre el mundo señorial y el mundo de realengo, en cuanto a los medios de producción, propiedad y relaciones de producción, están siendo cada vez más señaladas, poniendo «de manifiesto la unidad intrínsica de este mundo más allá de la anecdótica división señorío-realengo»77. Estas similitudes son extensibles al comportamiento demográfico'.

Huesca..., 1615, p. 39. De hecho, y gracias al Cabreo de Treudos de la Caridad de 1699, tenemos constancia documental de algunas ocupaciones y ampliaciones fraudulentas de tierras treuderas.

Así, en fecha posterior a 1677, Miguel de Ciria, de Quicena, cultivaba como «intruso» y «sin drecho alguno» tres propiedades treuderas a la ciudad en 2, 3 y 1 sueldos respectivamente (correspondientes a las parcelas n° 84, 86 y 87 del Cabreo). A su vez, este vecino de Quicena y su tío Mosén Dionisio de Ciria habían ampliado a más de 12 cahizadas la propiedad treudera por la que seguían abonando tan sólo 3 sueldos (parcela n° 75 del Cabreo de 1699) (AMH, «Cabreo de Treudos de la Caridad», 1699, s. f.).

76. G. Colás Latorre, «La historiografía...», pp. 51-105. La cita en p. 97. Véase también del mismo autor La bailía de Caspe en los siglos XVI y XVII, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, n° 1979, p. 134, y también, «El régimen señorial en Aragón», Revista de Historia Jerónimo Zurita, 58 (1988), pp. 9-29.

77. G. Colás es el que más certeramente está detectando estas similitudes: «La intrahistoria es la misma. Los medios de producción, su propiedad y las relaciones de producción, la estructura en definitiva, el control ejercido sobre el proceso de producción, el hecho de estar en presencia de una economía intervenida por los concejos en unos casos y por los concejos y los señores en otros; los principios fundamentales que defienden la propiedad de los privilegiados, y la producción artesanal, etc., son sustancialmente los mismos en el señorío y en el realengo. La relación del campesino con la tierra en el señorío no era sustancialmente distinta de la que tenía en el realengo. Tanto en una como en otra parte el campesino trabaja tierras de terceros a cambio de la renta y pertinente. En los dominios del rey sufría igualmente los monopolios del concejo, los diezmos prosla an transformab no éstas pero señoriales pechas las de la fiscalidad real. Sólo se veía libre peridad en subsistencia. Ni el señor es el único explotador ni, se sabe desde hace mucho tiempo, realengo-señorío suponen dos mundos contrapuestos de opulencia-libertad contra miseria-opre sión». G. Colás Latorre, «La historiografía...», p. 76.

78. A nivel demográfico, J. A. Salas y E. Jarque también han detectado comportamientos similares en el señorío y en el realengo: «si a la hora de calcular la evolución global del señorío y realengo de las localidades no afectadas por la expulsión... nos encontramos con una evolución casi idéntica: una tasa de crecimiento anual del orden de 0,18% para el realengo y de 0,15% en el caso del señorío. No serían, por tanto, las diferencias de condición entre señoríos y realengos las que explicaran las divergencias en el comportamiento demográfico seguido por uno y otro. O dicho de otra forma, en Aragón, al igual que ha sugerido Vassberg para Castilla al hablar de la elección entre el realengo y el señorío, la evolución de la población poco o nada tendría que ver con la pertenencia a uno u otro». J. A. Salas y E. Jarque, «Evolución demográfica del señorío aragonés...», p. 448.

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Pero si la rentabilidad de estos treudos era más bien baja, ¿por qué tantas cautelas y desvelos por parte del concejo para su conservación ?

Las razones tal vez deban buscarse en el deseo de mantenimiento del orden social tradicional y en la defensa de su patrimonio. En esenci a, razones de prestigio y autoridad, de las que una institución como el concejo no puede prescindir en el marco de una sociedad feudal sin riesgo de socavar las bases sobre las que se asienta su propio poder.

De hecho, el concejo oscense no se comportaba como algo ajeno al orden social feudal. Es más, como ha señalado P. Ruiz Torres las relaciones jurídico-políticas que conformaban esta especie de pequeño 'estado' no sólo sancionaban el sistema social vigente, sino que intervenían decisivamente garantizando su reproducción e interfiriendo continuamente en la vida económica de su amplio hinterland. Una reproducción que afectaba a la función de conservación del orden social con todos los medios a su alcance (las guarnici ones militares, la creación de milicias provinciales, los 'vecinos honrados', o, en caso de necesidad, la petición al Consejo de ayuda militar para apaciguar disturbios...) pero también a la actividad económica de la que, en definitiva, se nutría".

Otro motivo del celo municipal en la salvaguardia y permanencia de estas propiedades treuderas radicaba en sus obligaciones comunitarias.

Estas obligaciones o preocupaciones paternalistas por el pueblo , impregnadas del humanitarismo cristiano, eran de alguna manera las que le conferían legitimidad para investirse de la autoridad necesa ria para preservar la paz pública e imponer el imperio de la ley municipal.

Pues, como ha señalado Paul Hiltpold, al carecer la ciudad de la justificación teórica de la sociedad nobiliar «basada en el nacimiento, el honor y el plan divino» tenía que proveerse de ella mediante programas paternalistas de actuación en los que, conjugando tradición y ley, obtien ey justifica su lugar en la sociedad Moderna80.

79. P. Ruiz Torres, «La crisis municipal como exponente de la crisis social valenciana a finales del XVIII», en Estudis, n° 3 (1974), pp. 167-197.

80. P. Hiltpold, «Política paternalista y orden social en la Castilla del Renacimiento», C.LH. BROCAR, n° 13 (1987), pp. 129-130. Véase E. Thompson, «La economía moral de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII», y también, «El entramado hereditario: un comentario», ambos artículos formando parte del libro de E. Thompson, Tradición, revuelta y conscien cia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial, Crítica, Barcelona, 1984, pp. 62-134 y 135-172. Sobre el intervencionismo municipal en las actividades agrarias, M.° T. Pérez Picazo, «Le municipe et la regulation de la vie agraire: l'exemple de Murcie (XVI-XIX)», en Congreso de Historia Rural. Siglos XV al XIX, Casa de Velázquez. U. Complutense, Madrid, 1984, pp. 71 y ss.; David-Sven Reher, «Les ciutats i les crisis a l'Espanya moderna», en Estudis d'Historia Agraria, n° 5, Barcelona, 1985, pp. 91114; J. A. Salas, La población de Barbastro... Véanse también nuestros trabajos, J. Inglada, «El intervencionismo municipal ante las crisis de subsistencias...» y también «El intervencionismo municipal en el control, regulación y financiación del regadío oscense en el siglo XVII», en C. Laliena (coord.)

Agua y progreso social. Siete estudios sobre el regadío en Huesca, siglos XII-XX, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 1994, pp. 75-142.

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PROPIEDAD COMUNAL Y PRÁC77CAS COMUNITARIAS EN LA HUESCA DE LA

MODERNIDAD

Y es dentro de estos 'programas paternalistas» donde habría que situar estas concesiones de tierras llamadas treudos de la Caridad.

Cumplían con una función asistencial de ayuda al vecindario oscense, con la redistribución de parcelas de tierras en condiciones ventajosas, y a la vez mantenían toda esa amalgama de rituales, valores y procedimientos de neta raíz feudal —división de dominios, útil y directo; servidumbres de fadiga y comiso— como concesión al orden social tradicional. Podría hablarse incluso de que «la retórica del Ayuntamiento estaba basada en la tradición, mientras la práctica se apoyaba en lo que pudiera ofrecer mejores posibilidades de resolución de un problema específico'''. En este caso, atenuar las dificultades de una buena parte de la población con la adjudicación de tierras.

Eran seguramente estas razones de índole “moral»82 las que explican que, pese a incumplir los campesinos treuderos con buena parte de las obligaciones tributarias —como antes hemos indicado—, no se ejecutaran vía comiso las propiedades. Sin olvidar probablemente las dificultades que en un contexto demográfico regresivo —como el del siglo XVII— tendría el concejo para encontrar sustitutos. Es posible también que, hasta cierto punto, la ciudad fuese rehén de esas «nociones de bien común» férreamente instaladas en las conciencias del pueblo, no atreviéndose por tanto a despojar al campesino de las tierras ante el temor de que estas confiscaciones fuesen consideradas como un atentado a la tradición comunitaria.

El que una práctica —la confiscación— resulte ofensiva para la comunidad no procura en principio razones legales ni motivos determinantes para que se suspenda. No existían restricciones legales algunas que impidiesen al concejo expulsar al campesino que no pagase y arrendar la propiedad treudera más provechosamene. El que, pese a todo, estas medidas no se llevasen a cabo indica que las autoridades oscenses respetaban un cierto consenso de la comunidad en orden a

81. P. Hiltpold, •Política paternalista...•, p. 139. aciones de 82. Estas explicaciones son deudoras, en muy buena medida, de las argument definido este comE. Thompson, «La economía moral de la multitud...», que es quien mejor ha portamiento social. o (limí83. La Encomienda del Temple de Huesca tuvo que conceder en su lugar de Pompenill posibilitaque dominio, del ión perpetuac la ellas, —entre ventajas de serie trofe a la ciudad) una las relaciones ba la cesión hereditaria— para atraer a nuevos pobladores. J. Inglada Atarés, «Sobre de Historia Revista XVII•, siglo del mediados a (Huesca), lo Pompenil en feudales n de producció 161-193.

Jerónimo Zurita, n° 56 (1987), pp.

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considerar estas tierras como un servicio público asistencial, no debiendo por tanto ser gravadas con cargas adicionales, ni mucho menos ser concedidas en libre arriendo en pro de una mayor rentabilidad. A su vez, este sentir popular encontraba eco en la tradición paternalista de las autoridades municipales, sobre todo en los momentos más críticos del siglo XVII. En el caso concreto de Huesca, esta actitud nacía más bien del respeto de las autoridades a la propia naturaleza de estas tierras —comunitarias— que del temor a altercados o rebeliones como consecuencia del atropello a estos supuestos morales —de hecho, no hemos detectado ningún conflicto grave por este motivo—S4. Sin olvidar que en un siglo de crisis y estancamiento como el XVII, la acumulación de treudos impagados tal vez se explique por la mala situación económica de los beneficiarios. Aun cuando su moderada cuantía no los hacía especialmente sangrantes, sobre todo si tenemos en cuenta otros gravámenes —diezmos y primicias, sisas, repartimientos de los servicios al rey— más onerosos. O tal vez tenga también que ver con una costumbre ancestral de impago por parte del campesinado de aquellas imposiciones que con el paso del tiempo habían perdido parte de su carácter inicial".

Pues bien, esta política «caritativa» municipal de reparto de tierras comunales secundaba y complementaba la que se ejercía desde las instancias eclesiásticas. Como ha señalado J. M. Latorre «en un mundo en el que no existía el subsidio de desempleo, la caridad y los donativos canalizados en buena medida a través de la Iglesia tratan de paliar la miseria," Al actuar así, ambas instituciones —a las que ocasionalmente podía sumarse la nobleza— lo que pretendían también era evitar situaciones de hambrunas que pudieran derivar en la eclosión de epidemias contagiosas, de las que nadie podía estar seguro de librarse en la Edad

84. Por otra parte, el pueblo, ante los momentos más críticos, suele adoptar una actitud más de resignación que de rebeldía, sobre todo ante el azote de las grandes epidemias. Otro caso será ante las crisis de subsistencias. Como ha señalado David-Sven Reher, «aquests moments de sofriment intens per a la gran majoria del populatxo tendeixen a provocar una actitud passiva de prostració més que qualsevol mena d'ira o rebellia. Aixó és certament més així en el cas de les epidémies, en que l'enemic és invisible i no hi ha cap individu o grup possible a qui puguin carregarse fácilment les culpes. La protesta és més frequent en el cas de les crisis de subsisténcies en qué els acaparadora són tinguts per responsables, encara que ells també tendeixen a mesclar-se en la societat i no poden ésser fácilment acusats». David-Sven Reher, «Les ciutats i les crisis...», p. 113.

85. Éste es un hecho resaltado en multitud de ocasiones por G. Colás Latorre, La bailía de Caspe...

86. J. M. Latorre Ciria, Economía y religión..., p. 201.

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PROPIEDAD COMUNAL Y PRÁC77CAS COMUNITARIAS EN LA HUESCA DE LA MODERNIDAD

Moderna. Se trataba también, lógicamente, de desactivar cualquier posible contestación o revuelta y alcanzar la paz social —logrando un cierto grado de equilibrio y consenso—, situación idónea para que los estamentos privilegiados pudieran ejercer su dominio social y económico".

Esta política hasta cierto punto filantrópica y humanitaria se plasmaría todavía más en otras áreas de la actuación municipal —pósitos y abastos; ayuda económica, asistencial y sanitaria a los desfavorecidos en las crisis de subsistencias y epidémicas—. Todo ello sin rebasar nunca los límites impuestos por el orden económico y social existente. Un orden tradicional que weía en la pobreza un estado asignado providencialmente para el ejercicio de virtudes de resignación, humildad, etc., en quien la sufre; de compasión, caridad, humildad...., en quien la contempla, sin que en ningún caso se tratara de eliminarla, porque sería suprimir un eficaz recurso de edificación moral».

Volvamos a la realidad concreta de la Huesca moderna y a la problemática de estas propiedades treuderas. En primer lugar, hay que advertir que las Ordinaciones oscenses no precisan la forma de acceso a estas heredades tributarias a la Caridad, limitándose a regular la situación de facto, con la mencionada invocación a los beneficiarios a que cumpliesen con la obligación de registrarlas —antipocarlas,— ante el concejo. A diferencia de ciertas zonas de Castilla, quedaba vetada sin embargo la libre elección de las parcelas por parte de los vecinos: 'y si algunos por su propria authoridad huvieren ocupado tierras de la

87. Pese al antagonismo existente en la sociedad feudal —y el mundo del realengo no escapaba a estas consideraciones— entre privilegiados y estado llano, existiría una propensión al acuerdo y al equilibrio por parte de todos. Como ha manifestado E. P. Thompson »el motín era una calamidad social que debía evitarse a cualquier coste. Podía consistir éste en lograr un término medio entre un precio 'económico' muy alto en el mercado y un precio 'moral' tradicional determinado por la multitud. Este término podía alcanzarse por la intervención de los paternalistas, por la automoderación de agricultores y comerciantes o conquistando una parte de la multitud por medio de la caridad y los subsidios». E. Thompson, «La economía moral de la multitud...», p. 121.

En realidad, el conflicto surgía cuando se rompía el tenso equilibrio aceptado por ambas partes: «el antagonismo básico entre terratenientes y campesinos era un elemento permanente en la situación. Esto, empero, no excluía el establecimiento de un equilibrio aceptado entre ambas partes.

Los movimientos campesinos, pues, sucedían no porque hubiera un permanente antagonismo (aunque sin éste, por supuesto, no hubieran tenido razón de ser), sino porque se rompia este dificil equilibrio». R. Hilton, «Sociedad campesina, movimientos campesinos y feudalismo en la Europa Medieval», en H. A. Landsberger (ed.), Rebelión campesina y cambio social, Crítica, Barcelona, 1976, p. 112.

88. J. A. Maravall, «Estado moderno y mentalidad social (siglos XV al XVII)», 2 vol., Revista de Occidente (1972), pp. 239-240. Citado en Latorre, Economía y religión..., pp. 201-202.

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Caridad, se las puedan quitar y darlas a treudo a quien quisiereno9 Cabe imaginar que estas parcelas se repartirían a todos los vecinos del lugar, manteniendo unas cotas de imparcialidad que posibilitara, al menos, la igualdad de oportunidades de acceso tanto al rico como al pobre. De hecho, de un somero examen del Cabreo de 1699 se deduce que todos los sectores sociales estaban igualmente representados en calidad de beneficiarios de estos treudos: desde la pequeña nobleza residente en Huesca —D. Juan de Torrellas,Conde de Torresecas— hasta la oligarquía ciudadana de los hidalgos e infanzones que se reparten los mejores cargos municipales —D. Vicencio Nicolás de Salinas, D. Nicolás de Olzina, Juan Francisco Dex—, pasando por un amplio muestrario de artesanos, médicos, canteros, mercaderes, pintores, sombrereros, cuberos y muchos labradores9°. Es de destacar, asimismo, la importante presencia de las viudas, hecho ya resaltado para otras zonas por otros autores. También se observa la acumulación de varias propiedades treuderas por parte de algunos titulares, sin que podamos responder todavía si dicha concentración obedece a la existencia de prácticas de favoritismo en razón de la condición socioeconómica en el momento de la adjudicación o bien se debe a un proceso posterior de sucesivas incorporaciones a partir de las parcelas abandonadas por los primigenios beneficiarios.

Una limitación de este Cabreo nos impide hacer mayores valoraciones: no vienen registradas las extensiones. Solamente se indica la partida o término donde se encuentra la parcela, el canon pagado en concepto de treudo" y, en muchas ocasiones, el tipo de heredad cultivada —campo, viña, heredad con olivos, tiras, plantero, soto—. También se indica en el Cabreo los nombres del primer y último beneficiario así como las fechas en que fueron registrados o antipocados dichos treu-

89. Ordinaciones e inseculación de la ciudad de Huesca... 1615, p. 39. David E. Vassberg analiza en Castilla el acceso a la propiedad comunal D. E. Vassberg, Tierra y sociedad..., pp. 51-54.

90. Por el momento resulta imposible llevar a cabo un análisis sociológico completo que exigiría rastrear, en una ímproba labor en protocolos notariales, la condición social y profesional de los propietarios treuderos, dado que el Cabreo sólo esporádicamente lo indica.

91. Desconocemos si existía una relación directa entre la extensión y la calidad de las parcelas y la cuantía del treudo. En la bailía de Caspe, G. Colás ha mostrado que en las parcelas treuderas, a la hora de fijar el censo ,intervenían multitud de factores ajenos a la calidad y extensión de las heredades. De hecho, ha señalado que propiedades con la misma superficie y calidad semejante pagaban distintos censos con diferencias en algunos casos muy importantes. Si bien hay que recordar que se trataba de una villa de señorío perteneciente a la Religión de San Juan, que obtenía sus rentas de la explotación de sus tierras concedidas, bajo distintas condiciones y tributaciones, a sus vasallos cristianos y moriscos. G. Colás Latorre, La bailía de Caspe...

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PROPIEDAD COMUNAL Y PRÁCTICAS COMUNITARIAS EN LA HUESCA DE LA MODERNIDAD

dos y las demás resoluciones —fadigas, ventas, renuncias— que jalonan su historia.

Estos treudos de la Caridad consistían en 116 propiedades comunales —de desigual tamaño— distribuidas por todo el término municipal de la ciudad y que le generaban al concejo, teóricamente, unos ingresos de 29 libras jaquesas 11 sueldos 2 dineros. Estos haberes raramente vienen computados de forma independiente en los libros de cuentas del mayordomo. Lo más frecuente es que aparezcan mezclados conjuntamente con otros treudos sobre casas, licencias de obras, licencias de salidas de vehículos, alcabalas, otros censos y una retahíla de retrasos e impagados.

Los datos recogidos en el Cabreo son una instantánea de la situación de las propiedades treuderas en un momento dado, 1699, extendiéndose la actualización de la información unos cuantos años más.

Claro está que estas propiedades no eran necesariamente las mismas que a comienzos de siglo. A lo largo del mismo las transformaciones operadas en este patrimonio comunal serían numerosas. Así, al ejercer muchos beneficiarios el derecho que la ciudad les reconocía de poder cancelar o redimir estos treudos —entregando por la propiedad en razón de veinte por uno—, muchas de las originarias propiedades treuderas del concejo pasarían a propiedad particular de los mismos. Esto implicaría que en el curso del tiempo el cómputo global de tierras treuderas que la ciudad ofertaba a sus vecinos desminuyera. La existencia todavía en 1699 de un número importante de propiedades —116 fincas— nos induce a pensar que tal vez la ciudad fue dotando con nuevas tierras el caudal de heredades susceptibles de ser explotadas bajo este régimen treudero. Cabría hacer algún tipo de estimacion del número de fincas en función de lo ingresado por el concejo en concepto de estos treudos a lo largo del tiempo.

Podríamos incluso aventurar —no sin cierto riesgo— que la responsabilidad de los cambios operados en el cómputo de estas heredades treuderas debía recaer en gran parte en el acceso a la propiedad por parte de los beneficiarios del dominio útil al incorporarse también el directo por medio de las cancelaciones92.

92. Claro está que dada la variabilidad de la cuantía de estos treudos y la dudosa fiabilidad de que las partidas ingresadas por el concejo correspondan únicamente a estos treudos de la Caridad, la certeza de estas averiguaciones deja mucho que desear. Pues bien, en el ejercicio correspondiente a 1588 se ingresaron en concepto de treudos de la Caridad la suma de 63 libras 104

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De cualquier forma, y pese al interés que desde diferentes sectores sociales se suscitaría por el disfrute de estas tierras, la ausencia de noticias referentes a conflictos por usurpaciones —más allá de algún pequeño incidente— o pugnas por el control de las mismas, revela el éxito del concejo en el sistema de protección establecido para la defensa y mantenimiento de su patrimonio. Probablemente, en determinadas coyunturas adversas, el concejo pudo favorecer y alentar el acceso al dominio directo de los cultivadores treuderos en la medida que le posibilitaba la obtención de ingresos en función de las cancelaciones.

LA VENTA DE PARDINAS DE CASTEJÓN Y BECHA Y EL MONTE DE LA ALMUNIA. LA ENAJENACIÓN DE PROPIOS COMO CONSECUENCIA DEL ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL OCASIONADO POR LA GUERRA DE SUCESIÓN

Ya comentamos en la introducción que el estudio concreto de los propios no iba a ser objeto de análisis en el curso de este estudio. Sin embargo, dada la repercusión que tendría en toda la comunidad oscense, no podemos menos que señalar un acontecimiento básico en el devenir de la hacienda concejil: la disminución o pérdida de parte del patrimonio de propios en torno a la primera década del siglo XVIII".

En algunas zonas de España fue la presión del poder central sobre las haciendas locales —que les llevaría a un endeudamiento galopante—, combinado con una mala gestión de los munícipes, la presión y

18 sueldos 7 dineros. Once años más tarde, lo ingresado por el mismo concepto había ascendido a 81/13/4. En 1602, había descendido a 75 libras. A mediados de siglo, la cuantía de lo recaudado había descendido a menos de la mitad, 33/4/-. Posteriormente resulta muy difícil diferenciar las imposiciones provenientes de los treudos de la Caridad al computarse conjuntamente con otras rentas, censos y alcabalas. Gracias al Cabreo sabemos que en 1599 lo ingresado ascendía a 29/11/2.

Con arrego a estos datos, y con todas las objeciones apuntadas, podría decirse que acorde con esta disminución de lo recaudado a lo largo del siglo —en 1699 se habría recaudado un 60% menos que en 1602— las propiedades treuderas se habrían reducido en esa misma proporción. La explicación de esta hipotética reducción debería imputarse a las cancelaciones. Ni las confiscaciones vía comiso —prácticamente inexistentes— ni las renuncias —muy escasas— implicaban una merma o disminución de las propiedades. Es más, en el caso de haber renuncias, el concejo podíá disponer de esas tierras que quedaban libres para una nueva concesión. Por otra parte, las aprehensiones a instancia de algún vecino o institución, las ventas y las transmisiones por herencia podían alterar la distribución social de la propiedad —cambio de beneficiarios— pero no modificaban el número de parcelas ni lógicamente la extensión de las mismas.

93. Durante el siglo XVII, las propiedades rústicas del concejo consideradas como propios eran: los montes de Pebredo, San Juan y Torres de Violada —colindantes entre sí y dentro del término municipal oscense—; las pardinas de Castejón de Becha y Siest —en las proximidades del lugar de Esquedas, a unos 14 km de la capital— y el monte de la Almunia —muy próximo al lugar de Apiés, lugar de señorío de la ciudad situado en las proximidades—.

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abuso de los poderosos y en menor medida la presión de los humildes, las causantes de la pérdida del patrimonio de propios94.

En el caso de Huesca, fue como consecuencia de la guerra de Sucesión cuando la debilitada hacienda concejil se ve impelida a enajenar parte de sus propios. El alto grado de endeudamiento arrastrado a duras penas desde los siglos anteriores hizo que una agudización de la situación financiera —derivada de los innumerables gastos de la guerra y de la pérdida o disminución de sus fuentes de ingresos como resultado del desquiciamiento general de la economía ciudadana— precipitara la crisis. El concejo se vio obligado a poner a la venta sus propios de Castejón de Becha y Siest, el monte de la Almunia e, incluso, su pequeño lugar de señorío, Apiés95. Este último, sin embargo, no sería ejecutado y siguió en manos de la ciudad96.

Ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos como consecuencia de los desastres bélicos y los cuantiosos gastos derivados del alojamiento de soldados, provisión de armamentos y víveres, sin olvidar las exacciones fiscales del gobierno central, la Junta de Asignados oscense resolvió, el 26 de enero de 1707, proceder a la venta del monte de la Almunia, con todos los derechos y jurisdicciones, por un precio de 812 libras jaquecas. Asimismo, al comprador se le cargarían dos censales de 1.000 libras de propiedad —con 50 libras de pensión— cada uno, consignándosele, para seguridad del cobro, el precio del arrendamiento del monte de Castejón de Becha y Siest. El importe de la venta del monte de la Almunia y las 2.000 libras provenientes del cargamiento de los dos censales se emplearía en servicio de su Majestad para el socorro de las milicias que la ciudad sustentaba en las montañas'". Dos

94. Para el caso de Andalucía occidental, A. M. Bernal ha elaborado una tipología en la que establece las causas y procedimientos por las que los municipios perdieron parte de su patrimonio( entre 1570 y 1760), distinguiendo cuatro categorías: a) pérdida por el peso de los gravámenes del poder central sobre los municipios; b)pérdida por el endeudamiento municipal a causa de desacertadas gestiones económicas: la presión de los censatarios; e) pérdida por la presión y abusos de los poderosos; d) pérdida por reparto y cesiones a censos: la presión de los humildes. A. M. Bernal, »Haciendas locales...», pp. 288-291).

95. «Medidas para la luición de censos. Venta de Apiés, Castejón de Becha y Siest y la Almunia•, 22-X-1700, Actas, AMH, ms. 190.

96. Sobre el lugar de señorío de la ciudad —Apiés y Lienas— puede verse nuestra Memoria de Licenciatura titulada Estudio de la estructura socioeconómica de Huesca y su comarca en el siglo XVII, leída en la F. de F. y Letras de Zaragoza, en septiembre de 1985. Inédita. Esta misma problemática está siendo estudiada en nuestra tesis doctoral en curso de preparación.

97. ,Venta del monte de la Almunia», 26-1-1707, Actas, AMH, ms. 196.

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días más tarde del anuncio de la puesta en venta, fue aprobado en concejo la venta de dicho monte, así como el cargamiento de las 2.000 libras, a favor del presbítero D. Antonio Santiago, residente en Huesca98.

Justamente dos años después serían las pardinas de Castejón de Becha y Siest las que seguirían la misma suerte. El 11 de enero de 1709, los compradores Pedro Coleta y Phelipe Sádaba, vecinos oscenses, requirieron a la ciudad la comprobación de los títulos de propiedad de dichas pardinas, comprometiéndose a facilitar, en adelanto y en parte de pago, 1.200 escudos. Acuciada la ciudad por los terribles gastos del alojamiento de la tropa, solicitó en esa misma fecha la licencia de venta al rey99 . Pero, ante las dilaciones y retrasos en la obtención del permiso real, la ciudad se vio forzada a continuar recabando continuas sumas de dinero como anticipo del precio de la venta de las pardinas".

Posteriormente a 1709 ya no hay noticias documentales de ningún adelanto de dinero a cuenta de las pardinas, lo que nos hace creer que se había completado ya el precio de venta y que los compradores disfrutaban de las mismas como legítimos propietarios. Sin embargo, éstos todavía prestaron, en abril de 1712, 500 libras para la paga de la contribución de los «quarteles», por no haberse podido recaudar nada de los vecinos por su extrema pobreza. No obstante, este último préstamo no sería ya a cuenta del precio de las pardinas: D. Pedro Coleta se resarciría con el producto de la nieve".

Los

REPARTIMIENTOS DE TIERRAS EN SUERTES EN LA HUESCA DEL SIGLO XVIII.

EL FRACASO DE LA VÍA REFORMISTA ILUSTRADA

Casi inmediatamente después de haber subido al trono Carlos III en 1759, el gobierno empezó a intervenir directamente en la agricultura.

Así, apenas fue creada la Contaduría General de Propios y Arbitrios en 1760 —puesta bajo la dependencia directa del Consejo de Castilla—, un año más tarde se dictaron las primeras disposiciones ordenando y regu-

98. «Venta del monte de la Almunia», 28-1-1707, Actas, AMH, ms. 196.

98. »Venta de Castejón de Becha y Siest», 11-1-1709, ff. 8r-8v, Actas, AMH, ms. 199.

100. «Sobre la venta de Castejón de Becha y Siest», 25-1-1709, ff. 10v-14r; 28-1-1709, ff. 15r-16v; 20-11-1709; 1-111-1709, f. 28v, Actas, AMH, ms. 199.

101. «Préstamo de D. Pedro Coleta», 26-IV-1712, Actas, AMH, ms. 202.

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lando el reparto de tierras concejiles; disposiciones que, como ahora veremos, se reiteraron en 1766, 1767 y 1768102.

Como ya hemos dicho al hablar de las alcabalas de Pebredo, las Juntas Locales de Propios —institución creada al igual que la Contaduría General en esta reforma carlotercerina— se vieron obligadas a confeccionar una suerte de inventario de los bienes de propios de cara a las posteriores reformas o transformaciones de las tierras'''.

Las acciones más enérgicas en el campo de las reformas y transformaciones agrarias tendrían lugar tras los graves motines de 1766, que abrieron los ojos de Carlos III sobre la necesidad de incrementar la producción de alimentos con el fomento del cultivo del trigo en evitación de nuevas carestías. Rápidamente, el Consejo de Castilla, con Aranda de presidente y Campomanes de fiscal, ordenó la extensión al resto de Extremadura de las medidas de reparto de tierras de propios que el intendente de Badajoz había efectuado en abril de 1766 «en consideración a la notable decadencia que padece la labranza en estos Reynos, y a ser conforme a la natural justicia el que se repartan entre todos los vecinos de los pueblos sus tierras baldías y concejiles, por el derecho que cada uno tiene de ser arrendatario de ellas, además de la preferencia que dicta la equidad a favor de los braceros y pegujaleros que carecen de tierras propias»1".

102. Esta Contaduría General de Propios y Arbitrios, juntamente con los intendentes, vigilaría las haciendas municipales. Cárdenas, Ensayo sobre la historia de la propiedad territorial... Citado en Bernal, «Haciendas locales....., p. 187. Para conocer en detalle las distintas reformas de los propios y arbitrios de los pueblos, la creación de la Contaduría General de Propios y Arbitrios, la intervención de los diputados en la gestión de todo lo concerniente a propios y arbitrios y otras medidas llevadas a cabo en la administración local durante el reinado de Carlos III, véase J. Guillamón, Las reformas de la administración...

103. Estas Juntas de Propios y Arbitrios estarán presididas por el superintendente —corregidor, alcalde o persona más digna—, integrándolas además dos regidores, un contador y un depositario. A partir del 12 de diciembre de 1767, por circular del Consejo de Castilla, se declaró que los diputados del común «debían tener asistencia y voto absoluto en la Junta de Propios y Arbitrios, en todos los asuntos de gobierno, administración y distribución de dichos efectos, a lo que podríamos añadir también el aspecto más interesante referente a la recaudación, del mismo modo y con la propia extensión y calidades que se conceden para el punto de abastos por el capítulo V del Auto acordado de 5 de mayo. J. Guillamón, Las reformas de la administración..., p. 198. Este autor cita la Novísima Recopilación de las leyes de España mandada hacer por el rey don Carlos IV, en Madrid, 1805, libro VII, título XVIII, ley I, nota 1.

104. Citado por Joaquín Costa en Colectivismo agrario en España, Madrid, 1898 (hemos consultado la selección de la obra de este autor incluida en Oligarquía y caciquismo. Colectivismo agrario y otros escritos, Alianza Editorial, Madrid, 1973), p. 120.

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Instrucciones similares se enviaron a Andalucía en 1767. Poco tiempo después, todos los pueblos de España recibieron la orden de cercar y repartir todas las tierras de propios aún baldías105 .

Las noticias de estas actuaciones reformistas del gobierno ilustrado llegaron a conocimiento de los munícipes oscenses que pasaron a debatirlas. Así, la Pragmática Sanción de Carlos III por la que se procedía al «extrañamiento de estos Reynos a los Regulares de la Compañía, ocupación de sus temporalidades y prohibición de su restablecimiento en tiempo alguno», puesta en ejecución en abril de 1767 por el Conde de Aranda, fue tratada en el ayuntamiento oscense con posterioridad, siendo recogida en sus actas". Luego, en los ayuntamientos celebrados el 18 y 25 de septiembre, se leyeron dos Reales Ordenanzas sobre las medidas de colonización de Sierra Morenaw. En la reunión consistorial de 29 de enero de 1768 se notificó la recepción de la Real Provisión, de fecha 12 de enero de 1768, «para el repartimiento de las tierras de Propios y concejiles de todos los pueblos del Reino»'".

Pero sería en abril de 1768 cuando el corregidor oscense expuso ante el ayuntamiento la necesidad de poner en ejecución las disposiciones recibidas en la Real Orden «sobre las tierras propias, concejiles y baldías». A fin de proceder al reparto de las mismas, se decidió nombrar unos peritos. Mas, la puesta en práctica de este programa reformista de reparto de tierras iba a encontrar dificultades'".

El panorama parecía despejarse y el 2 de septiembre de 1768 se leyó una carta del intendente, con fecha 4 de julio, en la que se disponía «que las tierras de propios se repartan por suertes entre los vezinos»11°.

105. A. M. Bernal, ,Eaciendas locales...», p. 296.

106. «Pragmática Sanción...», ff. 91r-91v y 101r-106v, Actas, AMH, ms. 250.

107. «Colonización de Sierra Morena», 18-IX-1767 y 25-IX-1767, ff. 45r-47r, Actas, AMH, ms.

250. En 1767 una Cédula Real, redactada por Campomanes, daba instrucciones para crear colonias en regiones despobladas del patrimonio real situadas en Sierra Morena y también entre Córdoba y Sevilla.

108. «Repartimiento de tierras de propios y concejiles», 29-1-1768, Actas, AMH, ms. 250.

109. En el ayuntamiento de 13 de mayo de 1768 se leyó una carta del Consejo de Castilla, dirigida al señor corregidor, en la que se incluía una Real Provisión de su Magestad «en que se declaran varias dudas que han ocurrido en la execución de las expedidas sobre el repartimiento de tierras concejiles. «Propios y baldíos', 15-IV-1768, y también, «Repartimiento de tierras concejiles», 13-V-1768, Actas, AMH, ms. 251.

110. En ese mismo ayuntamiento se informó también de una circular impresa, enviada por D. Manuel Becerra, señor Vizconde de Balloria, dada en Madrid el 4 de julio de 1768, en donde

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Los trabajos preparatorios necesarios para el reparto continuaban. A comienzos de enero de 1769 se decide que el monte de San Juan —propio de la ciudad colindante con Pebredo— no era susceptible de reparto «por no ser de esa Naturaleza"'. Otra de las condiciones con las que había que contar antes de efectuar el reparto consistía en «que no se despoje a los labradores de tierras arrendadas, en perjuicio de la labranza que le acompañaba'''.

En el curso de estos trabajos previos al reparto, el Consejo de Castilla solicitaba información acerca del número de despoblados existentes, indicativo tal vez de que se estaba muy lejos de una situación de mundo llenol".

Al mismo tiempo que se operaba de cara al reparto de las tierras de Propios, se procedía a nombrar —de acuerdo con la Real Cédula de 27 de marzo de 1769— a la Junta provincial encargada de sacar a la venta los bienes ocupados a la Compañía de Jesús'. Desconocemos si tal operación tuvo lugar por cuanto las actas municipales nada dicen posteriormente al respecto15.

se exponían algunas matizaciones acerca del reparto de las tierras de propios por suertes que debían comunicarse en bando a todos los pueblos: «que se excluyan los gastos de las senaras (= tierras concejiles), que por falta de propios o por no ser suficientes sus productos a cubrir sus cargas y obligaciones de Justicia, o por otros motivos, se hacían por concejadas... que unas y otras se repartan entre los vecinos a quienes toque el canon o pensión anual equivalente a los Propios, con la misma aplicación que tenían los productos de las senaras». En esa misma circular se recordaban las Reales Provisiones expedidas sobre el reparto de tierras de Propios en suertes entre los vecinos, correspondientes a las fechas de 2 de mayo de 1766, 12 de junio y 29 de noviembre de 1767 y 11 de abril de 1768. «Bando sobre el reparto de Propios», 2-IX-1768, Actas, AMH, ms. 251.

111. »Reparto de Propios», 7-1-1769, Actas, AMH, ms. 252. El ayuntamiento de 3 de marzo de 1769 ratificó esta exclusión. «Reparto de tierras, 3-IV-1769, Actas, AMH, ms. 252.

112. Evidentemente, no se quería poner en peligro la cosecha de granos de la que disfrutaban en arriendo estas tierras porque eso suponía aumentar las dificultades del abastecimiento de trigo, causa esencial de todo el programa. «Arrendadores de tierras», 9-IV-1769, Actas, AMH, ms. 252.

113. Acorde con la revisión sobre el tema de la población esbozada por Torras, «La economía aragonesa...». O tal vez se trataba de una circular enviada por igual a todos los lugares de España, independientemente de que existiesen o no despoblados en la zona de destino. «Despoblados», 9-IV-1769, Actas, AMH, ms. 252.

114. «Sobre la venta de bienes de la Compañía de Jesús», 28-IV-1769, Actas, AMH, ms. 252.

115. En Zaragoza si se liaría efectiva dicha venta con arreglo del Real Decreto de 27 de febrero de 1767 y la Pragmática de 2 de abril del mismo año. El monto de las tierras vendidas ascendió a 116,81 hectáreas de tierra cultivada. A. Peiró Arroyo, Regadío, transformaciones económicas y capitalismo. La tierra en Zaragoza. 1766-1849, Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1988, pp. 191-193.

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Pese a las buenas intenciones del gobierno ilustrado con este programa de repartimientos en suertes de las tierras de propios —con claro ribetes de un populismo paternalista—, la realidad es que los logros fueron más bien decepcionantes"6. Parece ser que sólo en determinadas regiones de España —Extremadura, Andalucía y La Mancha— adquirió cierto relieve"7.

LA PROTECCIÓN DEL SISTEMA COMUNITARIO. MECANISMOS DE RESISTENCIA DE LA COMUNIDAD FRENTE A LAS FUERZAS QUE IMPULSAN LA DIFERENCIACIÓN SOCIAL

Defensa del patrimonio comunal y de las prácticas comunitarias: las Ordinaciones Los diversos y frecuentes ataques que sufriría el sistema comunitario llevó al concejo oscense a adoptar una serie de normas que regularon su uso y defendieron su permanencia. Esta ofensiva afectaría por igual a lo que se ha venido en denominar propios y comunes. Aun cuando ya se ha advertido en líneas anteriores que los resultados de esta presión serían prácticamente nulos —debido en buena parte al éxito de este sistema de protección—, no estaría de más recordar algunos episodios.

La Marquesa de Aytona se apoderó en 1682 de las pardinas de Castejón de Becha y Siest, alargándose el conflicto hasta 1696 en que la ciudad obtuvo sentencia favorable'.

Otro pleito se suscitó a propósito de la posesión del monte de la Almunia. En este caso no fue con la nobleza, sino con el otro esta-

116. A. Atienza y E. Serrano han sintetizado para el conjunto de España este fallido intento de reparto de tierras: «el proceso de repartos no dejó de dar pie a escandalosos abusos en algunas localidades por parte de los poderes concejiles, pero quizá lo más importante es que se puso de manifiesto la inutilidad de la medida de ceder tierras a jornaleros y campesinos con escasos medios que se encontraron con grandes dificultades para iniciar el proceso productivo o para mantenerlo y acabaron por abandonarlas. La derogación de las primeras medidas y la promulgación de otras disposiciones más 'realistas' en 1770 son hechos suficientemente significativos». A. Atienza y E. Serrano, «La propiedad de la tierra en la España Moderna...», p. 212). Estos mismos autores han señalado la bibliografía sobre el tema de los repartos, la legislación, los abusos, y diversa problemática a que dieron lugar.

117. Así, según Bernal, «entre 1761 y 1790 quedaron repartidas parte considerable de las tierras de propios en los municipios andaluces». Bernal, «Haciendas locales...», p. 297.

118. «Sentencia del proceso de Castejón de Becha y Siest», 144X-1696, ff. 205r-206r, Actas, AMH, ms. 186.

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mento privilegiado: los canónigos de la Catedral oscense. Iniciándose el mismo en 1642, tres años más tarde todavía no había finalizado119 .

Se había inaugurado el siglo con un pleito entre el Monasterio de San Juan de la Peña y la ciudad con ocasión del monte de Torres de Violada que ésta venía usufructuando en calidad de treudera.

Finalmente, la paz llegó tras la compra del monte por la ciudad en 1609120 Los estamentos privilegiados —nobleza e Iglesia— ambicionaban apoderarse de algunos de estos propios, tal vez como estrategia de cara a incrementar sus rentas'''. Pero, esta avalancha sobre los comunales no sería exclusiva de la nobleza y alto clero: «desde fines del siglo XV la necesidad de tierra pero también de prestigio y el poder que otorgaba, junto con la ambición, llevaron a todos los poderosos del momento, incluso a la propia monarquía, a lanzarse sobre los comunales'''.

En todo tiempo y lugar, y por parte de instituciones e individuos de todos los estratos sociales, se produjeron ataques a los bienes comunales. D. Vassberg ha defendido la tesis de que es imputable a los mismos campesinos la responsabilidad de la usurpación de la mayor parte de la propiedad colectiva por los rompimientos y acotaciones llevadas a cabo". Saavedra ha terciado en el asunto oponiéndose a dicha afirmación, argumentando que «el que tales `mordiscos' a la propiedad colectiva originasen multitud de pleitos entre los propios campesinos no significa que fuesen los de mayor trascendencia'''. De cualquier forma, es muy verosímil que entre los propios campesinos se diese «también una fuerte tendencia a infringir el principio de propiedad pública y a intentar transformar el derecho de uso limitado o usufruc-

119. «Conflicto con la Iglesia por el monte de la Almunia», 9-VI-1645, f. 126v, Actas, AMH, ms. 140.

120. «S. Canales., 1609, ff. 120r-128r, AHPH, prot. 708.

121. Según Colás, el vacío legal, que en caso de cambiar su aprovechamiento tradicional ofrecían los comunales, facilitaría la anexión de cara a la constitución de grandes patrimonios territoriales susceptibles —en un futuro— de transformarse en propiedad burguesa. G. Colás, «La historiografía....., p. 98.

122. G. Colás, ‹la historiografía....., p. 99.

123. D. E. Vassberg, Tierra y sociedad..., pp. 219 y ss.

124. P. Saavedra, Señoríos y comunidades...», p. 456.

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to en derecho de uso extensivo y la tenencia temporal en la posesión permanente»".

En el caso que nos ocupa, algunas de las técnicas más repetidamente utilizadas por los campesinos oscenses para la ampliación de sus propiedades consistían en el desplazamiento de los mojones que las demarcaban o la usurpación de parte de las tierras comunales colindantes'. También, como antes hemos apuntado, tras años de incumplir con la obligación de declarar las parcelas comunales cultivadas y pagar el canon correspondiente —antipocar los treudos— muchos campesinos treuderos tendían a considerarlas como propiedad plena'. Éstos, igualmente, violarían ciertas normas y prácticas comunitarias: pastoreo abusivo, caza fraudulenta, aprovechamientos forestales prohibidos, excesos en el rebusco o espigueo...

Eso sí, la propiedad comunal aragonesa no se vería afectada por la venta de tierras baldías que la Corona puso en marcha en Castilla durante los siglos XVI y XVII128.

La pérdida y menoscabo de los patrimonios concejiles podría deberse también al beneficio interesado ejercido por los propios funcionarios municipales. Así, autoconcediéndose arrendamientos beneficiosos de los «propios» concejiles; actuando negligente o interesadamente en los repartos de las tierras comunales; usurpando, en otras ocasiones, las

125. D. E. Vassberg, Tierra y sociedad..., p. 92. Según Kerridge, 4a seguridad de la propiedad y tenencia respondía a la primera y más sentida necesidad del capitalismo». E. Kerridge, Agrarian Problems in the Sixteenth-Century and Aften, Londres, 1969, p. 93. Citado en Thompson, El entramado hereditario. Un comentario», en la recopilación de artículos del mismo autor Tradición, revuelta y consciencia de clase..., pp. 147-148. Además, según señala Thompson, el campesinado no sólo cedería por herencia la propiedad de la tierra sino también una serie de derechos de aprovechamiento sobre la misma, sujetos a cierto control y regulación comunal y señorial. Heredaba en consecuencia también »un cierto tipo de psicología social y comunal de la propiedad: la propiedad no de su familia, sino de su familia-dentro-de-la comunidad». Ibídem, pp. 146-147.

126. Sin olvidar que, como ha señalado A. Atienza y E. Serrano, puesto que la puesta en cultivo de terrenos yermos era una labor que exigía una cierta inversión inicial de capital, «el poder económico de los usurpadores sería lo que determinaría la cantidad de terrenos acaparados». A. Atienza López y E. Serrano Martín, -La propiedad de la tierra...», p. 211.

127. Este anhelo del campesinado por hacerse con la propiedad plena de las propiedades comunales usufructuadas se daría también en el mundo del señorío. G. Colás ha caracterizado este comportamiento de picaresca campesina: 4a renta e incluso el patrimonio se veían permanentemente erosionados por la defraudación del campesino que llegaba incluso a la apropiación del dominio directo, consolidando ante la desidia del señor, este dominio con el útil, haciéndose de esta manera con la propiedad plena». G. Colás, »La historiografía...», p. 97.

128. Véanse al respecto las diferentes obras de David E. Vassberg citadas anteriormente.

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mismas propiedades comunitarias; de todas estas maneras, en suma, podían erosionar las oligarquías municipales el patrimonio comunitario.

Sin embargo, y por lo que hemos podido dilucidar, bien sea por la rectitud y honradez en el proceder de los munícipes, bien por la efectividad de los mecanismos de control desplegados por el concejo para la protección del sistema, o tal vez por que los posibles abusos no quedaron registrados en la documentación municipal, la realidad es que no tenemos constancia de la existencia de atentados de cierta envergadura al patrimonio concejil oscense1z'.

No obstante, dicho patrimonio —en especial los «propios— podía aminorarse por exigencias hacendísticas del propio municipio, compelido a la enajenación de parte del mismo para hacer frente a su endeudamiento'". Esto ocurrió, como hemos visto, a raíz de la guerra de Sucesión, haciéndose realmente efectiva la venta de las pardinas de Castejón y Becha y el monte de la Almunia. Sin olvidar que también se llevarían a cabo roturaciones «legales», contando con la autorización expresa del concejo.

De cualquier forma, para evitar la «erosión» de la propiedad municipal y preservar todos los usos y prácticas comunitarias, el concejo oscense había dispuesto una exhaustiva normativa recogida en las Ordinaciones ciudadanas'''. Así, para impedir los posibles abusos y la

129. Cantabria sería un ejemplo de todo lo contrario. En dicha región, se ha constatado el control de las mayores superficies, las de propiedad concejil, por las oligarquías que detentaban el poder municipal y dictaban, en su beneficio, las diversas normas reguladoras de una ordenación comunitaria que no era precisamente neutra. R. Domínguez Martín y R. Lanza García, ,,Propiedad y pequeña explotación campesina en Cantabria a fines del Antiguo Régimen», en P. Saavedra y R. Villares (eds.), Señores y campesinos..., pp. 173-214. La cita en pp. 173-174. Sobre la disminución de la propiedad comunal y las usurpaciones y roturaciones ilícitas o clandestinas, véase, F. Sánchez Salazar, Extensión de cultivos en España en el siglo XVIII, Siglo XXI, Madrid, 1988.

También, N. Salomon, La vida rural castellana en tiempos de Felipe II, Planeta, Barcelona, 1973; I. Atienza, Aristocracia, poder y riqueza en la España moderna. La casa de Osuna. Siglos XV-XIX, Siglo 100, Madrid, 1987; A. M. Bernal, Economía e historia de los latifundios, Instituto de España, Espasa Calpe, Madrid, 1988; M.a T. Pérez Picazo y G. I.emeunier, El proceso de modernización...

130. Comportamiento que, «de entrada no parece incorrecto por cuanto si, como se argumenta, los propios y comunales no eran en esencia inalienables, al poder haber sido adquiridos por compraventa, nada más lógico el que se pudieran desprender de ellos las corporaciones locales por idéntico procedimiento». A. M. Bernal, ,Haciendas locales...», pp. 287-288.

131. Huesca, como ciudad de realengo dotada de un régimen municipal con un alto grado de organización formal —institucional—, garantizaba en sus Ordinaciones el reconocimiento legal y defensa de todas las prácticas, usos y aprovechamiento del patrimonio colectivo. En este aspecto, las concomitancias con Castilla eran muy notables. También allí, como ha señalado P. Saavedra, al estar muy extendido el régimen municipal y muy desarrollado el aparato institucional de la comunidad, las Ordenanzas reglamentaban y aseguraban el aprovechamiento de un importantísi-

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negligencia de las autoridades en la gestión del patrimonio municipal, las Ordinaciones dictaminaban «que el Patrimonio, Preheminencias, Drechos, Privilegios, Términos, Montes, Aguas, Leñas, Pastos, Yerbas, Prerrogativas y Bienes Sitios de la Ciudad y Patrimonio de ella, no se pueda agenar, ni Arrendaciones, Echas, Imposiciones, Estatutos, Cotos, ni obligaciones hazer, ni de las pecunias y rentas de la Ciudad disponer, en manera alguna», sino sólo en «Concello General», o sea, en sesión pública, convocando a la misma a todos los vecinos de la ciudad. Los que transgredieran esta norma podían ser privados de los cargos que detentasen en el concejol".

Otra disposición de las Ordinaciones restringía la utilización de los caudales patrimoniales a otros fines que no fueran su conservación: «ordenamos que los Dineros y Patrimonio de la Ciudad no se puedan gastar sino en conservar y defender las cosas que pertenecen al Patrimonio de dicha Ciudad, como es Aguas, Pastos, Yerbas, Términos, Montes, Jurisdicciones Seculares, Franquezas, Libertades, Privilegios, Preheminencias y Ordinaciones». El Prior o Jurado que conculcase lo dispuesto en este punto sería sancionado con una pena de 1.000 sueldos. A su vez, todo aquel que contraviniese o atentase contra el patrimonio de la ciudad sería condenado a la restitución de los daños causados, siendo excluido también de los oficios de la ciudad. De no satisfacer debidamente la pena impuesta, sería encarcelado. Si el infractor tuviese el rango de oficial —Justicia, Prior o Jurado— del concejo, podía ser privado de su cargo y de su salario, pudiendo asimismo ser objeto de la pena de cárcel.

Concluía esta disposición estableciendo, con carácter general, la inhabilitación de los «contravenientes» a todos los oficios del concejo y de la administración de justicia de la ciudadl".

En cuanto al control ejercido por la ciudad para la conservación de sus propiedades treuderas, ya expusimos, en líneas anteriores, los

mo patrimonio colectivo. Este autor llega incluso a hablar de «auténticas repúblicas concejiles en las cuales el aprovechamiento de los recursos está regulado con minuciosidad mediante disposiciones sobre rotaciones y acceso a los rastrojos, reparto y rotura de comunales, así como sobre el número de cabezas de ganado que cada vecino puede tener». P. Saavedra, «Señoríos y comunidades campesinas...», p. 452. En el mismo sentido se pronuncia B. Yun al afirmar «que la comunidad de aldea es el marco en el que se produce la expansión agraria de comienzos de la Edad Moderna».

B. Yun Casalilla, Sobre la transición..., p. 100.

132. Ordinaciones..., p. 174.

133. Ordinaciones..., pp. 175-176.

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esfuerzos desplegados y las amplias competencias conferidas al Jurado Tercero para dicha tarea.

Contribuía también a la preservación de las propiedades rústicas municipales la llamada «visita de las buegas» o inspección, por parte de las autoridades concejiles, de los límites del término municipal'". Las Ordinaciones estatuían la obligación de llevarla a cabo cada cuatro años. Con estas inspecciones pretendía asegurarse que la línea divisoria que separaba los territorios de las diferentes municipalidades no había sido alteradal".

Esta inspección cuatrianual era complementada con otras visitas a los propios y comunales de la ciudad. Así, el Jurado Cuarto debía visitar cada mes el Monte de Pebredo, notificándo a los demás jurados cualquier anomalía detectada. Debía inspeccionar además, una vez al mes, el estado de la huerta, puentes, caminos y fuentes. Y cada quince días, examinar personalmente todos los caminos reales y todos los puentes de los términos de la ciudad —incluidos los de Pebredo y Cillas— ordenando a los procuradores de los mismos su reparación' A la inspección del Jurado Cuarto se añadía la que realizaban conjuntamente al monte de Pebredo, una vez al año, las autoridades oscenses —Justicia, Prior y Jurados— con plenos poderes estatutarios para poder nombrar un guarda-montero que entendiese en todo tipo de infracciones por hurto de leña y caza furtiva'".

El intervencionismo municipal no podía dejar fuera de su control todo lo concerniente al regadío. Precisamente en unas jornadas de estu-

134. Esta «visita de las buegas» consistía, en la práctica, en ,.que de quatro en quatro años, guando pareciere a los Justicia, Prior y Jurados, todos, o la mayor parte, visiten todas las Buegas y Mojones que ay entre los Términos de la presente Ciudad y los Lugares circunvezinos; y si hallaren algunas Buegas mudadas o caídas, ayan de hazerlas poner y volver al lugar devido, en su presencia, el mismo día, en pena de cinquenta sueldos jaqueses; en la qual incurran los oficiales que en esto fuesen remisos». Ordinaciones..., p. 56.

135. La documentación municipal ha dejado constancia de la efectiva realización de estas visitas. Por ella sabemos que estas comitivas las integraban los señores Justicia, Prior y Jurados, juntamente con cuatro labradores, dos notarios y varios peones («Visita de las buegas», 18-IX-1646, Actas, AMH, ms. 141). Estas prácticas de inspección del término municipal se daban por igual en Castilla y, en general, en el resto de España. D. Vassherg, Tierra y sociedad..., pp. 107-108.

136. Ordinaciones..., p. 44.

137. Los gastos de la visita eran costeados con los 15 escudos que entregaba el Administrador de las Carnicerías o, en su caso, los arrendadores de las mismas. Las Ordinaciones especifican la cuantía de la multa —60 sueldos— por cada árbol cortado sin licencia del consejo municipal, debiendo abonar además los daños causados. Ordinaciones..., pp. 56-57.

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dio que precedieron a las actuales, fue abordada toda su problemática para el caso oscense. Por lo que se refiere a la vigilancia e inspección de la huerta, el sistema utilizado consistía, en esencia, en la cesión a una persona de todas las tareas de supervisión y control, desentendiéndose el concejo del cuidado directo. Quien aceptaba dicho contrato se resarcía de los gastos de su trabajo y del de sus colaboradores, así como del precio abonado por el arrendamiento, con la percepción de las penas y multas y algunos derechos impuestos por el paso de los ganados"8.

Para no reiterarnos, incidamos aquí únicamente en las medidas establecidas por el concejo en defensa de los pastos comunes. Para su conservación, las Ordinaciones de la ciudad habían instituido la llamada «visita de los pasos de las cabañas y pastos comunes». Con ello se intentaba preservar el espacio reservado para el paso del ganado o cañadas139. Estas visitas demostraron muy pronto que los vecinos oscenses se habían tomado «muchos pedazos de tierra de los passos de los ganados y adulas y caminos... sembrándolos». Esta roturación o usurpación de cabañeras se empezó a dar muy pronto —1600— y continuó siendo una práctica habitual a lo largo del siglo. La nómina de personas que se habían apropiado de tierras comunales y caminos cabañales era, en torno a 1606, muy extensa'.

138. El marco legal y estatutario por el que se regía a lo largo del siglo XVII toda la huerta oscense, vía Ordinaciones, fue abordado en nuestro artículo «El intervencionismo municipal en el control...».

139. Esta visita consistía en la inspección y reconocimiento de las llamadas •cabañeras» y pastos comunes. Para ello, cada dos años —a partir de 1680 cada cuatro años— se formaba una comitiva integrada por la autoridades concejiles —Justicia, Prior y Jurados—, el abogado y secretario de la ciudad y cuatro labradores veteranos escogidos por dichos munícipes. Para llevar a cabo su labor, quedaban investidos de amplios poderes decisorios, pudiendo ordenar arrancar lo plantado y derribar lo edificado en suelo usurpado del reservado para el paso del ganado y pastos comunes. En la primera visita que se realizaba a partir de la aprobación de esta norma, se registraba la medición de la anchura de estas «cabañeras». Para evitar ciertos inconvenientes, ocho días antes de realizar la visita debía notificarse a todo el vecindario, en pregón público, la fecha exacta en que tendría lugar. Se citaba a los dueños que tuvieran heredades que confrontasen con caminos cabañales y pastos comunes para que se personasen en el momento de la misma por si hubiese alguna diferencia. Oída su opinión —o en su contumacia, ausentes—, las autoridades y asesores mencionados procederían a impartir justicia. Ordinaciones..., p. 61.

140. «Visita de los pasos de las cabañas y adulas y tierras y yermos de la ciudad», 27-IV-1606, Actas, AMH, ms. 103. También en 1658 algunos vecinos se habían apropiado parte de los pastos comunales y caminos cabañales (•Visita de los pastos comunes y caminos cabañales», 21-X-1658, Actas, AMH, ms. 152).

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PROPIEDAD COMUNAL Y PRÁC77CAS COMUNITARIAS EN LA HUESCA DE LA MODERNIDAD

Por otra parte, también contribuía a facilitar esa labor la extendida práctica de juntar todo el ganado del pueblo en un único rebaño —adula--. Las Ordinaciones de 1680 recordaban la vigencia de este uso: «que el Estatuto de Puercos y Adulas esté en su fuerza'''.

De cualquier forma, como ya quedó expuesto en líneas anteriores, las relaciones entre la agricultura y la ganadería eran más de complementariedad que de antagonismo. La propia existencia de la derrota de mieses era una prueba inequívoca.

Además de las propiedades comunales, las diferentes prácticas comunitarias constituían un elemento fundamental en el entramado social. Pese a los diferentes ataques de que fue objeto, sobrevivió gracias, entre otras cosas, a la constancia con que fue defendida por la propia institución municipal, haciéndose partícipe del sentir e intereses de toda la comunidad.

Este «igualitarismo legal» de las Ordinaciones sería tanto más fructífero cuanto menor fuese la polarización social oscense. Así, aunque estas Ordinaciones reservasen pastos comunales para toda la comunidad, de nada serviría para aquellos que no poseían ganado. Otro tanto cabría decir del aprovechamiento de tierras comunales, que quedaba igualmente invalidado para todos aquellos que no dispusieran de animales de labor y otros medios para el cultivo. De ahí la importancia de conocer, aunque sea sumariamente, la estructura social. Cabe indicar, pese a todo, que las Ordinaciones municipales oscenses cumplieron una función importantísima en la defensa de los humildes y en beneficio de los intereses colectivos, al menos en los siglos XVI y XVII' '2.

141. Ordinaciones..., p. 32. Eran constantes las quejas manifestadas por los vecinos, contrarios a la presencia en las adulas del ganado porcino por los ‹terribles y grandes daños que hacen en las heredades, yerbas y aguas» («Petición en el concejo de Pascua», 11-V-1603, f. 124r, Actas, AMH, ms. 100).

142. La realidad oscense de los siglos XVI y XVII no tendría nada que ver con lo ocurrido en algunas zonas de Cataluña en donde la acusada polarización social dentro del campesinado ,,se refleja incluso en la orientación de las ordenanzas de algunos pueblos, elaboradas en la segunda mitad del siglo XVIII, y que parecen EH obra de una burguesía rural que ataca a los desfavorecidos, mediante el castigo duro de pequeños hurtos, la prohibición del espigueo, del ramoneo y de la recogida de caracoles•. P. Saavedra, Señoríos y comunidades..., p. 467. Este autor recoge la opinión de E. Badosa y Coll, «El cercamiento de tierras en Cataluña (1770-1820)», Revista de Historia Económica, n° 3 (1984). En otros casos —como en la Cantabria de finales del Antiguo Régimen— ese entramado de normas comunitarias, que teóricamente buscaba la racionalización del sistema de cultivos y aprovechamientos pecuarios, era utilizado en beneficio propio por el grupo de poder que controlaba la posesión y uso de la tierra, el ganado y el capital. R. Domínguez Martín y R. Lanza García, «Propiedad y pequeña explotación campesina en Cantabria a fines del Antiguo Régimen•, en P. Saavedra y R. Villares (eds.), Señores y Campesinos..., p. 178.

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Ahora bien, si todas estas prácticas estudiadas permitieron a los campesinos sortear las dificultades y costes de una creciente polarización social, también pudieron erigirse en una rémora para el paso hacia formas económicas más dinámicas.

La creciente polarización y diferenciación social en el siglo XVIII: la disminución del patrimonio comunal y el desmantelamiento de parte de las estructuras municipales paternalistas tras los Decretos de Nueva Planta En las tierras oscenses, la escasa presión demográfica sobre los recursos productivos tendría su reflejo en una escasa tensión social. De hecho, si comparamos el número de vecinos de la ciudad de Huesca en 1489 (831) y en 1495 (616), con los existentes en 1713 (973), cabe colegir que este leve crecimiento apenas supuso otra cosa que la recuperación de los valores de finales del XV. Ese escaso dinamismo demográfico de las tierras oscenses explicaría, tal vez, el que durante los siglos XVI y XVII —pese a la existencia de numerosas y graves crisis de subsistencias y epidémicas— no se llegase a altas cotas de tensión social que fraguase en conflictos o motines. A ello habría contribuido necesariamente el hecho de que no se hubiesen agotado los recursos naturales, el que no se hubiese alcanzado la situación de «mundo lleno». Al tener el territorio una infrapoblación estructural —que permitía un crecimiento extensivo por roturaciones de zonas de pastos y yermos— el crecimiento demográfico de Huesca sería menos conflictivo, por ejemplo, que el de Zaragoza, donde la presión ejercida sobre los recursos productivos habría sido mayor. Esto le ha llevado a G. Pérez a manifestar que «la ciudad tenía amplios frentes agrarios por donde crecer, y por eso la conflictividad derivada de la escasez de recursos productivos se dio sólo a fines de siglo y en general fue comparativamente pequeria»143.

El importante crecimiento demográfico del siglo XVIII en la ciudad de Huesca —77%—, que permitía la recuperación de un atraso demográfico estructural, se hizo sobre bases agrarias, siendo un proceso más bien extensivo que intensivo, y centrado en una mayor utilización de

143. G. Pérez Sarrión, ,Huesca en el periodo de expansión borbónico, 1700-1808., en C. Laliena (coord.), Huesca. Historia de una ciudad, Ayuntamiento de Huesca, 1990, pp. 247-271. La cita en p. 250.

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los recursos productivos tradicionales. Este crecimiento agrario extensivo —con aumento de la producción de cereales y amplia difusión de la vid— apenas conoció grandes transformaciones económicas y sociales.

Así, aun cuando se ha constatado la existencia de un sector artesanal similar al del resto de las ciudades aragonesas y orientado a la producción para el mercado local y el entorno rural, difícilmente puede hablarse de un proceso de protoindustrialización".

Algunos autores ya han explicado esa aparente paradoja del crecimiento económico aragonés sin apenas desarrollo industrial, y que sólo puede entenderse en un marco más amplio y en función de desarrollos externos al ámbito aragonés". En el caso concreto de Huesca, su actividad económica estuvo muy condicionada, a partir de mediados del siglo XVIII, por el crecimiento de Zaragoza y de Cataluña'.

La coyuntura económica favorable del siglo XVIII, con un importante crecimiento demográfico y un aumento de la superficie cultivada y de la producción, lejos de favorecer una mayor homogeneización social, agudizó las diferencias sociales, contribuyendo a una mayor polarización social. El motín de 1766 fue su desenlace más claro.

Intentemos ahora analizar ese proceso de polarización y diferenciación social que —con menor intensidad que en Zaragoza— tuvo lugar en la Huesca del XVIII.

144. G. Pérez Sarrión, «Huesca en el periodo de expansión...», pp. 248-257. Del mismo autor,

Agua, agricultura..., pp. 70-83.

145. La economía aragonesa habría dejado de ser una economía «autocentrada» y habría entrado en un proceso de «periferización» respecto a las áreas próximas más desarrolladas de Cataluña, desarrollando y profundizando la especialización agropecuaria. Sobre este tema, véase J. Torras, La economía aragonesa...», y también «La protoindustrialización...». G. Pérez Sarrión, Agua, agricultura..., y también «Capital comercial...» y «Comercio y comercialización de granos...». Del mismo autor, «Reformismo e Ilustración en la obra de Antonio Arteta (1745-1813)», estudio preliminar de la edición facsimilar de la obra de A. Arteta de Monteseguro, Discurso instructivo sobre las venta-

jas que pueden conseguir la industria de Aragón con la nueva ampliación de puertos concedida por S. M. para el comercio de América..., Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1983.

146. G. Pérez ha analizado el proceso: «De Zaragoza influyó su incipiente papel de mercado regional y la creciente demanda de materias primas agrícolas, en especial trigo y lana, que eran comercializadas desde allí hacia mercados exteriores (sobre todo Cataluña). Pero el aún escaso dimensionamiento de Zaragoza y la debilidad de su burguesía comercial que no fue capaz de articular suficientemente un mercado regional, coincidieron con el importante crecimiento demográfico y las transformaciones económicas y sociales que sí tuvieron lugar en Cataluña durante la centuria ilustrada, que impulsaron la progresiva extensión hacia el oeste del gran mercado con centro en Barcelona. Así se explica el gran crecimiento agrícola de Lérida y en parte el aumento de la demanda de productos agrarios (trigo, vid, lana) en la ribera del Cinca y el somontano oscense». G. Pérez Sarrión, «Huesca en el periodo de expansión...», p. 269.

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Detengámonos en el examen del número de contribuyentes del catastro en la ciudad. Al comparar los cuadernos de repartimiento de la contribución se observa —como comentará posteriormente con más detalle J. Arasanz— que desde 1731 a 1805 apenas hubo variación en el número total de contribuyentes y en el de población campesina147.

Como quiera que sí se ha constatado y documentado por otras fuentes —censos y actas municipales— un importante crecimiento demográfico en la ciudad, y careciendo de un desarrollo industrial alternativo, dicho aumento demográfico debió de registrarse en buena medida en el grupo de trabajadores jornaleros y clases pobres que no eran recogidos en el catastro al no tener que contribuir.

A su vez, según se infiere del aumento de las fincas catastradas, la extensión de la propiedad cultivada fue aumentando a lo largo del siglo merced a las roturaciones'. Éstas necesariamente disminuirían la zona de pastos y yermos comunales, con consecuencias negativas para el aprovechamiento de la comunidad. Además, este incremento del área cultivada no beneficiaría a todo el conjunto de la población. Al contrario, la concentración y amortización de tierras por parte de los privilegiados —principalmente la Iglesia— agudizará las diferencias sociales149. La resultante de este proceso de amortización de tierras estaba clara: «una pequeña minoría de labradores había logrado mantener sus explotaciones agrícolas mientras que una gran mayoría del campesinado pequeño propietario no había logrado subsistir con sus pequeñas parcelas y tenía que recurrir a vender su fuerza de trabajo a otros

147. Según datos facilitados por J. Arasanz, nos encontramos con un total de 1.115 vecinos contribuyentes en 1731; 1.041 en 1758; 1.067 en 1785 y 1.088 en 1805. El número de vecinos que podemos considerar como población campesina era de 575 (1731), 447 (1758), 439 (1785) y 453 (1805).

148. Si excluimos yermos y sotos, tenemos que en el catastro de 1758 el número de cahizadas cultivadas —cereales, viña, olivar y huerta— ascendía a 3.391; casi el doble en 1784, con 6.350 cahizadas, y más del doble en 1819 —6.893 cahizadas—. J. Arasanz Biela, «La propiedad de la tierra y el regadío oscense en el siglo XVIII, en C. Laliena ( coord.), Agua y progreso social. Siete estudios sobre el regadío en Huesca, siglos XII-XX, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 1994, pp. 143-162.

149. Como han manifestado A. Atienza y C. Forcadell, «en los términos de los dos núcleos urbanos más importantes del reino —Zaragoza y Huesca—, la Iglesia se presentaba a finales del siglo XVIII como el propietario de tierras más potente•. A. Atienza y C. Forcadell, «Aragón en cl siglo XIX: del dominio religioso y nobiliario a la parcelación y pequeña explotación campesina», en P. Saavedra y R. Villares (eds.), Señores y campesinos..., p. 139. Los beneficiarios de este proceso de concentración de la tierra serían: «instituciones eclesiásticas, miembros de la pequeña nobleza, comerciantes, profesiones liberales y clases dominantes locales en general y, también, campesinos acomodados«. A. Atienza y E. Serrano, «La propiedad de la tierra...», pp. 204-205.

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de forma más o menos continuada (Iglesia, patriciado urbano de corte burgués) incluso sin vender necesariamente sus pequeñas parcelas para poder subsistir. Esos son los consignados como jornaleros en el censo»'5°.

En definitiva, se trata de un proceso de proletarización agrícola íntimamente ligado a la progresiva extensión de las relaciones de mercado. Desde el momento en que el crecimiento económico no supuso cambios sustanciales en la estructura social —al no alterar el lugar hegemónico de la Iglesia ni permitir un desarrollo importante de la incipiente burguesía—, las reformas ilustradas estaban abocadas al fracaso.

Ya quedaron apuntados en líneas anteriores los nulos resultados de los intentos de repartimiento de tierras. Mayores consecuencias tendrían, tal vez —como ha señalado G. Pérez—, otros fenómenos como la liberalización del mercado de granos, la apertura del comercio con América, la inflación, el abasto de las ciudades... Es muy probable que en este contexto surgiera en Huesca una minoría burguesa que sacara provecho de las posibilidades especulativas que se abrían con el arrendamiento de diezmos, derechos señoriales...151 .

Pero, la aparición de estas prácticas especulativas tendrían también otro tipo de consecuencias: la desintegración, en buena medida, de la cohesión social, al debilitarse la vieja economía «moral» tradicional, paternalista, que tan importante papel había tenido en el mantenimiento y supervivencia de la comunidad campesina a lo largo de los siglos XVI y XVII. El importante aumento del proletariado agrícola explicaría el estallido del conflicto social del motín de abril y mayo de 1766' 52.

No obstante, la responsabilidad principal en el desmoronamiento de esa economía paternalista oscense cabría adjudicarla primordialmente a

150. G. Pérez Sarrión, «Huesca en el periodo de expansión...», p. 225.

151. Para el entorno de Huesca, se pueden encontrar algunos apuntes sobre la comercialización por parte de la burguesía mercantil de los excedentes agrarios y ganaderos controlados mediante el arrendamiento de las rentas feudales, en nuestro artículo «Arrendamiento de rentas feudales y formación de capital mercantil. El caso de Arascués (1659-1670)», Argensola, n° 103 (1989), pp. 82-112.

152. Según los datos del censo de 1787, estudiado por G. Pérez, el porcentaje de jornaleros y criados ascendía en Huesca capital al 46,8 % de toda la población, muy superior a la media aragonesa —36,2%— y a la de la ciudad de Zaragoza —36,9%—. G. Pérez Sarrión, »Huesca en el periodo de expansión...», pp. 254-269.

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la reforma municipal borbónica'”. Ya han sido señaladas las dificultades que hubo para que los municipios aragoneses cumplieran la orden (1714) de adaptar las Ordinaciones municipales existentes a las nuevas leyes castellanas. Por lo que se refiere a Huesca, no hemos encontrado ninguna referencia documental sobre la existencia de nuevas Ordinaciones, por lo que es muy probable —como también señala G. Pérez— que las de 1680 siguieron teniendo vigencia durante todo el siglo XVIII en todo lo que no se opusieran a las leyes castellanas. Todo parece indicar que esta adaptación, en el fondo, supuso un recorte de las prácticas y usos comunitarios'". Durante los siglos XVI y XVII todo ese entramado de prácticas e instrumentos caritativos de la política municipal intervencionista había logrado atenuar los efectos de las desigualdades sociales, o al menos, desactivar la confrontación social, al crear en el pueblo la ilusión de que las autoridades municipales —con la imposición de tasas y requisas; con la entrega de tierras a treudo o alcábala; con la entrega de determinados subsidios a los jornaleros en la época invernal'"; en suma, con el ejercicio de una caridad de efectos disuasivos del conficto social— actuaban en beneficio y protección de la comunidad: de hecho, en el marco de la ciudad, no se han podido documentar confictos de importancia. Con el desmantelamiento de esta política paternalista en el siglo XVIII, los campesinos oscenses estaban más expuestos a los rigores de las subidas de precios, a los padecimientos de un abastecimiento de granos sometido a los designios de la libertad de de circulación de granos. Este inmovilismo gubernativo en la toma de decisiones por parte de las autoridades locales, sería percibido por la comunidad como responsable de los sufrimientos padecidos. En definitiva, se imputaban a la instancia política municipal las consecuencias de la carestía. De ahí que el estallido popular de 1766 —provocado por los problemas de abastecimiento y el incremento continuado del precio del trigo, consecuencia a su vez de las malas cose-

153. Con esta reforma municipal de principios de siglo, en Huesca, como en otros lugares, debió producirse la entrada de la nobleza en el concejo así como el control de la política local desde Zaragoza y Madrid. No obstante, el bloque social en el poder siguió siendo, en la práctica, el mismo. G. Pérez Sarrión, «Huesca en el periodo de expansión...», p. 260.

154. En 1755 sólo habían sido aprobadas tres Ordinaciones: Zaragoza y Comunidades de Teruel y Daroca. G. Pérez Sarrión, «Huesca en el periodo de expansión...•, p. 261.

155. Algunas de estas medidas ‹lerapéuticas» las hemos señalado en nuestro artículo «Flexibilidades, rigideces y otras dobleces del mercado laboral (La regulación laboral de los jornaleros agrícolas oscenses en la época mercantilista)•, en Homenaje a Don Antonio Durán Gudiol, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 1995, pp. 457-469.

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PROPIEDAD COMUNAL Y PRÁCTICAS COMUNITARIAS EN LA HUESCA DE LA MODERNIDAD

chas y de la implantación de los decretos de 1765 que establecían el libre comercio de los granos— tuviera un carácter de reprobación de la gestión municipal en materia de abastos, como lo demuestra el hecho de que la violencia se centrase especialmente contra el administrador de los Pósitos156.

156. En la sesión del ayuntamiento del 10 de abril de 1766 se dio cuenta del motín de la gente vulgar y jornalera» y de cómo se pudo sofocar en buena parte pues »sólo resultó haver quedado dañada la puerta de D. Casimiro Viota, administrador de los Pósitos. (Noticias de los sucesos de Zaragoza y Huesca, 10-IV-1766, ff. 18r-20r, Actas, AMH, ms. 249).

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LA PROPIEDAD PARTICULAR DE LA TIERRA EN HUESCA. EL PROCESO DE EXPANSIÓN Y CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD AMORTIZADA Y VINCULADA

Javier ARASANZ BIELA

DESEQUILIBRIOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA Y DESIGUALDAD SOCIAL EN LA ÉPOCA MODERNA Tras el análisis de la propiedad comunal, no debemos olvidar que la propiedad particular era la que revestía mayor importancia en la Edad Moderna, sobre todo desde el punto de vista económico. Aquella ha ido perdiendo extensión a lo largo del tiempo en favor de la particular, que se ha erigido como hegemónica. En la distribución de esta propiedad particular no se daba una gran homogeneidad, siendo la desigualdad —paralela a la desigualdad jurídica de la sociedad del Antiguo Régimen— su rasgo más característico. Los tres estamentos que la configuran encuentran en la tierra su sustento económico básico.

Al abordar el estudio de la propiedad de la tierra, nos centraremos especialmente en el siglo XVIII, por una mayor disponibilidad de fuentes documentales, los catastros, que permiten conocer la evolución de la misma a lo largo de amplios períodos de tiempo. Muchos autores ya han señalado los inconvenientes de la utilización de esta fuente, resultando, pese a todo, insustituible por la riqueza de datos que aporta'.

1. Entre los inconvenientes señalados están: su carácter fiscal, no recogiendo la población no contribuyente; las indudables ocultaciones, que no invalidan, sin embargo, su utilidad para una 125 Índice

LA PROPIEDAD PARTICULAR DE LA TIERRA EN HUESCA

LA CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD EN MANOS DE LOS SECTORES PRIVILEGIADOS

La pequeña nobleza oscense era uno de los estamentos privilegiados del Antiguo Régimen. Se trataba de un grupo poco numeroso dentro del conjunto de la población pero con gran importancia económica, política e influencia social. Esta pequeña nobleza fundaba su poder económico en la posesión de tierras y detentación de cargos administrativos dentro de la ciudad. La alta nobleza no tenía relevancia en Huesca.

Aunque este estamento no goza de exención fiscal en relación a la Unica Contribución', sigue teniendo prestigio, como así lo demuestra el que caballeros e hidalgos que tienen reconocida su hidalguía son recogidos en una lista aparte en el catastro. Este prestigio viene igualmente reflejado en las Actas Municipales, donde la presentación de cartas de hidalguía son constantes para demostrar la procedencia noble.

Se trata de un grupo poco numeroso como reflejan los catastros: en 1731 se cuantifican como nobles y exentos 74 vecinos que representan el 6,6% del total de los vecinos catastrados3, en 1758 los 96 nobles supovisión de conjunto de la estructura de la propiedad y sociedad; dificultad en el conocimiento exacto de la propiedad de la iglesia , al no recoger los primeros catastros las propiedades eclesiásticas anteriores al Concordato de 1737. Por otra parte, los peligros que conlleva extrapolar las conclusiones extraídas de los catastros del XVIII a una realidad notablemente distinta, como sería la de los siglos XVI y XVII, han sido ya denunciados por diferentes autores. A su vez, la visión que nos aportan los catastros «no se ajusta a la realidad de la distribución de la tierra, porque esconde los derechos —superpuestos-- de propiedad, oculta esta superposición que es fundamental en el análisis social y en el estudio de la propiedad territorial...». A. Atienza López y E. Serrano Martín, «La propiedad de la tierra en España en la Edad Moderna: propuestas para un debate», en E. Sarasa y E. Serrano (eds.), Señorío y feudalismo en la península Ibérica (ss. XII-XIX), Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1993, vol. I, p. 202.. En esa misma línea, la preeminencia concedida al XVIII simplifica en exceso la complejidad histórica: «los historiadores de historia moderna y contemporánea, cuando afrontan los problemas del mundo rural a finales del Antiguo Régimen, asimilan el feudalismo atacado por la Revolución Francesa y el feudalismo medieval y transmiten una imagen de la Edad Media de todo similar a la sociedad rural y a las jerarquías sociales del siglo XVIII». P. Iradiel, «Economía y sociedad feudo-señorial: cuestiones de método y de historiografía medieval», en E. Sarasa y E. Martín (eds.), Señorío y feudalismo..., vol. I, p. 49. Del mismo modo, Colás Latorre ha advertido del peligro de mediatizar el estudio del siglo XVIII en aras de comprender el XIX: ,,dado que teóricamente la revolución del siglo XIX debe tener sus orígenes en una serie de transformaciones que han de producirse en el siglo XVIII, el historiador se ve forzado a encontrar tales cambios. La historia del siglo XVIII está mediatizada por la necesidad de explicar el XIX». G. Colás Latorre, «La historiografía sobre el señorío tardofeudal», en E. Sarasa y E. Serrano (eds.), Señorío y feudalismo..., vol. I, p. 57.

2. AMH, Acta 1715 . »Y como seria semejante Tributo, como el que proviene la Real Orden, no concurriese la Nobleza, y demás Exentos, sería carga pesada para el resto de Estado General; es también Real intención ayuden a estos fines ambas partes a proporción de sus haberes, sin perjuizio de las exempciones y privilegios de la Nobleza y Exemptos».

3. Hay que tener en cuenta que el catastro sólo recoge vecinos que deben satisfacer la Única Contribución y que además estas cifras si se comparasen con el total de la población representarían un porcentaje menor.

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Javier ARASANZ BIELA

nen el 9,2% esta cifra se incrementa en 1785, 114 nobles (10,6%) y disminuye en 1805 donde son registrados 77 nobles (7%)4. Con las cifras obtenidas del catastro no podemos hablar de la evolución de este grupo social pues su variación es pequeña a lo largo de la centuria al igual que ocurre con el total de la población catastrada, pero ello se debe más a las características de la documentación que a la ausencia de cambios. Sí podemos concluir de estas cifras que se trata de un grupo numerosamente pequeño pero que tiene gran importancia económica. Sus propiedades no son excesivamente extensas, pero su peso económico y político dentro de la ciudad está fuera de toda duda. Este grupo minoritario obtiene su renta de la propiedad de la tierra principalmente, pero además cuenta con la detentación de cargos municipales, la posesión de numerosos inmuebles urbanos y como prestamista de censos.

En 1758 entre los 83 propietarios nobles poseían 1.819 cahíces', en 1784 los 68 propietarios (12%) acumulaban 1.840 cahíces que suponía el 28,9% del total de la propiedad catastrada y en 1819 los 54 propietarios (8,9%) concentran 1.961 cahíces que representan el 28,2% de la superficie total. Como se puede observar, un escaso número de propietarios (si estos propietarios se comparan con el total de la población su porcentaje se reduce bastante más, 3%) posee una extensión de terreno importante, pero además las cifras son significativas demostrando que el número de propietarios del estamento noble se va concentrando y que hay un aumento de su propiedad,esto significa el aumento de la propiedad privilegiada como indican Ángela Atienza y Eliseo Serrano'.

4. AMH, Catastros 1731, 1758, 1785 y 1805.

5. Con los datos de este catastro no se hallan porcentajes debido a que faltan las numerosas propiedades de la Iglesia y ello distorsionaría la realidad.

6. Como nos aleccionan estos autores «señoríos y realengos no son mundos tan diferentes ni tan inconexos, al menos por lo que se refiere a la propiedad de la tierra•. Nobles, clérigos o iglesias logran una situación favorable, desigual, al tener posibilidades de vincular o amortizar las tierras, de disponer de poderes políticos o jurisdiccionales sobre los pueblos». M. Peset, «Los señoríos en el Antiguo Régimen•, Áreas, n° 10 (1989), pp. 75-79. En Á. Atienza López y E. Serrano Martín, «La propiedad de la tierra...», en E. Sarasa y E. Serrano (eds.), Señorío y feudalismo..., vol. I, p. 200.

Se dio un proceso de concentración de la tierra. «Si hay una idea que, de forma general, está presente en la historiografía que, directa o indirectamente, se ha dedicado al estudio de la propiedad de la tierra en España de la Edad Moderna, ésta es la del progresivo arrinconamiento de la propiedad en manos campesinas, paralelo al no menos progresivo proceso de concentración de la misma en un número reducido de beneficiarios, un sector de la sociedad de composición ciertamente heterogénea: instituciones eclesiásticas, miembros de la pequeña nobleza, comerciantes, profesionales liberales y clases dominantes locales en general y, también, campesinos acomodados serían los protagonistas beneficiados de este proceso. Á. Atienza López y E. Serrano Martín, «La propiedad de la tierra...», pp. 204-205.

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LA PROPIEDAD PAR77CULAR DE LA TIERRA EN HUESCA

Aunque es cierto que en Huesca se produce esta concentración de la propiedad en manos privilegiadas durante la centuria deciochesca, no es menos cierto, como veremos más adelante, que los campesinos siguen conservando la extensión de sus propiedades a costa fundamentalmente, como se puso de manifiesto en la parte de este artículo que habla de la propiedad comunal, de roturar nuevas tierras pertenecientes al común. Este interés por agrandar las propiedades de la nobleza se localiza principalmente en la segunda mitad del siglo XVIII, fenómeno que ha sido contrastado igualmente en otras zonas del país'.

El clero es otro de los estamentos privilegiados en el Antiguo Régimen. Aunque el catastro no nos indica el número de eclesiásticos que había en la ciudad, noticias como los del Acta Municipal de 1761 o el estudio del censo de 1787 por Guillermo Pérez Sarrión° nos permiten conocer su cuantía. El Acta Municipal de 1761v lo fija en 511 individuos pertenecientes al estamento eclesiástico y el censo de 1787 en 583 para pocos años después. Los miembros pertenecientes al clero han variado poco aunque con un ligero aumento, pero sí hay que concluir como Pérez Sarrión que «el peso de la Iglesia era enorme en la ciudad, observable en muchos aspectos es incluso físico. Los eclesiásticos suponían un 6-7% de la población en 1787; por encima del mundo rural circundante y sobre todo por encima de cualquier otra ciudad aragonesa«"'. A fines de siglo el número de eclesiásticos sigue aumentando y su peso se hará sentir sobre el resto de la población. Con el catastro de la Ensenada, Anes y Domínguez Ortiz" concluyen que la mitad de las rentas del clero provenían de las fincas rústicas que poseían. Además percibían las tres cuartas partes de los censos existentes. Todos estos ingresos aumentaron con la coyuntura alcista de precios que se dio en el siglo XVIII. Las rentas del clero provenían según Ángela Atienza en dis-

7. B. Yun Casalilla, Sobre la transición al capitalismo en Castilla, Economía y Sociedad en Tierra de Campos (1500-1830) Junta de Castilla y León, Salamanca, 1987, p 607. Á. Atienza, Aristocracia, poder y riqueza en la España Moderna. La Casa de Osuna. Siglos XV-XIX, Siglo XXI, Madrid, 1987. J. Suau i Puig, «Els patrimonis nobiliario mallorquins al darrer quart del segle XVIII i primeres décades del sede XIX», Estudis d'história agrária, n° 7 (1988), pp. 139-159.

8. G. Pérez Sarrión, «Huesca en el período de expansión borbónico 1700-1808«, en C. Laliena Corbera (coord.), Huesca, Historia de una ciudad, Huesca, Ayuntamiento, 1990, p. 258.

9. AMH, Actas Municipales 1761.

10. G. Pérez Sarrión, Huesca en el período..., p. 254.

11. G. Anes Álvarez, El Antiguo Régimen. Los Borbones Alfaguara, Madrid, 1976, y A. Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Ariel, Barcelona, 1976.

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tinta proporción de varios conceptos: casas, 28,89%; campos, 56,25%, y censos, 14,86%. Estas rentas de la Iglesia se destinaban a adquirir propiedad territorial, préstamos por medio de censos, construcciones de edificios, enseñanza, limosna y obras benéficas. Este poder económico se vio incrementado a lo largo del siglo XVIII por el alza de precios y el aumento de la producción12 . La ciudad de Huesca no será una excepción a este esquema general que generó cierto sentimiento anticlerical entre la población.

El clero basa su riqueza fundamentalmente en la posesión de tierras de cultivo, los censos, bienes inmuebles y, como dice Ángela Atienza, en sus privilegios fiscales"; primero respecto a la Única Contribución, pues hasta 1760 no empezó a contribuir por sus bienes adquiridos desde el Concordato de 1737; y después por el diezmo que le puso en una posición de ventaja frente a los otros estamentos sociales". Sin embargo el grado de amortización de la tierra en Huesca era algo menor que en Zaragoza, pero no deja de ser importante y superior a la media del conjunto aragonés".

Hemos podido comprobar como el catastro de 1784 ya recoge todos los bienes de la Iglesia tanto los antiguos como los adquiridos desde 173716.

En el catastro de 1758 no aparecen las propiedades de la Iglesia en 1784 los 87 propietarios (16,1%) poseen 2049 cahíces (32,2%) y en 1819

12. El alza de precios y el aumento de producción durante el siglo XVIII han sido puestos de manifiesto en distintos trabajos: P. Fernández Albadalejo, La crisis del Antiguo Régimen en Guipuzcoa, 1766-1833, Akal, Madrid, 1975; E. Fernández de Pinedo, Crecimiento económico y transformaciones sociales en el País Vasco (1100-1850), Siglo XXI, Madrid, 1974; A. García Sanz,

Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen en Castilla la Vieja. Economía y Sociedad en tierras de Segovia de 1500 a 1814, Akal, Madrid, 1977, y G. Pérez Sarrión, Agua, agricultura y sociedad en el siglo XVIII, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1984, entre otros.

13. Á. Atienza López, Propiedad..., pp. 115-121.

14. Ángela Atienza pone de manifiesto la importancia de estas exenciones fiscales que unidas a la condición de gran propietario por parte del clero le permitieron incrementar la propiedad amortizada sobre todo a principios del siglo XVIII destacando la importancia de las compras como forma de acumulación de propiedad aunque no habría que olvidar otras como las donaciones.

15. Se observa en Aragón como en otras zonas de España una concentración eclesiástica en las ciudades tanto en número como en poder económico. Á. Atienza López y C. Forcadell Álvarez, «Aragón en el siglo XIX: del dominio religioso y nobiliario a la parcelación y pequeña explotación campesina», en P. Saavedra y R. Villares, Señores y campesinos en la Península Ibérica, siglos XVIII-XX, Crítica, Barcelona, 1991, pp 138-172.

16. Ello ha sido posible al consultar los inventarios de 1800 en AMH. leg. n° 17 (2) que al individualizar las parcelas con sus lindes se pueden localizar contrastando ambas informaciones.

129 Índice

LA PROPIEDAD PAR77CULAR DE LA 77ERRA EN HUESCA

las 49 instituciones propietarias acumulan 1608 cahíces (23,1%).

Estamos ante un estamento acaparador de propiedad que, según Ángela Atienza, realizó importantes compras sobre todo en la primera mitad del siglo continuando así el proceso de amortización de tierras que iban avanzando frente a la propiedad no privilegiada, ello pudo ser una de las causas de cierto sentimiento anticlerical que se pondrá de relieve en los motines de 1766, como indicaremos posteriormente. Pero en los años finales del siglo la propiedad de la Iglesia empezó a disminuir, como ya apuntamos en un anterior trabajo'', coincidiendo con las explicaciones que para el fenómeno daba Antonio Peiró'".

La Iglesia era el mayor propietario de la ciudad a mediados de siglo y además tenía las mejores tierras con predominio importante de tierras de regadío. Esta institución se benefició también del aumento de producción detectado en el siglo XVIII y del aumento de los precios al convertirse frecuentemente en acaparadora de granos vendiéndolos en épocas de precios altos. Todo ello provocó un sentimiento anticlerical que hizo cambiar los acontecimientos después de la crisis de 1766.

LA POLARIZACIÓN DE LA SOCIEDAD: LOS NO PRIVILEGIADOS

El comportamiento demográfico de la ciudad oscense ya ha sido estudiado" anteriormente, sólo resta hacer algunas puntualizaciones dentro de este esquema general. En Aragón se produjo un gran crecimiento de población entre 1711 y 1787, duplicándose la misma en

17. J. Arasanz Biela, «La propiedad de la tierra y el regadío oscense en el siglo XVIII», en C. Laliena (coord.), Agua y progreso social. Siete estudios sobre el regadío en Huesca, siglos XII-XX, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 1994.

18. A. Peiró Arroyo, Regadío, transformaciones económicas y capitalismo (La tierra en Zaragoza. 1766-1849), Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1988. Este autor califica el fenómeno como una desamortización antes de la desamortización debido a la apetencia de las propiedades de la Iglesia tanto por parte estatal como por particulares.

19. Se conoce que la población de Huesca creció durante el siglo XVI y principios del XVII cuantificandose la cifra de habitantes en 4.800 en 1646. En el siglo XVII se produjo un descenso importante de población debido fundamentalmente a la incidencia de la peste en la ciudad. Sin embargo el siglo XVIII fue un período de crecimiento poblacional. Estos datos son conocidos por los estudios realizados por G. Pérez Sarrión, Agua, agricultura..., pp. 69-96; «Huesca en el período...», pp. 248-250; A. Moreno Almárcegui, «La población y la estructura social de Zaragoza 1787: distribución por estados y profesiones. en Estado actual de los estudios sobre Aragón. Actas de las IV Jornadas celebradas en Alcañiz del 26 al 28 de noviembre 1981, ICE, 1982 vol. 2, pp. 293-301, y A. Moreno Almárcegui y G. Pérez Sarrión, «Población y estructura social de Zaragoza: análisis demográfico., en Estado actual..., pp. 303-311.

130 Índice

Javier ARASANZ BIELA

menos de 80 años". Al final de siglo este aumento se ralentizó. Este auge poblacional fue vegetativo, por la diferencia entre tasa de mortalidad y natalidad, fue uniforme por todo el espacio del reino si exceptuamos la montaña pirenaica, y debió basarse en la ocupación de espacios vacios todavía no explotados durante los siglos anteriores. Como apunta Torras en su tesis, no se había llegado a una situación de mundo lleno, permitiendo el crecimiento de la población". Según Guillermo Pérez", la población oscense no participa de un alto porcentaje de población joven en 1787, ello se explica por las epidemias registradas en 1780-1788 consecuencia de las malas cosechas de estos años. Se cuenta con un nutrido grupo de adultos apuntando un importante crecimiento anterior. Pero también es debido a su carácter urbano como centro de inmigración para acceder al mercado de trabajo. Estos efectivos de población adulta igualmente se veían incrementados por el sector de estudiantes y población eclesiástica. La cifra de ancianos era superior a la media de Aragón. La población de Huesca refleja un incremento fuerte a lo largo del siglo, sobre todo en los años centrales del mismo y una ralentización en los años cercanos al censo de 1787. Este esquema general está en consonancia con los datos demográficos obtenidos en las Actas Municipales" y va a tener su transcendencia para explicar el comportamiento social de la población oscense.

20. Guillermo Pérez cuantifica este crecimiento señalando que se pasa de 3.892 en 1713 a 6885 en 1787.

21. J. Torras Elías, «La economía aragonesa en la transición al capitalismo», en Tres estudios de Historia económica de Aragón, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Zaragoza, 1982, pp. 9-32.

22. G. Pérez Sarrión, Agua, agricultura..., pp. 69-96.

23. AMH, Acta de 1761 se recoge el número de habitantes de la ciudad: •Vecinos, o Gefes de Hogar y casa, que componen en Hijos, y Hermanos de ambos sexos y de todas edades, incluso parientes y sirvientes, y las mismas Cabezas de familia... N° de individuos 7.279, N° de vecino 1.210. Vecinos Eclesiásticos, Seculares, que costituyen numero de Tales, incluso sus Deudos y servidumbre... N° de individuos 102. Individuos de Conventos Regulares de ambos sexos N° de individuos... 409, N° de vecinos 48. Criados sirvientes, que estan fuera de clausura y del número, y nombre de Vecinos, por no tener familia, o no ser casados... N° de individuos 52.

N° total de vecinos 1.258 y N° total de individuos 7.842. Se previene que de los 1.3120 vecinos seculares, 510 son jornaleros, los 41 pobres de solemnidad y ciegos, los primeros no tienen otra utilidad que el Beneficio diario de la Azada por su jornal, y los mas de estos al tiempo de la Caba y cultivo, siega y trilla, se bán de dha ciudad y mudan de domicilio a los lugares circumbecinos... (sic)•.

131 Índice

LA PROPIEDAD PARTICULAR DE LA 77ERRA EN HUESCA GRUPOS SOCIALES DE LA POBLACIÓN OSCENSE EN EL SIGLO XVIII Grup. Pob. Vecinos Nobleza Pob. Campo Pob. Urb. Pobres Sin denom.

Total

1731 74 575 444 21

1115

% 6,6 51,5 39,8 2,1

1758 96 447 478 3 17

% 9,2 42,9 45,9 2

1785 114 439 433

10,6 41,1 40,5

81

7,8

1067

1041

%

1805 77 453 558

7 41,6 51,4

1088

FUENTE: •Cuadernos de Repartimiento de Contribución 1731, 1758, 1785 y 1805•. Elaboración propia.

Los sectores no privilegiados de la sociedad, recogidos en el catastro como Estado Llano componen la gran mayoría de los vecinos contribuyentes a la Real Hacienda. En esta categoría amplia se engloban grupos burgueses, agricultores, arrendatarios artesanos, jornaleros de la tierra y otros empleados de diversos oficios.

Huesca era una ciudad agrícola y artesanal en el siglo XVIII. La economía estaba basada en el campo y el resto de oficios que se localizaban en la ciudad atendían a una población eminentemente campesina.

Como se observará en el cuadro anterior, prácticamente no hay variación en la población campesina a lo largo del siglo, ello es debido a las carecterísticas de la fuente, pero como conocemos por los censos y las actas municipales que se dio un aumento de la población significativo durante la centuria, comprobamos cómo ese aumento de la población se debió registrar entre los grupos trabajadores, jornaleros y clases pobres que no eran recogidos en el catastro al no tener que contribuir.

No obstante estas cifras nos sirven para constatar el porcentaje elevado de campesinos dentro de la sociedad oscense, que todavía sería mayor pues todos los grupos sociales tenían una relación directa o indirecta con la tierra.

Dentro de este estamento podemos encontrar grupos sociales de distinto nivel económico. En primer lugar estaban los titulados con don", que además de la advertencia de Ruiz Torres, hay que anotar que

24. P. Ruiz Torres, •El País valenciano en el siglo XVIII: la transformación de una sociedad agraria en la época del absolutismo», en R. Fernández (ed.), España en el siglo XVIII. Homenaje a Pierre Vilar, Barcelona, 1985, pp. 132-248. La cita en p. 197. Advierte al referirse a los titulados con

132 Índice

Javier ARASANZ BIELA

su número es difícil de cuantificar porque el catastro no siempre respeta las mismas categorías y la relación entre los distintos repartimientos de contribución es imposible pues los criterios no son uniformes. Esto no impide que se haya constatado la aparición en la ciudad de ricos comerciantes, artesanos y agricultores acomodados que se beneficiaron del aumento de la producción y de la subida de precios. Se trata de grupos urbanos con una actitud rentista ante la tierra'. Este grupo que se fue enriqueciendo a lo largo de la centuria tuvo una decidida actitud en el motín de 1766, «y haverse experimentado en el dia de ayer en esta ciudad algun principio de motin de la gente vulgar y jornalera de esta ciudad quienes segun se dice tienen poco que perder, el cual se pudo evitar en el modo posible y mas suave que la razon dicta, del que sólo resulto haver quedado la puerta de D. Casimiro Viota administrador de Positos y haver frustrado otros preparativos de incendios en diferentes casas, que la chusma llevaba proyectados para ebitar la continuación de estos y mayores estragos que amenazaban diferentes voces que corrian y papelones que havian esparcido le habian parecido exponer a la ciudad un medio, que le parecia ser conveniente para contener todo atentado y era el convocar todos los gremios de esta ciudad que como prudentes y decoros del servicio de su Mag y no haverse allado en el antecedente executado deseando dar muestras de su recto proceder se le avian ofrecido a sistirle para la pacificación de dho tumulto y teniendo satisfaccion igualmente de muchos labradores honrados ... la convocatoria a las seis de la tarde para tomar las medidas más conformes que pareciesen a fin de precaver los atentados»26. Se estaba produciendo una polarización social que en épocas de crisis podían convertirse en un peligro para los estamentos privilegiados y también para los intereses de este grupo que estaba aprovechando la coyuntura económica favorable. El motín demuestra cómo la sociedad se está transformando' y

Don: «En este grupo indudablemente tuvo cabida un sector de la burguesía, pero no puede considerarse sin más la burguesía».

25. Ángela Atienza y Eliseo Serrano caracterizan a este sector por «su procedencia, predominantemente urban, y cuando no, su condición socio-profesional, normalmente desligada del trabajo de la tierra: aunque tampoco deja de participar en el proceso el sector más acomodado del campesinado. Su actitud rentista frente a la tierra, la adopción de fórmulas rentistas de explotación de la tierra, si bien tampoco faltan quienes se decidieron por la explotación directa de una parte de sus propiedades a través del trabajo jornalero, como fue frecuente entre las instituciones eclesiásticas». Á. Atienza López y E. Serrano Martín, «La propiedad de la tierra...», p. 206.

26. AMH, Acta 1766.

27. Ángela Atienza hace un llamamiento a la revisión de las raíces no ya coyunturales sino estructurales del motín. P. Ruiz Torres, «Los motines de 1766 y los inicios de la crisis del Antiguo

133 Índice

LA PROPIEDAD PARTICULAR DE LA TIERRA EN HUESCA

esta polarización social anticipa cambios más profundos que ocurrieron en el siglo XIX. Además de estas causas estructurales del motín hubo otras como la abundancia de jornaleros que ya ha sido puesta de manifiesto al hablar del aumento de población a través de los censos y de las actas municipales, la liberalización de la tasa de granos que en algunos momentos incrementó el precio de los cereales en perjuicio de los más necesitados, pero que favoreció a los que podían acumular mieses y venderlas en los momentos alcistas, crisis económica y malas cosechas, noticias llegadas desde Madrid o Zaragoza... Sin embargo estos acontecimientos acaecidos en Huesca no tuvieron la virulencia de otros lugares debido probablemente a que la polarización social no era tan grande como en otras zonas del país'.

Dentro de la ciudad era significativa la población artesanal, pues aquélla ejercía ese papel de centro económico de la comarca. Los oficios registrados en el catastro están relacionados con necesidades primarias de la población y son de lo más variado. Enmarcar una persona en un oficio determinado era difícil en la época moderna y delimitar las competencias de cada profesión también. Se ha de trabajar más con cifras totales que con parciales de cada sector, pues las denominaciones son dificultosas y a veces a un vecino se le nombra con varias profesiones. Ha de pensarse que la especialización en el trabajo apareció con el capitalismo, pero en la sociedad del Antiguo Régimen una persona se dedicaba a varios menesteres para lograrse sustento. Hemos agrupado los distintos artesanos por oficios y estos por afinidad en su dedicación: Industrias textiles: tejedores, mancebos tejedores, sastres, alpargateros...

Industrias de la piel y del calzado: zapateros, boteros, alpargateros...

Industrias de la madera: carpinteros, silleros, cuberos...

Industrias de la construcción: albañiles, pintores, canteros...

Industrias de la cerámica y el vidrio: vajilleros, cantareros, olleros...

Industrias del metal: herreros, caldereros, plateros...

Artes gráficas: libreros, impresores...

Industrias varias: jaboneros, escudilleros...

Régimen», en B. Clavero, P. Ruiz Torres y F. J. Montalbán, Estudios sobre la revolución burguesa en España, Madrid, 1979, pp. 49-111. La cita en Á. Atienza, Propiedad y señorío..., pp. 62-63.

28. P. Vilar, ‹Coyunturas. Motín de Esquilache y crisis del Antiguo Régimen», en Hidalgos, amotinados y guerrilleros, Barcelona, 1982; L. Rodríguez, «El motín de Madrid y Los motines de 1766 en provincias», Revista de Occidente, n° 122 (1973), pp. 24-275, y A. Peiró, -La crisis de 1763-66 en Zaragoza y el motín del pan», Cuadernos Aragoneses de Economía, n° 6 (1981-1982), pp. 239-250.

134 Índice

Javier ARASANZ BIELA

Luego dentro de la población urbana otros sectores se dedicaban a oficios no propiamente artesanos como comerciantes, profesiones liberales, transporte y servicio doméstico. Algunos de estos comerciantes y profesiones liberales formaban parte del grupo que hemos denominado titualdos con Don con una marcada diferencia económica del resto.

DISTRIBUCIÓN PROFESIONAL DE LA POBLACIÓN ARTESANAL DE HUESCA EN EL SIGLO XVIII Profesiones

1731 n° Vec.

Man. Textil 102 Man. Piel 83 Man. Alimen.

43 Man. Madera 43 Man. Constru. 18 Man. Cerámica 9 Man. Metal 29 Art. Gráficas 2 Man. Varias 6 Comerciantes 61 Prof. Libera.

19 Transporte 19 Of. Campo Ser. Domésti.

Ganaderos 10 Viudas Herederos Total

444

%

1758 n° Vec.

%

23 18,6 9,6 9,6 4 2,1 6,5 0,5 1,4 13,8 4,3 4,3

107 80 44 53 30 6 26 2 5 50 19 16 6 4 1 29 -

22,4 16,8 9,2 11,1 6,3 1,2 5,4 0,5 1,1 10,4 3,9 3,4 1,3 0,7 0,2 6,1 -

2,2

478

1785 n° Vec.

%

68 15,7 26 6 44 10,1 49 11,3 6 26 - 24 5,6 - 0,9 4 51 11,8 17 3,9 15 3,5 5 1,2 8 1,8 1 0,3 84 19,4 11 2,5 433

1805 % n° Vec. 128 22,8 46 8,3 48 8,6 45 8,1 6,8 38 - 24 4,3 2 0,4 2 0,4 62 11,1 25 4,8 5,6 32 8 1,4 16 2,8 1 0,2 60 10,7 21 3,7 558

Total n° Vec.

%

485 235 179 190 112 15 103 6 17 224 80 82 19 28 13 173 32

21,2 12,3 9,4 9,9 5,8 0,8 5,4 0,4 0,9 11,7 4,2 4,3 1 1,4 0,6 9 1,7

1913

FUENTE: •Cuadernos de Repartimiento de Contribución 1731, 1758, 1785 y 1805». Elaboración propia.

Las manufacturas textiles son las más importantes por el número de vecinos dedicados a ellas. Les siguen las manufacturas de la piel, el resto de manufacturas ya tienen menor relevancia. Se aprecia claramente en el catastro de 1805, como el sector depoblación artesanal aumenta respecto al total de vecinos. Este auge económico de las manufacturas nos muestra dos momentos significativos; uno hasta mediados del siglo donde el crecimiento es pronunciado, se pasa de 444 vecinos a 478, después un parón tras la crisis de 1784 donde baja a 433 vecinos y más tarde un crecimiento muy acusado al final de siglo.

La población artesanal se diferencia poco de la agrícola, si bien se observa en el siglo un cambio de ritmo, mayor predominio de la agri135 Índice

LA PROPIEDAD PAR77CULAR DE LA TIERRA EN HUESCA

cultura a comienzos de la centuria, que dejó paso a una mayor cuantía de población artesanal respecto de aquélla a fines de la misma. La coyuntura económica favorable fue causa de este cambio. La ciudad reafirma su papel en relación con el campo que la rodea, los grupos artesanos de población urbana se incrementan favoreciendo posteriormente cambios estructurales en la sociedad del Antiguo Régimen.

La población campesina se relacionaba con la tierra como propietarios de ella, como arrendatarios de posesiones que la nobleza y la Iglesia tenían o como jornaleros a tiempo parcial. Dentro del catastro encontramos estas categorías: labradores, labradores arrendatarios, jornaleros arrendatarios y jornaleros. Estas distinciones responden a diferentes criterios. Los labradores eran poseedores de tierras que cultivaban directamente todas o una parte de sus propiedades. Los labradores arrendadatarios tienen posesiones propias llevan tierras en arriendo y los jornaleros sólo dependían de su fuerza de trabajo y estaban empleados en las épocas que el campo necesitaba mano de obra, el resto del año a penas eran ocupados, por lo que llegaron a constituir un problema social en el Antiguo Régimen. En caso de carestía de cereales podían convertirse en un peligro para los sectores privilegiados como sucedió en el motín de 1766. Justo antes del motín se tiene noticia que existían 510 vecinos jornaleros en una población de 1.258 vecinos, representa el 45,5%, que soporta dificultades económicas en períodos de crisis.

No podemos hacer una comparación de cada uno de estos grupos de población campesina pues las denominaciones del catastro van variando, poniendo claramente de manifiesto que tampoco existía una diferenciación marcada en la época.

La población campesina poseía tierras en proporción variable y en mucha menor cuantía que los estamentos privilegiados nobleza y clero.

PROPIEDAD DE LA TIERRA POR GUPOS SOCIALES Cat. 1758 Cah./Fan.

Cat. 1784 Cah./Fan.

Cat. 1819 Fan. Cast.

Est. eclesiástico Est. noble Est. llano Terr. foráneos

1.819/1 1.339/2 308/7

2.049/5 1.840/2 1.616/1 856/3

1.608 1.961 2.284 1.087

TOTAL

3.467/2

6.362/3

6.941

Propietarios

FUENTE:

Elaboración propia.

136 Índice

Javier ARASANZ BIELA

La desigualdad social de la época tardofeudal se asentaba en una desigualdad también económica que en las sociedades agrícolas se fundamentaba en una desigual distribución de la tierra y de la renta obtenida de la misma. Durante el siglo XVIII se produjo una mayor extensión de cultivos a zonas no labradas anteriormente. Los que pusieron mayor número de tierras en nueva explotación fueron los terratenientes foráneos, que doblaron la superficie poseída. Al cultivar tierras marginales del término extendieron sus cultivos por zonas incultas anteriormente29 .

Si hacemos un estudio comparativo de la propiedad de la tierra en los distintos catastros llegamos a unas conclusiones que algunas de ellas ya han sido apuntadas en anteriores trabajos30 .

PROPIEDAD DE LA TIERRA EN EL SIGLO XVIII. CULTIVOS Cultivos

Cat. 1758

Cat. 1784

Cat. 1819

Cereales Viña Olivar Huerta Yermos Soto

1.832/1 1380 24/4 154 37/4 38/4

3.420 2.462 14 454 7 4

4.710 1.897 19 267 38 10

Total

3.467/2

6.361

6.941

FUENTE: Elaboración propia.

La población campesina va aumentando la extensión de sus explotaciones gracias fundmentalmente a las nuevas roturaciones, pero dentro de este estamento podemos encontrar grupos sociales de distinto nivel económico. Como ya se ha comentado anteriormente, comerciantes enriquecidos y agricultores, que gracias a la coyuntura alcista de pre-

29. Aquí el fenómeno está en consonancia con lo apuntado por Ángela Atienza y Elíseo Serrano: ,Aunque en este proceso (nuevas roturaciones de tierras) debieron participar individuos de toda la escala social y éste podía ser el medio de mantenimiento y ampliación de la propiedad campesina, también hay que tener en cuenta que la puesta en cultivo de terrenos yermos era una labor que exigía una cierta inversión inicial de capital, tanto más importante cuanto mayor fuese la cantidad de terreno susceptible de apropiación». Á. Atienza López y E. Serrano Martín, «La propiedad de la tierra...•, p. 211.

30. J. Arasanz Biela, ‹,La propiedad de la tierra...», pp. 143-162.

137

Índice

LA PROPIEDAD PAR77CULAR DE LA TIERRA EN HUESCA

cios y mayor extensión en la propiedad cultivada, junto a arrendadores, pudieron realizar buenos negocios y prosperar económicamente. Pero también podemos encontrar a jornaleros y pobres de solemnidad que no participaron de los beneficios agrícolas de la centuria deciochesca e incluso atravesaron momentos difíciles en años de crisis.

Los propietarios del estamento llano eran 278 (51,7%) en 1784 y poseían 1.616 cahíces (25,4%) de propiedad. En 1819 el número de propietarios asciende a 402 (66,8%) y dominaban 2.286 cahíces (32,9%).

Son el grupo más numeroso de la ciudad que van creciendo a lo largo del siglo. Sus propiedades van aumentando igualmente como consecuencia de la puesta en cultivo de tierras marginales al ser rentable su laboreo por la coyuntura alcista de precios. Pero sus beneficios fueron a parar a ese grupo de agricultores y rentistas con mayores posibilidades, no a los grupos más desfavorecidos.

Dentro de la comunidad campesina también encontramos a los terratenientes foráneos que en su mayoría eran pequeños agricultores de localidades cercanas a la ciudad. Van a poner en explotación tierras marginales como es observable al comprobar el aumento de superficie cultivada por este grupo. En 1758 los 65 propietarios foráneos cultivan en el término de la ciudad 308 cahíces; en 1784 han aumentado su superficie a 856 cahíces (13,5% del total de la propiedad), si bien su número también ha crecido 105 propietarios (19,6%).

La superficie cultivada por ellos se incrementa a 1.087 cahíces (15,8%) en 1819 y su número se reduce con respecto al catastro anterior 97 (16,1%).

De todas estas cifras se constata como en el siglo XVIII se produjo una coyuntura económica favorable registrando un aumento de la población importante, un incremento de la superficie cultivada y un crecimiento de la producción, que aunque no podamos cuantificar no ofrece dudas al confluir en Huesca una vertiente extensiva (aumento de la superficie cultivada) e intensiva, ya que la construcción del pantano de Arguis reguló mejor las aguas del Isuela permitiendo durante la centuria deciochesca un mejor aprovechamiento de las mismas. Sin embargo, esta coyuntura alcista no va a beneficiar en igual proporción a toda la sociedad, el mundo del Antiguo Régimen se caracteriza por lo contrario, desigual reparto de la riqueza ya que había mecanismos de esa sociedad que estaban destinados a ello y que eran esenciales a la sociedad tardofeudal. Esta desigual distribución de la riqueza puesta de manifiesto en una tendencia alcista junto al aumento de población agudizaron la polarización social cuyo exponente máximo fue el estallido 138 Índice

Javier ARASANZ BIELA

del motín de 17663'. No obstante, las diferencias sociales en Huesca no estaban tan acentuadas como en otras partes de España y la comunidad campesina siguió conservando su unidad que le permitió sobrevivir, aunque ello retrasase los cambios que habían de transformar la sociedad en el siglo XIX. Huesca se enmarcaría en ese esquema ya apuntado para otras zonas del país" donde la comunidad campesina se mantuvo retrasando los cambios burgueses del siglo XIX. Se produjo durante la centuria dieciochesca una polarización de la sociedad oscense pero de menor agudización que en otras comarcas.

EL PREDOMINIO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA PROPIEDAD

El mayor número de propietarios se concentra entre 1-5 cahíces, aunque este 49,6% de los propietarios sólo posee el 14,9% de las tierras y el 15% de la renta de las mismas. Muchos propietarios tienen pocas tierras. una pequeña cantidad de grandes propietarios, el 2,4% posee el 19,8% de la extensión y el 22% de la renta de estas tierras. Este grupo se identificaba mayoritariamente con la nobleza al no estar recogidas las propiedades de la Iglesia.

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. 1758

Frecuenc.

Cahíces

Superficie Cah./Fan.

<1 1-5 5-10 10-15 15-20 20-30 30-50 >50

17/1 518/5 616/378/1 229/6 369/7 649/4 668/2

Total

n° Propiet.

0,5 14,9 17,7 11 6,6 10,7 18,8 19,8

3.467/2

30 201 88 32 13 15 16 10

7,4 49,6 21,7 7,9 3,3 3,8 3,9 2,4

405

FUENTE: «Catastro de 1758». Elaboración propia.

31. «El crecimiento agícola era la base y la pauta del desarrollo de la industria; lo hubo, pero en la medida en que los mecanismos existentes de distribución de la renta agraria seguían transfiriendo la mayor parte de esta a las clases dominantes y no había avances tecnológicos significativos el crecimiento demográfico creaba problemas, no riqueza... aparecía el problema social». En G. Pérez Sarrión, Agua, agricultura..., p. 158.

32. P. Saavedra, Señoríos y comundades campesinas en la España del Antiguo Régimen», en E. Sarasa y E. Serrano Martín, Señorío y feudalismo... Este autor establece tres modelos el de Galicia 139 Índice

L4 PROPIEDAD PAR77CULAR DE LA TIERRA EN HUESCA

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. GRUPOS SOCIALES 1758 Rent. Me. Libras

Grup. Sociales

Super.

(Cah./Fan.)

%

Liq. Con. (Lib./Suel.)

%

n° Prop.

Nobleza Prop. Forán.

Labradores Lab. Arrend.

Arrendatar.

Jor. Arrenda.

Jornaleros Clas. Urbanas

1.819/308/7 533/5

52,4 8,9 15,4

8.697/8 903/15 2.366/4

57,2 5,9 15,5

83 65 58

20,5 16,1 14,3

127/-

4,9

Total

3.467/2

3,7

528/8

3,5

20

70/6

2

283/8

1,8

24

5,9

86/6

2,5

248/2

1,7

31

7,7

22/5 498/4

0,7 14,4

74/6 2.101/9

0,5 13,9

12 112

2,9 27,7

15.207/-

4,7 2,9 4,4 4,1 4 2,8 3,3 4,2

405

La población campesina detenta el 33,2% de las tierras mientras su población corresponde al 51,8% de los propieterios.La población urbana acapara menor porcentaje de tierras (14,4%), pero la cantidad de propietarios también es menor que entre los campesinos (27,7%). Hay que tener en cuenta que los porcentajes de población han sido obtenidos sólo respecto a los propietarios, si fuese en relación a toda la población las cifras se extremarían todavía más.

Predomina la parcela media (1-3 cahíces). La nobleza posee las mayores parcelas mientras las pequeñas parcelas son explotadas por los grupos económicamente más débiles.

Entre 1-10 cahíces se encuentra el 23,1% de la propiedad y el 72,5% de los propietarios, el 43,4% de los propietarios y el 23,2% de la propiedad entre 10-50 cahíces y por encima de 50 cahíces el 33,55 de la propiedad y el 4,3% de los propietarios. La parcela media es la dominante y la más representativa de todos los grupos sociales. La gran parcela también tenía significación, sobre todo entre la nobleza. Pero ahora los terratenientes foráneos con la expansión por tierras marginales igualmente poseen parcelas de grandes dimensiones. El clero era dueño

donde la fortaleza de comunidad campesina le ayuda a sobrevivir evitando su desintegración y por contra esto se convierte en un freno para los posteriores cambios burgueses; el de Castilla donde la polarización social es mayor y se produce un control por parte de los poderosos y el de Cataluña y Valencia donde la descomposición de la comunidad y la pérdida de capacidad extractiva por parte de la estructura señorial aceleró el proceso de descomposición de la sociedad del Antiguo Régimen.

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Javier ARASANZ BIELA

de pequeñas parcelas al ser muchas de ellas tierras de regadío, estas dedicadas a cultivos de huerta requerían mucho trabajo por parte de los arrendatarios practicando una agricultura intensiva.

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. 1784 Frecuencias

<1 1-5 5-10 10-15 15-20 20-30 30-50 >50 Total

Super.

(Cah./Fan.)

14 635/4 823/4 479/6 417/3 702/1 1.161/1 2.129

n° Propietarios

0,2 10 12,9 7,5 6,5 11,1 18,3 33,5

6.362/3

30 244 116 40 25 30 30 23

5,6 45,3 21,6 7,4 4,6 5,6 5,6 4,3

538

FUENTE: «Catastro 1784». Elaboración propia.

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. 1819 Intervalo

0,01-1 1,01-2 2,01-4 4,01-6 6,01-10 10,01-20 20,01-40 40,01-60 60,01-100 100,01-200 200,01-400

Total

n° de Propietarios 70 120 113 78 78 61 50 13 11 7 1

11,6 19,9 18,8 12,9 12,9 10,2 8,4 2,2 1,8 1,2 0,1

Sup. (Fan.)

OA

55 205 366 402 626 940 1.530 593 901 994 329

0,8 2,9 5,3 5,9 9 13,5 22 8,6 13 14,3 4,7

6941

602

FUENTE: «Catastro 1784». Elaboración propia.

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LA PROPIEDAD PARTICULAR DE LA 77ERRA EN HUESCA

El 23,9% de la propiedad y el 76,1% de los propietarios poseen entre 1-10 cahíces, entre 10-50 cahíces está el 20,8% de los propietarios que tienen el 44,1% de la propiedad y el 3,1% de los propietarios poseen más de 50 cahíces y el 32% de la propiedad. Los porcentajes son similares al catastro de 1784 pero hay que recordar que la superficie total cultivada aumentó.

Como ya se dijo en un trabajo anterior33, se produjo un aumento del cultivo del cereal a lo largo de la centuria, la presión demográfica y los buenos precios del cereal hicieron que los agricultores dedicasen sus tierras a este cultivo. El grupo dominante va a dirigir sus esfuerzos hacia la obtención de cereal, los precios altos, sobre todo en épocas de carestía, estimularon a los agricultores, acumuladores de granos, comerciantes y grupos poderosos (nobleza e Iglesia) hacia la práctica de acumulación de cosechas y sacarlas al mercado cuando los precios eran ventajosos. La tasa y la teoría social de la multitud poco podían hacer, por ello se liberalizó el mercado por los ilustrados (1765) puesto que al aumentar la producción se relajaron las normas de abastecimiento y salvo algún momento puntual (1766) no hubo enfrentamiento entre los grupos sociales. Estas medidas ilustradas favorecieron a ese sector de rentistas y acumuladores de granos que se enriquecieron y que van a incrementar su peso económico y posteriormente querran mayor protagonismo político.

EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA TIERRA

En un estudio de la propiedad de la tierra no sólo basta con cuantificar las diferencias, sino también es importante estudiar el régimen jurídico de la tierra. Desgraciadamente no conocemos todo lo que sería de desear en este capítulo aunque pueden hacerse algunas puntualizaciones.«La parte fundamental de la renta de casi todos los grupos sociales provenía de la tierra. De ahí que resulte importante analizar quienes poseían la misma y quienes la cultivaban; dicho en términos más exactos, quienes poseían el dominio directo o dominio eminente y quienes el dominio útil»34. En otros lugares del país la relación entre ambos varía.

33. J. Arasanz Biela, «La propiedad de la tierra...», p. 152.

34. A. García Sanz, Desarrollo..., p. 395.

35. A. García Sanz, Desarrollo...; E. Fernández de Pinedo, Crecimiento económico..., J. Casey, El reino...

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Javier ARASANZ BIELA

En el reparto de la contribución de 1731 los arrendatarios representaban un número cuantioso de la población. En el siglo XVIII la prosperidad económica incitaba a la forma de arrendamiento de tierras, pues así los propietarios se aprovechaban del alza de precios. Otra parte de estos poseedores las cultivaban directamente, eran los «labradores» que aparecen en el catastro. Los jornaleros ayudaron a la explotación en determinadas épocas de mayor trabajo (siembra y siega) y también algunos propietarios e instituciones eclesiásticas explotaban sus tierras con mano de obra contratada. La proporción en el catastro era similar entre labradores directos y arrendatarios. Los arrendatarios superaban en dos veces la renta de los labradores cultivadores directos de sus posesiones y a los jornaleros asalariados. La mayor cantidad de excedente agrario pasará a manos nobles y la iglesia por distintos mecanismos de detracción de este excedente (diezmos, arrendamientos...) estos arrendatarios al principio de siglo adquieren importantes niveles de renta, al ser un momento económicamente óptimo. Como dice Ruiz Torres, «el único período verdaderamente favorable para los campesinos arrendatarios fue 1730-1760; años en los que el crecimiento económico permitió acumular excedentes a los propietarios. Después de estas décadas la mayor parte del excedente agrícola fue a manos de propietarios rentistas, burgués o ennoblecido, laico o eclesiástico, individuo o institución. Este propietario fue el verdadero beneficiario del crecimiento económico de la segunda mitad del siglo XVIII»36.

En 1758 la población campesina también representa un importante porcentaje de renta personal (23,2%). En el grupo fueron los arrendatarios los que acaparan mayor porcentaje 10,4%. Tomar tierras en arriendo suponía un ingreso considerable para un sector numeroso de la población en la primera mitad del siglo.

Por el análisis de todas estas cifras hay que estar de acuerdo para el caso oscense con el esquema general presentado por Ángela Atienza y Eliseo Serrano'''. La propiedad amortizada tiene un carácter dominante y expansivo (nobleza y clero), y la propiedad no privilegiada tiene un carácter dependiente y condicionado, lo que produce conflictividad latente entre ambas formas de propiedad. Concentración de un número reducido de beneficiarios, un sector de la sociedad de composición heterogénea: instituciones eclesiásticas, pequeña nobleza, comerciantes,

36. P. Ruiz Torres, La crisis..,, p. 315.

37. Á. Atienza López y E. Serrano Martín, La propiedad de la tierra...», p. 208.

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LA PROPIEDAD PARTICULAR DE LA TIERRA EN HUESCA

profesiones liberales y clases dominantes locales, y también campesinos acomodados serían protagonistas de este proceso. Las instituciones monásticas ampliaron su patrimonio hacia mediados del siglo XVIII, mientras que la nobleza se retrasó a la segunda mitad de la centuria en su interés por el engrandecimiento de sus propiedades gracias a arrendamientos a corto plazo, especulación de granos, coyuntura alcista de precios... Mayor dinamismo y mayor continuidad en el tiempo presenta el proceso de adquisiciones por el sector de difícil caracterización (titulados con don). Ello provocó cierta polarización social, aunque menor que en otras zonas del país, permitiendo la continuidad de la comunidad campesina y retrasando el proceso de cambios propuestos por los ilustrados. Los grupos más desfavorecidos no sacaban ventajas ni de la coyuntura alcista del siglo XVIII ni de las reformas ilustradas, sin embargo aquel grupo más dinámico favorecerá la llegada de los cambios que se producirán en la centuria siguiente.

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PROPIEDAD DE LA TIERRA Y RELACIONES SOCIALES EN EL CAMPO. HUESCA DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL XIX

Carmen FRÍAS CORREDOR Pedro RúJULA LÓPEZ

La segunda mitad del siglo XIX fue una época de transición en lo económico que puso en contacto dos realidades distintas. La del principio de siglo, heredera del proceso de especialización agropecuaria iniciado en las centurias anteriores que había emprendido una fase de liberalización de los factores productivos; y la finisecular, marcada por la crisis agrícola como consecuencia del desarrollo del capitalismo hacia la articulación del mercado y la internacionalización de la economía. Entre ambos extremos se produjeron cambios y ajustes sucesivos que afectaron tanto a la propiedad, su estructura, su tamaño, sus propietarios... como a la producción, evolución de los cultivos y de la superficie cultivada, rendimientos y precios... haciendo de este período un momento clave en la configuración de la estructura de la propiedad agraria contemporánea.

Este proceso es el que vamos a abordar en las páginas que siguen valiéndonos fundamentalmente de las fuentes fiscales' custodiadas en el AHPH y en los trabajos de Carmen Frías sobre el fin de siglo2.

1.Críticas y valoraciones de los amillaramientos en J. Azagra Ros, «De los padrones de riqueza como fuente para la historia agraria del siglo XIX,›, Estudis d'História Contempordnia del País Valenciá, 2 (1978); A. Segura i Mas, «Els estudis sobre l'evolució de l'estructura de la propietat de la terra: consideracions generals y questions de métode (s. XVIII-XX)., III Jornadas de Estudios Locales, Institut d'Estudis Baleárics; del mismo autor, «Confecció del Amillarament i poder local: els municipis del Plá de Barcelona, Ibídem.

2.Vid. Tesis Doctoral leída en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Zaragoza en 1991,

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TIERRA Y RELACIONES SOCIALES EN EL CAMPO DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL XIX

INTRODUCCIÓN

Durante las décadas centrales del XIX se va a producir en Huesca la consolidación de la pequeña propiedad y de un campesinado parcelario que convive con grandes y medianos propietarios en cuyas manos está el control de un volumen muy importante de la riqueza.

Este proceso, sin embargo, no fue sólo característico de las tierras oscenses, sino de toda una región de la España interior como Aragón que va reforzando su estructura económica y potenciando su especialización agraria como consecuencia de la necesidad de integrarse en un mercado nacional progresivamente articulado. Este proceso de especialización agraria hunde sus raíces en el setecientos, a lo largo del cual Aragón superó las medias nacionales de crecimiento en el sector agrario y ganadero, lo que reforzó su posición como suministrador de materias primas agrarias'. Este crecimiento económico de base agraria se va a intensificar tras la guerra de la Independencia y especialmente después de la crisis agraria del primer tercio del siglo XIX, profundizándose, como en las dos Castillas, el modelo de especialización agropecuaria en el marco de un mercado progresivamente articulado e integrado.

Especialización agropecuaria, división regional del trabajo y articulación del mercado interior son procesos que encontramos necesariamente interrelacionados. Es de sobra conocido cómo el decreto de 5 de agosto de 1820 sobre prohibición de entrada de granos extranjeros va a potenciar los intercambios de productos agrarios desde el interior hacia la periferia de la península, y de textiles y manufacturas desde Cataluña hacia el interior". Desde los años 30 ambos procesos se van a ver intensificados, pues no podemos olvi-

parte de ella ya publicada en C. Frías Corredor, Liberalismo y republicanismo en el Alto Aragón.

Procesos electorales y comportamientos políticos, 1875-1898, Ayuntamiento, Huesca, 1992.

3. G. Pérez Sarrión, Agua, agricultura y sociedad en el siglo XVIII. El Canal Imperial de Aragón, 1766-1808, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1984.

4. Sobre los intercambios con el mercado catalán vid. A. Peiró Arroyo, «Comercio de trigo y desindustrialización: las relaciones económicas entre Aragón y Cataluña., J. Torras Elías, »Relaciones económicas entre Aragón y Cataluña antes del ferrocarril» y L. Germán y V. Pinilla, «Las relaciones comerciales entre Aragón y Cataluña. 1860-1975., en Actas del I Simposio sobre las relaciones económivas entre Aragón y Cataluña (ss. XVIII-XX), Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 1990. Sobre la repercusión del decreto en el mercado catalán, J. M. Pradera, «El comercio de cereales y la prohibición de 1820 (el caso del mercado catalán)«, Agricultura y Sociedad, n° 30 (1984), pp. 137-168.

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Carmen FRÍAS CORREDOR y Pedro RÚJULA LÓPEZ

dar que, a partir y a través de la disolución jurídica del régimen feudal, de las leyes desvinculadoras y desamortizadoras, y de la liberalización en suma de los factores productivos, la legislación liberal burguesa tuvo como objetivo primordial la formación de un mercado interior, ni que el movimiento alcista de precios entre la década de los treinta y de los setenta actuará estimulando en Aragón la especialización agropecuaria, y reforzando las tradicionales exportaciones de cereales principalmente hacia el mercado catalán.

Investigaciones recientes, como la realizada por Vicente Finilla', han venido demostrando cómo la expansión del sector agrario aragonés fue bastante intensa hasta la década de los ochenta debido, fundamentalmente, a un aumento de las roturaciones y de las superficies cultivadas, y traduciéndose más en un crecimiento de carácter extensivo que intensivo que dio lugar a un creciente excedente canalizado hacia regiones limítrofes deficitarias en cereales. La expansión de la superficie cultivada, especialmente significativa en el cultivo del cereal, se mantiene creciente hasta los años 80, ampliándose en un 38% para la provincia. Éste es el momento en el que, como Carlos Forcadell ha apuntado, parece consolidarse una estructura social de labradores y campesinos propietarios que han conseguido por unas vías u otras transformar su dominio útil en dominio directo. Así las desamortizaciones, que vinieron a consolidar una nueva propiedad burguesa a la que accedieron grupos urbanos vinculados a actividades comerciales y empresariales, también difunden y asientan la pequeña y mediana propiedad campesina, «tanto porque los campesinos concurren en la medida de sus posibilidades a las subastas de pequeñas parcelas, como, sobre todo, porque la redención de censos y de foros fue una vía muy transitada para convertir en propietario al usufructuario de casas o tierras por las que pagaba un censo que ahora podía redimir mediante una capitalización».

Si bien los pleitos que siguieron a la disolución del régimen señorial, decretada definitivamente en 1837, acabaron consolidando como propiedad privada importantes patrimonios de la nobleza, hay que recordar también que no se consolidan todos los que se reclaman, los cuales revierten al pequeño campesino, de tal forma que se extiende una

5. V. Pinilla, Entre la inercia y el cambio. El sector agrario aragonés, 1850-1935, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1995.

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TIERRA Y RELACIONES SOCIALES EN EL CAMPO DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL XIX

pequeña y aun ínfima propiedad que hace <bastante infrecuente en Aragón al jornalero del campo a tiempo total'6.

PROPIEDAD DE LA TIERRA Y SISTEMAS DE TENENCIA EN LA PROVINCIA DE HUESCA

En la segunda mitad del XIX Huesca sigue siendo un marco provincial definido por su carácter rural y agrario. La mayor parte de la población altoaragonesa vive en la segunda mitad del siglo XIX en el campo, y un altísimo porcentaje, cercano al 65%, habita en municipios muy pequeños, inferiores a 500 habitantes, más numerosos en el área pirenaica donde la topografía de la zona impone un claro predominio del hábitat disperso. Sólo Barbastro, Fraga, Jaca y Huesca sobrepasaban las 5.000 almas. Un análisis detallado por municipios certifica el importantísimo peso del sector primario, pues, aún hacia 1890, en un 90% de los casos las profesiones relacionadas con la actividad agraria ocupan a más de un 80% de la población, siendo realmente escaso el número de municipios en los que este porcentaje se sitúa por debajo del 70%. No deja de ser desdeñable la ausencia absoluta de profesiones y actividades no agrarias (a excepción de la presencia del cura), desconocidas en 28 municipios concentrados en los partidos montañosos de Benabarre, Boltaña y Jaca, a los que cabría añadir 4 del partido judicial de la capital. En buen número de ocasiones el abanico profesional se amplía, a duras penas, con la presencia de herreros, tejedores, molineros, sastres, tenderos... dedicaciones no agrarias que representan una actividad casi completamente subsidiaria del sector primario, dado que nos hallamos ante ocupaciones relacionadas con las necesidades específicas de una mayoría campesina. Sólo la capital, con algo más de 12.000 habitantes, consigue romper el abrumador predominio del sector primario. Poco diversificada socialmente, Huesca ve aumentar a lo largo de estas fechas su población activa agraria: 76,2% en 1860; 76,8% en 1877 y 77,3% en 1887.

Apuntada la dedicación agraria, el vaciado de los repartimientos de contribución nos ha permitido un acercamiento a la estructura de la

6. Las citas de Carlos Forcadell Álvarez, «El nuevo estado liberal», en C. Forcadell Álvarez (coord.), Historia Contemporánea de Aragón, Heraldo de Aragón, Zaragoza, 1993. Véase también del mismo autor «La difusión de la pequeña propiedad campesina en Aragón durante el siglo XIX: estrategias campesinas hacia la propietarización», en VV. AA., Antiguo Régimen y liberalismo.

Homenaje a Miguel Artola, Alianza Universidad, Madrid, 1994, vol. 2, pp. 507-517 y -Sobre la localización de los "pleitos de señorío" y algunas reflexiones más», en Metodología de la Investigación científica sobre fuentes aragonesas, n.° 6, ICE, Zaragoza, 1991.

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propiedad de la tierra, y a la evolución que sufre a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Tomando los valores que aportan los repartos de contribución de 1860 ó 1880 para la capital, o los elaborados por Carmen Frías para el conjunto provincial en 1899', observamos el abrumador peso de la pequeña e ínfima propiedad conjugado con un porcentaje escaso de grandes contribuyentes que controlan un volumen importantísimo de la riqueza. En 1880, por ejemplo, los más acomodados propietarios (un 7,75% del total de contribuyentes de la capital) satisfacía una contribución que ascendía a 47.510,51 ptas., mientras un total de 875 pequeños e ínfimos propietarios no llegaban en su conjunto a las 7.000 ptas. de contribución. Eso significaba que, en esas fechas, un 80% de los propietarios poseía menos tierra —y posiblemente también de menor calidad— que algo más de un 7% de los contribuyentes.

Este predominio de la pequeña propiedad es extensible en los años que nos ocupan al espacio provincial, aunque el control de la riqueza y la distribución de la propiedad de la tierra ofrecen ligeras variaciones de unas comarcas a otras. Lógicamente el peso de la gran propiedad fue mucho menos importante en la zona pirenaica —donde las tierras de cultivo, condicionadas por la ausencia de espacios horizontales, quedaron reducidas al fondo de los valles— que en los Somontanos y la Tierra llana, cuyo relieve, en su transición hacia la depresión del Ebro, permite no sólo una mayor dedicación agrícola, sino también el aumento en extensión de las explotaciones. Así, por ejemplo, a finales de siglo, en 1899, los grandes propietarios controlan sólo un 9,5% de la renta en Benabarre, un 7% en Boltaña y un 14,9% en Jaca, frente a valores mucho más elevados en el resto del territorio: Barbastro, 32,6%; Fraga, 46,5%; Huesca, 37%; Sariñena, 39,5%. A su vez, y comparativamente hablando, en los distritos montañosos es donde los ínfimos y pequeños propietarios controlan, como puede observarse en el cuadro que sigue, una mayor parte de la riqueza.

7. C. Frías Corredor, Liberalismo y republicanismo en el Alto Aragón... Apéndice Tesis Doctoral.

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TIERRA Y RELACIONES SOCIALES EN EL CAMPO DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL XIX

RIQUEZA RÚSTICA DE PEQUEÑOS E ÍNFIMOS PROPIETARIOS Contribución (%) Barbastro Benabarre Boltaña Fraga

33,5 45,9 45,3 28,4

Propietarios (%) 85,2 86,1 82,8 86,9

Huesca

25,2

76,2

Jaca Sariñena

38,1 27,1

77,7 80,8

Repartimiento individual de la contribución rústica. Año 1899». Sección Hacienda, AHPH. Elaboración propia.

FUENTE:

Aunque de forma muy general, se puede admitir que llano y montaña definen dos áreas económicamente diferenciadas no sólo porque en la primera el reparto de la riqueza es menos desigual —y no decimos más igualitario—, sino también por la mayor dedicación agrícola o pecuaria y por el uso del suelo en cada una de ellas. En una, las zonas de cultivo, de escasísimas dimensiones, quedan reducidas, como apuntamos, al fondo de los valles, mientras el llano permite una mayor superficie de las explotaciones agrarias, aunque no exista latifundismo en el estricto sentido del término.

En cualquier caso, y a pesar de las ligeras variaciones observadas en unas zonas u otras, podemos hablar de un claro predominio de la pequeña e ínfima propiedad y de una desigual distribución de la riqueza, más agudizada, eso sí, en las áreas de los Somontanos, Monegros y Bajo Cinca. Ni siquiera en las comarcas pirenaicas, donde el volumen de contribución de la pequeña propiedad es equiparable al de la mediana y gran propiedad, existe un reparto igualitario de la riqueza, pues el número de contribuyentes de la primera sobrepasa, y con mucho, a los de las segundas, aunque el control ejercido por medianos y grandes propietarios se acentúa en Fraga, Huesca y Sariñena, donde un 3% o 4% controlan alrededor de un 40% de la renta. Municipios como Esplús, Albalate de Cinca, Alcolea de Cinca, Binaced, Castejón de Monegros, Fraga, Tamarite de Litera o Valfarta ofrecen los valores más elevados de concentración de la riqueza en pocas manos, mientras los menos elevados se concentran en el área pirenaica (Jaca, Boltaña y Benabarre).

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Carmen FRÍAS CORREDOR y Pedro RÚJULA LÓPEZ

MUNICIPIOS CON UN REPARTO MÁS DESIGUAL DE LA RIQUEZA Municipio

I-P propiedad C R

Albalate de Cinca 87,63 Alcolea de Cinca 86,96 Binaced 87,24 Castejón de Monegros 86,15 Esplús 83,60 Fraga 82,18 Tamarite 86,45 Valfarta 91,79

M propiedad C R

23,16 21,19 18,72 26,21 6,95 23,33 22,20 21,38

9,09 9,29 8,88 10,49 9,84 14,06 10,24 5,73

21,41 18,91 20,65 23,04 7,15 30,17 24,84 14,54

G propiedad C R 3,28 3,75 3,87 3,34 6,56 3,76 3,31 2,45

55,43 59,60 60,62 50,73 85,91 46,51 52,97 64,06

I-P=Ínfima y pequeña. M=Mediana. G=Grande C=Contribuyentes. R=Contribución.

«Repartimiento individual de la Contribución Rústica. Año 1899•. Sección Hacienda AHPH. Elaboración propia.

FUENTE:

MUNICIPIOS CON UN REPARTO MENOS DESIGUAL DE LA RIQUEZA Municipio

Abena Aso de Sobremonte Berbusa Cartirana Fago Gésera Hoz de Jaca Latre Tella Toledo de la Nata

I-P propiedad C R 64,00 87,23 66,15 75,00 98,13 21,05 59,26 34,14 96,97 83,08

M propiedad C R

33,11 64,43 40,41 50,01 86,02 6,33 29,84 12,50 83,53 61,10

36,00 12,77 33,84 25,00 1,87 75,44 37,04 65,85 3,03 16,92

66,89 35,56 59,59 49,99 13,98 82,26 55,69 87,50 16,47 38,90

G propiedad C R 0 0 0 0 0 3,51 3,70 0 0 0

0 0 0 0 0 11,40 14,47 0 0 0

I-P=Ínfima y pequeña. M=Mediana. G=Grande C=Contribuyentes. R=Contribución.

«Repartimiento individual de la Contribución Rústica. Año 1899. Sección Hacienda AHPH. Elaboración propia.

FUENTE:

Los veinte municipios recogidos en los cuadros anteriores ofrecen los valores más extremos. A pesar de que las cifras medias calculadas para las distintas comarcas puedan ocultar realidades diversas, no por ello dejan de ser indicativas, y en ese sentido nos parece útil utilizar un índice que permite relacionar las variables barajadas con el fin de poder valorar comparativamente la distribución de la riqueza. El Índice de Gini conjuga ocho variables (porcentaje de ínfimos, pequeños, medianos y grandes propietarios, y sus respectivos porcentajes de contribución) reduciéndolas a un único valor que oscila entre O y 1. Los valores 151

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TIERRA Y RELACIONES SOCIALES EN EL CAMPO DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL XIX

más cercanos a 1 informan de una mayor concentración, mientras que los que se aproximan más a O significan una menor concentración. Pues bien, en el caso oscense, los índices medios calculados para cada uno de los partidos se sitúan, todos ellos, por encima del 0,5, pero mientras para Jaca, Boltaña y Benabarre se mueven en la franja comprendida entre el 0,50 y el 0,54, en el resto sobrepasan el 0,638.

Un estudio más detallado de la distribución de la propiedad exigiría el análisis monográfico de cada municipio de la provincia y de sus libros de amillaramientos. Dada la abundantísima documentación conservada para el caso oscense, puede resultar por el momento significativo utilizar una muestra que permita valorar de forma más concreta tanto la difusión de la ínfima y pequeña propiedad como el grado de concentración y parcelación. Para ello hemos elegido algunos municipios en los que el análisis de las cuotas contributivas informaban de un mayor grado de concentración y de una mayor desigualdad en el reparto de la riqueza, considerando que por debajo de las 10 has. los labradores debían recurrir a medios diversos para completar su economía, mientras que una extensión situada entre las 10 y las 30 has. permitiría la autosuficiencia.

Pues bien, en Esplús, por ejemplo, nos encontramos en 1880 con 113 propietarios, de los cuales un 81,41% posee menos de 10 has. (de los que la gran mayoría no llega siquiera a las 5 has.), un 10,61% entre 10 y 30 has., y un 7,96% se sitúa por encima de las 30 has. En Valfarta nos encontramos con unos porcentajes similares: 82,30%, 19,38% y 5,30%, respectivamente.

Menos de 5 has.

Entre 5 y 10 has.

Entre 10 y 30 has.

Más de 30 has.

Esplús

Valfarta

81 11 12 9

74 19 14 6

En el caso de la pequeña e ínfima propiedad hemos podido constatar no sólo la exigüidad de la extensión de las propiedades sino una extremadísima parcelación. Así por ejemplo del total de 92 propietarios

8. Barbastro 0,63; Benabarre 0,54; Boltaña 0,50; Fraga 0,69; Huesca 0,64; Jaca 0,51; Sariñena 0,65. Vid. C. Frías Corredor, Liberalismo y republicanismo..., p. 183. Acerca de la metodología del Indice de Gini, vid. L. Ruiz Maya, «Sobre la metodología del Índice de Gini•, Cuadernos de Economía, n° 16 (1978).

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Carmen FRÍAS CORREDOR y Pedro RÚJULA LÓPEZ

con tierra por debajo de las 10 has., 53 poseen una sola parcela que por lo general es menor a una hectárea (43 por debajo de la hectárea, 10 entre 1 y 5 has., y ninguno entre 5 y 10 has.), 16 la tienen dividada en dos parcelas, y 23 en 3 ó más parcelas. Pero esta parcelación no es observable únicamente en estos casos, sino que se hace también extensible a las propiedades mayores. Así por ejemplo y a título indicativo, contabilizando el número de parcelas dedicadas a cultivo, podemos apuntar algunos casos: Francisco Abril Lacasa, propietario de un total de 54,6 has., tiene en cultivo 51,62 has. repartidas en 18 parcelas; Pablo Almunia Marco, 34,44 has. y 20 parcelas; Salvador Bayona Santamaría, uno de los mayores propietarios de la zona, posee, además de más 1.000 has. de coto redondo, 154,98 has., de las cuales 125,14 has. están en cultivo, repartidas en 29 parcelas, la mayoría, 22 concretamente, son inferiores a las 5 has.; Pedro Gombau Miralvés es propietario de un total de 53,84 has. y de 27 parcelas en cultivo; Miguel Marco Miralvés lo es de 97,23 has. en 31 parcelas; Joaquín Miralvés Marco tiene 98,90 has. en cultivo y 16 parcelas; y Francisco Miralvés Santamaría 117,3 has. en cultivo y 35 parcelas.

EXTENSIÓN DE LAS PARCELAS CULTIVADAS DE LOS MAYORES PROPIETARIOS DE ESPLÚS Nombre F. Abril Lacasa P. Almunia Marco S. Bayona Santamaría P. Gombau Miralvés M. Marco Miralvés J. Miralvés Marco F. Miralvés Santamaría FUENTE:

< 1 ha.

1-5 has.

5-10 has.

> 10 has

9 11 10 11 7 7

5 7 13 14 19 8

4 2 4 2 4 0

0 0 2 0 1 1

10

16

6

3

«Relaciones de propietarios Esplús.. Sección Hacienda. AHPI-1.

En Valfarta, con una dedicación exclusiva al cultivo de cereal, sólo 6 propietarios se sitúan por encima de las 30 has. con unas propiedades igualmente parceladas: Manuel Labrador Torres, es propietario de 173,80 has. divididas en 46 parcelas; Pascuala Labrador Torres, lo es de 91,91 has. y 24 parcelas; Juan José Penén Samper, el mayor propietario, de 566,44 has. y 96 parcelas; Juan Antonio Rosés Penén, de 38, 76 has. y 14 parcelas; José Ros Ezquerra, de 56,83 has., y 13 parcelas; y Mariano Ros Ezquerra, de 53,06 has. y 12 parcelas; produciéndose un reparto 153 Índice

TIERRA Y RELACIONES SOCIALES EN EL CAMPO DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL XIX

muy desigual de la riqueza pues estos seis propietarios poseen un 64,68% de la tierra en cultivo9.

Más dificultosa resulta la valoración de las distintos sistemas de tenencia de la tierra. Los repartos de contribución de los años 60 y 80 manejados para Huesca capital incluyen la valoración de la colonia —no así los de finales de siglo—, pero el porcentaje de la misma resulta ciertamente bajo, en torno a un 5%, lo que se explica por el hecho de que en buen número de casos es el propietario y no el colono el que satisface la contribución'". De ahí que sólo el recurso a la documentación privada pueda permitir una aproximación más fidedigna. No disponiendo de datos de este tipo, contamos por el momento con informaciones orientativas entresacadas de las encuestas que se realizan en 1849 y 1887. Así, por ejemplo, en la respuesta a la encuesta realizada en 1849 por el Ministerio de Agricultura, se especifica que en las poblaciones pequeñas apenas se encuentran tierras cultivadas por colonos o por arrendatarios, mientras que en los principales núcleos de población se encuentra más extendida la explotación indirecta y el arriendo, concluyéndose que se puede «formar el cómputo de cultivadores de tierras por arriendos en los pueblos pequeños y de secano como lo son en general los de esta provincia en un 4%, el de las poblaciones más crecidas ascenderá a un 33% en la capital, a un 20% en Barbastro, Fraga y Monzón, y a un 14% en Jaca, Tamarite y Sariñena, dando por término medio en toda la provincia un 8%»". Algo más explícito sobre los deberes del arrendatario y propietario es el Consejo provincial de Agricultura, Industria y Comercio: «Si no se ha impuesto al colono la obligación de pagar la contribución a favor del estado ó Municipio, claro es que á quien incumbe hacerlo es al propietario [...]. son deberes del arrendatario la limpia de acequias para el riego, el pago de la cantidad de agua con destino al predio regable, la provisión y acarreo de abonos, cuantos trabajos sean necesarios para beneficiarlo, la recolección de frutos y el pago anual en el mes de Agosto, si es campo, y en el de Noviembre si es viña ó huerta. El mediero E...] tiene

9. Fuente: AHP. «Relaciones de propietarios. Sección Hacienda. 1244. AHPH. 10. «Los arriendos se hacen por años ilimitados (...) siendo por cuenta del propietario en regadío los pagos de alfardas y contribuciones, y en secano los gastos de acarreo, trilla y pago de contribución». Contestación del ayuntamiento de Monzón a La crisis agrícola y pecuaria, 11. AGMA. Bancos Agrícolas. Leg. 123, exp. 4-4 bis: Preguntas realizadas por el Ministerio de Agricultura (Fomento) a las Juntas de Agricultura y Sociedades Económicas de Amigos del País de cada provincia, con objeto de reunir los datos necesarios para el estudio de la cuestión del Crédito Territorial. Años 1849-1856.

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Carmen FRÍAS CORREDOR y Pedro RÚJULA LÓPEZ

deberes parecidos á los del arrendatario, más la conducción y colocación de la media cosecha en casa del propietario (...). El propietario se obliga al pago de abonos, alquiler de cubas para la colocación del mosto hasta su transformación y de la mitad de las simientes, de la contribución territorial y de la mitad de la de consumos».

Pequeña propiedad y cultivo directo estarían más extendidos en el área montañosa, mientras en las comarcas centrales y meridionales la mediana y gran propiedad, ligadas muchas veces a la presencia de propietarios forasteros, recurren más al arrendamiento, sin que ello signifique que deje de ser mayoritaria la presencia de cultivadores directos en las comunidades rurales. Como expone el ingeniero agrónomo León Laguna: »El cultivo por el propietario es el más generalmente adoptado en todas las comarcas de la provincia por causa de hallarse la propiedad bastante dividida y no tener otra ocupación principal que la del campo la mayoría de los habitantes. El propietario es, pues, al mismo tiempo agricultor, ya cuide por si mismo de la ejecución de todos los trabajos agrícolas ó ya cuide de ellos por medio de obreros asalariados, destajistas ó jornaleros, según la extensión que tenga su labranza. En los pueblos rurales todos o casi todos los propietarios son cultivadores, y en las poblaciones de mayor importancia sucede lo contrario, la tierra se cultiva principalmente por aparceros ó arrendatarios»12.

A falta de otros datos resulta muy significativo el peso contributivo de los propietarios forasteros, así como el seguimiento de sus propiedades en varios municipios, pues tanto la importancia del volumen de sus propiedades como su dispersa distribución geográfica debía necesariamente exigir la contratación de asalariados, o la existencia de tenencias de tierra como el arrendamiento o la aparcería. Pues bien, los propietarios forasteros concentran su presencia en los Somontanos y la Tierra llana, donde llegan a controlar más de la cuarta parte de la riqueza rústica (Fraga, 30,73%; Huesca, 28,98%; Sariñena, 23,45% y Barbastro, 21,17%), mientras estos valores oscilan entre un 10% y un 15% para las áreas pirenaicas, a excepción de un grupo de municipios situados en depresión intermedia de la Canal de Berdún donde la riqueza de los propietarios forasteros supera el índice del 40%.

12. L. Laguna, •La tierra labrantía y el trabajo agrícola en la provincia de Huesca, en Revista de Huesca, n°. 1 (1903), p. 108.

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TIERRA Y RELACIONES SOCIALES EN EL CAMPO DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL XIX

,P

9

RIQUEZA RÚSTICA DE LOS FORASTEROS. MUNICIPIOS.

156

Índice

Carmen FRÍAS CORREDOR y Pedro RÚJULA LÓPEZ

De todas formas, si bien la riqueza de este grupo es fácilmente valorable en cada municipio pues cada reparto diferencia entre vecinos y forasteros, el seguimiento de medianos y grandes propietarios a nivel provincial resulta bastante más complejo dado que lo más frecuente es encontrarlos contribuyendo en varios términos municipales, lo que dificulta sobremanera la reconstrucción de sus propiedades a través de los repartimientos, máxime cuando en algunos lugares su contribución es muy pequeña.

Lo que sí podemos afirmar es que la mayor parte de los considerados forasteros viven en la provincia mientras resulta menos importante numéricamente la presencia de aquellos que tienen su vecindad fuera de la misma. Así, por ejemplo, de un total de 147 propietarios cuya contribución se sitúa por encima de las 500 ptas., sólo 18, algo más de un 12%, tienen fijada su residencia en Madrid, Zaragoza, Lérida, Barcelona...

GRANDES PROPIETARIOS FORASTEROS

Marqués de Alfarrás Herederos de T. Castellano Tomás Castellano y Cía Joaquín Ena Doménech Manuel Foncillas Bara Mariano Frías Español Conde de Guaqui Viuda de Salvador Heredia Duque de Híjar Barón de la Linde Antonio Rodríguez de los Ríos Isidro Rufas Monreal Conde de Samitier Duque de Solferino Duque de Villahermosa Duquesa de Villahermosa Marqués de Villaverde Baronesa de la Menglana FUENTE:

Vecindad

Contribución

Barcelona Zaragoza Zaragoza Zaragoza Zaragoza Zaragoza Madrid Zaragoza Madrid Zaragoza Lérida Híjar Zaragoza Zaragoza Madrid Madrid Zaragoza Zaragoza

1.601,10 11.105,73 1.703,32 813,79 864,30 1.916,38 8.968,32 1.148,09 567,12 1.134,91 2.145,42 781,4 7.907,43 10.297,30 2.061,17 19.466,01 656,90 1.218,71

«Repartos de contribución. Año 1899. Sección Hacienda. AHPH. Elaboración propia.

Como podemos observar la nobleza terrateniente absentista sigue conservando un peso específico importante, con volúmenes muy elevados de contribución, destacando la duquesa de Villahermosa, el duque de Solferino, el marqués de Alfarrás y los condes de Samitier y Guaqui.

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TIERRA Y RELACIONES SOCIALES EN EL CAMPO DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL XIX

En algunos de estos casos nos ha sido posible calcular el número de hectáreas que cada uno de ellos poseía en un determinado municipio: así por ejemplo, la duquesa de Villahermosa era propietaria de más de 5.000 has. en Grañén y de casi 4.000 en Esplús; el duque de Solferino, además de satisfacer más de 3.500 ptas. de contribución en Albalate, poseía 1.718 has. en Almuniente; el marqués de Alfarrás sobrepasaba las 1.400 entre Alcampel y Castillonroy; el conde de Samitier alcanzaba las 1.323 has. en Esplús, y el conde de Guaqui las 3.569 has. en Binaced. La baronesa de la Menglana, además de sus propiedades en Pomar de Cinca, poseía 278 has. en Tamarite de Litera, y el marqués de Villaverde, 130 has. en Binéfar.

A ellos habría que añadir la presencia de una nobleza que sigue manteniendo su vecindad en la provincia y que conserva importantes propiedades. Son los casos del marqués de Monsalud, con más de 2.000 has. en Almudévar; del conde de Bureta con 1.622 en Salillas; del conde de Cerrajería con 978 en Belver de Cinca; del conde de Robres con 918 has. en Arascués; de los marqueses de Lacadena, de Artasona, de Coscojuela... cuyo volumen de propiedad no nos ha sido posible fijar, aunque se puede apuntar que todos ellos, a excepción del último, superan en 1899 las 2.000 ptas. de contribución, o del marqués de Ayerbe, quien en 1875 era el segundo mayor contribuyente de la provincia con más de 13.000 ptas. de contribución.

Lo presentado hasta aquí ofrece una panorámica que tiene como principal característica el desigual reparto de la propiedad al conjugarse un abrumador predominio de la ínfima y pequeña propiedad con una gran propiedad multifundista concentrada en muy pocas manos. Esto significa que la gran propiedad no se bastó para producir el desarrollo del capitalismo en el campo de Huesca, sino que la pequeña y mediana propiedad constituyeron unos elementos centrales en esta fase fundamental para la consolidación de la economía agraria de la provincia. La generalización de la pequeña propiedad tuvo además como consecuencia que buena parte de los ínfimos y aún pequeños campesinos, dada la exigüidad de sus propiedades, debieran compaginar su condición de propietarios y la de arrendatarios, o incluso jornaleros en determinadas épocas, con el fin de asegurar su propia subsistencia, de tal forma que la importante presencia de pequeños e ínfimos propietarios no nos permite hablar de igualitarismo y armonía social, pues la coexistencia de una enorme masa de pequeños propietarios y de un escaso número de grandes contribuyentes que controla un alto porcentaje de la renta tiene como consecuencia un reparto muy desigual de la riqueza y unas formas de control de la fuerza de trabajo muy complejas.

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Los TRABAJADORES El vaciado de los censos electorales de finales de siglo que realizó Carmen Frías con el fin de establecer una caracterización socioprofesional del electorado altoaragonés viene a certificar la escasa presencia del trabajo asalariado a tiempo completo, en un espacio provincial en el que el 78% se ocupa en el sector primario. Según los datos aportados por estas fuentes —y no debemos olvidar que nos encontramos en unas fechas en las que se han dejado notar las consecuencias de la crisis agraria finisecular—, el volumen de jornaleros, consignados con esta denominación, se situaría en torno al 14%. En todo caso lo que nos interesa señalar es la confusión y complejidad que dejan entrever las clasificaciones profesionales que se recogen tanto en estas fuentes como en los censos de población. En algunos municipios, y tras la comparación del censo con los repartos de contribución o con las relaciones de propietarios, el término «propietario» se refiere a aquellos cuyo nivel de renta les permite la contratación de asalariados para la explotación de sus propiedades, mientras el término «labrador» parece usarse para aquéllos cuyas explotaciones no exigen mano de obra asalariada. En otros casos, sin embargo, hemos podido comprobar cómo la cuota contributiva del denominado «propietario» se sitúa en niveles inferiores a los del «labrador», por lo que quizá este segundo designe a campesinos que cultivan la tierra en arrendamiento o aparcería, mientras el primero se refiere a los que son dueños de la misma. En otros ocasiones no se distingue entre propietarios y labradores, y en no pocos censos la caracterización se complica al aparecer términos tan indefinidos como «del campo», que difícilmente sería usado por un propietario o cultivador directo de fincas de mediana extensión, aunque sí quizá por un pequeño o ínfimo propietario cuyos niveles de renta no resultaran muy diferentes de los del asalariado, o al encontrarnos con denominaciones como «labrador y jornalero» o «jornalero y propietario».

Ni siquiera la denominación «jornalero» identifica estrictamente a los asalariados a tiempo completo, carentes de propiedades. La sospecha de que incluso dicha denominación pudiera ser utilizada por aquéllos cuya pequeña o ínfima propiedad resultara claramente insuficiente para mantener al grupo familiar, nos llevó a realizar en las relaciones de propietarios de varios municipios un seguimiento de aquéllos que en los censos figuraban como jornaleros. A modo de ejemplo, en Esplús nos encontramos con 82 personas clasificadas como «jornaleros» en el censo de 1899; pues bien, de éstas, al menos 28 —es decir, algo más de una tercera parte— resultan ser ínfimos o pequeños propietarios: ninguno 159 Índice

77ERRA Y RELACIONES SOCIALES EN EL CAMPO DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL XIX

de ellos satisface una contribución superior a 30 ptas. a excepción de cuatro casos, los de Gregorio Marco Eras, que escasamente sobrepasa las 50 ptas., el de Vicente Pico Clavería con 36,44 ptas., el de Antonio Pueyo Almunia con 30,48 ptas y el de Ramón Ibarz Santamaría con 32,62 ptas; el resto satisface contribuciones inferiores a las 11 ó 10 ptas.

Para el año 1880 nos ha sido posible establecer la extensión de las propiedades de estos lornaleros» de Esplús. Nos hallamos ante campesinos cuyas propiedades son exiguas —raramente sobrepasan la hectárea— y además parceladas. La relación que ofrecemos a continuación puede ilustrar lo que venimos diciendo: Nombre José CASTRO DOMEC José ERAS HUARTE Joaquín ERAS HUARTE Lorenzo ERAS MONTER Mariano ERAS REGALES Blas FORCADA PUYAL Antonio MARCO BURON Bernardo MoNTiu MARCO Eusebio MONTER BALDELLOU Francisco MARCO TARROS Joaquín MARCO TARROC José MARCO IBARZ Manuel MIRALVÉS MURILLO Miguel MURILLO MURILLO Fulgencio MIRALVÉS PICO Francisco MIRALVÉS CAMPS Hilario PICO PUEYO Joaquín RADIGALES QUINTILLA Joaquín Riu IBARZ Nicolás RIc RALUY Mariano TARROC PUEYO

N. de parcelas

Has.

2 1 1 2 5 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 4 1 1 2 1

1,34 0,29 0,16 0,98 4,81 0,99 0,59 0,11 0,11 0,23 1,30 0,68 1,90 0,71 0,24 0,29 1,6 0,62 1,17 0,31 0,24

Ganado 2 asnos 1 asno 1 asno 2 mulas 1 asno 1 asno

2 mulas; 1 asno 1 asno

FUENTE: «Relación de propietarios•. Sección Hacienda. AHPH. 1057. Elaboración propia.

Se trata, pues, de jornaleros que son dueños de una o varias parcelas, con una extensión total que en el mejor de los casos no sobrepasa las 3 ó 4 has. —extensión exigua que obliga al recurso de la aparcería o a la venta de la fuerza de su trabajo— y de alguna mula o asno que utilizan como animales de labor en las propiedades ajenas.

El escaso peso de los denominados exclusivamente «jornaleros» —y no olvidando que muchos deben ser, como apuntamos, ínfimos pro160 Índice

Carmen FRÍAS CORREDOR y Pedro RÚJULA LÓPEZ

pietarios—, la amplísima presencia de «labradores», la confusión o conjugación de ambos términos, y el altísimo porcentaje de pequeña e ínfima propiedad nos hace suponer que en buena medida la oferta de trabajo para las explotaciones mayores es cubierta por pequeños e ínfimos propietarios que dispondrían, a través del jornal o de contratos de arrendamiento o aparcería, de un medio para completar su subsistencia y asegurar la reproducción del grupo familiar. Así, de la escasa presencia de jornaleros agrícolas, con un salario como única fuente de ingresos, no puede deducirse que el capitalismo no hubiera penetrado en el campo, pues éste no necesariamente se traduce en la desaparición de la pequeña propiedad y en la generalización de la conversión del pequeño propietario en asalariado agrícola. Como han ido poniendo de manifiesto las investigaciones sobre historia agraria realizadas en los últimos años, con lo que nos encontramos es con un sector agrario que, lejos de ser inmóvil, se adapta desde sus estructuras tradicionales a los cambios introducidos por las reformas liberales y a la intensificación de las relaciones con el mercado; una adaptación que tiende a asegurar la reproducción de la comunidad campesina y de los pequeños e ínfimos propietarios, pero también la de aquellos propietarios multifundistas que minimizan gastos de producción eludiendo la contratación de trabajadores fijos.

EL MUNICIPIO DE HUESCA DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX: PROPIEDAD Y PRODUCCIÓN

Así las cosas, el final de siglo en la provincia de Huesca está definido, desde la perspectiva de la propiedad, por diversos grados de concentración dependiendo de la ubicación de los municipios.

Concentración que es menor en las zonas altas y que crece sustancialmente en los llanos y los somontanos al mismo tiempo que se incrementa la importancia de los propietarios forasteros.

Estas áreas se corresponden con el proceso de especialización agropecuaria experimentado por el campo aragonés desde el siglo XVIII y desarrollado en el XIX". Desde entonces fueron definiéndose en la provincia de Huesca áreas de dominio cerealista —Sariñena, Huesca o

13. D. Gallego, L. Germán y V. Pinilla, «Crecimiento económico, especialización productiva y disparidades internas en el Valle Medio del Ebro., Cuadernos Aragoneses de Economía, vol. 3, n° 2 (1993), p. 279.

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77ERRA Y RELACIONES SOCIALES EN EL CAMPO DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL XIX

Fraga—, un área del olivo —Barbastro— y la zona de primacía ganadera —Benabarre, Boltaña y en menor medida, Jaca-14.

La incidencia de la crisis finisecular estuvo condicionada por este proceso iniciado dos centurias atrás. El siglo XIX se abrió con un serio descenso de precios que afectó a los productos agropecuarios durante las tres primeras décadas del Ochocientos". Y en ese momento, cuando ya se estaban restableciendo los niveles de precios, se produjo la abolición del régimen señorial y la disolución de las relaciones feudales existentes. A partir de la década de los 30, en que la liberalización de los factores productivos fue una realidad, el desarrollo del capitalismo en el medio rural avanzó con rapidez configurando una estructura de la propiedad y unas relaciones de producción que ya eran producto del nuevo marco proporcionado por el régimen liberal.

De este modo hay que esperar a la segunda mitad del siglo XIX para comprobar los importantes efectos que tuvieron sobre los campesinos y el sector agrario tan importantes transformaciones. Tomemos como hilo conductor el caso del municipio de Huesca capital.

HUESCA. CONTRIBUCIÓN RÚSTICA (1860-1889)

1860

n° 1880

> 20 ptas. 353 113 20 a 50 50 a 200 130 67 > 200 663

306 140 148 86 680

1860

n° 1880

Propiedad

Ínfima Pequeña Mediana Grande

Forasteros propiedad

Ínfima Pequeña Mediana Grande

> 20 ptas.

20 a 50 50 a 200 > 200

30 15 24 17 86

1860

1880

53,24 17,04 19,61 10,11

45 20,59 21,76 12,65

% 1860

1880

Contribución rústica 1880 1860 2.983,47 3.591,74 13.079,62 34.777,22 54.432,05

Contribución rústica 1880 1860 224,59 428,07 2.573,24 8.002,16 11.228,06

34,88 17,44 27,91 19,77 50

2.521,98 4.395,77 14.817,55 47.510,51 69.245,81

1860

1880

5,48 6,60 24,03 63,89

3,64 6,35 21,40 68,61

% 1860

1880

2,00 3,81 22,92 71,27 13.773,14

14. Vid. G. Pérez Sarrión, Agua, agricultura y sociedad en el siglo XVIII. El Canal Imperial de Aragón 1766-1808, I.F.C., Zaragoza, 1984, pp. 506 y 507.

15.1 Fontana, •La crisis agraria de comienzos del siglo XIX y sus repercusiones en España», en A. García Sanz y R. Garrabou (comps.), Historia agraria de la España contemporánea. 1.

Cambio social y nuevas formas de propiedad (1800-1850), Crítica, Barcelona, 1985, pp. 103-128.

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Carmen FRÍAS CORREDOR y Pedro RÍVULA LÓPEZ

Colonia

Sólo colonia 1860 1880

Colonia sin rústica 1860 1880

n° contribución

183 3.657,66

96 1.783

140

56,00

1860 87 1.875,15

Rústica 1880 84 1.726,47

FUENTE: Para 1860 y 1880, »Repartos de contribución de la Ciudad de Huesca•. Sección Hacienda.

AHPH. Para 1899, Carmen Frías, Liberalismo y prepublicanismo en el Alto Aragón, procesos electorales y comportamientos políticos, 1875-1898, Tesis doctoral, Universidad de Zaragoza, 1991.

Propiedad En orden a la distribución de la propiedad en 1860 pueden apreciarse algunas características significativas: a) Una base muy amplia de propietarios, el 53,24%, cuya extensión no les permite atender a la supervivencia de la unidad familiar y sus miembros necesitan del complemento económico que supone la venta de su fuerza de trabajo en tierras ajenas o en los talleres para garantizar su subsistencia. La suma de sus contribuciones apenas alcanza el 5,5% del total. b) Los tramos centrales de la pirámide de propiedad son, por contra, sorprendentemente reducidos. Los pequeños y medianos propietarios representan el 17,04% y el 19,61% respectivamente. Poseen los primeros explotaciones que se bastan con la fuerza de trabajo familiar, y los medianos propietarios tendrían necesidad de incorporar mano de obra externa coincidiendo con los momentos altos de la cosecha. Sin embargo, en conjunto, sólo representan el 30% de las contribuciones. c) La estructura de la propiedad se culmina con una exigua cima compuesta por 67 propietarios, 17 de ellos forasteros, que representan tan sólo el 10% del total, pero que tributan por encima del 63% de toda la contribución rústica de la ciudad de Huesca. Su importancia es enorme e impone un sesgo muy importante a la estructura de la propiedad oscense hacia la gran propiedad.

Existe una relación complementaria entre la gran concentración de la propiedad y la abundancia de propiedades de escasa extensión de tal forma que las grandes propiedades obtenían en el mercado de trabajo cercano la mano de obra necesaria para atender a sus necesidades.

Serán los propietarios de todas aquellas explotaciones que se hallan por debajo de los límites de la supervivencia, junto con los estrictamente jornaleros, los que concurrirán al mercado de trabajo de manera continuada proporcionando cierto equilibrio entre la demanda y la oferta.

Concentración y subpropiedad caracterizan la estructura de la propiedad en Huesca en 1860.

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TIERRA Y RELACIONES SOCIALES EN EL CAMPO DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL XIX

Veinte años más tarde, en 1880, esta estructura parece haber evolucionado en busca de mayor estabilidad. Los datos reflejan que la polarización se ha reducido considerablemente. Este proceso ha sido posible por la importante reducción de la ínfima propiedad que, descendiendo más de un 8%, se sitúa en una tasa del 45%, lo que significa solamente el 3,64% de la tributación total. Las razones de esta reducción pueden ser diversas. De un lado cabe un proceso de proletarización que llevara a la pérdida de toda propiedad terminando en la condición de simple jornalero o emprendiendo el camino de la emigración. Esta interpretación resulta poco probable porque durante estos años aumenta el número de ínfimos propietarios en lugar de descender, lo que descarta la tesis de la emigración temprana y matiza el proceso de proletarización hasta la década de los 80.

La otra interpretación que resulta más plausible es que durante estos años se dio un proceso de consolidación de la propiedad a partir de unidades de producción autosuficientes. De este modo, el aumento que registra el número de los pequeños y medianos propietarios, al tiempo que el descenso de los ínfimos, se explicaría por un proceso de agrupación de la propiedad en explotaciones que garantizaran cuanto menos la subsistencia de la unidad familiar, si bien esta es una circunstancia concreta dentro de un proceso mayor de concentración de la propiedad que caracteriza estas dos décadas, ya que también se da un aumento muy importante de la gran propiedad hasta representar el 68% de la contribución rústica.

De este modo, la tendencia que experimentó la propiedad en Huesca entre 1860 y 1880 fue un proceso de concentración que afectó de dos maneras al reparto de la superficie cultivada: de un lado el aumento de unidades de producción de extensión suficiente para garantizar la autosubsistencia y, de otro, el aumento del peso de la gran propiedad, pues no sólo creció el número de grandes propietarios sino el peso de éstos sobre el conjunto.

A partir de ese momento, el desarrollo de la crisis finisecular impuso nuevas pautas en la propiedad de la capital. Creció el número de propietarios de tierra, algo que se contradice con la tendencia migratoria negativa de la provincia durante este periodo final de siglo, pero que se explica por la recepción de inmigrantes que experimentó por su condición de centro político-administrativo. Así, entre 1877 y 1897 la población aumentó entre 11.416 y 12.264 habitantes, un crecimiento especialmente significativo, 848 nuevos residentes, en el contexto del éxodo de población de la provincia. Este crecimiento, no obstante, no operó de forma 164 Índice

Carmen FRÍAS CORREDOR y Pedro RÚJULA LÓPEZ

homogénea en todas las franjas de propiedad. Disminuyó muy significativamente el número de grandes propietarios, descendiendo un 3,11% en el número, descenso que resulta más significativo cuando se traduce en torno a un 5% de descenso en la contribución. La mediana propiedad también se vio afectada por una reducción en su significación, aunque no en su número, lo que globalmente se manifiesta en la pérdida de 2,5 puntos sobre el porcentaje total de contribución. Van a ser la pequeña e ínfima propiedad las que experimenten en este periodo un incremento, moderado en el caso de la primera ya que no cobra mayor peso porcentual en número de contribuyentes, pero manifiesta un sensible crecimiento —de 6,35% a 9,37%— en el volumen de contribución; y manifiesto para la ínfima propiedad, que crece en 151, el 11,58%, en número, y en 1.350 ptas., lo que significa 2,34% en su participación contributiva.

En definitiva, con las consiguientes cautelas, podría afirmarse que entre 1860 y 1880 se produjo un reforzamiento de la estabilidad social en Huesca por medio de la extensión de la pequeña y la mediana propiedad al tiempo que aumentó el control que el reducido número de grandes propietarios ejercía sobre la superficie cultivada de la ciudad.Pero con el cambio de coyuntura a raíz de la incidencia de la depresión en la economía agraria se experimentaron nuevos reajustes. Así la capital vio cómo el crecimiento de la población incidía en el aumento de la ínfima propiedad, al tiempo que la mediana y gran propiedad disminuían en distintos grados, tendencia que puede justificarse por el señalado descenso de los precios, la caída de la rentabilidad de las explotaciones agrarias y el hundimiento del valor de la tierra en el mercado. Situación amortiguada ya a finales de los 90 por la entrada en vigor del arancel proteccionista que aseguraba unos beneficios estables a las explotaciones capaces de generar un mayor volumen de producción, lo que pudo detener la tendencia que hemos identificado desde los años 80 en adelante.

Al final del recorrido de medio siglo la gran propiedad continúa siendo muy importante —el 65,65%—, incluso ha aumentado un 1,8% en el proceso. Entre las mismas fechas —1860 y 1899— la pequeña e ínfima propiedad se ha consolidado, pudiendo hablarse incluso de um proceso de campesinización agudizado hacia final de siglo, pues entre 1880 y 1899 se produjo un estallido de este tipo de propiedad que aumentó el 5,26%, lo que significa un crecimiento cifrado en la mitad de la que existía anteriormente. Ambas características, consolidación de la gran propiedad y afirmación de las explotaciones campesinas, sólo pudieron ir en detrimento de la mediana propiedad que se redujo un 21,14% en este período. Así, la configuración de la propiedad durante los años 70 fue un 165 Índice

TIERRA Y RELACIONES SOCIALES EN EL CAMPO DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL XIX

espejismo provocado por la coyuntura favorable para la producción agraria, pero los ajustes ocasionados por la crisis moderaron el crecimiento de las grandes propiedades —desinteresadas por un sector de la economía cuyos rendimientos se habían hundido— y mejoraron la presencia de las explotaciones campesinas en el conjunto de la economía agraria.

HUESCA. LOS USOS DEL SUELO (1863-1879)

Extensión has.

Regadío Hortalizas y legumbres Trigo, cebada y otras semillas Viñas Tierra sobrante de viñas Total Secano

Otros

Trigo, cebada y otras semillas Viñas Olivares De nueva plantación de vides y olivos Total

1879

271,124 2.512,888 232,484 378,028 3.394,524

257,6 2.599,828 168,084 367,724 3.393,236

1.043,924 249,228 66,976

2.080,12 17,66 6,79 524,216 2.628,786

1.360,128

305,256

1.291,22 Incultos de particulares Monte alto y bajo con aprovechamiento 2.968,196 de casa. Pastos y pesca 387,044 Inútil para toda producción 4.646,46 Total

2.026,024 387,044 2.718,324

9.401,112

8.740,346

TOTAL FUENTE:

1863

«Resumen del número, clase, calidades y cultivos...». Sección Hacienda. AHPH.

Producción En cuanto a la producción, a comienzos de la década de los 60 puede observarse en Huesca la marcada tendencia que habíamos señalado hacia la especialización en torno al cultivo de cereales, tanto en secano como en regadío hasta alcanzar más de 3.500 has. cultivadas, lo que significa el 74% de la superficie'6. Junto a este cultivo central se encuentran 481 has. de vides que constituyen el cultivo secundario.

Como tercero se hallan las 271 has. de hortalizas y legumbres cultiva16. Especialización señalada por v. Pinilla para toda la provincia que experimenta un incremento posteriormente, Entre la inercia..., p. 44.

166 Índice

Carmen FRÍAS CORREDOR y Pedro RÚJULA LÓPEZ

das en las mejores tierras de regadío de la ciudad. Y finalmente cabe señalar la existencia de 66 has. de olivares.

A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX la distribución interna de la superficie cultivada, e incluso la propia extensión, experimentó algunos cambios. Así, entre 1863 y 1880 pueden apreciarse algunos cambios. Mientras la superficie de regadío se mantuvo constante durante este tiempo en torno a la 3.400 has. regadas, observamos como se detecta un cambio importante en el secano. La superficie de secano que en 1863 era de 1.360 has. experimentó un incremento rápido llegando hasta las 2.628 has., es decir un 93,2%. Fue la forma de reaccionar frente a una coyuntura de precios que no mejoraba desde finales de los años 5017 y ante el reto de aumentar la producción. De hecho en 1880 la riqueza agraria imponible había descendido un 5,09% en los últimos 16 años.

En definitiva el aumento de superficie cultivada vino impulsado por la necesidad de conseguir un incremento de la producción. El proceso no vino de la mano de la aplicación al cultivo intensivo de la tierra sino de manera extensiva poniendo en cultivo tierras que hasta ese momento tenían asignados otros usos. De ese modo entraron en cultivo 986 has. incultas que había en manos de particulares y fueron roturadas otras 942 has. de monte que hasta el momento únicamente era de aprovechamiento para los vecinos. Actuando de esta forma no se aumentaron los rendimientos, aún se redujeron por la entrada en cultivo de tierras marginales, sin embargo la extensión de la superficie cultivada permitió paliar en alguna medida las consecuencias del descenso de los precios sobre el volumen global de los ingresos.

La evolución de los cultivos durantes estos años fue un aumento de la superficie cultivada de cereales en las mejores tierras, las de regadío, a costa fundamentalmente de 64 has. de viñas en regadío. También en secano se produjo en notable incremente de la superficie destinada a los cereales (99%). Esto significó un reforzamiento de la especialización cerealística de Huesca ya que se produjeron incrementos tanto en regadío como en secano constituyendo la principal característica durante las décadas centrales de la segunda mitad del XIX. No conviene olvidar que, aunque de mucha menor entidad, también se produjo durante estos mismos años un incremento de la superficie destinada a vid y olivos, 168 nuevas hectáreas, que fueron plantadas asumiendo tímida-

17. A. Y. Kondo, La agricultura española del siglo XIX, Nerea-Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1990, p. 265.

167 Índice

TIERRA Y RELACIONES SOCIALES EN EL CAMPO DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL XIX

mente una capitalización de las explotaciones en otra dirección que el abrumador monocultivo de los cereales.

El contexto de la crisis El equilibrio alcanzado en torno a la década de los 80 se había establecido sobre la base de la extensión de suelo cultivado en forma extensiva, y destinado a la producción de cereales y vid. Las nuevas tierras roturadas y sembradas de cereales consolidaron la especialización de la provincia mientras que la superficie destinada a la vid permitió aprovechar la coyuntura favorable del mercado del vino ocasionada por la extensión de la plaga filoxérica en el viñedo francés". Sin embargo, esta coyuntura no fue duradera. Con el restablecimiento de la producción francesa de• vino las fronteras se cerraron a la producción oscense —como a la del resto de España— y la plaga terminó por afectar a un cultivo que ya atravesaba serios problemas a fines de siglo.

Pero más importante aún fue la crisis que sufrieron los precios de aquel producto que era la clave de la gran especialización provincial: el cereal. La reducción de los márgenes obligó al abandono de las tierras marginales, puestas en cultivo las décadas anteriores, en un esfuerzo por mejorar los rendimientos". El equilibrio alcanzado mediante la especialización cerealista en explotaciones familiares volvió a romperse, y esto afectó a la provincia en forma de emigración que registra una tasa entre 1878 y 1900 de -5,6, lo que significa una proporción de emigrantes sobre el crecimiento vegetativo de -109%, que le situa en el primer puesto de España en esta magnitud negativa".

Las dificultades del fin de siglo oscense se vieron además acrecentadas por la estructura agraria provincial, ya que en la provincia de Zaragoza, por ejemplo, fueron otro tipo de cultivos, como la vid y la remolacha, las que paliaron la crisis y permitieron reconstituir la renta agraria al tiempo que tiraban de la agricultura con el estímulo de la capitalización y la mecanización. Pero en el caso oscense, como este

18. Vid. J. Pan-Montojo, La bodega del mundo. La vid y el vino en España (1800-1936), Alianza Universidad-Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1994, pp. 139-156.

19. Vid. V. Pinilla, Entre la inercia y el cambio..., pp. 42 y 44.

20. D. Gallego, L. Germán y V. Pinilla, «Crecimiento económico, especialización productiva...», p. 294. Y F. Mikelarena Peña, «Los movimientos migratorios interprovinciales en España entre 1877 y 1930: áreas de atracción, áreas de expulsión, periodización cronológica y cuencas migratorias•, Cuadernos Aragoneses de Economía, vol. 3, 2 (1993), p. 240.

168 Índice

Carmen FRÍAS CORREDOR y Pedro RUJULA LÓPEZ

proceso no se dio en la misma medida, los efectos apenas se notaron y tuvieron que esperar a que mejorara la posición del cereal en el mercado para que se apreciara una mejoría. Al final del recorrido, el proceso de especialización se había reforzado (82% de cereal en 1933)21 a costa de un importante fenómeno migratorio durante el período central de la crisis, que imprimiría un sesgo demográfico negativo que ya no se recuperaría durante la primera mitad del siglo XX. CRISIS AGRARIA Y PEQUEÑA PROPIEDAD: TOMA DE CONCIENCIA Y EFECTOS SOCIALES

Las características de la crisis agraria finisecular y las consecuencias económicas y sociales que tiene en el espacio provincial y regional han sido ya bien descritas y apuntadas por Carlos Forcadell y Luis Germán22.

No es preciso insistir demasiado en la descripción del mecanismo de la crisis: siguiendo a Ramón Garrabou podemos resumir que el origen del paso de una fase expansiva a otra depresiva a la altura de los años 70/80 se halla en la cristalización de un mercado mundial de productos agrarios, que actúa produciendo un aumento de la oferta de los mismos, traducida en la caída de precios y en el descenso de los beneficios agrícolas y del precio de la tierra, que a su vez actúan retrotrayendo la demanda de trabajo y con ella el valor de jornales y salarios. Las consecuencias de la crisis se van a evidenciar prontamente en un espacio, como el aragonés, caracterizado por una agricultura de base cerealista, de tipo tradicional, con bajos rendimientos y bruscas oscilaciones productivas, con técnicas de explotación tradicionales, y orientada hacia el autoconsumo y la comercialización canalizada preferentemente hacia Cataluña, aunque se deja sentir con especial firmeza en aquellas áreas —es el caso de Huesca— donde el cereal tiene un mayor peso respecto al resto de cultivos.

En esta situación, los efectos sociales de la crisis alcanzan a todos, aunque no con la misma intensidad: el gran propietario, e incluso el mediano, que cultiva directamente la tierra, puede ver reducido nota-

21. V. Pinilla, Entre la inercia y el cambio..., p. 44.

22. C. Forcadell Álvarez, «La crisis agrícola y pecuaria de finales del siglo XIX. La provincia de Huesca en la información escrita de 1887», Revista Argensola, n° 92 (1981), pp. 279-303. Del mismo, «La crisis agrícola y pecuaria en la provincia de Teruel en la información escrita de 1887», en Encuentro sobre historia contemporánea de las tierras turolenses, Instituto de Estudios Turolenses, Teruel, 1986, pp. 177-197. Un análisis del marco regional el de C. Forcadell Álvarez y L. Germán Zubero, «La crisis finisecular en la agricultura interior: el caso de Aragón», en R. Garrabou (ed.), La crisis agraria de fines del siglo XIX, Crítica, Barcelona, 1988, pp. 69-93.

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TIERRA Y RELACIONES SOCIALES EN EL CAMPO DURANTE L4 SEGUNDA MITAD DEL XIX

blemente su margen de beneficio, pero no su margen de subsistencia; es el pequeño campesino, en su variada condición de propietario, aparcero o jornalero eventual, el que se va a encontrar doblemente atrapado por la depresión por la pinza de unos precios que descienden —y lo hacen considerablemente— actuando negativamente sobre su estrecho margen de beneficio, y por las dificultades de completar sus economías mediante unos jornales que también se reducen.

La introducción de mejoras técnicas, abonos, transformaciones o sustituciones de cultivos..., única solución para reducir costes y mejorar rendimientos que permitan la competencia con los baratos cereales extraeuropeos, resulta ser una cuestión de capitalización, de inversión, en un mundo de escasez, y una vía de difícil tránsito para quienes como el pequeño campesinado ven ahora sus recursos drásticamente disminuidos. Las dificultades para mantener su margen de subsistencia, sobre las que, dicho sea de paso, actúa desfavorablemente la inexistencia de instituciones de crédito barato, de bancos agrícolas que permitan el acceso a préstamos con bajo interés, y el mantenimiento de una elevada fiscalidad, acaban obligando, con el objetivo principal de no perder la propiedad, al endeudamiento a través de prestamistas locales, y presumiblemente conduciendo a una transferencia de la propiedad. En las respuestas al cuestionario de 1887 sobre la incidencia de la crisis son constantes las alusiones a estas dificultades. Así la Comisión de Agricultura, Industria y Comercio apuntaba que «los propietarios y agricultores de esta región acuden al préstamo con fecuencia: en ciertos distritos la masa de capital hipotecado al pago de deudas alcanza proporciones aterradoras; (...) de manera que bien puede asegurarse que aquí, y sobre todo en la parte meridional de la provincia, se ha llegado ó se está llegando al límite de la desesperación en este punto»".

INCAUTACIÓN DE FINCAS RÚSTICAS Y URBANAS POR DEUDAS A HACIENDA (ptas.)

Partidos

1888-1889

1889-1890

1890-1891

1891-1892 1892-1893

1893-1894

1894-1895

1895-1896 1896-1897

Barbastro 12.050,17 Benabarre 929,83 Fraga 56.814,05 Huesca 4.001,46 Jaca Sariñena 1.648,12

39.834,84 3.406,53 87.153,65 15.884,43

32.412,93 3.366,95 38.562,21 23.912,31

36.252,56 4.438,33 51.795,57 33.659,78

4.753,3 33.221,37 47.924,88

78.645,55 4.395,57 50.399,36 67.023,9

94.135,48 4.352,4 75.904,39 91.046,64

88.987,24 5.220,64 49.396,01 71.327,41

5.333,1

4.418,5

4.573,43

9.903,42

Tamarite

15.324,01

9.397,54

13.121,8 19.163,91

35.966,77 30.863,02

2.058,31 37.937,97 96.140,19 17.845,19 12.398,67

9.504,61

22.626,9

17.258,76

23. La crisis agrícola y pecuaria, 1888, 7 vol., p. 137.

170

Índice

66.841,09 3.683,03 43.646,12 20,07 115,23

Carmen FRÍAS CORREDOR y Pedro RÚJULA LÓPEZ

INCAUTACIÓN DE FINCAS RÚSTICAS Y URBANAS POR DEUDAS A HACIENDA (en número) Partidos Barbastro Benabarre Fraga Huesca Jaca Sariñena Tamarite

1888-1889

1889-1890

1890-1891

1891-1892 1892-1893 1893-1894

1894-1895

372 45 792 123

925 159 1.082 336

750 170 626 579

1.000 172 563 678

244 553 1.084

1.810 235 645 1.814

2.421 308 1.202 2.381

39 275

215 399

177 295

216 485

378 375

519 735

1.772 1.021

1895-1896 1896-1897 2.116 382 417 2.581 114 1.274

567

1.867 235 212

706 591

FUENTE: «Estudio resumen de fincas rústicas y urbanas adjudicadas a la Hacienda por delitos de contribuciones. 1903•. Sección Hacienda. 3623. AHPH.

El seguimiento de las fincas adjudicadas al Estado por impago de contribuciones evidencia igualmente las dificultades atravesadas por un volumen importante de pequeños campesinos, como apuntan algunas de las respuestas al cuestionario de la crisis: «los miles de fincas que se embargan por las contribuciones directas hablan con toda elocuencia; la ejecución de inmuebles por falta de pago dicen de la penuria de los agricultores; y si eso no fuese claro, hasta las caras de miseria que se columbran en los pueblos rurales, pondrían de manifiesto las angustias y los quebrantos por que pasan esos pobladores para dar pan á sus hijos y sostener sus terruños á costa de mil privaciones»24. Entre 1880 y 1886, en Huesca nos encontramos con 8.476 fincas incautadas. Un análisis más pormenorizado de la documentación conservada nos aporta datos de interés sobre la dimensión de las mismas. Así por ejemplo, en Abiego, entre 1888 y 1892 se adjudicaron al estado 205 fincas; todas ellas, a excepción de dos que alcanzaban las cinco y seis hectáreas, se situaban por debajo de las tres hectáreas. Este dato se ha confirmado con el repaso de dichas adjudicaciones al estado para un total de 85 municipios situados en los partidos de Barbastro, Fraga, Sariñena y Tamarite. En la mayoría de los casos se trata de fincas muy pequeñas, por debajo de las tres o dos hectáreas, muy pocas entre tres y seis, aunque sí aparecen algunas mayores en la zona de Tamarite: así en Azanuy una de 28 has.; en Binéfar 1 de 13, y dos de ocho y nueve; en Fonz, con un total de 207 fincas incautadas, aparecen sólo una de 13 has, otra 15 has., dos de 17 has., y una de 23 has.; en San Esteban de Litera, de un total de 195, sólo hay siete entre 10 y 15 has., cuatro entre 15 y 30 has. y tres entre 30 y 37 has.25.

24. Contestación del ayuntamiento de Adahuesca. La crisis agrícola y pecuaria.

25. •Relaciones de fincas adjudicadas al Estado por delitos de contribuciones sacadas de los 171

Índice

TIERRA Y RELACIONES SOCIALES EN EL CAMPO DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL XIX

Son precisamente los años en los que la caída del precio del cereal no sólo es más aguda, sino que además se empieza a tener la conciencia de un cambio en la naturaleza y el origen de la crisis. Así, con anterioridad a 1883 las oscilaciones sufridas por los precios -con descensos muy notables en los intervalos de 1871-1873 y 1879-1881- habían estado relacionadas con el carácter irregular de la producción, especialmente por las malas cosechas a raíz de las inundaciones de 1879 y principios de 1880 y de la sequía que se dejó notar en 1882. En la zona de Monegros, por ejemplo, la producción disminuyó considerablemente en esos años, y no menos aflictiva resultó en ciertas localidades del partido de la capital, como Biscarrués, Ayerbe, Los Corrales, Piedramorrera... que vieron perdidos sus recursos básicos. Sin embargo, a partir de 1883 las cosechas son buenas y la producción se ha recuperado, pero los precios medios provinciales conocen una caída cercana al 22%, aunque en determinadas comarcas, especialmente en los Somontanos y Monegros el descenso es más espectacular: en los partidos judiciales de Barbastro y Huesca los precios descienden un 36,35%, un 29,52% entre 1883 y 1885, y en el de Sariñena un 36% entre 1883 y 1886. En la década de los 90 los precios no han conseguido siquiera recuperar el nivel alcanzado veinte años antes, a principios de la década de los 70.

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL TRIGO POR PARTIDOS JUDICIALES (PTAS./HL.) Año 1871 1873 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1886 1890

Barbastro Benabarre Boltaña 22,92 20,67 19,35 22,75 23,23 25,93 26,02 24,56 23,91 25,94 21,36 16,51 19,97 22,15 20,76 19,37 19,68

23,07 23,60 27,21 22,89 25,74 28,04 27,94 23,80 23,41 26,16 21,36 20,36 23,03 19,12 15,00 17,66 18,54

18,38 20,29 19,16 23,23 22,41 21,47 18,41 18,52 17,90 23,09 21,58 20,66 20,04 22,45 15,75 14,58 13,00

Fraga

Huesca

Jaca

28,36 25,40 20,37 22,66 23,66 24,50 25,27 25,16 24,09 26,60 25,58 20,41 25,16 24,91 23,79 20,70 21,63

23,05 19,09 17,95 21,28 22,01 23,65 24,54 23,38 22,11 23,47 19,16 16,54 18,29 20,06 18,72 16,49 17,88

23,08 18,48 15,90 18,81 19,72 21,77 23,74 21,86 18,97 20,63 17,07 15,02 16,58 19,81 17,44 15,99 17,25

Sariñena Tamarite 23,43 23,82 23,54 23,47 23,53 25,16 24,94 21,61 20,65 25,91 21,03 17,64 16,58 20,84 21,15 19,75 17,81

24,89 21,37 20,67 23,37 23,02 25,09 24,51 23,12 22,31 22,87 20,25 19,50 18,08 20,41 19,29 18,04 17,63

FUENTE: «Resúmenes mensuales del precio del trigo». BOP, 1871-1890. Elaboración propia.

expedientes de apremio que forman el inventario. Años 1879-80; 1883-84; 1884-85; 1886-87; 188889; 1891-93. 8521, 8522, 8523, 8524, 8525, 8526. Sección Hacienda. AHPH. 172

Índice

Carmen FRÍAS CORREDOR y Pedro RÚJULA LÓPEZ

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL TRIGO ENTRE 1871 Y 1890 (1871=ÍNDICE 100)

Barbastro Benabarre Boltaña Fraga Huesca Jaca Sariñena Tamarite

1871

1890

100 100 100 100 100 100 100 100

85,86 80,36 70,72 76,26 77,57 74,74 76,01 70,83

FUENTE: Resúmenes mensuales del precio del trigo<,. BOP, 1871-1899. Elaboración propia.

El descenso de los precios del cereal dio lugar, en un primer momento, a una reducción de la superficie destinada al cultivo de granos: «La producción de cereales ha disminuido considerablemente, (...) por efecto del empobrecimiento de la población rural, que ni puede dar las labores necesarias, ni procurar los abonos convenientes; abonos que por desgradica en varios puntos han tenido que vender los agricultores este año, como último recurso contra el hambre. En la zona meridional se dió un impulso colosal hace treinta años á la roturación de terrenos.

Mas durante el actual decenio viene decayendo tal cultivo hasta un punto, que (...) quedarán yermas nuevamente no sólo las tierras que se roturaron, nsi también las que de antiguo vienen siendo cultivadas»".

Esta reducción del área destinada a la producción de granos se vio acompañada en estas fechas por una cierta expansión del viñedo, muy localizada al área de los somontanos. No obstante, el incremento de la extensión de este cultivo desde mediados de la década de los 80 hasta 1895, se vio paralizado a raíz de la recuperación de la producción vinícola francesa, produciéndose una limitación del mercado francés para los caldos altoaragoneses, a lo que se sumó la llegada de la filoxera a las tierras oscenses. Los propios coetáneos eran conscientes de que la extensión del viñedo se había producido manteniendo procesos de elaboración anticuados, con los cuales era difícil mantener la competencia de vinos procedentes de Argelia, Italia y Portugal. Así, a principios de siglo, en 1901, se afirmaba desde las páginas de El Diario de Huesca:

26. Contestación del ayuntamiento de Monzón a La crisis agrícola y pecuaria.

173 Índice

TIERRA Y RELACIONES SOCIALES EN EL CAMPO DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL XIX

«(...) el milagro de nuestra exportación á Francia cuando esa nación perdió sus viñedos a causa de la filoxera no se repetirá. Entonces no supimos emplear las iniciativas sino para aumentar la producción, haciendo plantaciones inconsideradas, porque el aumento satisfacía las momentáneas aspiraciones de nuestra ambición limitadísima, y para nada tuvimos en cuenta que ese aumento debía venir acompañado de una prudente y necesaria transformación de las elaboraciones»27.

Parece que la toma de conciencia, al menos una toma de conciencia más o menos generalizada, sobre la naturaleza de la crisis se encuentra íntimamente relacionada con la continuación en las importaciones de grandes cantidades de cereal ultramarino una vez que se producen las buenas cosechas de 1883 y 1884. Reflexiones como la de Jacinto Pitarque, uno de los mayores contribuyentes de Alcolea se reiteran en estos años finales de la década de los 80: «Existe indudablemente la crisis agrícola, producida en parte por causas naturales, pero agravada considerablemente por la depreciación de los productos del país, en especial del trigo. La crisis se inició y tomó grandes proporciones en los años 1884 y 1885 en que, no obstante ser regulares las cosechas, los cultivadores apenas pudieron hacer frente á los gastos y pago de los impuestos, por la baja en el precio del trigo, efecto de la competencia de los cereales extranjeros que se hace sentir en este país notablemente, por ser sus mercados los de Lérida, Reus y Manresa, á donde con tal facilidad llegan aquéllos»28. A la altura de 1887, cuando se responde al cuestionario sobre la crisis agrícola y pecuaria, instituciones y particulares de la provincia coinciden en señalar como causa principal la competencia del cereal extraeuropeo que, con sus bajos precios, acaba por acaparar los mercados periféricos, apareciendo extendida la conciencia de la imposibilidad de competir con ellos dada la baratura de la tierra, de los transportes, la modicidad de los impuestos, y las técnicas agrarias, como ya expusiera Joaquín Costa, en una fecha más temprana, en el Congreso de Agricultores y Ganaderos de 188029. Pero mientras Costa centra su discurso en la necesidad de sustituir el cultivo del cereal por otros más rentables y en la de transformar la estructura de la agricultura española a través de la política hidráulica, pequeños, medianos y grandes propietarios comparten —unos para asegurar su

27. El Diario de Huesca, 2-8-1901.

28. Contestación de Jacinto Pitarque (Alcolea de Cinca) a La crisis agrícola y pecuaria.

29. 'Dictámenes y discursos de Joaquín Costa en los Congresos de Agricultores y ganaderos de 1880 y 1881., Agricultura y Sociedad, n° 1 (1976).

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subsistencia, otros su margen de beneficio— la reivindicación del arancel. No hay contestación desde el Alto Aragón que no insista en la necesidad de elevar las barreras arancelarias. Desde Grañén, por ejemplo, se apunta que es necesario «aumentar los derechos de importación hasta el límite necesario para que el trigo de procedencia extranjera no pueda presentarse en nuestros mercados menos de 20 á 22 pesetas hectólitro»; los contribuyentes de Fonz también exigen igualmente «tratados proteccionistas para salvar los productos de la nación; el ayuntamiento de Adahuesca apunta que la «agricultura, hasta que ha llegado su agonía, no ha pedido protección, ni nadie se la ha dispensado (...), ahora que la pide [se refiere a la protección del mercado] si no se la dispensa, muere»; y desde la Comisión provincial de Agricultura, Industria y Comercio se propone «la elevación de los derechos arancelarios en la proporción que se estime conveniente para que la agricultura nacional pueda sostener en condiciones favorables la competencia de productos similares de otros países»30.

En el mismo sentido insisten otros testimonios de las mismas fechas, como la multitud de reclamaciones elevadas por los agricultores a la Corporación provincial, o el resumen que hacen los propios diputados de la crítica situación sufrida por la provincia. En 1887, tres diputados liberales exponían como sigue la situación de la comarca de la Litera: «la desgarradora miseria que afligue á la zona de la Litera (...) ha hecho estériles los sacrificios y trabajos del agricultor y destruido la riqueza de los campos; agricultores que se ven precisados a buscar en la emigración y el destierro elementos de subsistencia que no encuentran en su país natal; desgarradoras escenas á que da lugar la miseria de aquella comarca [en la que] multitud de agricultores han tenido que recurrir á la venta de caballerías, arados y demás aperos de labranza y no pocos hasta de los abonos que debían fertilizar sus tierras; si el gobierno no adopta medidas enérgicas encaminadas á mejorar la situación del país, los propietarios de la Litera, con muy escasísimas excepciones tendrán que abandonar la explotación de sus fincas. Como en la crisis de la Litera influye la gran competencia de los cereales extrangeros es conveniente interesar del Gobierno y de las Cortes el aumento de los derechos de Aduanas establecidos por los actuales aranceles á la importación de estos productos (...) y el fomento de las obras públicas proyectadas en aquella zona á fin de facilitar á las clases más necesitadas»31.

30. La crisis agrícola y pecuaria, pp. 131, 43, 121 y 65.

31. Actas de la Diputación, 5-4-1887.

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En este contexto, y frente a las propuestas costistas que exigen una capitalización que difícilmente llega de un estado con los recursos menguados, y de la que el pequeño campesino carece, éste opta por minimizar sus riesgos, aferrándose a la protección como requisito indispensable para subsanar las consecuencias de la crisis. Las amplísimas franjas del pequeño campesinado no reducen la inversión al mínimo ni modifican sustancialmente sus sistemas de cultivo debido al viejo tradicionalismo al que con tanta frecuencia se recurre, sino por la carencia absoluta de medios necesarios para hacerlo.

La crítica coyuntura de final de siglo es la que hace que grandes y pequeños propietarios interpreten de forma similar las causas de sus problemas, y esa coincidencia actúa unificando y soldando sus intereses y, por tanto, sus reivindicaciones. Ahora a las dificultades atravesadas por los pequeños productores de la comunidad rural se han sumado las de medianos y grandes propietarios que ven disminuir la rentabilidad mantenida hasta entonces, y de ellas, tanto unos como otros hacen responsables al estado —identificado en no pocas ocasiones con el recaudador de impuestos—, a los políticos, al mundo urbano que hace bajar los precios agrarios mientras suben lo sindustriales, que mantiene altas contribuciones de rústica frente a las industriales y comerciales32. La comunión de miras en torno a la elevación de las barreras arancelarias, mientras se responsabiliza a los políticos puede constituir un buen ejemplo de lo que venimos diciendo.

Las dificultades derivadas de la crisis finisecular acaban arrastrando al pequeño campesino a la expropiación y la expulsión de la tierra., procesos bastante intensos en Huesca entre 1880 y 1900. La emigración, «respuesta silenciosa» a los efectos de la crisis sin cuya referencia es imposible explicarla, resulta especialmente acusada en la provincia altoaragonesa, pues si bien es cierto que entre 1877 y 1897 la tasa aragonesa se sitúa muy por debajo de la media nacional (un 0,8 frente a un 4,7), no lo es menos que dentro del marco regional Huesca es la provincia que pierde más población en términos absolutos (más de 16.000 habitantes, frente a los 1.811 de Zaragoza o los 7.817 de Teruel), al ser, por su dedicación cerealista, la sacudida de forma más profunda por la crisis.

32. «Debe fijarse mucho la atención y hacer un estudio comparativo entre los agricultores que se arruinan y los comerciantes é industriales que se enriquecen; lo que prueba, entre otras causas, lo gravoso de la contribución territorial y lo exiguo de la industrial.. Contestación que remite el ayuntamiento de Adahuesca al cuestionario de La crisis agrícola y pecuaria.

33. La problemática de la emigración finisecular es abordada por R. Robledo, «Crisis agraria y éxodo rural., en R. Garrabou (ed.), La crisis agraria de fines del siglo XIX... Sobre la emigración

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Endeudamiento y proletarización se traducen igualmente en un incremento de la conflictividad social en el campo, dando origen a enfrentamientos y tensiones sociales que se manifiestan de forma más notoria en las dos últimas décadas del pasado siglo. Se trata de un tipo de conflictividad exento las más de las veces de finalidades políticas, más característico de las formas tradicionales de acción colectiva, generalmente de carácter local, sin preparación y con objetivos inmediatos relacionados frecuentemente con problemas de carestía y fiscalidad. Aquí habría que encuadrar los frecuentes motines contra el impuesto de consumos con el objetivo de conseguir un abaratamiento del precio de las subsistencias.

Incendio de fielatos, agresión a guardas y empleados de consumos, concentraciones y manifestaciones ante el ayuntamiento... constituían la mecánica de unos tumultos que evidencian la delicada situación económica atravesada por las clases populares. Junto a los motines, robos de trigo almacenado, quema de graneros, atentados contra la propiedad, intentos de repartirse tierras del común, resistencia al pago de contribución, amenazas e incluso secuestros de acomodados propietarios, manifestaciones en las que los protagonistas exigen «poder honradamente ganar el sustento para sus familias ó pan para sus queridos hijos...». Son muestras de una conflictividad creciente que no puede ser entendida sin el referente de la crisis, tal y como observan los propios contemporáneos. Así, por ejemplo, a raíz del secuestro y muerte de un rico propietario de Callén en 1888, Rafel Montestruc exponía las relaciones entre dicho suceso y el ambiente de miseria de esos años: «Líbreme Dios de disculpar tamaño crimen, pero ójala sirva de enseñanza y ójala haga fuerza en la conciencia de quienes pueden prevenir otros hechos parecidos.

Atiéndase que la miseria es espantosa, que el hambre obliga a mucho, que la familia exige todo y que cuando tales exigencias toman carácter de horrores, los horrores mismos se realizan, porque el espíritu de conservación y los lazos de sangre hablan más alto que la honrada conducta. Y crean los altos poderes que la criminalidad en esta tierra, cuando el invierro venga y las sombras de la necesidad apremiante se espesen más de lo que están, no se reprimirá con guardia civil y con castigo, y crean que á estas desdichas, sólo (...) proporcionando trabajo podrá ponerse coto. Todos temen, no al campesino, que en si es honrado, sino á la miseria, que rompiendo las vallas de todo sentimiento noble, lanza á quien la

aragonesa, L. Germán Zubero, «Aragón invertebrado. Atraso económico y dualismo interno (18301930)-, Revista de Historia Económica, VI, n° 2 (1988).

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padece y ve morir de necesidad á sus hijos, por el derrotero que ha de satisfacer su angustia, sea el derrotero que quiera'," No nos hallamos pues ante una sociedad aquietada, imagen que muy especialmente ha proliferado sobre la España de la Restauración. La praxis electoral, como ya apuntara Carmen Frías", puede resultar especialmente esclarecedora de este tipo de vínculos en la medida en que refleja unas realidades socioeconómicas y territoriales concretas. Una realidad socioeconómica caracterizada por el desigual reparto de la riqueza que se mueve en una coyuntura altamente negativa como la de final de siglo genera una conflictividad que se presenta tanto hacia adentro (antagonismos interiores) como hacia afuera (enemigos exteriores)".

Porque, a su vez y de forma no contradictoria, las características propias de este mundo rural, y la coexistencia de pequeña y gran propiedad, tendieron también a acentuar los lazos de dependencia/subordinación, máximo dado el estrecho horizonte de muchas comunidades, cuyas relaciones con el mundo exterior quedaban reducidas no pocas veces a los contactos con el pueblo vecino. Los lazos de dependencia personal se acentúan como resultado de una estructura agraria determinada, en la que muchos viven con un estrecho margen de subsistencia. Así, en numerosas ocasiones el núcleo central de estos vínculos se hallaba ligado a los medios básicos de subsistencia: la renovación de los arrendamientos, de los contratos de aparcería o del salario; la provisión de semillas o de útiles de labranza; el préstamo en los momentos de malas cosechas; las donaciones de tierras para usos comunes..., pero también giraba en torno a la mediación del poderoso del lugar para arrancar beneficios, ya fuera individuales o colectivos, del exterior: la exención del servicio militar de los hijos, la consecución de un empleo, los permisos de todo tipo para cazar, leñar, talar...; la moratoria o condonación de impuestos, los créditos municipales... Son peticiones, individuales o colectivas insistimos, que traducen la necesidad de protección ante una serie de fuerzas externas —representadas frecuentemente por un estado centralizador y fiscalizador, por la política o el mundo urbano e industrial— y la búsqueda de promoción de los intereses de la comunidad; peticiones que resumen las necesidades y reivindicacio-

34. Carta de Rafael Montestruc. Diario de Avisos, 25-8-1887.

35. Carmen Frías Corredor, Liberalismo y republicanismo...

36. Carmelo Romero Salvador, «Tensión y conflicto en la España interior durante la Restauración», en prensa.

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nes del campesino y de la comunidad campesina sobre las que se articulan las relaciones entre ésta y aquéllos que poseen recursos y poder para proteger, ayudar, financiar..., lo que no significa necesariamente sumisión absoluta a los dictados de los poderosos o acomodados, pues como señalara Carmelo Romero »una cosa es que se acepte mayoritariamente, y que se considere conveniente, que la representación parlamentaria «corresponde» y debe ser ejercida por quienes tienen poder, saben y quieren (...) y otra muy distinta que se acepten, sin tensión y sin conflicto, unas formas de dominación social y económica».

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EL CAMPO OSCENSE EN EL DISCURSO REGENERACIONISTA Y REPUBLICANO, 1898-1932

Julita CIFUENTES CHUECA

La crisis de 1898 había puesto de manifiesto la mala gestión de los gobiernos monárquicos. El mismo Estado que era incapaz de elaborar unos presupuestos acordes con las pretensiones triunfalistas de sus gobernantes, profundamente atrasado en el terreno industrial y en el agrícola, con una débil clase media y elevadas tasas de analfabetismo, se había atrevido a enfrentarse militarmente con los Estados Unidos y, tras la consiguiente derrota, debía hacer frente a sus responsabilidades. Las voces críticas que reclamaban un cambio en la dirección política del país habían empezado a oírse desde varias décadas antes. Lo cierto fue que la pérdida de los últimos reductos de lo que había sido el imperio español aceleró y agudizó el descontento en torno a la realidad española. Parecía haberse tocado fondo y lo que comenzaban a exigir los regeneracionistas y los núcleos republicanos era una transformación radical en la forma de gobernar. Al igual que ocurrió en la coyuntura de abril de 1931, el momento se mostraba propicio para abordar de «forma inmediata la renovación de la política». «Mudar la piel, romper los moldes viejos que Europa rompió hace ya más de medio siglo, sufrir una transformación honda y radical de todo su modo de ser, político, social y administrativo, acomodar el tipo de organización a su estado de atraso intelectual y económico y tomarlo nada más como punto de partida, con la mira puesta en el ideal, el tipo europeo» era la fórmula 183 Índice

EL CAMPO OSCENSE EN EL DISCURSO REGENERACIONISTA Y REPUBLICANO

regeneradora que Joaquín Costa planteó para salir de la grave crisis decimonónica'.

Conseguir ese objetivo implicaba, necesariamente, la puesta en práctica de un ambicioso proyecto de reformas. Y es en este contexto en el que, junto a los ajustes iniciados por los partidos políticos turnantes, deben incluirse las propuestas de los sectores situados fuera del sistema de la Restauración. Conectar estas iniciativas con la visión que tenían del campo y de la agricultura española y trasladarlas a la provincia altoaragonesa es el objetivo que nos hemos trazado en este artículo.

Son muchos los trabajos que desde presupuestos históricos o económicos han analizado el papel desempeñado por la agricultura en el camino de la modernización económica española'. Sin entrar en afirmaciones que superarían el objetivo de estas páginas, nos proponemos aludir brevemente al peso que el Estado y sus decisiones políticas tuvieron en este desarrollo. Tras un primer acercamiento, se observa cómo los distintos gobiernos de la Restauración fracasaron a la hora de diseñar un programa económico que tuviera como prioridad la revitalización y modernización de los sectores más estancados. Desde el punto de vista agrario, la política de protección arancelaria fue, tan solo, una solución temporal a la crisis de fin de siglo que impidió, entre otras cosas, la reestructuración del sector hacia otra producción más competitiva o hacia otros sectores; el sistema fiscal e impositivo, anticuado, ineficaz y socialmente injusto, que gravaba más a la pequeña propiedad que a la grande, debido a la facilidad para ocultar la riqueza territorial, sirvió para mantener a un Estado con presupuestos deficitarios que, lógicamente, le restaron capacidad de gestión y bloquearon la realización de cualquier tipo de

1. La idea de renovación de la política la ha planteado Manuel Suárez en su obra El reformis-

mo en España, Siglo XXI, Madrid, 1986, p. 2. La fórmula ideada por Joaquín Costa y que permitiría a España salir de la crisis en ¿Quienes deben gobernar después de la catástrofe?, Imprenta Hijos M.G. Hernández, Madrid, 1900, p. 5. A pesar de que los trabajos sobre la crisis de la sociedad española a fines del siglo XIX son numerosos nos limitamos a reseñar el libro de Carlos Serrano, Final del imperio. España 1895-1898, Siglo XXI, Madrid, 1984 y los escritos por este mismo autor en colaboración con Jacques Maurice, Joaquín Costa: Crisis de la Restauración y populismo (1875-1911), Siglo XXI, Madrid, 1977 y con Serge Salaün, 1900 en España, Espasa Calpe, Madrid, 1991.

2. Reconociendo que son abundantísimos los trabajos sobre historia agraria aparecidos en los últimos años, nos limitamos a citar los incluidos en A. García Sanz y Ramón Garrabou, Historia agraria de la España contemporánea. II, Barcelona, Crítica, 1985, por ser los que renovaron la línea de estudio, y los más recientes de Leandro Prados de la Escosura, El desarrollo económico de la Europa del sur. España e Italia en perspectiva histórica, Alianza, Madrid, 1992 y Gabriel Tortella, El

desarrollo económico de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX,

Alianza, Madrid, 1994.

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Julita CIFUENTES CHUECA

inversión a largo plazo. Si dejamos de lado cuestiones de segundo orden como la incapacidad de los gobernantes o la ineficacia secular de la administración, las razones de esta situación deben partir de la propia caracterización de la sociedad española, inmersa en un complejo entramado de relaciones socio-políticas propias de un régimen caciquil que, además, extendía sus tentáculos sobre la economía.

Los

PLANTEAMIENTOS AGRARISTAS EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA RESTAURACIÓN

Resulta sorprendente ver cómo el sector productivo que más población ocupaba y que todavía en 1930 generaba dos quintas partes de la renta nacional era reiteradamente desatendido por los distintos gobiernos de la Restauración. Después de la aplicación de la legislación desamortizadora —nacida con la pretensión de contribuir a la transformación del régimen jurídico de la propiedad agraria, aunque según numerosos estudios, sus efectos se limitaron a facilitar la compra de parcelas por parte de la burguesía— y de la puesta en práctica de tímidos procesos de colonización en algunas zonas improductivas del país, el mundo rural dejó de interesar a las autoridades'. Fue al margen del discurso político oficial donde se plantearon las primeras voces que veían en la situación del campo y de sus trabajadores uno de los problemas más serios y de más urgente solución de España.

Esta sensibilidad por captar los problemas latentes en la sociedad de su tiempo tuvo un buen ejemplo en Joaquín Costa. Asumiendo el riesgo de simplificar en exceso su figura, nos encontramos ante uno de los más interesantes reformadores agraristas de la historia del pensamiento español. Seguidor de los presupuestos «georgistas», partidario del establecimiento de una sociedad de pequeños productores y defensor a ultranza de la propiedad agraria colectiva, supo elaborar todo un conjunto de medidas tendentes a resolver la precaria situación de la agricultura'.

Desde la creación de la Liga de Contribuyentes de Ribagorza en 1891, se había lanzado a trabajar «movido por el espectáculo de los abusos padecidos por los campesinos a manos de la administración pública». Dos años más tarde, en 1893, había elaborado un amplio programa —de 12

3. Francisco Tomás y Valiente, «El proceso de desamortización de la tierra en España, Agricultura y Sociedad, n° 7 (1978), pp. 11-33.

4. El libro Progreso y Miseria de Henry George tuvo una influencia decisiva en gran parte de los reformistas agrarios españoles, entre los que se encuentra Joaquín Costa, quien se declaró seguidor. Un buen resumen de los planteamientos de este norteamericano en Baldomero Argente, ¿Qué es el Georgismo? Imprenta Ugina, Madrid, 1935.

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puntos— que de aplicarse mejoraría la «cuestión social agraria». Dentro de sus reclamaciones, destacamos aquellas que exigían la aprobación inmediata de un importante plan de obras públicas que contemplara la construcción de canales, pantanos y embalses para transformar el secano en tierras de regadío; una política crediticia que favoreciera al pequeño propietario campesino y lo dotara de los recursos económicos suficientes para modernizar su explotación; y la potenciación de la Enseñanza en general, y la agrícola en particular, como medio de instruir al trabajador y mejorar su nivel de vida.

Llevar adelante este ambicioso proyecto exigía, entre otros aspectos, la formación de un nuevo partido político que fuera capaz de cumplir, si se daba el caso, con las responsabilidades de gobierno. La creación de Unión Nacional, nacida de la fusión de la Liga Nacional de Productores y las Cámaras de Comercio el 1 de marzo de 1900, resultó ser la oportunidad que estaba esperando. Apenas llevaba funcionando unos meses cuando se abrió el debate sobre la conveniencia de constituirse en partido político. En contra de la opinión de Costa, triunfó el sector que prefería ver a Unión Nacional «ajena a toda cuestión de forma de gobierno y a cualquier clase de problema de orden constituyente del Estado». Tal decisión, motivó su abandono del cargo que ocupaba en el Directorio de dicha organización y condujo al fracaso definitivo del primer intento serio de movilización que «ante el desastre del 98 quisieron analizar y remediar sus causas»5 de las clases mercantiles y agrícolas del país.

Decepcionado por este fracaso y por la farsa en que se había convertido el sistema político español, abandonó la vida pública y se centró en sus escritos. El reconocimiento y valoración de su trabajo le llegó, como ocurre en tantas ocasiones, después de su muerte. La huella del pensamiento costiano se hizo evidente en algunas decisiones gubernamentales —política hidráulica—; en una buena parte de los pensadores reformistas posteriores, y, especialmente, en muchos republicanos que se presentaron como sus herederos, sobre la actuación concreta de los gobiernos provinciales y, por último, en buena parte de los programas del reformismo agrario6.

5. George Cheyne, en su trabajo Ensayos sobre Joaquín Costa y su época, Fundación Costa, Huesca, 1992, incluye un detallado análisis de los que fue y en que se basó el fracaso de Unión Nacional; lo de movimiento serio en p. 51.

6. La influencia de Costa sobre el pensamiento reformista español ha sido recientemente abordada por Ricardo Robledo en su obra Economistas y reformadores españoles: la cuestión agraria (1 760-193 5), M.A.P.A., Madrid, 1993.

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Julita CIFUENTES CHUECA

El fracaso de Unión Nacional evidenció lo difícil que resultaba crear un partido político en el que se vieran representados los intereses de los campesinos y las clases medias. Partidarias del liberalismo económico y temerosas de la fuerza creciente del proletariado, no estaban muy dispuestas a apoyar programas reformistas que implicasen una transformación, aunque fuera mínima, del principio de la propiedad privada y que, además, les cargara con los costes económicos de algunas de las medidas intervencionistas del Estado en materia social en términos, sobre todo, de aumento de la presión fiscal. Por otra parte, las dependencias contraídas por las élites políticas de la Restauración con los nobles y los grandes terratenientes, con quienes compartían estatus social y presupuestos ideológicos, bloqueó también la vía de la expropiación de tierras y su distribución entre los trabajadores directos. Al final la confluencia de ambos factores cerraron el paso a una política que ejercida desde el poder hubiera supuesto para numerosas familias de jornaleros y pequeños propietarios una notable mejoría en sus niveles de vida'.

A diferencia del Liberalismo francés o inglés, el bloque de poder español se mostró impermeable a los cambios y realidades de la nueva sociedad del siglo XX. Anclados en los privilegios adquiridos, fueron incapaces de concebir un proyecto reformista en materia política y social que sirviera para integrar políticamente a los sectores obreros, mejorar sus condiciones de vida y de trabajo y, en definitiva, redistribuir los beneficios en términos de una mayor justicia social. El acceso al poder de José Canalejas constituye una excepción dentro del discurso político oficial del Liberalismo. Consciente de que la única forma de transformar la realidad hacia formas más democráticas necesitaba de una modificación en el sistema capitalista, fue partidario de aumentar el intervencionismo del estado en las relaciones sociales y económicas. Y éste pasaba, dadas las características de la propiedad y de las estructuras agrarias predominantes en amplias zonas del país, por la realización de algún tipo de «reforma» que «hiciese prevalecer el derecho de la sociedad a extraer la máxima utilidad y beneficio de las riquezas naturales y conseguir paralelamente cotas más altas de justicia social». La

7. Un ejemplo de la connivencia entre las autoridades políticas y la gran propiedad se puso de manifiesto a la hora de elaborar el catrasto de la riqueza rústica. El primer intento por conocer la riqueza rústica imponible fracasó en 1846 no tanto por razones técnicas, sino como expone Gabriel Tortella Tor la resistencia encarnizada de los propietarios, que ocultaban el valor de lo que tenían para evadir el impuesto, en El desarrollo de la España contemporánea..., p. 157. Hasta que en 1906 no se inició definitivamente su elaboración, el amillaramiento siguió siendo el principal sistema de recaudación.

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cuestión estribaba en cómo canalizar el acceso del proletariado agrícola a la propiedad de la tierra. La desaparición de este personaje trasladó a los sectores antimonárquicos las responsabilidad de elaborar una alternativa a la cuestión social. Pero en este caso, la debilidad organizativa mostrada por los grupos republicanos se tradujo también en una escasa representación en los centros de decisión política.

Heredero de las prácticas y del radicalismo decimonónico, el partido Republicano Federal «mostró una mayor sensibilidad por la temática social» en el campo. Fue el primero en incluir un cuerpo compacto de reivindicaciones en el orden social agrario; entre ellas, la subordinación del disfrute de la tierra a los intereses generales; un cierto reparto entre los obreros agrícolas de las tierras incultas o expropiadas y el establecimiento del crédito agrícola.

Los titubeantes pasos del republicanismo organizado a comienzos del nuevo siglo se transformaron a partir de la segunda década en serios esfuerzos por lograr la consolidación de un partido a escala nacional.

Fruto de este impulso, en 1911 se constituía Unión Republicana. Esta formación no aportaría grandes novedades en materia social agraria tal y como se desprende de la lectura de su manifiesto programático en el que sólo se contempla la expropiación de fincas por «causa de utilidad pública». Un poco más avanzadas fueron las propuestas de la Federación Republicana creada en 1918. Reconocían el principio de que «la tierra ha de ser para el que la fecunda, la valora y la embellece con el amor de su trabajo»; concebían la «transformación del contrato de arrendamiento en censo redimible; la del arrendatario en propietario de la tierra»; las tierras sin cultivar, tras su expropiación, pasarían a ser «bienes comunales, patrimonio de los municipios, con destino al procomún»; finalmente, fomentarían el crédito agrícola, la fundación de sindicatos y la difusión de la enseñanza profesional agrícola. En ese mismo año, también firmó su Acta de nacimiento el Partido Reformista, único que hasta ese momento había elaborado un auténtico programa agrario. En él, además de desarrollarse los planteamientos tan sólo apuntados con anterioridad desde otros sectores del republicanismo, se incluían nuevas materias:

8. Salvador Forner Muñoz, Canalejas y el partido liberal democrático, Cátedra, Madrid, 1993, p. 64. Dentro de esa política de conceder más importancia a los problemas sociales, incluidos los de la población campesina, cabe situar el nombramiento de José Canalejas como ministro de Agricultura en 1901 o la creación en 1903 del Instituto de Reformas Sociales. La primera propuesta seria en favor de la necesidad de iniciar algún tipo de reforma agraria se elaboró durante el gobierno de Canalejas en febrero de 1910, en Edward Malefakis, Reforma agraria y revolución campesina en la España del s. XX, Ariel, Barcelona, 1982, p. 492.

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necesidad de emprender la reforma fiscal, la colonización agrícola o la parcelación de los latifundios; respeto y potenciación de la propiedad colectiva y aplicación de una nueva legislación laboral'.

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(1900-1932)

Definir las líneas principales que configuraron las visiones que tenían los sectores republicanos o regeneracionistas sobre el campo oscense nos obligaba necesariamente a hacer un recorrido por las pautas que presentaban esas agrupaciones en el ámbito nacional. Lo que nos proponemos a continuación es analizar cuáles fueron las propuestas concretas y las alternativas que se plantearon y cómo se imbricaron con la realidad política de esta provincia aragonesa. Para ello resulta imprescindible trazar unas breves pinceladas sobre su situación económica y su nivel de desarrollo.

La mayor parte de los recursos provenían del sector primario que a la altura de 1930 seguía ocupando a un 56'94 de la población activa. La debilidad de la red industrial, diseminada en pequeños talleres de carácter familiar —harineras, hilados, papel, chocolate, aguardientes— y del sector servicios, en el que destacaba el alto número de funcionarios empleados en el orden público, son otros dos factores que hicieron de Huesca una zona poco desarrollada económicamente'°. Propio de este atraso fue la sucesión de fuertes crisis de trabajo que se traducían en desempleo, escasez de subsistencias, hambre y miseria para una amplia mayoría de jornaleros y campesinos. Ajenos a la gravedad del problema, las autoridades locales se limitaron a paliar en cierta forma los efectos de estas épocas de paro forzoso y a corregir las tensiones sociales que se generaban como si de un mero problema de orden público se tratase.

Las razones de esta endémica falta de trabajo apuntan hacia la incapacidad del sector industrial para tirar de la producción, el escaso

9. La información sobre las distintas agrupaciones políticas proceden de Miguel Artola, Programas y partidos políticos (volumen II), Alianza, Madrid, 1991; Manuel Suárez Cortina, «La quiebra del republicanismo histórico, 1898-1931» y Carlos Dardé, «La larga noche de la Restauración, 1875-1900, ambos artículos en Nigel Townson (ed.), El republicanismo en España (1830-1977), Alianza, Madrid, 1994, pp. 139-164 y 113-138 respectivamente. Lo referente al partido federal y su temática social agraria en Antonio López Estudillo, «Federalismo y mundo rural en Cataluña, 18901905, Historia Social, n.° 3 (1989), p. 17.

10.José María Azpíroz, Poder político y conflictividad social en Huesca durante la II República, Ayuntamiento de Huesca, Huesca, 1993, p. 16.

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potencial demográfico; la improductividad de la tierra, la limitada formación de los campesinos o la ausencia de regadíos. Pero como ya se ha señalado por muchos autores, pocos se atrevían a reconocer que la raíz del problema nacía de la peculiar estructura de la propiedad oscense «con mucho latifundio y minifundio». Sin llegar a los extremos de Andalucía o Extremadura, unos pocos poseían la mayor parte de la tierra; la que quedaba se distribuía entre miles de ínfimos y pequeños propietarios que ante lo limitado de sus parcelas debían contratarse temporalmente como mano de obra en otras fincas. En el último eslabón de esta cadena productiva se encontraban los jornaleros, el sector más castigado en períodos de crisis de trabajo".

Si Huesca era en esencia una provincia agrícola, lo que sorprende es la poca atención que las autoridades dispensaron a cualquiera de los aspectos relacionados con esta actividad. A juzgar por los datos recogidos en las Actas del Ayuntamiento o en las de la Diputación Provincial (Corporación Provincial), se llega a la conclusión de que el interés prestado a la situación del medio rural es, en el mejor de los casos, muy modesto. Puede comprenderse que la gestión realizada desde la Alcaldía fuera menor, debido principalmente, a su configuración urbana, pero no lo es tanto en el segundo ejemplo.

Práctica política y cuestión agraria No exageramos si decimos que el problema social agrario nunca se planteó en términos de redistribución más justa de la propiedad de la tierra. Limitada su visión al régimen de tenencia, lo que se observaba era que un factor, la agricultura, no cumplía con su función social. La solución estaba, desde este punto de vista, en propiciar las transformaciones necesarias para extraer los máximos rendimientos e incentivar al progreso agrario. La cuestión así planteada obligaba a actuar en dos direcciones. Por un lado, la prioridad se centraba en lograr que el jornalero obtuviese más beneficios de su explotación y de su trabajo. «Que cada hectárea puesta en explotación rinda un producto de dos a tres veces mayor que el que rinde en la actualidad». Ello implicaba, además, una modificación en los «métodos culturales» tradicionales del campesino, obligándole al uso de abonos, supresión del barbechos, introducción del agua de riego, etc. En el caso de que tuviera que ofrecerse como mano de obra en otras tierras, debía recibir un trato más justo y más acorde con el 11. José María Azpíroz, Poder político..., pp. 19-33.

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aumento de los beneficios del propietario. En segundo lugar, había que permitir, aunque fuera en pequeña escala, la intervención del Estado como compensador de los desajustes y como propulsor de los cambios allí donde fallaran las iniciativas de los propietarios. El problema radicaba en que el gobierno de la Restauración, para los regeneracionistas y los sectores republicanos, incumplía absolutamente todas sus obligaciones'.

Para el alcalde liberal Gaspar Mairal Mairal, la cuestión del estado mísero en que se encontraba la provincia tenía una clarísima solución como se desprende de las palabras que dirigió en abril de 1905 al pleno del Concejo, expresando como en su concepto habría llegado el tiempo de reclamar el auxilio de los poderes públicos cosa verdaderamente extraordinaria en este pueblo prototipo de resignación y paciencia... las necesidades de esta localidad y aun la provincia no son menores que las tan cacareadas de Andalucía, contando por otra parte o existiendo la diferenciación que las agrava de que la división de la propiedad en esta región hace que la miseria no radique en el proletariado, y, por tanto, permite una individualización del socorro, sino que radicando en los pequeños propietarios los remedios tiene que participar algo del colectivismo... indicó como el único recurso hoy solicitable y que podía gestionarse con algún resultado era la ejecución de aquellas obras que contando con su estado de derecho favorable podían estar en su realización al alcance de las facultades ministeriales con benéfico de los intereses generales y locales...13.

Si de remedios se trataba, los que se iban a plantear desde las filas republicanas tampoco eran demasiado alentadores a juzgar por las propuestas recogidas en sus programas políticos. Aunque hay que reconocer que era corto el camino recorrido por Unión Republicana, en 1904 el líder provincial, Joaquín Montestruc, proclamaba a los cuatro vientos en un mítin en Tardienta que siendo parte integrante y trascendental en el programa del partido republicano la regeneración de España esta debía incluir una política de protección a la agricultura. Para ello recomendó la instrucción, el estudio y vulgarización de los modernos métodos de cultivo, [de] la necesidad de variar el rutinario e imperfecto seguido actualmente, sustituyéndole por uno intensivo que necesariamente habrá de proporcionar muchos mayores rendimientos...".

12. López Estudillo analiza en »Federalismo y mundo rural...», p. 29, cómo el partido federal fue perdiendo poco a poco su sentido del reformismo social para pasar a asumir los criterios regeneracionistas de desarrollo económico. Por otra parte, Joaquín Costa estaba convencido de que las relaciones entre asalariado-patrono mejorarían de forma inmediata en el momento en que aumentasen los rendimientos de las explotaciones, en Tierra y cuestión social, p. 16.

13. Actas de Plenos del Ayuntamiento de Huesca, 8-4-05.

14. Después de los avatares vividos por el republicanismo con el cambio de siglo y de las agitadas divisiones y enfrentamientos, en 1903 las fuerzas que habían sobrevivido decidieron declarar

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Más de lo mismo. O dicho de otra forma, su aportación a los problemas del campo iba a girar sobre la aplicación de buena parte de las ideas adelantadas tiempo atrás por Joaquín Costa: atención centrada en el aumento de la producción; mejora de la instrucción y de los conocimientos técnicos de los campesinos; potenciación de la política hidraúlica; incremento de las obras públicas, sobre todo los caminos vecinales; establecimientos de Bancos Agrícolas y, por último, protección de la propiedad comunal. El asumir una buena parte de las fórmulas costianas respondió a una clara táctica política. Por un lado, el hecho de que Costa hubiera recalado en las filas republicanas dotaba de prestigio a la organización y de una mayor capacidad de contraofensiva frente a los «pesos pesados» liberales. Por otro, se presentaban como la opción más claramente renovadora que exigía un cambio y regeneración del corrupto sistema monárquico, sustentado por caciques y clientelas. Finalmente, les permitía ocupar el espacio más crítico dentro de la oposición y seguir clamando por una reforma de las anquilosadas engranajes de la agricultura —producción, sindicación, control del mercado...— sin atentar contra el derecho de propiedad privada en el orden social establecido.

Un poco más adelantados en sus posiciones sobre el régimen de propiedad en el campo fueron los republicanos federales que, al suscribir completamente el programa del fundador del partido, Pi y Margall, daban un paso hacia la idea de nacionalización de la tierra y entrega a las comunidades obreras de «todas las tierras públicas, las que los propietarios hayan dejado incultas por más de cinco años, y las que convenga» y «transformado en censo redimible a plazos respecto a la tierra el contrato de arrendamiento; considerado como enfiteusis perpetuas, redimibles también a plazos, los foros y la rabassa morta». A pesar de que ellos mismos reconocían que vivían en «la más estrecha y fraternal concordia con la Unión Republicana», lo cierto es que quedaron totalmente oscurecidos por dicha agrupación'. extinguida la Fusión y constituir «un partido republicano sin denominación específica»; la presidencia recayó en Salmerón, en Miguel Artola, Programas y partidos políticos, p. 394. Al año siguiente, el periódico zaragozano El Progreso recogía el 26 de marzo de 1904 un amplio comentario sobre la celebración del Aniversario de esta agrupación presidido por Joaquín Montestruc y gran parte de los presidentes de las Juntas Municipales constituidas en Huesca. A través de la prensa, sabemos de la existencia de Juntas Municipales de este partido en las siguientes localidades: Loporzano, Ayerbe, Sariñena, Gurrea de Gállego, Bolea, Grañén, Jaca, Aínsa, Huesca, Almunia de San Juan, Ontiñena, Almudévar, Jasa, Tardienta, Tamarite y Barbastro. La idea de regeneración de España como fin prioritario de Unión Republicana la expone Manuel Suárez en El reformismo en España, p. 9.

15. El Comité Local del Partido Federal se constituyó en Huesca el 28 de noviembre de 1903, presidido por Francisco Sábado. La parte correspondiente al programa agrario en Ideal de Aragón, 11-3-16, y en Miguel Artola, Programas y partidos políticos, pp. 205-6.

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El discurso no cambió a lo largo de la década. La Asamblea Agraria celebrada en Graus en septiembre de 1916, auspiciada por el partido republicano radical, siguió planteando que las soluciones para la región que «trabaja más que ninguna, pero que produce menos» debían provenir de la «fundación de grupos escolares y el mejoramiento intelectual y pedagógico del maestro», «de la liberación de las bochornosas tutelas y menguadas protecciones», de la esclavitud caciquil, 'del yugo de la ignorancia, que retiene al pueblo en absurdas creencias» y ata al campesino al costal del rédito y del pagaré»16.

La constitución en 1918 de la agrupación Federación Republicana tampoco insufló nuevos bríos a los planteamientos republicanos en la obra de regeneración del campo español. El comité local oscense, compuesto en febrero de ese mismo año por el presidente Mariano Gascón y los vocales Ricardo Monreal Sas y Nicolás Ferrer Martínez suscribió completamente las iniciativas nacionales sobre la agricultura. Incluida en el capítulo de reformas sociales, las medidas a poner en práctica contemplaban exclusivamente la intensificación de la producción de la tierra, la modificación del régimen arancelario y la incentivación de la enseñanza de la agricultura".

Lo cierto era que la situación del pequeño propietario oscense no cambió en las dos primeras décadas de siglo. Cuando la miseria hacia más difícil la lucha por la supervivencia, al trabajador rural sólo le quedaba el recurso de la emigración, la beneficencia o el seguir mirando al cielo para que les proveyera del agua milagrosa con la que regar sus parcelas. Frente a ellos, como recogía un titular de Heraldo de Aragón en 1922, el gran latifundio que aun se resiste y sólo cae y se fracciona a los golpes de la desgracia y del vicio, pero de día en día son más los que reclaman contra los últimos restos del feudalismo, representados en las propiedades improductivas, o mal cultivadas, o dedicadas a fines y usos caprichosos, mientras seres humanos sufren a su alrededor privaciones que, con buena administración, podrían remediarse algún día seguramente no lejano, se aborde su solución legal".

16. Los entrecomillados pertenecen al artículo que Salvador Goñi, significado republicano de Almudévar, publicó en Ideal de Aragón el 23 de septiembre de 1916 a propósito de la celebración de dicha Asamblea Agraria.

17. Establecida la dirección de forma conjunta en las personas de Giner de los Ríos, Lerroux, Castrovido, Marraco y Domingo, su programa acusaba un «oportunismo. notable. La formación del comité local en Ideal de Aragón, 5-2-18.

18. Como ya expuso José María Azpíroz en su trabajo Poder político la migración de •jóvenes agricultores sin propiedad hacia Cataluña y Madrid era un hecho frecuente. Mientras la población aragonesa creció entre 1900 y 1930 de 997.154 a 1.031.539, la de Huesca perdió 7.550 habitantes.

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Como ya se ha señalado, esa solución legal exigida por el pequeño propietario y el jornalero no estaba recogida en el programa republicano.

Su objetivo en materia agraria se limitó a lograr el establecimiento de unas relaciones dignas y justas entre el propietario y el trabajador por medio de un contrato equilibrado. Los problemas de la agricultura en general y los que generaba el mantenimiento de una estructura de la propiedad injusta en particular quedaron relegados a un segundo plano frente a otros temas como la consecución de un Estado aconfesional, la eficacia y limpieza de la administración, o la autonomía municipal que según su visión de la realidad social española eran prioritarios. Así se explica, entre otras cosas, que los republicanos oscenses soportaran pacíficamente, e incluso recibieran en algunas ocasiones con agrado, los sucesivos triunfos del partido liberal en las elecciones provinciales y municipales, al margen de que se hubieran empleado tácticas caciquiles para lograr la victoria; que en el momento en que las luchas sociales se fueron agravando en intensidad y frecuencia, las zonas que habían sido su tradicional reducto —Barbastro, Monzón y la ribera del Cinca— cayeran del lado de la naciente organización cenetista y, finalmente, que los republicanos triunfantes en las dos centros de poder local oscenses en abril de 1931, tras el proceso de derechización experimentado por el partido de Lerroux a lo largo de la segunda década de siglo, representaran más a un sector de la burguesía acomodada que a la legión de jornaleros sin tierra y pequeños propietarios decantados ya por las opciones más radicales de los sindicatos CNT y la UGT en menor medida. Al fin y al cabo, los sectores republicanos adolecieron, en cierta forma, de la misma falta de conexión con el discurso obrero de socialistas y anarquistas que había caracterizado los planteamientos de Costa. No era lo mismo legitimar una revolución desde arriba, con todas las garantías legales que se quisieran, que permitir la revolución hecha 'por los de abajo». Su clara decisión de no aliarse con el proletariado constituyó «una intrínseca limitación del reformismo costiano» y explicaría el hecho de que «fueran los propios poderes oligárquicos los que a partir de 1911 se adueñaran con facilidad» de su discurso'.

Uno de los ejes centrales de los planteamientos de Costa sobre la tierra y la cuestión social giraba en torno a la recuperación del patrimonio territorial de los municipios. Como recoge en una de sus páginas,

Entre las causas: el despegue industrial de los años veinte que originó la emigración de altoaragoneses» p. 15. Lo de los latifundios en Heraldo de Aragón, 1-7-22.

19. El entrecomillado pertenece a Fernando Baras en Joaquín Costa, ¿un jovellanista?., Cuaderno n.° 22, CEHIMO, Huesca, 1995, p. 265.

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los bienes de aprovechamiento común fueron expropiados en beneficio de la Hacienda Nacional. Esos bienes eran el pan del pobre, su mina, su fondo de reserva, diríamos el Banco de España de las clases desvalidas y trabajadoras; y la desamortización por la forma en que se dispuso, ha sido el asalto de los gobernantes a ese Banco, sin que los pobres hubiesen dado ejemplo ni motivo.

Recuperar los aprovechamientos comunales perdidos y aumentar el volumen de hectáreas ocupadas por este tipo de propiedad era un deber de los gobernantes. Detrás de este deseo, se «escondía» el miedo a que los campesinos, cansados de la situación de miseria en que vivían, se lanzaran por su cuenta a pedir el reparto de tierras, como de hecho ya se estaba haciendo en el sur de la península desde fines del XIX. Infatigable en este aspecto, pidió en la conferencia promulgada en la Asociación de Agricultores, celebrada en Madrid en 1902, la suspensión de la desamortización civil en lo poco que todavía quedaba por enajenar, y autorizar a los Ayuntamientos para proveerse de más tierra por compra, por censo, o por arrendamiento. El modelo a imitar, como había repetido en varias ocasiones y por distintas razones, era Jaca, ciudad en la que 176 parcelas de regadío que el Ayuntamiento concede a quien le pide, así como quedaran vacantes. [..] los hijos de la ciudad tienen derecho a disfrutar de una de esas suertes vitaliciamente, pagando una cuota de 2 y 5 pts para el pago de la contribución20.

A pesar de que la desamortización civil de Madoz había acabado con buena parte del patrimonio comunal en la provincia, todavía quedaban pueblos con algún monte o parcela de este tipo a juzgar por las referencias reflejadas en las sesiones de la Comisión Provincial a lo largo de las dos primeras décadas del siglo. A los diputados les correspondía conocer los expedientes instruidos por los consistorios locales, informar al gobernador civil, y en el caso de que tuvieran competencias sobre la infracción a corregir, dictar una resolución. Así, las causas más típicas relacionadas con propiedades comunales se abrían por las denuncias de particulares o sociedades ante el ejercicio abusivo de un derecho —tala de árboles o pastoreo, principalmente— en terrenos de un ayuntamiento casi siempre en períodos de máxima necesidad y por discrepancias entre dos pueblos a la hora de adjudicar terrenos, pastos y establecer deslindes. Durante los años 1915 y 1916 el tipo de causa cambió, ya que lo que tenían que tramitar fueron todos los expedientes 20. El entrecomillado en su obra Tierra y cuestión social, p. 15; lo de la conferencia de Madrid en el mismo libro, p. 154, igual que la cita de Jaca en pp. 67-68.

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de declaración de exceptuación de venta de montes y fincas solicitadas por los consistorios municipales2'.

Pero a pesar de esta intensa actividad, desafortunadamente la corporación provincial se limitó a una labor burocrática y de mediación en los casos de venta o de conflicto, y no procuró aumentar este tipo de patrimonio —lo que hubiera supuesto algún tipo de expropiación, hecho inconcebible para un liberal— para destinarlo a usos de la comunidad de campesinos más desfavorecida. También en este aspecto las propuestas regeneradoras de Joaquín Costa no encontraron demasiado eco durante las dos primeras décadas de siglo. Tuvieron que esperar al establecimiento de la Dictadura de Primo de Rivera para que, amparadas en el pseudocostismo característico de ese período, se contemplase en el proyecto de Estatuto Municipal de Calvo Sotelo la derogación de la legislación desamortizadora. Así, como reconocía el periódico La Tierra en un artículo de julio de 1924 los bienes comunales, como es natural, son para que los vecinos se aprovechen de ellos dentro de lo posible y por eso ordena el Estatuto que la Comisión permanente y la Junta Municipal, en su caso, dispondrán el disfrute de estos montes, que será gratuito, entre todos los vecinos, en proporción a la familia que tengan a su cargo y en su casa. Sólo cuando esto no sea posible, se adjudicará el aprovechamiento mediante precio y en pública subasta, dándose preferencia, en igualdad de condiciones a los vecinos. En casos extraordinarios, y previo acuerdo de las dos terceras partes de los concejales, podrán gravarse con una cuota estos aprovechamientos comunales".

Las propuestas que durante las dos primeras décadas de siglo fueron planteadas desde los escaños de las minorías y, cuando la censura lo permitía, desde las columnas de los periódicos, podían llevarse a la práctica tras la proclamación de la República. Y así lo fue para muchas de las que se incluían en los programas de regeneración republicana.

Las primeras sesiones de la Diputación y del Ayuntamiento realizadas con el nuevo personal político rebosan propósitos de cambio. Había que recuperar la «moralidad» de las instituciones y hacer más eficaz la

se le 21. Hacer una enumeración de los casos en que tiene que intervenir o, simplemente, cosa. gran aportaría no y largo sería comunales propiedades con s relacionado asuntos informa sobre la excepSí que, sin embargo, nos parece interesante recoger algunos de los pueblos que solicitaron común: tuación de la venta de sus montes por destino a dehesa boyal o para aprovechamiento Cartirana, Berbusa, Acumuer, Alto, Albero Viacamp, 1911; de junio de Castiello de Jaca, el 27 mes, Estopiñán, el 29 noviembre de 1915; el 13 de mayo, Castejón de Sobrarbe, y el 16 del mismo de la Actas las en os mencionad aparecen que en días los a en correspond fechas Las Binaced.

Diputación.

22. La Tierra, 19-7-1924.

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administración pública; sanear las respectivas haciendas, uno de los aspectos en el que la gestión de los políticos monárquicos había sido más «caótica»; afrontar la situación económica y, por último, solucionar el problema de los desempleados. El Presidente de la Diputación, el radical Juan Ferrer Gracia —nombrado en agosto por orden del ministerio de gobernación— en su primer discurso ante los diputados reconocía no tener la pretensión de hacer «ningún programa ni propósito alguno» que significase aplicar una política concreta ya que para afrontar la «cuestión económica» y «la obrera» lo principal era convencer a toda la provincia de que «en esa casa reinaría la moralidad más absoluta» desde el mismo momento de su investidura.

Estos deseos de regeneración moral contrastaron con la escasa atención que le iban a dedicar al problema social agrario. En ese mismo discurso hubo palabras para referirse a la difícil situación económica que atravesaba la provincia en términos, sobre todo, de falta de trabajo, pero, al igual que había ocurrido en los años de la Monarquía, no hubo ninguna alusión directa a los problemas específicos del campo oscense que nuevamente se englobaban bajo el epígrafe general de cuestión obrera. Resultaba de «absoluta necesidad, por tanto, intensificar toda clase de trabajos» dentro de la provincia que pudiera acabar con esa situación. Y ello pasaba por el aumento de los estudios de nuevos caminos vecinales, o la construcción de un Hospital. También había previsto los medios para lograrlo: «aplicar toda clase de créditos y recursos de que podamos disponer» y «hacer algún viaje a Madrid», dónde se podría conseguir algo favorable». Al mes justo, el Presidente y varios diputados se presentaban ante el resto de la Corporación con la lista de concesiones obtenidas en Madrid. La edificación del Hospital sería subvencionada con una cantidad igual a la mitad del presupuesto total y se les autorizaba a una mayor ampliación de competencias para que gestionaran «una más eficaz recaudación del Impuesto de Cédulas personales». Volvieron, sin embargo, con las manos vacías en lo referente a la construcción y la reforma de los caminos vecinales. Seguir adelante con esta propuesta requería buscar otras vías de financiación y las únicas posibles requerían la concesión de un presupuesto extraordinario y la tramitación de algún crédito con el Banco de Crédito Local.

Pocos eran, en definitiva, los medios de que disponían para abordar un problema de tan difícil resolución. En primer lugar, la vía del crédito pronto podría verse amenazada por la escasa liquidez de la institución o por lo reducido de sus recursos; y en segundo término, la idea de acudir al gobierno central también sería contemplada por el resto de provincias, con lo que disminuirían drásticamente las posibilidades y generosidad de 197 Índice

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esta administración a lo largo del tiempo. José María Azpíroz comenta respecto a la «pobreza» de las medidas pensadas por la Diputación que en lugar de reivindicar infraestructuras agroindustriales para esta provincia, con el consiguiente auxilio estatal a la iniciativa privada, se limitaron a mendigar subvenciones o ligeros aumentos en el presupuesto extraordinario24.

Al margen de estas limitaciones iniciales, lo que nos vamos a encontrar va a ser una institución bastante desconectada de la realidad de la provincia. El 30 de enero de 1932 Juan Ferrer pronunciaba ante el gobernador civil, Manuel María González López, las siguientes palabras los conflictos sociales no tienen en la provincia de Huesca verdadera justificación porque 1...] es rica por naturaleza, tiene grandes minas, gran producción eléctrica de que se nutren populosas ciudades como Barcelona, Bilbao, Zaragoza; tiene, además, muy bonísimas clases de ganados, los mejores trigos de España, una tierra fértil, fácil en cultivo, en la que pueden hallar trabajo miles de brazos. Esto se opone a que haya conflicto social, porque resuelve siempre el problema económico, y si este no existe, el problema social no debe existir tampoco, porque es su consecuencia. Así que el gobernador puede tener presente que aquí los conflictos sociales no tendrán una razón suprema de ser; obedecerán a una causa secundaria. En la provincia de Huesca lo que hace falta es administración; una administración honrada. Con esto creo que se resuelve todo.

Aunque no es finalidad de estas páginas abordar las causas y manifestaciones de la conflictividad social, debemos detenernos un momento por lo menos en señalar lo inapropiado de esas declaraciones sobre todo después de los meses tan agitados que se habían vivido a lo largo de 1931. Una huelga general de 24 horas convocada por la CNT en abril en demanda de una amplia amnistía; otra en junio de obreros metalúrgicos en la que se exigía aumento de sueldo; la difusión de unos rumores que alertaban de una posible sublevación comunista en Jaca y, por último, el estallido en septiembre del conflicto «Fierro» que llevó a gran parte de la zona de Tardienta a secundar un paro de 48 horas en demanda de la reanudación de las obras en el Canal de Monegros, pues «el hambre no tiene espera», son algunos de los ejemplos que, además de poner en tela de juicio la fiabilidad de las palabras pronunciadas por esa autoridad, explican la generación de una situación de fuerte intranquilidad social".

23. La primera sesión de la Diputación Provincial fue celebrada en 26 de agosto de 1931, La segunda, el 26 de septiembre del mismo año. La cita de José María Azpíroz en Poder político y conflictividad..., pág. 102.

24. El Diario de Huesca, recoge la huelga de metalúrgicos el 17 de junio; lo de la sublevación comunista el 6 de septiembre y el conflicto Fierro preside las informaciones de los días 27 de septiembre al 3 de octubre. Todos ellos lógicamente en el año 1931. Una explicación pormenorizada de esos sucesos y de algunos otros puede encontrarse en el libro de José María Azpíroz, Poder político y conflictividad..., pp. 99-133.

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Aun a riesgo de darle más importancia de la debida a este discurso, merece la pena que entresaquemos dos ideas que van a estar presentes a lo largo de la andadura política de estos nuevos republicanos. Por un lado, mantienen la vieja, pero no pasada de moda, reivindicación de una administración «recta y honrada». La que había sido una de las enseñas defendidas desde fines del siglo XIX por estos sectores y que, como hemos visto, compartía con el discurso regeneracionista, continuaba siendo en opinión de la máxima autoridad provincial la llave mágica que cerraría todas las cuestiones pendientes en Huesca. Por otro, se seguía confiando en que los problemas generados por las coyunturas de crisis económica podían resolverse satisfactoriamente con la aplicación de un limitado intervencionismo estatal y la práctica de políticas reformistas. Pero lo que no supieron ver los miembros de esta primera Corporación republicana fue que el cambio de régimen estuvo acompañado de una importante transformación en las relaciones sociales tradicionales. Atrás quedaron los años de resignación callada y sometimiento al cacique. Por fin, había llegado la ocasión que tanto tiempo añoraron las clases trabajadoras en general, y la campesina en particular, y desde luego no iban a permitir que los nuevos políticos gestionaran los problemas de la misma forma en que se venía haciendo.

Parecía como si el otro camino que les quedaba para solucionar el conflicto social y, en consecuencia, el económico les produjera un cierto temor.

Así, lo que en principio puede calificarse de poca visión política, debe ser entendido en un contexto en el que la sociedad española, profundamente asentada en los beneficios y perjuicios de la Revolución liberal, no estaba preparada para asumir una modificación en la aplicación del derecho de propiedad que pasaba, inevitablemente, por una redistribución más equitativa de la riqueza. Y los sectores republicanos oscenses no llevaron nunca entre sus propuestas la de redistribuir las tierras si ello significaba atentar contra el orden social que habían aceptado desde la revolución de 1868.

Detrás de todo ello se esconde la peculiar configuración del partido radical oscense, mayoritario en la Diputación provincial. De nuevo, tenemos que apoyarnos en el trabajo de Azpíroz donde muestra la actitud de este grupo político ante la plasmación del proyecto de reforma agraria. Según este autor, «los radicales pretendían que el gobierno llevara a cabo la reforma muy lentamente, a lo largo de varias generaciones». En definitiva, pensaban que en Aragón no hacía falta que intervinieran los poderes públicos y si lo hacían sería sólo a expensas de las peculiaridades del agro aragonés".

25. El primer entrecomillado en José María Azpíroz, Poder político y conflictividad..., p. 135; el segundo en p. 136.

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En este caso, como en el resto de partidos, todo nos conduce a plantearnos los aspectos fuertes y, por supuesto, los débiles del discurso republicano. Lo que más les preocupaba era la Iglesia, la cuestión catalana, la prensa libre y un buen sistema de enseñanza. Los problemas económicos quedaban siempre relegados a una «cuestión de segundo orden»26.

Política de protección al campesino Un reflejo evidente de la debilidad de la agricultura oscense era la dependencia respecto de los fenómenos atmosféricos. Las peculiares condiciones geográficas de Huesca sometían los campos a largos períodos de sequía y calor. Los efectos inmediatos se traducían en la drástica reducción de las cosechas o incluso la pérdida total, condenando a las familias de jornaleros a la ruina..y el hambre. El reformismo social republicano debía mostrarse sensible ante esta realidad e incorporar en su programa una serie de medidas compensatorias que intentaran paliar esa desventaja física inicial. Sus defensores fueron, eso sí, los más firmes partidarios de promover el establecimiento de créditos agrícolas y de Bancos rurales que concedieran un cierto respiro al campesino en caso de pérdida de la producción. Sin embargo, defraudarían en los momentos de crisis, ante los que hicieron gala de una «tímida preocupación», y a la hora de canalizar el cada vez mayor índice de descontento social hacia una petición de cambio político.

Ocasiones para demostrar estas afirmaciones no faltaron en la historia del campo oscense. En 1904 los titulares de los periódicos provinciales y locales daban noticia de los dramáticos efectos que la falta de lluvias había originado en la comarca de la Litera. Las previsiones anunciaban la pérdida completa de las cosechas y la condena al paro de más de 1500 trabajadores que ante la amenaza del desempleo buscaron trabajo en las obras del Canal de Aragón y Cataluña. El alarmismo desprendido por la prensa contrastó, sin embargo, con la apatía de las autoridades y de los políticos republicanos. En el caso de las primeras, las medidas adoptadas se limitaron a asegurar el orden público que estaba viéndose alterado por las presiones de los jornaleros en su afán por obtener nuevos contratos de los responsables de las obras; a disponer un aumento de las ayudas dadas por la beneficencia local y, final-

26. En estos términos se expresaba Hugh Thomas en La guerra civil española, 1936-1939, Grijalbo, Barcelona, p. 108.

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mente, a conceder unas prórrogas en el pago de los impuestos de los Ayuntamientos más perjudicados. Tuvo que pasar casi un año para que desde la Diputación Provincial se considerase la necesidad de poner en práctica otros recursos, entre los que se encontraba, como era de esperar, la solicitud al Ministro de Agricultura para que se dignara ordenar «la ejecución de cuantas obras interesen a la región Alto-Aragonesa y lo permita el estado de los respectivos proyectos, a fin de facilitar trabajo al mayor número posible de braceros»27. En los mismos términos se expresaba el alcalde liberal Gaspar Mairal, quien desde su sillón presidencial se dirigió al Concejo para exponer a la consideración del Concejo el estado mísero del país, remarcando su situación actual y expresando como en su concepto habría llegado el tiempo de reclamar el auxilio de los poderes públicos cosa verdaderamente extraordinaria en este pueblo prototipo de resignación y paciencia... 1.1 indicó como el único recurso hoy solicitable y que podía gestionarse con algún resultado era la ejecución de aquellas obras que contando con su estado de derecho favorable podían estar en su realización al alcance de las facultades ministeriales con benéfico de los intereses generales y locales... propuso la gestión de la realización de obras públicas y entre ellas las de la carretera de Huesca a Apis, la llamada de Santa Eulalia la Mayor y la remisión o consignación de fondos para las obras comenzadas del pantano.

Aunque éste es sólo un ejemplo de los muchos que podemos encontrar a lo largo del período de la Restauración, refleja claramente el tipo de medidas que se tomaron ante situaciones parecidas y la pobreza y falta de iniciativas de la que hicieron gala.

Una de las barreras contra la que se estrellaban siempre las tímidas exigencias de ampliación de ayudas planteadas desde los sectores de la oposición, y a la que sus representantes sistemáticamente recurrían corno defensa, era lo reducido del presupuesto de las dos instituciones

27. Que una de las medidas tomadas fue la solicitud de prórrogas en el pago de los impuestos viene también avalado por el planteamiento de una petición comunitaria de los alcaldes de la zona del Cinca —Ballobar, Osso, Belver, Valfarta, Pueyo de Santa Cruz, Albalate, Ontiñena, Candasnos, Peñalba, Esplús y Zaidín— en la que se dirigen a ‹,la Sociedad recaudadora "Crédito Provincial" domiciliada en Huesca, para recabar de ella la benignidad y relativa tolerancia en el procedimiento ejecutivo, que por humanidad siquiera, se merecen los angustiados pueblos reunidos», en Heraldo de Aragón, 1-11-04. En parecidos términos se expresaban los alcaldes de la Litera en el mismo medio pero el 31 de diciembre en su idea de «impetrar de los poderes públicos la concesión de moratoria para el pago de los tributos y el levantamiento de los embargos que hoy pesan sobre las más saneadas fuentes de ingresos de los municipios. Justifica tales peticiones la situación económica, triste, misérrima, desesperada porque atraviesa hoy la extensa comarca de la Litera, que por sucesión no interrumpida de años sin cosechas, a causa de la sequía, se ve en plena e irremediable ruina«. La que suscriben los diputados provinciales para el ministro de Agricultura en las Actas de la Corporación Provincial, Archivo Diputación Provincial, 12 de abril de 1905.

28. Actas de Ayuntamiento, 8-5-05.

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de poder local. La imposibilidad para llevar adelante nuevas iniciativas, según se lamentaba el entonces concejal Gaspar Mairal en 1904, nacía de la carencia de propiedades y rentas del Ayuntamiento porque «todos sus ingresos son eventuales y fluctúan en alza o baja según los accidentes de producción y consumo en primer término».

A través de las Actas de Plenos se pone de manifiesto una y otra vez las dificultades que la Comisión de Hacienda encuentra para atender a las obligaciones normales y a las generadas por la difícil situación económica de esos momentos. Los años comprendidos entre 1904 y 1907, y los que coinciden con el final de la primera guerra mundial fueron, desde este punto de vista, los peores. Un embargo realizado por la sociedad Crédito Provincial en 1905, dos peticiones de creación de gravámenes extraordinarios para obtener liquidez, y la solicitud de un empréstito a la Banca Local en el ejercicio económico siguiente, hablan bien a las claras de la crítica situación vivida por las arcas municipales''.

Poco se podía recaudar, en realidad, si la mayor parte de los contribuyentes eran los que, precisamente, solicitaban ayudas económicas.

Quizá sea el momento de recordar que el injusto y arbitrario sistema fiscal español gravaba en mayor medida al pequeño propietario de tierras o comerciante que al grande, debido a la práctica habitual de la ocultación de la riqueza. De esta forma, y aun aceptando que las dificultades generadas por tal penuria presupuestaria fueron grandes, cabe pre-

29. Las palabras del concejal Mairal en las Actas de Plenos del 8 de septiembre de 1904. Un análisis de los presupuestos durante la primera década de siglo da cuenta de la difícil situación económica del consistorio. La tendencia desde 1902 a 1907 es a reducir el volumen de gastos, que se corresponde lógicamente con una fuerte reducción de los ingresos ya que según el artículo 194 de la ley municipal se exigía la presentación de un presupuesto nivelado entre ingresos y gastos.

Evidentemente, la partida más perjudicada por esta situación, y que estaba directamente relacionada con la crisis de trabajo, va a ser la de Obras Públicas que salvo ligeras modificaciones se mantiene en torno a las 22.000-23.000 pts. durante toda la década. Sólo en 5 años (1902-1903-1906-19101911) se contempló, asimismo, un capítulo especial para la realización de obras públicas nuevas, dotadas con una cantidad muy parecida a la antes mencionada. Para completar el negro panorama de la administración municipal, debemos añadir que los balances económicos de los años 1901, 1903, 1905, 1910 se cerraron con déficit. El único apartado que aumentó progresivamente fue el de Beneficencia: si en 1901 se dedicaron 6.628 pts. en 1912 la cantidad alcanzaba las 13.151, más del doble. Por último, lo del embargo en las Actas de Plenos de Ayuntamiento de los días 19 de agosto de 1905; la suspensión del mismo el 1 de febrero de 1906; lo referente al empréstito municipal el 8 de febrero del mismo año. Tampoco en la Diputación las cosas fueron mejor. Los fondos destinados a paliar los efectos de la filoxera se mantuvieron con una cuota constante desde 1907 a 1917; no le ocurrió lo mismo a los de caminos vecinales, que fueron reduciéndose de 20.000 en 1910 hasta los 7.241 de 1917. En general, excepto la coyuntura coincidente con la Primera Guerra Mundial, en la que los presupuestos tienden al alza constante, el resto hasta bien entrada la década de los veinte tiende a aumentar ligeramente, cuando no se reducen como en 1910 (629.847), 1911 (627.847), 1913 (648.620), hasta alcanzar el total de 2.188.599 pts. en 1930.

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guntarse hasta qué punto dichas autoridades estaban dispuestas a modificar ese sistema recaudatorio y a poner en práctica otra tipo de iniciativas que fueran más allá de la simple beneficencia y de la caridad contra la que tanto había clamado Joaquín Costa por considerarla «una forma barata de paliar los efectos de la crisis».

No fueron precisamente los concejales republicanos, más habituados a orientar sus reclamaciones hacia el control de los precios de las subsistencias o hacia el estricto cumplimiento de las ordenanzas municipales, los que de la mano del liberal Gaspar Mairal exigieron al Alcalde, el conservador Aísa, que para hacer desaparecer el déficit de los presupuestos debía cobrar «los consumos según tarifa reglamentaria en vez de hacerlo según tarifa convencional»30 . Ocurre que, sorprendentemente, sí que aparecían fuentes de financiación, incluidas las municipales, cuando de lo que se trataba era de edificar el cuartel en el que debían de alojarse una nueva fuerza militar. En este caso, las celosas autoridades y cuantos elementos significan prestigios e influencias, hayan puesto a prueba unos y otras, en pro de la consecución de un destacamento permanente que guarnezca la plaza. [...] Para la construcción de un cuartel, requisito que el Estado exige para conceder la guarnición, corporaciones y particulares hicieron ofrecimientos de cuantía".

Algo que sí se había convertido en una costumbre del Consistorio oscense era la concesión de préstamos en metálico o en especie a los campesinos para efectuar las labores de recolección y siembra. En coyunturas de especial necesidad, como la analizada de 1904-1906, era el mismo Ayuntamiento el que se planteaba la posibilidad de ampliar tales ayudas. Por esta misma razón, las Actas del día reflejan esa preocupación, habiéndose repartido la totalidad de existencia en especie en las paneras de dicho establecimiento, han quedado muchos solicitantes sin poder obtener préstamos a pesar de que la Comisión ha procedido con la mayor equidad en el reparto; expuso como había defraudado la deficiencia o falta de trigo en paneras las esperanzas de los labradores, las inmejorables condiciones del clima y razón de los terrenos en que puede verificarse la siembra en el año actual; y propuso que puesto que el pósito cuenta con fondos en metálico que no puede prestar por dificultades que

30. La cita de Costa en Tierra y cuestión social, p. 37. Las intervenciones de los concejales republicanos, Mariano Sobrevila y Pablo Pascual durante este período se centraron, casi exclusivamente, en cuestiones políticas, de desacuerdo con las opciones mayoritarias en el consistorio y en la petición de un mayor control sobre los precios y calidad de los productos de primera necesidad.

La necesidad de cambiar el sistema de recaudación de consumos en las Actas de Plenos de Ayuntamiento, 8 de septiembre de 1904.

31. Heraldo de Aragón, 12 de enero de 1905.

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ofrecerían al cobro especiales circunstancias de lugar y tiempo, se transformase parte de esta existencia en metálico adquiriendo setenta cahíces de trigo para repartirlo seguidamente entre aquellos labradores que teniéndolo solicitado, se han quedado sin poder obtener por falta de existencias en especie". La corporación "considerando que es equitativo, justo y legal destinar las existencias metálicas a préstamos en especie con la conveniencia necesaria, [...I se acuerda que con los fondos en metálico que se hagan precisos, se adquieran 70 cahíces de trigo de buena calidad, y que esta especie se distribuya en forma reglamentaria entre los labradores que lo solicitan, y que sea la alcaldía, con el presidente de la comisión primera quien ejecute el acuerdo.

Muy relacionado con el problema de la protección económica del campesino se halla la pretensión exigida desde los sectores republicanos de acabar con el problema de la usura, uno de los lastres más arraigados en esta sociedad y que no es nada más que reflejo del desamparo en que se encuentran los pobres agricultores ante un estado que no es capaz de proporcionarles una mínima seguridad ante la pérdida o escasez de sus cosechas. Como remedio de este «endémico mal', el presidente de la Agrupación Republicana de Huesca, Joaquín Montestruc, en un mítin celebrado a propósito de la campaña de organización provincial en Almudévar en 1903, reclamaba la creación de Bancos Agrícolas —idea muy presente en todo el pensamiento costiano desde la publicación del Mensaje y programa de la Cámara Agrícola del Alto Aragón el 13 de noviembre de 1898—, «donde el pequeño propietario encontrará dinero con un interés módico, evitando con esto la explotación nociva de los usureros». Siete años más tarde, la propuesta que había sido considerada como una prioridad dentro de un régimen político republicano futuro, fue recogida por las autoridades provinciales y divulgada por todos los Ayuntamientos. El 3 de junio de 1910 el Presidente de la Diputación reconocía ante la Corporación la necesidad de establecer Cajas Rurales de Crédito a fin de facilitar a los agricultores la adquisición en condiciones económicas de abonos, semillas y máquinas para la transformación de los cultivos y capitales que la rediman de la necesidad de vender sus frutos en épocas fijas con notoria depreciación de su valor efectivo".

32. La convocatoria extraordinaria de nuevas ayudas en las Actas de Plenos el 10 de noviembre de 1906. Normalmente las referencias a estos préstamos aparecen en el caso de la recolección en mayo y en el de la siembra en septiembre-octubre.

33. El programa de la Cámara Agrícola del Alto Aragón y la referencia exacta a la creación de Bancos rurales aparecen en Miguel Artola, Partidos y programas, pp. 131-147 y 139, respectivamente. El mensaje de Joaquín Montestruc en El Progreso, del 6 de octubre de 1903. La orden para constituir Cajas Rurales de Crédito se publicó en el BOPH del 6 de junio de 1910.

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Sindicación y cooperación en el campo Si exceptuamos los sindicatos de Riegos que engloban a los campesinos y propietarios afectados por las zonas de riego, independientemente por tanto de su adscripción política, los centros obreros constituidos por agricultores tienen en este momento un carácter mixto y no de clase. En la mayor parte de ellos, el predominio de elementos católicos y de propietarios era notable.

El sector agrícola más avanzado en esto de la sindicación fue el vitivinícola. Aunque no sabemos con exactitud ni el número ni la composición de las agrupaciones formadas con anterioridad, en 1900 Heraldo de Aragón daba cuenta de la creación de un «nuevo sindicato» presidido por el también diputado provincial, de adscripción liberal, Antonio Pérez Solana.

No será hasta el bienio 1903-1904, tal y como ponen de manifiesto los datos de prensa y las Actas de la Corporación Provincial, cuando empiecen a movilizarse las organizaciones republicanas. El estallido de una aguda crisis económica en el campo oscense y el inicio de la expansión organizativa de Unión Republicana en toda la provincia pueden ser dos de las razones que expliquen este impulso hacia la sindicación y la creación de Sociedades Fraternales. El propio Joaquín Montestruc invitaba a los campesinos a que al igual que habían hecho los obreros industriales «que han sabido asociarse e imponerse a los gobiernos para conseguir esa ley, si vosotros los del campo lo propusierais hacerlo pronto lo conseguiríais»".

De esta forma, a la altura de 1915, en aquellas localidades donde se había constituido una Junta Municipal de Unión Republicana, existía, además, un Centro Obrero o una Unión de Trabajadores vinculado a dicho partido. Aunque no dudamos de que la lista sea mayor, entre los pueblos que confirman esta premisa encontramos los de Tamarite —que contaba con un centro industrial y agrícola desde 1903—, Lanaja, Lalueza, Peralta de Alcofea, Berbegal, Alcolea de Cinca, Huerto, Almudévar, Cregenzán, Monzón, Ballobar, Alcampell.

La firma el año 1917 del decreto-ley que autorizaba la creación de Sindicatos Agrícolas en el campo impulsó de nuevo (esta vez ya no fueron los ideólogos republicanos) el proceso de constitución de estas agrupaciones. En julio de ese año, se nombró en el Ayuntamiento de Huesca una comisión mixta integrada por los concejales Enrique

34. Heraldo de Aragón, 18 de enero de 1900.

35. Las palabras pronunciadas por Joaquín Montestruc aparecieron en El Progreso el 6-10-1903.

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Monreal (radical), Antonio Otal (liberal) y Vicente Susín (monárquico y uno de los mayores contribuyentes por riqueza rústica) con el objeto de «estudiar la constitución de un Sindicato Agrícola en Huesca, con arreglo a las disposiciones del gobierno». El informe favorable permitió su formación unos meses después. La presidencia recayó sobre Rafael Molera Cebrián. Por otra parte, el ejemplo de la capital fue seguido por otras localidades como Barbastro y Binéfar, que también estrenaron sindicato de labradores de agricultores en noviembre de 191736.

Algo parecido ocurrió con las Asociaciones Fraternales o de Ayuda Mutua. Nacidas con una clara finalidad benéfica, la llama prendió rápidamente en aquellas localidades más castigadas por los efectos de las crisis agrícolas. Y los encargados de encenderla también fueron a principios de siglo los elementos republicanos. La primera organización benéfica localizada en la prensa fue la denominada «La Fraternidad» de Alcampell en marzo de 1903; un año más tarde se constituyó la «Sociedad de Socorros Mutuos» de Almudévar. En el acto solemne de la inauguración, su presidente justificaba el nacimiento de la organización con las siguientes palabras con esta laudable institución favorecerlemosl a las clases jornaleras, indicando de este modo, que éstas habían encontrado verdadero apoyo y mejoramiento 1...1 en un régimen republicano, que atenderá principalmente a solucionar un problema tan arduo y trascendental en nuestro suelo".

Política hidráulica. Riegos La creciente atención que ya apuntaba Carmen Frías para el siglo XIX en asuntos de riegos, se mantuvo e incluso aumentó en el siguiente siglo'''.

36. La relación de pueblos con centros obreros puede encontrarse en La Idea, 12-3-1915. La referencia a la publicación del decreto ley que autorizaba la creación de sindicatos y la constitución de la comisión en Heraldo de Aragón, 30-7-1917. El nombramiento de Rafael Molera, en el Boletín Oficial de la Provincia, 14-2-18. Cuando se produjo la renovación de la Junta en enero de 1920, —según el mismo periódico del día 16— la presidencia recayó en el liberal Máximo Fscuer Velasco, quien tras ocupar la alcaldía desde 1909 a 1913, y el cargo de Senador del Reino en 1915, fue nombrado diputado a Cortes desde febrero de 1918 (este último dato también procede de Heraldo de Aragón del 10 de febrero). El vicepresidente, el secretario y dos de los diez vocales militarían, o militaban, en partidos republicanos. Por último, la constitución de los Sindicatos de Barbastro y Binéfar en la prensa ya citada el 16 y 26 de noviembre de 1917, respectivamente.

37. La constitución de la Sociedad Fraternal de Alcampel y las palabras pronunciadas por el presidente de la recién creada de Almudévar se publicaron ambas en El Progreso, la primera el 33-1903 y la segunda el 10-2-1904.

38. Carmen Frías, «Los regadíos en el siglo XIX. La reivindicación del agua», en VV. AA., Agua y progreso social, siglos XII-XX, I.E.A, Huesca, 1995, pp. 163-194.

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La transformación del secano en regadío se convirtió en el salvoconducto de los gobernantes que les permitía presentarse ante los gobernados con unas propuestas de gran aceptación social y, de paso, desviar la atención de la población rural hacia otros aspectos de la reforma agraria menos «peligrosos». Lo que no se declaraba, sin embargo, era que para que esa política se tradujera en un «beneficio social» efectivo hacía falta que se acompañase de un amplio plan de subvenciones estatales con el que abordar las reformas necesarias en las parcelas de cultivo, la mejora del sistema de transporte y la construcción de nuevas vías de comunicación; y, sobre todo, como ya habían reconocido algunos de los defensores de la puesta en marcha de una reforma agraria en el campo español que «las autoridades asumieran el coste de las expropiaciones de las tierras que van a ser regadas»39.

A pesar de estas notables deficiencias, no cabe duda de que cualquier propuesta de ampliación o mejora de los sistemas de regadío fue bien recogida por los políticos liberales y conservadores, así como por los propagandistas republicanos que, a pesar de disentir en cuál iba a ser el régimen político capaz de llevar a cabo todas las obras necesarias, reconocía que el «desarrollo de la política hidraúlica [sería] la base de nuestra regeneración»40. Así ocurrió, en primer lugar, con el proyecto del Canal de Tamarite, por el que había luchado Costa desde 1896.

La concesión del permiso de obras acalló temporalmente las voces de los jornaleros sin trabajo que, como hemos visto, reclamaban de las

39. Una de las criticas más habituales del pensamiento costiano se centra en la excesiva atención puesta sobre su política hidraúlica en detrimento de otros aspectos de carácter social. Sin entrar en este debate, nos gustaría señalar cómo dentro de la escasez de ideas y la falta de iniciativas características de este período de la historia de España, Joaquín Costa supo elaborar un amplio proyecto de regeneración económica necesario para revitalizar las zonas más deprimidas e ilusionar a las clases trabajadoras agrícolas con nuevas esperanzas. En esta línea reivindicativa del pensamiento costiano destacamos, entre otros muchos, los trabajos de Eloy Fernández Clemente, Estudios sobre Joaquín Costa, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1989 y el ya citado de Fernando Baras, <Joaquín Costa, ¿un jovellanista?». Dentro de los teóricos defensores de la reforma agraria en los años treinta destaca la figura de Pascual Carrión, quien además de dejarnos sus escritos participó en la elaboración del proyecto de ley aprobado en 1932. Los entrecomillados pertenecen a su obra <Algunos aspectos de la reforma agraria», p. 24. Lo del beneficio social en p. 25.

40. Así se expresaba Angel Aguirre Metaca, uno de los más destacados propagandistas del ideal republicano, en un mítin celebrado en Tardienta, al que también acudió el Presidente de la Agrupación Republicana, Joaquín Montestruc, según informó el periódico El Progreso el día 29 de septiembre de 1903. Nicolás Ortega Cantero en su trabajos sobre Costa y el republicanismo establece una clara conexión entre el pensamiento reformista republicano y la política hidráulica en la que se ve el «renovado aliento del ideario regeneracionista». Por otra parte, Cristobal Gómez en su trabajo Joaquín Costa resituado: populismo, tradición», recogido en Agricultura y Sociedad, n° 11, 1994, pp. 7-22, al comentar la aportación a este tema de Nicolás Ortega, destaca la conexión establecida por este autor entre la figura de Lorenzo Pardo, muy influido por Costa y la de Indalecio Prieto, ministro de Obras Públicas durante la República, p. 18.

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autoridades la realización de inversiones en obras públicas con las que solucionar el problema del paro durante una temporada. De paso, se lavaba la cara al régimen monárquico en un intento por salir airoso de la crisis política del país.

Pronto las alegrías se tornaron en airadas protestas ante los recortes en los presupuestos. Durante todo el mes de enero de 1900, las autoridades políticas provinciales, encabezadas por el diputado liberal en Cortes, Lorenzo Álvarez Capra, aparecieron ante la opinión pública exigiendo el respeto de los planes económicos iniciales. La gestión realizada por los representantes de la provincia en Madrid, Manuel Camo y Miguel Moya, tranquilizó los ánimos al conseguir el compromiso del gobierno central de mantener la consignación inicial de 1.500.000 pts.

El segundo frente prorregadíos se atrincheró en la Diputación.

Cuatro meses después del asunto del canal de Tamarite, se cursaba una instancia al Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, en la que se solicitaba la continuación de los estudios e informes que tenían por objetivo la realización del Pantano de La Peña. La idea que presidía esta solicitud no era otra que la de «compaginar el máximo caudal disponible con el mayor embalse a fin de conseguir un máximo de nueva superficie regable sin perjuicio de la prioridad que tienen los riegos y demás aprovechamientos existentes»41.

La alegría no pudo ser mayor cuando el 6 de febrero de 1901 apareció en el Boletín Oficial de la Provincia el decreto firmado por la Reina Regente en el que el estado «quedaba encargado de la continuación de las obras del Canal de Aragón y Cataluña». El éxito conseguido con la aprobación de este ambicioso proyecto se convirtió en parte fundamental del discurso triunfalista exhibido por las autoridades provinciales oscenses durante bastantes años.

El protagonismo asumido por la institución provincial en materia de regadíos y obras públicas no debe extrañar. En un marco de caciquismo y, por lo tanto, de nula vertebración política de la población, la mayor parte de los planes presentados para la ampliación de los presupuestos y la construcción de nuevas obras relacionadas con la agri-

41. Heraldo de Aragón se hizo eco los primeros días del mes de enero del malestar causado entre los políticos oscenses por la posible reducción de los presupuestos. La queja concreta de Lorenzo Álvarez apareció publicada el día 9. El acuerdo favorable al mantenimiento de las consignaciones iniciales el 19 del mismo mes. La nueva petición sobre el pantano de La Peña en las Actas de la Corporación Provincial el 30 de abril.

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cultura, no procedían, como resultaría lógico, de los representant es políticos de los sectores campesinos, propietarios o no, sino que era la propia Corporación la que, al asumir un papel «protector y benefactor», tomaba todas las iniciativas. No se olvidaba, sin embargo, de solicita r la ayuda de los representantes en Cortes, tanto de Huesca como de Lérida , de los jefes de los partidos políticos mayoritarios y, en definitiva, de todos los que se hubieran ofrecido a «secundar las aspiraciones y deseos de la zona regable y reconocido la necesidad de aumentar la subvención concedida a las obras»".

En octubre de 1905 se anunció a bombo y platillo desde la prensa local y regional la visita del Ministro de Fomento, Conde de Romanones, a las obras del canal que «constituye no sólo una obra de importancia para la zona regable, sino que resulta quizá la obra más trascendental que en España llévase actualmente a cabo». Ese triunfalismo escondía todo un camino tortuoso de demoras, huelgas, retrasos y paralizaciones. Un año antes de la visita, los trabajos se habían paralizado en numerosas ocasio nes, como hemos visto al hablar de la huelga iniciada el 4 de mayo de 1904. Los obreros solicitaban, además de la reducción de la jornada laboral, la contratación de algunos de los más de 1.000 desempleados existentes en la zona de Tamarite. Para los poderes públicos, por el contra rio, el problema se redujo a una mera cuestión de mantenimiento del orden y, por tanto, fue el gobernador civil el encargado de solucionarlo.

Tras una mínima negociación con el director de las obras y la empre sa concesionaria, en la que quedó muy claro que no se podía contratar a nadie más por la escasez de los recursos con que contaban, la tensión se diluyó. No había que darle más importancia a un problema que para las autoridades habían causado, en última instancia, los republicanos".

Los diputados liberales habían apuntado en su cuenta el tanto de la mejora y potenciación de los regadíos. Y esto no sólo por controlar los principales centros de poder Diputación y Ayuntamiento —tradicional -

42. La Diputación Provincial de Huesca, en su premura por ver soluciona do el asunto del canal, había constituido una comisión junto con los representantes de la empresa constructora para conseguir un aumento en la subvención concedida. La comisión llegó hasta el Rey, quien, después de recibirla, manifestó que recomendaría el asunto al gobierno, Actas de la Corporación Provincial del 15-11-1902.

43. La noticia de la huelga de los trabajadores del canal fue recogida por Heraldo de Aragón entre el 5 y el 7 de mayo de 1904. Lo de los mil desempleados en Tamarite el 5 de enero del año siguiente. Sorprende que las Actas de Plenos no recogieran ninguna referencia a esta conflicto. No abandonaron, sin embargo, la idea de solicitar otros planes menores como la construcción del Pantano de Mezquita o el de Valcorba.

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mente bajo el dominio liberal—, sino también porque sus miembros, al ser la mayoría propietarios de tierra, formaron parte de las distintas Juntas de Obras de pantanos y canales. Lo que les costaba reconocer, es que en este tema contaron siempre con la simpatía y, en muchas ocasiones, con la colaboración de los reformistas republicanos, totalmente identificados con la idea de que a través de una política hidráulica »<eficaz y coherente» se resolverían muchos de los problemas del campo oscense44.

Menos sensibilidad y acierto demostraron los miembros del consistorio municipal ante el conflicto social que estalló en la primavera de 1915 por un problema relacionado, aunque no era la causa, con la puesta en marcha de los Riegos del Alto Aragón. La historia se remontaba al 7 de enero de ese mismo año cuando se aprobó el proyecto en el que el gobierno »empeñó solemnemente su compromiso de empezar los trabajos antes del treinta y uno de marzo». La noticia fue recibida con notables muestras de júbilo. El presidente de la Diputación Provincial en el discurso pronunciado con motivo de la concesión del ansiado proyecto afirmaba que aspijamás los propósitos y deseos del poder central se han identificado con una aproLa 1...] actual. caso el en como mente decidida y resuelta ración popular tan famibación de esta ley redime de la miseria y de la emigración a gran número de nte actualme s arruinada zonas lias del Alto Aragón, haciendo productivas extensas por la falta de riego".

El sentimiento de agradecimiento no podía ser para menos. La ejecución de los Riegos del Alto Aragón, dotados con un presupuesto inicial de 15.000.000 de pts., además de permitir la conversión de más de 300.000 has. semidesérticas en tierras de regadío, representaba una fuente de trabajo para la gran cantidad de jornaleros desempleados4".

La demora en el inicio de las obras combinada con la explosión de una grave crisis de falta de trabajo y de carestía de subsistencias, colmó la paciencia de los sectores afectados. Desde tiempo atrás, los periódicos provinciales habían estado realizando llamamientos a las autoridades

s por el 44. Dos de los tres vocales de la Junta de Obras del Pantano de Belsué designado del Domingo ón: Corporaci la de liberales diputados eran Sindicato por ser propietarios regantes Cacho y Julio Sopena, Imparcial de Aragón, 17 de noviembre de 1905. n Provincial 45. Actas de la Comisión Provincial, 14 de enero de 1915, Archivo de la Diputació de Huesca. proyecto en 46. Eugenio Nadal expone con detalle el origen, etapas y protagonismo de este 285-302. pp.

(1980), 16 n° Sociedad, y a Agricultur su artículo «Política hidráulica en el Alto Aragón,

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locales para que frenasen en lo posible el problema del hambre que se avecinaba. Por su parte, representantes de los sectores obreros plantearon en el Ayuntamiento algunas soluciones que iban desde la intervención municipal ante el gremio de los panaderos para que abaratasen el precio del pan, la solicitud de dinero para la construcción de una tahona por cuenta de ellos o, incluso, la mediación con el gobierno central para lograr una reducción en el precio de los alimentos. Lo cierto es que tal y como recogía La Idea el 6 de marzo de 1915 «el conflicto esperado y temido ha sobrevenido al fin». El hambre había hecho su aparición. Fue entonces cuando todas las miradas se volvieron hacia el todavía no iniciado proyecto de riegos como la panacea que solucionaría la crisis.

Así las cosas, el 26 de febrero, unas cincuenta mujeres de los pueblos situados en la zona regable —Lanaja, Almudévar, Robres, Almuniente, Cregenzán—, «agobiados por la miseria y angustiados por el hambre», decidieron acercarse a la capital de la provincia para «rogar al jefe de ella que trasmitiese su ruego fervoroso al Gobierno para que empezaran enseguida los trabajos de los grandes riegos, que es la única esperanza para aquellos míseros hogares». Aunque consiguieron hablar con el gobernador, Juan Antonio Perea, y de paso con el alcalde que también estaba presente, el saldo de la reunión fue más bien negativo.

Dichas autoridades se negaron a intervenir puesto que, según la ley, el plazo previsto aún no había concluido y, en consecuencia, «no podía dirigir al gobierno mayores excitaciones ni hacerle objeto de presiones que, por desgracia, pudieran dar resultado contraproducente»; y, en segundo lugar, el trato que les dispensaron acabada la entrevista fue calificado por ciertos periódicos y por los concejales republicanos de inhumano, poco hospitalario e «indigno de la ciudad de Huesca». Durante varios días, los sucesos protagonizados por estas mujeres «canalistas» capitalizaron la atención de la ciudad; muchos fueron los comentarios que calificaban de desmedida la atención de su primera autoridad: el éxodo doloroso de esas desdichadas que iba a pedir pan, porque les falta, porque el sacrificio de esos labriegos que rogaban en demanda de trabajo, porque el trabajo es pan y alegría, merecía todos los respetos y todas las consideraciones, porque no cometieron delito y sin delito a nadie puede detenerse, y porque ese gobernador ha demostrado su incapacidad como político y su carencia de sentimientos como humano.

Opinión pública aparte, este conflicto tuvo repercusiones bastante serias en el Ayuntamiento al provocar el enfrentamiento entre algunos de sus miembros. La minoría republicana, representada por Enrique Monreal y Ferrer García, planteó desde sus escaños una queja formal contra la actuación exhibida por el gobernador y por las autoridades 211 Índice

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municipales que «nunca debieron consentir que las mujeres fueran expulsadas de Huesca contra su voluntad». Porque, además, en su opinión, el Ayuntamiento tenía el «deber de velar por los intereses materiales (...) pero también por los morales». En un segundo momento, se negaron a votar una proposición redactada por la mayoría liberal legitimando la actitud del gobernador.

Pero al margen de estas críticas que no pasaron de la superficie, puesto que la minoría antimonárquica, ni quería ni había sabido atacar las causas profundas del conflicto, fue en los pueblos dónde se empezaron a pedir soluciones. El periódico La Idea informaba de la celebración de una reunión el 28 de febrero —5 días después de los sucesos protagonizados por las canalistas— en la que las Juntas directivas y consultivas de los centros obreros y agrícolas y los representantes de los pueblos de Sobrarbe, Somontano y Monegros, después de tratar la situación creada por cinco años consecutivos de pérdida total de las cosechas, habían acordado que si el 31 de marzo no daban comienzo las obras de los Grandes Riegos, se declararía «en toda la zona regable la resistencia pasiva»; las sociedades obreras podrían convocar una huelga general llegado el caso»; se pediría la protección y auxilio de las entidades obreras de Zaragoza y Cataluña» y se iniciaría «una campaña de agitación en toda la zona». Después de este «ligero toque de atención», las cosas parecieron entrar en un período de calma. Sin embargo, muy poco se había resuelto. Sí que, por un lado, se había logrado el objetivo de iniciar los trabajos; pero en cuanto a la situación de los obreros, a juzgar por las informaciones de la prensa, se había avanzado poco. El 23 de octubre, otro periódico de tendencia republicana, Ideal de Aragón, daba la voz de alarma sobre el estado de los más de 1500 y pico trabajadores del canal de riegos. Se les está explotando como negros, cobrando un jornal tan mísero que apenas tienen para comer. Sabemos que trabajan una infinidad de horas y que de una manera resignada se quejan''.

Despejada la incógnita de la concesión de los Riegos del Alto Aragón, la política hidráulica siguió ocupando un lugar prioritario en las actuaciones de las dos instituciones provinciales. El nuevo objetivo sería el intentar arrancar del gobierno de Madrid toda una larga lista de «lige-

47. Los avisos del inminente estallido de un conflicto relacionado con las subsistencias empezaron a aparecer en La Idea a primeros de febrero. El conflicto protagonizado por los concejales a la celerepublicanos del Ayuntamiento en las Actas de Plenos, el 6 de marzo. La última referencia El comenbración de la reunión de los representantes obreros también en La Idea, el 12 de marzo. tario de Ideal de Aragón, el 23-10-15.

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Junta CIFUENTES CHUECA

ras modificaciones» que no habían quedado contempladas en el proyecto inicial". Desde el mismo momento en que inició su andadura, este plan va a sufrir continuos retrasos, aplazamientos y modificaciones.

Algunos tajos se abrieron a lo largo de 1919 tanto en el Canal de Monegros como en el Pantano de Barasona. A pesar de estos iniciales avances, en 1923 la Diputación Provincial mandaba a los diputados Antonio Vallés, Manuel Lasierra y Pío Jesús Vallés para que actuasen como delegados en la Asamblea a celebrar en Tardienta con el propósito de dar un »mayor impulso a las obras de los Riegos del Alto Aragón.

El final de este largo y conflictivo proyecto llegó de la mano de Lorenzo Pardo quien, una vez creada la Confederación Hidrográfica del Ebro en 1926, subordinó todos los planes en marcha, incluido por supuesto el de los Riegos del Alto Aragón, a la regulación del río Ebro en su cabecera. Las obras no se paralizaron de forma definitiva hasta 193649.

La cuestión de los aprovechamientos Dentro de todo el entramado de ideas que había planteado Costa para regenerar y reactivar la vida económica nacional, se encontraba la de potenciar y sacar el máximo rendimiento de los recursos naturales.

Y aunque por un lado Huesca poseía gran parte de su territorio en zona de secano, los recursos hídricos del Pirineo, además de ser aprovechados para riego, podían permitir el establecimiento de saltos de agua con los que producir energía eléctrica.

En esta misma línea podría situarse la actitud de los diputados provinciales si se tiene en cuenta que, en general, y sólo por defecto de forma en la elaboración del expediente, no se opusieron a la concesión de licencias de aprovechamientos de aguas —y a su renovación— aunque ello implicase la apertura de complicados y lentos procesos de expropiación forzosa o indemnizaciones por daños en tierras de riego.

En general, durante la primera década de siglo la política de la Diputación a la hora de otorgar concesiones en los aprovechamientos de 48. En 1917 el Ayuntamiento inició por su cuenta las gestiones «convenientes a obtener mayor extensión en la zona regable de los términos de esta capital, que pudiera proporcion arles el proyecto de los Grandes Riegos». Las razones que ocultaba ese repentino interés no eran otras que introducir una variante en el proyecto de riegos con el fin de mejorar la utilización de las aguas del pantano de Santa María y Belsué que afectaba a los términos de dicha capital y que había quedado poco definida en la ley de los grandes riegos, BOPH, 1 de agosto de 1917.

49. Lo de la convocatoria de la Asamblea en Tardienta y la elección de los diputados en las Actas de la Corporación Provincial, 13-5-1923.

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aguas de los ríos Aragón, Cinca y Gállego tendió a favorecer, principalmente, a las industrias locales harineras y de fabricación de productos químicos. A partir de 1911, la tendencia cambia y las mayores partidas se conceden a los representantes de las compañías hidroeléctricas con capital social y sede en Cataluña. La escasez de combustible provocada por el estallido de la primera guerra mundial había acelerado, por otra parte, la construcción de grandes centrales hidroeléctricas en el Pirineo.

En un primer momento, las obras necesarias para construir estas centrales repercutieron en un aumento en la oferta de trabajo y, por tanto, en una reducción de las tasas de paro, en una zona donde se alcanzaba junto con Huesca los mayores índices de pequeñísima propiedad y, por tanto, de desempleo estacional. Sin embargo, los beneficios retenidos en Huesca fueron pequeños. Maluquer de Motes expone claramente cómo ni las compras que se realizaron, ni los impuestos satisfechos por las compañías hidroeléctricas se tradujeron en unos ingresos significativos. Sí que los salarios devengados, alcanzaron cierta importancia pero «difícilmente habrían producido una incidencia perceptible en el conjunto de la economía aragonesa»'.

Cabe preguntarse si una mejor gestión de esta increíble fuente de riqueza que, no olvidemos, sirvió de base para llevar adelante todo el proyecto industrial y eléctrico de Cataluña, hubiera desplazado hacia otros sectores productivos gran parte de la mano de obra campesina desocupada en el Alto Aragón, y hubiera generado por la vía de los impuestos los ingresos necesarios para la puesta en marcha de las inversiones en planes de regadío y nuevas infraestructuras agrícolas. Nos encontramos con que lo que podía haber sido un incentivo fundamental para la creación de una industria local dentro del sector enérgeticoeléctrico, se vio frenado por la ausencia de un programa claro en materia económica por parte de quienes deberían haberlo tenido y bloqueó, en nuestra opinión, una de las vías más interesantes de expansión económica en el primer tercio de nuestro siglo.

50. Tal vez un factor que ayudó a facilitar la concesión de nuevos aprovechamientos se encuentre en el hecho de que algunos de los diputados provinciales —Lasala, Sopena...— estaban vinculados de una forma o de otra con las sociedades hidroeléctricas solicitantes. Si se daba el caso concreto de que algún miembro estuviera implicado, su obligación era, no obstante, abstenerse. Las concesiones de menor cuantía eran casi siempre para industrias de cal, alumbrado o particulares que asumían la instalación de una red de energía eléctrica o mejoras en el transporte comarcal. Jordi Maluquer de Motes, en Actas del I simposio sobre relaciones económicas entre Aragón y Cataluña (ss. XVIII-XX), lEA, Huesca, 1990, p. 187.

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Julita CIFUEIV7ES CHUECA

CONCLUSIÓN Como hemos tratado de demostrar a lo largo de estas páginas, los gobiernos de la Restauración no dedicaron la debida atención a la cada vez más preocupante situación del campo y de los sectores sociales vinculados a él. La dificil coyuntura vivida desde finales del siglo XIX por amplios sectores de población atados a la tierra como única forma de obtener lo necesario para vivir demandaba algo más que tibias disposiciones de intención claramente reformista. Joaquín Costa con su abundante producción escrita en materia agrícola abrió el camino de lo que podía haber sido el comienzo de una peculiar reforma agraria. Las prácticas caciquiles del sistema de la Restauración y la falta de apoyos sociales condenaron este proyecto al fracaso. No evitaron, sin embargo, que algunas de sus propuestas, sobre todo las referidas al regeneracionismo hidraúlico, se incorporasen a los programas de las distintas agrupaciones republicanas a lo largo del siglo. Estos sectores, más conectados con el mundo urbano y sus clases medias que con la realidad del campo y los problemas de sus trabajadores, sólo se mostraron partidarios de la realización de pequeños reajustes para acallar las protestas y evitar el estallido de conflictos. Aunque no compartían la mayor parte de los presupuestos de los gobernantes y de los sectores sociales que los apoyaban, coincidieron con estos en la pretensión de no alterar el orden social vigente y el derecho a la propiedad establecido desde el triunfo de la revolución liberal decimonónica. El impulso hacia una reforma agraria, latente desde 1900 tuvo que ser recogido por otras fuerzas políticas más avanzadas en contenido social, socialistas y anarquistas, que supieron incluir en su discurso las reivindicaciones del pequeño campesino y del jornalero sin tierra orientadas, sobre todo, hacia la transformación legal de la anquilosada estructura de la propiedad y su redistribución. La aprobación del proyecto de reforma agraria republicano de 1932 vino a ser, en cierta forma, la culminación de este complicado y sinuoso proceso.

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PROPIEDAD DE LA TIERRA Y ORDEN SOCIAL EN HUESCA. UNA APROXIMACIÓN A LA CONFLICTIVIDAD RURAL DURANTE EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX

Pilar MALUENDA PONS

No queremos repartirnos la propiedad ajena..., no queremos pasar por plaza de ladrones, por que es más decente ser pobres, queremos que a fuer de caballeros os prestéis a revisar eso que decís propiedad y que si no es verdad no retendréis un instante.

Estas palabras escritas en 1920 por un zapatero de Almudévar en una publicación clandestina en la que reivindicaba la libertad de votar al candidato no apoyado por los «ricos», nos permiten mostrar cómo detrás de cualquier conflicto se escondía o se intuía una amenaza al sistema de tenencia de la tierra. De forma latente o manifiesta, el problema de la propiedad de la tierra ha sido, en cualquier caso, la principal semilla de enfrentamiento dentro del mundo campesino'.

Ahora bien, cómo apunta Manuel Pérez Ledesma, habría que superar el argumento típico de los estudiosos de los movimientos sociales que tiende a poner en relación de causa-efecto las desiguales estructuras económicas, sociales o políticas —en nuestro caso la poco equitativa distribución de la propiedad de la tierra—, con el surgimiento de

1. Pedro Reula repartió ejemplares escritos bajo seudónimo defendiendo el apoyo dado por el Sindicato de Almudévar a la candidatura del sr. España en las elecciones a diputados a Cortes, frente a los que criticaban esta actitud y la identificaban con intenciones revolucionarias de reparto de la propiedad. Fue condenado a dos meses y un día de arresto mayor. El desarrollo de la sentencia se puede seguir en Audiencia Provincial de Huesca, Libro de Sentencias, 1921, n° 69.

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LA CONFLICTIVIDAD RURAL DURANTE EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX

acciones y protestas colectivas, olvidándose de elementos tan importantes como son la estructura de poder que envuelve el mundo campesino, los recursos organizativos, las oportunidades políticas o las mentalidades. Sería, por tanto, necesario superar la mera descripción de unas circunstancias, para pasar a examinar qué «variables» permiten la aparición del «malestar oculto o reprimido». Aunque los límites de esta ponencia sólo nos permiten esbozar una aproximación a lo que fue la conflictividad social en el primer tercio del siglo XX en la provincia de Huesca, hemos intentado, por el contrario, no limitarnos a describir las condiciones en que surge la protesta e integrar en el discurso el papel decisivo de las pervivencias de una moral y ética preindustrial a la hora de encarar la lucha (Thompson), la importancia disuasoria de los métodos represivos empleados por el Estado o la utilización continuada de repertorios de protesta tradicionales (Tilly)2.

Sin embargo, no podemos olvidar que para los contemporáneos los conflictos, o lo que entonces llamaban «cuestión social», aparecían cuando la propiedad de la tierra estaba mal repartida o la situación socioeconómica de las familias era desesperada'. Y un ejemplo palpable es que eran épocas de crisis los momentos elegidos por las autoridades para solicitar insistentemente una mayor presencia de fuerzas del orden, aunque precisamente su presencia sirviese de disuasión a posibles conatos de protesta, o que acciones colectivas que no pretendían utilizar la violencia acabaran convirtiéndose, como consecuencia de la res-

2. Las alusiones y críticas de Manuel Pérez Ledesma acerca de la misión que debe cumplir el historiador de los movimientos sociales aparecen en el artículo «Cuando lleguen los días de la cólera (Movimientos sociales, teoría e historia), en VV. AA., Problemas actuales de la Historia, Terceras Jornadas de Estudios Históricos, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 1993, pp. 184185. Charles Tilly introdujo dos novedades importantes en la consideración del movimiento social: la continuidad de las formas tradicionales de protesta y la pluralidad en el repertorio de las acciones colectivas. En el número 15 de la revista Historia Social (1993) contamos con dos artículos que nos resumen sus tesis acerca del cambio social. Uno es de Rafael Cruz, «Crisis del Estado y acción colectiva en el período de entreguerras. 1917-1939», pp. 119-136 y otro del propio Charles Tilly, Cambio social y revolución en Europa, 1492-1992», pp. 71-98.

3. Esta identificación entre el poco equitativo reparto de la tierra y la , cuestión social• era una opinión generalizada entre los reformistas, representantes de la pequeña y mediana burguesía, como muestran Gerard Brey y Roland Forgues en ‹Algunas rebeliones campesinas en la literatura española: Mano Negra, Jerez, Casas Viejas y Yeste•, en J. L. García Delgado (ed.), La cuestión agrada en la España contemporánea, VI Coloquio de Pau, Cuadernos para el diálogo, Madrid, 1976, p. 360. Estudios sociológicos llevados a cabo desde 1970 han demostrado que los fenómenos de protesta van unidos no a la privación, sino a la frustración, o imposibilidad de cumplir las expectativas y, como consecuencia, se producen en épocas de prosperidad que, a su vez, facilitan los recursos necesarios para que aparezcan esos movimientos. En Manuel Pérez Ledesma, «Cuando lleguen los días de la cólera...», pp. 158-167.

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Pilar MALUENDA PONS

puesta represiva de las autoridades, en episodios de violencia colectiva.

Porque el llamado «orden social» suponía para la clases trabajadoras «la justificación de la desigualdad y de la explotación» sufrida, pero para los grupos conservadores era algo «natural» que había que garantizar a cualquier precio y en cuya defensa se unían las viejas y las nuevas élites4.

Las consecuencias de esta actuación del poder y la elevación a los altares de fenómenos revolucionarios o huelgas hacían pasar por alto otras formas de protesta alejadas de cualquier intento de cambio social y relegar del estudio de los movimientos sociales períodos históricos aparentemente no conflictivos. Afortunadamente desde los años 60, las investigaciones de Rudé, Hobsbawm, Thompson o Charles Tilly han permitido que la protesta social colectiva, no revolucionaria, pase a primer plano dentro de la historia y deje de considerarse menos racional que las acciones llevadas a cabo por las organizaciones formales. Han rescatado las luchas y formas de rechazo de esas clases desposeidas, de la multitud no articulada política o sindicalmente, también sus límites, todo ello dentro del proceso de consolidación del Estado nacional y capitalista. No se pueden eliminar, como decía Eric Hobsbawm allá por 1959, los fenómenos «primitivos» de agitación social so pretexto de que son marginales o carecen de importancia... en parte debido a un sesgo racionalista y modernista, en parte también... porque la filiación y el cariz político de estos movimientos resulta no pocas veces impreciso, ambiguo y aun a veces abiertamente «conservador», y en parte porque los historiadores, que suelen ser hombres instruidos y producto de ciudades, han dejado sencillamente, hasta hace poco, de esforzarse en grado bastante por comprender a quienes son distintos a ellos'.

Nuestro trabajo, pues, debe mucho a estos precursores, ya que han dirigido nuestra mirada hacia fenómenos considerados retrógados y

4. Las conclusiones sobre la violencia pertenecen a Charles Tilly y han sido reccogidas por Julio Aróstegui, «Violencia, sociedad y política: la definición de la violencia«, Ayer, n° 13 (1994), p.

47. Lo del poder aglutinador que posee la defensa del orden social fue señalado por Charles Maier en La refundación de la Europa burguesa. Estabilización en Francia, Alemania e Italia en la década posterior a la I Guerra Mundial, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1988. Los entrecomillados pertenecen a E. González Calleja, «La defensa armada del orden social durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)», en J. L. García Delgado (ed.), España entre dos siglos (1875-1931). Continuidad y cambio, VII Coloquio de Historia Contemporánea de Espala dirigido por Manuel Tuñón de Lara, Siglo XXI, Madrid, 1991, pp. 61-63.

5. Toda esa declaración de principios aparece en la obra ya clásica Rebeldes primitivos.

Estudios sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX, Ariel, Barcelona, 1974, p. 11.

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fuera de cualquier caracterización de movimiento social y han permitido sacarlos a la luz6.

LA PROTESTA CAMPESINA. ORIGEN Y TIPOLOGÍA

Las escasas noticias en prensa y archivos sobre huelgas o agitaciones campesinas, baremo con el que se ha medido tradicionalmente el grado de conflictividad, nos llevaría a concluir que los problemas de distribución de la propiedad de la tierra, la privatización de comunales y la extensión de las relaciones sociales de mercado en el campo oscense no provocaron luchas y protestas en el período que nos ocupa.

Difícil sería entonces explicar el caldo de cultivo de muchos de los conflictos desarrollados durante la Segunda República; de la extensión, por ejemplo, a lo largo de la provincia de Huesca de las insurrecciones campesinas de 19337.

Pero, siguiendo el camino abierto por esos historiadores, no sólo había que acercar más el microscopio, sino también cambiar de lentes, es decir, buscar otro tipo de acciones populares en otro tipo de fuentes. Todo ello para descubrir cómo se colaban entre los resquicios dejados por un sistema represivo, caciquil y capitalista muestras de rechazo hacia él en forma de motines, algaradas, bandolerismo, delincuencia cotidiana —furtivismo, roturaciones ilegales, hurtos de madera, pastoreo abusivo...—, abstención electoral... Porque los delitos contra la propiedad pueden considerarse un fenómeno de disidencia y protesta social en sí mismos. Aunque no pusieran en peligro el orden establecido, reflejaban las tensiones dentro de la comunidad e iban en contra de un nuevo ordenamiento jurídico y político de la sociedad que impedía hábitos de comportamiento tradicionales'.

6. Son varios los trabajos en los que Julian Casanova ha glosado la contribución a la historia social de estos historiadores marxistas británicos y sociólogos norteamericanos. Destacamos de entre ellos su libro La Historia Social y los historiadores, Crítica, Barcelona, 1991.

7. No podemos detener nuestra atención, dado el alcance de esta ponencia, en aquellos transcendentales hechos. De todos modos, han sido bien estudiados por José M.a Azpíroz, Poder político y conflictividad social en Huesca durante la II República, Ayuntamiento de Huesca, Huesca, 1993, pp. 164-169, y por Graham Kelsey, Anarcosindicalismo y Estado en Aragón: 1930-38, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1994, pp. 231-243.

8. Esta consideración pertenece a F. Sánchez Marroyo, quien, siguiendo la brecha abierta por la historiografía francesa, ha sido el iniciador en nuestro país de los estudios sobre la delincuencia, a los que considera un «elemento imprescindible dentro de la historia social española». Un resumen de sus investigaciones referidas al período 1930-1936 en «Delincuencia y derecho de propiedad. Una nueva perspectiva del problema social durante la Segunda República», Historia Social, n° 14 (1992), p. 44.

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Pilar MALUENDA PONS

De este modo, podemos comprobar que en muchos de los pueblos que protagonizaron las insurrecciones campesinas de 1933 —Ayerbe, Almudévar, Gurrea de Gállego, Lanaja, Alcalá de Gurrea, Novales, ...—, se habían producido durante el primer tercio del siglo XX conflictos causados por la cuestión de los comunales o fruto de la instalación de las relaciones capitalistas en las zonas de gran concentración de la propiedad de la tierra.

Una vez averiguado qué es lo que debíamos buscar, es necesario explicar el orden con que vamos a tratar las diferentes formas de protesta social que se dieron en el período objeto de nuestro estudio. En primer lugar, abordaremos aquellos fenómenos de delincuencia cotidiana no avalados por una organización campesina, pero que se extendieron a lo largo de esas tres décadas sin sufrir un descenso paulatino como podría suponerse de la progresiva asunción por parte de la comunidad campesina de los principios individualistas de la propiedad y de la aceptación de hechos como la apropiación indebida de terrenos comunales, injustos si se quiere, pero respaldados política y jurídicamente.

En segundo lugar, nos ocuparemos del tipo de protesta característico de las sociedades industriales y más utilizado en el terreno de los conflictos económicos, la huelga. En realidad, las huelgas agrícolas no triunfaron prácticamente hasta la Segunda República, pero sí que hemos localizado huelgas en las que participaban campesinos y jornaleros del campo en calidad de trabajadores de las obras de riegos que se desarrollaron en la provincia oscense en el primer tercio de nuestro siglo. El que sus protagonistas procedieran del mundo rural, el que apareciesen conectadas con momentos de crisis agrarias y, por último, la fecha temprana de estos conflictos que nos permite demostrar la coexistencia en un mismo lugar de protesta social moderna y tradicional nos ha llevado a tratarlas a continuación.

Dedicaremos el último apartado a una forma de protesta típicamente preindustrial, los motines de consumos y de subsistencias, para confirmar la pervivencia de protestas tradicionales hasta bien entrada la década de los años 10, cuando parecía concluido el tránsito hacia la acción sindical moderna, tras la huelga revolucionaria de 1917.

Delincuencia cotidiana Podemos afirmar que, en líneas generales, la protesta campesina surge como reacción a la explotación sufrida, a la concentración de la 223 Índice

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propiedad y al desarrollo del capitalismo moderno, siendo la reivindicación del monte vecinal la primera causa de conflictividad en el campo.

Pero el rechazo de los campesinos al empobrecimiento y sometimiento producido tras el desalojo de las tierras que cultivaban tradicionalmente, consecuencia de las sucesivas desamortizaciones llevadas a cabo en el siglo XIX y, en especial, de la efectuada sobre bienes de propios y comunales por la ley de Madoz en 1855 —pieza clave de la reforma liberal en el campos—, no podía manifestarse, de forma habitual, a través de acciones colectivas violentas enfrentadas cara a cara contra los grupos de poder, aunque hubiera algunas. Y no sólo por la dificultad que suponía enfrentarse a un Estado, el de la Restauración, inflexible y represivo, sino porque el sistema caciquil y clientelar sobre el que se asentaba poseía recursos poderosos para desmovilizar cualquier tipo de rechazo social. En palabras de Pérez Yruela, es ola estructura de poder que rodea a la sociedad campesina la que determina sus posibilidades de acción” e impedía actuaciones más contundentes y decisivas'. Como consecuencia, la resistencia campesina se plasmó por medio de unas acciones individuales y colectivas —hurto de leñas, pastoreo abusivo, roturación de terrenos, caza furtiva...—, aparentemente menos arriesgadas, que seguían empeñadas en mantener unos usos y maneras tradicionales frente a una justicia que defendía el nuevo régimen de propiedad de la tierra".

No hay que olvidar, sin embargo, que la distribución de los campos comunales y el final de la explotación colectiva de los pastos no fue un

9. Como resumía Francisco Tomás y Valiente en «El proceso de desamortización de la tierra en España», Agricultura y Sociedad, n° 7, 1978, p. 15, la desamortización fue una medida necesaria para la liquidación de la sociedad estamental del Antiguo Régimen y para el triunfo de la revolución burguesa... fue una de las operaciones necesarias y decisivas para la creación de las condiciones jurídicas y políticas imprescindibles para la constitución de una sociedad burguesa e industrial, es decir, capitalista..

10. Las apreciaciones sobre el sistema caciquil en E. González Calleja, «La razón de la fuerza.

Una perspectiva de la violencia política en la España de la Restauración», Ayer, n° 13 (1994), p. 89.

Las conclusiones de M. Pérez Yruela en «El conflicto en el campesinado», Agricultura y Sociedad, n° 10 (1979), p. 259.

11. Esta protesta cotidiana era más eficaz y evitaba en muchos casos las medidas represivas que un conflicto abierto podía reportar. Los primeros que mostraron que ciertos delitos rurales contenían un importante elemento de protesta y rechazo a la penetración en el campo de las relaciones capitalistas fueron los historiadores Thompson y Hay, como así lo recogen los andaluces Francisco Cobo, Salvador Cruz y Manuel González de Molina, en su estudio sobre los aprovechamientos fraudulentos «Privatización del monte y protesta campesina en Andalucía oriental (1836-1920), Agricultura y Sociedad, n° 65 (1992), pp. 253-302, el cual nos ha servido de guía en nuestro análisis.

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fenómeno exclusivo español. Fue un proceso largo y generalizado en Europa entre 1770 y 1870, por el que pequeños campesinos y jornaleros que no se vieron favorecidos con el reparto de parcelas sufrieron serias consecuencias y se enfrentaron a los campesinos acomodados a quienes, a partir de entonces, asaltó el miedo permanente a la rebelión de los primeros. Y tampoco en Europa la acción más adoptada fue la lucha enfrentada; por el contrario, muchos de los problemas de pobreza y presión demográfica se «solucionaron con la emigración y la incorporación a la industrialización». Evidentemente, únicamente en aquellos países donde con la reforma agraria se instalaron al mismo tiempo las bases para una industrialización inmediata los campesinos desfavorecidos pudieron elegir esas opciones, no así en lugares como España".

Sabemos que el proceso desamortizador en España no supusó un reparto de tierras a medianos y pequeños campesinos, más bien consolidó la propiedad en manos de la oligarquía rural. El empobrecimiento de campesinos a raíz de la liberalización de la propiedad y la crisis agraria finisecular pusieron de manifiesto los efectos más negativos de la desamortización e hicieron aumentar la conflictividad social en el medio rural. Allí donde los vínculos comunitarios no fueron agredidos de forma generalizada, o dicho de otro modo, donde permitieron a pequeños propietarios o arrendatarios y a los jornaleros seguir utilizando el monte común, el número de delitos contra la propiedad fue insignificante. En cambio, donde los grandes propietarios habían conseguido hacerse con la propiedad plena de terrenos de propios o redimido los derechos vecinales para arrendarlos a particulares, el porcentaje de delitos y de conflictos creció espectacularmente13.

Lo ocurrido en la provincia de Huesca confirma este argumento.

Tras la consulta de la que ha sido nuestra fuente básica, los Libros de

12. La cita y el argumento lo podemos encontrar en Werner Rüsener, Los campesinos en la historia europea, Crítica, Barcelona, 1995, pp. 201-219.

13. El identificar desamortización con subasta pública ha sido, según J. R. Díez Espinosa, un error común en la historiografía española dedicada al tema, olvidando que la venta de censos o rentas de que disfrutaban los titulares de patrimonios amortizados se realizó, no por medio de subasta, sino por redención o posibilidad de que el pagador de la renta pudiera redimir el derecho censual y hacerse con el pleno dominio de la finca, impidiendo la celebración de subastas.

Precisamente fue durante la etapa de Madoz, es decir, cuando se enajenaron montes y derechos comunales, el momento en que la redención se constituyó en el mecanismo habitual. Esto provocó que quedase en manos del propietario comprador la opción de mantener los derechos tradicionales al común de los vecinos o arrendarlos a particulares, con los problemas consiguientes. En «La desamortización de censos», Ayer, n° 9 (1993), pp. 61-104.

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Sentencias desde 1900 hasta 1936, podemos concluir que en los partidos judiciales de Boltaña, Jaca y, en menor medida, Barbastro, donde se conservó una importante superficie de Montes de Utilidad Pública exceptuados de la desamortización según el Catálogo de 1901, las infracciones de la ley de caza que llegaban a los tribunales eran imperceptibles y los hurtos de madera y leñas sólo alcanzaban un número importante en Jaca. En el otro extremo, los partidos judiciales de Sariñena, Huesca y Fraga, áreas de grandes propietarios que habían procedido a la redención y privatización de montes y usos comunales en gran medida, registraban la mayor cantidad de delitos". Las cifras que ofrece la Audiencia Provincial de Huesca son, sin embargo, la punta del iceberg, porque, evidentemente, hubo muchos aprovechamientos fraudulentos que no fueron descubiertos y muchos más que, aún siendo denunciados ante la alcaldía del pueblo correspondiente o la Jefatura de Montes, no pasaron a los tribunales'.

Hay que buscar entonces dentro de los entresijos administrativos que debía recorrer la denuncia, para darnos cuenta del verdadero alcance de estos delitos contra la propiedad. A título indicativo, entre 1926 y 1936, período del que se conserva un registro del Distrito Forestal con las infracciones, infractores y multas impuestas, se contabilizaron 3.464 denuncias. El proceso que seguía este documento era el siguiente: los

14. En los Planes de Aprovechamientos Forestales de 1900-1901 podemos encontrar una relación de la superficie de montes de utilidad pública por partidos judiciales. A su derecha anotamos el número de sentencias que hemos localizado entre 1900 y 1936: Partidos judiciales Barbastro

Cabida aforada (has.)

Hurto

Caza furtiva

2.450

7

9

1.737

1

0

Boltaña

75.605

7

1

Fraga

14.722

10

44

Huesca

12.476

23

36

Jaca

78.194

27

0

Sariñena

10.404

66

26

Benabarre

FUENTE: AHPH, Fondo de Agricultura, Sección Distrito Forestal, legajo a-352, y Audiencia Provincial de Huesca, Libros de Sentencias.

15. Su perfecta conservación a lo largo de todo este período histórico que nos permitía realizar un seguimiento continuado y la abundancia de información acerca de la situación laboral, económica y cultural de los acusados, así como de las circunstancias y causas de los delitos, nos decidió a dedicar nuestros mayores esfuerzos a la consulta de esta fuente jurídica, infrautilizada hasta hace poco tiempo dentro de los estudios de los movimientos sociales.

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expedientes se abrían a raíz de las denuncias que los guardas forestales presentaban ante las alcaldías; éstas debían comprobar la infracción y enviarlos a la Jefatura de Montes, cuyo Ingeniero Jefe establecía la cuantía de las multas e indemnizaciones. No era él, sin embargo, quien las imponía sino el gobernador civil de la provincia siempre y cuando lo considerase oportuno. El poder de ayuntamientos, al fin y al cabo titulares del monte, y del gobernador podía convertir en inútil la gestión y el celo de los ingenieros de montes que intentaban que los aprovechamientos delimitados para los terrenos de utilidad pública en los planes anuales fueran cumplidos correctamente. Muchos de los denunciados por pastoreo abusivo o roturación indebida eran medianos o grandes propietarios, por ello raras veces su causa llegaba a los juzgados de la Audiencia, siendo su expediente sobreseído en la mayoría de las ocasiones. En cambio, cuando eran los estratos inferiores de la sociedad campesina los que participaban en ese tipo de delitos, estos acababan en manos de la justicia. Así se entiende que las causas judiciales abiertas por roturaciones o pastoreo abusivo alcancen un porcentaje insignificante frente a la mayoritaria presencia de los delitos de hurto de leñas y caza furtiva, donde los protagonistas eran pequeños propietarios y jornaleros".

El número de causas abiertas en la Audiencia Provincial de Huesca, sin sufrir un descenso continuado, sí experimentó oscilaciones a lo largo de esos años en función de dos variables, la crisis económica y la coyuntura política. Aunque no descartamos que el móvil del beneficio, de acuerdo con las expectativas que marcaba el mercado acerca de los productos forestales, influyese a la hora de perpetrar esos delitos, la situación económica y social de los procesados y el que, como he dicho, no llegasen al juzgado los delitos de ganaderos o agricultores poderosos, nos permite afirmar la correlación entre carencia y aumen-

16. En el Archivo Provincial de Huesca hemos localizado los libros de Registros de denuncias en montes públicos que llegaban a la Jefatura de Montes, pero sólo para los años 1918-19 y desde 1925 en adelante. Las denuncias en fincas particulares pertenecen a los años 1922, 1927-28, 1932-33 y 1933-39. Los Partes mensuales que los guardas forestales presentaban ante el Distrito Forestal de Huesca se han conservado desde 1918 hasta 1925, pero no de forma sistemática. Los registros de pleitos contencioso-administrativo, corresponden a los años de la Dictadura de Primo de Rivera, mientras el de causas criminales sólo nos aparece a partir de 1930. Por último, podemos encontrar denuncias, no todas, clasificadas según el monte del Catálogo de 1901 en el que fueron perpetradas. Un estudio pormenorizado de toda esta documentación necesitaría de una dedicación de la que no podemos disponer y nos ofrecería un panórama más completo de la delincuencia campesina.

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to de aprovechamientos fraudulentos'7. Así, podemos destacar por el volumen de las cifras, los años de crisis agraria de principios de siglo, 1903-1906, el período de carestía de la Primera Guerra Muncial, 19151916 y el inicio de los años 20 con sus problemas de subsistencias. Por último, durante la coyuntura republicana asistimos a un aumento importante, fruto con toda seguridad de la creencia en la mayor permisividad del nuevo régimen con este tipo de actuaciones'.

Descender a casos concretos —los que parecían más significativos—, nos va a permitir entender y confirmar el origen y proceso seguido por este tipo de protesta campesina. Los vecinos de Gurrea de Gállego creían disfrutar del derecho de hacer leña en los montes Puilatos, Puyalveta, La Pedrera y San Cristóbal, en virtud de un contrato fechado en 1901 entre el Ayuntamiento y los propietarios, los herederos de Tomás Castellano. Estos habían comprado los terrenos al Conde de Parcent en 1886 y con la compra redimieron los gravámenes que de «hacer leña de la seca y perdida, excepto la carrasca, pino, coscojo, sabina y demás arbolado, para el exclusivo uso de los hogares de sus vecinos», tenían establecidos los vecinos con el conde desde 1842. El ayuntamiento presentó varios escritos contra esos acuerdos pero el Tribunal gubernativo del Ministerio de Hacienda falló a favor de la redención. El alcalde tuvo que publicar un Bando por el que se hacía saber que, a partir de entonces, se prohibía el disfrute de los aprovechamientos y desde ese momento, los guardas particulares de dichos montes se opusieron sistemáticamente a la corta y extracción de leñas por los vecinos, prácticas que pasaron a considerarse ilegales'9. La capacitación de dichos vigilantes venía dada por la Real Orden de 1876. Ante la impo-

17. La conclusión de que era la lógica del mercado lo que movía tanto a ingenieros de montes como a infractores de los planes de aprovechamiento en montes públicos aparece en Jesús historia contemporánea de los montes públicos españoles, 1812-1930. Notas y reflexioSanz, nes (ID., pp. 142-170, en Ramón Garrahou y otros (eds.), Historia Agraria de la España Contemporánea. 3. El fin de la agriculttura tradicional (1900-1960), Crítica, Barcelona, 1986.

18. Por ejemplo, en los años finales de la Primera Guerra Mundial, 1918-1919, en que se produce una gran crisis de subsistencias y aumento de precios, las denuncias por corta y extracción de leña en toda la provincia de Huesca se elevan a 56, a 120 las de corta de leña únicamente, 84 las de pastoreo abusivo y 36 las de roturación. Estos datos aparecen en el Legajo A-381. Registro de denuncias, 1918-1919.

19. Los límites de esos derechos no estaban claros y esa fue la causa de que sólo en 1904 la Audiencia Provincial de Huesca viese en juicio público tres causas por hurto, una de las cuales afectaba a 12 vecinos, labradores, de buena conducta y sin antecedentes penales. De esta última causa aparecida en Libro de Sentencias, 1904, n° 62, hemos obtenido los datos sobre esos montes.

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sibilidad presupuestaria del Estado para dotar de más medios a la Guardia Civil con que hacer frente a la multiplicación de conflictos y la defensa de la propiedad en el campo, delegó parte de esas funciones en particulares —propietarios, colonos o arrendatarios rurales—, a los que permitía nombrar guardas particulares jurados con el único requisito de que su elección fuera ratificada por el alcalde de la localidad en cuestión'.

En 1904 fue dictada sentencia por hurto de leñas contra un labrador de Novales que «siempre hizo resistencia al reparto y distribución por considerarla injusta». Los problemas habían surgido cuando varios vecinos adquirieron de los duques de Moneva y del Marqués de Ayerbe en 1875 el dominio directo de todos los montes y territorios jurisdiccionales del pueblo y otros derechos, como el pacto que desde 1852 tenían con el Marqués de poder leñar en el monte denominado La Sarda, y procedieron a la división y reparto de aquellos terrenos sin absoluto acuerdo y perjudicando a aquellos que nada poseían21. Esta desamortización de derechos comunales fue un proceso extendido por la provincia de Huesca y puso fin a esos convenios que databan del siglo XIX e incluso de antes, y que habían sido pactados entre los ayuntamientos y la nobleza propietaria de grandes fincas en la provincia de Huesca.

Ello explica que las comarcas de Huesca, Fraga y Sariñena, las zonas con mayor número de grandes contribuyentes y de porcentaje de concentración de la propiedad, fueran las más conflictivas22.

Los conflictos entre los jornaleros y hacendados de Ballobar por la extracción del regaliz se agravaron también en esos primeros años del siglo XX, según Heraldo de Aragón, por «recientes predicaciones». Pero

20. F. Cobo, S. Cruz y M. González de Molina ofrecen más información de como se llevó a cabo la defensa de la propiedad durante la etapa de la Restauración en «Privatización del monte y protesta campesina....., p. 279.

21. El fallo sería absolutorio. En Libro de Sentencias, 1904, n° 80.

22. En la provincia el mayor porcentaje de riqueza rústica en manos de grandes contribuyentes, así como el mayor índice de concentración de la riqueza estaba en las comarcas de Huesca, Fraga y Sariñena. A título de ejemplo, los dos mayores propietarios rústicos de Aragón, Grandes de España, los Condes de la Viñaza y el Duque de Luna, pagaban las mayores cifras de contribución por las propiedades que poseían en la provincia de Huesca. Fraga y Huesca eran, además, las comarcas oscenses donde había más porcentaje de riqueza en manos de propietarios forasteros. En Luis Germán, Aragón en la Segúnda República. Estructura económica y comportamiento político, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1984, p. 57-67. La relación de mayores contribuyentes en estos tres partidos judiciales en José M. Azpíroz, Poder político y conflictividad social..., pp. 29-30.

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la resistencia a la pérdida de derechos continuó durante las siguientes décadas. En febrero de 1922 se dictó sentencia contraria a las demandas del Ayuntamiento de Ballobar que en nombre del común de los vecinos reivindicaba el dominio de los llamados Cuartos del Marqués, al frente de cuya posesión estaba Plácido de la Cueva. Se mantenían, sin embargo, los derechos de pacer sus ganados, arrancar y extraer piedra, hacer cal, yeso y cazar desde el 3 de mayo hasta el 15 de agosto.

A cambio, la sentencia aconsejaba que «en lo sucesivo se abstengan de perturbarle e inquietarle en la mencionada posesión bajo los apercibimientos legales» y se publicase un Bando informando del contenido de la decisión judicial. Ello no fue óbice para que en 1924 fuesen denunciados varios vecinos de Ballobar por sembrar en esa finca y en el Libro de Sentencias de 1925 se absolviera a dos acusados por roturación de terrenos sin autorización23.

No siempre los delitos se producían en terrenos particulares que habían permitido anteriormente aprovechamientos vecinales. En muchas ocasiones los conflictos se localizaban en montes que se habían mantenido dentro del Catálogo de los de Utilidad Pública, es decir, que no se habían privatizado y pertenecían al Estado o a los Ayuntamientos. Porque el que apareciesen como titulares de la propiedad el «común de los vecinos» o «el pueblo» no significaba necesariamente que su aprovechamiento fuera dictado democráticamente por todos los vecinos. Por el contrario, el Ayuntamiento, al fin y al cabo un organismo en la mayoría de las ocasiones dominado por los grandes y medianos propietarios durante toda la España de la Restauración, no dispuso un reparto equitativo y justo. Favorecer sus propios intereses y hacer frente a los problemas presupuestarios eran los objetivos que marcaron su actuación y para cumplir con ellos, cedían en arriendo a particulares o sociedades de caza esos terrenos municipales, buscando sacarles el mayor rendimiento posible. Podemos citar montes carismáticos cuyo nombre llena los Libros de Sentencias de la Audiencia Provincial de Huesca. El monte Juvierre, con el número 331 del Catálogo, perteneciente en su mayoría a Castejón de Monegros (Sariñena), nos aparece en 24 causas judiciales, la mayoría por hurto de

23. La información de Heraldo de Aragón aparece el 6 de febrero de 1905. La historia de estos terrenos la hemos conocido gracias a esas dos sentencias absolutorias, causas n° 114 y 122, que, por otra parte, tuvieron tal desenlace debido a que la prohibición de actuar en esos montes no había partido de una orden particular sino de un Bando de carácter general. De los sucesos de 1924 nos da cuenta el diario oscense La Tierra el 9 de noviembre de 1924.

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leñas, repartidas entre los años 1900 y 1914, aunque todavía en 1930 se dictó una sentencia por una infracción de la ley de caza perpetrada en 192824.

Los especiales problemas surgidos con los propietarios en el término de Lanaja, la radicalización del conflicto, el que este pueblo fuera sede de importantes movilizaciones canalistas e incluso cuna de bandoleros, nos lleva a no dejar pasar la oportunidad de analizar lo ocurrido en dicho término municipal". La protesta cotidiana en forma de hurtos de esparto e infracciones de la ley de caza producidos entre 1905 y 1915 en las fincas de Mariano Bastarás y de otros propietarios de la localidad, derivó en los años 20 en un abierto conflicto. En 1923 siendo ya propietaria su viuda, Matilde Ferrer, se dictó la primera sentencia por roturación indebida perpetrada en 1921 contra un tejero y un jornalero de Lanaja. En el Resultando de la Sentencia figura como origen del conflicto las predicaciones y campañas sediciosas llevadas a cabo en el pueblo de Lanaja durante 1920 y 1921 y nos relata como se desarrollo la ocupación de fincas: los procesados que según consta habíanse distinguido como paladines exaltados en tales campañas, valiéndose de la intimidación a tal extremo llevada que ella dio lugar a que algunos terratenientes amenazados tuvieran que abandonar dicho pueblo el 9 de diciembre de 1921... dijeron públicamente que al día siguiente irían a roturar y sembrar dos fincas... de la propiedad de Matilde Ferrer y Mariano Marcellán y validos de esa intimidación ocuparon al día siguiente tales fincas, siendo sorprendidos por la Guardia Civil".

Seguirían apareciendo los nombres de estos propietarios en los Libros de Sentencias hasta la Segunda República en referencia a infrac-

24. Entre el año forestal de 1929-30 a 1932-33 la Jefatura de Montes tramitó 8 expedientes de denuncias presentadas por los guardas forestales ante la Alcaldía de Castejón. A los motivos de corta de leñas, se añadían otros como la roturación de terrenos y pastoreo abusivo. En AHPH, Fondo de Agricultura, Sección Distrito Forestal, legajo a-814. En el mismo legajo nos aparecen las denuncias de otro monte ,,popular», el denominado «La Sierra», número 330, que sufrió entre el año forestal 192728 hasta 1934-35 24 denuncias, la mayoría por roturación de terrenos y pastoreo abusivo. Entre los acusados aparecen medianos propietarios y arrendatarios que hacían uso y abuso del monte. Incluso se abrió un expediente al propio ayuntamiento de Alcubierre, propietario de dicho monte, por roturación indebida, que sería sobreseido por el Ingeniero Jefe en 1932.

25. Heraldo de Aragón informaba el 7 de abril de 1905 sobre unos asaltos cometidos que recuerdan •las hazañas cometidas en tiempos pasados en la Sierra de Alcubierre por el célebre Cucaracha». Los motivos de tales hechos son, para el diario, la situación de hambre por la que atraviesan pueblos como Lanaja o Alcubierre. Un día más tarde vecinos de Lanaja eran detenidos como autores de los asaltos.

26. La sentencia se compuso de multas de 414 y 216 pts. a cada uno de ellos, pago de costas procesales e indemnización. En Libro de Sentencias, 1923, n° 63.

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ciones de la ley de caza. Y así, durante los sucesos de diciembre de 1933 en Lanaja, al corte de carreteras y a la quema de documentos del archivo municipal se sumó la pretensión de «recuperar determinados bienes comunales que disfrutaron hace varios años y les fueron arrebatados por tres o cuatro familias ricas, que se hicieron dueños injustamente>". La comparación entre los nombres de los acusados por esos delitos forestales y los integrantes del movimiento revolucionario, a los que se juzgó por un Tribunal de Urgencia a comienzos de 1934, nos da un resultado negativo. En todas las ocasiones en que hemos comparado los procesados por delitos contra la propiedad y los integrantes de organizaciones y movilizaciones campesinas de los mismos pueblos, el saldo ha sido el mismo. Esto confirmaría los resultados obtenidos por el estudio llevado a cabo en Andalucía oriental que hablaba de una correlación negativa entre delincuencia forestal y la existencia de organizaciones campesinas, y nos llevaría a concluir que estos dos tipos de movimientos sociales llevaban caminos diferentes. Sin embargo, nuestra investigación se ha encontrado con que localidades destacadas porque sus vecinos protagonizaron un buen número de hurtos, infracciones, etc., nos aparecen como sedes de importantes nucleos de afiliación anarquista o socialista en el período republicano. Por ejemplo, los pueblos que hemos utilizado como ejemplos señeros de este tipo de conflictividad, Gurrea de Gállego y Lanaja, fueron cuna de grupos libertarios. Y en Tormos, Tardienta, Almudévar, Albalate, Alcalá de Gurrea, Ballobar, Peñalba, Ayerbe... la CNT tuvo gran influencia. La investigación andaluza ofrecería como explicación la conexión demostrada entre existencia de latifundios y debilidad de bienes y vínculos comunitarios con la aparición de organizaciones de clase. Pero, a diferencia de lo ocurrido allí, en la provincia de Huesca hemos comprobado que las comarcas con mayor número de grandes terratenientes son las mismas áreas donde hemos contabilizado la mayoría de los comportamientos forestales delictivos y, a su vez, son las que ocupan los primeros puestos en cuanto a implantación sindical". Hay que mencionar, por último

27. Se produjo, según el Ministerio Fiscal, la invasión del domicilio de la viuda de Bastarás, aunque el alcalde, el Juez municipal, el maestro y otros testigos apuntaron que los procesados no habían cometido ningún delito. El periódico republicano El Pueblo, el 28 de febrero de 1934 decía que en el Tribunal se había demostrado que todo el pueblo se ha hecho solidario. En el Libro de Sentencias, 1934, n° 37 aparece la pena que se impuso a los procesados. De los trece, cuatro fueron condenados y el resto absueltos.

28. Las conclusiones sobre Andalucía en Privatización del monte y protesta campesina...•, p. 295.

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y aunque no vayamos a tratarla aquí, la amplia utilización de la reclamación de los usos y patrimonio comunal de los pueblos en beneficio de los más desfavorecidos en los programas agrarios de tales organizaciones.

La Segunda República abrió las puertas a las reivindicaciones de la clase trabajadora y esta, aprovechando un régimen de libertad desconocido hasta entonces, plasmó por medio de movilizaciones e invasiones de fincas sus tradicionales peticiones en relación con la propiedad de los bienes comunales. Pero lo que no entendió es que el nuevo régimen era democrático en lo político, pero seguía siendo liberal y capitalista en lo económico y lo jurídico y, por tanto, iba a seguir persiguiendo los delitos contra la propiedad".

En este contexto habría que insertar y comprender la actuación del labrador de Grañén, Modesto Lavilla, que desde el 26 de junio de 1931 venía ocupando el cargo de juez municipal. Se le acuso de «prevaricación por retardo en la administración de justicia» y fue sentenciado el 29 de marzo de 1933 a dos años y un día de suspensión para el ejercicio de cargo público. Posiblemente, Modesto Lavilla creyó que el nuevo régimen iba a ayudar a campesinos y jornaleros y retrasó conscientemente la tramitación y castigo de varios juicios de faltas que por infracción de la ley de caza le habían denunciado, poniendo así en práctica lo que en público había proclamado, que «absolvería a todos los que le denunciaran infracciones de la ley de caza en los montes de José Antonio Azlor de Aragón (duque de Luna) y Vicente Susín», a los que hacían referencia la mayor parte de las denuncias que no tramitaba'''.

De igual modo, el alcalde de Azara intentó defender tanto los derechos de los vecinos como los intereses municipales, pero fue precisamente esa actitud el desencadenante de su muerte. En julio de 1932 brindó su apoyo a los 49 vecinos de Azara denunciados ante la Jefatura de Montes por roturación y parcelación sin licencia en el monte n° 2 del Catálogo, llamado Planas Altas y Subías. Merece la pena detenernos en las razones que alegaron los vecinos para su acción, porque eran las aducidas habitualmente. En primer lugar señalaban la necesidad de esti-

29. La Segunda República no pudo redactar un nuevo ordenamiento penal propio hasta 1932.

Aunque introducía eximentes y atenuantes para los detenidos, »en los delitos contra la propiedad se siguió manteniendo la responsabilidad en las faltas de los autores y sus complices». El mayor poder otorgado a los jueces también se convirtió en un arma de doble filo. En F. Sánchez Marroyo, «Delincuencia y derecho de propiedad...», pp. 28-31.

30. Se puede seguir el contenido en Libro de Sentencias, 1933, n° 20.

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mular la conservación del matorral bajo; en segundo lugar, la «calamitosa» crisis de trabajo que existe «máxime en este pueblo que el 80% se compone de jornaleros»; y, por último, la mala interpretación de la disposición de 1925 por la cual creían que los montes del Estado pasaban a la libre disposición del municipio. El alcalde no había puesto obstáculo a esa parcelación, porque desde tiempo inmemorial este ayuntamiento venía disfrutando de los aprovechamientos en calidad de pastor y a la vez pagando contribución, pero reconociendo que el municipio no había satisfecho el 20% del valor de dicho monte a la Jefatura de Montes declaraba su favorable disposición a ingresarlo. En la misma medida que se había mostrado benévolo con sus vecinos, actuaba de modo inflexible con los particulares que hacían pastar su ganado sin permiso en campos de propiedad comunal. A uno de esos infractores le impuso una multa y éste en venganza le asesiné:13'.

Por último, habría que señalar que los conflictos no sólo surgían dentro de los límites del propio término municipal entre los favorecidos por la privatización y usos de los terrenos comunales, por un lado, y los que habían quedado despojados, por otro. También aparecían como consecuencia de la disputa entre dos pueblos por la legitimidad o no de sus aprovechamientos. Este era el caso del monte Valdurrios, n° 149 del Catálogo de Utilidad Pública cuyo propietario era el ayuntamiento de Fraga, pero donde se consideraban con derechos los vecinos de Caspe. Según El Pueblo en un artículo del 20 de febrero de 1935, la decisión del que desempeñaba el cargo de alcalde en tiempos de la Dictadura de Primo de Rivera de hacer pagar a los colonos de Caspe impuestos y de arrendar el aprovechamiento del monte a una sociedad de caza para sacar algún partido a sus propiedades, con la consiguiente prohibición de cortar árboles, cazar o carbonear, «sentó en Caspe como una declaración de guerra». La primera sentencia data de 1926 pero es, a partir de 1930, cuando esta amenaza se hizo realidad, como lo demuestra el que nos encontremos con una avalancha de causas abiertas por infracciones de la ley de caza (37), por hurto (2) y hasta una por homicidio en 1935'2. Sin embargo, el ayuntamiento de Fraga no

31. En esta interpretación del homicidio de Sebastián Cuello coincidían tanto el periódico El Pueblo como La Voz de Aragón, que se hicieron eco del suceso un día despues, el 1 de agosto de 1932. Los datos sobre la roturación aparecen en el Legajo A-869, Registro de Denuncias en Fincas Particulares, 1922-1933.

32. El diario relataba que en el siglo XV Fraga había comprado a Caspe la posesión del término de Valdurrios, pero a cambio los vecinos de Caspe mantenían sus derechos de aprovecha-

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tenía problemas solamente con los vecinos de Caspe y los diputados zaragozanos que apoyaban sus reinvindicaciones, convirtiéndose el asunto en una lucha política entre provincias. También había tenido litigios con vecinos de Torrente de Cinca o Peñalba que consideraban tener derechos sobre los montes de Fraga, quien había intentado deslegitimarlos ya en 1888 cuando formuló denuncias contra los ganaderos de Peñalba. En esa ocasión el gobernador civil dio la razón a los de Peñalba, pero Fraga volvería a insistir en 1915 con nuevas denuncias por faltas de pastoreo abusivo".

Huelgas A la vez que se manifestaban esas formas de resistencia aparentemente menos arriesgadas, va a irrumpir en el repertorio de acción colectiva un tipo de protesta, la huelga, calificada de moderna, surgida con la revolución industrial y, según sus apóstoles, con mejores resultados para entablar combate con las clases propietarias o el Estado. No obstante, la huelga no triunfó entre el campesinado oscense como tampoco en muchos otros lugares hasta prácticamente la Segunda República, en que nos aparecen noticias de huelgas agrícolas34. Pero ni aún en esos momentos podemos pretender encontrar un mapa provincial plagado de conflictos; sólo en aquellos pueblos en los que predominaba la gran propiedad y existía un buen número de jornaleros, y en épocas de recolección, recogida o vendimia que propiciaban la concentración de obreros con los mismos intereses y reivindicaciones, nos encontramos con huelgas".

miento; más aún, cuando, hasta la gestión de dicho alcalde, Fraga había dejado «en lamentable estado de abandono su enorme riqueza de montes y en especial Valdurrios•. Por otra parte, el 18 de enero de 1935 un guarda jurado de la Sociedad Arrendataria de la caza de este monte sorprendió a varios vecinos de Caspe que se disponían a cazar. Según lo manifestado en el juicio se produjo un forcejeo y el vigilante disparó a uno de ellos que resultó muerto. En Libro de Sentencias, 1935, n° 94.

33. En la Caja A-745 sobre las denuncias en el monte Valdurrios, nos aparecen 25 expedientes abiertos desde 1906 hasta 1930 y en ellos vecinos de Peñalba y Torrente alegaban concordias firmadas en los siglos XVI y XVII que les permitían pastar con sus ganados en las partidas Valcuerna, Valdurrios y Vedado.

34. En la práctica, según Pere Gabriel, las huelgas parciales, localizadas en un solo lugar y en una rama de la producción habían fracasado sistemáticamente. En «Sindicalismo y huelga.

Sindicalismo revolucionario francés e italiano. Su introducción en España«, Ayer, n° 4 (1991), p. 17.

35. José M.2 Azpíroz, después de consultar los expedientes de Gobernación del Archivo Histórico Nacional contabiliza huelgas durante la época de la Segunda República en Albalate, Belver, Ballobar, Castejón de Monegros, Torralba, Fraga, Osso, Lupiñén y Selgua. A través del

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Pese a todo lo dicho y sin contradecirlo, tenemos noticias de huelgas en el mundo rural, que no huelgas agrícolas, protagonizadas por jornaleros y pequeños arrendatarios empobrecidos durante el primer tercio del siglo XX, actuando bajo un disfraz diferente. Las crisis agrícolas pero, más aún, la iniciación y desarrollo intermitente de las obras del Canal de Aragón y Cataluña permitieron que un gran contingente de campesinos afectados seriamente por la coyuntura crítica de los años 1903-1905 se convirtieran en obreros canalistas. Las funestas condiciones laborales y las largas jornadas fueron la semilla. El abono lo constituía la fuerza que albergaba la concentración de cientos de trabajadores unidos por una misma reivindicación y con la aparente ventaja de que su contrincante no era una industria privada que pudiera marcharse si la situación se ponía fea, sino obras dependientes del Estado que debían realizarse allí. No olvido la importancia de ideólogos venidos de fuera, o como los llamaban las autoridades «elementos revoltosos» forasteros, pero no creo que fuera el ingrediente decisivo a la hora de iniciar una huelga o que inclinara la balanza a favor de este tipo de protesta. Es evidente que había dos aspectos importantes para que en esos momentos y en esos lugares y no en otros se eligiese como método de lucha: por una parte la fuerza de su número y por otra, las oportunidades favorables para un desenlace positivo.

Así, en plena crisis agrícola fruto de la sequía, la pérdida de las cosechas, la bajada de los precios del cereal y la escasez de subsistencias debido al acaparamiento, el 4 de mayo de 1904 los obreros del Canal solicitaban por escrito y dando un plazo de tres días, la jornada de 8 horas con el mismo salario. El corresponsal de Heraldo de Aragón hablaba de 1500 obreros, procedentes de las comarcas de Tamarite, Benabarre y Fraga, y achacaba la organización a los obreros de la zona de Estadilla, aunque nada se dice acerca de si tenían el respaldo de un sindicato. La respuesta del director ingeniero José Sans y del gobernador civil, Antonio Baztán, fue la siempre utilizada por las autoridades políticas de la Restauración: considerar cualquier conflicto laboral o social como un problema de orden público y como tal, enviar fuerzas de la Guardia Civil desde otros puestos y tenerlas concentradas en el lugar de los acontecimientos para defender la postura inflexible de los

periódico Cultura y Acción localiza huelgas en Poleñino, Alcampell, Salas Altas, Salas Bajas y Fonz.

Y en los diarios oscenses La Tierra y Diario de Huesca aparecen noticias de conflictos de este tipo en Gurrea, Binefar, Almudévar, Sta. Eulalia y otros. En Poder político y conflictividad social en Huesca.., p. 118.

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jefes de las obras frente a unos «pocos elementos díscolos». Con unos contrincantes tan poderosos, el resultado de la huelga no podía ser satisfactorio".

No sólo las fuerzas represoras permitían adoptar a los patronos una posición ventajosa. Por un lado, el desempleo, convertido en un mal endémico en esa coyuntura de malas cosechas, y por otro, las esperanzas puestas en unas obras anunciadas a bombo y platillo como la respuesta y panacea a todos los males de la provincia, que hicieron que numerosos campesinos optasen por no emigrar, desembocaron en un gran excedente de mano de obra que, las obras, menos magnas de lo que se dijo y sufriendo paros y dilaciones en función de las aportaciones económicas enviadas por la administración central, no podían absorber37. Heraldo de Aragón se hacía eco el 21 de marzo de 1905 de una noticia publicada en el periódico El Liberal, de Madrid, acerca del gran entusiasmo mostrado en los pueblos de La Litera por la marcha rapidísima de las obras. Pero la realidad era muy distinta a la que ofrecían los diarios y entre líneas dejaban entrever los problemas existentes, que no eran otros que la falta de brazos suficientes, consecuencia de las carencias presupuestarias, para acabar los riegos con urgencia.

La agitación fue aumentando al calor de las obras del Canal de Aragón y Cataluña a lo largo de estos meses y no sólo en forma de huelgas, sino también de manifestaciones y mitines. A medida que los obreros se fueron organizando los motivos dejaron de ser únicamente laborales —reducción de jornada, subida de sueldo— y pasaron a defender lo ya conseguido, el puesto de trabajo o el derecho a reunirse en asociación o sindicato. Por ejemplo, en marzo de 1905 obreros de la zona de Fonz se declararon en huelga en protesta por el despido de algunos

36. En este caso se consiguió que una comisión de obreros pudiera pactar con los jefes unas bases que suponían el reconocimiento de la jornada de 10 horas efectivas de trabajo durante los meses de mayo, junio y julio. Las informaciones aparecían los días 4, 5, y 6 de mayo de 1904.

Meses más tarde, en concreto el 1 de octubre de 1904, volverían a aparecer desavenencias entre la clase obrera y la dirección de las obras del Pantano de la Peña.

37. Heraldo de Aragón informaba el 5 de enero de 1905 que en Tamarite se concentraron un grupo numerosos de obreros ante el Ayuntamiento en demanda de empleo. Amenazaban con parar las obras y pedían que comenzaran otros tramos del Canal para poderles dar trabajo. La pérdida de las cosechas había dejado sin ocupación en Tamarite y sus alrededores a unos 1.000 obreros. El 17 de ese mismo mes otro artículo ponía de manifiesto la necesidad de que las obras del Canal dieran colocación en vista de la miseria y el hambre que se extendía por la provincia. En Zaidín los jornaleros sin trabajo alcanzaban la cifra de 200 y en Fonz el 6 de septiembre de 1905 400 braceros demandaban la realización de obras públicas en que emplearse.

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braceros'''. Pero cuando los directivos de las obras plantearon la posibilidad de paralizar algunos de los tramos por falta de recursos económicos, con el despido consiguiente de la mitad de los trabajadores, unos mil, que en esos momentos componían los tajos, la amenaza de una huelga multitudinaria no asustó demasiado y la pronta presencia de la guardia civil obligó a los braceros a volver enseguida al trabajo el 18 de abril de 1905. Porque la huelga se mostraba totalmente ineficaz cuando quienes planteaban reivindicaciones eran los braceros en paro y lo que solicitaban era trabajo. En estos casos, dejaba paso a la manifestación pacífica y multitudinaria hacia el Ayuntamiento para que el consistorio intercediera por ellos —el grito de «Pan y Trabajo» que proferían los vecinos de Tardienta en mayo de 1905 fue una reivindicación común a lo largo y ancho de las comarcas oscenses—; o a la formación de comisiones en los pueblos para recabar de las autoridades provinciales o nacionales la construcción de vías de comunicación y paliar así la falta de trabajo ocasionada por la crisis agraria". En realidad, tampoco tenían mucho éxito esas comisiones porque se enfrentaban a la incapacidad presupuestaria del Estado y, una vez que se habían agotado las cantidades destinadas a caminos vecinales, los obreros volvían a quedar sin trabajo. En ocasiones las manifestaciones pacíficas desembocaban en acciones violentas y amenazas como en el caso de los despedidos de Tamarite de Litera que, según Heraldo de Aragón el 2 de mayo de 1905, espacio protestaron incorrectamente y amenazaron con palos y piedras al Ayudante de Obras Públicas».

La huelga, por tanto, en esos primeros años del siglo XX mostraba una serie de ventajas dentro del repertorio de protesta, pero se enfrentaba a dos problemas fundamentales: en primer lugar, la ausencia de una organización mínima que sostuviese material e ideológicamente esos conflictos; y en segundo lugar, el que tuviera que enfrentarse a un contrincante para el que no estaba ideada, las fuerzas de orden público. La huelga, más que un método de lucha, era un instrumento de pre-

38. Esta noticia aparece en Heraldo de Aragón el 13 de marzo de 1905. El 6 de abril publican que en Tamarite 300 obreros se manifestaron públicamente.

39. El 11 de abril de 1905 una comisión de pueblos de la comarca de Tamarite salía para Madrid con el fin de «gestionar de la superioridad la ampliación de las obras del Canal de Aragón y Cataluña para conjurar la gravísima crisis económica que se siente en la región». Heraldo de Aragón informaba el 26 de abril y el 1Q de mayo de la formación de comisiones en los pueblos de Zaidín, San Esteban de Litera, Peralta de la Sal, Purroy, Gabasa, Calasanz, Azanuy, El Tormillo, Lagunarrota, Peralta de Alcofea, Lastanosa... Las comisiones solían estar formadas por el alcalde y algún otro miembro del ayuntamiento, un propietario y un par de obreros.

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Sión y negociación que esperaba de la parte contraria la participación en el juego, y en el Estado de la Restauración las clases propietarias no necesitaban negociar o pactar, hablaban por boca del gobernador de turno y de las armas de la Guardia Civil". Las «soluciones» aportadas por las autoridades se limitaban a la visita del Gobernador a los alcaldes de la zona y a las obras en que había surgido el conflicto, más que para negociar, para dar las órdenes necesarias a las fuerzas de la Guardia Civil, cuyo número era oportunamente aumentado en todos los puntos conflictivos. El que recomendasen la confección de unas listas para dar trabajo a los que lo solicitasen no era una medida caritativa, sino una vía de control de todos los que habían participado en la movilización.

Las pocas ocasiones en que los obreros conseguían que se aceptaran sus peticiones se debían, según las autoridades, a que los huelguistas habían mantenido la cordura y no habían alterado el orden o a la prudencia de la Guardia Civil que había sabido solucionar el conflicto.

El que miembros de la benemérita mediasen en conflictos laborales entre patronos y obreros y en huelgas agrícolas era algo habitual y ponía de manifiesto las limitaciones de la articulación de la vida política41. Por ejemplo, en junio de 1905 600 obreros del Canal se declararon en huelga solicitando que los pagos fueran realizados quincenal y no mensualmente. Las gestiones realizadas en Monzón por una comisión de trabajadores y autoridades del pueblo de Albelda y, sobre todo, por el teniente de la Guardia Civil que había sabido sortear el conflicto, evitando consecuencias sangrientas, fueron elogiadas. Pero los encargados de obras y autoridades locales tendrían que demandar de nuevo la presencia de la Guardia Civil en previsión de posibles conflictos, ya que a finales de junio fueron despedidos 800 braceros por haber terminado los destajos. A pesar de que el 5 de agosto se reiniciaron los trabajos en Albelda, sólo obtuvieron empleo 250 y el resto se amotinó. La Guardia Civil obligó a los obreros a disolverse pacíficamente, pero tan sólo tres días después tuvo que hacer frente a numerosos grupos de hombres que, ahora con la ayuda de mujeres y niños, se amotinaron nuevamen-

40. La huelga era un medio de consecución de reivindicaciones laborales, pero también podía convertirse, sobre todo si era general, en una forma de obtener alguna reivindicación política, una demostración de fuerza obrera, una forma de presionar a los gobiernos e incluso podía ser concebida como desencadenante de una revolución. En Pere Gabriel, «Sindicalismo y huelga...», p. 16.

41. En Demetrio Castro Alfín, «Protesta popular y orden público: los motines de consumos», en J. L. García Delgado (ed.), España entre dos siglos (1875-1931)..., pp. 121 y 122.

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te y recorrieron las calles, «obligando a secundar la huelga hasta a las criadas de servicio»".

La concentración de fuerzas de orden público en un pueblo, dado lo limitado de su número, suponía dejar desprotegidas otras localidades de los alrededores. Este fue el caso de Sariñena, donde ante lo que iba a ser un motín de consumos, acudieron los guardias de Huesca, dejando la capital a merced de los conflictos que, según la prensa local, pudieran surgir fruto de la paralización de los negocios, la crisis vinícola o la extensión de la mendicidad callejera. Ante esta situación, en enero de 1905 las fuerzas vivas de la capital oscense, el diputado a Cortes por Huesca, Sr. Camo, el alcalde, José M.5 Aísa y los tenientes de alcalde Gaspar Mairal y Leandro Pérez, solicitaban al Capitán General de la Región un destacamento permanente del ejército para la ciudad.

No lo habían conseguido todavía debido al consabido déficit presupuestario del Estado, que para conceder una guarnición del Ejército exigía la previa construcción de un cuartel a cargo de los presupuestos de la propia localidad, bien de las autoridades locales, bien de particulares. Estas solían estar dispuestas, más aún en épocas de crisis, a sacrificarse económicamente y conseguir la tranquilidad que conllevaba la cercanía de miembros de las fuerzas de seguridad.

Huesca no fue la única. Aquel mismo año también el ayuntamiento de Ayerbe tuvo que claudicar. Ante su negativa a subvencionar, debido a la falta de presupuestos, los gastos médicos a los componentes del puesto de la guardia civil, a los que además ya pagaba el alquiler del edificio que ocupaban, estos recibieron órdenes de marcharse a otros puntos. El terror a quedar desprotegidos, el miedo a la llamada cuestión social, en palabras de la época, «a las probables contingencias que la falta de cosecha ha de originar», forzó a los principales propietarios, industriales y comerciantes a buscar el apoyo del partido conservador, del diputado a Cortes, y lograr que se suspendiera la orden y se firmara un nuevo convenio de arriendo con el alcalde".

42. Los primeros sucesos de Albelda y los elogios a la guardia civil aparecen en Heraldo de Aragón los días 20 y 22 de junio de 1905, y los motines subsiguientes se pueden seguir los días 28 de julio y 5 y 8 de agosto de 1905.

43. Heraldo de Aragón, 12 de enero de 1905.

44. Heraldo de Aragón, 11 de abril y 1 de mayo de 1905.

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Motines de consumos y subsistencias Esta cuestión vital de los problemas presupuestarios para las haciendas locales, fiel reflejo de lo que ocurría a escala nacional, nos va a servir para enlazar con el último tipo de protesta popular que vamos a tratar, los motines de consumos y de subsistencias, la forma de acción colectiva que parecía tener su vida más pendiente de un hilo a lo largo del primer tercio de este siglo, y que sin embargo, nos ofrece ejemplos significativos de su vigencia y factibilidad para rechazar el impuesto de consumos".

Podemos situar el origen de este tipo de disturbios populares en el sistema contributivo injusto y desigual de la Restauración. Arrancaba de la reforma tributaria de Mon y Pidal en 1845 y se asentaba sobre dos pilares fundamentales, la Contribución de Inmuebles, Cultivo y Ganadería y la Contribución General de Consumos. Los dos eran impuestos de cupo, es decir, el Estado establecía a escala nacional una cantidad que repartía entre las provincias, quienes a través de las Diputaciones, recaudaban entre los municipios, siendo los ayuntamientos los encargados de distribuirlo entre los vecinos. El primer impuesto se repartía entre los contribuyentes de modo proporcional a sus propiedades —un 20% del líquido imponible—, aunque esto no supusiese equidad, puesto que debido a la composición básicamente oligárquica de los ayuntamientos, los mayores contribuyentes conseguían hacer recaer el mayor peso de la carga contributiva sobre el pequeño propietario. Además como el impuesto era estable, es decir, no cambiaba anualmente, no se gravaban los beneficios obtenidos cada año que por supuesto podían variar, sino la riqueza imponible o la renta media prevista".

El segundo impuesto, en cambio, era un impuesto indirecto y, como tal, afectaba por igual a todos los vecinos sin tener en cuenta sus diferentes niveles de riqueza. El Estado cobraba este impuesto a través de los ayuntamientos o de arrendatarios particulares. Eran sometidos a tri-

45. Como señala Demetrio Castro Alfín, estudioso de los motines de consumos y, en general, de la pervivencia de la protesta popular tradicional al margen de la sindical u obrera, esta clase de agitación coexistió con modalidades del repertorio contemporáneo, manteniendo su autonomía y reiteración, a causa de la naturaleza socioeconómica y la cultura política del país. En ‹Agitación y orden en la Restauración. ¿Fin del ciclo revolucionario?», Historia Social, n° 5 (1989), p. 43.

46. Un resumen de las características del régimen contributivo durante la Restauración en Carlos Forcadell, ‹‹Propietarios y campesinos. El punto de partida de la propiedad amillarada a mediados del siglo XIX», Actas de las V Jornadas de Estudio sobre Cinco Villas, Tauste, 1989, p. 91.

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buto artículos de consumo general y, a partir de 1874, se estableció un impuesto adicional sobre productos de primera necesidad como el trigo, las harinas y las legumbres, que desde el principio suscitó el rechazo popular. A esto se sumaba el que los ayuntamientos, permanentemente faltos de numerario, solicitaban e imponían nuevos recargos y arbitrios, convirtiéndose en el objeto preferente de quejas y odios por parte de las clases populares. Este segundo impuesto que permaneció en vigor hasta 1911, fue el que generó el mayor número de tensiones sociales a lo largo del Estado de la Restauración, puesto que, como contrapartida, y «a diferencia de otros países européos, el Estado en España no ofrecía unas compensaciones en forma de derechos políticos y sociales»".

La resistencia y rechazo a este injusto sistema de financiación de las Haciendas locales y del Estado central utilizó el motín local preindustrial —protesta desaparecida ya en las sociedades europeas avanzadas en el siglo XIX—, de carácter espontáneo, alejado del movimiento obrero como de una organización estable, y más o menos violento en función de la actuación represiva o condescendiente de las fuerzas de la Guardia Civil y del Ejército". Los motines solían producirse cuando existía una cierta esperanza en que las protestas y las peticiones pudieran ser cumplidas y concurrían oportunidades favorables: la ausencia de fuerzas de orden público por haber ido a sofocar algún otro conflicto, debilidad de los poderes locales... A veces se daban simultáneamente motines contra la carestía, antifiscales, agitaciones campesinas, todo ello unido a crisis agrarias. La coincidencia de la multitud a la hora de lanzarse al motín se fundaba en la creencia general en unas normas y obligaciones económicas y sociales contraidas por los poderes locales y provinciales con el conjunto de la colectividad".

47. La protesta antifiscal dio lugar a dos tipos de manifestaciones: la resistencia más o menos activa de los medianos contribuyentes y de la burguesía y las protestas populares contra los impuestos indirectos, los llamados motines de consumos. Esta distinción en Demetrio Castro Alfín, «Protesta popular y orden público...», pp. 109-111. La cita es de Rafael Cruz, «Crisis del Estado y acción colectiva...», pp. 123-124.

48. Según Castro Alfín, «aunque fuera de modo ocasional, la Guardia Civil, y también el Ejército en la persona de algunos de sus jefes superiores, tendía a paliar la ausencia de canales y procedimientos negociadores y atemperar los- procedimientos expeditivos que el propio sistema político y muchas veces las mismas autoridades civiles les imponían». En «protesta popular...», p. 122.

49. El desarrollo y evolución del motín, la identidad social de los amotinados, la importante participación femenina y el comportamiento ético de la multitud han sido perfectamente estudiados por Carlos Gil, Protesta popular y orden social en La Rioja de fin de siglo, 1890-1905, Gobierno

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Ejemplos de estos motines hallamos en la provincia oscense, concretamente en la parte oriental; la mayoría de ellos se producen durante la crisis agraria de 1903-1905 —Monzón y Barbastro (1903), Benabarre y Sariñena (1905)— pero también encontramos muestras más tardías —Graus (1911) y Benabarre (1915).

El 18 de diciembre de 1903 el periódico republicano El Progreso informaba de la protesta tumultuaria habida dos días antes en Monzón.

Recorrieron el pueblo 4000 almas unidas en contra del arriendo de consumos, gritando «¡Abajo las puertas!». Para solucionar el conflicto, se dirigieron allí una comisión de Hacienda, el arrendatario de consumos, el teniente coronel de la Guardia Civil con más de cien hombres y un inspector de Policia con varios agentes. Cinco días más tarde el mismo periódico reseñaba el fin del conflicto, solucionado satisfactoriamente sin necesidad de utilizar las armas, gracias al establecimiento de un encabezamiento voluntario". Fueran los rumores o la crisis económica los factores decisivos, lo cierto es que pocos días más tarde se reunía todo el pueblo de Barbastro frente al Ayuntamiento para protestar por el «encabezamiento» de consumos. Se formó una comisión para hablar con el gobernador y conseguir que se rescindiera el contrato firmado con el arrendatario de los consumos".

Otra manifestación del vecindario en contra de la manet'a poco equitativa de cobrar el impuesto de consumos estalló en Sariñena. La primera respuesta del gobernador, Enrique Altamirano, fue enviar guardias civiles de Huesca para que procedieran a practicar detenciones. Es decir, primero se reprimía a la población y luego accedía a recibir a una

de La Rioja-Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 1995. Sin embargo, el precursor del estudio de la mentalidad preindustrial y de quien hemos tomado sus palabras acerca de las obligaciones contraidas fue E. P. Thompson en Tradición, revuelta y consciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial, Crítica, Barcelona, 1978.

50. El 30 de enero de 1905 se veía en juicio oral y público ante la Audiencia Provincial de Huesca la causa procedente del Juzgado de Barbastro por los delitos de desórdenes públicos, daños y coacciones ocurridos durante ese motín. Se sentaron en el banquillo 20 acusados varones a los que se les achacaba desperfectos en las casillas y haber participado y perturbado el orden público en la segunda manifestación del día 17. El desarrollo del juicio se puede seguir en los Libros de Sentencias, 1905, n° 25. Heraldo de Aragón alababa el día 2 de febrero de 1905 la sentencia absolutaria dictada por la Audiencia de Huesca y la actuación tanto del alcalde de Monzón como del comandante del puesto de la Guardia Civil, •quienes con su correcta conducta y acertadas y prudentes disposiciones, supieron evitar un día de luto a esta población».

51. Las noticias del conflicto aparecen en El Progreso el día 27 de diciembre de 1903. Carlos Gil habla de la importancia de la propagación de los rumores procedentes de otras localidades en el origen de los motines. En Protesta popular y orden social..., pp. 125-128.

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comisión formada por propietarios y jornaleros y atender sus peticiones a las que calificaba de justas. Esto suponía el fin de la manifestación52.

Después de la abolición de este impuesto en 1911 deberían haberse acabado los motines. Sin embargo, no fue así como muy bien ha detectado Demetrio Castro Alfín. Siguieron produciéndose agresiones a empleados y guardias, concentraciones y algaradas ante los ayuntamientos... porque la forma de cobrar las contribuciones seguía considerándose injusta". En 1911 los habitantes de Graus protagonizaron desórdenes públicos en un abierto desafío a las autoridades municipales, quejándose de la forma de proceder en la confección del reparto de consumos. Por último, vecinos de Benabarre subieron al estrado en 1915 acusados de desacato y desórdenes públicos por haber exigido al Ayuntamiento que la discusión sobre el repartimiento de consumos se celebrase públicamente, a cuya petición se negó el alcalde".

En todas los casos en que fueron abiertas diligencias contra los integrantes del motin, la sentencia fue siempre absolutoria. El que la protesta fuera llevada a cabo de forma colectiva y el que, pese a las ampulosas denominaciones de los delitos —atentado, desacato, desórdenes, daños, coacciones...—, la realidad fuese que las manifestaciones tumultuarias solían realizarse de forma pacífica por vecinos perfectamente integrados en la comunidad, explica este resultado".

Para finalizar, cabría recalcar que el grueso de los motines y protestas contra los consumos se produjeron durante la crisis agraria de los primeros años del siglo XX, aunque habría que estudiar detenidamente

52. La información del motín en Heraldo de Aragón, 3 de agosto de 1905.

53. En ,Agitación y orden en la Restauración...», p. 42. En los Libros de Sentencias encontramos numerosos juicios abiertos por delitos de resistencia a la autoridad causada por la negativa a pagar el impuesto de cédulas personales y cuotas de consumos. En Albalate de Cinca, por ejemplo, un vecino se resistió en 1906 a los agentes de la autoridad por considerar injusto el embargo del que había sido objeto, negándose a pagar de nuevo mientras no se rectificaran las cuotas con que debía contribuir. Incluso aparecen ayuntamientos que son llevados ante el juez por impago como fue el caso de Binefar (Libro de Sentencias, 1913, n° 71), o como Benabarre que fue denunciado por haber practicado un reparto de arbitrios extraordinarios para cubrir el déficit presupuestario en una cantidad mayor a la autorizada por la superioridad (Libro de Sentencias, 1914, n° 18).

54. La sentencia dictada para los procesados de Graus en Libro de Sentencias, 1914, n° 29 y la de Benabarre en Libro de Sentencias, de, 1915, n° 108.

55. Como hace notar Carlos Gil en Protesta popular y orden social..., p. 131, el coste de la participación «decrece cuanto mayor es el número de implicados, ya que la multitud proporciona una cierta seguridad, dificultando la detención de los amotinados».

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hasta qué punto la correlación entre crisis agrarias y dificultades económicas para pagar los impuestos y surgimiento de la protesta se producía necesariamente. Por supuesto, los contemporáneos sí veían claramente esta conexión. Heraldo de Aragón titulaba un artículo el 5 de enero de 1905 «La miseria de los pueblos», para explicar las pasadas algaradas en Benabarre por el arriendo de consumos. Y los propios municipios rurales que no sólo protagonizaron motines, sino que planteaban pacíficamente sus peticiones, alegaban como motivo principal para rechazar el pago de tributos la persistencia de la ruina tras varios años de malas cosechas, más que la injusticia del tributo.

El 1 de noviembre de 1904 se reunieron en el pueblo de Ballobar, convocados por el alcalde de Velilla de Cinca, los de Osso, Belver, Pueyo de Santa Cruz, Albalate, Ontiñena, Candasnos, Peñalba, Valfarta, Esplús y Zaidín, adhiriéndose para los acuerdos que se tomasen los de Tamarite, Alcolea, Chalamera y Binaced. El motivo era dirigirse a la sociedad recaudadora del impuesto, «Crédito Provincial», y recabar de ella «la benignidad y relativa tolerancia en el procedimiento ejecutivo, que por humanidad siquiera, se merecen los angustiados pueblos reunidos... A esta demanda se añadía el rechazo a una medida común entre los agentes ejecutivos de esta sociedad consistente en embargar los bienes particulares de los concejales, medida que consideraban absurda y que no era «un justo pago a la abnegación que hoy se necesita para desempeñar el cargo». De igual modo, se expresaban en San Esteban de Litera todos los alcaldes del partido judicial de Tamarite el 31 de diciembre de 1904, que justificaban tales peticiones en la situación económica, triste, misérrima, desesperada porque atraviesa hoy la extensa comarca de La Litera, que por sucesión no interrumpida de años sin cosechas, a causa de la sequía, se ve en plena e irremediable ruina".

Se nos podría puntualizar que este tipo de protesta antifiscal es una conflictividad sólo tangencialmente unida al problema de la propiedad de la tierra y que tiene que ver mucho más con la resistencia a la instalación y consolidación del Estado liberal y su penetración en las sociedades campesinas, y al natural rechazo, tanto desde el punto de vista de contribuyentes como de consumidores, del aparato del Estado percibido «como una maquinaria voraz y ajena» que, a cambio de exacciones abusivas, no ofrecía un programa claro de ayudas y servicios ele-

56. Ambas noticias eran recogidas por Heraldo de Aragón.

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mentales o derechos políticos para campesinos y jornaleros57. Pero es necesario verlo desde otro ángulo. El Estado de la Restauración era un régimen caciquil que en la base de su poder rural tenía a fieles guardianes —grandes propietarios o arrendatarios— que controlaban de cerca la sociedad campesina. No olvidemos, además, que en los motines el rechazo no sólo iba encaminado a los, sin ninguna duda, injustos impuestos indirectos, sino principalmente a los recargos abusivos y a la forma en que aplicaban el reparto los ayuntamientos integrados por esa oligarquía local, sin tener en cuenta las diferencias en la propiedad y la riqueza y favoreciendo siempre a los que más poseían. Por consiguiente, volvemos a encontrar detrás de todos los conflictos una reacción clara contra el sistema de propiedad existente.

Unos sucesos ocurridos en Grañén entre 1915 y 1916 pueden servirnos por su gran trascendencia de confirmación de lo que estamos diciendo. Las quejas a lo largo de muchos meses de sus vecinos, encabezados por el alcalde, Bonifacio Martín, iban dirigidas a denunciar la injusticia de unas leyes que permitían que el mayor propietario rústico de la localidad, J. A. Azlor de Aragón, duque de Luna y Grande de España, con domicilio en Biarritz, pudiera por el hecho de no residir en el pueblo, es decir, ser propietario forastero, escapar del pago de su parte en los repartimientos vecinales58.

Grañén no era el único caso ante un problema que persistió durante toda la etapa de la Restauración. Todavía siete años después, los municipios rurales, al calor de la discusión en Cortes de la Ley de Haciendas Locales en 1922, reivindicaban la modificación del proyecto elaborado por el ministro de Finanzas Francesc Cambó, »en el sentido de no exceptuar del pago de impuestos municipales a los hacendados forasteros y a las empresas y compañías mineras o industriales»59.

57. Lo de maquinaria voraz en Demetrio Castro Alfín, »Agitación y orden en la Restauración...», p. 45.

58. El duque de Luna era el segundo mayor propietario rústico de Aragón, superado por muy poco por los Condes de la Viñaza. La contribución más alta la pagaba precisamente por los terrenos que poseía en Grañén, 18.094 pts. Estos datos aparecen en Luis Germán, Aragón en la II República..., p. 67 y J. M.a Azpíroz, Poder político y conflictividad social en Huesca..., p. 30.

59. Esta reivindicación surgió a raiz de una campaña iniciada por los alcaldes y secretarios de Caspe, Pina, Fuentes de Ebro y Quinto y a la que se podían unir todos los Ayuntamientos de la Región, a los que habían enviado circulares, para interceder a los diputados de los respectivos distritos. Además de la mencionada modificación se pedía: «Que todos los municipios perciban íntegra la renta de sus bienes de propios.

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Pero, mientras tanto, los vecinos de Grañén se encontraban totalmente desasistidos judicial y políticamente. La resolución de la Diputación Provincial de Huesca y la decisión del ministro liberal de Gobernación, Santiago Alba, les fueron contrarias. Ante ello iniciaron un movimiento popular de protesta que consistió en abstenerse por dos ocasiones en las votaciones municipales. La trascendencia del caso de Grañén se reflejó en la prensa de todo el país, y los medios intelectuales se hicieron eco del asunto para criticar las todavía persistentes muestras del caciquismo provincial'''. Lo que había comenzado siendo una «resistencia pasiva», como lo llamo Manuel Marraco, adquirió otro carácter cuando el gobernador civil, Federico Soto Molla, envió las credenciales de los concejales nombrados por Real Orden, acompañadas de 14 parejas de las Guardia Civil en previsión de que hubiese resistencia a la toma de posesión. Como decíamos en páginas anteriores, el desenlace violento de cualquier manifestación o problema social dependía casi exclusivamente de ese miedo de las autoridades a la subversión de lo que ellos denominaban orden social, en definitiva, del tratamiento de las cuestiones sociales como delitos de orden público. Esa identificación, precisamente, era rechazada por el alcalde de Grañén que se quejaba en un telegrama al sr. Alba, por el atropello brindado a ciudadanos honrados que ni un solo momento han salido legalidad no merecen ser tratados como criminales... Ruego a V. E. retire fuerzas inmediatamente...

Partido Liberal no debe consentir coartar libertad de nadie, ni menos de ciudadanos que saben cumplir con su deber.

Que todo municipio que no exceda de 30.000 habitantes, en vez de 2.000 que determina el proyecto pueda acordar un reparto único por utilidades para cubrir su déficit, suprimiendo la parte personal y sujeto a bases fijas por las utilidades que dentro del municipio se obtengan.

Que desaparezca en absoluto el repartimiento por signos exteriores de riqueza; y que la evaluación se haga no por el líquido imponible, sino por los tipos de arriendo en cada localidad.

Por último, que se concedan a los pequeños municipios todas las ayudas otorgadas a los grandes para llevar a cabo obras de urbanización e higiene. Esta noticia aparece en Heraldo de Aragón, el 11 de mayo de 1922.

60. Manuel Marraco, político republicano, integrante de la comisión permanente nombrada tras la Asamblea de las Haciendas locales, intentó mediar a instancias del pueblo y se puso en contacto con el ministro de Hacienda, Ángel Urzaiz, amigo personal, haciéndole ver que la abstención estaba plenamente justificada ante la negativa por parte del duque de Luna, propietario de casi todo el término municipal, a pagar su parte en los repartimientos vecinales. Criticó además la postura del Sr. Alba por haber ridiculizado el caso. Esta carta, así como toda la información sobre estos sucesos ha sido obtenida de la sentencia n° 88 dictada por la Audiencia Provincial de Huesca en 1916 contra Carmelo Pérez Barón, vecino de Huesca, periodista y redactor jefe de El Porvenir, por injurias a la Autoridad a raiz de unos artículos en los que criticaba la actuación del gobernador civil en estos hechos. El ministerio fiscal solicitó la pena de 4 meses y 1 día de arresto mayor, pago de accesorias y costas y la inutilización de los ejemplares de El Porvenir recogidos, pero el fallo fue absolutorio con la obligación de devolver los periódicos ocupados.

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Finalmente, no hubo incidentes pero, como decía el periodista Carmelo Pérez Barón, inculpado por sus juicios a la actuación del gobernador, el problema radicaba en la opinión generalizada entre las autoridades de que en cada ciudadano honrado que no se aviene a las conveniencias oligárquicas se oculta con mucho disimulo un anarquista terrible, un grave peligro para todo lo divino y lo humano sin que haya otra cosa que un peligro para la dominación caciquil''.

Para la Comisión permanente de la Asamblea municipalista no había nada de revolucionario en las reivindicaciones de todos los pueblos que buscan una igualdad contributiva y consideraba una ofensa a los intereses aragoneses la persecución llevada a cabo, como así lo manifestaron en un telegrama enviado al ministro de la gobernación.

El análisis de las autoridades, ejemplificado en la visión del gobernador, difería de las anteriores opiniones y concluía que, dado que el duque de Luna tenía las fincas arrendadas, correspondía a los inquilinos satisfacer las cuotas del reparto, que la negativa de todo el pueblo a votar se debía a coacciones y su unión a que tenían retrasadas las cuentas, no habían redactado el presupuesto y no llevaban al día los servicios de su incumbencia. No podían quejarse, finalmente, de los nuevos concejales, puesto que habían sido elegidos entre personas de prestigio, sin conveniencia partidista.

A la injusticia de la medida, Carmelo Pérez Barón añadía otro factor que había llevado al pueblo de Grañén a rebelarse. El origen del conflicto había que buscarlo en el recelo del duque de Luna frente a la extensión del movimiento canalista que se estaba desarrollando en todos los pueblos de la zona y que había dado el triunfo al candidato republicano Manuel Bescós en las elecciones de 1914 en detrimento del ex ministro y candidato apoyado por él, Sr. Alvarado, lo que podía repercutirle negativamente cuando se discutiera el problema de la financiación de las haciendas locales.

La mención del movimiento canalista nos pone sobre la pista de los motines de subsistencias, protesta que va a poner punto final a esta

61. Para Manuel Marraco, el vecindario de Grañén representaba esa nueva raza política republicana a la que él pertenecia. No querían, sin embargo, forzar nada ni preparar este movimiento por derroteros violentos, fuera de la ley, porque aunque, como reconocía, a la causa republicana beneficiaría «un bautismo de sangre», puesto que las autoridades políticas cargarían con todas las culpas, no había que olvidar que «el directorio liberal de Huesca, sucesor de Gamo, el mayor cacique que ha existido en España desea aprovechar esta ocasión para matar en germen el crecimiento de una nueva raza política».

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Pilar MALVENDA PONS

ponencia. Porque fueron integrantes de ese llamado movimiento canalista, promovido por elementos republicanos, pero que integraba a campesinos y jornaleros de otras tendencias o sin ninguna, los que protagonizaron las más importantes manifestaciones reivindicativas solicitando se remediase la falta de trabajo y protestando por la carestia de la vida que empezaba a sufrirse coincidiendo con el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial. El lema «¡Pan y Trabajo!» que se había extendido como un reguero de pólvora durante la crisis de 1905 volvía a aparecer con más fuerza si cabe.

La caravana formada en 1914 por medio centenar de mujeres canalistas con sus hijos, procedentes principalmente de Lanaja, pero también de Berbegal, Almudévar y otros pueblos, pretendía llegar a la capital oscense en carros y a pie para «solicitar el pronto comienzo de las obras de los Riegos del Alto Aragón y el medio de encontrar trabajo y pan entretanto», pero fue abortada antes de llegar a su fin, puesto que el entonces gobernador civil de Huesca, Juan Antonio Perea, no les dejó entrar en la ciudad, siendo custodiadas por la Guardia Civil hasta las afueras de Huesca". No era atípica la participación de las mujeres en acciones colectivas de protesta, por el contrario era mucho más habitual que encontrarlas formando parte del movimiento obrero". Su aportación se producía, sobre todo, cuando estaba en peligro la subsistencia del núcleo familiar, debido a su autoridad moral dentro de la comunidad y a que podían recibir un trato de favor por parte de las autoridades. En este caso, el tratamiento que recibieron se debió al miedo del gobernador a que a la manifestación iniciada por estas mujeres se uniera el vecindario de la propia capital, descontento ante la crisis de subsistencia que se padecía, y desembocase en un motín. Porque, como dice Carlos Gil,

62. La actitud poco hospitalaria y anticonstitucional del gobernador fue protestada por la población y criticada desde las páginas del periódico El Porvenir, el 27 de febrero de 1914. Los autores Julio Martínez y Carmelo Pérez Barón fueron acusados del delito de injurias a la autoridad, pero en la sentencia dictada el 28 de junio de 1915 fueron absueltos. En Libro de Sentencias, 1915, n° 47. Hubo varias ocasiones en que este periódico y otro llamado Talión fueron denunciados y recogidos los ejemplares que circulaban por injurias al Rey y a la Religión. En AMH, Negociado de Orden Público, legajo 1572-1573, años 1914-1915.

63. Este movimiento canalista no fue efímero. El 16 de enero de 1935 El Pueblo defendía a las mujeres canalistas de Lanaja «valientes y entusiastas defensoras del Proyecto de Riegos del Alto Aragón» e informaba de que estas habían dirigido a sus compañeras de la zona regable un llamamiento para que todas pidan trabajo para sus hombres, para los millares que hoy carecen de trabajo y pan. Han pasado 20 años y el móvil de la movilización, las protagonistas y la manera de protestar era la misma.

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el miedo al motín está presente en la memoria de las autoridades, consiguiendo alterar la política de gobiernos y ayuntamientos, que intentaran por todos los medios evitar la repetición de conflictos anteriores.

En Huesca, como en muchas otras capitales, al problema de la carestía de los productos de consumo se unía el de la calidad. Los causantes de la escasez, según el abogado y periodista Ángel Samblancat, no eran las malas cosechas, sino el acaparamiento llevado a cabo por los «traficantes y usureros» a los que tachaba de «bandidos y criminales».

Desde las columnas del número 6 del periódico Talión, impreso en Lérida, pero que llegaba a la ciudad de Huesca, escribía el 14 de marzo de 1914 un diagnóstico del problema: la culpa de que el pan esté en Huesca y en Aragón por las nubes y de que el poco que llega a nuestro dientes sea tan malo, la tienen los usureros, los que prestan trigo «a la doble», los que hipotecan y embargan por deudas fantásticas a los labradores sus fincas, los que amarran a nuestros pobres gañanes al poste de contratos leoninos, de contratos infames...65

El problema de la carestía de las subsistencias se hará acuciante a lo largo de 1917 y 1918 danto lugar a importantes conflictos en numerosas ciudades y la consiguiente dimisión y trasiego de gobernadores. Las prácticas acaparadoras y especulativas, objeto de las críticas de la multitud, habían sido en cierto modo fomentadas por la propia política de los diferentes gobiernos de la Restauración que impulsaron la exportación de productos en coyunturas favorables como la de la Primera Guerra Mundial, pero, al mismo tiempo, protegieron el mercado interior de la competencia de los productos extranjeros con la consabida elevación de los precios y el perjuicio a los consumidores. Los salarios iban por detrás del aumento de precios, provocando un mayor desfase entre ricos y pobres y una miseria más acusada. Las crisis de subsistencias marcarán el punto álgido de las protestas y los motines. Fuera cual

64. Son ya muchos los estudios de historia de la mujer o de la clase trabajadora que han demostrado ser falso el tópico de la docilidad y sumisión de la mujer en lo que respecta a su participación pública. El estudio de Carlos Gil, Protesta popular y orden social..., pp. 93-101, se une a ellos, destacando el papel de la mujer en los motines y protestas tradicionales. La cita también pertenece a este estudio, p. 58.

65. El artículo descendía a detalle porque en realidad el objeto de sus críticas era el vecino León Abadías, al que acusaba de tener .en su bolsillo la fortuna de todos los labradores de la provincia de Huesca. Todos son deudores, feudatarios y siervos suyos. Todos están clavados en cruz en sus pagarés...». A causa de estas declaraciones fue procesado por injurias y condenado a 4 años, 9 meses y 10 días de destierro de Huesca y Barcelona, a una multa de 1.750 pts. y al pago de las costas procesales. En Libro de Sentencias, 1917, n° 77.

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Pilar MALUENDA PONS

fuese el ropaje político, «la carestía era un factor de consenso en el momento de realizar cualquier manifestación de descontento»66 .

En enero de 1918 los obreros de Huesca solicitaron por dos veces al Gobernador y la Junta de Subsistencias una regularización de los artículos de primera necesidad. Heraldo de Aragón confiaba en que las autoridades pusieran todo su interés en la solución del problema, por ser «de justicia y, después, en evitación de que pudieran reproducirse aquí algunos de los sucesos desagradables de que la prensa viene dando cuenta»87. La actuación de las autoridades, pues, era considerada de vital importancia por los consumidores, quienes, desde la justicia y moralidad de sus peticiones, les exigían mediasen con los panaderos y comerciantes, productores e intermediarios para lograr que se impusiesen unos precios «justos». En el n° 2410 del El Porvernir, el 11 de junio de 1919 aparecía un artículo con el alarmante título de «Sr. Gobernador.

Nos consta que hay trigo en Huesca para poquísimos días», en el que se alababa la actuación del gobernador civil, Julio Rodríguez Contreras, en el conflicto del pan, en vista de que había tenido que tomar las riendas ante la ineptitud de los miembros del Ayuntamiento oscense68.

El problema de la subsistencias persistió una vez acabada la Primera Guerra Mundial, pese a que la producción agrícola había sido satisfactoria. Ni los efectos de los conflictos sociales o la reducción de la jornada laboral, más nominal que real, podían justificar tal elevación de precios. Heraldo de Aragón, el 7 de abril de 1922, achacaba la culpabilidad de la carestía de la vida a un gobierno que no había salido al paso de la codicia desenfrenada y había olvidado el interés general de los consumidores.

66. La cita es de Joan Serrallonga, Motines y revolución. España, 1917., Ayer, n° 4 (1991), p.

178. En este artículo realiza un análisis de los conflictos habidos con motivo de la Huelga General de 1917, destacando como por debajo de los móviles políticos, de hecho el principal resorte que había movido a la acción a la clase trabajadora había sido la tradicional carestía de las subsistencias, de la misma manera que había ocurrido a lo largo del siglo XIX. 67. La recomendación del periódico aparecía el 26 de enero de 1918.

68. No sólo hacía referencia a la carestía del pan, también reseñaba que el petróleo se había terminado hacía tres días. Por este artículo, el empleado Vicente Cruz Solano fue acusado de insultos e injurias a la autoridad, siendo sentenciado a 4 meses y 1 día de arresto mayor y al pago de las costas procesales. En Libro de Sentencias, 1919, n° 79.

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LA CONFLIC77VIDAD RURAL DURANTE EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX

A

MODO DE CONCLUSIÓN

En definitiva, la delincuencia cotidiana —furtivismo, hurto de leñas, ocupaciones de fincas...—, las manifestaciones, los motines de consumos y subsistencias, la huelga, la insurrección formaron una tipología de protesta que compartió un mismo momento histórico: el período de consolidación de las relaciones capitalistas en el campo y del Estado moderno en el primer tercio del siglo XX. Las formas tradicionales fueron perdiendo vigor en este siglo, indudablemente, pero esto no supuso la instalación inmediata y triunfal de un tipo de protesta más organizada como la huelga. Fundamentalmente, porque necesitaba de cauces políticos y sociales para actuar y prácticamente hasta el final del período de la Restauración no se permitió un desarrollo libre de la protesta obrera, y porque su oponente, la clase patronal industrial y agraria y el propio Estado, nunca entendieron la necesidad de negociar con las clases trabajadoras. Se mantuvieron en un terreno de contención y represión sin ofrecer en contrapartida mejoras económicas, sociales o políticas. Esta singularidad de nuestro Estado llevó a que la huelga y su protagonista, el movimiento obrero, tuviesen una vida azarosa e intermitente prácticamente hasta la Segunda República. No está de más insistir en que son «las acciones, y con ellas las reacciones del poder o de otros sectores de la sociedad, y no los grupos las que definen a los movimientos y facilitan su permanencia'.

Mientras tanto, se mantuvieron hasta el estallido de la Guerra Civil, y el campo oscense no fue una excepción, practicas de resistencia a la instalación del individualismo capitalista referido a la propiedad de la tierra. La explicación de que perdurasen este tipo de acciones consideradas algunas de ellas delito por el nuevo ordenamiento jurídico y civil liberal hasta bien entrado nuestro siglo, distanciándose del modelo europeo, se halla en que nuestro Estado agrario consolidó su reforma liberal y se industrializó más tardíamente"'. El desalojo de pequeños arrendatarios y la progresiva disminución de las prácticas colectivas fue una tónica general en Europa. Aquí, sin embargo, las contrapartidas ofrecidas fueron menores y la tardía y en algunos lugares nula industrialización, no pudo absorber toda la mano de obra sobrante ni la cana-

69. En Manuel Pérez Ledesma, .,Cuando lleguen los días de la cólera...•, p. 153.

70. De acuerdo con el modelo de Tilly, esta persistencia se debe al atraso relativo de la economía y la debilidad del Estado, que presiona cada día más sobre la población, pero que no ha logrado imponerse totalmente sobre los poderes locales ni solucionar los conflictos existentes». En Carlos Gil, Protesta popular.., p. 149.

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Pilar MALUENDA PONS

lizó, por tanto, hacia una protesta organizada en sindicatos o asociaciones.

La conflictividad en forma de delincuencia y la desigualdad generada por el expolio de los bienes comunales no encontró mentores ideológicos o cauces políticos hasta la Segunda República, cuando ya era demasiado tarde para poner diques al empuje del individualismo capitalista. No obstante, estos altercados, no solo no disminuyeron sino que aumentaron durante la República y sirvieron para mantener viva esa reivindicación, pasando a ser asumida por los programas agrarios socialistas y anarquistas.

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TIERRA, TRABAJO Y COLONIZACIÓN INTERIOR EN HUESCA, 1940-1965

Alberto SABIO ALCUTÉN

Para algunos terratenientes de la zona, ganar la guerra y aplicar su particular «reforma agraria» fue todo uno, dando idea este hecho de hasta dónde llegaron los mecanismos de dominación y la hegemonía de clase, resultado indudable del componente también de clase de la guerra civil. Pero, ¿en qué consistía la tan mentada reforma agraria del nuevo estado franquista? A continuación se aborda cómo repercutieron las políticas agrarias del franquismo —en plural, porque hubo varias— en las estructuras sociales de la provincia, se analizan los costes sociales del modelo de crecimiento autárquico y la posterior tranformación capitalista de las formas de producción familiares, redefiniendo los mecanismos de subordinación.

A la altura de 1940, Huesca era una provincia básicamente agraria, como tantas otras, de donde la parte más importante de la renta provincial se extraía del sector primario. Es más, la Guerra Civil y la inmediata posguerra hicieron variar de forma manifiesta la distribución sectorial de la población activa, favoreciendo una agrarización de la misma.

Todavía en 1960 el sector primario absorbía el 75% de la población activa, aportando a la renta provincial unos ingresos del 45%. Por tanto, el control de la propiedad de la tierra marcaba, en buena medida, la distribución de la renta.

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TIERRA, TRABAJO Y COLONIZACIÓN INTERIOR (1940-1965) LLISTAS: DEL ESTANCAMIENTO DE POSGUERRA A LAS POLÍTICAS AGRARIAS DESARRO AGRICULTURA UNA APROXIMACIÓN A LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS DE LA OSCENSE

El agrarismo de la primera posguerra se expresaba en términos de retorno a un mundo rural idílico que había sabido vencer gloriosamente en una guerra a las amenazas externas que se cernían sobre él. Pero por debajo de la funcionalidad de este discurso instrumentalizado sólo encontramos una triste realidad agraria donde, hasta bien entrada la década de los cincuenta, ni la evolución de las superficies cultivadas, ni la producción, ni la distribución muestran rasgo alguno de desperezamiento' .

En efecto, hasta comienzos de la década de 1950 no se alcanzaron en Huesca los niveles productivos de la II República. Hasta entonces nos encontramos con la paradoja de que se empleaba mayor volumen de mano de obra pero se conseguía un menor valor de la producción.

Esta agrarización de la población activa, no compensada con un aumento paralelo de la producción, abocó a una reducción del nivel de vida, en especial del consumo per cápita de alimentos.

Con unos mercados intervenidos, la historiografía ha insistido en el carácter antieconómico de los precios de tasa que acabó originando una reducción de superficies en los cultivos más inspeccionados. Es lo que ocurrió con el trigo, pero no sólo con éP. Con un agravante añadido: que, ante la carencia de otros alimentos, las dietas de los menos pudientes perdieron variedad y se «sobrepanificaron». Varios ejemplos, tomados de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes de Huesca, corroboran esta impresión. En Zaidín 'son muy dados al pan, que puede considerarse como el 40% del alimento ingerido»; en pue-

desde 1. En realidad, por encima del hueco discurso agrarista, el régimen franquista intentó, . Vid., al respecto, el momento en que pudo, promover a toda costa el desarrollo industrial de la España de los C. Velasco Murviedro, «El pensamiento agrario y la apuesta industrializadora (1982).

23 n° cuarenta., Agricultura y Sociedad, ,,Huesca 2. De esta cuestión nos hemos ocupado, con carácter general, en A. Sabio Alcutén, ciudad, una de Historia Huesca: (coord.), Laliena C. en 60)-, (1938-19 bajo el franquismo Ayuntamiento de Huesca, Huesca, 1990, pp. 427-450. por debajo del 3. Los precios de intervención para el maíz y la cebada estuvieron siempre cereales a dos estos en tenía que , ganadería la a mucho precio de mercado, lo que no favoreció cerealista nacional y de sus principales abastecedores. En 1967 cambió de orientación la política con prontitud a esta subieron los precios para maíz y cebada. En el caso de Aragón, se respondió ambas herbáceas. En nueva situación y en 1970 ya se habían doblado las superficies sembradas de cebada.

1974, por vez primera, lo sembrado de trigo fue superado por lo plantado de

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Alberto SABIO ALCU7ÉN

blos del Somontano de Barbastro, como Abiego, «el pan se elaboraba casi siempre sin mezclas y se consumía en gran escala, en defecto de otros alimentos de escasa existencia»; muy cerca de allí, en Adahuesca, «teniendo en cuenta la población no cosechera, era mayor el consumo de pan que la producción»; en Bierge, «el pan constituye un problema para muchas familias campesinas, lo consumen todo que pueden, en defecto de otros alimentos de menos nutrición»... Y, junto al pan, muchos vecinos de la provincia lograron alcanzar la subsistencia gracias al corral y a las pequeñas superficies de huerta. Durante estos años de crónico deficit alimenticio se consumieron abundantes patatas y hortalizas plantadas en huertos que a menudo no estaban ni siquiera declarados en los amillaramientos. Uno de los platos más «peculiares» de la provincia, según se consigna en los mapas de abastecimiento, era la patata con legumbres o verdura. Este potaje se condimentaba, siempre que fuera posible, «con tocino o enjundia, según cada posición social»".

En Fonz se mezclaban las patatas con judías y con arroz y sólo rara vez se le añadía carne. Es curioso observar cómo las autoridades municipales intentan disimular las carencias proteínicas de la olla diciendo que «lo cuecen en el campo para comerlo a mediodía, a fuego lento, lo cual le da un gran poder digestivo y vitamínico». En realidad, para quien no tuviera corral, la carne era un bien escaso. En Barbastro, las salchichas «tienen mucha aceptación entre toda la población, pero su consumo sólo se efectúa entre las clases media y elevada»5. En Monzón, hacia 1943, los particulares sacrificaban mil cerdos anuales para una población que no llegaba a los 5.000 habitantes, con lo cual los mayores problemas de abastecimiento afectaban a la población artesana e industrial, precisamente la que no solía disponer de corral ni de huerta: El abastecimiento es bueno para el 70% de la población por ser todos ellos productores de las principales materias primas, pero no así para el 30% de su población, artesana e industrial, que carece del racionamiento adecuado. Es interesante señalar que, siendo Monzón productora de azúcar, jabón y aceite, tiene que buscar los suministros en población ajena, con el consiguiente gasto de transporte y dificultades. Sería conveniente que pudiera ordenarse el autoabastecimiento de dichos artículos de lo producido en Monzón, sin buscarlo afuera.

Como consecuencia de este sistema de intervención se deterioró la calidad de los productos consumidos y se desabastecieron los merca-

4. Este testimonio y los anteriores están sacados de AHPH, Comisaría General de

Abastecimientos y Transportes, Mapas de abastecimientos, 1942-1950.

5. AHPH, Comisaría General..., 1944, Partido de Barbastro.

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dos. Con una demanda mantenida, el precio de tasa hizo que los cultivos más controlados fueran poco rentables.

El mercado negro fue otra respuesta articulada al intervencionismo y a las demandas insatisfechas'. La comercialización clandestina, regulada por la oferta y la demanda, vendía a precios muy superiores a los establecidos en los mercados oficiales. Para hacernos una idea de los beneficios diferenciales obtenidos en los mercados libres, convendrá reseñar que mientras la remolacha azucarera sólo se pagaba en la provincia a 153 pts./Tn. en 1943, se obtenían por la remolacha forrajera hasta 470 pesetas. Esta diferencia se debía a que el precio de la última era de mercado libre y el de la azucarera se fijaba en cada campaña. De igual modo, ha de resaltarse la importancia de vender la paja para las economías familiares: por tratarse de un producto no tasado se liquidaba en condiciones sumamente favorables hasta que, a mediados de los 40, se corrigiera esta circunstancia y se fijal-a un precio tope. En fin, no ha de extrañar que, entre la maraña de restricciones y cupos forzosos, fueron muchas las sanciones en Huesca por infracción a la vigente Ley de Tasas, aunque cabe suponer que algunas de estas denuncias sirvieran para castigar a aquellos cuya adhesión al orden era más sospechosa.

Deconocemos la magnitud de este mercado negro, pero pudo ser similar a las cifras de comercialización oficial, no en vano ahí quedaba una válvula de escape, distinta en función de la situación patrimonial de cada particular. Una minoría de propietarios reunía todos los «requisitos» necesarios para lucrarse con el estraperlo muy por encima de los demás: excedentes, capacidad de almacenaje, medios de transporte, información sobre mercados e impunidad política. Al respecto, resultaría del máximo interés cruzar los cupos forzosos entregados por cada vecino con la extensión de las explotaciones privadas descritas en los amillaramientos y medir los desajustes entre lo que los propietarios retiraban de semilla de trigo seleccionada y las cantidades finales luego

6. Sobre el mercado negro durante la posguerra, entre otros, C. Barciela, «Intervencionismo y crecimiento agrario en España, 1936-1971», en P. Martín Aceña y L. Prados de la Escosura (eds.), La nueva historia económica de España, Madrid, 1985, pp. 285-316. Del mismo autor, «Crecimiento y cambio en la agricultura española desde la guerra civil•, en J. Nadal y C. Sudriá (eds.), La economía española en el siglo XX. Una perspectiva histórica, Barcelona, pp. 258-279. También J. M. Naredo, «La agricultura española en el desarrollo económico», en R. Garrabou, C. Barciela y J. I. Jiménez (eds.), Historia agraria de la España Contemporánea, Barcelona, pp. 455-498; J. M. Naredo, L. RuizMaya y J. M. Sumpsi, «La crisis de las aparcerías de secano en la posguerra», Agricultura y Sociedad, n° 3 (1977). J. Pujol, «Los precios de los cereales en Cataluña durante los años de la autarquía económica; el mercado oficial y el clandestino», Agricultura y Sociedad, n° 35 (1985), pp. 235-254.

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Alberto SABIO ALCUTÉN

entregadas como cupo, reservándose con frecuencia mucho trigo para venderlo posteriormente a particulares o al Servicio Nacional del Trigo a precio fuera de cupo, superior al marcado.

Años más tarde, el Servicio Nacional de Producción Agraria (SNPA) se rodearía también de un anillo de «colaboradores oficiales», formado por almacenistas y fabricantes, que se interponía entre los agricultores y el comprador oficial de cereales. Cuando se presentaba la recolección de la cebada, con los almacenes del SNPA cerrados, el labrador entregaba su producto a manos de los «colaboradores», quienes con frecuencia pagaban por debajo del precio oficial. Cuando el SNPA abría sus silos, la mayor parte de la cebada estaba en manos de los acaparadores, por lo que el «reajuste» del precio del trigo y de la cebada era para estos acaparadores y no para el agricultor.

Estamos, en definitiva, ante una autarquía buscada, no estuvo ni forzada ni es una casualidad histórica. El programa de crecimiento aislacionista respondía más bien a intereses de la oligarquía agraria española. La vivencia histórica de esta época ha marcado en muchos autores la tesis del fracaso agrario durante toda la época contemporánea anterior. Aunque sólo fuera por eso el fracaso de la autarquía, con sus secuelas de racionamiento y penurias, va más allá del fracaso de la política franquista.

Con el tremendo y real problema de la sequía se hicieron elevadas dosis de demagogia que sirvieron para ocultar tras el telón muchos problemas de fondo que agarrotaban la agricultura del momento. A pesar de tanta lamentación oficial, apenas se tomaron medidas fiscales y financieras para paliar sus graves efectos. Apenas aumentaron las hectáreas de riego durante la década de 19407. Una de las obsesiones del primer franquismo se quedaba en eso, en una obsesión, sin reflejo en la realidad práctica.

Cuando a partir de mediados de los cincuenta se recuperen los niveles macroeconómicos de preguerra, la provincia de Huesca

7. Sobre los regadíos de posguerra en la provincia de Huesca, herederos en buena medida de las ideas y de los planes de preguerra, vid. A. Sabio, «Herencia de preguerra, fachada de postguerra: Regadío y Obras Públicas en Huesca, 1938-1960», en C. Laliena (coord.), Agua y progreso social.

Siete estudios sobre el regadío de Huesca. siglos XII-XX, lEA, Huesca, 1994, y A. Herranz, «La construcción de pantanos y su impacto sobre la economía y población del Pirineo aragonés», en J. L. Acín y V. Pinilla (coord.), Pueblos abandonados: ¿un mundo perdido?, Zaragoza, 1995, pp. 79-102.

8. Vid. A. Montserrat y J. Ros Hombravella, «Entorn del retard en el recobrament deis nivells macroeconómica de pre-guerra a l'Espanya deis 1950•, Recerques, n° 2 (1972), pp. 231-246.

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TIERRA, TRABAJO Y COLONIZACIÓN INTERIOR (1940-1965)

conocerá una evolución dual, con pocos rasgos en común entre las zonas bajas de llanura y las tierras altas pirenaicas. Hubo comarcas dinámicas donde aumentaron las superficies de cultivo, los rendimientos y las producciones. La construcción de sucesivos embalses condujo a un espectacular crecimiento de la superficie regada en la provincia: EVOLUCIÓN DEL USO DEL SUELO AGRÍCOLA EN HUESCA, 1950-1990 (EN HAS.) Total Regadío Secano 281.273 (100) 295.183 (105) 287.175 (102) 325.040 (116) 356.938 (127) 362.721 (129) 367.184 (131) 366.610 (130) 354.766 (126)

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

69.610 (100) 81.764 (117) 89.122 (128) 128.117 (184) 134.516 (193) 148.858 (214) 162.390 (233) 170.680 (245) 187.680 (270)

350.883 (100) 376.947 (107) 376.297 (107) 453.156 (129) 491.454 (140) 511.579 (146) 529.575 (151) 537.290 (153) 542.446 (155)

FUENTE: V. Pinilla (1996, en prensa). Quisiera destacar la amabilidad del autor que me permitió servirme de sus datos cuando todavía no estaban publicados.

No sólo se amplió la superficie regada, sino que también cambió la composición interna del regadío, en favor del permanente. En 1989, el 75% del regadío oscense era permanente, circunstancia que queda reflejada en el notable incremento en metálico de la producción del regadío: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN HUESCA, 1950-1990 (en miles de pesetas, precios de 1975) Regadío

Secano 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 FUENTE: V.

1.445.386 (100) 1.921.418 (133) 2.157.635 (149) 2.251.714 (156) 2.925.783 (202) 3.940.580 (273) 4.692.291 (325) 5.657.366 (391) 4.328.489 (299)

1.843.368 (100) 2.608.778 (142) 4.162.925 (226) 4.026.653 (218) 4.627.210 (251) 7.583.001 (411) 9.443.942 (512) 10.332.977 (561) 11.499.527 (624)

Pinilla (1996).

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Total 3.288.753 (100) 4.530.196 (138) 6.320.561 (192) 6.278.367 (191) 7.552.993 (230) 11.523.581 (350) 14.136.233 (430) 15.990.343 (486) 15.828.016 (481)

Alberto SABIO ALCUTÉN

El capitalismo oscense, si se quiere un poco reumático y anquilosado, acaba enganchándose al «desarrollismo»; otra cosa fue lo sucedido en la «planificación» pirenaica. Las comarcas altas pirenaicas y prepirenaicas se desestructuraron y ello acarreó el desmoronamiento de todo este medio rura19.

La economía tradicional de los valles pirenaicos estuvo basada históricamente en la explotación de los recursos forestales y de la ganadería, mayoritariamente trashumante. Una débil agricultura, orientada sobre todo al mantenimiento familiar o a la producción de forrajes para el ganado, y algo de ganadería vacuna completaban el cuadro económico. Estas actividades se estructuraban en torno a una vertiente familiar, «la casa», de tipo patriarcal e indivisible, y otra vertiente comunitaria, que se manifestaba en el aprovechamiento comunal de los pastos y en los quiñones.

El modelo de crecimiento seguido en España durante la década de los sesenta asignó a la agricultura el papel de financiadora del desarrollo industrial y de fuente de mano de obra. Ello produjo la descapitalización del campo y el éxodo rural masivo, fenómenos que incidieron con especial gravedad en las economías de montaña oscenses. El abandono en materia de servicios, motivado en parte por la gran dispersión de núcleos y por la irregular orografía, facilitó la ruptura del umbral mínimo de habitabilidad de los pueblos pirenaicos y de las sierras exteriores. La aparición de nuevas necesidades culturales y de consumo, imposibles de ser satisfechas, agravaron este problema.

La economía exterior contribuyó de más formas al desmoronamiento de la vida de las comunidades. La roturación de las tierras bajas dificultaba la trashumancia y deterioraba las condiciones de explotación ganadera tradicional. Por otro lado, la subordinación al mercado destruyó las bases de la economía tradicional —nunca totalmente autárquica, dicho sea de paso—, que no pudo reconvertirse por sí sola en explotaciones dirigidas a la producción de valores de cambio. Todos estos factores provocaron una emigración masiva que debilitó incluso el bajo nivel de vida ya existente.

Entre 1950 y 1975 la población de los valles de Vió y Puértolas disminuyó en un 70%. Una evolución en el mismo sentido se detecta en otros valles. Y muchos de los que se quedaron emigraron más tarde o

9. Sobre las consecuencias económicas negativas del modelo de desarrollo , llevadas al extremo de los pueblos abandonados, J. L. Acín Fanlo y V. Pinilla (coord.), 1995: «Pueblos abanderados, ¿un mundo perdido?»...

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TIERRA, TRABAJO Y COLONIZACIÓN INIERIOR (1940-1965)

murieron en un plazo breve. La edad media de la población en todas estas zonas acabó siendo muy elevada, lo cual se tradujo en una gran mortandad y en unas reducidísimas tasas de natalidad. La dificultad entre los hombres jóvenes para contraer matrimonio fue otro de los motivos que condujo frecuentemente a la emigración. Con tan poca población los servicios acabaron reduciéndose día a día, en un claro círculo vicioso que abocaba a más emigración. Se cerraron escuelas, la rudimentaria red elécrica existente quedó inutilizada, no se arreglaron las comunicaciones, apenas había médicos, ni teléfonos...

Los censos ganaderos, al igual que la población, también se redujeron brutalmente en las últimas décadas del franquismo. La ganadería montañesa, tradicionalmente pujante, arrastró con su declive la vitalidad de muchos pueblos del Pirineo. Junto a dificultades generales (elevados precios de los pastos, sobre todo de invernada; bajos precios de la leche a causa del monopolio de las empresas compradoras, falta de asistencia técnico-sanitaria en algunos valles...), intereses económicos concretos disputaron a las economías montañesas una batalla soterrada pero medida y consciente. En la despoblación de la zona actuaron en ocasiones como puntas de lanza ciertas compañías hidroeléctricas.

Expropiaciones no del todo justificadas de pueblos y patrimonios en Tena, dilemas inexistentes entre ganadería y turismo como negocio para capitales foráneos o el papel de Iberduero en las grandes expropiaciones para la presa de Jánovas son algunas muestras de ello. Quienes hoy siguen planteando las posibilidades de desarrollo de la ganadería pirenaica no se guían sólo por el sentimentalismo y por planteamientos populistas o románticos. No abundan en España las zonas especialmente dotadas para la ganadería extensiva y el Pirineo oscense es una de ellas. Los pastos de puerto sólo pueden ser aprovechados por el ganado o perderse. Con el agravante añadido de que el pasto no utilizado degenera y aparecen especies no deseables.

La dinámica de las zonas de montaña condenó a la destrucción a sus economías campesinas. Es más, el abandono de las tierras tras una sumaria venta de propiedades conllevó en ocasiones su explotación por empresas ajenas a la zona, bien mediante la instalación de sistemas productivos más rentables (aprovechamiento de recursos hidráulicos), bien mediante la conversión de la montaña en una mercancía (empresas turístico-especulativas', planes conservacionistas y cinegéticos de turismo podría 10. La pregunta del momento, todavía de actualidad, era hasta qué punto el a escasos meses al revitalizar por sí solo toda la economía de la zona si su aportación se reducía 262

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Alberto SABIO ALGUIEN

ICONA...). En cualquier caso, se implantó una economía dependiente de las necesidades de ocio, recursos básicos y materias primas del capitalismo urbano, sin que hubiera ninguna planificación sometida a control democrático y preocupada de los efectos sociales del modelo de desarrollo.

Merecen párrafo aparte los planes de desarrollo del Patrimonio Forestal del Estado. Su actuación contribuyó al despoblamiento de algunos valles, comprando a precios irrisorios y aprovechando la situación crítica de la población, como sucedió en los municipios de La Solana y en Ceresuela, en el valle de Vio". Todo ello determinó un elevado grado de impopularidad del Patrimonio Forestal (más tarde ICONA) en la región. Unos años más tarde los técnicos forestales comenzaron a lamentar la despoblación, no en vano el montañés resultaba imprescindible como guardián de la naturaleza, para evitar una mayor degradación de las tierras abandonadas —incendios, conservación de caminos...— o incluso como obrero forestal en los trabajos selvícolas. Pero no acabaron de dar con la alternativa correcta, más bien emprendieron programas que no se insertaban en una perspectiva de promoción y desarrollo de las economías campesinas. Y buen ejemplo de ello fue la compra por parte del P.F.E. del valle de la Garcipollera para ensayar explotaciones-modelo. Se trataba de una actuación basada en la adquisición de fincas y en la imposición de un proyecto que no contaba para nada con la opinión de los lugareños, que quedaban relegados al simple papel de obreros agrícolas. Éstos expresaron su protesta del único modo que podían: marchándose. Para proseguir sus planes, el Patrimonio Forestal del Estado hubo de recurrir a la contratación de emigrantes castellanos. Otras aspiraciones de ICONA entraron también en flagrante contradicción con los intereses de la población de la zona.

LATIFUNDIOS, MULTIFUNDIOS, MINIFUNDIOS Y DESTAJOS: LAS RELACIONES EN TORNO A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA

El 28 de agosto de 1936, apenas un mes más tarde del Alzamiento de julio, el régimen franquista derogaba los planes de reforma agraria

año y era, además, fácilmente influenciable por las oscilaciones económicas y políticas. Y, sobre todo, qué tipo de turismo.

11. Sobre la política forestal antes, y en menor medida después, de la guerra civil en la provincia de Huesca, Alberto Sabio Alcutén, Los montes públicos en Huesca. El bosque no se improvisa (18504935), IEA (en preparación).

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77ERRA, TRABAJO Y COLONIZACIÓN INTERIOR (1940-1965)

nacidos en 1932, todavía no ejecutados en amplitud, pero partidarios de conjugar mejoras técnicas y sociales en su programa de actuaciones'.

Lo temprano y lo contundente del decreto ilustra claramente acerca de quién estaba detrás y quién no de la causa franquista y del proceso de contrarreforma agraria. Poco más tarde, en 1938, se liquidaba todo rastro de reforma republicana con la creación del Servicio Nacional de Reforma Económico-Social de la Tierra, garante de que las fincas ocupadas retornaran a manos de sus antiguos propietarios. Sólo cuando se eliminó cualquier herencia republicana en la distribución de patrimonios, se creó, ya en octubre de 1939, el Instituto Nacional de Colonización, cuya vida se prolongaría hasta comienzos de los años setenta. El INC pasaría a formar parte en 1971 del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA). Con todo, la nueva Ley de Reforma y Desarrollo de 1973 se asemejaba, en lo sustancial, a la de veinticinco años antes y repetía, casi textualmente, el articulado de la de 1949.

Durante todos estos años la colonización se identificaría, falsamente, con una auténtica reforma agraria.

De los amillaramientos oscenses de 1945 se desprende una importante presencia de pequeños propietarios y, en el otro vértice de la pirámide social, de unos pocos terratenientes que intentaban extraer, por medio de la explotación directa y del asentamiento de colonos, unas suculentas ganancias sobre todo en las zonas afectadas por los nuevos regadíos provinciales.

En los pueblos del Somontano de Huesca y de Barbastro la propiedad estaba lo suficientemente repartida para que cada familia desarrollara sus propias actividades agrícolas. A pesar de la existencia de algunos grandes propietarios, no había familia alguna que por carecer totalmente de bienes hubiera de contar con el jornal como único medio de vida. Era raro el bracero que no poseyera ninguna porción de tierra, siquiera fuera de pequeña extensión. Por eso existían pocos obreros propiamente dichos; la mayor parte alternaban sus trabajos como tales con labores en sus pequeñas parcelas. Ello no quita para que no hubiera importantes desequilibrios de renta: los encargados de recabar información de los pueblos con vistas a confeccionar encuestas se vieron

12. La Ley de Bases de 1932 recibió un fuerte espaldarazo a raíz del triunfo electoral del Frente Popular en febrero de 1936. Hasta diciembre de 1934 sólo se habían establecido 12.260 colonos en toda España; sin embargo, desde marzo a junio de 1936, el nuevo gobierno frentepopulista instaló a 114.343 nuevos campesinos, mayoritariamente de Extremadura. Las cifras en E. Gómez Ayau, «De la Reforma Agraria a la Política de Colonización», Agricultura y Sociedad, n° 7 (1978), pp. 87-121.

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Alberto SABIO ALCUTÉN

obligados a añadir que en Abiego, Adahuesca, Alquézar, Azara, Azlor o Bierge «el nivel de vida es bueno en los mayores propietarios y sólo mediano en los restantes»13.

En general, las explotaciones agrícolas eran de menor extensión en los Somontanos que en la zona monegrina y semiesteparia, aunque también allí se encontraban grandes fincas, bastantes de 300 a 500 hectáreas, más raramente las de mayor extensión. Los pastos y rastrojos de estas fincas alimentaban a un ganado lanar trashumante procedente de los Pirineos, ya que los agricultores autóctonos explotaban escaso ganado de renta.

Lo insuficiente de su patrimonio abocaba al pequeño campesinado oscense a emplear sus brazos en parcelas pertenecientes a grandes propietarios, bien a cambio de un salario, bien a través de sistemas de explotación indirecta. En pueblos como Selgua, Lalueza o Laperdiguera la mayoría de labradores reunían la doble condición de ser propietarios y aparceros. Además de trabajar en sus parcelas, cultivaban las del monte «Montearruego», una finca de más de 900 has. de extensión, propiedad del vecino de Selgua Mariano Bizcarra, donde trabajaban más de una tercera parte de los vecinos de los pueblos antedichos.

El contrato agrícola más frecuente en los somontanos oscenses era la aparcería, donde el propietario aportaba tierra, impuestos y la totalidad o una parte, según los casos, de la semilla y abonos, repartiéndose la cosecha a partes iguales. Resultaba un contrato desventajoso para el cultivador, sobre todo si lo comparamos con el «terraje» que privaba en las comarcas monegrinas durante los años 30 y 40, donde la tierra se encontraba menos solicitada.

Los altos valores térmicos, la pobreza en materia orgánica y la escasa humedad reinante daban como resultado formaciones esteparias y semidesérticas en los Monegros oscenses". En esta comarca era típico el llamado «patrimonio» en los ruedos de los pueblos y fuera de aquéllos la finca aislada, de las cuales las de más de 500 hectáreas representaban un tipo muy extendido. En estas fincas el cultivo se realizaba generalmente a año y vez, preparándose el barbecho mediante una, a

13. AHPH, Comisaría General de abastecimientos y Transportes, Partido de Barbastro.

14. Para esta amplia comarca oscense resulta de obligada consulta la investigación de Ana Castelló Puig, Propiedad, uso y explotación de la tierra en la comarca de los Monegros oscenses, IEA, Huesca, 1989.

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TIERRA, TRABAJO Y COLONIZACIÓN INTERIOR (1940-1965)

veces dos y rara vez tres labores, de las cuales la primera se efectuaba con arado Brabant y la segunda con vertedera Jaén o mariposa.

Como ya hemos avanzado, el tipo de contrato más corriente era el «terraje', cuya modalidad más extendida consistía en que el propietario cedía la tierra y el cultivador ejecutaba todos los demás trabajos y aportaciones hasta el atado de la mies. Aquél percibía una porción de la cosecha que solía ser la quinta parte y que había de acarrear, trillar y limpiar por su cuenta. Cuando se trataba de fincas muy fértiles o con buen arbolado, el propietario llegaba a percibir el tercio y hasta la mitad. Pero, ante todo, esta forma de contratación evitaba los inconvenientes de las rentas fijas que arruinaban al colono si se producían, como solía ocurrir en la zona, varias cosechas malas". En el terraje, el propietario participaba de los riesgos de la empresa, aunque no realizara ningún gasto. Por lo demás, en estos territorios existía un acusado paro estacional desde diciembre a marzo, mayor que en ningún otro sitio de la provincia, especialmente en las zonas más de secano.

Una situación bastante distinta, pero con algunos paralelismos, se dibujaba en otra comarca que pronto iba a ser sometida a Colonización: la zona de riegos del Canal de Aragón y Cataluña. De este canal y del de Zaidín partía una red de acequias como las de San Sebastián, Olriols, Valmaña, Monreal, Valcarca, Ripoll, Esplús o el barranco de la Clamor Amarga'6. Y en esta zona relativamente bien regada se encontraban grandes fincas, algunas de más de 2.000 has. Es más, de los amillaramientos se deduce que una quinta parte de la extensión total de esta comarca estaba constituida por predios que pasaban de las 1.000 hectáreas (Monte Julia, Monte Valonga, Monte Porquet...). Por eso también la población no era tan densa como haría suponer la existencia de regadíos con más de 50 años en explotación. Sólo en Albalate apenas había familias que no tuvieran un trozo de tierra propia debido a la parcelación de los terrenos llamados del Duque de Solferino, una finca de más

los pro15. La principal característica agronómica de la zona era el monocultivo cereal. Dados cosechas. blemas hídricos de estas tierras, solamente en años excepcionales se obtenían buenas aplicación no Respecto a los abonos químicos, «eran de empleo bastante generalizado, pero su el Sur no lleen que mientras Monegros, de al solía ir más allá de 8 Qm./ha en la parte septentrion gaba a 6», INC, Informe previo sobre la Región del Ebro, 1940, p. 30. que provo16. Los desagües de estas acequias no se encontraban en buenas condiciones, lo referirse a la caba la pantanización y salinización de importantes extensiones de terreno. Al n de los secaColonización de esta zona regable, los proyectos afirmaban: «No es que la colonizació Informe nos carezca de importancia, sino que es tal la de los regadíos que oscurece la de aquéllos», previo..., p. 34.

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Alberto SABIO ALCUTÉN

de 1.100 has. que el Instituto Nacional de Colonización dividió tempranamente en 200 lotes, aunque desconocemos por el momento los destinatarios finales de estos predios.

La zona del Flumen sometida a Colonización comprendía, total o parcialmente, los términos municipales de Alberuela de Tubo, Albero Bajo, Almuniente, Barbués, Buñales, Capdesaso, Callén, Grañén, Huerto, Lalueza, Marcén (y su anejo Fraella), Piracés, Poleñino, Sariñena, Sangarrén, Tardienta, Torres de Barbués, Usón (con su anejo Tramaced) y Vicién. Salvo el río Flumen, ningún otro curso de agua natural presentaba caracteres de continuidad, ya que los restantes se reducían a una serie de barrancos por donde discurrían cantidades de agua variables, con carácter generalmente torrencial durante los períodos de lluvia, pues la carencia casi total de manantiales les confería dicho carácter.

Se trataba de términos sumamente parcelados, si bien este hecho no indica que faltaran grandes propietarios, por ser éstos dueños de un crecido número de parcelas. Entre las grandes fincas de la zona destacaba la de «Venta Ballerías» que, con sus 2.198 has., ocupaba el 45% de la extensión total del municipio de Huerto; la de «Monte Gabarda», de 1.300 has., abarcaba el 35% de la extensión de Usón y su anejo Tramaced. Y no eran los únicos casos: «Monte Rufas» dominaba el 26% de la superficie total de Callén, «Monte Tubo», «La Rambla», «Pompenillo» y «Monte Soreto», con sus 2.269, 1.200, 800 y 500 has. de superficie respectivamente, copaban buena parte del de Grañén... y ello sin considerar otras fincas «menores» como El Ginestar (239 has.) o Paridera Blanca (179 has.).

Grañén sería un caso típico de concentración de la propiedad. Baste decir que de las 11.000 has. que aproximadamente ocupa, 9.269 pertenecían a dos herederos, mientras que el resto de la tierra se repartía entre 392 poseedores'. Según estos datos, correspondería a estos dos propietarios el 85% de la superficie total, con nueve fincas de extensión superior a 500 has. En Torres de Barbués no había fincas de más de 500 has., a pesar de lo cual no debe considerarse entre los de propiedad repartida, ya que pertenecían a una sola persona ocho fincas entre 6 y 50 has., dos fincas entre 51 y 250 has. y una finca mayor de 250 has., «Valfonda». En el proyecto de Colonización del Flumen, redactado en

17. INC, Informe de la acequia del Flumen, 1941, p. 14.

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1942, vuelve a repetirse que en Torres de Barbués «un solo propietario es dueño tanto de las dos grandes fincas como de gran número de las pequeñas»'". En definitiva, y por detener aquí una enumeración susceptible de ser ampliada, tomando como dato la superficie global de los términos afectados por la Colonización en el Flumen (43.290 has.), resultaba una densidad de población de 15,10 hab./Km2, cifra muy exigua sólo explicable si tenemos en cuenta las grandes fincas —a veces incultas— que allí se ubicaban.

Resultaba muy frecuente contratar a destajo para determinados trabajos, especialmente en las fincas más extensas. No tenía nada de particular que se trabajara de sol a sol, no sólo por los jornaleros, sino también «y aún con mayor intensidad» por los pequeños parcelistas que cultivaban tierra propia o ajena. Por lo que hace al desempleo, durante el invierno había parados en Huerto, en Capdesaso y en Tardienta (unos 40), cifra esta última que se duplicó cuando se terminó el acueducto de su nombre. Los parados de Almuniente trabajaban en términos limítrofes; los de Sariñena estaban ocupados temporalmente durante la inmediata posguerra en Regiones Devastadas. En Lalueza, Alberuela, Marcén y Poleñino apena existía paro invernal porque la recolección de esparto absorbía toda la mano de obra'.

Aparte de los salarios oficiales existían en las comarcas centrales de Huesca otras modalidades de prestación de trabajo. Consistían en que al trabajador, en lugar de percibir un jornal, se le cultivaban sus tierras (generalmente 4 has. de secano y 1 de regadío) como si fueran fincas del patrimonio y además se le facilitaba casa, comida y una cantidad en metálico que oscilaba entre 900 y 1.000 pesetas al año.

Si del Flumen avanzamos hacia el Oeste de la provincia nos encontramos con otra zona donde Colonización ejecutó también actuaciones: la Violada, que comprendía parte de los términos de San Mateo de Gállego, Gurrea de Gállego, Alcalá de Gurrea, Almudévar y Tardienta.

Los cerros de Santa Quiteria, últimas estribaciones de la Sierra de Alcubierre, determinaban un límite que separaba dos sectores claramente diferenciados. El situado al norte de las anteriores formaciones montañosas presentaba como característica dominante la existencia de

18. ACDGA, Proyecto General de Colonización de la zona regable de la acequia del Flumen, 1942, escrito por el ingeniero Pedro Mela.

19. Del repunte del esparto en esta zona durante la inmediata posguerra nos hemos ocupado en Alberto Sabio Alcutén, Los montes públicos...

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Alberto SABIO ALCU7ÉN

tierras fuertes muy arcillosas, a veces pantanizadas y encharcadas en las zonas bajas. Por el contrario, la zona Sur se componía de suelos de naturaleza cascajosa muy permeables que, frente a los anteriores, eran muy «secativos». Basándose en esta distinción, Colonización dividió la zona en el Sector I del «Llano de la Violada » (5.573 has.) y el Sector II (7.300 has.).

En el Llano de la Violada, a comienzos de la década de 1940, el propietario de mayor extensión tenía 413 has., distribuidas en numerosas fincas; en orden a su magnitud le seguía otro de 238 has. Unos cuantos más poseían notables patrimonios, pero inferiores a las 100 has. En La Sarda, las fincas particulares eran más extensas. Ahí están, sin ir más lejos, los grandes propietarios de Gurrea: la familia Portolés (4.892 has.), los Bellido (1.256 has.), la familia Vicente (1.850 has.), Ángel Pérez Otal (659 has.), Vda. de Guillén (329 has.), Zubero (220 has.) o la finca de la Compañía Agrícola Ebro (1.049 has.). Algunas de estas fincas habían pertenecido históricamente a los Condes de la Viñaza y en general a la familia Castellano, un apellido que llegaría a ocupar varias carteras ministeriales durante la Restauración. También en Gurrea había fincas de la familia Dronda, con un joven José Joaquín Sancho Dronda en los amillaramientos de 1945.

En el caso de Almudévar, merece la pena citar la «peculiar» reforma agraria que intentó acometer su Comandante Militar, el capitán Pajares, obligando a todos los propietarios con más de quince hectáreas en el futuro regadío a ceder tierras al Ayuntamiento para que éste creara lotes a sorteo entre los braceros del pueblo que no tenían propiedad o ésta era a todas luces insuficiente. El Ayuntamiento tomó también el acuerdo de ceder parcelas de dos hectáreas de su finca «La Paúl» a los vecinos no propietarios del pueblo, mediante el pago de una peseta por hectárea y año. Finalmente, el intento de colonización del Capitán Pajares fracasó, quizá porque había demasiadas coacciones, quizá dadas las especiales circunstancias que entonces concurrían (año 1938: Almudévar estaba en primera línea). En cualquier caso, se limitaba a que los propietarios de la zona futuramente dominada por el regadío cedieran el 10% de sus tierras, sin tener en cuenta los demás recursos económicos de cada particular, con lo que se daba la circunstancia de que pequeños propietarios con todos sus predios en la zona regable cedían más tierras que otros más afortunados que disponían de grandes extensiones de secano.

La selección de las comarcas arriba enumeradas, que ocupan buena parte del territorio provincial, ha venido condicionada por tratarse de 269 Índice

TIERRA, TRABAJO Y COLONIZACIÓN INTERIOR (1940-1965)

zonas donde simultáneamente se iban a emprender planes de colonización. Las explotaciones-tipo más frecuentes eran, utilizando las propias palabras de los labradores de la época, las de tornayunta, yunta, yunta y media, y dos yuntas20.

En general, el grado de concentración de la propiedad no se correspondía con el de la presión fiscal en concepto de riqueza rústica. No hay más que comprobar cómo las cantidades tributadas por unidad de superficie disminuían a medida que aumentaba el patrimonio del contribuyente. Tampoco se valoraba adecuadamente la distinta calidad de cada terreno. Esta forma de defraudación se justificaba aduciendo que no podían hacerse cálculos, ni siquiera aproximados a la verdad, sobre el rendimiento de las cosechas, ya que todo estaba supeditado a las lluvias y «mientras unos años da dos simientes, otros puede alcanzar más de doce»... Los labradores más modestos cargaban, en consecuencia, con una presión fiscal proporcionalmente superior a la de los terratenientes locales.

Por lo demás, la carestía de ganado de labor durante la inmediata posguerra hacía que fuera muy difícil aumentar las superficies sembradas, y eso que la tendencia de los propietarios fue a cultivar más tierra de la aconsejable si tenemos en cuenta sus disponibilidades de ganado de labor. En Alcolea «sólo aquellos vecinos que después del Movimiento Nacional han podido conservar ganado de labor son los que hoy se dedican al cultivo de remolacha»". El ganado de tiro alcanzaba precios tan elevados que su reposición planteaba graves problemas. A menudo, por la dificultad de su adquisición, las tierras no se cultivaban «a uso y costumbre de buen labrador».

20. Es posible realizar investigaciones sobre sus relaciones consumo-trabajo a partir de los cálculos realizados en los planes de Colonización, aunque aquí no hayamos podido hacerlo por razones de espacio.

21. AHPH, Mapa de Abastecimientos, 1952, Partido de Fraga, Cat. 68. Desde Alcolea se indica también que existían teléfonos antes de la guerra y, sin embargo, no los había todavía en 1953.

Igualmente, •sería de mucha conveniencia para el comercio e industria el restablecimiento del servicio de correo que había hasta 1936•.

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Alberto SABIO ALCUFÉN COMPARACIÓN ENTRE LA SUPERFICIE CULTIVADA EN LA ZONA DOMINADA POR LA ACEQUIA DEL FLUMEN Y EL GANADO DISPONIBLE, 1942.

a) Cultivos (secano y regadío): (en has): Viña Almendro Cebada • Centeno Maíz Judías Patatas Cáñamo Descanso

185 77 2.182 188 122 20 210 10 104

Olivar Trigo Avena Barbecho Hortalizas Alfalfa Remolacha Lino

TOTAL SUPERF. CULT.

39 6.534 621 10.025 160 296 161 45

20.979

b) Cabezas de ganado de trabajo: Caballar Mular Asnal Vacuno

316 1.761 652 32

TOTAL

2.761

c) Total superficie cultivada / Total cabezas de ganado de trabajo = 7, 59 has./ cabeza.

FUENTE:

Proyecto de Colonización del Flumen, 1942.

Los datos ofrecen pocas dudas acerca de la existencia de poco ganado para tanta superficie labrada. Ello obligaba a abarcar con el mular disponible extensiones desproporcionadas de acuerdo a sus posibilidades.

Un claro síntoma de la importancia decisiva del ganado de labor lo constituye el hecho de que los jornales para braceros rondaran las 8 pesetas en 1943 mientras la yunta se pagaba entre 45 y 50 pesetas por días. La escasez de yuntas elevaba el precio de alquiler de las caballerías. Pedro Mela, ingeniero agrónomo encargado de redactar el proyecto de Colonización del Flumen, confirma lo dicho hasta ahora e indica que en 1942 «no se encuentran en la provincia de Huesca agricultores que las presten por menos de 50

22. INC, Félix de los Ríos, Proyecto General de Colonización de la zona de la Violada, 1943.

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TIERRA, TRABAJO Y COLONIZACIÓN INTERIOR (1940-1965)

pesetas el par». Respecto al precio de venta, se pagaban por una mula hasta 18.000 pts. en la década de los cuarenta, siendo corrientes las transacciones cifradas en trece o catorce mil pesetas. Tal circunstancia ocasionaba graves trastornos al presupuesto del labrador, que quedaba extraordinariamente gravado. En caso de mala y aún mediana cosecha la dificultad para cubrir una inversión tan fuerte abocaba a déficits domésticos considerables. Finalmente, la escasa cantidad de peso en vivo por hectárea era una circunstancia tanto más de lamentar cuanto que las tierras eran muy pobres en materia orgánica.

Por otro lado, algunos alcaldes reconocen que si los grandes latifundios de la provincia —que no otro nombre merecen aquellas fincas que ocupaban a veces una tercera parte y hasta la mitad del término municipal— hubiesen estado mejor parcelados (pocas veces se atreven a decir «repartidos»), «el rendimiento de productos agrícolas quedaría triplicado»".

Para acabar este apartado analizo la parcelación de las explotaciones en la provincia de Huesca a partir de los censos agrarios de 1962, 1972 y 1982. Tras una orden ministerial de febrero de 1953 se puso en funcionamiento el Servicio Nacional de Concentración Parcelaria, vinculado al Ministerio de Agricultura y con personalidad jurídica propia.

Pero esta «nueva bandera de la revolución agraria», aparte de llegar tardíamente a tierras aragonesas, no entraba para nada en cuestiones redistributivas, por lo que sólo se vio favorecido el agricultor medio-alto al permitirle la reagrupación de sus tierras y la consiguiente introducción de mejoras técnicas.

La pulverización y diseminación de la propiedad era consecuencia a menudo del deseo de todos los propietarios de secano de tener un campo en el regadío, donde establecer un huerto. El hecho de estar las parcelas diseminadas, alejadas unas de otras y ser de pequeñas dimensiones, daba lugar a varios inconvenientes: obligaba a frecuentes traslados, no permitía una vigilancia adecuada y sobre todo conllevaba que no se realizaban las nivelaciones más apropiadas. Del fracaso de llevar

23. INC, Pedro Mela, Proyecto General de Colonización de la zona del Flumen..., p. 32.

24. AHPH, Comisaría General de Abastecimientos, Partido de Fraga. En Esplús, «hasta el arroz podría darse en gran escala y ni qué decir tiene del arbolado tal como olivo, almendro y frutales si la propiedad estuviese más distribuida, ya que son pocos los propietarios existentes y con fincas de 5.000 has., 1.200, 1.000 y 900».

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a cabo una concentración parcelaria coactiva da muestras el siguiente cuadro: PARCELACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES EN HUESCA, 1962-1982.

N° parcelas N° parcelas / explotación

1962

1972

1982

346.293

256.546

213.935

9,1

8,8

7,6

FUENTE: Censos Agrarios.

Del cuadro anterior se deduce una mejora gradual de la parcelación en Huesca, aunque a veces sea a costa de eliminar parcelas porque al mismo tiempo están desapareciendo también explotaciones. En general la concentración parcelaria, dificultosa a la hora de ordenar viejos regadíos de origen árabe, sólo recibió en Aragón un fuerte acelerón a partir de 197525.

LA PRIMERA FASE DE LA COLONIZACIÓN:

MINORÍA TERRATENIENTE Y PROLETARIOS CON TIERRAS

El Instituto Nacional de Colonización echó pronto marcha atrás en los repartos de tierras y abordó, en su lugar, reformas de tipo técnico revestidas de ambiguos contenidos sociales. Un efecto de esta política agraria fue la creación de pueblos de colonización que dieron lugar a campañas propagandísticas marcadamente triunfalistas que presentaban a los nuevos pueblos como el ejemplo vivo de los desvelos gubernamentales por los trabajadores del campo sin tierras.

Hasta fechas recientes se abordaba el tema de la colonización agraria, salvo contadas excepciones, bien desde posiciones triunfalistas respaldadas por informaciones oficiales que consideraban algo más que las tierras efectivamente regadas, bien desde el rechazo más absoluto al estar influenciado a priori el análisis por desavenencias totales con el régimen que las proyectó, sin llegar a profundizar en la relaciones establecidas entre las políticas y la ordenación del espacio rural. De entra-

25. Entre 1953 y 1962 sólo se concentraron en la región 3.290 hectáreas, menos del 1% del total español. A finales de 1975, la concentración afectaba a unas 45.000 hectáreas, es decir, el 1,4% del total nacional. A fines de 1979, las 198.615 has. concentradas equivalían ya al 4% nacional y los porcentajes aún subirían más en los años siguientes.

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TIERRA, TRABAJO Y COLONIZACIÓN IN7ERIOR (1940-1965)

da, conviene obrar con cautela y diferenciar varias fases en el desarrollo de la colonización.

Por un decreto de junio de 1942 se autorizaba al Instituto Nacional de Colonización (INC) a comprar terrenos en las zonas previamente declaradas de interés para levantar nuevos núcleos de asentamiento.

Ese mismo año, J. García Atance emprendió proyectos de división de la Zona del Canal de Aragón y Cataluña, pero afectando sólo a la primera subzona, la de Lérida'''. Poco más tarde, en 1946, una nueva ley hacía factible la expropiación forzosa por razones de utilidad pública, previo pago naturalmente, no como una simple incautación. Sin embargo, por lo que respecta a la provincia de Huesca, todo se quedó en planteamientos retóricos y la colonización será prácticamente inexistente durante la larga década de la autarquía27. Sólo adquirió cierta entidad con el alborear de la nueva orientación en política económica entrada ya la década de los cincuenta.

En una primera fase de colonización se benefició ante todo y sobre todo a los terratenientes de la zona a través de una serie de medidas concretas que vamos a ir desgranando. En un segundo momento la colonización va más allá y, sin actuar contra los intereses de la oligarquía, sí se vertebran pequeños patrimonios autónomos viables económicamente. La conversión de viejos latifundios casi yermos en explotaciones altamente productivas, cumpliendo con las expectativas de los antiguos propietarios, va a ser compatible con el hecho de que en una segunda fase los lotes se van a hacer más grandes, redefiniendo nuevos mecanismos de subordinación en la distribución del producto.

Hay, pues, actuaciones en un doble sentido, por lo que convendrá ir por partes.

La topografía de la zona del Flumen, con predominio de llanuras, permitía realizar fácil y económicamente trabajos de nivelación. Por otro lado, aunque de suelo pobre, compacto y no muy profundo, podían

26. La zona de actuación del INC en el Canal de Aragón y Cataluña, incluidas las provincias de Huesca y Lérida, comprendía a comienzos de los cuarenta unas 105.000 has. Vid. J. García Atance, Proyecto de división en sectores de la Zona declarada de Interés Nacional del Canal de Aragón y Cataluña, Madrid, 1942. Hasta 1949, con la Ley de Colonización y Distribución de la Propiedad, no comenzaron las actuaciones en las tierras del Canal de Aragón y Cataluña pertenecientes a la provincia de Huesca.

27. En realidad, la colonización fue bastante escasa en todo el país durante estas fechas. Sobre la extensión colonizada y el número de colonos asentados entre 1939 y 1951, C. Barciela, ,,Intervencionismo y crecimiento...• y Crecimiento y cambio...•.

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Alberto SABIO ALCUIÉN

obtenerse con el riego buenas cosechas. Todo ello ayudó al plantear la colonización de la zona, aunque escaseara sensiblemente la mano de obra y fuera imposible llevarla a cabo sin personal de otras comarcase".

Finalmente, a pesar de los proyectos realizados en la primera mitad de los cuarenta, no se declaró de interés la zona del Flumen, hasta que una vez en marcha la colonización de la Violada se pudiera fijar el caudal sobrante del embalse de la Sotonera para regar la comarca del Flumen.

En la Violada, al margen de la red completa de riegos y de las nivelaciones, existía el problema de la carencia de núcleos urbanos adecuadamente situados. De Zuera a Almudévar había 26 kilómetros sin ningún poblado, Gurrea de Gállego distaba 11 kilómetros de la carretera... La distancia que separaba a algunos campos de los pueblos obligaba, según palabras de F. de los Ríos, a «crear poblados que aproximaran los campesinos a sus predios»29. Claro que como condición previa era necesario continuar las obras del pantano de la Sotonera.

La labor de parcelar las antiguas fincas de secano y entregarlas a colonos en lotes familiares pretendía «vincular dignamente al labrador a su terruño», ensalzando así los pretendidos contenidos morales de la colonización. Se marcaba en todo caso una línea de continuidad con las campañas de fomento de la población rural demandadas ya por los agraristas del primer tercio del siglo XX30 , aunque ahora aparecerán claros elementos diferenciadores. Los lotes adjudicados a los colonos eran demasiado pequeños y de regular calidad. Las nuevas parcelaciones provocaron a veces que se dispersara la concentración de la propiedad de la tierra, pero no que se redujeran los índices de concentración. Con la nueva coyuntura política de posguerra, los propietarios locales tomaron conciencia de su posición privilegiada y no estaban dispuestos a desaprovechar la oportunidad.

Con unos rendimientos bajos, que no comenzaron a mejorar hasta muy avanzada la década de los cincuenta, el escaso tamaño de los lotes hacía peligrar las perspectivas de continuidad de las explotaciones. Sólo

28. Vid. ACDGA, Informe del asentamiento en Grañén de vecinos de Tiermas, 1944, caja 5.501.

29. Francisco de los Ríos, Colonización de las Bardenas, Cinco Villas, Somontan o y Monegros, Sección de Estudios Agrícolas, n° 4, IFC, Zaragoza, 1966. Véanse también las distintas aportaciones de este autor sobre el tema en los Cuadernos de Aragón de esos años.

30. Al margen de los planes de Obras Hidráulicas anteriores, la ley de Coloniza ción y Repoblación Interior data de 1907, como se refiere en N. Ortega, Política agraria y dominació

n del espacio. Orígenes, caracterización y resultados de la política de colonización planteada en la España posterior a la guerra civil, Madrid, 1979.

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merced a la existencia de ingresos complementarios, vía salarios por ocupación estacional como obreros agrícolas, van a poder los colonos asumir sus compromisos con el I.N.C. y salir, más mal que bien, de apuros. Cuando se mecanicen casi íntegramente los latifundios vecinos a los núcleos de colonización", sólo habrá dos salidas, la emigración o el aumento de los lotes originarios.

La extensión de los lotes familiares era ya escasa en el momento de la cesión y fue siéndolo cada vez más a medida que se deterioraba el poder adquisitivo de los agricultores y que los elevados gastos de maquinaria y fertilizantes aconsejaban explotaciones de dimensiones medias más altas. Aquellas ocho, nueve o pocas hectáreas más del principio ya no eran suficientes cuando los precios del abono o de la maquinaria subían, en proporción, más que la cosecha recolectada.

Con el paso de los años muchos agricultores carecían de tierras suficientes para que el tractor tuviera un número de horas de utilización al año que asegurara una rentabilidad mínima. Ante esto, tampoco los parques colectivos de maquinaria tuvieron mucho arraigo, lo cual hubiera repercutido en beneficio de muchos, ya que una de las cargas que más pesaban sobre estos agricultores en la década de los setenta era precisamente el coste del exceso de maquinaria.

Como consecuencia de este tamaño reducido de los lotes, las primeras familias atraídas por el señuelo de ser propietarias de tierras debieron emigrar o, en el mejor de los casos, reconducirse hacia explotaciones más grandes. Ahí sería interesante un estudio monográfico a nivel de cada comunidad. Además, como el lote de tierras no podía dividirse, normalmente era sólo el primogénito quien disponía de medios de producción; al resto de hijos apenas les quedaban salidas.

Otra nota característica del INC fue su dirigismo, especialmente durante los primeros años de tutela, para suplir las carencias educati-

cautivo y con 31. ¿Cómo explicar esta mecanización en una zona con un mercado de trabajo Aparte técnicas. opciones con salarios comparar debamos sólo no ente salarios bajos? Probablem o el deseo de imitade otras cuestiones (como el prestigio del que adquiere maquinaria agrícola acortaba los proción de los demás), debemos valorar suficientemente el hecho de que la máquina cesos de recolección. + regadío) de 32. Vicente Pinilla (1996) ha comparado el índice de precios agrícolas (secano en España y (IPC) consumo al precios de índice el con 1990 y 1950 entre la provincia de Huesca índice de precios el resultado de estos cálculos muestra cómo el IPC sube muy por encima del agrícolas en Huesca, si bien es cierto que sobre todo a partir de 1975.

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vas de los colonos y su supuesta preparación técnica rudimentaria , que en realidad no era tan tosca. El dirigismo afectó tanto a los planes de cultivo como a la forma de llevarlos a cabo. A todos los colonos se les exigía una intensidad de cultivo y un régimen de produ cción acorde con los planes trazados por los ingenieros («A mí si no siembro cinco hectáreas de panizo, me echan»). Caso de no poder hacerlo, estaban obligados a ceder al Instituto la parte de sus fincas que no pudieran llevar adecuadamente. Con todo, conviene precis ar que el personal técnico no era genéticamente malo, muchos de ellos se creían los planes de colonización y algunos habían sido inclus o funcionarios republicanos.

Respecto a la selección de parcelistas, no todo el mundo podía conseguir la cartilla de colono. Entre los requisitos necesarios era fundamental contar con medios de producción propios es decir, aperos y capital por amortizar, además por supuesto de demostrar una contra stada capacidad para cultivar la tierra y de carecer de sospechosos antecedentes políticos. A los colonos se les exigía también dedicación exclusiva al cultivo del lote asignado, cediendo incluso a otras personas las superficies administradas de monte comunal. Se acostumbraba a preferir como colonos a medieros, aparceros y arrendatarios porque «aun careciendo de propiedades o ser éstas exiguas, poseen cierto espírit u de empresario»; en cambio, la elección de colonos entre los jornale ros debía hacerse con mucho cuidado pues «la inmensa mayoría de ellos no han pasado de su condición a causa de la falta total de aptitud para ser empresarios». En ningún caso debía aceptarse como parcelista «al herrero, carpintero, alguacil, y demás miembros de la población rural que no trabajen la tierra, y mucho menos a los mendigos»33.

En un primer momento se pensaba que el número de vecinos existentes en las propias zonas regables haría innecesario traer nuevos colonos. Sin embargo, la selección en el reclutamiento y, sobre todo, las más que regulares condiciones de instalación hicieron necesaria la llegad a de colonos foráneos: El pueblo de Mediano va a quedar sumergido en el pantano de su nombre . Entre sus habitantes se hallarán nuevos colonos.

Al principio, durante el llamado período de tutela, Colonización daba todo a cuenta: una yegua, una vaca, maquinaria, semillas, abo-

33. Los entrecomillados están extraídos del Proyecto General de Coloniza ción de la zona de

• la Violada, 1943, pp. 82 y 83.

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nos... Todo eso incrementaba la cuenta de cada uno, que el Instituto iba recuperando al quedarse con parte de las cosechas, por ejemplo con el 50% de la remolacha o del trigo, con cantidades menores en otros cultivos. Quien tenía problemas económicos podía exponerlos y entonces le rebajaban el porcentaje de aparcería, pero con esta medida sólo conseguía perpetuar la deuda más allá de lo aconsejable. El período transitorio de tutela finalizaba cuando se premiaba con la propiedad a quienes mejor hubieran cumplido con las tareas encomendadas y con los débitos acumulados.

Sólo al cabo de los años, cuando la deuda del colono se reducía por debajo de un límite establecido, sólo entonces se accedía a la propiedad del lote y de la casa, que también se iban pagando en plazos extensos, a menudo superiores a los 25 años, junto con el interés acordado.

Hubo gente que quiso pagarlo todo desde el principio pero, al menos a los primeros colonos, no les dejaron. En general, el acceso a la propiedad se concedía cuando hubieran pasado 10 años de residencia habitual en la aparcería y cuando «hubieran acreditado reunir condiciones de empresarios».

Otro fallo grave fue construir pueblos de tan escasa dimensión que luego resultó difícil mantener unos servicios adecuados. A menudo se duplicaron infraestructuras en unos municipios que estaban muy cerca unos de otros. Las malas carreteras y caminos fue otra consecuencia de la dispersión administrativa y de la falta de gestión eficaz en la política de colonización. Las vías pertenecían a la Confederación Hidrográfica del Ebro, organismo que las había construido; posteriormente debían pasar a manos de la Diputación Provincial, pero ésta se negó a admitirlas en un primer momento dado su pésimo estado, mientras la CHE alegaba que no disponía de fondos para las reparaciones precisas.

Todavía en 1974 se rumoreaba que el IRYDA iba a arbitrar fondos para el arreglar el bacheo, pero no había nada seguro, lo cual da idea del grado de implicación del Estado en las obras. Faltó coordinación en actuaciones puntuales. Durante años los propios vecinos iban tapando periódicamente los agujeros con tierra. Igualmente, las averías en canales y acequias, sobre todo en época de siembra, limitaban las posibilidades de los terrenos. El Estado levantaba el núcleo de colonización, pero las obras secundarias corrían a cargo de los colonos, cuyo trabajo de abrir acequias, nivelar tierras y hasta retejar casas debe valorarse en su justa medida.

Las viviendas levantadas tampoco resultaron de calidad, aunque aquí hubo significativas diferencias según municipios. Varios vecinos 278 Índice

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tuvieron que echar abajo los tejados y hacerlos nuevos e incluso se hundió alguna casa («Las casas se hicieron a patadas, tienen de todo menos cimientos»). Como norma general, las nuevas viviendas constaban de dos plantas: en la inferior se instalaba la cuadra y la despensa; la superior, destinada a la vida familiar, solía estar constituida por una cocina-comedor y tres habitaciones. Cada casa debía tener, al menos en proyecto, un corral con establo, henil, gallinero y cobertizo. Ahora bien, para abaratar estas viviendas se hicieron únicamente con bloques de hormigón las esquinas de los muros y las jambas de las puertas, pero el resto se rellenó con adobes y con un mortero de cemento de mala calidad que, a su vez, luego se blanqueaba con cal.

De igual modo, para evitar el coste que suponía una red de alcantarillado, «se construirá el retrete de cada vivienda en comunicación con un pozo». Algunas familias abandonaron su primitiva vivienda y pasaron a ocupar otras de las ampliaciones que se hicieron unos años más tarde, ya en mejores condiciones y con corrales más grandes.

Finalmente, la Administración tomó conciencia de que resultaba más racional ubicar a los colonos directamente en localidades como Sariñena, Barbastro o Huesca para que desde allí se desplazaran a sus lugares de trabajo.

En cualquier caso, los terratenientes no perdieron renta, como era de esperar si colocamos como telón de fondo el componente de clase de la guerra civil. La pretendida lucha contra el minifundismo no entraba en otro problema antagónico no menos importante: el latifundio. O, mejor dicho, sí entraba pero en un sentido totalmente contrario al propuesto por la Ley de Reforma Agraria Republicana. Intentaremos llenar de contenido la anterior afirmación a través de varios indicadores concretos.

Bajo una aparente capa de paternalismo con el colono, se facilitaba en realidad al propietario tradicional los mecanismos para reclutar fuerza de trabajo. La adjudicación de lotes tan exiguos sirvió para acercar al terrateniente una reserva de mano de obra estable y necesaria en los momentos punta del año agrícola. Una de las pocas soluciones para el colono era emplearse como obrero agrícola en fincas próximas, con lo cual los propietarios se creaban un mercado de trabajo cautivo remunerado a base de salarios bajos. Como los lotes eran insuficientes, se hacía ineludible el recurso al trabajo asalariado. Antes de la colonización la finca «Ebro», en Gurrea, encontraba muchas dificultades para contratar peones, «y éstos son siempre eventuales». Las actuaciones colonizadoras iban encaminadas, entre otras cosas, a solucionar este 279 Índice

TIERRA, TRABAJO Y COLONIZACIÓN IIVTERIOR (1940-1965)

tipo de problemas. De hecho, los nuevos poblados, o al menos muchos de ellos, no se situaron en el centro natural de producción de sus respectivas áreas, sino relativamente próximos a las grandes fincas. En la Violada, por ejemplo, se consideró perjudicial «la influencia y atracción que ejercería la Estación de Almudévar, que daría como resultado que enseguida surgiera una barriada junto a ella».

La dura realidad de un mercado de trabajo como el descrito intentó endulzarse insistiendo retóricamente en que los habitantes de estas comarcas eran muy sobrios y muy resistentes a la fatiga y a las inclemencias del clima: Desarrollan una intensa labor cuando laboran por su cuenta o a destajo, pudiendo decirse a este respecto que no reconocen límites a su actividad".

Este «tesón campesino» fue aprovechado para recuperar al cultivo determinadas zonas salinas o pantanosas. La idea era ceder estas parcelas a los campesinos y, en caso de llegar a recuperarlas, permitirles el acceso a la propiedad mediante el pago del nuevo valor de la tierra en diez anualidades sin intereses.

Otro indicador del componente de clase de la colonización fueron los satisfactorios pagos en caso de expropiación de grandes fincas, revalorizando artificialmente los terrenos. Se pagaron muy bien, casi siempre por encima de las tasaciones previas, unos terrenos que hasta entonces habían pasado casi desapercibidos para sus propietarios. No por casualidad muchas de las escrituras públicas de venta y traspaso de fincas las hizo Alberto Ballarín Marcial, notario en Madrid, pero no un notario cualquiera: además de importante terrateniente en Sariñena, acabó ocupando la dirección del IRYDA y más tarde la Vicepresidencia de la Diputación General de Aragón con Juan A. Bolea como presidente. En los primeros años de la transición fundó también CNAG en Aragón, identificada como patronal agraria y embrión de ARAGAASAJA.

34. ACDGA, Proyecto General de Colonización de la Zona del Flumen, 1942, caja 5.497.

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VALORACIÓN DE LA FINCA 'PARIDERA ALTA Y BAJA» EN LA ZONA DE COLONIZACIÓN DE LA VIOLADA, 1944.

Precio de la ha.

N° has.

Importe

2.500 1.800 1.100

3,25 22,25 57,86

8.125 45.450 63.646

3-500 2.500 1.500

348,77 202,66 65,43

1.220.712,5 506.650,0 98.145,0

5.150 6.500 10.000 400

2,36 3,75 16,0 15,15

12.154,0 24.375,0 160.000,0 6.060,0

a) Valoración de las tierras

Sin riego Tierras de 12 Tierras de 22 Tierras de 32

Con riego Tierras de 12 Tierras de 22 Tierras de 31 Viña Almendra Chopera Soto TOTAL

2.209.417,5

b) Valoración de las mejoras

441.846,0

c) Valoración por rentas

100.875,0

FUENTE: «Valoración finca "Paridera Alta y Baja"». ACDGA, El precio medio de la hectárea, en proyecto, resultaba de 2.616 pts.

Resultado del interés mostrado por Colonización en la Litera y el Bajo Cinca, los terrenos de estas zonas se valoraron muy alto, por lo menos en comparación con las fincas vendidas unos kilómetros más al este, ya en la provincia de Lérida35. A precios como los señalados a continuación (10.000 y hasta más de 15.000 pesetas por hectárea en Tamarite, Osso, Fraga, Esplús) no ha de extrañar la determinación de los antiguos propietarios por enajenar:

35. Para las cantidades pagadas por Colonización en la provincia de Lérida (Gimenells, Sucs, Valmanya...), véase el documentado trabajo de Víctor Bretón, Terra y franquisme a Lleida, Pagés Editor, Lleida, 1990.

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TIERRA, TRABAJO Y COLONIZACIÓN INTERIOR (1940-1965)

PRECIO DE VENTA DE LAS TIERRAS EXPROPIADAS EN LA ZONA DEL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA PERTENECIENTES A HUESCA, 1952-1959.

Municipio Tamarite de Litera Zaidín Osso de Cinca Belver de Cinca Belver de Cinca Bever de Cinca Albalate de Cinca Fraga Fraga Albelda Tamarite de Litera Esplús Albalate de Cinca FUENTE:

Fecha venta marzo 52 agosto 52 octub 52 52 nov. 53 abril 54 dic. 54 febr. 55 agost. 55 dic. 56 57 mayo 57 59

Has.

Precio

3.000.000 283 1.250.000 92 575.000 40 16.000.000 2.400 15.000.000 2.300 4.000.000 270 9.000.000 718 2.000.000 132 1.500.000 90 2003.750.000 5.300.000 415 10.000.000 644 2.000.000 819

Pts./Ha. 10.600,70 10.870,00 14.375,00 6.666,66 6.521,64 14.814,40 2.534,85 15.151,51 16.666,66 18.750,00 12.771,08 15.527,95 2.442,00

Delegación Provincial de Lérida del INC/IRYDA.

En octubre de 1958 comenzó la colonización en Vencillón, una finca de 1.905 has. situada en Esplús. hasta entonces apenas se había intervenido en la zona, pero ahora el Instituto de Colonización estaba dispuesto a pagar doce millones y medio por un patrimonio básicamente constituído por regulares secanos, yermos y parcelas salinizadas'''. Del mismo modo, aunque algo menos, se revalorizaron otros espacios manifiestamente mejorables del patrimonio Solferino en las proximidades de Esplús.

Llegamos a un nuevo indicador: el trato preferencial para terratenientes en perjuicio de arrendatarios y aparceros'7. Lo que el campesino desembolsaba frecuentemente por arrendamientos, aparcerías y otras formas contractuales de tenencia de la tierra era un gravoso «anacronismo» para la pequeña y media explotación agraria. Es probable también que se despidiera a arrendatarios y aparceros y se optara por el cultivo directo para disponer de mayor maniobrabilidad a la hora de negociar tanto en el mercado negro como con los cupos oficiales de

36. Vid. M. López y A. Puertas, Informe y valoración de la finca "Vencillón" del término municipal de Esplús, propiedad de D. Félix Zunzunegui y de D. José Antía Soraluce, Lleida, 1957.

37. Esta idea ya la señalaron J. M. Naredo, L. Ruiz-Maya y J. M. Sumpsi, «La crisis de las aparcerías...», al hablar de las aparcerías de secano en la posguerra.

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abonos, semillas y maquinaria, aunque ésta es una hipótesis que todavía no estamos en condiciones de contrastar. Lo que sí podemos asegurar es que en algunas zonas de colonización se aumentó el número de colonos a base de antiguos arrendatarios degradados.

Finalmente, el espacio se transformó desde el punto de vista hidráulico y esta conversión de tierras al regadío no fue neutra socialmente. La extensión del regadío siguió considerándose como la panacea de todos los problemas agrarios de la provincia, enlazando con el pensamiento costista, aunque sin introducir siquiera los tímidos elementos de cambio social presentes en los escritos del de Monzón.

La gran hidráulica resultó de una indudable eficacia para las grandes haciendas.

Acerca de la construcción de acequias para grandes fincas, valgan los ejemplos de la acequia de Rufas, la de Grañén, la acequia de La Criada o el azarbe de Tardienta... Las acequias de Lalueza y de la Gabarda fueron proyectadas para regar los extensos confines de Monte Soreto. En la finca Venta de Ballerías solamente se regaban 60 has. en régimen extensivo antes de la colonización; pocos años más tarde el agua llegaría a 500 has. En Monte Gabarda sólo se plantaban en 1942 unas 100 has. de alfalfa y cereal, ‹,ya que en el resto faltaban las obras necesarias de regadío», pero con las obras de colonización se buscaba regar 650 has. En Monte Rufas, el agua llegaba a duras penas a 300 has. y luego pasaron a ser 500 de buen regadío. En Monte Tubo, las iniciales 600 has. eran de un regadío tan pobre que, de lejos, eran difíciles de distinguir de los secanos; sin embargo, unos años más tarde se aspiraba a regar casi en su totalidad las 1.850 has. que entraban dentro de la zona dominada por Colonización.

Respecto al consumo de agua, según datos calculados por la Comunidad de Regantes de Gurrea, en 1941 se consumieron 5.389.000 m3 que, referidos a las 3.589 has. de la Comunidad, originaban un gasto medio anual de 1.501 m3. Sin embargo, ese mismo año sólo en la finca «Ebro»38, de 1.049 has., el consumo de agua fue de 2.531.000 m3, con un gasto medio de 2.412 m3/ha., casi mil metros cúbicos más, lo cual viene

38. La finca «Ebro», situada en Gurrea (concretamente en los terrenos de la Paridera Alta y Baja, que habían pertenecido a la familia Castellano y a los Condes de la Viñaza), era propiedad en 1941 de la Compañía de Azúcares y Alcoholes, S. A. En dicha finca se cultivaba alfalfa, remolacha, maíz y bastantes hectáreas de cereales de invierno, junto al clásico cultivo de cereales de verano.

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TIERRA, TRABAJO Y COLONIZACIÓN INTERIOR (1940-1965)

a subrayar el enorme valor que recursos adyacentes como el agua tenían en zonas con mucha oferta de tierras.

Muchas fincas que anteriormente tenían una dimensión justificada por motivos de rentabilidad económica, ahora quedaron convertidas en latifundios de regadío, hasta el punto de que el principal valor de la finca era ahora el agua. Aparecieron en Huesca importantes explotaciones privadas de más de 500 hectáreas regadas de forma permanente.

El Instituto Nacional de Colonización diferenció, a partir de 1953, entre tierras exceptuadas, reservadas y en exceso. Las primeras estaban ya regadas y quedaban, por tanto, al margen de cualquier traspaso; en las segundas se iban ampliando los plazos en función de los intereses de unos propietarios que no tuvieron empacho en emprender maniobras de picaresca —bajo forma de pozos falsos o acequias de adorno— para justificar lo injustificable. A pocas mejoras realizadas, a veces sólo de cara a la galería, los propietarios conservaban sus tierras. Por lo demás, tampoco el Instituto debió afanarse mucho en inspecciones y comprobaciones. Y cuando esto no bastaba se concedía a las tierras en cuestión el grado de «reserva especial», cajón de sastre donde cabía cualquier arbitrariedad. Sólo en las denominadas «en exceso», es decir, en las no incluídas en ninguna de las categorías anteriores, actuó Colonización.

SUPERFICIE COLONIZADA Y RESERVADA EN LAS ACTUACIONES EN ARAGÓN % colonizada

% reservada

44,80 22,50 32,70

55,20 77,50 67,30

Bardenas Canal de Aragón y Cataluña Monegros y 'lumen FUENTE:

Pascual Cardón (1973).

El alto porcentaje de tierras reservadas para los antiguos propietarios, bien plasmado en el cuadro anterior, es ya de por sí un sólido indicador del escaso alcance de las medidas redistribuidoras del Instituto.

A la hora de hacer balance, y con clara vocación de resumen, podemos decir que Colonización sólo entregó en la provincia de Huesca una cuarta parte de las tierras de regadío mejoradas, lo cual da una idea de hasta qué punto se convirtieron antiguos latifundios en enormes fincas regadas: 284 Índice

Alberto SABIO ALCUTÉN El caso de las comarcas pertenecientes a la provincia de Huesca es particularmente flagrante: más del 70% de las tierras sobre las que ha actuado el INC permanecen en manos de sus propietarios; el resultado es que en esa provincia están regadas la cuarta parte de tierras labradas correspondientes a explotaciones privadas de más de 500 ha..

Junto a la dotación hidráulica estaba la infraestructura viaria. La red de caminos sirvió para transportar más económicamente los productos obtenidos en todas las parcelas, pero especialmente en las grandes fincas. Y, además, estaban las nivelaciones. Antes de la guerra civil, la Confederación Hidrográfica del Ebro facilitaba en su Estación de Almudévar equipos de nivelación, a cambio sólo de los gastos de conservación, pero este servicio quedó suprimido en los años cuarenta. En 1943 la nivelación de terrenos se hallaba casi totalmente paralizada incluso en las proximidades de los pueblos «por falta de capacidad económica de los propietarios y de medios para realizarlas». Colonización intentó reanudar el servicio. De hecho, en la zona de la Violada, el INC tenía previsto realizar labores de nivelación «con 153 equipos de arrobaderas de yuntas y 10 equipos mecánicos»40. Finalmente se llevaron a cabo trabajos en algunas fincas importantes como la Sociedad Ebro de Duplá y Casa Montoya, ya en las proximidades de Zuera. El precio de la nivelación variaba en cada caso particular pero, en un primer tanteo, los ingenieros consideraban un coste medio de 1.500 pts./ha. sin refinar. Esta última labor la irían realizando los colonos con el transcurso del tiempo. Una traba importante para ejecutar la nivelación fue la inexistencia de una mínima concentración parcelaria.

LA RECONDUCCIÓN DE LA COLONIZACIÓN: LA VIABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN FAMILIAR Y EL DESARROLLO DE LA AGROINDUSTRIA

La política agraria franquista nunca cuestionó las relaciones de producción, nada tiene que ver por tanto la colonización de postguerra con

39. F. J. Monclús y J. L. Oyón, Historia y evolución de la colonización agraria de España (I).

Políticas y técnicas de la ordenación del espacio rural, Madrid, 1988, p. 146. El porcentaje de tierras reservado para colonos fue semejante en otras zonas, como en el Plan Badajoz, donde tampoco fue más allá del 27% de los terrenos donde hubo actuaciones. Vid. A. Baigorri y M. Gaviria, «Los datos básicos del Plan Badajoz- en Extremadura saqueada, París-Barcelona, 1978. Hubo otras zonas de la Península donde sólo se expropió a ayuntamientos y no a particulares, algo que en realidad tampoco resultó extraño en Aragón andando el tiempo, como puso de manifiesto la Ley del Banco de Tierras.

40. INC, Presupuesto de Colonización en la Violada, 1943, ACDGA, Caja 5.499.

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la Ley de Reforma Agraria de la II República. En todo caso se trataba de una reforma técnica donde la redistribución pasaba al baúl del olvido.

Pero para que la maquinaria de la colonización y del reparto de rentas agrarias siguiera funcionando comenzaron a echarse nuevos aceites en el viejo mecanismo herrumbroso.

Sin menoscabar los intereses de unas docenas de propietarios se crearon también, durante la década de 1960, explotaciones familiares mínimamente competitivas que acabaron intensificando la producción.

Al margen de los aumentos de productividad, se engrandecieron los lotes y se vertebraron pequeños patrimonios familiares y autónomos. Se concedieron compensaciones accesorias de terreno para incrementar lo exiguo de unas explotaciones agrarias que, de otra forma, hubieran estado abocadas a la emigración. Así, a los antiguos colonos se les aumentaron las extensiones a fin de poder completar sus ingresos. Todo esto iba en consonancia con un nuevo modelo de desarrollo que apostaba por convertir al pequeño campesinado en un masivo consumidor de productos industriales. El medio rural deviene un suministrador de mano de obra para otros sectores y un importante mercado de outputs industriales. Y, ampliando unos lotes antieconómicos, se creaba una red de pequeños agricultores que iban a ser precisamente los principales consumidores de medios de producción de origen industrial. Los objetivos de la acción colonizadora se hacen más complejos, pero no contradictorios.

Una vez ampliados los lotes, procesos aparentemente contradictorios como multiplicación de rendimientos en las explotaciones y mayor endeudamiento de los colonos se van a convertir en las dos caras contrapuestas del crecimiento'. Detrás de este endeudamiento de los colonos estaba, en nuestro caso concreto, la necesidad de costear una mecanización abundante. Sólo allí donde las cuotas de intensificación aumentaron todavía más, a partir de la introducción de nuevas variedades y de la sustitución de trigo por otros cultivos, descendieron sus deudas.

Otras zonas se vieron abocadas a una especialización cerealista en lugar de a explotaciones más intensivas. La Hoya de Huesca era una de las tierras de Aragón que llevaba esperando el agua «desde siempre».

Pero hay que tener en cuenta que en ella abundaban las grandes fincas que eran suficientemente rentables como secano para que sus dueños prefirieran no meterse en las «complicaciones» del regadío. Es más, en

41. Esta idea la subraya oportunamente Víctor Bretón, Terra .y franquisme...

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Alberto SABIO ALCUTÉN

zonas de colonización donde se introdujo con fuerza el regadío no se profundizó en alternativas más intensivas, como la hortofrutícola. Unos cuantos grandes propietarios estaban obteniendo buenos dividendos con los cereales, los forrajes y la remolacha, por lo que no encontraron demasiados alicientes en lanzarse a una plantación masiva de frutales.

Había también mucho pequeño agricultor que necesitaba el agua de forma ineludible. Pero no se les dejó oir con fuerza hasta muchos años más tarde. Hasta 1981 no se creó la Asociación de Regantes del canal de Huesca, a la que no dejaron llamarse Comunidad de Regantes Expectantes, por no estar previstas las obras en ninguno de los planes de riego que entonces existían.

Junto a la inercia de algunos agricultores, la introducción de nuevos cultivos estuvo frenada también por la falta de seguridad en los precios de los productos a la hora de vender la cosecha, lo que acabó ocasionando ya en la década de los setenta una serie de «guerras» (del pimiento, del maíz...) cuando los precios descendían por debajo de los costes de producción o se aproximaban a ellos. En el caso del maíz urgía invertir la política de importaciones por otra de fomento y ayua oficial al cultivo autóctono, máxime cuando ya por entonces la provincia estaba en condiciones de hacer un uso racional de los abundantes regadíos ya existentes. Hacía falta en primer lugar un precio de garantía oficial que hiciera rentable el cultivo, pues el precio ofrecido por el SNPA estaba bastante lejos de serlo.

Otra novedad del período, estrechamente relacionada con la reconducción de la colonización, fue el nacimiento de la agroindustria como resultado de los capitales acumulados y de la inversión foránea.

Durante la década de 1960, y sobre todo a partir de 1970, entraron en escena algunos grandes capitalistas bajo forma de cadenas integradoras.

Es preciso recordar que desde el año 1964 se concedían ayudas prioritarias a los que se olvidaban de forrajes y cebaban los terneros con mucho pienso, en establos cerrados, con tratamientos especializados y utilizando finalizadores42. Todo ello llevó consigo un fuerte incremento de los costes de producción, que supuso la ruina de muchos ganaderos aragoneses; otros pasaron a funcionar entre 1970 y 1985 en régimen de integración acogido a cadenas como Copaga, Porta, Guissona, VallsCompanys, Semonsa y otros integradores de menor cuantía. Se orientó

42. No ha de extrañar el encontronazo sufrido con las premisas de la nueva política comunitaria, cuya idea era potenciar todo cuanto se moviera en la dirección de extensificación de la ganadería, lucha fitosanitaria integrada y disminución de los aportes químicos.

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TIERRA, TRABAJO Y COLONIZACIÓN INTERIOR (1940-1965)

al consumidor a la carne que más interesaba a estas firmas comerciales.

Con el paso de los años, latifundios tradicionales se convirtieron en explotaciones plenamente capitalizadas con canales de comercialización adecuados. Desde este punto de vista, el funcionamiento de los mercados también era un mecanismo de dominación de clase.

Hasta aquí esta ponencia, que forma parte de un proyecto más amplio, del cual constituye un pequeño avance. Hubo pues dos opciones distintas de uso de los recursos y dos conexiones diferentes con los centros de decisión públicos, la de los hacendados y la de los colonos.

Ahora falta, entre otras cosas, humanizar el tema de la colonización, escuchando testimonios y hablando con gente que dejó en ella retazos de vida y una realidad cultural propia.

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