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CÁTEDRA: "POR LA DEMOCRACIA Y EL DERECHO"
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CÁTEDRA: "POR LA DEMOCRACIA Y EL DERECHO"
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Título de la obra: CÁTEDRA "POR LA DEMOCRACIA Y EL DERECHO" Primera edición, México, 2008 Derechos reservados: © 2008. Universidad Tecnológica de México Prohibida la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio. Se autorizan citas en artículos bibliográficos y periodísticos, dando al editor los créditos correspondientes. Impreso en México con papel reciclado
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ÍNDICE Agradecimiento
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Prólogo
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CÁTEDRA: "POR LA DEMOCRACIA Y EL DERECHO"
Bienvenida
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Cambio político y cohesión social Mtro. José Woldenberg
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Las instituciones democráticas en riesgo Dr. Lorenzo Córdoba Vianello
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Instauración de la Cátedra: "Por la Democracia y el Derecho" Ing. Raúl Méndez Segura
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Declaratoria Ing. Raúl Méndez Segura
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Semblanza del Dr. Michelangelo Bovero Dr. Carlos Muñoz Rocha
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Educar para la democracia Ing. Uriel Galicia Negrete
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Conferencia: De la democracia representativa a la democracia electiva Dr. Michelangelo Bovero
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Clausura
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AGRADECIMIENTO
H
an culminado los distintos eventos de celebración del cuarenta aniversario de la Universidad Tecnológica de México (UNITEC). En ellos han participado todos los sectores de nuestra comunidad: alumnos, ex alumnos, profesores; nuestros empleados de servicios generales, administrativos, académicos y directivos de todos los niveles; lo han hecho con entusiasmo y entrega en todos los eventos culturales, deportivos, sociales y académicos que se llevaron a cabo. Lo anterior se dice fácil, pero hubo necesidad de formar equipos de trabajo que –además de las tareas diarias tenidas bajo su responsabilidad– se organizaron, discutieron y trabajaron jornadas extraordinarias para poder cumplir, en tiempo y forma, con los eventos planeados, todos ellos verdaderamente impresionantes, de mucha calidad y con gran participación de todos los integrantes de nuestra comunidad. Esta celebración nos llena de orgullo y nos motiva para seguir trabajando en la formación universitaria de quienes le dan sentido a nuestro quehacer, hacen y son la universidad: nuestros alumnos. Estoy seguro que –a través de las cátedras universitarias instituidas y cuya memoria hoy publicamos– los hemos puesto en contacto con los especialistas mundiales en sus respectivas disciplinas; la calidad y el nivel académico de ellas ha sido impresionante, a la altura de nuestra universidad. Para nuestra 9
comunidad esta será una de las grandes experiencias de su vida personal y académica que nunca olvidarán. La celebración de este cuarenta aniversario, quiero compartirlo, nos hizo reflexionar en nuestro quehacer y justipreciar el trabajo de cada uno de quienes participamos en este proyecto educativo. Tenemos la convicción de que hemos hecho historia, porque miles de alumnos, ahora miles de profesionistas que se desempeñan con éxito en las organizaciones, son muestra inequívoca de que formamos en ellos, hábitos de superación y aptitudes de aprendizaje permanente. El paso de estos miles de egresados por su alma mater y las decenas de miles de alumnos que atendemos en la actualidad son la auténtica historia de la UNITEC; son ellos los que dan sentido a nuestras vidas, a nuestro quehacer cotidiano. Es por ellos que lo realizado, en estos cuarenta años, toma su exacta dimensión y su auténtica trascendencia. Son cuarenta años de formar capital humano para la nación. Sin embargo, tenemos la convicción que aún quedan muchos años por transcurrir, nuevos retos por enfrentar, muchos volúmenes por escribir, muchas vidas por transformar; por ello redoblemos el esfuerzo y sigamos trabajando por nuestros alumnos, pues de su preparación, de su aprendizaje permanente, de su éxito escolar, depende la diferencia de contribuir al desarrollo personal y del país o quedar rezagados con un alto costo social para ellos, sus familias y para la sociedad en su conjunto. 10
Particularmente, como responsable de Operación Académica de nuestro sistema universitario, me llena de orgullo haber coordinado los trabajos de esta celebración; cumplimos la encomienda a cabalidad; por tal motivo agradezco a la Junta de Gobierno por su decidido apoyo para llevar a cabo las distintas actividades. Éstas han quedado en la historia de nuestra universidad como testimonio para las siguientes generaciones. Agradezco también al rector de nuestro Sistema Universitario, ingeniero Raúl Méndez Segura, por la confianza que depositó en esta Vicerrectoría de Operación Académica para coordinar la celebración. Podemos decir, en nombre de este equipo de trabajo, que los eventos han sido de calidad como lo amerita nuestra institución. Hemos cumplido. A todos ustedes, nuestro agradecimiento. Valoramos su entrega y compromiso para engrandecer, con su labor de todos los días, a nuestra universidad. A los rectores de los campus Marina–Cuitláhuac, Sur, Atizapán, Ecatepec, Coyoacán, Cumbres y Zapopan, y a través de ustedes a sus respectivas comunidades, mi gratitud y reconocimiento. A los coordinadores generales, doctor Carlos Muñoz Rocha e ingeniero Andrés Milla López, gracias, valoro su trabajo y entusiasmo, los eventos resultaron un éxito y su calidad fue inobjetable, su esfuerzo valió la pena. A los coordinadores de los distintos comités que menciono a continuación, gracias por su extraordinaria participación: 11
-Héctor González Cruz, Comité de Eventos con Empleados -Carlos Muñoz Rocha, Comité de Eventos Académicos -Andrés Milla López, Comité de Conferencias -Gerardo Santiago Cuetos, Comité de Imagen -Manuel Bueno Guarro, Comité de Eventos Culturales -Félix Vallejo Cano, Comité de Eventos Deportivos -José Luís López López, Comité de Eventos Sociales -Alejandro Domínguez T., Comité de Memoria Gráfica y Escrita -Raúl Legaspi Sauter, Comité de Patrocinios A los miembros de cada uno de los comités anteriores, muchas gracias; su decidida participación y apoyo fue indispensable para el éxito de esta celebración. A todos, sin excepción, mi gratitud y reconocimiento. URIEL GALICIA NEGRETE Vicerrector de Operación Académica
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PRÓLOGO
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os congratula de sobremanera poner a disposición de los intelectuales, de nuestra comunidad y de la sociedad, este foro académico instaurado por la Universidad Tecnológica de México (UNITEC), la Cátedra: "Por la Democracia y el Derecho", y recibir en la sesión inaugural al doctor Michelangelo Bovero, académico de la Universidad de Turín, intelectual y amigo, con quien hemos compartido amenas e ilustradas charlas, tanto en Italia como en México. La UNITEC, dentro de la celebración de su cuarenta aniversario, instaura esta Cátedra que tiene por objeto el debate y la difusión de las ideas en torno a los temas vinculados con la democracia y con la situación que ésta guarda en el mundo; buscando que todos los temas sean tratados, con la participación de los propios estudiosos, en una serie de eventos académicos tales como seminarios, ciclos de conferencias, paneles, debates, simposios, entre otros, a celebrarse de manera periódica. La democracia en México, al igual que en el resto del mundo, y para decirlo en palabras del profesor Norberto Bobbio, se encuentra gravemente enferma. Y es que sufre embates por las violaciones sistemáticas y reiteradas de las reglas del juego democrático; los contendientes cambian las reglas y las nuevas se las ponen a modo, en detrimento de todos los participantes, 13
partidos políticos, gobernantes, gobernados, órganos electorales y ciudadanos. A lo anterior, agregamos una masa social depauperada, agobiada por la discriminación, la desigualdad y la exclusión que produce, por un lado, desintegración; por el otro, escepticismo, incredulidad y decepción hacia los partidos, congresos, instituciones y gobiernos. Pérdida de fe en sí misma y pérdida de fe en la democracia. En este contexto, cobra importancia esta Cátedra y justifica su contenido, pero también se valida la oportunidad, dados los últimos acontecimientos ocurridos en nuestro país, con las modificaciones a la legislación electoral, el debate en torno a la misma y en sus consecuencias. Por todo lo anterior, expresamos amplia satisfacción y gratitud por haber celebrado el cuarenta aniversario de nuestra casa de estudios; especialmente, con eventos de esta calidad y con la presencia de connotados especialistas. Agradecemos a todos los que hicieron posible este gran evento académico, sin cuya participación no hubiera sido posible; ya que se requiere, por la envergadura del mismo, de la colaboración de muchas personas. Mencionamos, particularmente, al experto, al profesor y, sobre todo, al gran ser humano, al doctor Michelangelo Bovero. Por supuesto, también nos honra la presencia de don José Woldenberg, de los juristas y politólogos formados por Bovero: Lorenzo Córdova Vianello, Pedro Salazar y Corina Iturbe. 14
Expresamos también nuestra gratitud a los integrantes del Consejo del 40 Aniversario, Consejo Consultivo y Técnico de la Cátedra, a las autoridades universitarias, especialmente al señor rector, don Raúl Méndez Segura; al vicerrector de Operación Académica, ingeniero Uriel Galicia Negrete; a la Junta de Gobierno, por su apoyo y autorización para hacer posibles estos eventos. A nuestra comunidad, alumnos y profesores, gracias por su participación. Fue un trabajo intenso, pero gratificante. La misión se ha cumplido: poner en contacto a nuestra academia con los grandes temas y con los expertos del mundo. Dr. Carlos Muñoz Rocha
Ing. Andrés Milla López
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CÁTEDRA: "POR LA DEMOCRACIA Y EL DERECHO" 22 de Octubre de 2007 UNITEC, Campus Coyoacán México, D. F.
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BIENVENIDA Mauricio Baldi, presentador
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eñoras y señores, distinguidos miembros del presidium, autoridades delegacionales, representantes de los sectores público y privado, consejo consultivo de la Cátedra, autoridades universitarias, miembros del claustro docente y alumnos de todos los campus del Sistema UNITEC de los estados de México, Jalisco, Nuevo León y el Distrito Federal, familia UNITEC. La Universidad Tecnológica de México les da la más cordial bienvenida a esta solemne ceremonia académica de instauración de la Cátedra: «Por la Democracia y el Derecho». Para dar inicio a esta ceremonia, me permito hacer la presentación de las personalidades que nos acompañan en el presidium: –Ing. Raúl Méndez Segura, rector del Sistema de la UNITEC. –Ing. Uriel Galicia Negrete, vicerrector de Operación Académica del Sistema de la UNITEC. –Ing. Félix Vallejo Cano, rector del campus Coyoacán y anfitrión de este evento académico. –Ing. Andrés Milla López, rector del campus Sur y miembro del Comité de Eventos Académicos del 40 Aniversario de nuestra universidad. 19
–Dr. Carlos Muñoz Rocha, director general de Desarrollo Académico y miembro del Comité de Eventos Académicos del 40 Aniversario de la UNITEC. Quiero presentar a ustedes a las personalidades que nos honran con su presencia en este evento académico: –Mtro. José Woldenberg Karakowsky, catedrático y miembro del Consejo Consultivo de la UNICEF, México. –Dr. Lorenzo Córdova Vianello, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. –Dr. Michelangelo Bovero, director de la Cátedra de Filosofía Política de la Universidad de Turín, Italia. Agradezco también la presencia de nuestros invitados especiales, a quienes ahora me permito presentar: –Dra. Corina Iturbe, investigadora de la UNAM. –Mtro. Humberto Ruiz Torres, director jurídico del Banco de México. –Lic. Fausto Idueta Chávez, subdirector de Fomento a la Micro y Pequeña Industria y Servicios al Empleo de la Delegación Coyoacán. –Ing. Alfonso Salazar Aznar, vicerrector de Asuntos Corporativos de la UNITEC. –Ing. Raúl Legaspi Sauter, director general de Relaciones Públicas de la UNITEC. –Lic. Claudia Roldán García, rectora del campus Atizapán. –Ing. José Luis López López, rector del campus MarinaCuitláhuac. 20
CAMBIO POLÍTICO Y COHESIÓN SOCIAL Mtro. José Woldenberg Ex Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral, México
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uy buenos días a todos. En primerísimo lugar, quisiera agradecer la invitación de estar este día con todos ustedes. A continuación, daré lectura a un texto que quiere hacer alusión a los problemas de sustentabilidad democrática que vive no solamente nuestro país, sino toda América Latina. Luego de la venturosa ola democratizadora que en América Latina logró desmontar regímenes autoritarios y dictatoriales y reinstalar o construir sistemas democráticos, se escuchan, y con razón, voces de alerta que se preguntan sobre la sustentabilidad de nuestras germinales o frágiles democracias. El informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de hace ya algunos años, llamaba la atención sobre las realidades que tienden a erosionar el aprecio por la democracia. Aquél informe hablaba de la pobreza y la desigualdad, del déficit en el estado de derecho, de la insuficiente ciudadanía, del comportamiento de los partidos y los medios masivos de comunicación, intentado revertirlos para evitar que, lo que costó tanto esfuerzo, no se degrade ni debilite. 21
Hoy, la CEPAL hace un ejercicio ambicioso sobre un problema fundamental que incide, ya no sólo en la reproducción de la democracia, sino en el conjunto de la convivencia, el tema de la cohesión social. La cohesión social alude a un sentido de pertenencia; es parte de la solidaridad social necesaria para que los miembros de la sociedad sigan vinculados a ella con una fuerza análoga a la de la solidaridad mecánica premoderna. Se trata de los lazos que crean obligaciones en los individuos y que los hacen sentirse incluidos en un proyecto común, el empleo, la educación, la titularidad de derechos, las políticas de fomento a la equidad, el bienestar, la protección social; mecanismos que, cuando funcionan, fomentan la cohesión social, y de su eficacia dependen las valoraciones y los comportamientos de los individuos que podrán asumir un sentido de pertenencia, una evaluación positiva de las instituciones, una aceptación de las normas que regulan la convivencia o, por el contrario, sentirse no vinculados con ellos. La CEPAL alerta que existen condiciones que ponen en jaque y dificultan la pretendida cohesión social. Las voy a enumerar: 1. Bajos niveles de crecimiento económico e inequidad. La región ha crecido de manera insuficiente, lo que acarrea muy bajos niveles de creación de empleo formal, lo que a su vez reduce el mecanismo privilegiado de integración social y superación de la pobreza; todo ello tapona la movilidad social y franjas enormes de ciudadanos no pueden apropiarse de sus derechos. 22
Si ello fuera poco, a la falta de crecimiento debe sumarse la inequidad en la distribución del ingreso, lo que conjugado, tiene un efecto negativo en la cohesión social y deteriora la confianza sistémica, merma la legitimidad de la democracia y exacerba los conflictos. 2. Trabajo e informalidad. Al no generarse empleo suficiente, crece el desempleo, la informalidad, las distintas formas de precarización. Recordemos, como si hiciera falta, que el trabajo formal en la vida moderna es el eje de la integración social y que sin él los resortes de la cohesión social se ven enmohecidos. 3. Activos materiales y simbólicos. Mientras se multiplica el acceso a la escuela y a las redes de la comunicación, lo que supone la apropiación de conocimientos, imágenes, estimulación de aspiraciones, el acceso a los bienes materiales se vuelve más difícil, generando una brecha entre ellos y los bienes simbólicos. Dice la CEPAL: hay más educación, pero menos empleo, hay más expectativas de autonomía, pero menos opciones productivas para materializarlas, hay una mayor difusión de los derechos civiles y políticos, pero que no se traduce en una mayor titularidad efectiva de derechos económicos y sociales. 4. La negación del otro. Se trata de un fardo monumental, la negación de plenos derechos a grupos marcados por la diferencia racial, étnica, cultural. América Latina es una región pluriétnica y pluricultural, en donde persisten muy distintas formas de discriminación y exclusión. Sobra decir que esos rasgos de nuestra conviven23
cia también erosionan los vínculos sociales y desvirtúan el sentido de pertenencia. 5. Individualismo. Los cambios culturales fomentan un mayor individualismo, pero no es claro cómo recrean los vínculos sociales. Se abre paso a la autonomía individual, pero se reblandece el resorte solidario. Existe una especie de ensimismamiento que debilita el pegamento que construye la noción de nosotros. 6. Complejidad y fragmentación de los actores sociales. A los viejos agrupamientos sociales, sindicatos, organizaciones empresariales, etcétera, hay que sumarle ahora, un rosario de organizaciones emergentes; mujeres, ecologistas, derechos humanos, etcétera. Ello, que es un signo de vitalidad social y de ansia participativa, es también un resorte de la fragmentación que dificulta la construcción de proyectos comunes. Se forma así una especie de archipiélago, con escasos puentes de comunicación. 7. Deterioro del orden simbólico. La corrupción pública y privada, la falta de transparencia en las decisiones, la fuerza de los poderes fácticos, el acceso discriminatorio a la justicia, que inundan el espacio de la opinión pública, corroen el orden simbólico; vale decir, la clara adhesión ciudadana a un marco normativo de reciprocidad y respeto a la legalidad. 8. La brecha entre el de iure y el de facto; la igualdad es una norma jurídica, una aspiración, un valor, una guía; por desgracia, no es un hecho, sino una realidad. 24
Así, tenemos que entre igualdad jurídica y desigualdad social, entre la primera y el acceso diferenciado a la justicia, entre titularidad formal de derechos y la ineficacia del sistema judicial, se genera tal cúmulo de tensiones que acaban socavando la confianza en el sistema de justicia y, por supuesto, afectando a la propia cohesión social. En suma, la cohesión social y el sentido de pertenencia no se decretan, sino que se construyen. Las democracias en América Latina tienen el reto de remontar el déficit de cohesión social que persiste en nuestras sociedades excluyentes y discriminatorias. Dada la deficiente cohesión social que marcan las sociedades de nuestro continente, la democracia tiende a ser débil y aparentemente improductiva por la existencia de un déficit de ciudadanía y un malestar sordo en relación a la misma. La persistencia de un nosotros frágil, endeble, no sólo construye un inconsistente sentido de pertenencia, sino una valoración negativa de la vida pública, de las instituciones políticas y del sistema democrático. La sociedad se fragmenta, se escinde y las fidelidades son grupales y enfrentadas. El análisis multicitado de la CEPAL en materia de desigualdad, pobreza, vulnerabilidad y cohesión social, me parece un llamado de atención. Si bien América Latina logró mejorar las condiciones de vida de franjas muy amplias de la población –lo que se expresa en la reducción del analfabetismo, el incremento de la esperanza de vida, la baja en las tasas de mortalidad infantil, en el mayor acceso al agua potable o a la educación, y 25
seguramente el listado se podría hacer mayor–, la otra cara de la moneda no es para nada venturosa: crecimiento económico lento, pobreza masiva y persistente y desigualdad oceánica. Como ustedes saben, somos el continente más desigual, aunque no seamos el más pobre (éste es el continente africano). Estas realidades, que no pueden ni deben esconderse, escinden a la sociedad y hacen que millones de personas no puedan hacer realidad el ejercicio de sus derechos. Se trata de ciudadanos incompletos si asumimos que la ciudadanía es tal, precisamente por la apropiación de derechos civiles, políticos y sociales. La pobreza extrema inhibe y dificulta la explotación de los derechos civiles, por ejemplo, el ser tratado en términos de igualdad, digamos, por el ministerio público o el policía de la esquina. También, los derechos políticos, la precariedad en la que transcurre la vida de millones de personas dificulta la construcción de su autonomía y las vuelve vulnerables a las redes de intercambio desigual entre políticos y ciudadanos y, por supuesto, los derechos sociales. Esa desigualdad se combina con fenómenos de discriminación y exclusión y genera percepciones negativas en relación al mundo formalizado institucional y hacia la propia democracia, a la que se ve no como una forma de gobierno, lo que es, sino como una fórmula incapaz de resolver los problemas que preocupan a la gente. Según la CEPAL, en el año 2006 el 55% de los latinoamericanos afirmaban que vivían peor que sus padres, por lo que no debía sorprendernos la percepción negativa mayoritaria que existe en torno a los instrumentos públicos, a 26
los instrumentos de la democracia; es decir, partidos, congresos políticos, la impartición de justicia e incluso la sensación de segregación como parte de una comunidad Vale la pena recordar algunos resultados de las encuestas en esta materia. Sólo el 35% de los encuestados durante 2003 dijo estar de acuerdo con la siguiente afirmación: el sistema judicial castiga a los culpables, sin importar quienes son. Sólo el 24% cree que todos somos iguales ante la ley, sólo el 22% piensa que las otras personas cumplen con la ley. Y en relación a la confianza, los porcentajes hablan por sí mismos: sólo el 20% confía en los partidos, el 26 en el Congreso, el 33 en el poder judicial, el 37 en la policía, mientras en la televisión confía el 54%. Se trata de cifras agregadas para 17 países en América Latina que ilustran la profunda incredulidad en la llamada esfera de la política y, a mayor abundamiento, entre 1996– 1997 y los años 2004–2005, la satisfacción con la democracia cayó 10 puntos porcentuales, del 62 al 52%. El escepticismo en los partidos, los congresos y el poder judicial y la distancia que se guarda en relación a la democracia –que hay que decirlo: por fortuna, no tiene hoy en frente una opción que suscite más amplias adhesiones–, mucho tiene que ver con la fragmentación social, con el malestar que genera la desigualdad, con la obstrucción de los canales que hacen posible la movilidad social y fomentan la integración. Todo parece indicar que el fortalecimiento de la democracia pasa por la generación de ciudadanía y que ésta no aparece por decreto, sino que reclama operaciones com27
plejas para hacerla viable. El horizonte, entonces, debería ser el de un proyecto consciente para fomentar la cohesión social, generar el ejercicio de una ciudadanía plena y por esa vía fortalecer nuestros sistemas democráticos. Es, desde esa perspectiva, donde la propuesta de CEPAL tiene una enorme pertinencia. Se trata de construir un contrato de cohesión social que permita sellar el acuerdo y el compromiso político en torno a ese objetivo y disponer de los recursos económicos, políticos e institucionales que lo hagan viable. La idea de contrato, auque metafórica, resulta elocuente para subrayar la necesidad de participación de una serie de actores que, a través de la negociación y el acuerdo puedan forjar compromisos para aceitar los mecanismos de integración social y hacer frente a las tendencias disruptivas. Se trataría de pactar una ruta gradual, pero progresiva y exigible, de apropiación de derechos y, por supuesto, de obligaciones que comprometerían al Estado y a la sociedad, para lo cual se requiere de un financiamiento renovado y efectivo para garantizar un umbral de protección social a todos los miembros de la sociedad. Esto último, ya lo sé, se escribe fácil, pero es de muy difícil construcción. Para lograr la sustentabilidad democrática es necesario atender, también, otro tipo de problemas: aquellos que tienen qué ver con nuestro sistema de gobierno. Voy a intentar explicarme: tenemos en México un gobierno de minoría. El presidente y su partido carecen de un apoyo mayoritario en el Congreso. Se trata de un rasgo que no es coyuntural, puesto que el presidente Fox vivió en la misma situación, 28
pero que vale la pena subrayar porque, en el imaginario público e incluso entre muchos analistas, no alcanza a tener la centralidad que merece. No se trata de un adjetivo más para un gobierno, sino de una cualidad más que relevante, esencial. Bastaría con comparar la situación en la que llega el presidente Calderón al gobierno y en la que llegó, digamos, el presidente De la Madrid, para ilustrar el giro radical en el que trascurre la política en México. Retomo los datos que elaboró María Amparo Casar. En 1982, el presidente obtuvo el 74.3% de los votos, su partido tenía el 100% de los senadores y el 75% de los diputados, el 100% de los gobernadores eran del PRI, contaban con el 76% de los diputados locales y el 97% de los presidentes municipales. ¿Alguien se extrañaba por qué Giovanni Sartori ejemplificaba con México el tipo de sistema de partido hegemónico pragmático? Hoy, el presidente Calderón obtuvo el 35.9% de los votos, su partido tiene el 40.6% de los senadores y el 41% de los diputados, el 25% de los gobernadores, el 27% de los diputados locales y el 18% de los presidentes municipales. Estos datos claros, contundentes, inescapables, hablan de una distribución del poder en México impensable hace apenas 20 años. Se trata de un producto del exitoso proceso de transición democrática que remodeló la vida política del país. Esa distribución no está en duda, esa nueva realidad es del tamaño del océano Pacífico y solamente se le puede pasar por alto en el terreno de la retórica, o pero aún, desde un voluntarismo ciego. 29
El ejecutivo tiene, entonces, la posibilidad de ejercer todas sus facultades, pero –y éste es un pero mayúsculo–, para llevar adelante muchos de sus progresos de reforma constitucional y legales, para aprobar la ley de ingresos y el presupuesto, para nombrar embajadores y al procurador general de la República, entre otras, requiere del apoyo del poder legislativo. Sin embargo, no lo tiene. Este es un hecho político sobresaliente, crucial. La aritmética democrática, entonces, es elemental pero contundente. Si un gobierno y su partido o coalición tiene una mayoría absoluta de legisladores que acompañe su gestión, puede en principio gobernar en solitario, pero si un gobierno carece de la misma, está obligado a construirla con el único método que se conoce para ello, la negociación. Desde esa perspectiva, hubiese sido lo mejor la construcción de una coalición de gobierno entre dos o más partidos, capaz de sostener un programa, una serie de reformas legislativas y un modo de operación de las mismas. En esa perspectiva, la edificación de un gabinete de coalición podría haber sido parte del pacto. No un gobierno al que sólo se incorporan militantes destacados de otros partidos, no un acuerdo epidérmico sobre temas marginales, sino un gobierno de coalición que sea fruto del acuerdo entre partidos políticos diferentes y que los obligue a trabajar, de manera conjunta, en los muy diversos espacios del quehacer público, destacadamente en el ámbito legislativo. Pero esa opción, o no fue considerada o no pudo llevarse a cabo. Lo que, sin embargo, está a la vista, es que el 30
clima para la construcción de la misma no era el más propicio. Una extrema polarización entre el PAN y la Coalición por el Bien de Todos, y un PRI que se vuelve estratégico y que al parecer cree que lo mejor para éste es mantenerse de manera permanente como fiel de la balanza. Además, los partidos de nuevo registro no alcanzan a ser decisivos para la forja de una mayoría absoluta, y si a ello le sumamos la tradicional desconfianza y mala prensa que tienen los acuerdos entre partidos, la ilusión de que los gobiernos no deben ceder porque se debilitan, y que la oposición no debe pactar porque beneficia al gobierno y ella se deslava, entonces, se comprenderán las dificultades que una auténtica coalición de gobierno tiene entre nosotros, de tal suerte que el nuevo gobierno está obligado a buscar y construir acuerdos puntuales, lo que significa que las coaliciones pueden ser duraderas, intermitentes o cambiantes, lo que agrega un grado de dificultad mayúsculo a la gestión del gobierno. Sólo en el terreno de las reformas constitucionales, el Partido Acción Nacional tiene la capacidad de veto; es decir, que no se podrán llevar a cabo sin su concurso, pero cualquier modificación o creación de leyes ordinarias podía hacerlas avanzar la oposición, incluso sin la participación del partido del presidente. En los últimos años, el país configuró una serie de pesos y contrapesos en las instituciones estatales, ello es una muy buena noticia –después de décadas de poseer una presidencia todo poderosa que mantenía subordinados al resto de los poderes constitucionales–. 31
Ahora, el reto es que esa fragmentación del poder no lleve a la parálisis institucional; porque si antes teníamos alta gobernabilidad, en el sentido estrecho, entendida como la capacidad para hacer avanzar las iniciativas de gobierno y una sumisión y obediencia de los poderes a la voluntad presidencial, hoy que contamos con un equilibrio entre los poderes del Estado, se hace necesario recuperar mayores grados de gobernabilidad. En otras palabras, México tenía gobernabilidad y poderes constitucionales subordinados al presidente; hoy tiene equilibrio de poderes y problemas de gobernabilidad. Pero veamos ahora este mismo problema desde otra perspectiva, viendo la historia: A 150 años de la constitución hecha por los hombres de la Reforma y 90 años de la creada por la revolución carrancista, vale la pena revisar si el régimen de gobierno diseñado es el más apto para cumplir con dos de las metas sustantivas que es menester conjugar: la representación de la pluralidad política y la gobernabilidad. Insisto, entendida esta última como la capacidad que tiene un gobierno para hacer prosperar sus propuestas a través de las instituciones estatales. Sé que hay otras acepciones de gobernabilidad, pero me quedo con la más limitada. Pues bien, durante décadas pareció imposible que la diversidad política pudiera recrearse en el marco de las instituciones estatales y los poderes públicos. A lo largo del siglo XIX, las corrientes políticas del país vivieron en constante tensión y la preeminencia de una significaba la exclusión de la otra. No fue casual que las propias constituciones tu32
viesen el sello de conservadores o liberales y que el gobierno de unos supusiera el aplastamiento de sus contrarios. Gobiernos frágiles, conflictos armados recurrentes, golpes y contragolpes, e incluso la invasión francesa, ilustran una etapa en la que la coexistencia de las diferentes corrientes políticas en el espacio de la representación resultaba imposible. El llamado porfiriato abrió un largo paréntesis de paz o de estabilidad oligárquica, pero suprimiendo de facto buena parte de los valores liberales y democráticos de la constitución de 1857. En ese sentido, fue un régimen monocolor y luego del movimiento armado de la segunda década del siglo XX, la preeminencia de la ideología de la revolución mexicana, la construcción de un partido hegemónico, más la subordinación que el presidente logró de los demás poderes, convirtieron, de nuevo, en letra muerta las ideas centrales de coexistencia de la pluralidad: elecciones libres, división de poderes, etcétera. Fue hasta el último cuarto del siglo XX cuando en México se construyó un sistema que permitió la competencia y convivencia de la pluralidad y cuando la diversidad de partidos colonizó el espacio estatal. Cualquier observador sabe que hoy los ayuntamientos son gobernados por 6, 7 o quizá 8 partidos diferentes; que en los mismos coexiste una cierta pluralidad, que en los congresos locales se expresa una diversidad de plataformas, que en un buen número de estados de la República el gobernador y su respectivo partido no tienen mayoría absoluta de votos en el congreso local y que ello los obliga a negociar de manera permanente con la oposición; que primero en la Cámara de Diputados (1997) 33
y luego en la Cámara de Senadores (2000), se acabaron las mayorías absolutas y que cada vez las fuerzas se encuentran más equilibradas; de tal suerte que ninguna bancada puede imponer su voluntad, y que en ese marco, el presidente – antes figura todo poderosa–, tiene dificultades graves para hacer avanzar sus iniciativas. Por fortuna, el país logró que su diversidad política encontrara una fórmula para expresarse, reproducirse, convivir y competir de manera institucional, pacífica y ordenada. Hoy como nunca en nuestra historia, la representación de la pluralidad política es un hecho cotidiano, fluctuante y contundente. Ahora, sin embargo, lo que enfrentamos es un déficit de gobernabilidad. No estamos en una situación tan crítica como la que se vivió a lo largo de buena parte del siglo XIX, cuando los gobiernos se sucedían como en una rueda de la fortuna, permanente, generando administraciones efímeras y conflictos sin fin. Pero la capacidad de gobernabilidad que lograron forjar Porfirio Díaz, por un lado, y los regímenes de la revolución mexicana, por el otro, se ha difuminado, y en buena hora. La coexistencia de la pluralidad en el entramado estatal, entonces, llegó para quedarse. No existe exorcista que pueda volver al país a las rutinas del pasado; por ello, las utopías conservadoras no tienen futuro y, si ello es así, debemos plantearnos si el sistema de gobierno presidencial que pone en pie la Constitución es la mejor fórmula para conjugar representación plural y gobernabilidad. El problema de fondo es que el poder ejecutivo y el congreso en nuestro país surgen de procesos electorales independientes, concurrentes, pero independientes. Ambos, por 34
supuesto, legítimos, pero sin que existan mecanismos que induzcan a su colaboración, pueden hacerlo de manera intermitente o permanente, o no hacerlo, y quien gana la elección presidencial puede no ser acompañado en su gestión por una mayoría consistente en el congreso, eso ya le pasó al presidente Zedillo durante sus últimos tres años, al presidente Fox durante todo su periodo y le sucede al presidente Calderón. El ejecutivo, entonces, encarna un gobierno de minoría que no encuentran disposiciones constitucionales que lo obliguen o induzcan a construir una mayoría congresual de apoyo a su política. Tenemos, entonces, que la bienvenida invasión de la pluralidad de los espacios de representación se traduce, insisto, en problemas de gobernabilidad. Y todo parece indicar que una vía para superar esa situación puede ser la de inyectar algunos elementos del régimen parlamentario al presidencial, ya que el primero supone que primero se construye una mayoría en el espacio del congreso y eso posibilita la aprobación del gobierno, mientras que en el segundo se puede arribar al gobierno sin el respaldo de la mayoría de los representantes, generando, como ya lo apuntamos, agudos problemas para que el gobierno pueda hacer avanzar sus programas e iniciativas. En suma, la pregunta está planteada, y con esto termino: ¿Puede el régimen presidencial que se desprende de la Constitución conjugar de buena manera la representación de la pluralidad y la gobernabilidad? Muchas gracias por su atención.
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LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS EN RIESGO Dr. Lorenzo Córdoba Vianello Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
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uy buenos días. Para mí es un honor estar esta mañana con ustedes, así como participar de los prolegómenos de la inauguración de esta Cátedra que, sin lugar a dudas, rendirá grandes frutos. No puedo comenzar sin agradecer a las autoridades académicas de la UNITEC esta invitación para estar con ustedes. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el modelo democrático ha vivido un importante proceso de expansión y de difusión, alcanzando un grado de legitimidad como forma de gobierno del que nunca antes había gozado. Se trató, precisamente, del régimen que confrontó con éxito los experimentos totalitarios del siglo pasado. Sin embargo, hoy, los sistemas democráticos enfrentan una serie de nuevos problemas, que ha llevado a replantear su viabilidad. Se trata de fenómenos complejos que han erosionado, en el imaginario colectivo, la fuerza y los alcances que el impulso democrático llegó a tener en las últimas décadas del siglo XX. La demanda por lograr una mayor gobernabilidad de los sistemas políticos y la incapacidad para hacer frente y resolver los retos del desarrollo son dos de las 37
razones que han puesto en jaque la confianza en los procesos democráticos. Lo anterior se refleja en una paradoja a la que se enfrentan prácticamente todos los regímenes democráticos. Por un lado, la democracia es bien valorada en términos generales por la población; es decir, está bien posicionada desde un punto de vista axiológico en el imaginario colectivo, pero por el otro, sus instituciones fundamentales, parlamentos y partidos políticos, son considerados con recelo o incluso son mal vistos por la ciudadanía. Una democracia sin instituciones parlamentarias en las que la pluralidad política se represente y se cree, de cara a la discusión y a la toma de las decisiones colectivas, y sin un sistema de partidos que sirva como puente entre la ciudadanía y los órganos representativos de gobierno, acaba siendo una democracia disfuncional, desnaturalizada y que refleja esa degeneración que algunos, destacadamente Michelangelo Bovero, han definido como “democracia de la apariencia”. Esa tendencia a desvincular la concepción cotidiana de la democracia, de las de parlamento y partidos políticos, se ha materializado en varios lugares comunes, concepciones instintivas más que razonadas en esa especie de sensación colectiva que gravita y se expande peligrosamente en los países democráticos. En sí, los lugares comunes podrían parecer inofensivos, pero cuando se trata de concepciones distorsionadas referidas a los dos principales pilares del edificio democrático, corren el riesgo de acabar legitimando las reglas del juego 38
que define a ese sistema político. Peor aún, pueden servir de base, como ha venido ocurriendo en los últimos años, para formular propuestas regresivas, reaccionarias que, cobijadas bajo una presunta democraticidad, en realidad no hacen otra cosa sino minar y degenerar el funcionamiento mismo de la democracia. Me propongo analizar brevemente algunos de esos lugares comunes, los más alarmantes desde mi punto de vista, que se han venido formando en torno al descrédito de los parlamentos y de los partidos políticos, así como la consecuente serie de propuestas cada vez más recurrentes que se han desprendido de ellos. Se trata, a mi juicio, de propuestas que lejos de fortalecer a los sistemas democráticos corren el riesgo de vaciarlos de contenido, e incluso, de lesionar su representatividad. Hace casi tres décadas, el tema de la gobernabilidad de las democracias ocupaba un lugar privilegiado en el análisis político. A mediados de los años 70, la opinión más generalizada sostenía que la principal causa de la ingobernabilidad de las democracias se debía a la gran cantidad de canales que existían para que la sociedad demandara bienes y servicios al Estado. En otras palabras, la gran expectativa generada por el estado de bienestar habría sobrecargado de demandas a las instituciones públicas, sobresaturándolas y provocando que sufrieran una fuerte pérdida de legitimidad, dada su incapacidad para satisfacerlas. Sin embargo, en la última década, la idea de gobernabilidad se ha centrado esencialmente en la capacidad de combinar legitimidad, eficacia y estabilidad en el ejercicio 39
del poder político. En otras palabras, por gobernabilidad se entiende la capacidad del Estado para tomar decisiones de manera eficiente, eficaz y rápida. Desde esa perspectiva, resulta obvio que el fenómeno de gobiernos divididos, en donde faltan mayorías predefinidas en los órdenes legislativos, y en donde se presenta un consecuente aumento de tensión entre éstos y el poder legislativo, implica un déficit en términos de gobernabilidad. No es casual que, en un contexto similar, el legislativo lleve la carga de la responsabilidad de la parálisis o el retraso en la toma de las decisiones. Así lo demuestra, por ejemplo, el sugestivo lema del programa cívico que hace unos años hizo público la COPARMEX, que tituló: “Que el Congreso funcione”. Desde la perspectiva de la gobernabilidad así entendida, parecería que una lógica deliberativa y consensual como la que rige el funcionamiento de los órganos legislativos, se presenta como un obstáculo, más que como un aliciente de aquella. En tiempos recientes, esa situación ha generado lugares comunes como los siguientes, y que enumero simple y sencillamente: 1. La incapacidad de los legisladores para tomar decisiones que en ocasiones son urgentes, achacándoseles así como falta de atención y desconocimiento de los problemas, así como una grave insensibilidad política para reconocer y resolver los asuntos que más apremio y necesidad de solución demandan. Se dice que los legisladores que pertenecen a los partidos de oposición buscan, por conveniencia política, bloquear y descalificar las iniciativas y propuestas del gobierno. 40
Sin embargo, se olvida que la discusión y la negociación entre las estructuras encontradas, propias de la vida parlamentaria democrática, complica la toma de las decisiones, aunque también es cierto que las dota de una mayor legitimidad, porque resultan de consensos. 2. La improductividad legislativa. Abundan los análisis que, a partir de diversos indicadores, como el número de iniciativas presentadas frente a los dictámenes aprobados, miden la productividad de los órganos legislativos; no obstante, de esta manera, se olvida que la medición del trabajo parlamentario, sólo en términos cuantitativos, pasa por alto que un buen trabajo legislativo implica hacer buenas leyes y no muchas leyes. 3. La pérdida de tiempo en discusiones vacías e inocuas, inadecuadas e irrelevantes de cara a las verdaderas necesidades de la sociedad. 4. La existencia de una clase parlamentaria ociosa y viciosa. En ese sentido, son frecuentes, por ejemplo, los señalamientos de los altos sueldos de los legisladores, así como las escenas en las que se vende la idea de una clase legislativa compuesta por vagos y rijosos. 5. Por último, los altos costos de las instituciones parlamentarias. Esta percepción del parlamento y de la vida parlamentaria ha abonado el terreno a un conjunto de propuestas que, por decir lo menos, son regresivas y que resulta necesario comentar y desmontar. En primer lugar, aquella que plantea la reducción del número de legisladores. Esta idea pretende aminorar los 41
costos de la democracia y facilitar la búsqueda de consensos bajo el supuesto de que hay un número menor de individuos que deben ponerse de acuerdo. Por lo que hace al costo del funcionamiento de las democracias, hay poco que decir. En primera instancia, y de manera sólo aparente, estos sistemas pueden parecer más caros si se les compara con las autocracias, pero esa es una falta de apreciación debida a dos razones: la primera es que la rentabilidad de los sistemas democráticos debe medirse no en términos económicos sino desde el punto de vista de sus beneficios, en términos políticos, es decir, en el grado de libertad política de sus gobernados y la estabilidad que generan a largo plazo, principalmente. La segunda razón, es que las autocracias, es decir, aquellos sistemas en los que el ejercicio del poder es vertical, donde no existen contrapesos y donde no existen controles, siempre son más caros. De hecho, la misma autocracia ha sido definida, incluso, como la forma de gobierno en donde la corrupción es institucionalizada. Por otra parte, la creencia de que un número menor de legisladores se traduciría en condiciones más propias para generar consensos, se olvida del carácter democrático que reviste la representación política. En efecto, dicho carácter depende de que la composición política de la sociedad, se vea real y efectivamente reflejada en los órganos decisionales. Si en los órganos legislativos no está expresada la composición de las diversas orientaciones políticas de una sociedad en su real proporción, entonces se corre el riesgo de que la regla de oro de la democracia, según la cual la mayo42
ría decide en los hechos, no se cumpla y, eventualmente, sea una minoría, sobrerrepresentada, la que plasme su voluntad en las leyes que obligan a todos. Inevitablemente, a partir de las mismas reglas para su integración, un parlamento numéricamente pequeño conlleva a un mayor grado de distorsión de la representación, que un órgano más numeroso. No hay fórmulas para determinar el parlamento ideal, pero en todo caso, debe tomarse en cuenta el hecho de que un órgano –entre más numeroso sea–, por definición resulta más representativo que uno pequeño. Además, históricamente, en el caso de México, la propuesta para abrir y mejorar la representación de la pluralidad política pasó, precisamente, por incrementar el número de curules, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. En segundo lugar, la propuesta que plantea la eliminación o limitación del principio o restricción del principio de representación proporcional. Hay distintas experiencias internacionales en las que los sistemas electorales proporcionales se han sustituido por mecanismos de mayoría, o bien, que han introducido cuotas mayoritarias junto a las proporcionales ya existentes –el caso de Italia, por cierto–. Entre las razones del auge del sistema mayoritario, pueden ubicarse las siguientes: a) La confusión entre el principio de que la mayoría elige con la regla democrática, de que la mayoría decide. 43
b) La falsa percepción de que el método de elección por mayoría genera una compactación de la representación política, mientras que el sistema proporcional la fragmenta. c) La equivocada creencia de que se propicia sólo la representación de fuerzas políticas mayoritarias, inhibiendo la presencia de opciones poco significativas. d) La consecuente reducción del fenómeno del «consociativismo». e) Se genera una mayor gobernabilidad. Frente a estas razones, es oportuno recordar la razón de ser histórica del método proporcional, que es la de representar, de la manera más fiel posible, la pluralidad política de una sociedad; es decir, hacer que la integración de los órganos de representación coincida, en sus grandes líneas, con la diversidad de los ciudadanos representados. A diferencia de los sistemas mayoritarios puros, los proporcionales pretenden limitar, en la medida de lo posible, los efectos de la sobre y subrrepresentación de las distintas fuerzas políticas. En ellos consiste, precisamente, su valor desde un punto de vista democrático. Eliminar o reducir la cuota de representación proporcional para generar mayor estabilidad o gobernabilidad significa desconocer sus alcances y beneficios democráticos. Ello, además, resulta particularmente notorio en casos como el mexicano, donde no debemos olvidar que la introducción de una cuota proporcional en 1977, y su posterior expansión en las reformas posteriores, constituyeron el punto de partida, y en buena medida, una de las principales cau44
sas generadoras de la democratización de nuestro sistema político. Tercera propuesta: la introducción de instrumentos de democracia directa. Existe una tendencia cada vez más importante a introducir y utilizar en diversas constituciones los llamados mecanismos de democracia directa, el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación de mandato. Sin ahondar en el análisis puntual de cada una de estas figuras, es pertinente, me parece, una reflexión sobre el presunto carácter democrático de tales instrumentos. Parto de una premisa: los instrumentos refrendarios pueden ser, si se utilizan de forma ocasional y con múltiples candados y salvaguardas eficaces, útiles complementos; insisto, complementos, de la democracia representativa. En cambio, su abuso y utilización ligera pueden acarrear graves peligros para el adecuado funcionamiento de los sistemas democráticos y llegar, incluso, a su vaciamiento. La esencia misma de la democracia se desprende de la confrontación y discusión de los distintos puntos de vista de manera previa a la decisión; sin embargo, los instrumentos plebiscitarios no llevan aparejada esa discusión, sino que constituyen, sin más, el sometimiento de ciertos asuntos a la espontánea consulta popular. En realidad, mediante estos mecanismos se puede optar sólo por dos alternativas posibles: sí o no, cuando la complejidad de las decisiones públicas no puede ser reducida, sino en casos muy excepcionales, a tal disyuntiva. 45
Hay, además, dos problemas de suma relevancia. Uno, ¿quién detenta el poder de formar la pregunta que se someterá a la consulta? Facultad absolutamente relevante, pues del modo de que se plantee ésta, puede depender en gran medida el sentido de la respuesta. Y, dos, ¿quién garantiza que el comportamiento de los medios de comunicación masiva, de formadores incuestionables de la opinión pública frente a los ejercicios refrendarios, será imparcial? Es decir, en otras palabras, que la voluntad de los ciudadanos, llamada “la consulta”, se formará de manera libre. No olvidemos, por último, que la llamada democracia plebiscitaria es todo menos democracia. Se trata, por el contrario, de aquel sistema pensado por Karl Schmitt, en el que el papel del pueblo se limitaba a la mera aclamación de las decisiones de su jefe, del Führer, precisamente. Cuarta y última propuesta: el reforzamiento del ejecutivo. Esta es una de las tendencias naturales que se presentan para propiciar una mayor gobernabilidad, particularmente de cara a escenarios de gobiernos divididos. Esta tendencia ha cobrado vigencia en México a partir del año 2000. Paradójicamente, estos planteamientos se formulan en un contexto institucional en el que, si bien las nuevas circunstancias y equilibrios políticos han provocado la desaparición de las atribuciones así llamadas metaconstitucionales del presidente, sus grandes atribuciones constitucionales siguen siendo substancialmente las mismas que tiene desde 1917. Nadie pretende tener un presidente orillado a la incapacidad, sería absurdo plantearlo, pero el problema de la gobernabilidad de un sistema democrático no pasa por el 46
reforzamiento de sus facultades, sino por la capacidad y existencia de vías jurídicas y políticas adecuadas para lograr los acuerdos. En dado caso, lo que hay que explorar son aquellos mecanismos institucionales que induzcan y propicien los consensos, más que pensar en el fortalecimiento de una figura que, constitucionalmente, goza de grandes facultades y que fue el eje del sistema autoritario que antes se dio al proceso de cambio político. Pero no se trata de una tendencia exclusiva del caso mexicano. En todo el mundo existe la propensión a generar instituciones ejecutivas fuertes en aras de una mayor eficacia y estabilidad de los gobiernos. Sin embargo, no debe olvidarse que la democracia es una forma de gobierno que se funda, precisamente, en una distribución del poder político y que el moderno estado constitucional pasa, ante todo, por evitar cualquier concentración de poder y por la construcción de diques y límites para salvaguardar los derechos de los gobernados. Sin pretender ser refractario a las ideas de eficacia y estabilidad, no debemos sobreponer las mismas a la idea de democraticidad. De manera paralela al descrédito que pesa sobre los órganos del poder legislativo, también se ha ido generando una crisis de legitimidad de los partidos políticos; crisis que también, en este caso, se traduce en conjunto en otra serie de lugares comunes que dominan la opinión pública colectiva. Estos son, en primera instancia, el descrédito generalizado de la política. No hay que olvidar que los partidos son piezas centrales del funcionamiento de los sistemas demo47
cráticos y su desprestigio implica, automáticamente, el deterioro de la tarea política. Es común, en ese sentido, ver aparecer nuevas banderas políticas que, paradójicamente, sostienen un distanciamiento de la política en aras de capitalizar el rechazo a las clases dirigentes tradicionales. Dos: el elevado costo de los partidos. Se suele señalar que el funcionamiento de los partidos políticos es demasiado caro, concepción que cobra fuerza en países como el nuestro, en donde los elevados índices de pobreza y desigualdad son ominosos. Tres: la falta de representatividad y de democracia interna de los partidos políticos. Cada vez es más frecuente escuchar que los intereses que los partidos representan poco o nada tienen que ver con las preocupaciones, con las necesidades y con las demandas de la sociedad. En ese sentido, las dirigencias y los representantes populares elegidos a través de los partidos, vienen a plantearse como grupos de individuos colocados por encima y separados de las bases de ciudadanos que militan en dichos partidos. A ellos se aúna la visión generalizada de que las cúpulas dirigentes constituyen verdaderas oligarquías partidistas, elites que concentran el poder y excluyen a los militantes de los procesos decisionales internos, en particular el de la selección de las candidaturas. En ese sentido, si bien es cierto que una importante corriente teórica sostiene que los partidos son instrumentos para que diversas elites contiendan por el poder político de una sociedad, también lo es que los partidos se fundan en el derecho de asociación política, lo que implica el conoci48
miento de ciertas prerrogativas para sus afiliados y la necesidad de procesar democráticamente las decisiones. Y cuatro, la existencia de una gran fragmentación de la vida política provocada por muchos partidos que expresan posiciones irrelevantes de la sociedad. Desde esta perspectiva el excesivo pluralismo y la presencia de demasiados partidos afecta tanto, se dice, la generación de consensos como la posibilidad de crear condiciones para una gobernabilidad efectiva, ello, se sostiene, porque la pluralidad de actores políticos complica los márgenes para completar acuerdos al abrir numerosos frentes de negociación y concertación. Adicionalmente, el gran número de partidos, también se dice, abre la posibilidad para que se presente el fenómeno del consociativismo. En ese escenario, un partido poco relevante por las adhesiones que consigue generar resulta indispensable para lograr tomar una decisión y, en consecuencia, estaría en condiciones de poder exigir beneficios que no corresponden a sus dimensiones y peso político; desnaturalizando así, se dice, toda la lógica del sistema democrático. A partir de estas concepciones comunes se han vuelto recurrentes algunas propuestas que, de manera consciente o inconsciente, implicarían un debilitamiento del sistema de partidos. Creo que, en estos casos, hay una conciencia clara respecto de lo que traen consigo las propuestas y, en consecuencia, un adelgazamiento de la calidad democrática de los sistemas políticos. Estas propuestas son, entre otras y de manera emblemática, uno, reducir o acotar el número de partidos políticos. 49
Desde hace varios años ha venido cobrando fuerza la propuesta de restringir el número de opciones políticas como una manera de compactar la representación nacional y de propiciar mejores condiciones para la formación de mayorías estables. Existe la creencia difundida de que los problemas de la gobernabilidad dependen directamente de la fragmentación política que un sistema de partidos multipartidista produce. Si bien esa postura se basa en la consideración de que sólo las fuerzas representativas deberían tener la oportunidad de contender y de integrar los órganos de representación política, excluyendo, en consecuencia, a los partidos pequeños y que la presencia de estos últimos les confiere un peso desproporcionado frente a su presencia electoral en el momento de tomar las decisiones, vale la pena, en todo caso, preguntarse: ¿El que un partido pequeño adquiera una relevancia política desproporcionada –por el hecho de hacerse necesario para tomar un acuerdo– resulta algo característico de aquellos sistemas políticos fragmentados, o también de aquellos en los que habiendo pocos partidos ninguno tiene la capacidad de generar una mayoría? ¿Excluir a fuerzas políticas por su peso electoral no acaba dejando al sistema de partidos como un sistema inmóvil y autorreferencial? ¿No es una manera de sacrificar –en el altar de una pretendida gobernabilidad– al pluralismo político o, peor aún, a sabiendas de que la ecuación de pocos partidos no se traduce necesariamente en una mayor gobernabilidad? 50
Pensamos que el hecho de que un sistema político tenga muchos partidos no es tanto consecuencia de un mal diseño institucional –como el que si hubiera muchos partidos fuera de por sí malo–, sino más bien de una sociedad plural y diversa que no encuentra causa en un modelo bipartidista o tripartidista. Intentar reducir artificialmente el número de partidos para generar más gobernabilidad se traduciría en una merma evidente del carácter democrático representativo de nuestro sistema político. También, en este caso, la historia enseña que la apuesta democrática de México consistió, precisamente, en abrir las puertas a nuevas opciones políticas e incorporar a partidos que arbitrariamente habían sido excluidos de la arena electoral. Pensar en reducir el número de partidos políticos se convierte así, en una postura regresiva, además, de que, según mi punto de vista, es antidemocrático. En segundo lugar, la necesidad de aceptar las candidaturas independientes. Esta es una de las propuestas que con más frecuencia se escuchan como una alternativa frente a la, cada vez, más difundida situación de crisis de los partidos políticos. El análisis de esta propuesta no puede hacerse desatendiendo un grave fenómeno que aqueja a las democracias contemporáneas, el de la personalización de la política. Esta situación, que se sintetiza en que la máxima de que importan más las caras que las ideas y que los programas, se ha visto favorecida por la creciente importancia que vienen adquiriendo los medios electrónicos de comunicación en la contienda política. La llamada mercadotecnia política, sin duda, juega un papel más relevante en los pro51
cesos electorales, pero inevitablemente introduce una lógica que es totalmente ajena, e incluso contraria, a la del juego que define a la democracia representativa. Los medios masivos de comunicación, y de manera particular los electrónicos, se rigen invariablemente por las reglas del mercado, y es bajo esa premisa con la que abordan las campañas políticas. Por su propia naturaleza, los programas radiales y televisivos se orientan en pos de impactar a su auditorio con el producto que promocionan y, sobra decir que, las ideas y los programas políticos son productos muy poco atractivos. Resulta entonces explicable que más que su ideología y sus programas políticos, los partidos opten por ofrecer en los medios electrónicos a sus candidatos como productos. De esta manera acaban siendo más importantes en la contienda electoral aspectos propios de la mercadotecnia publicitaria que los elementos definitorios de la democracia. Cuenta más el dinero invertido en la producción de la transmisión, el aspecto físico, los gestos, el lenguaje, el carisma del candidato, que el credo político, la doctrina, el programa, la opción política que éste representa y las propuestas que lo diferencian de los demás. Por ello, si se acepta que la personalización de la política constituye un verdadero problema de las democracias de nuestro tiempo, entonces, las candidaturas independientes no hacen sino acentuar ese problema. Por otra parte, el monopolio de las candidaturas por parte de los partidos políticos tiene una razón de ser. Los propios partidos constituyen centros de agregación de consensos en 52
torno a proyectos políticos, es decir, respecto de maneras de concebir el ejercicio del poder y para ello deben contar con declaraciones de principios y con programas para actuarlos. En otras palabras, se trata de sumar voluntades en torno a determinados programas e ideologías. La posibilidad de que un individuo contienda en un proceso electoral, por sí mismo, por sí solo, reduce la posibilidad de que la generación de consensos en torno a un programa ocurra. Ello, sucede más bien en torno a la figura de un líder carismático e históricamente, hay que recordar, en muy pocas ocasiones los líderes carismáticos se identifican con los procedimientos y los valores democráticos, En tercer lugar, finalmente, la propuesta de eliminar o en todo caso reducir el financiamiento público. La idea de que la política cuesta mucho también se ha traducido en la demanda de que los partidos reciban menos dinero. Sin embargo, debe de reconocerse que un sistema de partidos incluyente y vigoroso, en el que la pluralidad política de una sociedad se exprese y se recree permanentemente dando origen a una representación nacional, democráticamente representativa, y en el que las diversas opciones políticas compitan por las preferencias ciudadanas en condiciones de equidad, implica una erogación importante de recursos. Esa fue la postura que sostuvieron las reformas electorales y los resultados en México, y los resultados están a la vista. Un sistema de partidos competitivo, alternancia, equilibrio de poderes, pesos y contrapesos; en suma, la expansión formal y sin cortapisas de los fenómenos propios de la competencia y de la convivencia democrática. 53
En numerosas ocasiones han sido señaladas las virtudes del actual modelo de financiamiento en nuestro país; en primer lugar, por cómo la apuesta por el aumento de los recursos públicos invertidos en los partidos y su preeminencia sobre el dinero privado ha permitido condiciones equitativas en la contienda política, ha transparentado los recursos de los partidos y los ha salvaguardado de intereses corporados o eventualmente, incluso, delincuenciales. Lo anterior, sin lugar a dudas, no está contrapuesto con un racional ahorro de recursos o con una sana política de austeridad, pero ese hecho no debe traducirse en el pernicioso planteamiento de establecer una política de ahorro que ponga en riesgo el equilibrio, buen funcionamiento y dinamismo de sistema de partidos con base en la lógica de quienes consideran que éstos tienen costos elevados. Como puede observarse, a la par del desencanto que enfrenta la democracia, surgen propuestas que, a partir de lugares comunes, atractivos, representan algunos de los riesgos más graves que hoy enfrentan los sistemas democráticos, más peligrosos porque constituyen una aparente consolidación de los mismos siendo que erosionan a la democracia desde sus fundamentos. Al respecto vale la pena hacer una última consideración: una democracia vigorosa y funcional pasa por el reforzamiento de todas las instituciones del Estado y no por una merma de las figuras democráticas; por excelencia, insisto, los parlamentos y los partidos políticos. No creo que esas dos instituciones fundamentales de la democracia estén exentas de una revisión crítica, pero la misma debe hacerse 54
a partir de un balance ponderado y razonado a la luz de su importancia y centralidad, en los sistemas democráticos y no de una mera descalificación fortuita, instintiva, e incluso inducida por tendencias francamente antidemocráticas. Pensar en fortalecer esta forma de gobierno, la democracia, implica fortalecer y no mermar a sus instituciones representativas. A fin de cuentas, son las dos instituciones que, por su naturaleza, constituyen los espacios en los cuales se puede propiciar y alentar la formación de acuerdos. Y es en la permanente búsqueda del consenso, en donde una importante tradición de pensamiento que va de Kelsen a Bobbio, ha identificado, precisamente, el elemento distintivo de la democracia. Muchas gracias.
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INSTAURACIÓN DE LA CÁTEDRA: "POR LA DEMOCRACIA Y EL DERECHO" Ing. Raúl Méndez Segura Rector del Sistema de la UNITEC
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uy buenos días, doctor Michelangelo Bovero, maestro José Woldenberg, compañeros del presidium, invitados especiales, miembros del claustro docente, alumnos y alumnas del Sistema de la UNITEC que nos ven y escuchan en todo el país. Nuestra casa de estudios cierra con este evento la celebración de su 40 Aniversario y la mejor manera de hacerlo es con la Cátedra: «Por la Democracia y el Derecho», que en breve tendré el honor de instaurar. Por ello, agradezco al doctor Michelangelo Bovero, destacado académico de la Universidad de Turín, haber aceptado ser el primer ocupante de la misma. Asimismo, doy las gracias al maestro José Woldenberg, participante notable en la vida democrática de nuestro país; al doctor Lorenzo Córdova, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como a todos los invitados especiales que nos honran con su presencia. Los avances democráticos tenidos en nuestro país en los últimos años han sido significativos; sin embargo, estamos 57
convencidos de que aún falta mucho por hacer. Por ello, la UNITEC contribuye con esta Cátedra, para crear a través de ella un espacio de reflexión que permita la libre discusión de las ideas en torno a la democracia. La democracia –estamos convencidos– se encuentra arraigada en el ser humano por el hecho de vivir en sociedad y en ella el conjunto de individuos, familias e instituciones persiguen la superación de sus integrantes. Dicha superación sólo es posible en un marco de convivencia armónica, y para lograr esta armonía, es inevitable sujetarse a normas y códigos de conducta. Las normas y códigos para tener eficacia deben ser producto de los acuerdos, y éstos demandan la participación de los integrantes de nuestra comunidad, para que en su seno se concilien las expectativas personales, los intereses comunitarios y los deseos y necesidades de convivencia. Lo anterior sólo es factible en el marco de la democracia; por ello, a través de esta Cátedra convocamos a los expertos provenientes de la política, de la academia y, en general, de la sociedad, para sumarse a los esfuerzos y contribuir al fortalecimiento y democratización de las instituciones. La democracia no es un asunto que ataña sólo a las instituciones del Estado, sino que involucra a todas las instituciones sociales y a todos los miembros de la comunidad. En este contexto, también corresponde a las empresas productoras de bienes, ofertadoras de servicio y en general a todas las instituciones sociales, democratizarse en su interior. Por otra parte, a las instituciones educativas, dada la trascendencia de su actividad, les corresponde vivir, promover y 58
educar a los ciudadanos en la tolerancia y en las ideas, en el respeto de la ley y de las instituciones, en el reconocimiento y aceptación de la diversidad. Así, pues, la UNITEC asume el compromiso de contribuir al fortalecimiento de la democracia en nuestro país y lo vuelve una realidad a través de esta Cátedra: "Por la Democracia y el Derecho". Muchas gracias.
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DECLARATORIA Ing. Raúl Méndez Segura Rector del Sistema de la UNITEC
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a Universidad Tecnológica de México cree en el valor del humanismo porque fortalece y dignifica nuestra condición de seres humanos. Consciente de su responsabilidad social como institución educativa de alto prestigio y de acuerdo con su misión y filosofía institucional, declara: Concebimos al estado moderno como una organización donde la división de poderes alienta el progreso y la sociedad y cuya legitimidad descansa en la democracia. Por ello, en el marco de su 40 Aniversario, el día de hoy, 22 de octubre de 2007, en la delegación Coyoacán del Distrito Federal, siendo las 11:25 horas, declaro solemnemente instaurada la Cátedra: "Por la Democracia y el Derecho".
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SEMBLANZA DEL DR. MICHELANGELO BOVERO Dr. Carlos Muñoz Rocha Director General de Desarrollo Académico de la UNITEC
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octor Bovero: recordará que hace un año estuvimos con usted, haciéndole una invitación cordial para contar con su invaluable presencia. Ahora, me manifiesto doblemente agradecido, porque ya está usted aquí y porque ha hecho realidad lo que era un anhelo de nuestra institución. Gracias también a todos los que contribuyeron a la instauración de esta Cátedra; al doctor Lorenzo Córdova, al ingeniero Andrés Milla, al ingeniero Galicia, al señor rector; quienes en realidad lograron esto; ya que nosotros sólo fuimos simples intermediarios. Paso a dar lectura al currículum del doctor Bovero; cuyo solo nombre bastaría para saber quien es. Nace en el Turín de la postguerra, convulsionado y, por ello –creo yo– eso influye en su orientación al estudio de la filosofía política. Doctorado en filosofía por la propia universidad de Turín, profesor ordinario de esa misma universidad, discípulo de Norberto Bobbio, sucesor del mismo en la titularidad de la cátedra de Filosofía Política de la Universidad de Turín; es compilador de investigaciones políticas y argumentos para el discenso. 63
Ha publicado, en colaboración con Bobbio, Sociedad y Estado en la filosofía política moderna, El modelo iusnaturalista y el modelo hegeliano-marxiano, Origen y fundamentos del poder político. Escribe también: Teoría de las elites: Hegel y el problema político moderno. Tiene un libro que ha causado verdadero impacto: Una gramática de la democracia: contra el gobierno de los peores. Tiene numerosísimos artículos y ensayos en revistas latinoamericanas. Es miembro del comité editorial de la revista italiana Teoría Política; encargado con Luigi Bonanate de la recopilación y publicación de escritos dedicados a Norberto Bobbio y publicados bajo el título: Teoría general de la política. Coordina con Paolo Comanducci y con Remo Bodei, de la Escuela Superior de Pisa, el Seminario Interinstitucional de Filosofía Política. En una serie de ensayos, ha afrontado los principales temas del debate filosófico político contemporáneo; en particular, sobre los temas de la democracia, la tolerancia y los derechos humanos. En los últimos años se ha dedicado a la interpretación y reconstrucción sistemática del pensamiento de Norberto Bobbio, y bajo su cuidado ha tenido la obra: Del fascismo a la democracia. Periódicamente imparte cursos y conferencias en España y Francia, entre otros lugares de Europa; en Brasil y, con particular interés, en México. Así pues, doctor, se impone, y permítame decirle: grazie infinite. Y a todos ustedes, muchas gracias.
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EDUCAR PARA LA DEMOCRACIA Ing. Uriel Galicia Negrete Vicerrector de Operación Académica del Sistema de la UNITEC
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ngeniero Raúl Méndez Segura, rector del Sistema de la UNITEC, doctor Bovero, maestro Woldenberg, doctor Córdova, compañeros del presidium, miembros del claustro docente, alumnos y alumnas del Sistema de la UNITEC, distinguidos invitados. La UNITEC, una de las universidades privadas más importantes del país, asume con la instauración de esta Cátedra universitaria su compromiso con la democracia en México, convencidos de que la democracia constituye el proceso que permite a los países avanzar en el desarrollo y afianzar los valores de libertad y justicia, sobre los cuales se construye la identidad y sobre todo la unidad nacional. Como todos sabemos, el estado democrático y el orden jurídico por él establecido es el marco para conciliar las expectativas personales con los intereses comunitarios y supremos de la nación. Por ello, el estado democrático demanda la transformación de los ciudadanos y en este sentido la educación es el medio que propicia esta transformación positiva, además de fortalecer su capacidad y su actitud de servicio hacia la sociedad. 65
Para la UNITEC, la educación no es sólo un satisfactor de alto valor social, sino también el principal promotor del desarrollo. Es a través de la educación que podemos actuar en favor de las grandes causas del país. Nos realizamos como personas, nos identificamos con la sociedad y trabajamos en su beneficio. Mediante la educación promovemos el valor de la libertad, ubicado en un contexto de conciencia y responsabilidad; es decir, educamos en la democracia. Ahora bien, cuanto más educado es un individuo, mayor será su capacidad para conocer y entender, entenderse a sí mismo, a las instituciones, a los demás y a la sociedad, así como para ser autónomo en sus pensamientos y decisiones. Por otra parte, si bien la educación permite afianzar la libertad de los individuos, también los hace conscientes y respetuosos de la libertad de los demás, de la existencia de normas que concilien las libertades de los individuos en sociedad. La educación democrática reconoce y respeta la individualidad, pero en ese reconocimiento enseña a asumir una responsabilidad ante la sociedad. En este marco de responsabilidad social y de educación democrática, el desarrollo del país se piensa como un proceso encaminado a generar riqueza y bienestar social; pero, sobre todo, un proceso ordenado en el que los hombres y mujeres se conduzcan en un marco de respeto al patrimonio cultural, a la naturaleza, a los demás, a sí mismos y al imperativo impostergable de lograr un crecimiento económico sostenido y sustentable. Democracia y educación son un binomio inseparable: no hay democracia sin educación ciudadana, pero no hay auténtica educación sin democracia. 66
Decía el maestro Norberto Bobbio: "Derechos del hombre, democracia y paz son tres elementos necesarios del movimiento histórico". Sin derechos del hombre, reconocidos y protegidos, no hay democracia; sin democracia no existen las condiciones mínimas para una solución pacífica de los conflictos. Es un hecho que la necesaria convivencia humana nos pone inevitablemente de frente a la democracia. En el estado democrático, todo mundo es libre; en consecuencia, puede hacer de sus bienes y de su persona lo que le parezca. Por tal motivo, el reto del estado democrático es lograr la convivencia de la libertad de uno frente a la libertad de los demás. La legitimidad del Estado descansa en la democracia y ésta se afianza en los valores de libertad y justicia como valores supremos de la convivencia, de tal manera que el parámetro moral de la sociedad es el respeto a la libertad y a la realización de la justicia. Educar moralmente al ciudadano es educarlo en la libertad y para la libertad, en la justicia y para la justicia. Educar al ciudadano para ser libre y justo es educarlo para la democracia. Muchas gracias.
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CONFERENCIA
DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA A LA DEMOCRACIA ELECTIVA CONSIDERACIONES SOBRE LAS TENDENCIAS DEGENERATIVAS DE LOS REGÍMENES DEMOCRÁTICOS EN EL MUNDO ACTUAL Dr. Michelangelo Bovero Director de la Cátedra de Filosofía Política de la Universidad de Turín, Italia
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lustres autoridades académicas, estimados colegas y queridos amigos: Inaugurar una nueva Cátedra, especialmente si lleva un nombre tan comprometedor como: "Por la Democracia y el Derecho", trae consigo un gran honor y una gran responsabilidad. Sin duda, la persona que es elegida para dictar la sesión inaugural siente de manera especial el deber de expresar su agradecimiento por el honor con que se le ha distinguido. Pero los que me conocen saben que los honores me colocan en una situación incómoda. Como defensa recurriré a una estratagema original y tal vez extravagante: mis más sinceros y emotivos agradecimientos no los recibirán al inicio, como naturalmente se acostumbra, sino al final de mi intervención. 69
Y para calmar la tensión que acompaña en todas las ceremonias solemnes, como ésta, iniciaré mi exposición, si me permiten, con un tono un poco ligero. ¿Qué cosa es la democracia? Es un juego, comúnmente es considerado y también vivido como muchos protagonistas, como un juego conflictivo, como una guerra, una guerra ritualizada, como un partido de fútbol donde lo que importa es ganar. En las democracias de nuestro tiempo, los ciudadanos comunes participan en el juego como verdaderos protagonistas sólo en el momento de las elecciones. En las otras etapas, son meros asistentes, son espectadores del juego, y no siempre divertidos. No sólo, también cuando siguen de cerca las campañas electorales, incluso cuando votan, se comportan como aficionados de un equipo. Pero es un error, un gran error, reducir la política a un juego conflictivo, a una especie de guerra ritualizada como el fútbol. Un error que muchos continúan cometiendo, no sólo en la práctica sino también en la teoría, con consecuencias que en algunas ocasiones son trágicas, en otras sólo grotescas o tragicómicas; por ejemplo, en Italia, en donde existe un famoso personaje que es comúnmente denominado por los periodistas como "presidente", y no se sabe si se dirigen a él en cuanto a ex presidente del Consejo de Ministros, Primer Ministro, o bien como presidente de su propio partido, inventado de la nada, en 1994, y bautizado "Forza Italia", "Fuerza Italia", que es el grito de los aficionados de la selección nacional italiana de fútbol, o bien, como ex gobernador pre70
sidente de Mediaset, su empresa televisora, o del holding Fidinglest, que está bajo su control, o bien, como presidente del Milán, el equipo de fútbol de su ciudad. Bueno, la política no es la continuación de la guerra con otros medios –a la inversa de lo que decía Foucault–, o una guerra ritualizada como el fútbol. Es, por el contrario, un complicado juego mixto, como dirían los expertos en la teoría de los juegos. Ciertamente, existe una dimensión conflictiva que es imposible de eliminar porque está vinculada con la lucha por la conquista del poder, pero esta dimensión pierde sentido si se absolutiza, si no se le considera en relación con la dimensión que tiene en el ejercicio del poder público y de su función esencial. El poder público tiene una razón de ser, propiamente no conflictiva, y que es, por el contrario, anticonflictual; pues busca impedir que los conflictos de intereses, de aspiraciones, de ideales entre los individuos y los grupos disgreguen a la sociedad, lastimen el tejido de la convivencia civil, de la cual depende la existencia de todos y de cada uno de nosotros. En otras palabras, ejercer el poder público, gobernar, significa resolver los conflictos, resolver de una forma o de otra, regular la vida colectiva, disciplinar los comportamientos. Haciendo una simplificación drástica, el juego político, en general, tiene su origen en los contrastes existentes entre las diferentes perspectivas sobre la regulación de la vida social, así como del conflicto que media entre los individuos y los grupos que lo sostienen. Culmina el juego político con la afirmación de una de esas diversas perspectivas de gobierno; es decir, de una orien71
tación, de una directriz política que logra prevalecer de un modo o de otro sobre las demás. Finalmente, el juego político se traduce en la instauración de un orden político, de cualquier tipo, bueno o malo, a través de la imposición de decisiones correctivas, mandatos, normas que son vinculantes para todos, inclusive para aquellas personas que no las compartan. Pero el juego político tiene diversas variantes posibles. Hay variantes institucionales, en las cuales una directriz política puede imponerse como fuente de decisiones colectivas, tantas como el número de regímenes políticos que existan; es decir, como el número de formas de gobierno, en el sentido más amplio de la expresión. Las formas de gobierno se distinguen entre sí a partir de las reglas constitutivas, que en cada una de ellas establecen el quién y el cómo de la decisión política. Quién, es decir, cuántos y cuáles sujetos tienen el poder de participar en el proceso decisional, y, cómo, ésto es a través de cuáles procedimientos debe desarrollarse el proceso. El régimen democrático es una variante específica del juego político, y se distingue de los demás regímenes; es decir, de la otras posibles formas de juego político por sus propias reglas específicas, o sea, por una clase determinada de respuestas a las preguntas relativas al quién y al cómo de las decisiones políticas. Si no establecemos cuáles son las reglas, no podemos saber qué juego estamos jugando. Así, si no establecemos cuáles reglas son democráticas, no podemos juzgar si los regímenes reales, a los cuales llamamos democracias, merecen realmente ese nombre. 72
Pero, ¿cómo es posible establecer si una regla del juego político es democrática o no?, ¿con qué criterio? Hemos aprendido de los antiguos a llamar democracia a un régimen donde las decisiones colectivas, las normas vinculantes para todos, no emanan de lo alto –de un sujeto, monarca o tirano, aristócrata u oligarca, que se coloca por encima de la colectividad–, sino que las decisiones democráticas son fruto de un proceso decisional que comienza desde abajo, en el cual todos tienen el derecho de participar de manera igualmente libre. La democracia es el régimen de la igualdad y de la libertad política. Las reglas del juego democrático están contenidas, implícitamente, en los principios de igualdad y libertad política o bien, que es lo mismo, son reconocibles como democráticas aquellas reglas que constituyen una expresión consecuente de los principios de igualdad y libertad política; y por ello, esas reglas valen como las condiciones bajo las cuales un régimen es reconocible como democrático; o sea, es un régimen de igualdad y libertad política. El juego político es democrático, sí, hasta que tales reglas son respetadas. Si son alteradas o aplicadas de manera incorrecta, incoherente con los principios democráticos, se comienza a jugar otro juego –incluso sin darse cuenta–. El renacimiento moderno del ideal democrático y el proceso gradual de democratización de los sistemas políticos reales tienen algunos siglos de vida; una vida que ha sido por demás tormentosa y contrastada, pero sólo tardíamente. 73
A la mitad del siglo XX, la reflexión teórica alcanzó a elaborar una concepción de la democracia madura y exenta de muchos equívocos, la así llamada "concepción procedimental de la democracia", centrada, precisamente, en las reglas del juego. Se trató de una gran conquista teórica en términos de claridad. Hoy, esta conquista se ha visto puesta en duda, cuestionada, sobre todo por parte de quienes sostienen la validez del así llamado "viraje deliberativo" en la teoría de la democracia, y, consecuentemente, la claridad se está desvaneciendo. En mi opinión, es necesario restaurar esa claridad; y para lograrlo, es oportuno remitirnos al pensamiento del maestro de la claridad, a mi maestro Norberto Bobbio. Propongo tomar en consideración el catálogo de las reglas del juego democrático que se encuentran en el librote: "Teoría general de la política", de Norberto Bobbio. Las seis reglas en las que se articula ese catálogo corresponden a varias otras indicaciones hechas por Bobbio, pero este catálogo que tomo como punto de referencia es el más acabado. Antes de examinarlas una a una, quiero subrayar que todas estas seis reglas enumeradas por Bobbio tienen que ver, directa o indirectamente, con la institución característica de la democracia de los modernos; es decir, con la democracia representativa, la institución de las elecciones. Lo que ha dicho mi amigo y ex alumno, el doctor Lorenzo Córdova, me permite ahorrar más de una página sobre el asunto de la relación entre democracia representativa y democracia directa y de los peligros que conlleva cierta interpretación de esta relación. 74
El catálogo Bobbiano de las seis reglas que tienen que ver con las elecciones no es más que la traducción sintetizada en normas o en principios de la concepción procedimental de la democracia. No sólo las seis reglas no son sino la traducción articulada de la famosa definición mínima de la democracia, definición de Bobbio, la cual se lee en su libro: "El futuro de la democracia". Por régimen democrático se entiende, ante todo, un conjunto de reglas y de procedimientos para la formación de las decisiones colectivas, dentro del cual está prevista y facilitada la participación más amplia posible de los interesados. Bueno, pues esto nos autoriza para asumir y utilizar este conjunto de reglas como un verdadero criterio de democraticidad; o sea, como parámetro de un juicio que permite determinar si un régimen político real merece el nombre de democracia. Desde esta perspectiva, en efecto, las reglas del juego cuentan como condiciones de la democracia. Aplicando de manera elemental la gramática del concepto de condición, podremos decir que si estas reglas encuentran correspondencia y tienen efectiva aplicación en la vida política de una colectividad, entonces la forma de gobierno de esa colectividad podrá reconocerse y designarse como democrática. Las reglas del catálogo Bobbiano son aparentemente muy simples; en realidad, cada una de ellas tiene que ver con un conjunto de problemas, a veces muy complejos. La primera regla plantea una condición de igualdad como inclusividad. Todos los ciudadanos pasivos; es decir, sometidos a la obligación política de obedecer a las normas de la 75
colectividad, deben ser también, ciudadanos activos, titulares del derecho de poder participar, ante todo, con el voto electoral, en el proceso de formación de las decisiones colectivas sin discriminaciones. La segunda regla plantea una condición de igualdad como equivalencia. Los votos de todos los ciudadanos deben tener el mismo peso, ninguno debe de contar más o menos que otro. La tercera regla plantea una condición de libertad subjetiva. La opinión política de cada individuo debe poder formarse libremente, sin condicionamientos que la distorsionen; lo que exige como mínimo que se garantice el pluralismo de los medios de información y persuasión. La cuarta regla plantea una condición de libertad objetiva. Los ciudadanos deben poder elegir entre propuestas y programas políticos; efectivamente diversos entre sí, pero dentro de una gama de alternativas suficientemente amplia como para permitir a cada uno poder identificarse con una orientación política específica. Esto exige, al menos, que el pluralismo de partidos, asociaciones y movimientos políticos esté asegurado. La quinta regla establece una condición de eficiencia para el entero proceso de decisión colectiva, desde la fase electoral hasta las deliberaciones de los órganos representativos. Las decisiones deben ser asumidas con base en el principio de mayoría. El principio de mayoría, que no es una ley sagrada, es –para Bobbio o para mí–, sencillamente una regla técnica; idónea para superar la heterogeneidad, el contraste o el conflicto entre las opiniones particulares. 76
La sexta y última regla del catálogo que estamos examinando tiene un carácter especial. No es propiamente una regla procedimental, no tiene que ver con el quién o el cómo; es decir, la forma, sino más bien con el qué cosa; o sea, con el contenido de las decisiones políticas. Esta regla impone una completa condición de salvaguardia o supervivencia de la democracia y esta cierta cura en cinco puntos: En primer lugar, prohíbe cualquier decisión encaminada a alterar o abolir las otras reglas del juego; es decir, las condiciones de la democracia, aun cuando semejante decisión sea formalmente tomada de acuerdo con tales reglas; por ejemplo, prohíbe que un parlamento elegido mediante sufragio universal introduzca un sufragio solitario. En segundo lugar, prohibe –son palabras de Bobbio– turnar vanas, es decir, dejar vacías e inútiles a las otras reglas; limitando o, peor aún, aboliendo los derechos fundamentales de libertad individual, libertad personal, de opinión, de reunión, de asociación. Estos derechos de libertad no son propiamente reglas del juego democrático, sino que constituyen las precondiciones liberales de la democracia. En tercer lugar, la última regla impone que el disfrute universal de esas mismas libertades sea efectivo, garantizando algunos derechos fundamentales ulteriores que representan las precondiciones sociales de las precondiciones liberales de la democracia. Si bien es cierto que las reglas del juego serían vanas de no estar garantizados los derechos a la libre manifestación del pensamiento, a la libertad de reunión y de asociación, es 77
también cierto que estos derechos de libertad estarían vacíos o reducidos de facto a privilegios de algunos si no estuvieran asegurados para todos; por ejemplo, el derecho social a la educación pública y gratuita y el derecho a la subsistencia; es decir, a condiciones materiales que conviertan a los individuos en seres capaces de ser libres. En cuarto lugar, la última regla del juego, prohíbe violar las precondiciones constitucionales en sentido estricto de la democracia; específicamente, el principio de separación y equilibrio de los poderes institucionales del Estado; o sea, impone que estén aseguradas las técnicas idóneas para prevenir el despotismo, incluido el de la mayoría. En quinto lugar, prohíbe toda forma de concentración, de lo que Bobbio llama: los tres grandes poderes sociales, es decir, el poder político basado en el control de los medios de coacción; el poder económico, que se basa en el control de los bienes y de los recursos materiales; y el poder ideológico, fundado en el control de las ideas y los conocimientos; es decir, en definitiva, de los medios de información y persuasión. Bobbio nos invita a constatar que ningún régimen histórico ha observado, por completo, lo que dictan todas estas reglas. Por esto, es lícito hablar de regímenes más o menos democráticos. El problema, según Bobbio, es que las reglas del juego son sencillísimas de enumerar, pero todo menos que fácil de ser aplicadas correctamente. Por eso, al analizar los casos concretos; es decir, las así llamadas democracias reales, 78
se debe tomar en cuenta la posible diferencia entre el enunciado de las reglas y la manera en que éstas se aplican. Bueno, yo diría algo más. Considerando las reglas del juego efectivamente adoptadas y aplicadas en los sistemas políticos concretos que llamamos democracias reales, no es fácil trazar una línea de demarcación nítida entre democracia y autocracia; es decir, entre un régimen que todavía asegura un grado aceptable de igualdad y de libertad política, y por ello consiente una cierta forma de autodeterminación colectiva y un régimen en el cual las decisiones caen desde lo alto. Sugiero considerar el problema desde una perspectiva diacrónica, no sincrónica estructural. Bueno, podemos decir que un proceso de democratización consiste en el acercamiento de un sistema político real al paradigma de una aplicación correcta de todas las reglas del juego. Pero, si al contrario, un régimen concreto de entre aquellos que llamamos democracias reales, se aleja de este paradigma, debemos hablar de una degeneración de la democracia y de un corrimiento progresivo hacia la autocracia. Ahora bien, en el gran ensayo: El futuro de la democracia, que lo recuerdo es de 1984, Bobbio, a pesar de haber considerado con realismo las características y las tendencias malas de las democracias reales de la posguerra, no tenía duda en aquél entonces. No obstante, todas las transformaciones que han padecido los nobles ideales democráticos, contaminándose con la "poca noble realidad política práctica", decía Bobbio, no se puede hablar propiamente de degeneración de la democracia. Incluso, la democracia real 79
más alejada del modelo; es decir, del paradigma de una correcta aplicación de las reglas del juego, no puede ser confundida, de ningún modo, con un estado autocrático –así decía Bobbio hace 23 años–. Pregunto: ¿es todavía cierto eso?, ¿estamos dispuestos a reconocer que esta afirmación sigue siendo válida, 23 años después? Bueno, si mantenemos el planteamiento de Bobbio, que asumía como término de parangón a los totalitarismos del siglo pasado, probablemente sí; pero preguntémonos, después del análisis de Bobbio: ¿qué transformaciones ulteriores ha sufrido la democracia?, ¿podemos identificar una dirección, prevaleciente al menos, en la que se han encaminado estas transformaciones?, ¿han avanzado hacia un desarrollo del proceso de democratización o han seguido en sentido contrario?, ¿ha crecido o ha disminuido la distancia del modelo ideal que finca a los connotados esenciales, las condiciones de la democracia, en un paradigma de reglas correctamente aplicadas? Bueno, mi tesis debería de ser la primera de tres tesis, y es la siguiente: mirando con un juicio a posteriori las últimas dos o tres décadas de vida de la democracia real, podemos reconocer claramente un proceso de degeneración, ciertamente diferenciado de lugar a lugar, pero en sustancia homogéneo que todavía hoy está en marcha y tiende a provocar que la democracia asuma gradualmente los connotados de una forma de gobierno diferente. Yo la llamo: autocracia electiva. El adjetivo electiva desentona con el sustantivo autocracia, pero en mi opinión la propia realidad política de nuestro tiempo es contradictoria y paradójica. 80
De manera tal vez un poco forzada –inevitable en toda reconstrucción generalizadora, pero creo que con buena aproximación–, pienso que no parece difícil ubicar en la historia reciente de las democracias reales un primer y verdadero viraje, al menos en la cultura política, sino todavía en las instituciones, en la vida política material. Un primer viraje a partir del cual se ha comenzado a plantear la posibilidad de jugar el juego político de manera no democrática o menos democrática; es decir, aplicando incorrectamente o alterando éstas o aquellas reglas del juego, las condiciones de la democracia y atacando o erosionando sus presupuestos; o sea, las precondiciones de la democracia. Como fecha simbólica de este primer viraje en la cultura política, podríamos indicar el año de 1975, cuando se publicó el famoso reporte sobre la gobernabilidad de las democracias de Crozier, Huntington y Watanuki. Desde entonces –dicho sea para encaminarse en otra ocasión a discutir las cosas que hemos escuchado muy interesantes del maestro Woldenberg–, la retórica de la gobernabilidad y de la eficiencia se ha difundido rápidamente a muchos ambientes, no sólo a académicos, hasta convertirse en una especie de sentido común, según el cual el diagnóstico era muy simple: "la democracia funciona mal o poco, no es eficiente" –ésta es la palabra mágica ("eficiencia"), en el cumplimiento de una función política esencial que es la de producir decisiones colectivas, olvidándose que deberían ser también decisiones democráticas–. Funciona mal la democracia porque es un régimen difícil, demasiado exigente; por lo tanto, también la "terapia" 81
aconsejada era clara: "para hacerla funcionar mejor, de manera más eficiente, disminuyamos sus pretensiones" –como, en caso de necesidad, debe convertirse en un régimen menos inclusivo, en contraste con la primera regla: piénsese en el problema de los inmigrados que se ha agudizado en los últimos tiempos, especialmente en Europa o en Estados Unidos, pero también entre aquellos que nos recordaba el maestro Woldenberg, los ciudadanos incompletos, yo diría, más inefectivos–. Además, en la medida en que resulte útil para la toma de decisiones –decision making–, se puede alterar el peso de los votos individuales, en abierta violación de la segunda regla. Aludo a las más o menos sofisticadas manipulaciones que hace la ingeniería de los sistemas electorales en nombre de la gobernabilidad. Adicionalmente, por un lado se sostiene que es necesario plegarse a las lógicas "objetivas" del mercado global, como si fuesen leyes divinas y éstas inducen a grandes concentraciones, si no es que a monopolios de los medios masivos de comunicación, infringiendo así la regla número tres, que exige al contrario el pluralismo informativo como dique para la manipulación de la opinión pública. Por otro lado, son invocadas razones de eficiencia e incluso supuestas razones ideales, con el fin de promover una drástica simplificación del pluralismo político hasta reducirlo en los hechos a un dualismo; éste contra aquél. Piénsese en este sentido lo que presentan los debates televisivos, provocando así, de manera contraria al espíritu y a la letra de la regla número cuatro, la desafección hacia la democracia por parte de quienes no se 82
identifican con ninguna de esas alternativas, que frecuentemente son sólo dos. Por último y para coronar el todo, se tiende a concebir, a organizar y a practicar el juego político enfatizando su dimensión conflictiva como si se tratara de un juego de suma cero, en el cual se le atribuye todo el poder al vencedor con la consecuente absolutización indebida de la regla número cinco; o sea, el principio de mayoría, e interpretando de manera unilateral la institución de las elecciones como un método para la investidura personal de un jefe cada vez menos dependiente de los órganos representativos y cada vez menos vinculado por los mecanismos de control y de garantías. De este modo, subrayo, se propicia un clamoroso regreso histórico hacia el paradigma del gobierno de los hombres; peor aún, del hombre. Éste es el paradigma opuesto al del constitucionalismo, que en cambio está fundado en el ideal del gobierno de las leyes. Y en efecto, se ha venido practicando, e incluso justificando, con razones aparentemente normales, dependiendo de las ocasiones excepcionales, verdaderos y propios abusos de poder; es decir, decisiones, actos y prácticas anticonstitucionales, minando con ello todas las precondiciones de la democracia. Pensemos en los últimos tiempos, en los últimos años a nivel planetario: limitaciones de los derechos de libertad por decreto presidencial, imprimis de la libertad personal, después del 11 de septiembre; abolición, limitación o vaciamiento progresivo de los derechos sociales; alteraciones o trastocamiento del equilibrio de los poderes institucionales 83
del Estado; confusiones y concentraciones inauditas de los poderes sociales, políticos, económicos e ideológicos. En suma, un verdadero proceso de degeneración y, tendencialmente, de transformación de la democracia en "otro juego con otras reglas". A lo largo de estas líneas de tendencia, la vida política de las democracias reales termina por asemejarse cada vez más a una competencia, regulada o desregulada, pero en todo caso cada vez menos regida por las leyes del juego democrático, una competencia entre pocos personajes llamados "líderes" sólo por estar investidos de un poder que, a su vez, los asemejan cada vez más al de los autócratas. Otro juego, otra forma de régimen, precisamente una autocracia electiva. Quisiera llamar la atención sobre el último aspecto que he mencionado del proceso degenerativo de las democracias reales, el que tiene que ver con la confusión y la concentración de los tres grandes poderes sociales. No porque sea el más importante o el más grave –todos son graves–, sino porque es, tal vez, el más evidente y clamoroso. No me refiero solamente al desafortunado caso de mi país, en donde, en las más recientes estaciones políticas, este fenómeno ha tomado proporciones grotescas y características absurdas. En realidad, la difusión de este fenómeno es planetaria. Basta pensar, por un lado, en la incidencia sobre la vida de todas las democracias reales, cual más, cual menos; del contubernio obsceno entre dinero y política. Un amigo constitucionalista ha concretado en una frase la gravedad del fenómeno y dijo: "El Senado de los Estados Unidos es 84
un club exclusivo de millonarios", y es verdad. Por el otro lado, basta pensar en el desbordante poder que tienen los medios, en especial la televisión, para ofuscar cada vez más la capacidad de juicio político, ya de por sí decadente de los ciudadanos no educados. Que la mera participación en el juego político pudiera transformarse por sí misma en un instrumento eficaz para la educación del ciudadano, era una convicción o una esperanza de algunos teóricos de la democracia del siglo XIX, pero bien pronto se develó como una ilusión, incluso, de acuerdo con el célebre análisis de Bobbio de 1984, es una de las más importantes promesas no cumplidas de la democracia. Ahora, los ciudadanos no educados son, siendo benévolos, más o menos la mitad de los electores en cualquiera de las democracias reales. Y cuando son más, es decir, logran prevalecer, provocan el conocido fenómeno de la selección al contrario... eligen a los peores. Pongo un ejemplo: en la convención del Partido Republicano, realizada en Nueva York en el verano del 2004, la primera dama, Dora Bush, dijo, cándidamente, una verdad, una verdad aterradora: "La seguridad de América y del mundo dependen de las decisiones de mi marido". ¡Verdad! Cualquier ciudadano que estuviera por un lado mínimamente informado de la decisiones del marido de la señora Bush y de sus consecuencias, y que por otro, estuviera dotado de la capacidad racional suficiente para construir un silogismo elemental, debería haber llegado a la conclusión de que por ningún motivo debía votar por Bush. En vez de eso, el marido de la primera dama fue reelecto. 85
Bueno, me acerco hacia el final de la plática, eliminando, por falta de tiempo, una parte de lo que había preparado para ustedes. Alguien podría objetar que el fenómeno de la selección, al contrario de la clase política, y el consiguiente surgimiento del "gobierno de los peores". Para indicar ese fenómeno, inventé hace algunos años un neologismo: "caquistocracia". No es una palabra trivial, la voy a explicar dentro de un momento. El gobierno de los peores, el fenómeno de la selección, no prueba por sí mismo que la democracia le haya cedido el puesto a alguna otra forma de gobierno diferente; solamente constata que estamos en presencia de una mala democracia y no que el sistema democrático se haya transformado en un sistema autocrático. Desde el punto de vista lógico y metodológico, asumo la diferencia. No tenemos que confundir el problema de la identidad de un régimen con el de su calidad. La identidad resulta de la estructura constitucional; es decir, de las reglas constitutivas de una determinada forma de gobierno. Las reglas constitutivas del juego político, o mejor dicho, su grado de efectividad y correcta aplicación, permiten reconocer si una forma de poder es prevalentemente descendente o bien ascendente. Si las decisiones políticas caen de lo alto, o bien se originan desde abajo. Esto es, si aquella forma del juego político encaja en el tipo de la autocracia desde lo alto o en el de la democracia desde abajo. Por el contrario, la calidad de un determinado régimen depende, en última instancia, de las dotes, de las capacida86
des o virtudes de los gobernantes. Pero ahí es donde éstos que son elegidos dependen a su vez de las virtudes y especialmente de las capacidades de juicio de los gobernados. Si la clase política seleccionada a través de las reglas del juego, incluye a buenos jugadores, a los mejores jugadores –"los mejores" en griego se dice: aristoi–, nos encontraremos ante una aristocracia electiva. Si por el contrario, la clase política comprende, seleccionada a través de las reglas –a "los peores", en griego, se les dice: kakistoi–, entonces tendremos una caquistocracia. Por ejemplo, si un pueblo votara por Barrabás en vez de por Jesús –¡y ocurre muy fácilmente!–. El problema es saber si los regímenes reales que llamamos democracias son todavía democracias o, si por el contrario, están inmersas en un proceso de degeneración que los hace resbalar hacia el tipo de la autocracia. Un problema que se presentaría de manera idéntica, también cuando por mera hipótesis estuviéramos convencidos de que las clases políticas de estos regímenes sean aristocracias gobernantes, integradas por sujetos capaces y probos. Bueno, reitero que a mi juicio la tendencia degenerativa de la democracia hacia la autocracia electiva está en marcha desde hace tiempo, y en poco tiempo estará en todos lados. Esta degeneración se lleva a cabo a través de violaciones repetidas y sistemáticas de las reglas del juego democrático, y de manera particular, de la sexta regla de Bobbio. Recuerdo, de manera sintética, que la regla sexta ordena respecto de las demás reglas del juego, o mejor dicho, de las condiciones y precondiciones de la democracia. Es por 87
lo tanto, la metaregla, cuyo respeto, por parte del propio poder democrático de la mayoría, permite continuar jugando el mismo juego. En la medida en que las condiciones y las precondiciones de la democracia se desatiendan, se comienza a jugar otro juego, no ya en diferente medida democrático o siempre menos democrático. Y esto ocurre, insisto, con independencia de la calidad de los jugadores. Identidad y calidad de un régimen son dos variables lógicamente independientes; sin embargo, mirando no a la lógica, sino a la realidad concreta de los regímenes de nuestro tiempo. Mi segunda tesis –la tercera es para la próxima temporada de esta Cátedra– es que las mismas tendencias que producen la degeneración de las democracias reales y su corrimiento hacia la autocracia inducen también un empeoramiento en la calidad de los jugadores, gobernantes y gobernados, ciudadanos y clase política. Y, recíprocamente, las tendencias caquistocratizantes favorecen a las autocratizantes en una especie de sinergia perversa. Si esta tesis es fundada –y yo creo que sí–, ¿cuál es el futuro de la democracia? ¡Podría ser la autocracia caquistocrática! Por una parte, es muy fácil que dentro de las vestimentas apolilladas y laceradas de una democracia en vías de degeneración autocrática crezca la caquistocracia. Una de las manifestaciones más vistosas e inquietantes de este crecimiento se puede reconocer en la difusión de ciertas formas demagógicas neopopulistas de estrategia política e incluso electoral, que algunos estudiosos han rebautizado como 88
antipolítica. Este concepto es todavía nebuloso, pero algunos rasgos distintivos de los sujetos y de los comportamientos políticos que han sido denominados antipolíticos son evidentes: 1. La hostilidad hacia el orden consolidado en las arquitecturas institucionales y, en general, el desprecio hacia las reglas en ausencia de una cultura de la legalidad. 2. El descrédito en particular de las constituciones, el desprecio por el equilibrio de los poderes y por todo tipo de vínculo o controles. 3. La contraposición de la voluntad del pueblo frente a los órganos de poder constituido, de los cuales se invita siempre a desconfiar, al menos mientras estén ocupados por los otros. 4. El rechazo de una confrontación política equilibrada entre posiciones diversas, rechazo de un debate civilizado que no esté orientado al choque violento y de la mediación en general. En Europa, muchos movimientos y partidos de derecha, ligados de alguna u otra manera al chovinismo del bienestar, han obtenido una tabla de crecimiento político con métodos antipolíticos; al grado de acceder, en algunos casos, incluso al gobierno. El caso italiano es paradigmático: la caquistocracia antipolítica ha asumido la forma típica de una plutocracia demagógica. Estaría bien reflexionar sobre estas formas. En América Latina, por el contrario, han sido, sobre todo, algunos partidos y movimientos, presuntos y sedicentes de izquierda, que dirigen su discurso de diferentes maneras a 89
las víctimas de la globalización, los que han asumido ropajes antipolíticos; sobre todo, a través de la afirmación de ciertos personajes carismáticos –no estoy pensando en uno, sino en varios, en muchos–. Ciertos personajes carismáticos que fundan su suerte sobre mescolanzas variables, ideológicas y motivas de etnicismo y pauperismo. Yo lo denomino: etnopauperismo, de solidarismo y nacionalismo –no les suene a nacionalsocialismo–. Con lo anterior parece que ha surgido en América Latina, desde hace algunos años, un nuevo paradigma que bien podríamos llamar: “caudillismo posmoderno”. Cada quien puede ver, en primer lugar, cómo la antipolítica caquistocrática encuentra terrenos fértiles en la tendencia autocrática que lleva a concebir a las elecciones como método de designación de un "vencedor supremo", a quien le corresponde guiar al país, sea que lo logre o no. En segundo lugar, cada quien puede ver cómo esta misma tendencia degenerativa se ha favorecido y acentuado en aquellas realidades políticas en donde está en vigor una forma de gobierno "presidencial", técnicamente hablando. Pero la difusión del proceso autocratizante es general y expansiva, a tal grado que logra penetrar también en aquellos países en los que formalmente está en vigor un régimen parlamentario; por ejemplo, Gran Bretaña o Italia, donde ya hay fenómenos de "presidencialización" de la forma de gobierno parlamentaria –para refrendar y continuar este tema, una futura participación del maestro Woldenberg resultaría muy provechosa–. Rafnarsdof ha sostenido recien90
temente que en Inglaterra, el celebrado modelo Westminster, arquetipo de parlamentarismo, ya se ha transformado en una dictadura electoral del Primer Ministro. Bueno –retomando–, se trata de una deformación patológica que ataca no sólo a las instituciones centrales del Estado, sino también a las periféricas, trasladando en todos lados el centro del poder de las asambleas representativas a los órganos así llamados "ejecutivos". Yo la denomino: "macrocefalia institucional" en todos los niveles y en todos los ramos. Una cabeza hipertrofiada y frecuentemente no inteligente que aplasta órganos representativos, lábiles y debilitados. Obviamente, macrocefalia institucional y personalización de la vida política se alimentan de manera recíproca. En un contexto similar, las elecciones tienden a transformarse, de hecho, en un rito de identificación personal de la masa con el líder, nacional o local; desembocando en una mera delegación prácticamente incondicional a poderes nomocráticos. Los titulares de estos cargos públicos, investidos del poder de una decisión última, interpretan frecuentemente su propio rol con discrecionalidad y en ocasiones con arrogancia, típicamente autocrática. Concluyo: Se está atrofiando la democracia dentro de sus vestimentas, de su apariencia exterior, las elecciones, las instituciones representativas; está creciendo la autocracia caquistocrática y no hay remedio. A mi juicio, la patología es grave y está en pleno desarrollo. Por tanto, no significa que no podamos oponernos eficazmente. 91
Por suerte, no existe sólo la mala suerte. La caquistocracia y la tendencia a la autocracia electiva predominan, pero también tenemos ejemplos de resistencia democrática. Hoy, en el mundo, la democracia está dañada en la realidad de los regímenes que continuamos llamando democráticos y en los reflejos mentales de sus ciudadanos. Es necesario restaurarla, como una obra de arte que ha sufrido actos de vandalismo. La democracia es la mejor obra del arte de la convivencia que el género humano haya diseñado hasta ahora, y que hoy parece decidido a desfigurar. Todos estamos llamados a participar en su restauración –quienes, por ejemplo, han concebido la idea de instituir aquí esta Cátedra: "Por la Democracia y el Derecho", han hecho una importante contribución a una buena causa–. Si la democracia puede tener un futuro –si puede sanar de las patologías que la aquejan, rescatarse de las tendencias degenerativas–, la tarea de restituirla, en toda su dignidad, debe ser continuada. Ante todo, ofreciendo a los más jóvenes, como diría Kant, "conceptos justos acompañados de buena voluntad" –los primeros, los conceptos, son necesarios para reconocer claramente los males de la democracia, sin indulgencias o autoengaños consolatorios; lo segundo, la buena voluntad, para combatirlos–. ¡Entonces, es buena idea instituir esta Cátedra! No sé si ha sido una buena idea, de igual manera, confiarme a mí la inauguración de esta Cátedra; sin embargo, agradezco sinceramente a quienes han pensado en invitarme a cumplir esta importante y gratificante encomienda. Ha sido un honor y un placer. 92
Recomiendo a las autoridades académicas de la UNITEC que incrementen la actividad didáctica de esta Cátedra, involucrando al mayor número de jóvenes en cursos, seminarios, debates, idealmente orientados a la restauración de la democracia. Si ustedes así lo desean, regresaré encantado, de vez en cuando, para dar mi aportación personal. Estoy convencido de que otros estudiosos formados en la escuela de Turín, italianos y mexicanos, pronto participarán con ustedes. Mientras tanto, permítanme despedirme con un consejo: comiencen a estudiar el mejor manual que existe sobre la ciencia de la restauración democrática: la teoría general de la política, de mi maestro Norberto Bobbio. Muchas gracias.
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CLAUSURA
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ara la UNITEC ha sido un honor el día de hoy contribuir a la generación de un espacio más de conocimiento, investigación y reflexión científica, parte fundamental de nuestra casa de estudios. Gracias a todos ustedes por haber formado parte de esta ceremonia universitaria.
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CÁTEDRA: "POR LA DEMOCRACIA Y EL DERECHO" se terminó de imprimir en la ciudad de México en... La edición estuvo al cuidado de Amílcar Salazar.
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