BOLETÍN DE DESGRACIAS GENOVESAS

BOLETIN DE DESGRACIAS GENOVESAS

LAS OTRAS NOTICIAS DEL P. P

Del 11 al 17 de Junio de 2011 Nยบ 583

INDICE

1) CASO GÜRTEL: EL JUEZ SEGUIRÁ MESES CON EL CASO ANTES DE ENVIARLO A LA AUDIENCIA 2) CASO GÜRTEL: EL JUEZ INVESTIGA UNA OPERACIÓN EN LA QUE PARTICIPÓ AGAG 3) CASO GÜRTEL: EL PRESIDENTE DE MARTINSA, IMPUTADO 4) CASO GÜRTEL: EL TRIBUNAL ACELERA LA CAUSA POR COHECHO CONTRA CAMPS 5) CASO GÜRTEL: LA JUSTICIA RATIFICA LA IMPUTACIÓN DE LA CÚPULA DE CAMPS POR CORRUPCIÓN 6) EL EMPEÑO DEL PP EN PROPONER A ENRIQUE LÓPEZ BLOQUEA LA RENOVACIÓN 7) VARAPALO DEL SUPREMO A UNA SENTENCIA DE ENRIQUE LÓPEZ 8) ÁNGEL ACEBES ABANDONA OFICIALMENTE EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 9) EL SUPREMO APARTA A LOS CINCO JUECES QUE RECUSÓ GARZÓN 10) EL PADRE DEL „POPULAR‟ MAYOR OREJA, INVESTIGADO EN LA TRAMA DE LOS NIÑOS ROBADOS DURANTE EL FRANQUISMO 11) IU FACILITA 17 ALCALDÍAS AL PP Y Y OBTIENE 10 EN COMPENSACIÓN 12) C.A ASTURIAS: EL JUEZ ENVÍA AL TS LA CAUSA CONTRA CASCOS POR INJURIAS A LA POLICÍA 13) C.A CANARIAS: UNA JUEZ INVESTIGA SI EXCARGOS DEL PP CANARIO AMAÑARON UN MACROCONTRATO 14) C.A CASTILLA LA MANCHA: COSPEDAL SERÁ DEMANDADA POR UNA AGENCIA DE DETECTIVES 15) C.A CATALUÑA: CIU Y PP SE DAN AIRE MUTUAMENTE EN BARCELONA Y BADALONA 16) C.A. MADRID: AGUIRRE PRESCINDE DE GRANADOS EN SU NUEVO GOBIERNO DE MADRID 17) C.A. MADRID: EL FIN DE UN DUELO POR EL PODER DEL PARTIDO 18) C.A. MADRID: UN TERCIO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE ESPERANZA AGUIRRE NO SE FISCALIZA 19) C.VALENCIANA: EL TSJ INSISTE EN INVESTIGAR AL PP POR FINANCIACIÓN IRREGULAR 20) C.VALENCIANA: CASTEDO PIDIÓ LA FACTURA DE UN VIAJE EL DÍA QUE CONOCIÓ SU ACUSACIÓN EN BRUGAL

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21) C.VALENCIANA: CASTEDO: "LO QUE DICEN LAS URNAS NO PUEDE MODIFICARSE EN OTROS SITIOS" 22) C.VALENCIANA: EL JUEZ DE ORIHUELA ANULA PARTE DE LAS ESCUCHAS DE BRUGAL 23) EL JUEZ MANTIENE EL GRUESO DEL 'CASO BRUGAL' PESE A ANULAR ESCUCHAS 24) EL CLAN FENOLL Y TRES EDILES DEL PP DE ORIHUELA 25) CAMPS LAMINA A RIPOLL Y PACTA LOS DIPUTADOS CON SUS SEGUIDORES 26) C.VALENCIANA: EL PP CIERRA A RIPOLL LA PUERTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 27) C.VALENCIANA: EL PP AMPLÍA A LUNA Y VALENCIANO LA DENUNCIA POR EL INFORME DE LA CORRUPCIÓN 28) C.VALENCIANA: BLASCO ENCARGA EL HOSPITAL DE HAITÍ A UNA ONG DENUNCIADA AL FISCAL 29) UNA VECINA LEGA UNA HERENCIA MILLONARIA AL NÚMERO DOS DE LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓ

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1) CASO GÜRTEL: EL JUEZ SEGUIRÁ MESES CON EL CASO ANTES DE ENVIARLO A LA AUDIENCIA Los recursos de dos imputados ante el Supremo frenan el traspaso del sumario El juez Antonio Pedreira continuará investigando durante varios meses el caso Gürtel antes de enviarlo, presumiblemente, a la Audiencia Nacional. Los recursos ante el Supremo anunciados ayer por el extesorero del PP Luis Bárcenas y el empresario José Luis Ulibarri, también imputado, implican que la instrucción continuará en el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) al menos otros seis meses.

Bárcenas y Ulibarri tienen ahora un mes para impugnar el auto por el que la Sala Penal y Civil del TSJM ratificó el pasado día 8 la inhibición de Pedreira en favor de la Audiencia Nacional. La ratificó por dos razones: porque ya no hay imputados con aforamiento y porque el delito de blanqueo internacional de capitales compete a la Audiencia.

Fuentes jurídicas indicaron ayer que Pedreira proseguirá al frente de la investigación hasta comienzos de 2012 si el Supremo admite a trámite uno o los dos recursos de casación. En el caso de los trajes, la ramificación del sumario por la que Francisco Camps está imputado como presunto receptor de sobornos en especie (los trajes), el Alto Tribunal se tomó ocho meses para ordenar la reapertura de diligencias tras el cerrojazo dictado por el Tribunal Superior valenciano (TSJCV).

Quienes siguen el caso de cerca indicaron que Pedreira no planea limitarse en esta fase de prórroga a realizar los trámites imprescindibles. De hecho, el día 30 interrogará al presidente de Martinsa y a otros dos empresarios bajo sospecha de haber pagado 24,8 millones a Francisco Correa. Al menos uno de esos pagos, de 12,8 millones, está presuntamente vinculado a un pelotazo de Martinsa en Arganda (Madrid).

Otro imputado por soborno Ayer, y en relación con ese mismo pelotazo, declaró como imputado Juan Fernández Caballero, gerente de la empresa municipal de Arganda que, en 2004, adjudicó una gran bolsa de suelo público a Martinsa en un concurso que las acusaciones creen amañado. Fernández, a quien el juez imputó los delitos de soborno y prevaricación tras un interrogatorio de dos horas y media, se escudó en que siguió el criterio de "los técnicos". Su declaración llegó al culmen cuando, pese a la existencia de papeles oficiales, negó que dos empresas privadas hubieran sido las encargadas de evaluar distintos puntos de las ofertas presentadas al concurso.

Una de las empresas evaluadoras fue Plarquin, de la que había sido copropietario Enrique Porto, entonces director general de Urbanismo de Esperanza Aguirre. Fue el dictamen de Plarquin el que inclinó la balanza en favor de Martinsa. Antes de la adjudicación, Luis Bárcenas y el entonces tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, alertaron a Aguirre del amaño que se avecinaba. El aviso fue desoído. www.publico.es 16.06.11 2) CASO GÜRTEL: EL JUEZ INVESTIGA UNA OPERACIÓN EN LA QUE PARTICIPÓ AGAG El yerno de Aznar compró en 2005, por tres euros, 7.511 participaciones de una sociedad que acabaron en manos de dos compañías vinculadas a la red El hilo del que tiraron los investigadores del caso Gürtel para verificar la conexión empresarial entre una sociedad desconocida hasta ahora con otras dos vinculadas a la trama ha acabado conduciendo a Alejandro Agag, yerno de Aznar y entre cuyos testigos de boda figuró Francisco Correa, considerado el jefe de la red corrup-ta. Documentos remitidos al juez Antonio Pedreira constatan que, en 2005, Agag adquirió de una firma del sector energético, Actividades Eólicas Murcianas, 7.511 participaciones, cuyo valor nominal era de 15.020 euros, equivalente al 49,99% del capital social. Pagó por ellas tres euros. Y acabaron en manos de CGI y June Sun, dos sociedades investigadas por su supuesta pertenencia al conglomerado Gürtel.

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Al año de comprar las participaciones, Agag se las revendió por un euro a CGI, firma administrada por Jacobo Gordon exsocio de Agag e imputado en el caso y que, según el sumario, se usó para canalizar pagos ilegales obtenidos por Correa a cambio de su mediación ante administraciones gobernadas por el PP. Agag usó a su tío como apoderado y nunca figuró como accionista En 2007, CGI traspasó la mitad de los títulos, por otro euro, a June Sun International, radicada en el paraíso fiscal de Nevis e igualmente investigada. Según la Policía, el beneficiario real de June Sun era el exeurodiputado del PP Gerardo Galeote, aunque el abogado Luis de Miguel dice ser su propietario. De Miguel está imputado en el caso Gürtel y se le atribuye un papel relevante en la estructura de blanqueo internacional de la red.

Tres escrituras notariales incorporadas al sumario Gürtel a requerimiento del juez constatan que la extraña cadena de transacciones comenzó el 4 de marzo de 2005. Ese día, la sociedad británica Wind Power Management Limited, administrada por Agag, escrituró la compra de tres paquetes de títulos de Actividades Eólicas Murcianas SL, la firma a la que el juez Pedreira seguía la pista y que también operaba en el sector fotovoltaico.

Quien compareció ante el notario en nombre de Wind Power no fue Alejandro Agag. El yerno del expresidente envióa Alberto-Luis Longo Álvarez de Sotomayor, su tío. Pero Longo comunicó al fedatario público que se hallaba legitimado como representante de Wind Power "en virtud del poder que le fue conferido por el administrador único, Don Alejandro Agag Longo".

En 2006, revendió el paquete a una firma de Jacobo Gordon por un euro La matriz, en un paraíso fiscal La declaración de inversión extranjera presentada al Ministerio de Industria muestra que el titular último de Wind Power no es Agag, sino una sociedad denominada PalmsideInternational Limited. Y el país donde está domiciliada Palmside es "GG". GG son las siglas del paraíso fiscal de Guernsey, una de las islas del Canal de la Mancha. Agag nunca ha figurado como administrador o apoderado de Actividades Eólicas Murcianas, cuyas cuentas tampoco reflejan la entradade Wind Power en su capital.

Público intentó el viernes y el sábado contactar con Agag. El portavoz de su escudería de GP2 dijo que el empresario y exeurodiputado del PP se encuentra en Canadá y que no había sido posible localizarle.

En 2007, lo compró una sociedad cuya propiedad atribuye la Policía a Galeote Un experto en operaciones mercantiles consultado por este diario subrayó que la adquisición de un voluminoso paquete de títulos por un precio muy inferior tres euros al de su valor nominal no resulta extraño si la empresa es deficitaria. Pero recalcó que lo insólito es que ese comprador, en este caso Agag, se desprenda de las participaciones en un sólo año y que lo haga vendiéndolas por un euro. Y mucho más inusual, añadió, es que los mismos títulos vuelvan a enajenarse por segunda vez en un año y que la mitad se traspase de nuevo también por un euro al siguiente ejercicio. La secuencia descrita podría indicar que los tres sucesivos compradores estaban concertados entre sí, indicó la fuente.

El experto aventuró una hipótesis: que al ser esta una empresa eólica con participaciones en otra de energía solar, el negocio real fuese conseguir derechos de conexión para su cesión a terceros, una práctica común hasta 2008, cuando las ayudas al sector fotovoltaico se desplomaron. De ser eso cierto, se trataría de una operación idéntica a las que proliferaron con el boom inmobiliario, con promotoras dedicadas no a construir, sino a obtener la recalificación de terrenos para su posterior reventa.

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Un fax incautado por la Policía constata que June Sun International ya transfirió 10.000 euros a Actividades Eólicas Murcianas SL en febrero de 2005, es decir, dos años antes de que formalmente entrara en el capital de la sociedad. Y otro cheque igualmente hallado por la Policía, este en el despacho de Jacobo Gordon, indica que June Sun está vinculada de algún modo a Consultoría y Gestión de Inversiones (CGI), la empresa que, en 2006, compró a Agag por un euro los títulos de Actividades Eólicas adquiridos el año antes por el yerno de Aznar.

El cheque, de 5.441 euros y emitido a favor de CGI el 14 junio de 2007, tenía una anotación manuscrita: "Devolución préstamo AEM (Acti-vidades Eólicas Murcianas) a June Sun". Así consta en un informe emitido por Hacienda en enero. Ese informe fue el que accionó la maquinaria de investigación sobre Actividades Eólicas Murcianas SL. Negocio en Castilla y León Este diario también intentó sin éxito encontrar a los tres accionistas de Actividades Eólicas que vendieron a Agag 7.511 títulos. Dos de ellos siguieron figurando como administradores de la sociedad.

Actividades Eólicas declaróen 2005 un beneficio de sólo 128 euros. Y en 2006 anotó pérdidas por 17.337 euros. Peroese ejercicio declaró poseer el 57,14% de Solar Valle de Esgue-va SL, centrada en el sector fotovoltaico. En 2007, Solar Valle de Esgueva solicitó al menos una licencia relacionada con una planta fotovoltaica en Castilla y León, el territorio más inexplorado de aquellos donde operó la trama Gürtel.

Fue el 18 de mayo de 2006, al año de entrar en Actividades Eólicas Murcianas, cuando Agag vendió sus títulos a CGI. Pero hay dos datos fuera de lo común: uno, que las cuentas de Actividades Eólicas relativas a 2005 aparecen firmadas ya por CGI como uno de los socios integrantes y, de hecho, Jacobo Gordon consta como consejero de esa sociedad desde marzo de 2005, pese a que CGI no compró los títulos hasta 2006. El otro dato infrecuente es que en las cuentas de 2005 de Actividades Eólicas se anotó como representante de CGI a Alberto Luis Longo, el tío de Agag. Su nombre aparece tachado en el balance y fue sustituido, a mano, por el de Jacobo Gordon, cuyo abogado no atendió la llamada de Público.

"Poder conferido por Alejandro Agag Longo" Esta página de la escritura de venta de participaciones sociales de Actividades Eólicas Murcianas SL figura en el sumario del „caso Gürtel' a requerimiento del juez.

El texto muestra cómo Alberto-Luis Longo Álvarez de Sotomayor, tío de Agag, actúa "como apoderado de la entidad mercantil Wind Power Management Limited", de nacionalidad inglesa.

Longo quedó legitimado para firmar "en virtud del poder que le fue conferido por el administrador único, Don Alejandro Agag Longo", que reside en Londres.

"Insistimos en que el socio debe ser June Sun" 7/02/2005: 10.000 euros enviados El 7 de febrero de 2005, Luis de Miguel, administrador de empresas de la „red Gürtel', envía a Jacobo Gordon un fax. Su texto es este: "En el día de hoy la sociedad June Sun International ha realizado una transferencia por importe de 10.000 euros".

9/02/2005: Fax a actividades eólicas De Miguel cursa otro fax, este a Rafael Maortua, de Actividades Eólicas Murcianas. "De acuerdo con su petición, adjunto remito justificante de la transferencia realizada el 7 de febrero a favor de Actividades Eólicas por importe de 10.000 euros. Insistimos en que el socio debe ser June Sun International".

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4/03/2005: Agag compra los títulos El 4 de marzo, Actividades Eólicas Murcianas da entrada a un nuevo socio. Pero no es June Sun sino Wind Power Management, administrada por Alejandro Agag. Compra tres paquetes que suman 7.511 títulos . Y adquiere cada paquete "en el precio global de un euro". Total, tres euros.

18/05/2007: Se los vende a Gordon El 18 de mayo, Wind Power vende a Consultoría y Gestión de Inversiones (CGI) sus 7.511 títulos por un euro. CGI está administrada por Jacobo Gordon.

13/02/2007: Tercera venta: a un euro Ese día, llega la tercera venta. CGI vende la mitad del paquete (3.755 participaciones) a June Sun. 14/06/2007: Devolución de préstamo La Policía encuentra un cheque de 5.441 euros, fechado el 14 de junio de 2007 y de procedencia incierta, a favor de CGI. Tenía una nota manuscrita: "Devolución préstamo de AEM (Actividades Eólicas Murcianas) a June Sun". La Policía también halló en el despacho de Luis de Miguel un contrato sin firma en el que admite ser el testaferro de Gerardo Galeote en June Sun. Ahora, De Miguel dice que preparó el contrato de fiducia, pero que no llegó a ofrecérselo a Galeote. www.publico.es 13.06.11 3) CASO GÜRTEL: EL PRESIDENTE DE MARTINSA, IMPUTADO El juez del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, ha citado a declarar el próximo 30 de junio al presidente de la constructora Martinsa, Fernando Martín, al que imputa delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra Hacienda.

Pedreira le preguntará por un desembolso de casi 13 millones de euros que acabó en Panamá en manos del cabecilla de la trama, Francisco Correa. El juez investiga si estos millones tienen relación con una operación inmobiliaria desarrollada por Martinsa en Arganda del Rey (Madrid) en la que Correa habría actuado de intermediario ante el Ayuntamiento, entonces gobernado por Ginés López, del PP, otro de los imputados.

En el marco de esa operación, Martinsa pagó al Ayuntamiento 66 millones por unas parcelas tasadas en 100 y se comprometió a abonar otros 11 millones, pero ese dinero nunca llegó al municipio. Fuentes de Martinsa negaron ayer haber pagado comisión alguna a la red. www.elpais.es 14.06.11 4) CASO GÜRTEL: EL TRIBUNAL ACELERA LA CAUSA POR COHECHO CONTRA CAMPS El Tribunal Superior de Justicia valenciano respaldó ayer en un auto al juez José Flors, instructor de la causa por cohecho impropio contra el presidente valenciano, Francisco Camps (PP), y tres altos cargos. Flors decidió en mayo no incorporar a la llamada causa de los trajes a los cabecillas de la trama Gürtel, que presuntamente regalaron prendas de vestir por valor de miles de euros a Camps y al resto de imputados mientras la red corrupta se enriquecía a costa de las arcas públicas. El motivo: el Código Penal castigaba en el momento de los hechos a la autoridad que recibía dádivas entregadas en atención a su cargo "pero no al particular que lo realiza".

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La decisión acelera el procedimiento contra Camps: si los jefes de Gürtel hubiesen sido incorporados a la causa, esta se habría demorado varios meses. La apertura o no de juicio al presidente solo está ahora pendiente de que el tribunal decida si acumula el grueso de la vertiente valenciana de Gürtel (financiación ilegal, falsificación mercantil, cohecho y prevaricación) a la causa de los trajes, algo que las fuentes consultadas consideran poco probable.

A la Audiencia Nacional Flors siempre ha rechazado transformar la causa por cohecho impropio (penado con multa) en otra por cohecho propio (cárcel e inhabilitación). La razón es que, pese a que la investigación ha acreditado que la trama obtuvo decenas de adjudicaciones a dedo violando las normas de contratación pública, Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret no adjudicaron personalmente esos contratos.

El juez llamó a declarar como testigos a 35 cargos de la Generalitat en mayo de 2009 que sí intervinieron directamente en dichas contrataciones. Flors les preguntó si recibieron instrucciones de alguien para elegir a Orange Market o a otras empresas de la trama, y todos lo negaron.

El testimonio de esos 35 cargos evitó que Camps fuera encausado por un delito más grave.

Pero ahora les dará problemas. Los 10 jueces que han conocido el asunto han avalado los numerosos indicios de que los contratos se adjudicaron de forma irregular y que, por tanto, alguien debe pagar por ello.

Buena parte de esos 35 cargos serán ahora imputados en la causa principal de Gürtel, que previsiblemente terminará en la Audiencia Nacional. Enfrentados a duras penas por prevaricación o cohecho, señalan fuentes jurídicas, quizá recuerden que efectivamente alguien les instó a contratar con la red corrupta. www.elpais.es 11.06.11 5) CASO GÜRTEL: LA JUSTICIA RATIFICA LA IMPUTACIÓN DE LA CÚPULA DE CAMPS POR CORRUPCIÓN El día que Francisco Camps fue investido de nuevo presidente de la Generalitat valenciana, los jueces le recordaron que los numerosos problemas judiciales con los que cerró la pasada legislatura permanecen intactos. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) ratificó, en un auto fechado el martes y hecho público ayer, su decisión de encausar por graves delitos de corrupción vinculados a la trama Gürtel a la cúpula del PP regional y a figuras clave de su Gobierno, incluidos su vicepresidente primero, Vicente Rambla, y la expresidenta de las Cortes Milagrosa Martínez.

La Sala Civil y Penal rechazó los recursos de las partes y confirmó la imputación por financiación ilegal (delito electoral) y falsificación en documento mercantil de Rambla, Ricardo Costa (diputado y ex secretario general del PPCV, cuyo nombre suena para integrar el nuevo Ejecutivo de Camps), David Serra (vicesecretario del PPCV), Yolanda García (tesorera del PPCV), Cristina Ibáñez (administradora del PP valenciano) y Luis Bárcenas (extesorero nacional del PP).

Los jueces imputan esos mismos dos delitos a los cabecillas de la red mafiosa y a los gestores de ocho constructoras que presuntamente sufragaron ilegalmente actos electorales del PP. Empresas implicadas Entre las empresas figuran la de Enrique Ortiz (imputado a su vez en el caso Brugal y por amañar supuestamente el urbanismo de Alicante en connivencia con la alcaldesa y diputada,

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Sonia Castedo) y el Grupo Sedesa, propiedad del vicepresidente tercero del Consell y nuevo presidente de las Cortes, Juan Cotino.

El TSJV se reafirmó igualmente en la imputación por cohecho y prevaricación de Rambla, Martínez y Rafael Betoret (exjefe de gabinete de Turismo, a punto de sentarse en el banquillo con Camps en la causa de los trajes) por la adjudicación a la trama del montaje de un pabellón en Fitur cinco años seguidos. El auto contiene un voto particular del magistrado Juan Montero, contrario a la imputación de Rambla y Martínez por cohecho y prevaricación.

La sala mantiene el criterio de asumir los supuestos delitos en los que hay aforados. El resto de hechos aparentemente criminales (la visita del Papa, por ejemplo) son remitidos para ser enjuiciados junto al grueso del caso Gürtel, que previsiblemente acabará en la Audiencia Nacional. Frente a los recursos, especialmente los del PP y Álvaro Pérez, El Bigotes, que alegaban defectos de tramitación, el tribunal entiende "que las circunstancias y vicisitudes procesales que relataban no era impedimento del deber que a esta sala asistía" de asumir la competencia de la inhibición dictada por el juez Antonio Pedreira. www.elpais.es 17.06.11 6) EL EMPEÑO DEL PP EN PROPONER A ENRIQUE LÓPEZ BLOQUEA LA RENOVACIÓN Trillo espera que las elecciones cambien la mayoría para tener más facilidades Las enormes dificultades para renovar el Constitucional son una prueba más de la situación de bloqueo que vive la política española en algunas de sus esferas. Y después de la crisis abierta ayer por la renuncia de tres magistrados, nada parece indicar que las cosas vayan a cambiar.

La renovación quedó bloqueada en noviembre de 2010, y ahí sigue.

El Constitucional debe fallar sobre bodas gay y aborto, claves para Rajoy El escollo es uno solo, y siempre el mismo: el empeño del PP en mantener como candidato a Enrique López, un juez de la Audiencia Nacional muy polémico por su faceta política, sobre todo cuando fue portavoz del Consejo General del Poder Judicial.

El PSOE mantiene su veto a López, y el PP insiste con ese nombre, muy vinculado a Federico Trillo, principal negociador de los populares en asuntos relacionados con la justicia. El PP juega con una gran ventaja. Mientras pasa el tiempo, se acercan las elecciones generales, que previsiblemente cambiarán la mayoría en el Congreso y podrían incluso permitir que los populares lograran, en vez del actual 2-2 en la elección de los magistrados por la Cámara, un 3-1 a su favor. Entonces sería el PSOE quien podría bloquear la renovación, pero para los populares es cuestión de esperar, en algún momento ganarían la partida.

El Constitucional es clave en la estrategia del PP, ya que en la mesa del alto tribunal están asuntos de gran calado para su electorado, como el matrimonio homosexual, la nueva ley del aborto o la legalización de Sortu.

El entorno de Mariano Rajoy asegura que él quiere renovar. Sin embargo, el líder siempre deja este asunto en manos de Trillo, motivo por el cual ayer en el PP daban por hecho que no habrá renovación antes de las elecciones.

Ambos partidos culpan al de enfrente de que no haya acuerdo. La número dos del PP, María Dolores de Cospedal, achacó ayer la crisis actual al "caos" en que se mueve el Gobierno de Zapatero, que va, dijo, "a la deriva". Los socialistas interpretan que las tres renuncias son un mensaje al PP para que facilite la renovación.

López no oculta su amistad con Trillo ni su cercanía al PP, tanto que suele aparecer en actos políticos del partido. En los foros del PP se le trata como a un dirigente más, siempre con aspiraciones de entrar en política cuando Rajoy llegue al Gobierno.

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El juez se convirtió en uno de los arietes contra el Ejecutivo del PSOE cuando era portavoz del Poder Judicial. El PP bloqueó durante dos años la renovación de ese órgano, tanto que López fue portavoz del CGPJ durante toda la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y no cesó hasta finales de 2008. El PSOE vivió así casi cinco años con un Poder Judicial a la contra.

Las polémicas declaraciones de López sobre todas las cuestiones políticas del momento — llegó a plantear la necesidad de abrir un debate sobre la cadena perpetua— hicieron que la minoría progresista del CGPJ pidiera en dos ocasiones que le destituyeran como portavoz.

Después de largos años de bloqueo, siempre por López, Rajoy y Zapatero pactaron la renovación de los cuatro miembros del Constitucional elegidos por el Senado. El PP aceptó sacar a López de allí para evitar el bloqueo, pero lo metió en su cuota del Congreso. Y esos son los cuatro que siguen bloqueados.

El compromiso de Trillo y Rajoy con López por su trayectoria pasada parece firme, y la voluntad del PSOE de mantener el veto también, por lo que, salvo sorpresas por la presión que supondrá la crisis de ayer, no parece que nada vaya a cambiar hasta después de las elecciones de 2012. www.elpais.es 14.06.11 7) VARAPALO DEL SUPREMO A UNA SENTENCIA DE ENRIQUE LÓPEZ El Tribunal Supremo ha reducido a dos años de prisión la condena de siete años y medio a cuatro borrokas que quemaron un cajero automático en Barakaldo en el marco de una acción de terrorismo urbano. La sentencia de la Audiencia Nacional, que el Supremo corrige con severidad, fue redactada en julio del pasado año por el magistrado Enrique López, al que el PP quiere promover al Constitucional. El Supremo estima tres de los cuatro motivos de casación que planteó la defensa de los condenados, al apreciar error en la aplicación del delito y error en la aplicación de la pena.

El Supremo sí considera probado que Asier Gómez de Salazar, Sendoa Aratz Jurado, Unai Frías de la Red y Jon Villanueva Patin arrojaron un cóctel molotov a un cajero automático, provocando un incendio que calcinó varios elementos del mobiliario, si bien el fuego se extinguió rápidamente sin que se produjera riesgo para la vida o la integridad física. El cajero se encontraba en un inmueble de siete alturas, cuyas viviendas estaban ocupadas por sus moradores en el momento de los hechos.

El Supremo rectifica la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, que aplicó el delito de incendio del artículo 571 del Código Penal, que es el que comete el integrante o colaborador de una banda armada, y que se castiga más gravemente. Según el Supremo, debió de aplicarse el artículo 577, que sanciona al que actúa "de manera ocasional y en concretos actos delictivos", aunque se comulgue con la "patógena ideología terrorista".

Inadmisible La Audiencia castigó "el claro fin terrorista existente en el delito de incendio ocasionado", pero según el Supremo, "tal razonamiento, ni es admisible ni coherente con la propia argumentación de la sentencia", que rechazó el delito de integración, pertenencia o colaboración con banda armada. Para el Supremo, el modus operandi es el que se conoce como kale borroka, pero responde a la "colaboración excepcional de quien no está integrado en una banda armada".

La sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Joaquín Giménez, corrige también la tipificación del delito que hace la Audiencia Nacional como delito de incendio terrorista y lo sanciona con la pena prevista para el delito de daños, dado que la propia sentencia de instancia "excluyó claramente la nota del riesgo para las personas".

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www.elpais.es 17.06.11 8) ÁNGEL ACEBES ABANDONA OFICIALMENTE EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS El ex ministro del Interior deja su escaño en el Congreso para"abrir una nueva etapa profesional" Aunque muchos lo ignorasen, Ángel Acebes aún tenía un escaño en el Congreso de los Diputados. Hasta este martes, cuando ha renunciado a él, no sin antes presumir de su gestión recordando que él fue el impulsor de la Ley de Partidos que, ha dicho, permitió la expulsión de ETA de las instituciones.

Acebes se une a la quincena de exministros del Gobierno de José María Aznar que, como Rodrigo Rato, Eduardo Zaplana, Manuel Pimentel, José María Michavila, Margarita Mariscal de Gante, Anna Birulés, Jaume Matas, Juan Costa, Josep Piqué, Juan Carlos Aparicio, han dejado, de momento, la política para dedicarse a actividades privadas.

A sus 53 años, Acebes, diputado por Ávila, se va "con la intención de abrir una nueva etapa profesional, coincidiendo con los estertores de una legislatura agotada". El ex ministro del Interior y ex secretario general del PP ha manifestado su profundo agradecimiento a las muchas personas le han apoyado y con las que ha colaborado a lo largo de estos años.

Acebes se despide tras solo cinco intervenciones en los últimos 3 años En este sentido, ha expresado su agradecimiento a los ciudadanos de Ávila, a los que ha representado, primero como senador y luego como diputado. "Siempre he procurado defender, con la mayor determinación y mi mejor voluntad, los intereses de los abulenses", asegura.

También ha agradecido a todos los compañeros del Partido Popular, con quienes ha "compartido muchos años de intensa vida política en defensa de nuestros principios y convicciones, y al servicio del interés general de España y de los españoles".

Acebes, cuyo escaño ocupará la actual jefa del Servicio Territorial de Familia de la Junta de Castilla y León en Ávila, María Ángeles Ortega, explica que "dentro de esa muchas veces difícil, pero gratificante e imprescindible tarea política al servicio de España y de las libertades", se siente especialmente orgulloso de haber presentado y defendido ante el Congreso de los Diputados la Ley de Partidos Políticos, que permitió la expulsión de ETA-Batasuna de las instituciones.

Silencioso Acebes Sin embargo, esa tarea política se ha visto reducida al mínimo en la última legislatura, sobre todo en lo referido a las intervenciones parlamentarias. Acebes, cuyas actividades extraparlamentarias contemplan desde abogado y conferenciante, pasando por consejero de la Fundación Cibeles y Patrono de la Fundación FAES, ha usado más el silencio que el micrófono de su escaño durante los últimos tres años, en los que ha intervenido en tan solo cinco ocasiones.

La última vez que el Pleno oyó a Acebes fue en junio de 2010 De hecho, hace un año y cinco días de la última intervención de Acebes, en la que preguntó por las obras del Centro de Gestión de Depósitos del Museo del Prado. "Me gustaría que nos diese unas fechas concretas; es muy sencillo, díganos cuándo va a adjudicar las obras y si van a estar abiertas este...", fueron sus últimas palabras en el hemiciclo, según recoge el diario de sesiones del Congreso. Fue el 9 de junio de 2010.

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Precisamente de junio de 2010 data la última iniciativa parlamentaria presentada por Acebes, cuyo número total asciende a 689 en toda la legislatura. En comparación con otros diputados, no llega ni a la mitad de las de Llamazares (1403) pero supera las de la portavoz de su propio partido, Soraya Sáenz de Santamaría (138). Del total de iniciativas, 672 fueron hechas por escrito y tan solo 17 por vía oral. Sin embargo, Acebes no ha solicitado ni un solo informe, ni una sola comparecencia ni tampoco ha pedido la creación de ningún tipo de órgano en lo que llevamos de legislatura.

Con todo, la portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha agradecido la "dedicación y el compromiso" con el Grupo Popular que ha mostrado "siempre" Acebes. www.publico.es 14.06.11 9) EL SUPREMO APARTA A LOS CINCO JUECES QUE RECUSÓ GARZÓN La Sala del 61 considera que están contaminados por la instrucción La Sala Especial del artículo 61 del Tribunal Supremo acordó ayer, por 13 votos a 2, estimar la recusación planteada por el juez Baltasar Garzón contra cinco magistrados de la Sala de lo Penal que pretendían juzgarle por su investigación de los crímenes del franquismo. Es la primera vez que el Supremo aparta a tantos jueces del conocimiento de un proceso por falta de imparcialidad aparente, como habían pedido el abogado defensor de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, y el ministerio fiscal.

Es la primera vez que el tribunal aparta a tantos magistrados El propio Baltasar Garzón ha valorado como "un hito" la decisión El propio Garzón valoró el apartamiento de esos cinco jueces como "un hito" en la doctrina del Supremo, que a partir de ahora tendrá que recomponer la formación de salas que enjuicien a aforados y hacer una especie de "doble instancia procesal". El magistrado suspendido de funciones valoró también que la única decisión que le ha favorecido en todo este tiempo "ha tenido que venir de fuera de la Sala Penal".

La decisión de la Sala del 61, que se hará pública dentro de unos días, implica que no podrán juzgar a Garzón el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, el ponente inicial, Adolfo Prego, y los magistrados Juan Ramón Berdugo, Francisco Monterde y Joaquín Giménez García. Este último fue el único que aceptó que podía estar contaminado y se abstuvo por entender que la sala debía "no solo ser imparcial, sino también aparentarlo". La decisión incide especialmente sobre el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, que preside los tres tribunales que tienen encausado a Garzón, y que previsiblemente tendrá que salir de los tres.

Tras la decisión de la Sala del 61, el tribunal de siete magistrados encargado de juzgar a Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo estará presidido por el magistrado Carlos Granados e integrado por Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, Perfecto Andrés Ibáñez, José Ramón Soriano, José Manuel Maza y Miguel Colmenero. El nuevo ponente, en principio, será Sánchez Melgar, que sustituye a Prego, aunque no se descarta que se elija a otro por sorteo.

La Sala del 61 estuvo encabezada por el presidente del Supremo, Carlos Dívar, que dio así un mentís a algunas informaciones que apuntaban a que se abstendría. La Sala estudió las recusaciones durante unas dos horas y media y rechazó la ponencia inicial, contraria a la recusación, del presidente de la Sala de lo Militar, Ángel Calderón, quien presentará un voto particular discrepante de la mayoría. Según las fuentes consultadas, el otro magistrado que votó a favor de los recusados fue Mariano del Oro Pulido, de la Sala de lo Contencioso.

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La resolución de la Sala del 61 será redactada por el nuevo ponente, el presidente de la Sala de lo Social, Gonzalo Moliner. A favor de aceptar las recusaciones intervinieron Moliner, el presidente de la Sala de lo Civil, Juan Antonio Xiol, y los magistrados Francisco Javier de Mendoza, José Luis Calvo, Alberto Jorge Barreiro y Manuel Alarcón. Los magistrados de la mayoría entienden que los cinco jueces recusados han tenido un contacto objetivo con la instrucción, dada la cantidad de recursos, hasta 12, que han resuelto sobre cuestiones planteadas por la defensa de Garzón, por lo que están contaminados. Entre estas, la admisión de la querella, pero sobre todo, la negativa a sobreseer el procedimiento, como habían reclamado Garzón y el fiscal, y el auto de apertura del juicio oral.

La Sala recuerda la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en casos similares ha llegado a la conclusión de que los magistrados ya tenían formada una opinión sobre la culpabilidad del recurrente. La resolución añade que no hay posibilidad de que se revise ahora el auto de apertura de juicio, pero la defensa de Garzón podrá replantear la cuestión ante el nuevo tribunal, al inicio de la vista.

La ponencia del presidente de la Sala de lo Militar, Calderón, contrario a la recusación, señalaba, en línea con el informe de los cuatro magistrados que se negaron a abstenerse, que no se habían formado un juicio predeterminado sobre la cuestión de fondo; que no habían adelantado criterios que pudiesen afectar al enjuiciamiento de Garzón y que lo que habían resuelto eran meras cuestiones técnicas.

Razones de los jueces recusados - Cuatro de los cinco jueces recusados -Juan Saavedra, Adolfo Prego, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo- se opusieron a la recusación que les presentó Garzón. Un quinto magistrado, Joaquín Jiménez, admitió la falta de apariencia de imparcialidad objetiva, porque el magistrado que participa en la instrucción de la causa no puede juzgarla.

- Los cuatro jueces que se opusieron a la recusación precisaban que "ninguna de las alegadas objeciones de prejuicio o parcialidad" concurrían en los magistrados informantes, "cuya imparcialidad no se ha visto afectada, tanto desde una perspectiva subjetiva como objetiva". No albergaban los magistrados recusados "una idea preconcebida acerca de la culpabilidad o ausencia de ella del recusante" y, por ende, no había "quiebra alguna de las garantías derivadas del artículo 6 del Convenio y del artículo 24 de nuestra Constitución".

- Los jueces recordaban que la imparcialidad de un magistrado se presume mientras no haya prueba en contrario, y ellos entendían que no la ha habido.

Razones del juez para la recusación - Garzón esgrimió dos razones para reclamar la recusación de cinco magistrados de la Sala Penal del Supremo que iban a juzgarle por el caso de la memoria histórica. De un lado, su "pérdida de imparcialidad objetiva" por haber participado en la instrucción de la causa. De otro, su "interés indirecto" en el pleito, al tratar de ser ellos los encargados de juzgar el caso, cuando deberían haberse abstenido por haber entrado en el fondo del asunto.

- Los magistrados habían dictado tres resoluciones: el 23 de marzo, y el 26 y el 28 de julio de 2010. La primera de ellas ratificaba una durísima resolución del juez Luciano Varela, redactada con tintes de sentencia condenatoria, en la que denegaba el archivo de la causa contra Garzón. La segunda confirmaba otra resolución de Varela denegando las pruebas pedidas por la defensa de Garzón. En la tercera se convalidaban las instrucciones que Varela dio a Manos Limpias y Falange sobre cómo debían formular sus escritos de acusación. El juez Jiménez aceptó las razones de Garzón. www.elpais.es 14.06.11

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10) EL PADRE DEL „POPULAR‟ MAYOR OREJA, INVESTIGADO EN LA TRAMA DE LOS NIÑOS ROBADOS DURANTE EL FRANQUISMO La provincia de Guipúzcoa es una de las que aparece más salpidada por la trama en torno a médicos, comadrones y monjas que atendían partos y en algunos casos comunicaban a la madre la falsa muerte del recién nacido para luego venderlo a otras familias, unas redes que actuaron impunemente durante el franquismo. En esta provincia la Fiscalía acumula decenas de denuncias, una de ellas relacionada con el doctor José María Mayor Lizarbe, ginecólogo ya fallecido y padre del dirigente 'popular' Jaime Mayor Oreja.

El ginecólogo José María Mayor Lizarbe, ya fallecido, ejercía en Nuestra Señora de Aranzazu, donde se concentran 81 casos de posibles ventas de bebés El doctor ginecólogo Mayor Lizarbe, ya fallecido, aparece vinculado a seis casos de irregularidades relacionadas con la desaparición de bebés, según datos de los afectados en Euskadi recogidos por Interviú. Un reportaje de la revista semanal recoge por ejemplo el testimonio de Inmaculada Pernicas, cuya madre, Rafaela, dio a luz a un niño el 23 de junio de 1971 en el Hospital Nuestra Señora de Arazazu de San Sebastián.

Sin datos en el Registro sobre los abortos Aunque Rafaela oyó llorar a su niño y le vio con vida, las enfermeras le comunicaron que había muerto ahogado por el cordón umbilical. Aquel parto fue asistido por Mayor Lizarbe, quien ante el desconsuelo de Rafaela le dijo que su parto había sido normal. Tres días después el doctor firmaba el certificado que la familia necesitaba para demostrar que había dado a luz. Sin embargo, en el Registro Civil de San Sebastián no hay constancia de este nacimiento, de hecho del archivo desaparecieron todos los documentos relacionados con abortos anteriores a 1975.

Una de las “personas implicadas” Una hermana de Rafaela insistió en ver el cuerpo del niño aquel 23 de junio de 1971, y las enfermeras le mostraron un cadáver de una criatura que encajaba con el que pudo ver la madre, por lo que la familia se pregunta si lo tenían para mostrarlo a todo el mundo que reclamara pruebas. Los Pernicas han presentado una denuncia ante la Fiscalía su caso, y en la misma aparece Mayor Lizarbe, “colegiado nº 585″, como una de las “personas implicadas (…) contra quienes debería dirigirse la investigación”.

Hasta 168 casos en los tribunales Con los casos denunciados hasta ahora, la sospecha se cierne sobre 15 hospitales y 35 médicos -la mayoría ya fallecidos-, y los casos de presuntas falsas muertes y posterior venta de bebés se resitran desde 1940 hasta 1993 en el último de ellos. Ya existen hasta 168 casos documentados, de los que 80 están en los tribunales y en otros 50 se está buscando documentación que acredite las sospechas. Sólo en Nuestra Señora de Aranzazu, el centro en el que ejercía Mayor Lizarbe, se concentran 81 casos de posibles robos.

Otros nombres vinculados al PP Ya hace unos meses saltaron en relación a estas presuntas tramas de robo de niños los nombres de un tío segundo de Ana Botella, José Botella Llusía (fallecido en 2002), así como el del doctor Ignacio Villa Elízaga, padre de Nacho Villa -director de informativos de la cadena COPE-. www.elplural.com 13.06.11

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11) IU FACILITA 17 ALCALDÍAS AL PP Y Y OBTIENE 10 EN COMPENSACIÓN La coalición anuncia expedientes disciplinarios La colaboración entre IU y PP para arrebatar alcaldías al PSOE, que agrió las relaciones entre los partidos de izquierda en las vísperas de la constitución de los ayuntamientos, fructificó finalmente en al menos una treintena de ayuntamientos, algunos de ellos incorporados por sorpresa a última hora, como los casos de Herrera (Sevilla) o Encinas Reales (Córdoba). Por acción o por omisión, IU ha facilitado al PP al menos en 17 alcaldías.

IU votó la investidura de un alcalde del PP en 10 municipios. Los más significativos son Almonte (Huelva) y Alcalá de los Gazules (Cádiz) por tratarse de dos bastiones históricos del PSOE cargados de simbolismo. El primero por las diferencias entre los partidos sobre algunos proyectos en el Parque de Doñana, y el segundo por tratarse de un municipio cuna de significados dirigentes socialistas como Bibiana Aído, Alfonso Perales, Luis Pizarro, o José Luis Blanco.

Además, IU dio su apoyo directo a un alcalde del PP en Minas de Río Tinto (Huelva), Gérgal (Almería), Colmenar (Málaga), Mairena del Alcor, Herrera (Sevilla), Encinas Reales, Valenzuela (Córdoba) y Deifontes (Granada), en este último en un pacto tripartito con un partido independiente. En Valenzuela, PP e IU repiten el acuerdo de gobierno que ya tuvieron en 2007.

Además, la coalición de izquierdas se abstuvo o votó a su propio candidato para facilitar la investidura de un alcalde del PP en otros siete municipios donde este no logró la mayoría absoluta y en los que si hubiera sido posible un pacto de izquierdas: Gibraleón (Huelva), Montilla (Córdoba), Carratraca (Málaga), Pegalajar, Torrredonjimeno (Jaén), Vélez de Benaudalla (Granada) y Jimena de la Frontera (Cádiz). En esta última población, el candidato popular a la alcaldía, Francisco Pineda, se encuentra en coma ingresado en un hospital por un ictus que sufrió en plena campaña electoral, y será investido el número 2 de la candidatura, Guillermo Ruiz.

Algunas direcciones provinciales de IU en Huelva y Sevilla ya han anunciado que abrirán expediente disciplinario a los concejales que han votado un alcalde del PP. Paralelamente, y aunque al no tratarse de pactos globales no puede considerarse una contrapartida, IU ha tenido el favor del PP para hacerse con 10 alcaldías, bien mediante acuerdos de cogobiernos o bien simplemente prestando el voto para desplazar al PSOE donde era la lista más votada. Los municipios donde el PP ha permitido la investidura de un alcalde de IU son Castellar de la frontera (Cádiz), Guadahortuna (Granada), Campillo de Arenas, Huesa, Marmolejo, Vilches (Jaén), Archidona, Jubrique (Málaga), La Roda de Andalucía y Montellano (Sevilla).

Además, IU y PP han apoyado la investidura de un alcalde independiente en Benaoján (Málaga), donde el PSOE fue la lista más votada. www.elpais.es 12.06.11 12) C.A ASTURIAS: EL JUEZ ENVÍA AL TS LA CAUSA CONTRA CASCOS POR INJURIAS A LA POLICÍA El virtual presidente de Asturias comenzará la legislatura con un procedimiento en el Tribunal Supremo El virtual presidente de Asturias, Francisco Álvarez Cascos, comenzará la legislatura con un procedimiento en el Tribunal Supremo. El juez de Instrucción número 32 de Madrid, Santiago Torres, elevó hoy una exposición razonada al Alto Tribunal para que asuma la causa abierta contra el exministro de Fomento del gobierno de José María Aznar por injurias y calumnias a la Policía.

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La remisión del procedimiento se ha producido después de que el juez comprobara que el presidente de Foro Asturias adquirió la condición de diputado autonómico asturiano el pasado 27 de mayo. Eso le confiere fuero por lo que sólo puede ser investigado y juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, si el delito que se le imputa hubiera sido cometido en la comunidad, o por el Tribunal Supremo.

El auto afirma que "no consta que el denunciado se encontrara en Asturias" cuando se refirió en una entrevista radiofónica a los investigadores policiales del caso Gürtel como "una camarilla de la Policía Judicial, instalada en Canillas, dedicada a preconstituir pruebas" en su contra para vincularle con la trama de corrupción. El juez ha remitido al Supremo la denuncia inicial a la que se acumularon las diligencias fiscales abiertas. www.publico.es 17.06.11 13) C.A CANARIAS: UNA JUEZ INVESTIGA SI EXCARGOS DEL PP CANARIO AMAÑARON UN MACROCONTRATO La mujer del fiscal jefe de Las Palmas dirigió la adjudicación sanitaria La Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado número 8 de Las Palmas -de oficio- investigan la adjudicación en octubre de 2010 de un concurso para realizar hemodiálisis para los hospitales doctor Negrín y doctor José Molina Orosa de más de 31 millones -ampliables a 124,7- por la sanidad canaria. La investigación judicial -basada en indicios de malversación, prevaricación, información privilegiada y tráfico de influencias- intenta aclarar el papel en dicha concesión por Lourdes Quesada, secretaria general técnica de la consejería de Salud cuando ocurrieron los hechos y esposa del fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García Panasco.

Anticorrupción entró para evitar sospechas sobre la neutralidad fiscal La denuncia, presentada ante Anticorrupción de Las Palmas por asociaciones vecinales y colectivos sindicales, acusa a Quesada de forzar la adjudicación a una empresa sin experiencia. Según los acusadores, Quesada "modificó el borrador preparado por los técnicos suprimiendo la cláusula por la que se exigía experiencia a los licitadores y modificando a la baja la cláusula que exigía solvencia financiera, requiriendo solo una póliza de tres millones de euros para un contrato global de casi 125 millones". La investigación posee ya pruebas de la supuesta manipulación del proceso.

Quesada, según la denuncia, presidió la mesa que adjudicó el concurso a Lifeblood el 14 de octubre de 2010. Seis días después, el PP, partido de la consejera de Salud, Mercedes Roldós, rompió el pacto con CC, que anularía el contrato. La denuncia ve sospechoso que tuviera una "mínima incidencia en las bases aprobadas por la Mesa de Contratación de la propuesta económica, 10 puntos sobre 100, porcentaje inusual"; y que se valorara especialmente en Lifeblood la oferta de la creación de un tercer centro de hemodiálisis, algo que "no aparecía en las bases del concurso". Sospechan que tuvo información privilegiada Lifeblood. Ninguna otra empresa ofreció esa guinda. Y se dio "la máxima puntuación posible a los criterios subjetivos frente a los objetivos: 49 versus 51". ¿Cuál era la solvencia y experiencia de una empresa merecedora de ganar un concurso para 15 años por casi 125 millones? Basta con leer sus últimas cuentas: "La sociedad en este ejercicio no ha realizado actividad por lo que no hay resultado a distribuir"; "la sociedad no posee inmovilizado material"; "la sociedad no posee bienes de inmovilizado inmaterial"; "la sociedad no tiene ningún tipo de inversión". Todo su capital asciende a 3.000 euros. Ni un empleado. No tiene teléfono de oficina, sino el móvil y el correo electrónico de su administrador, Francisco Jorcano.

Por tanto, la empresa adjudicataria del macroconcurso tenía nula experiencia en sanidad o en cualquier área, dado que no había tenido ninguna actividad en los años previos. ¿Y su gestor?

Tampoco. Jorcano es un hombre vinculado al sector inmobiliario (Iniciativas y Promociones

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Canarias, Iniciativas de Viviendas Canarias, Frontón Las Palmas) y transporte (Olsen Shipping Agent). Hay informes oficiales de dicha consejería que dan verosimilitud a la denuncia. Uno de ellos está dirigido a la exconsejera de Sanidad canaria el 16 de noviembre de 2010.

Lo rubrican la responsable del servicio encargado de la redacción de las bases del concurso y un jefe de dicha unidad. El escrito revela que en el primer borrador figuraban las exigencias de solvencia económica y financiera y que "desaparecieron" en el borrador que aportó la secretaria general técnica. "Nuestro servicio mostró en todo momento su discrepancia por la modificación de determinados aspectos técnicos y, sobre todo, por la retirada de los criterios de experiencia mínima, en cuanto a la solvencia técnica, y por los criterios de adjudicación establecidos, que encontrábamos demasiado subjetivos. Estas discrepancias han quedado registradas en los numerosos correos electrónicos intercambiados entre los funcionarios actuantes, así como con la secretaria general, cuyas copias impresas se adjuntan. Pese a esas discrepancias los pliegos fueron aprobados sin esas exigencias".García Panasco es miembro de la Asociación de Fiscales, del Consejo Fiscal y desde 2008 fiscal jefe de Las Palmas.

Anticorrupción entró en este asunto para evitar toda sospecha de que pudiera favorecer a su esposa. www.elpais.es 13.06.11 14) C.A CASTILLA LA MANCHA: COSPEDAL SERÁ DEMANDADA POR UNA AGENCIA DE DETECTIVES Tras no presentarse al acto de conciliación con la agencia Almirante, la conservadora será demandada por acuso de espionaje de cargos públicos a instancias del PSOE. La agencia de detectives Almirante va a continuar la vía judicial con una demanda contra la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, por acusarles de espiar a altos cargos populares a instancias del PSOE. La próxima presidenta de Castilla-La Mancha no ha asistido al acto de conciliación celebrado en los Juzgados de Toledo, pero ha estado representada por un apoderado.

Al concluir el acto de conciliación sin avenencia, el letrado de la agencia de detectives ha explicado, en declaraciones a los periodistas, que a van a dar el paso siguiente, que es presentar una demanda porque, según ha dicho, las declaraciones de Cospedal le han causado muchos perjuicios a su cliente.

El abogado de la agencia de detectives, Manuel Tuero, ha señalado que lo que pretendían con el acto de conciliación era dar una oportunidad a Cospedal para que rectificara sus declaraciones, por si habían sido fruto del apasionamiento propio de una campaña electoral.

La empresa quería dar una oportunidad a Cospedal para rectificar sus declaraciones La empresa de detectives solicitaba a Cospedal que reconociera que afirmó que el PSOE castellano-manchego contrató detectives privados para seguir a dirigentes conservadores y que su partido tenía pruebas sobre el espionaje de los socialistas.

Detectives Almirante también quería que Cospedal reconociera que puso bajo sospecha pública que el dinero para pagar detectives privados tenía su origen en las arcas del gobierno autonómico y que apuntó que era "muy probable" que el caso del espionaje a la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, afectara a más provincias y a más dirigentes populares.

La agencia de detectives también solicitó la celebración de un acto de conciliación con la alcaldesa de Ciudad Real por su afirmación de que el gerente de la agencia de detectives era militante del PSOE y candidato a la alcaldía de un municipio de Castilla-La Mancha, lo cual, según el letrado, no es verdad, porque era el último en una lista municipal.

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El abogado ha lamentado que este caso ha causado muchos perjuicios a su cliente al vincular la empresa con un partido político; de hecho, ha añadido, muchos encargos fueron cancelados.

Ha anunciado que van a cuantificar los daños y que la cantidad se incluirá en la demanda que presentarán contra Cospedal.

María Dolores de Cospedal también fue citada el pasado 31 de marzo en los Juzgados de Toledo a un acto de conciliación interpuesto por el PSOE, al que tampoco asistió la dirigente conservadora y tampoco hubo avenencia, aunque en ese caso, el secretario de Organización de los socialistas castellano-manchegos, José Manuel Caballero, se dio por satisfecho y anunció que no iban a continuar el proceso judicial con una querella.

Arguyó que Cospedal, al no ratificarse en sus declaraciones ni retractarse, puso en evidencia que mintió al acusar al PSOE de ordenar espiar a altos cargos del PP, según dijo Caballero en su momento. www.publico.es 13.06.11 15) C.A CATALUÑA: CIU Y PP SE DAN AIRE MUTUAMENTE EN BARCELONA Y BADALONA Los nacionalistas entregan la tercera ciudad catalana a los populares El PP de Cataluña ha logrado dejar atrás su imagen de partido residual en el ámbito municipal.

Y lo ha hecho con la ayuda de Convergència i Unió. Los conservadores se confirman como el gran puntal del nacionalista Xavier Trias en el Ayuntamiento de Barcelona, que precisamente no se podrá constituir hoy por un recurso presentado por el PP, que busca recontar los votos para intentar alcanzar su noveno concejal. De obtenerlo, se lo arrebataría a CiU, que se quedaría con 14 ediles.

Trias ya ha señalado quiénes formarán parte de su equipo. El primer alcalde barcelonés de Convergència i Unió desde la recuperación de la democracia se rodeará de los colaboradores que han compartido con él tarea de oposición. Por ahora no ha incorporado a ningún independiente. El Ayuntamiento de Barcelona se constituirá el día 1 de julio debido al recurso del PP. Lo mismo sucederá en Girona, en este caso por un recurso de Esquerra Republicana.

La gran novedad radica en Badalona, tercera ciudad de Cataluña. Los socialistas pierden también este Ayuntamiento que, gracias a la abstención de Convergència i Unió, quedará en manos de Xavier García Albiol (PP), algo que ha generado discordia en las filas nacionalistas por el "peligro" que, a juicio de muchos, entraña el discurso xenófobo del futuro alcalde conservador. Este ya ha comenzado a templar su discurso y CiU justifica su abstención de hoy por su intención de respetar el principio de la lista más votada en cada municipio.

El acuerdo en Badalona entre CiU y el PP permitió a los nacionalistas desbloquear con el PP los pactos que más ansiaba: los votos en el Parlamento para encarrilar los presupuestos de la Generalitat y, sobre todo, el apoyo del partido de Alicia Sánchez -Camacho para aupar a CIU a la presidencia de la Diputación de Barcelona.

El principio de la lista más votada hará que CiU permita gobernar al PSC en Tarragona y en El Vendrell. En esta ciudad de Tarragona, el candidato convergente, Benet Jané, flirteó con la xenófoba Plataforma per Catalunya para, tras imponerse la opinión de la dirección de CiU, acabar pactando con todas las formaciones y excluyendo al partido racista.

En Tarragona también tuvo que intervenir la cúpula de Convergència, que impuso el respeto a la lista ganadora. La dirección de Convergència tuvo que enfrentarse a la federación local para evitar un pacto con el PP que tenía como objetivo desbancar a Josep Fèlix Ballesteros, actual alcalde y candidato del Partit dels Socialistes (PSC).

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Pero el principio de respetar la lista más votada se aplicará solamente donde más le convenga a CIU. Ese criterio se ha mantenido en los grandes municipios, donde los pactos se miraban con lupa. Sin embargo, hoy, cuando la práctica totalidad de los Ayuntamientos catalanes se constituya, los nacionalistas de CiU se harán con una veintena de alcaldías en localidades donde no ganó en las urnas. www.elpais.es 11.06.11 16) C.A. MADRID: AGUIRRE PRESCINDE DE GRANADOS EN SU NUEVO GOBIERNO DE MADRID Esperanza Aguirre tomó ayer por la mañana juramento como presidenta de la Comunidad de Madrid y por la tarde anunció la composición de su Ejecutivo a través de Twitter. La dirigente popular prescinde de Francisco Granados, que ocupaba la cartera de Presidencia, Justicia e Interior. Granados llevaba desde 2003 en el Ejecutivo de Aguirre y hasta ahora era el número tres en la Administración regional. Aguirre reduce su Gobierno de nueve a ocho consejerías.

Casi la mitad que hace tres años.

Era el jefe de los supuestos espías que siguieron a Cobo y Prada La decisión de Aguirre ha causado gran sorpresa entre los populares porque Granados es el secretario general del PP de Madrid y como tal ha diseñado la campaña electoral y ha negociado con UPyD las alcaldías en municipios donde no tenía mayoría absoluta.

La interpretación sobre la exclusión de Granados apunta al espionaje político en la Comunidad de Madrid. Hace dos meses, justo antes de las pasadas elecciones, la Audiencia Nacional reabrió el caso del espionaje a cargos del PP en la región. Granados era el jefe de los supuestos espías a los que el tribunal acusa de malversación de fondos. Fue él quien los contrató y les puso a trabajar para la Administración regional con el doble de sueldo que cobraban como ex guardias civiles. Mientras Granados era el responsable, los agentes siguieron al exconsejero de Justicia, Alfredo Prada, y al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.

Otras fuentes recuerdan que la semana pasada Aguirre se reunió con Granados para ofrecerle la portavocía del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid y uno de los cinco escaños en el Senado que le corresponde al PP por designación autonómica. Pero Granados rechazó la primera parte de la oferta con malestar porque mantenía otras aspiraciones.

Con la salida de Granados, Ignacio González es el único miembro del Gobierno que permanece junto a Aguirre desde 2003. González se mantiene como el hombre fuerte. Es vicepresidente, portavoz del Gobierno y mantiene las consejerías de Cultura y Deportes. Es el maestro de ceremonias en el Consejo de Gobierno y por sus manos pasan todos los asuntos relevantes del Ejecutivo.

El número dos de Madrid mantenía frecuentes pulsos políticos con Granados y se sentía incómodo con la ortodoxia presupuestaria de Antonio Beteta como consejero de Economía y Hacienda. Aguirre desplaza a Beteta a Transportes e Infraestructuras. www.elpais.es 17.06.11 17) C.A. MADRID: EL FIN DE UN DUELO POR EL PODER DEL PARTIDO Aguirre acaba con el pulso que mantenían González y Granados Francisco Granados era un joven yuppie financiero de éxito cuando en 1999 saltó a la política local. Se convirtió en el alcalde de su pueblo, Valdemoro, hasta entonces gobernado por los socialistas. Cuando Esperanza Aguirre desembarcó en Madrid, tras el traumático episodio del tamayazo, se fijó en el joven alcalde de Valdemoro.

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Tras alcanzar la presidencia de Madrid, Aguirre decidió desafiar a su compañero Alberto RuizGallardón y disputó la presidencia del PP local. El convulso episodio para los populares concluyó con Granados como secretario general del PP de Madrid. Su carrera había sido fulgurante. Pronto ocuparía la cartera de Transportes del Gobierno regional e iría escalando en el gabinete de Aguirre, hasta convertirse en la pasada legislatura en el número tres.

Entonces comenzaron los problemas entre él e Ignacio González, hombre de confianza de Aguirre desde los tiempos en que ella era concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Madrid. "Esta pelea viene de lejos. Parece que la presidenta ha querido poner fin a esa guerra", apunta un veterano diputado del PP. "Nunca ha habido dudas para Aguirre, el favorito siempre ha sido Ignacio", añaden fuentes próximas al Gobierno regional.

Durante años, Aguirre permitió el pulso que mantenían uno y otro. El plan para que González saltara a la presidencia de Caja Madrid allanaba el camino a Granados. Pero la operación se frustró. El duelo entre ambos acabó con la paciencia de Juan José Güemes, exconsejero de Sanidad, que aspiraba a avanzar en el escalafón del poder regional y se marchó a la empresa privada.

La tensión creció con el asunto de los espías. La desconfianza se instaló entre ellos. Ahora el futuro de Granados estará en el Senado. "No pueden verlo en Génova [sede del PP nacional].

Esta decisión no será cuestionada por el entorno de Rajoy, aunque Granados se haya acercado a Cospedal", apuntan otras fuentes del PP. González puede respirar tranquilo. Ahora nadie parece querer interponerse en su camino. Todo es cuestión de tiempo. www.elpais.es 17.06.11 18) C.A. MADRID: UN TERCIO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE ESPERANZA AGUIRRE NO SE FISCALIZA La opacidad blinda los gastos del Servicio Madrileño de Salud, que cada año sobrepasan los 6.000 millones de euros La solemne promesa de transparencia lanzada hace diez días por Mariano Rajoy ha topado con la realidad. En Madrid, la mayor y más importante de las comunidades gobernadas por el PP, un tercio del Presupuesto regional jamás se ha fiscalizado bajo el mandato de Esperanza Aguirre, que gobierna con mayoría absoluta desde 2003. Un ardid legal ha permitido al Ejecutivo madrileño hurtar a la oposición y, sobre todo, a la Cámara de Cuentas los datos sobre el gasto sanitario real, que cada año representa más del 30% del Presupuesto general.

Desde que, en 2005 y fruto de la fusión de estructuras sanitarias previas, nació el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), los Presupuestos regionales le han asignado más de 43.000 millones. Sólo una vez la Cámara hizo una incursión parcial en las cuentas sanitarias. Ocurrió en 2009, cuando decidió auditar un programa cuyo coste equivale al 1,3% del total asignado al Sermas entre2005 y 2011. El informe resultante alertó del descontrol en los hospitales privados con conciertos o convenios.

Desde 2005, el ente sanitario ha recibido más de 40.000 millones Cómo se han distribuido esos 43.000 millones en una etapa marcada por la privatización de la gestión hospitalaria es una pregunta cuya respuesta permanece tras el muro de la opacidad.

En 2010, la dotación del Servicio Madrileño de Salud ascendió a 6.820 millones, el 35,5% del presupuesto. Para este ejercicio, las cuentas le asignan 6.875,8 millones, incluidas las operaciones financieras, lo que significa el 36,6% del total.

La coartada legal

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Mientras que las otras grandes comunidades Andalucía, Catalunya y País Valencià entregan cada año la ejecución presupuestaria íntegra de sanidad a sus respectivos órganos autonómicos fiscalizadores, Madrid se escuda en su legislación para esquivar el control externo y el de la oposición.

El Ejecutivo del PP ha denegado por sistema los datos a la oposición La coartada del PP se sustenta en que el Servicio Madrileño de Salud es lo que el argot administrativo denomina un ente especial. Y los entes especiales no se integran en la cuenta general de la Comunidad. Es esa cuenta, formada por el presupuesto de la administración general las consejerías y sus organismos autónomos lo que se fiscaliza obligatoriamente cada año. Y lo que el Gobierno traslada a la oposición. Si quisiera, el PP podría pedir a la Cámara que auditase la sanidad: si la Asamblea de Madrid lo reclamase, sería motivo automático para el examen. Y también habría examen periódico si así lo decidiera la Cámara de Cuentas, controlada por consejeros afines al PP. Pero los conservadores no sólo no desean abrir la caja de los hospitales y los centros de salud, sino que han bloqueado todos los intentos de la oposición.

Los socialistas llevan años reclamando a Aguirre que modifique la Ley de Hacienda para cerrar de una vez el agujero informativo. El cambio sólo afectaría a un artículo de esa norma, el 122, cuyo enunciado dice ahora esto: "La Consejería de Hacienda remitirá mensualmente a la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea información sobre la ejecución presupuestaria, consistente en el estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad de Madrid y de sus Organismos Autónomos". Bastaría, y es lo que propone el PSOE, añadir la siguiente coletilla: "[de sus Organismos Autónomos] y Entes Públicos cuya normativa específica confiera carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos". O sea, el Servicio Madrileño de Salud y dos agencias la de Protección de Datos y la de Emigración cuyo presupuesto conjunto no supera los 3,6 millones. Cuando la Ley de Hacienda se promulgó en 1990, no existían los entes especiales.

Año a año, el PSOE ha presentado en la tramitación de los Presupuestos una enmienda con el texto reseñado en el párrafo anterior. Y, año a año, el PP se ha valido de su mayoría absoluta para tumbarla.

En siete años, la Cámara sólo ha auditado el 1,3% de los fondos totales El porqué real de esa negativa nadie lo explica, pese a que la propia Cámara de Cuentas recomienda cada ejercicio promover los cambios legislativos que permitan auditar el Servicio Madrileño de Salud.

En julio de 2010, el órgano fiscalizador emitió el ya citado informe parcial sobre el Sermas.

Pero parcial: afectaba al programa de atención especializada durante 2007, cuya ejecución se cifró en 556,7 millones. "El Sermas no verifica la información que le remiten los centros", concluía el diagnóstico, en relación con los hospitales privados concertados.

La auditoría se difundió cuatro meses después de que PSOE e IU denunciaran de nuevo el blindaje de las cuentas sanitarias. El 2 de marzo de 2010, el PPhabía bloqueado la comparecencia parlamentaria de los gerentes de hospitales. El entonces diputado socialista Adolfo Piñedo lanzó una pregunta. Retórica, dado que nadie contestó: "Nos preguntamos qué es lo que Esperanza Aguirre tiene que ocultar al negarse tan tenazmente a que nadie controle el gasto sanitario", dijo.

La política de información cero, en las antípodas del "portal de transparencia" prometido por Rajoy, condujo a una paradoja inusual durante la fase de liquidación de las cuentas de 2009, el pasado mes de octu-bre: el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, acudió a la comisión parlamentaria que abordaba el asunto. Pero, una vez allí, se negó a proporcionar a la oposición los datos de ejecución presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud. Los

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socialistas abandonaron la comisión en señal de protesta. El portazo no alteró ni un milímetro la trayectoria del PP. El viernes, y tras las preguntas de Público sobre una situación con ribetes de excepción en el escenario autonómico, un portavoz de la Consejería de Economía se limitó a recordar lo ya sabido: "La ley de Hacienda no obliga a presentar información de los entes especiales de derecho público, como el Sermas".

El departamento que dirige Antonio Beteta añadió algo más: " Los Presupuestos de la Consejería de Sanidad, incluido el Sermas, están englobados en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, que no sobrepasan el límite de déficit (-0.70%) permitido por el Consejo de Política Fiscal y Financiera". Pero la información solicitada por Público no se relacionaba con el déficit ni con la deuda que la sanidad madrileña arrastra con sus proveedores, "el secreto mejor guardado" de Aguirre,definió hace un mes el líder socialista madrileño, Tomás Gómez. www.publico.es 12.06.11 19) C.VALENCIANA: EL TSJ INSISTE EN INVESTIGAR AL PP POR FINANCIACIÓN IRREGULAR Rechaza así los recursos presentados por todas las partes contra el primer auto en el que ya se declaraba competente para asumir la causa proveniente de Madrid La sala Civil y Penal ha rechazado los recursos planteados contra diversas partes al auto en el que aceptó parcialmente la competencia para investigar una supuesta financiación irregular del PPCV y otros delitos en relación con el 'caso Gürtel'.

En un auto de fecha 14 de junio, contra el que no cabe recurso, la sala rechaza las alegaciones presentadas por el PP, ministerio fiscal, diputados del PSPV, y dos de los considerados presuntos cabecillas de la trama, Álvaro Pérez y Cándido Herrero, contra la decisión de asumir parcialmente la competencia de las investigaciones en esta parte de la causa.

La resolución cuenta con un voto particular del magistrado Juan Montero, de dos páginas, en el que se muestra contrario a la inclusión en esta investigación del vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, y de la ex presidenta de las Cortes Valencianas y diputada, Milagrosa Martínez dado que considera que en la inhibición planteada por el instructor de la causa en Madrid, Antonio Pedreira, no se hacía referencia a ninguno de los dos.

Contra la decisión de la sala de asumir la competencia de investigar esta parte de la causa derivada del 'caso Gürtel' recurrieron el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez -quien solicitó el rechazo íntegro de la inhibición y al que se adhirió Cándido Hererro-; el fiscal y PSPV, que reclamaba que se aceptara completamente y no de forma parcial; el Abogado del Estado para que se incluyeran delitos fiscales y el PP, que pedía dejar fuera de la investigación a Vicente Rambla y Milagrosa Martínez.

En relación con estos dos dirigentes del PP, el partido alegaba su "novedosa y sorpresiva incorporación", aunque la sala ha decidido confirmar su decisión de incluirles. En relación con Rambla, señala que, sin perjuicio de lo que resulte la instrucción, de las conversaciones telefónicas intervenidas, mencionadas en la resolución recurrida y en los informes que sustentan la inhibición, "cabe estimar indiciariamente suficientes a los fines de declaración competencial respecto de dicha persona aforada a este tribunal, elementos que, en tanto en cuanto mencionados por la resolución inhibitoria, no pueden desconocerse por la sala".

Respecto de Milagrosa Martínez, afirma que ciertamente no aparecía nombrada ni en la resolución de inhibición ni el informe fiscal que dio origen a esta última, y sí estaba citada expresamente cuando el fiscal presentó sus alegaciones a la competencia de la sala.

En este caso, el tribunal señala que debe atender a los hechos de la inhibición y los informes que la sustentan, donde se alude a delitos e irregularidades en la contratación con Orange

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Market, y que la ex presidenta de las Cortes aparece citada en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) como quien hizo las adjudicaciones como consejera de Turismo. Asimismo, su nombre aparece en un archivo como perceptora de regalos en Navidad. www.levante-emv.com 16.06.11 20) C.VALENCIANA: CASTEDO PIDIÓ LA FACTURA DE UN VIAJE EL DÍA QUE CONOCIÓ SU ACUSACIÓN EN BRUGAL Asegura que la había pagado antes y el fiscal sostiene que fue un regalo de Ortiz La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP), acusada en el sumario del caso Brugal, pidió una factura sobre un viaje de Fin de Año a Andorra, que según el fiscal, fue un regalo del promotor Enrique Ortiz, el mismo día que trascendió el escrito de acusación del ministerio público, el pasado 25 de octubre de 2010. Castedo, junto a su marido y su hija, había disfrutado de esas vacaciones entre el 28 de diciembre de 2009 y 4 enero de 2010.

"Sí, pedí la factura cuando conocí la acusación, porque antes no lo había hecho, pero evidentemente, la pagué cuando se gestionó el viaje", aseguró ayer la regidora.

Castedo está acusada junto a otras 21 personas, entre ellas su antecesor Díaz Alperi, por el fiscal de facilitar información privilegiada al promotor Enrique Ortiz durante el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El fiscal anticorrupción mantiene que, a cambio, el promotor colmó de dádivas a los cargos públicos del PP y funcionarios municipales.

En el caso de Castedo, el fiscal anticorrupción destaca el alojamiento y transporte a Andorra en las vacaciones invernales durante al menos los años 2008 y 2009 y el regalo de un turismo de la marca Mini para una persona de confianza de Sonia Castedo, "a petición de esta última".

El escrito de acusación del fiscal, a causa de una filtración del sumario, trascendió a la opinión púbica el 25 de octubre de 2010. Ese día, Castedo convocó una rueda de prensa para responder a las imputaciones y, en paralelo, exhibió las facturas de los abonos de los viajes a Andorra y del pago del Mini por parte de las personas de su confianza a las que alude el fiscal.

En esa convocatoria, la alcaldesa no entregó copia de las facturas alegando que el sumario estaba bajo secreto y que lo haría tras aportarlas al juzgado.

Sin embargo, entre las múltiples pruebas autorizadas por el juez, a petición del fiscal, para completar la investigación se encuentra un exhorto a la Agencia de Viajes del Cortes Inglés, donde se gestionó el viaje, para verificar si Castedo pagó o no las vacaciones.

La respuesta de este departamento del centro comercial dice textualmente: "A nombre de los clientes y en el período indicado sólo nos consta una única factura emitida a nombre de doña Sonia Castedo Ramos, de fecha 25 de octubre de 2010 por importe de 2.672,52, incluidos los seis euros de gastos de gestión, cuya copia acompañamos, que fue pagada en efectivo".

El escrito de El Cortés Inglés señala que esa factura corresponde a los servicios de una estancia de siete días en hotel, en una habitación triple, y cena de Fin de Año para tres personas.

La respuesta del centro comercial al juez también recoge que esa estancia corresponde "a un único expediente de reserva" en el mismo hotel y para el mismo período en el que también se contratan otros servicios "a nombre de don Enrique Ortiz Selfa y doña María Carratalá Fernández [esposa de Ortiz]". El precio del paquete pagado en efectivo ascendió a 7.089,46 euros, desglosado en tres partes, una de ellas una habitación triple (dos adultos más un niño) con cena de fin de año, por 2.666,52 euros. El centro comercial completa la respuesta al juzgado con una copia del duplicado de la factura, emitida en la mencionada fecha de 25 de octubre de 2010.

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Por otra parte, la consejera portavoz, Paula Sánchez de León, anunció ayer que el Consell presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que obliga al Ejecutivo de Francisco Camps a facilitar al grupo parlamentario de Compromís los contratos menores que firmaron las distintas empresas de la trama Gürtel con la Generalitat entre 2003 y 2008. www.elpais.es 11.06.11 21) C.VALENCIANA: CASTEDO: "LO QUE DICEN LAS URNAS NO PUEDE MODIFICARSE EN OTROS SITIOS" La sombra del 'caso Brugal' marca la constitución de la nueva corporación "Lo que han dicho las urnas no puede modificarse en otros lugares", aseguró ayer Sonia Castedo, del PP, en su discurso tras ser investida alcaldesa de Alicante. Esta fue la única referencia de la regidora a las demandas de la oposición, en especial del PSPV y EU, a que renunciara al acta por su acusación por cohecho en el sumario del caso Brugal a raíz de un supuesto trato de favor al promotor Enrique Ortiz en el trámite del Plan General.

Castedo respondía también a los 300 indignados que, apostados en los laterales de la plaza consistorial, se concentraron para expresar su protesta por el supuesto caso de corrupción que afecta a la alcaldesa y a otros cargos de PP. El recinto fue acordonado por la policía, tras el desalojo a primeras de la mañana de 25 indignados que pasaron la noche en la plaza.

La flamante alcaldesa, que ahora asume la vara de mando con el refrendo de las urnas [Castedo llegó al cargo en septiembre de 2008 por designación directa de su antecesor, Luis Díaz Alperi], zanjó el caso Brugal con la referida alusión. El resto de alocución fue un compromiso con los ciudadanos para salir de la crisis y crear empleo, "desde la lealtad, la honestidad y el diálogo" La nueva oposición municipal, en cambio, optó por explícitos gestos para airear el caso Brugal.

Así, los ocho ediles del PSPV añadieron al parlamento oficial de toma de posesión del acta la siguiente coletilla: "(...) Y velar por una gestión transparente y defender los derechos de los ciudadanos de Alicante". Al término de acto institucional, la cabeza de lista el PSPV, Elena Martín, abundó en ese punto y aseguró que, en su opinión, "por ética y dignidad Castedo debería haber renunciado al acta". Respecto a las propuestas de la regidora, Martín señaló que "no ha concretado nada, y sobre todo en el tema más urgente, la creación de empleo".

Los dos ediles de EU, Miguel Ángel Pavón y Ángeles Cáceres, incluyeron en su acto de toma de posesión del acta, referencias a la defensa del valenciano, del medioambiente, de los trabajadores y de los desfavorecidos. Cuando Castedo arrancó su discurso, abandonaron el salón de plenos y bajaron a la plaza para integrarse en la protesta de los indignados.

El concejal de UPyD, Fernando Llopis, aseguró que entendía el malestar de los indignados y precisó: "Es el momento de trabajar desde las instituciones". www.elpais.es 12.06.11 22) C.VALENCIANA: EL JUEZ DE ORIHUELA ANULA PARTE DE LAS ESCUCHAS DE BRUGAL El titular del juzgado ha considerado que los autos que las permitieron carecían de motivación o ésta era insuficiente El titular del juzgado de primera instancia número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, ha anulado parte de las escuchas policiales que dieron origen a la veintena de piezas separadas del caso Brugal, al creer que algunos de los autos que las avalaron carecían de motivación o que ésta era insuficiente.

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A partir de la investigación de un posible cohecho en la adjudicación de la recogida de las basuras en la ciudad de Orihuela, las escuchas policiales extendieron la investigación por posibles delitos a casi una veintena de asuntos, desde el contrato del plan comarcal de residuos de la Vega Baja a la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

El auto del juez acepta parcialmente algunos de los recursos presentados, entre ellos contra el pinchazo telefónico a la esposa del presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, imputado, mientras que sobre el dirigente popular también acepta que se invaliden diligencias practicadas desde el 20 de noviembre de 2009.

Siempre en torno a las basuras de Orihuela o de la Vega Baja, también se deja sin efecto unas escuchas policiales al constructor Enrique Ortiz, imputado en el plan comarcal y también en la rama del PGOU. Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el auto, de 162 folios, tiene fecha de ayer y ha sido entregado esta mañana a las partes.

Paralelamente a algunas anulaciones, el juez valida otra parte sustancial de las intervenciones telefónicas que habían sido recurridas por los imputados o implicados dentro de un auto que no es firme y ante el que, según han avanzado a EFE fuentes jurídicas, es previsible que las partes recurran en apelación.

Además de aceptar algunos recursos de las defensas de Ripoll y Ortiz, se anulan otros autos sobre escuchas telefónicas a los tres exconcejales imputados de Orihuela, Antonio Rodríguez Murcia, Ginés Sánchez Larrosa y Manuel Abadía, todos del PP. También se invalidan pinchazos a los empresarios Rafael Gregory; y Ángel Fenoll; al hijo de éste último, Antonio Ángel Fenoll; y al empleado de la empresa de Ortiz Inusa José Candel.

Además, se acepta la impugnación del reparto realizado entre varias instancias judiciales de algunas de las piezas separadas a raíz de las escuchas, como las denominadas "Las Algas", "Caminos a la planta de Proambiente", "Rafal", "Bigastro", "Algorfa", "Pilar de la Horadada", "Jacarilla" y "Callosa de Segura".

Aunque el auto se refiere a las escuchas policiales de las basuras de Orihuela y de la Vega Baja, la anulación puede tener más trascendencia porque a partir de esas intervenciones telefónicas se conocieron el resto de irregularidades que dieron lugar a la cerca de veintena de piezas separadas.

Entre los autos anulados que dieron pie a escuchas, figuran los de fecha de 16 de mayo y 16 de junio de 2008 que autorizaban pinchazos a terminales de Ángel Fenoll, al no apreciar una "motivación fáctica" que arrojara indicios para prorrogar la intervención telefónica por un supuesto delito medioambiental.

El juez defiende que las escuchas deben ser expresamente argumentadas debido a que es una "medida de hondo calado en la esfera de los derechos protegidos constitucionalmente".

De esta manera, señala que debe existir un interés expreso a partir de un supuesto delito concreto en el investigado, el cual debe ser desarrollado "cuanto menos de forma sucinta", algo que no ocurrió en varias ocasiones.

A este respecto, también anula una escucha sobre Gregory porque el auto que la avala adolece de defectos de forma "casi insalvables".

Según el auto, cuando se producen "hallazgos casuales" delictivos a partir de una escucha, hay que ponerlo en conocimiento inmediato del juez instructor para que éste examine la competencia y resuelva, pudiendo citar declaraciones para incoar una nueva causa.

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En cuanto a la duración de las escuchas, que recurren varios imputados por prolongada, el juez rechaza que no haya antecedentes en la Justicia española y, muy al contrario, informa de que "éste no es el único precedente con una duración de secreto de actuaciones de tal envergadura" antes de recordar que lo conocido por los pinchazos es "excepcional". www.levante-emv.com 14.06.11 23) EL JUEZ MANTIENE EL GRUESO DEL 'CASO BRUGAL' PESE A ANULAR ESCUCHAS El magistrado suprime el 20% de las grabaciones efectuadas El juez del caso Brugal emitió ayer un auto anulando algunas de las escuchas telefónicas efectuadas por la policía durante la investigación de una trama político-empresarial vinculada al negocio de la basura en la comarca de La Vega Baja y al Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de Alicante. No obstante, la nulidad de estos pinchazos no afecta al grueso de la investigación, cuyo sumario ocupa unos 30.000 folios. El magistrado ha suprimido las grabaciones efectuadas a partir del 30 de noviembre de 2009, en el tramo final de la investigación. Teniendo en cuenta que las escuchas comenzaron en marzo de 2007 y concluyeron en junio de 2010, las conversaciones anuladas suponen el 20% del total.

Las grabaciones declaradas nulas por el juez afectan al presidente del PP y de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y a los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. El magistrado también considera no ajustadas a derecho las escuchas realizadas a tres concejales del PP del Ayuntamiento de Orihuela.

En su auto, Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, responde de manera global a los recursos de reforma planteados por las defensas de los imputados (un total de 18 personas) en las dos piezas del sumario que son de su competencia: el supuesto amaño de la contrata de la basura del Ayuntamiento de Orihuela y un presunto cohecho en la adjudicación de la planta de tratamiento de residuos del Plan Zonal de La Vega Baja, licitada por la Diputación de Alicante.

Las partes presentaron más de tres centenares de recursos y alegaciones en los que exigían la anulación de todas las escuchas por entender que no estaban suficientemente motivadas o que vulneraban derechos fundamentales. El titular del juzgado de Orihuela solo ha estimado parcialmente siete de esos recursos por entender que los autos, que en parte él mismo dictó, "carecían de suficiente motivación".

Otras alegaciones tenían que ver con la competencia territorial del caso. De hecho, el fiscal Anticorrupción presentó un recurso para que la instrucción se realizara desde un juzgado de Alicante y no en Orihuela. La Audiencia provincial todavía no se ha pronunciado sobre el mismo.

La anulación de parte de las escuchas del sumario del caso Brugal tendrá como primera consecuencia la prolongación en el tiempo de la instrucción solo para dilucidar aspectos formales. "El auto [el firmado ayer por el juez San Martín] aboca al sumario a una prolija labor para dirimir qué parte de la investigación será finalmente legal y cuál no", señalaron ayer fuentes del caso. "Y primero habrá que delimitarlo en la forma, es decir, a base de recursos, para ver qué escuchas son válidas y cuáles no", añadieron. Y tras dilucidar ese aspecto formal, los jueces tendrán que decidir qué aspectos del contenido de las acusaciones se mantienen y cuáles no.

Las escuchas telefónicas son la prueba principal de la investigación. Las intervenciones comenzaron en marzo de 2007 y se prolongaron hasta junio de 2010. De acuerdo con el auto del juez San Martín, prácticamente el 20% de las mismas son nulas, las efectuadas a partir del 30 de noviembre de 2009, que fueron hechas al líder del PP, José Joaquín Ripoll, y al

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empresario Enrique Ortiz. Otras fuentes del caso resaltan una contradicción en la resolución del juez al anular esas escuchas, "cuando en fechas posteriores el propio juez firmó autos para autorizar la prórroga de la intervención del teléfono de Ortiz".

Las defensas de los imputados en el caso Brugal evitaron ayer pronunciarse sobre el alcance del auto del juez instructor. Los letrados consultados por este periódico pospusieron cualquier comentario a la lectura detallada de la resolución del magistrado, que ocupa un total de 162 folios. No obstante, todos avanzaron su intención de apelar el auto de San Martín a la Audiencia de Alicante. Del mismo criterio es la fiscalía, según confirmaron fuentes del ministerio público.

Las disposiciones más relevantes del auto del juez son las referidas a la estimación parcial de sendos recursos planteados por Ortiz y José Candell [empleado del empresario, también imputado] y por la defensa de Ripoll. Respecto al primer recurso, el magistrado declara nulas las diligencias practicadas desde el auto de 30 de noviembre de 2009. El letrado de Ortiz pedía que esa anulación fuera aún anterior, en concreto desde mayo de 2008, cuando se acordó la intervención de su teléfono en relación con la investigación sobre el plan zonal. El letrado mantenía que en ese momento al empresario Enrique Ortiz no se le podía atribuir ningún hecho delictivo porque el plan zonal se había adjudicado antes, en concreto el 3 de enero de 2008.

En cuanto al recurso del abogado de Ripoll, el juez también estima anular las diligencias practicadas desde el auto de 30 de noviembre de 2009. Y decreta la ilegalidad de las diligencias practicadas sobre el teléfono de su mujer desde el 11 de agosto de 2009 por entender que "el pinchazo" no estaba justificado en relación con los hechos investigados. La anulación de este tramo de las diligencias pueden implicar en paralelo el archivo de la pieza sobre la televisión local de Alicante, incluida en el sumario, y algunas de las supuestas dádivas recibidas por la familia Ripoll. El juez también estima parcialmente un recurso de Rafael Gregori, intermediario de la trama según la investigación, que anula las escuchas que se le practicaron desde el 23 de mayo de 2008.

Intervenciones anuladas - Periodo de las escuchas. Las escuchas del caso Brugal incluyen desde marzo de 2007 hasta junio de 2010.

- Afectados por el auto. El juez ha declarado ilegales las escuchas practicadas a Ortiz (desde el 30 de noviembre de 2009) Ripoll (desde el 30 de noviembre de 2009), Rafael Gregori (23 de mayo de 2008); la mujer de Ripoll (desde el 11 de agosto de 2009) y tres ediles del PP (25 de enero de 2208).

- Argumentos. La intervención, según el juez, no estaba suficientemente motivada. www.elpais.es 15.06.11 24) EL CLAN FENOLL Y TRES EDILES DEL PP DE ORIHUELA El auto del instructor general del caso Brugal también declara nulas algunas de las intervenciones de teléfonos de personas implicadas en el supuesto amaño de la contrata de la basura del Ayuntamiento de Orihuela, entre ellos tres concejales del PP Esta adjudicación fue la génesis de este sumario sobre supuestas tramas de corrupción en La Vega Baja vinculadas al negocio de la basura e instigadas por el industrial Ángel Fenoll.

El empresario, precisamente, desató la investigación al llevar a la Fiscalía Anticorrupción un DVD que contenía un supuesto soborno por la contrata de basura del municipio oriolano. Esa grabación fue efectuada por Fenoll al exconcejal del Centro Liberal Renovador, Jesús Ferrández. El exconcejal, primer imputado en el sumario, también ha presentado un recurso, desestimado por el magistrado, en el que solicitaba la anulación de esa grabación. Ferrández siempre mantuvo que la cinta fue manipulada por el industrial Fenoll.

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La investigación posterior desembocó en la primera operación policial del caso Brugal, en mayo de 2007. Los agentes arrestaron a Fenoll y su clan empresarial por extorsión, cohecho y tráfico de influencias.

Tras estos arrestos, prosiguió la investigación policial en función de las pruebas recabadas mediante las escuchas telefónicas. Tres años y dos meses después, en julio de 2010 se produjo la segunda operación del caso Brugal. Con motivo de esa operación, los agentes realizaron 16 arrestos, entre ellos, de nuevo al clan de Fenoll, y tres ediles del PP del Ayuntamiento de Orihuela. Los concejales detenidos, y luego imputados por cohecho y tráfico de influencias, fueron Manuel Abadía, Antonio Rodríguez Murcia y Ginés Sánchez Larrosa. La investigación sostiene que estos tres concejales, junto al hermano de la exalcaldesa Mónica Lorente, del PP, colaboraron con Fenoll para falsificar dos empresas para la concesión de la contrata de basura, adjudicada por el Ayuntamiento en octubre de 2008.

El juez estima parcialmente el recurso de los tres ediles y declara nulas las diligencias practicadas sobre ellos desde el 25 de enero de 2008. El magistrado anula las escuchas porque dimanan de otra intervención, en este caso a Antonio Ángel Fenoll Campillo, declarada ilegal. El juez anula escuchas a Ángel Fenoll desde el 16 de mayo de 2008, pero en este caso por un delito medioambiental.

Ninguno de los tres concejales fue incluido en la lista del PP para las elecciones municipales del pasado mayo. www.elpais.es 15.06.11 25) CAMPS LAMINA A RIPOLL Y PACTA LOS DIPUTADOS CON SUS SEGUIDORES La dirección nacional del PP dejó caer al presidente provincial El pulso que mantenían Francisco Camps y José Joaquín Ripoll desde 2003 acabó oficialmente ayer con la derrota del presidente provincial del PP y de la Diputación de Alicante. Ripoll ni tan siquiera logró reunir el suficiente número de avales para presentar una candidatura alternativa a la lista de diputados encabezada por la alcaldesa de Sant Vicent del Raspeig, Luisa Pastor, que será la candidata a presidir la nueva Corporación provincial, que se constituirá en julio.

Las negociaciones de última hora entre los dos sectores tuvieron algunos momentos de tensión porque los seguidores de Ripoll se resistían a aceptar los candidatos de integración propuestos desde el campismo. Al final los ripollistas cedieron y pactaron: se presentarán listas únicas en todos los distritos judiciales de la provincia. Fuentes próximas a la negociación subrayaron que "ahora sí, la unidad del PP en la provincia de Alicante es total".

La laminación política de Ripoll y la defección de Gema Amor en Benidorm suponen la desaparición del zaplanismo en la Comunidad Valenciana.

La dirección nacional del PP no movió un dedo en favor del todavía presidente provincial de Alicante, pese a que, inicialmente, había apoyado su candidatura. Vista su soledad, Ripoll prefirió, según dijo uno de sus seguidores, "dar un paso atrás para intentar pactar y que el partido no estallara".La lista de los campistas, encabezada por la alcaldesa de Sant Vicent del Raspeig, Luisa Pastor, tenía 66 avales, de un total de 89 concejales de la comarca, lo que significa un apoyo del 75%. Y para refrendar una lista son necesarios un mínimo de 30 avales.

El campismo hizo ayer una demostración de fuerza en los juzgados de Alicante cuando llegaron todos juntos los 66 ediles que avalan a Luisa Pastor. Ante la evidencia, José Joaquín Ripoll ni siquiera acudió al acto, después de intentar retrasar la convocatoria con dos recursos ante la Junta Electoral Provincial para aplazar la elección de diputados de esta tarde alegando que primero debía resolverse la impugnación de dos mesas electorales en Torrevieja.

Ripoll intentó hasta última hora conseguir que al menos uno de los diputados de L'Alacantí fuera un hombre de su confianza, llegando incluso a proponer la retirada de su candidatura si

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en la lista definitiva figuraba Sebastián Cañada, alcalde de Mutxamel. Los campistas no cedieron. Cañada acudió al juzgado con varios de sus colaboradores para intentar un acuerdo.

No fue posible.

Los campistas insistieron en que su único objetivo era alcanzar "un pacto global" que evitara cualquier intento de escisión de los ripollistas. El acuerdo final deja a estos con seis diputados, de los 20 que tendrá el Partido Popular en la Diputación. El pacto acaba con la hipótesis, acariciada por los ripollistas más radicales, de alzarse con el suficiente número de actas de diputados para luego forzar una alianza con los socialistas que les daría éstos la presidencia de la Corporación provincial.

Ripoll anoche en un acto, todavía como presidente de la Diputación, no quiso contestar a la pregunta sobre si abandonará el PP y se limitó a comentar: "En la vida, tan importante es saber ganar como saber perder, a partir de hoy dedicará más tiempo a mi mujer", informa Artur Balaguer.

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, quitó hierro a la ausencia de Ripoll y tras la elección de los diputados destacó que "había una sola lista y ha sido elegida por unanimidad", y recordó sobre el futuro político de Ripoll que "el PP nunca ha dejado a nadie fuera, y el que quiera quedarse puede hacerlo". Luisa Pastor recordó que los cinco diputados elegidos ayer "representan perfectamente a todos", y sobre su futuro comentó: "Hoy soy diputada, cuando llegue la constitución de la Diputación, ya se verá". www.elpais.es 16.06.11 26) C.VALENCIANA: EL PP CIERRA A RIPOLL LA PUERTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE Los campsistas de l'Alacantí consiguen avales suficientes para impedir que vuelva a ser diputado El futuro político del presidente provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, no parece estar tan claro como él se pensaba. Al menos, no en la Diputación provincial. Y la dirección nacional de los populares tiene previsto no inmiscuirse y, por tanto, dejará hacer a los seguidores de Camps que preparan el "entierro" del ripollismo. Un grupo de concejales populares de la comarca de l'Alacantí anunció ayer la presentación de una candidatura a la Diputación. Una lista más, si no fuera porque tiene representantes de siete de los diez municipios de la comarca y ha conseguido obtener más de dos tercios de los avales de los concejales electos (66 de los 89).

De acuerdo con la ley Electoral, un concejal sólo puede presentarse a la Diputación provincial por su circunscripción. Es decir, Ripoll es concejal electo del Ayuntamiento de Alicante (L'Alacantí), y sólo puede presentar lista con concejales por esa comarca. La candidatura ya anunciada cuenta con un respaldo de casi el 75% de apoyos, los 2/3, y la ley exige que sea avalada, al menos, por un tercio, lo que significa que a Ripoll le faltan apoyos para presentar una segunda lista. Por tanto, no podrá aspirar a ser diputado provincial, le faltan concejales que le sumen un tercio, y con él no han contado en esa candidatura, por tanto, no será diputado y si no lo es, no podrá ser tampoco presidente. Adiós a la Diputación.

Ripoll va a la guerra Sin embargo, el presidente se resiste a que lo dejen fuera de la institución y sostiene, tras conocer que hay una lista por su demarcación que no lleva su nombre, que "tiene los avales y los presentará el lunes", durante la celebración de su comité provincial.

La dirección regional del partido es escéptica. No cree que Ripoll pueda conseguir los avales necesarios. No obstante, la semana próxima, según marca la ley, deberán presentarse ante los órganos del partido para darse por validadas. Lo que queda fuera de toda duda es que Génova

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no va a meterse en la guerra esta vez y guardará un discreto silencio a la vista de los resultados de la provincia alicantina.

L'Alacantí se renueva El PP de San Vicente del Raspeig ha formado una lista sin Ripoll, y que está integrada por Luisa Pastor, la alcaldesa de San Vicente del Raspeig; Manuel Aracil, alcalde de San Juan; Alejando Morant, alcalde de Busot; Juan Ramón Varó, concejal de El Campello y Mª Carmen De España concejal de Alicante, como titulares. Mª Paz Alemany concejal de Muchamiel, Juan José Ballester, el alcalde de Tibi y Miguel Valor, concejal de Alicante serán suplentes.

Según exponen en su comunicado, la lista "combina experiencia y juventud", así como la representación de los municipios de más y de menos de 20.000 habitantes, y en su mayor parte está compuesta por personas con una amplia representatividad en la comarca y dentro del Partido Popular.

Como aval cuentan con el buen resultado electoral conseguido en sus municipios en las pasadas elecciones, que les ha permitido, hasta el momento, recoger el apoyo de cerca del 75% de los concejales electos de la comarca. www.levante-emv.com 12.06.11 27) C.VALENCIANA: EL PP AMPLÍA A LUNA Y VALENCIANO LA DENUNCIA POR EL INFORME DE LA CORRUPCIÓN Amplían la denuncia presentada contra Jorge Alarte por injurias - Incluyen también a Eva Martínez como redactora del texto y al PSOE como responsable civil El PPCV ha presentado un escrito al juzgado de instrucción número 50 de Madrid en el que anuncia que amplía la denuncia que presentaron en su día por injurias contra el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, por la presentación del informe 'La Corrupción de la Comunidad Valenciana', al diputado en las Corts Valencianes y exportavoz socialista en la cámara autonómica, Ángel Luna; a la secretaria de Política Internacional del PSOE y diputada en el Congreso, Elena Valenciano; a la autora del texto, Eva Martínez, y al PSOE como responsable civil.

Así consta en el escrito presentado en el juzgado, firmado el 9 de junio y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el PPCV pide a este órgano que tenga por realizada la designación de abogado y procurador y como acusación particular al secretario general del partido en la Comunitat, Antonio Clemente, "como formación política perjudicada por los hechos objeto de instrucción".

Asimismo, adjunta una serie de documentos, de cuyo contenido se desprende, según señala el escrito, que la presentación del informe se llevó a cabo en Madrid el 15 de marzo de este año en rueda de prensa y que participó no solo Alarte sino también lo hicieron Ángel Luna y Elena Valenciano.

Entre la documentación, además de fotografías de la rueda de prensa y los contenidos de la web del PSOE, también adjunta la carta remitida por la coordinadora del informe, Eva Martínez, a instituciones públicas y privadas de toda España, donde, según el escrito, se describe este documento como "una recopilación sistematizada y rigurosa de los casos de corrupción de mayor trascendencia y en los que están implicados cargos de las instituciones de nuestra Comunidad", y en el que se incide en la consideración de las personas mencionadas como un "entramado que tiene como objetivo implantar un modelo político basado en al corrupción".

El juzgado, en un auto de fecha 28 de abril, incoó diligencias previas y pidió la declaración de Alarte como imputado y de Clemente como denunciante, para lo que en ambos casos libró un

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exhorto al juzgado de sus respectivas residencias. El dirigente 'popular' declaró el pasado 31 de mayo en el juzgado de instrucción número 17 de Valencia, donde ratificó su escrito de denuncia contra Alarte por la publicación y difusión que se da al informe. www.levante-emv.com 12.06.11 28) C.VALENCIANA: BLASCO ENCARGA EL HOSPITAL DE HAITÍ A UNA ONG DENUNCIADA AL FISCAL Esperanza sin Fronteras obtiene la subvención al año y medio del seísmo El consejero en funciones de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha cerrado en el tiempo añadido de su mandato la construcción de un hospital en Haití como ayuda al país tras el devastador terremoto de enero de 2010. La Generalitat ha concedido los tres lotes de la subvención por una suma total de cuatro millones de euros a Esperanza sin Fronteras (ESF).

La decisión se tomó en el Consell del 3 de junio y aún no está publicada El coste total de la iniciativa está valorado en cuatro millones de euros Esta ONG es una de las entidades que investiga la Fiscalía Anticorrupción por su vinculación a la presunta trama de desvío de ayudas de cooperación que gestiona la consejería y que destaparon las diputadas Clara Tirado, del PSPV, y Mireia Mollà, de Compromís, en octubre.

Normalmente, el ministerio público dispone de seis meses para analizar la documentación que recibe y elegir entre presentarla al juez, archivar la denuncia o pedir una prórroga. En este caso, Anticorrupción solicitó seis meses más de plazo ante la elevada cantidad de información recibida relacionada con las presuntas irregularidades de las organizaciones aludidas.

La decisión de conceder a ESF tanto la construcción del complejo sanitario (3,45 millones de euros), como la reforma de la posta sanitaria de Belle-Anse (100.000 euros), y la adquisición y montaje del equipamiento médico y la elaboración de un plan de suministro (450.000 euros) se tomó en la reunión del Consell del pasado 3 de junio, según fuentes oficiales del departamento de Blasco. Pese a que aún no se ha publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), el acuerdo es firme, independientemente de que el consejero cambie de cartera o se quede fuera del Consell.

Al margen de esta convocatoria pública, Esperanza sin Fronteras ya ha recibido este año, al menos, otras dos ayudas del departamento que dirige Blasco. Una es nominativa, correspondiente al programa 134.10 de los presupuestos -acciones institucionales de cooperación al desarrollo-, que asciende a 185.550 euros. Otra es de 274.205 euros y corresponde a la partida de proyectos y microproyectos de cooperación.

Fuentes de la cooperación valenciana en Valencia consideran a ESF una entidad "muy personalista" organizada en torno a su presidente, Fernando Darder, un antiguo reportero de guerra con fama de "excéntrico". Solidaridad y Ciudadanía defendió ayer su elección con el argumento de los 35 proyectos de cooperación desarrollados por la entidad, entre ellos, actuaciones de emergencia en Haití tras el seísmo. La consejería describe a Darder como "un reconocido cooperante" que recibió en 2009 la medalla de la Unesco por la paz y la cooperación internacional.

La Generalitat ha tardado año y medio en encargar la ayuda acordada para socorrer a las víctimas del terremoto del país caribeño. La idea inicial del Gobierno valenciano, a través del Comité de Acción Humanitaria y emergencia, fue construir una "microciudad" en Haití. "Un proyecto emblemático" al que se enviarían voluntarios como "expresión de la solidaridad valenciana", indicó Blasco en febrero de 2010. El presupuesto previsto era de seis millones de euros.

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Meses más tarde, se dio un golpe de timón. Ya no se construiría una miniciudad, sino un hospital. Inicialmente se encargó el proyecto a una ONG sin experiencia sanitaria y de corta trayectoria en el mundo de la cooperación (tenía dos años de vida): la actual Fundación Solidaridad Hemisferio (por entonces aún era Solidaria Entre Pueblos, pero una sentencia judicial le obligó a cambiar el nombre por su similitud con la ONG Entrepueblos). Esta entidad también ha sido denunciada ante la fiscalía.

Tras un amago de encargar la construcción del centro sanitario a una empresa estadounidense (Orion, radicada en Miami), elegida por la propia Fundación Hemisferio "por la calidad de sus productos, la proximidad al lugar y su relación precio-prestaciones", la consejería reculó y dijo que sacaría a concurso el hospital. Esto sucedió en octubre de 2010. En abril se publicó el concurso en el DOCV. Por el camino, Hemisferio ha recibido del departamento de Blasco 177.779,19 euros donados por los valencianos y recaudados por la Generalitat tras el trágico seísmo con el encargo de gestionar los trabajos previos a la construcción del hospital.

Solidaridad y Ciudadanía sostiene que "el contexto socioeconómico y la crisis institucional y política de Haití" es "la única explicación" del tiempo transcurrido entre que se tomó la decisión de ayudar al país caribeño y la adjudicación del proyecto. La consejería también defiende a la Fundación Hemisferio: "La oficina técnica encargada del seguimiento y control del proyecto ha justificado semestralmente la labor realizada y ha informado a la consejería de todo el proceso".

Reciclado y sin convocatoria pública En 2010, la Fundación Solidaria Hemisferio (entonces aún Fundación Solidaria Entre Pueblos) solicitó a la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía ayudas de los fondos de cooperación para la iniciativa Rehabilitación del centro Carlos Diarte para la reinserción y fortalecimiento de la infancia y juventud más desfavorecida del barrio de Santa María y barrio Molinos en Asunción (Paraguay). El proyecto se quedó sin ayudas por motivos técnicos.

Este año, la Agrupación Cívica Intercultural Hispano-Guineana-Ceiba ha tenido más suerte con el mismo proyecto, reciclado, y un título ligeramente modificado: Rehabilitación del centro Carlos Diarte para empoderamiento de madres adolescentes y fortalecimiento de la infancia y juventud más desfavorecida de los barrios de Santa María y Molinos.

Para ello no le ha hecho falta concursar con otras entidades en convocatorias públicas. La consejería que gestiona Rafael Blasco lo financia a través de una partida de los presupuestos de la Generalitat de línea nominativa. ¿Cómo se explica este diferente criterio, con el agravante de que la entidad beneficiada del proyecto en Paraguay tiene como principal ámbito de actuación las relaciones hispanoguineanas?

"El proyecto se consideró idóneo en el momento de su presentación" en 2010, según Solidaridad y Ciudadanía. "Con posterioridad se advirtieron algunos defectos formales que no fueron subsanados. Como sus objetivos coincidían con los fines que impulsa la cooperación valenciana, se asumió más tarde al comprobar que cumplía todos los requisitos", añaden.

Tanto Hemisferio como Ceiba forman parte de las ONG denunciadas a la Fiscalía Anticorrupción por la presunta captación de subvenciones de la Generalitat. www.elpais.es 14.06.11

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29) UNA VECINA LEGA UNA HERENCIA MILLONARIA AL NÚMERO DOS DE LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓ Martínez recibe 18 fincas, una masía de unos 200 años y dos parcelas en Valencia y Castelló El alcalde de la Vall d'Alba y vicepresidente primero de la diputación, Francisco Martínez, vuelve a engordar su patrimonio gracias de nuevo a la generosidad de un conciudadano. En esta ocasión, una vecina de la localidad, fallecida en enero, le ha dejado en herencia una veintena de fincas con una extensión de casi medio millón de metros cuadrados, además de una masía de unos 200 años. El PSPV ironiza sobre la "suerte" de Martínez, "que hereda cada vez que se muere alguien del pueblo".

La revista Interviú recoge en su última edición el caso de Teresa Martínez Miravet, "la tía Teresita", una rica propietaria de la Vall d'Alba que nombró en su testamento como único heredero al alcalde, Francisco Martínez, con quien hay dudas de que tuviera algún parentesco pese al apellido común. Según la publicación, el legado incluye 18 fincas, una masía de 700 metros cuadrados, una parcela frente a la Nueva Fe de Valencia y otra en la ciudad de Castelló. La fallecida era viuda y no tenía hijos, pero sí una decena de primos y sobrinos que no se han beneficiado del reparto. La revista cita fuentes del entorno familiar de Teresa Martínez que alegan que no pudieron ir a visitarla al hospital porque estaba custodiada por personas de la confianza del alcalde.

No es la primera vez que Francisco Martínez se beneficia de la generosidad de sus conciudadanos. Como ya recogió este diario, el alcalde de la Vall d'Alba registró hace unos años una docena de fincas como donaciones hechas por particulares. En la actualidad es uno de los políticos más ricos de la provincia. En su última declaración de bienes en la diputación dijo poseer un activo de 1.546.201 euros (de los que 1.100.200 euros corresponden a bienes inmuebles), frente a un pasivo de 456.253 euros e ingresos por actividades de 86.911 euros.

Sólo le superó el presidente Carlos Fabra, que declaró bienes por 3,9 millones.

El portavoz del PSPV en el ayuntamiento de la Vall d'Alba, Fernando Grande, ironizó sobre la fortuna de algunos políticos del PP. "A unos les toca la lotería -en alusión a Fabra- y otros tienen la suerte de heredar muchas veces", manifestó. Según Grande, "el alcalde siempre justifica que es una persona muy querida en el pueblo y que por eso hereda". "Yo veo normal que una persona que no tiene familiares de segundo grado legue su patrimonio al municipio.

No veo tan normal que se lo dé al alcalde como si él fuera el municipio", añade.

Martínez lleva veinte años al frente del ayuntamiento y ha conseguido una nueva mayoría absoluta en las últimas elecciones. Su gestión ha estado salpicada de polémicas, como la denuncia de empadronamientos masivos en la antesala de las municipales de 2007. El alcalde de la Vall d'Alba ha forjado su carrera política bajo el manto protector de Carlos Fabra.

"Hay que respetar las últimas voluntades" En declaraciones a este diario, Francisco Martínez diferenció entre el ámbito personal e institucional para referirse al legado. En su condición de alcalde, destacó que el ayuntamiento "se ha beneficiado de las donaciones -en vida-de una persona muy generosa". "Cedió los terrenos para la construcción de una iglesia en la Pelejana y para unas viviendas tuteladas que llevan su nombre. También hizo una cesión de suelo para los viales y accesos a la residencia y a la iglesia y para un parque infantil. Como alcalde sólo puedo tener palabras de agradecimiento", proclamó. Como particular, sostuvo: "No tengo nada que decir. Es un tema personal y familiar y hay que respetar las últimas voluntades de una persona a través de un testamento, como dice la ley". www.levante-emv.com 17.06.11

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