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Impugna la regidora Valenzuela resolución en
Favor Del Alcalde
GERARDO SÁNCHEZ/EL VIGÍA gsanchez@elvigia.net | Ensenada, B. C.
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La regidora Brenda Valenzuela Tortoledo anunció que impugnó la resolución del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California que reencausó la denuncia interpuesta en contra del alcalde Armando Ayala Robles por violencia política en razón de género.
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En conferencia de prensa realizada tras presentar dicho recurso y acompañada de Mario Osuna Jiménez y Carmen Iñiguez Casanova, dirigentes estatal y municipal, respectivamente, del PAN, la edil ensenadense informó de la impugnación.
“La violencia política hacia las mujeres no puede estar escondida en el debate político, violentar a la mujer no es normal y no es legal. En México está tipificada la violencia política contra las mujeres como un delito, porque las mujeres en todos nuestros ámbitos tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia”, señaló Valenzuela Tortoledo.
Explicó que en dos ocasiones en sesiones de Cabildo fue objeto de violencia política en razón de género por parte del presidente municipal de Ensenada, por lo que procedió a presentar una denuncia formal ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California, aceptando las acusaciones, formulando medidas cautelares y posteriormente se turnó al Tribunal de Justicia Electoral de la entidad.
Contra Declaraci N
La denuncia, indicó la regidora, se presentó en diciembre del año pasado y por varios meses se realizaron diversas diligencias y presentación de documentos y pruebas, resolviéndose en la primera semana de junio por parte del TjeBC.
Dicho tribunal resolvió ser incompetente para atender la denuncia y re-encausarla para que fuera el propio Cabildo de Ensenada el que determine si había existido tal violencia política en razón de género y en caso de ser así, que fueran los propios ediles quienes pudieran establecer la sanción.
Valenzuela Tortoledo se dijo inconforme con esa sentencia y señaló que recurrió ante la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Baja BC tres lugares en cumplimiento del estado de derecho
GERARDO SÁNCHEZ/EL VIGÍA gsanchez@elvigia.net | Ensenada, B. C.
Baja California descendió tres lugares en el cumplimiento del Estado de Derecho, según la evaluación hecha por World Justice Proyect (WJP), pues del lugar número 16 en la anterior medición, pasó al puesto 19 durante el periodo 2022-2023.
En un comunicado de dicha organización sobre la quinta edición del Índice de Estado de Derecho en México se hace evidente la falta de avances substantivos en materia de Estado de Derecho en la mayoría de las entidades del país.
La calificación promedio general de los 32 estados es de 0.42 en una escala del cero al uno. Desde la versión pasada, los puntajes mostraron cambios marginales, aumentando en 19 estados, descendiendo en 3, y permaneciendo sin cambios en 10.
El reporte agrega: “los resultados de esta edición indican que los avances en materia de Estado de Derecho son escasos” y agrega que “todos los estados siguen por debajo de la mitad de la calificación idónea, y tienen desafíos para alcanzar un Estado de Derecho sólido, sobre todo en cuanto a seguridad y justicia penal”.
El WJP mide el conjunto del estado de derecho por medio de ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
SEIS ESTADOS MEJORARON
Bajo este panorama, seis entidades federativas destacan por mostrar una tendencia de mejora desde la primera edición del Índice en 2018.
En específico, Querétaro se ubicó en quinto en la edición de 2018 y está en primero en 2022-2023. Guanajuato pasó de la posición 12 a la segunda.
Sinaloa mejoró de la 11 a la quinta. Baja California Sur pasó de la 31 a la sexta, Tamaulipas pasó del lugar 19 al 12, y, Sonora pasó del lugar 29 al 20.
Recordando los 22 asesinatos en el úitimo año, incluidos dos en Baja California, los comunicadores de Ensenada repudian la violencia contra mujeres periodistas
KARLA PADILLA/EL VIGÍA kpadilla@elvigia.net | Ensenada, B. C.
Con 22 periodistas asesinados de 2022 a la fecha, en México, el Día de la Libertad de Expresión no es un día para celebrar, pues el control de los medios por parte del gobierno y la persecución política a periodistas como represalia siguen existiendo, expresó Joatam De Basabe Ibarra, presidente de la Asociación de Periodistas de Ensenada (APE).
En un simbólico acto público realizado afuera de las instalaciones del Teatro Universitario y de los Periodistas Benito Juárez, De Basabe Ibarra, a nombre de los integrantes de la APE, recordó que México sigue siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo.
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Lo anterior, dijo, ya que en lo que va de este año, cinco periodistas han sido asesinados, y 17 fueron asesinados durante 2022, entre los que se encuentran dos periodistas de Baja California: Lourdes Maldonado y Margarito Martínez.
Mencionó que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, además de asesinatos, otras formas de violencia contra periodistas son las desapariciones forzadas, los secuestros, las detenciones arbitrarias, el acoso y la violencia en las redes, en particular contra las mujeres periodistas, donde la mayoría de los casos permanecen impunes.
Como ejemplo, destacó el caso de Dianeth Pérez Arreola, reportera de un medio independiente en Mexicali, quien por los asesinatos y campañas contra los periodistas. ha denunciado ser víctima de una campaña de desprestigio tras publicar información del gobierno obtenida por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia. “Exigimos que se respete este derecho humano y constitucional, que no es exclusivo de los periodistas, pero que son quienes más reciben represalias por ejercerlo, y esto afecta de manera indirecta a toda la población, que tiene derecho a ser informada de manera veraz e imparcial, como parte de su derecho de acceso a la información”, expuso. De Basabe Ibarra recordó que la exigencia no sólo es para los distintos niveles de gobierno, sino también a los grupos de personas que han cuestionado la libertad que tienen los periodistas para hacer su trabajo.
Reiteró que la libertad de expresión no es solamente tener el uso libre del micrófono, las redes sociales o los medios tradicionales, sino que garantice el no ser perseguidos por haberlo hecho o ser víctimas de represalias. El presidente de la APE ejemplificó con el ejercicio de “Quién es quién en las mentiras” que se realiza desde la tribuna de la Presidencia de la República, que expone el trabajo periodístico y los señala de hacer mal “manejo” de la libertad de expresión, lo que genera odio y desprestigio hacia el gremio periodístico.
Recordó que ese desprestigio también ha ocurrido en Baja California, especialmente en la administración del ex gobernador Jaime Bonilla, quien se dedicaba a atacar a los periodistas por su trabajo.
“Es hora de que eso termine, es hora de que cesen esas hostilidades hacia el gremio periodístico por parte de estas personas que ostentan cargos públicos; es importante que nos unamos como gremio y que exijamos que cuando haya algún ataque, cuando haya alguna violencia ejercida hacia el gremio periodística, también en consecuencia haya justicia, que no se queden en la impunidad como la gran mayoría de los casos”, reiteró.
¡SI TOCAN A UNO, SE TOCAN A TODOS!
Por su parte, Zahady Nolasco Rodríguez, portavoz de Eva Guerrero, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex), expuso que el gremio organizado no tiene nada que celebrar mientras continúen los asesinatos y agresiones a los comunicadores. Recordó que la libertad de expresión contribuye a ejer-