Las principales concepciones
de la religión
Se recluta, por otra parte, en medios diferentes. Los animistas son, en su mayor parte, etnógrafos o antropólogos. Las religiones que han estudiado cuentan entre las más groseras que la humanidad haya practicado. De allí proviene la importancia primordial que ellos atribuyen a las almas de los muertos, a los espíritus, a los demonios, es decir a los seres espirituales de segundo orden: es que esas religiones no conocen casi ningún otro que sea de un orden más elevado. PALABRAS CLAVES: Religión , Dios y sociología EDISON TELLO Y JULIÁN GRANDA
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Los 80: contextualización de una época que pretende retratar la serie Para los años 80, el tráfico de cocaína colombiana estaba en pleno apogeo. Conformados el cartel de Cali y el de Medellín, Colombia fue líder en la fabricación de la cocaína y en su exportación a Estados Unidos, donde más del 70% de ésta era colombiana (García Hoyos; 2002: 115) Sin embargo, la relación entre Colombia y Estados Unidos en materia de drogas, no se circunscribe a este período. Se puede constatar desde mucho antes la injerencia que éste último país ha tenido para definir lo que se considera “problemático” de las drogas y los mecanismos a implementar para el control de las mismas. El primer estatuto antidrogas en Colombia se expide en 1920 y es hecho con base en legislación estadounidense (Acta de Exclusión del Opio de 1909) que restringe el uso del opio a la medicina. En 1928, Colombia modifica este estatuto, en razón de la Convención de Ginebra sobre el opio (1925) en la cual se incluía, además del opio, el control y persecución a la cocaína y la marihuana. En 1936, Estados Unidos empieza a hablar de cooperación internacional y de la campaña prohibicionista en América Latina. Pero sólo hasta la Ley 17 de 1973, Colombia incorpora la “Convención Única de Estupefacientes” de 1961 y el “Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas” de 1971. Un año después de promulgada esta ley, se crea el primer Estatuto Nacional de Estupefacientes. (García Pulgarín, 2010: 267). Téngase en cuenta que durante el gobierno Nixon, en 1971, la droga pasa a considerarse como “el enemigo público número uno” y en los 80’, con Reagan, se inicia la campaña prohibicionista en América Latina. Asesorías, ayudas económicas y militares, certificaciones y amenazas comerciales fueron parte del arsenal de estrategias de intervención de Estados Unidos en Colombia, dentro del marco llamado “Guerra Contra las Drogas”, Los 80’ también hacen parte de una época de reposicionamiento geopolítico de Estados Unidos a través de la Guerra Fría, que tiene como fin ampliar sus zonas de intervención y control, a través de la asociación de dos enemigos públicos: el comunismo y la droga. En Colombia esto se ve de manera explícita en la relación directa atribuida a la guerrilla con el narcotráfico. No es raro entonces que las políticas y tratados contra el narcotráfico a nivel nacional, respondieran muchas veces a los intereses norteamericanos, enfatizando en eliminar la producción y el tráfico. El hecho de que históricamente la responsabilidad recaiga sobre los países latinoamericanos, considerados como productores, oculta una realidad y es que si bien la elaboración, transporte y venta de la cocaína deja grandes beneficios económicos, los mayores resultan de su distribución en las ciudades. De ello son responsables, precisamente, los carteles norteamericanos: para 1988 las cifras eran …al colombiano el kilo llevado a los Estados Unidos le sale costando 6.900 dólares y lo vende en
1.Lo problemático en materia de drogas cambia a través del tiempo y los intereses de quiénes así lo definen. De esta manera la política internacional, liderada por Estados Unidos, ha cambiado en lo referente a la geopolítica y al énfasis sobre la sustancia a combatir. Como consecuencia se replantean las explicaciones acerca de dónde está la raíz del problema y las respectivas estrategias para atacarlo.
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12.000 dólares, le queda una ganancia de 5100 dólares… [mientras que] el precio de compra por el comerciante americano a un latino es de 12.000 dólares… [y] su venta le produce 104.000 dólares, recibiendo una ganancia de 92.000 dólares por kilo” (García Hoyos, 2002: 116) A pesar de la injerencia estadounidense sobre la política colombiana, internamente las administraciones se han caracterizado por usar bien sea una política de represión o una de apaciguamiento. Esto ha estado condicionado por las relaciones entre narcotraficantes y gobierno. Por ejemplo, durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-86) se incorporan dineros provenientes del narcotráfico a la economía legal a través de una amnistía económica (Arrieta y otros, 1990: 273). Esto a la vez que impulsa la economía nacional, inicia un proceso de blanqueamiento social de los narcotraficantes quienes además buscaron una incursión política institucional en el país. Sin embargo, las élites se enfrentaron a dichas pretensiones a través del aumento de las sanciones penales, la confiscación de bienes y la expedición de decretos de Estado de Sitio. (Murillo y Valdivieso, 2002: 8). Se puede colegir de lo anterior la ambivalencia sobre el discurso y tratamiento del narcotráfico en el país. De un lado encontramos un discurso determinado por las lógicas prácticas de la economía que apoyó la incorporación de los dineros del narcotráfico a la economía nacional. De otro lado hay un discurso determinado por razones de tipo moral, el cual ha impulsado la exclusión política y social de la figura del narcotraficante. En 1984, el asesinato del ministro Lara Bonilla reafirma la represión por parte del Estado a los narcotraficantes y, en respuesta, éstos inician la “violencia para la participación” como intento extrainstitucional de acción política, dando “…origen al narcoterrorismo como nuevo actor en el conflicto colombiano” (Murillo y Valdivieso, 2002: 9). De acuerdo con Camacho Guizado (1991), la violencia generada por el narcotráfico se adiciona, superpone e interactúa con las violencias existentes en el país. Muestra clara de ello es la vinculación entre narcotráfico y paramilitarismo. Este último surge como grupos de autodefensa apoyados por el Ejército, en el Magdalena Medio. El enfrentamiento entre éstos y las FARC, posibilitó la participación directa del narcotraficante como tercer actor en el conflicto: A comienzos de los años ochenta, llegaron los narcotraficantes comprando las tierras de aquellos que no resistieron la situación. Ellos fortalecieron con dinero, armas y capacitación los grupos de autodefensa y los transformaron en entrenados escuadrones paramilitares. En poco tiempo lograron su objetivo, “limpiar al Magdalena Medio de comunistas”, y los frentes guerrilleros de las FARC fueron desplazados de la región (Arrieta y otros, 1990: 264). El reconocimiento oficial de la existencia del paramilitarismo se hizo en 1987, por el entonces Ministro de Gobierno César Gaviria Trujillo. Se tenían datos de más de 130 grupos paramilitares conformados (Arrieta y otros, 1990: 263). Sus víctimas eran obreros, militantes de grupos de izquierda, campesinos, guerrilleros, entre otros. La participación de los narcotraficantes como patrocinadores de estos grupos, reafirma su intención de alcanzar un estatus político.
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Edison. Una vida de excesos poéticos Entrevista a un sociólogo Jullian Andrés Granda Kalibán
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El hecho de que históricamente la responsabilidad recaiga sobre los países latinoamericanos, considerados como productores, oculta una realidad y es que si bien la elaboración, transporte y venta de la cocaína deja grandes beneficios económicos, los mayores resultan de su distribución en las ciudades. De ello son responsables, precisamente, los carteles norteamericanos: para 1988 las cifras eran …al colombiano el kilo llevado a los Estados Unidos le sale costando 6.900 dólares y lo vende en 12.000 dólares, le queda una ganancia de 5100 dólares… [mientras que] el precio de compra por el comerciante americano a un latino es de 12.000 dólares… [y] su venta le produce 104.000 dólares, recibiendo una ganancia de 92.000 dólares por kilo” (García Hoyos, 2002: 116) A pesar de la injerencia estadounidense sobre la política colombiana, internamente las administraciones se han caracterizado por usar bien sea una política de represión o una de apaciguamiento. Esto ha estado condicionado por las relaciones entre narcotraficantes y gobierno. Por ejemplo, durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-86) se incorporan dineros provenientes del narcotráfico a la economía legal a través de una amnistía económica (Arrieta y otros, 1990: 273). Esto a la vez que impulsa la economía nacional, inicia un proceso de blanqueamiento social de los narcotraficantes quienes además buscaron una incursión política institucional en el país. Sin embargo, las élites se enfrentaron a dichas pretensiones a través del aumento de las sanciones penales, la confiscación de bienes y la expedición de decretos de Estado de Sitio. (Murillo y Valdivieso, 2002: 8). Se puede colegir de lo anterior la ambivalencia sobre el discurso y tratamiento del narcotráfico en el país. De un lado encontramos un discurso determinado por las lógicas prácticas de la economía que apoyó la incorporación de los dineros del narcotráfico a la economía nacional. De otro lado hay un discurso determinado por razones de tipo moral, el cual ha impulsado la exclusión política y social de la figura del narcotraficante. En 1984, el asesinato del ministro Lara Bonilla reafirma la represión por parte del Estado a los narcotraficantes y, en respuesta, éstos inician la “violencia para la participación” como intento extrainstitucional de acción política, dando “…origen al narcoterrorismo como nuevo actor en el conflicto colombiano” (Murillo y Valdivieso, 2002: 9). De acuerdo con Camacho Guizado (1991), la violencia generada por el narcotráfico se adiciona, superpone e interactúa con las violencias existentes en el país. Muestra clara de ello es la vinculación entre narcotráfico y paramilitarismo. Este último surge como grupos de autodefensa apoyados por el Ejército, en el Magdalena Medio. El enfrentamiento entre éstos y las FARC, posibilitó la participación directa del narcotraficante como tercer actor en el conflicto: A comienzos de los años ochenta, llegaron los narcotraficantes comprando las tierras de aquellos que no resistieron la situación. Ellos fortalecieron con dinero, armas y capacitación los grupos de autodefensa y los transformaron en entrenados escuadrones paramilitares. En poco tiempo lograron su objetivo, “limpiar al Magdalena Medio de comunistas”, y los frentes guerrilleros de las FARC fueron desplazados de la región (Arrieta y otros, 1990: 264). El reconocimiento oficial de la existencia del paramilitarismo se hizo en 1987, por el entonces Ministro de Gobierno César Gaviria Trujillo. Se tenían datos de más de 130 grupos paramilitares Kalibán
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conformados (Arrieta y otros, 1990: 263). Sus víctimas eran obreros, militantes de grupos de izquierda, campesinos, guerrilleros, entre otros. La participación de los narcotraficantes como patrocinadores de estos grupos, reafirma su intención de alcanzar un estatus político. Otro tema que no se puede dejar de lado es la extradición. En los años ochenta las acciones violentas de los narcotraficantes eran justificadas como forma de ejercer presión al Estado para evitar el tratado de extradición con Estados Unidos. Este mecanismo se aprueba con la ley 27 de 1980. No obstante, el gobierno Betancur lo aplica sólo después de la muerte de Lara Bonilla y, al año siguiente, con la toma del Palacio de Justicia, replantea completamente su postura frente al tratado y se extraditan cinco colombianos a Estados Unidos. Durante el primer año del gobierno Barco (1986-1990) se expide la Ley 68 de 1986 que aprueba de nuevo la extradición con Estados Unidos. En 1987 esta ley se declara inexequible y es sólo hasta 1997, durante el gobierno de Ernesto Samper, debido a la presión estadounidense y sus amenazas de imponer sanciones comerciales al país, que se aprueba de nuevo la extradición. De ahí en adelante y hasta el día de hoy, la extradición sigue siendo utilizada por el gobierno colombiano como una de sus armas para combatir el narcotráfico. Los detractores de la extradición critican que actualmente en vez de un mecanismo que amedrente a los narcotraficantes –como lo hiciera en los 80-, ahora a éstos les resulta siendo un negocio. Esto se debe a que el cambio en la política antidrogas de Estados Unidos ha integrado la táctica de delación o chivatazo a cambio de la reducción de las condenas, como parte de la estrategia de desarticulación de los carteles. De esta manera, grandes capos han conseguido en la denominada colaboración con la justicia, reducir sus penas hasta en un 70% y conseguir beneficios como el cambio de identidad y protección en un tercer país para ellos y sus familias. La historia del país refleja lo ineficaz de las medidas tomadas para acabar con el narcotráfico. Ni la extradición, ni la represión contra la producción, el tráfico y el consumo han logrado acabar con el negocio. Por el contrario, éste siguió infiltrando partidos políticos, entidades públicas, medios de comunicación e instituciones deportivas. Algunos datos que apoyan esta afirmación son: Para 1987 “cerca del 80% de la policía de Medellín era considerado sospechoso de enriquecimiento ilícito” (Arrieta y otros, 1990: 254). En la década de los 90 se puede mencionar el proceso ocho mil y, más recientemente, en 2002, el aval que recibió Jorge Hernán Duque por parte de Miguel Rodríguez Orejuela para candidatizarse a la presidencia de la Federación Colombiana de Fútbol (García Hoyos, 2002: 123) Al igual que las estrategias para combatir el narcotráfico se han sofisticado, la empresa de las drogas ha hecho también su labor. La captura y muerte de los capos no ha terminado con el negocio del narcotráfico, solamente ha fragmentado el poder de los carteles exacerbando las guerras por el control del tráfico y fortaleciendo la corrupción estatal.
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