Panamá: Tierra fértil para negocios futuros

LA POLITICA EDUCATIVA EN

PANAMA Tierra fértil para negocios futuros

379.728.7

I-61p Internacional de la Educación América Latina (IEAL)

La política educativa en Panamá : Tierra fértil para negocios futuros / Internacional de la Educación América Latina (IEAL), Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas (OLPE) . San José, Costa Rica : Editorial Internacional de la Educación América Latina, 2023

50 páginas : ilustraciones a color, gráfic os a color, PDF

ISBN 978-9930-548-14-1

1. POLÍTICA EDUCATIVA. 2. EDUCACIÓN. 3. PA NAMÁ. I. Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas (OLPE). II. Título

INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN AMÉRICA LATINA (IEAL)

OFICINA REGIONAL, SAN JOSÉ, COSTA RICA

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PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL IEAL

Combertty Rodríguez (Coordinador Principal Regional IEAL)

Gabriela Sancho (Coordinadora Regional IEAL)

Gabriel Castro (Coordinador Regional IEAL)

Revisión filológica: Lucía Zúñiga Solano

Diseño: Estudio Casarli, Buenos Aires, Argentina

Disponible para descargar en formato electrónico en: www.ei-ie-al.org /ie americalatina /inteducacion /ieal /internacionaldelaeducación

Reconocimiento-NoComercial- CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

Contenidos

Lista de Siglas y Acrónimos

Presentación

Introducción

Las leyes en Panamá ¿Cuáles son y cómo favorecen el comercio educativo?

Ley Orgánica de Educación

El Plan estratégico de Gobierno de Panamá (PEG)

Ley de Alianzas Público- Privadas Organismos públicos y toma de decisión a favor del comercio educativo

Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional para la Educación (COPEME).

El Compromiso Nacional para la educación

Las recomendaciones de la OCDE para Panamá

privados: desde el programa Panamá Bilingüe y la Beca universal

La Beca Universal. Un formato para subvencionar la matrícula privada con fondos públicos

¿Cómo puede beneficiar la beca universal al sector privado?

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Ni pedagogía ni libertad sindical. El experimento de las escuelas privadas de bajo costo en Panamá ¿Quiénes apoyan las escuelas privadas de bajo costo? El lobby a favor de las escuelas privadas de bajo costo en Panamá Sector empresarial de América Latina invierte en estudios y publicaciones sobre el desarrollo de la política educativa

en Unidos por la educación

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Lista de siglas y acrónimos

AECID

Agencia Española de Cooperación

Internacional al Desarrollo

APP

Alianzas público-privadas

ANEP

Alianza Nacional de Educación Particular

ANPAC

Asociación Nacional de Padres de Familia y Acudientes de Colegios Particulares

ASP

After School Program

ATAL

Aprendizaje de la Lectura y Escritura

Inicial

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

BM

Banco Mundial

CAF

Corporación Andina de Fomento

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CoNEP

Consejo Nacional de la Empresa Privada

COPEME

Compromiso Nacional para la Educación

CONATO

Consejo Nacional de Trabajadores

Organizados

FECE

Fondo de Equidad y Calidad de la Educación

INEE

Instituto Nacional de Evaluación Educativa de México

ISA

Instituto de Estudios para una Sociedad

Abierta

MEDUCA

Ministerio de Educación

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible (de la Agenda 2030 de Naciones Unidas).

OLPE

Observatorio Latinoamericano de Política

Educativa

ONG

Organización No Gubernamental

ONU

Organización de las Naciones Unidas

PEG

Plan Estratégico de Gobierno

PB

Panamá Bilingüe

PISA

Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes

REDUCA

Red latinoamericana por la Educación Unadepa

Unión Nacional de Padres, Acudientes y Asociaciones de Padres de Familia de Centros Educativos Particulares de Panamá.

UNEP

Unión Nacional de Educadores de Panamá

UNICEF

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia

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Presentación

Este documento ofrece un análisis sobre la política pública educativa, a partir de los escenarios encontrados en doce países de América Latina. Por más de tres décadas, el proyecto neoliberal implantado en América Latina ha redefinido el rol del Estado, favoreciendo la lógica de mercado a través de las mismas políticas públicas. La política pública educativa no es una excepción, también reproduce los valores y las prácticas del proyecto neoliberal.

A partir de los documentos, leyes e informes analizados, se constata que actualmente, la política educativa pública en América Latina se caracteriza por la amplia injerencia de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) y de agencias internacionales de cooperación; la naturalización de los mecanismos de alianzas público privadas y de forma más creciente, la consolidación de actores privados y empresariales que participan en el diseño, la gestión y la ejecución de la política educativa.

La consigna neoliberal se centra en la descalificación de lo público, en la limitación de las capacidades del Estado y en promover que las lógicas de mercado y el enfoque empresarial orienten la toma de decisiones en política pública. Los sindicatos de educación de América Latina fueron los primeros en señalar cómo las políticas de signo neoliberal deterioran la política pública educativa pública y responsabilizan al cuerpo docente de este deterioro, al tiempo que abren la puerta a grupos empresariales para que comercien servicios y lucren con la educación publica.

Ante el avance del proceso de privatización y comercio educativo a nivel mundial, la Internacional de la Educación (IE) impulsó una Campaña de respuesta global (Global Response), para enfrentar dicho proceso y defender la vigencia de la educación pública con calidad, laica, gratuita y obligatoria garantizada por el Estado como derecho social. En coordinación con esta campaña, en el 2016, el Observatorio Latinoamericano de Política Educativa (OLPE) inició un monitoreo de las principales tendencias del comercio educativo y, en el 2018, se publicó un estudio que demostraba que el comercio educativo percibido en los países, responde a una lógica con expresión mundial y regional.

En el marco del Movimiento Pedagógico Latinoamericano, los sindicatos de educación de la Internacional de la Educación en América Latina se comprometieron a acompañar su acción político-sindical con procesos de investigación y reflexión para proponer política educativa alternativa a la que se ha estado desarrollando en la región.

En esta nueva entrega, el OLPE analiza el comportamiento del comercio educativo en doce países de la región, en donde se observan las siguientes tendencias:

1. Las metas educativas establecidas en Jomtien y de Dakar promovieron el endeudamiento de los países con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo BID para impulsar reformas educativas. La política de endeudamiento para sostener la política educativa se mantiene hasta la fecha en cada uno de los países. Uno de los signos principales de estas reformas fue promover las evaluaciones estandarizadas a docentes y estudiantes, la reducción del currículo y promover que los Ministerios de Educación actuaran con el modelo de alianzas público-privadas.

2. El impulso de este tipo de reformas fue posible gracias a la tendencia neoliberal implantada en América Latina, sumado a la llegada de los sectores empresariales a cargos e instituciones públicas.

3. La alianza público-privada es una fórmula instalada en todos los países. Por un lado consolida las oportunidades para el lucro privado con dinero público y, por otro, juega a favor del desmantelamiento paulatino del sistema educativo público.

4. La llegada de gobiernos de signo neoliberal facilitó la firma del Acuerdo General de Comercio y Servicios (AGCS), que provocó una expansión acelerada de la oferta privada de servicios educativos en todos los niveles.

5. A partir de Jomtien, Dakar y ahora Incheon (2015), los actores del sector privado, de la cooperación internacional y de las IFI, consolidaron su presencia en la definición de la política pública educativa. Un ejemplo son los Consejos Nacionales de Educación, cuerpos multisectoriales donde además de los gobiernos, los actores privados, empresariales y religiosos se involucran directamente en la toma de decisiones. En algunos casos, estos consejos son financiados con fondos de la cooperación internacional y promueven acuerdos que estimulan el comercio educativo e incluso, contradicen las leyes de educación.

6. Sumado a esto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se ha constituido en un actor decisivo en la definición de la política educativa con carácter mercantilista. En materia educativa, la OCDE recomienda la eliminación de la gratuidad universal a favor de la gratuidad “focalizada”, el diseño de presupuestos basados en resultados, el impulso de agencias de evaluación educativa que puedan tener carácter privado, la evaluación estandarizada para docentes y estudiantes, la participación de actores privados en la prestación de

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servicios educativos, la exclusión de los sindicatos en niveles de toma de decisión, así como reformas profundas en secundaria que pasan por la reducción de años de estudio y del currículo.

7. En los países estudiados, tanto Organizaciones no gubernamentales (ONG) como grupos privados, fundaciones y grupos religiosos, le venden servicios a los Ministerios de Educación y a ONG internacionales, favoreciendo una red de negocios privados que lucra a costas de la educación pública.

8. Se constata que los ministerios de educación muestran amplia expertise en materia de alianzas con la cooperación internacional, ONG internacionales y compra de servicios a privados. Estos servicios incluyen desde programas de gestión y administración interna de los ministerios de educación, sistemas de gestión y centralización de datos, formación docente, diseño curricular, evaluación docente y estudiantil y gestión y administración de centros educativos. Sobresalen los acuerdos con USAID, Fe y Alegría, Telefónica- Movistar y la Unión Europea, entre otros.

9. Los sectores empresariales en cada país han configurado plataformas de coordinación para incidir directamente en la política educativa como Empresarios por la Educación, Juntos por la Educación, etc. que a su vez constituyen la Red latinoamericana por la educación (REDUCA). Los grupos privados organizados en REDUCA establecen alianzas con las autoridades educativas, capturan recursos de cooperación, tienen presencia en los medios de comunicación, fomentan la reducción del currículo y promueven miradas críticas y descalificadoras del personal docente, al tiempo que generan presión para el recorte de derechos laborales en el sector educativo.

10. Los procesos de comercio educativo han profundizado el deterioro de las condiciones de trabajo docente, pues las reformas educativas han promovido la inestabilidad laboral, la reducción de los derechos laborales y la violación del derecho a organizarse, a firmar pactos colectivos y a participar en huelgas.

11. La intromisión de los grupos privados en la definición de la política educativa se ha hecho aún más evidente en el contexto de la crisis sanitaria causada por COVID-19. Durante la pandemia, la respuesta estatal se ha basado en las alianzas público-privadas para distribuir contenidos digitalizados y herramientas pedagógicas, así como formación docente para el uso de herramientas digitales en pandemia, promoviendo el rol del sector privado y de transnacionales tecnológicas en la política pública educativa.

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12. Previo a la pandemia, estos actores privados habían liderado experimentos público- privados en la educación pública para implementar planes piloto en herramientas virtuales y productos de empresas tecnológicas. Ejemplo de ello fue el Plan Ceibal, una Computadora por niño y “la maleta” del proyecto PROFUTURO de Telefónica Movistar. Todos esos proyectos no tenían una perspectiva pública y con la llegada de la pandemia, fueron irrelevantes para garantizar el derecho a la educación pública.

Este documento da cuentas de la expresión de comercio educativo en el ámbito nacional, entrelazando la información encontrada en legislaciones, publicaciones, informes y noticias. El documento detalla las leyes y las prácticas que favorecen la participación del sector empresarial y las instituciones internacionales en los mecanismos de toma de decisión, la carrera de las Fundaciones de empresas privadas y las ONG por conquistar nichos de negocio y la naturalización de la presencia de grupos privados y empresariales que le hablan al oído a las autoridades educativas.

El OLPE es una herramienta al servicio de la acción política sindical de las organizaciones afiliadas a la Internacional de la Educación para América Latina y busca poner a disposición información actualizada y documentada que acompañe la acción sindical y la defensa del derecho a la educación pública en la América Latina.

Combertty Rodríguez G. Coordinador Regional Principal Internacional de la Educación América Latina.

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Introducción

En Panamá, el 30 % de la población son personas menores de 17 años. En Panamá, la legislación educativa brinda un ámbito de resguardo y reconocimiento del rol del Estado en la política educativa pública. Al mismo tiempo, se fortalecen estructuras y espacios de toma de decisión y coordinación intersectorial que habilitan la participación del sector privado en la toma de decisiones.

En Panamá, el sistema educativo básico tiene tres niveles, 1) preescolar, primaria y premedia, 2) segundo nivel o educación media (secundaria), y 3) educación universitaria. Este informe se enfoca en las formas de comercio educativo más visibles en los dos primeros niveles, que incluyen dos años de educación preescolar, seis de primaria, más tres de premedia, y tres de educación media. El país ha experimentado aumentos importantes en la cobertura educativa, entre otros, el aumento de 19 puntos porcentuales de cobertura de educación media del año 2011 al 2012(MEDUCA, 2012).

Desde 1946, la Ley 47 “Orgánica de la Educación” establece el acceso a la Educación Básica General es “universal, gratuito y obligatorio para todos los niños, niñas y jóvenes en edad de ir a la escuela”, además que la educación puede ser proveída por instituciones oficiales (públicas) y particulares (privadas).

En Panamá, por lo menos una tercera parte de “estudiantes carece del suministro de agua potable y servicios de sanidad”. La legislación panameña facilita que las alianzas público-privadas atiendan las necesidades de infraestructura. La carencia de equipamiento y de acceso al agua en centros educativos, revistió aún más importancia a partir del inicio de la Pandemia.

Desde que inició la Pandemia, el gobierno panameño anunció recortes de hasta USD 91 000 000 (NOVENTA Y UN MILLONES DE DOLARES) del presupuesto de la Universidad de Panamá. Inclusive, el estudio de la Internacional de la Educación La situación laboral y educativa de América Latina en el contexto de la pandemia covid-19: principales tendencias, publicado en enero de 2021, informa que en Panamá hubo recortes del presupuesto en educación durante 2020 por casi 407 millones de dólares.

Es importante continuar monitoreando las dinámicas de la política educativa en el marco de la pandemia del COVID, principalmente tomando en cuenta que el OLPE ha informado que Panamá es uno de los países donde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha focalizado la asistencia técnica “Apoyo al Aprendizaje de la Lectura y Escritura Inicial en Respuesta a la Crisis del COVID-19”. La Asistencia Técnica invertirá hasta USD 450 000 para la “adaptación de los programas de Aprendizaje

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de la Lectura y Escritura Inicial (ATAL) en modalidades semipresenciales, remotas y a distancia” Panamá y Colombia (BID 2020).

En el momento en que se elaboró este estudio, la Asistencia Técnica no había empezado a implementarse, por lo que se estará monitoreando en el futuro, como parte de las actividades del Observatorio Latinoamericano de Política Educativa OLPE. De hecho, la sección de ANEXOS de este documento ofrece un resumen de las asistencias técnicas y préstamos del BID y del Banco Mundial en Panamá en las últimas décadas.

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Las leyes en Panamá

Ley Orgánica de Educación

En 1995 se aprobó la Ley 34, Ley orgánica de educación por la cual se deroga, modifican, adicionan y subrogan artículos de la Ley 47 de 1946.

El Título II sobre Gestión Administrativa, en el Artículo 20, explica el sentido de la “descentralización como estrategia administrativa y proceso de ampliación y modificación de las formas de participación de los distintos agentes en los diferentes niveles del sistema.

Además, el Artículo 25 establece que las juntas municipales de educación deben velar porque el 20 % de los fondos municipales sean dirigidos al primer nivel de enseñanza oficial.

Por su parte, el Artículo 30 de la Ley crea los “Centros de colaboración” como espacios para la coordinación entre estudiantes, docentes, familias y comunidad. Los Centros auxilian la supervisión educativa y la gestión gremial.

En el título 5, Capítulo 1, la ley aborda las finanzas, el equipo y los materiales para la educación. El Artículo 125 de la Ley 34 señala que los centros educativos podrán recibir apoyo del erario y de entidades autónomas del Estado, sino que también se esperan aportes de parte de las familias, las organizaciones cívicas, municipios y otras fuentes.

El Artículo 127 fija en un 20 % de las rentas municipales anuales el aporte de los gobiernos locales a la educación oficial del primer nivel de enseñanza.

El Artículo 144 de la Ley 34, da la tarea al Ministerio de Educación de desarrollar el Currículo educativo que rige en el país. Para la implementación de este Currículo, el Ministerio deberá implementar el contenido mediante un proyecto experimental en una escuela modelo o prototipo, antes de escalar a todo el país.

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¿Cuáles son y cómo favorecen el comercio educativo?

El Artículo 136 establece que la educación “promoverá la innovación y el cambio basados en un proceso permanente y sistemático de evaluación, de investigación y experimentación” y que para esto, el Ministerio de Educación puede coordinar “con los organismos internacionales, fundaciones, empresas privadas y la sociedad civil en general” (Ley 34, p. 102).

Se observa que la Ley 34, plantea un ámbito protegido y fuerte para la educación pública.

No obstante, abre portillos para que el sector privado y empresarial participe en diferentes procesos de definición de la política educativa, ya sea mediante convenios, espacios de decisión con múltiples actores y programas y proyectos de “innovación” o de financiamiento. Es por lo que, a continuación se analizan algunas de legislaciones y estructuras que juegan a favor de esta participación.

El Plan estratégico de Gobierno de Panamá (PEG)

El Plan estratégico del Gobierno de Panamá se enmarca en los objetivos y metas que surgen de la Concertación Nacional.

En el PEG del periodo 2015-2019 y de 2019- 2024, se perciben algunos análisis que pueden dar paso al cuestionamiento de la educación pública, principalmente en cuanto a la inversión estatal.

El PEG correspondiente al periodo 2015-2019 señalaba que: pese al aumento en el gasto en educación en los últimos años, las debilidades en materia educativa y desarrollo del capital humano persisten, y constituyen uno de los más importantes limitantes para la equidad (...) los aspectos relacionados con la calidad educativa y la igualdad de oportunidades no han llegado a los mismos resultados (PED, 2014, p. 97).

No en vano, el PEG del periodo 2019-2024, acusa al Ministerio de Educación (MEDUCA), de no ejecutar “eficientemente los recursos asignados para mantenimiento de escuelas con menos de 500 estudiantes, así como el programa Mi Escuela Primero” (PED, 2019, p. 98). Sumado a esto, el PEG adelanta que

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es de suma urgencia realizar cambios fundamentales en las prioridades y políticas del gasto público, enfatizar aspectos que fortalezcan aumentos de productividad, especialmente un mejoramiento significativo de la calidad y cobertura del sistema educativo (PEG, 2019, p. 58).

El PEG 2019-2024 también otorga a la educación privada un lugar importante en el dinamismo económico en el país. Específicamente, el PEG considera que “durante esa década los sectores más dinámicos lo constituyeron la explotación de minas y canteras (15.1 % del total), construcción (14.2 %), suministro de electricidad, gas y agua (9.5 %) y servicios de educación privada (7.6 %)” (p. 32).

Este dinamismo también puede responder a los aumentos en los costos de la educación, que tuvo un aumento promedio de 3.7 % y de forma específica, se encarecieron los costos de la enseñanza secundaria premedia en un 5.8 % y la primaria en un 5.0 %.

El PEG señala como una actividad prioritaria la articulación de políticas de empleo, políticas de formación, capacitación y educación para el trabajo (p. 105).

Sin brindar evidencia o datos que respalden la propuesta, el PEG afirma que En la educación pública se debería alcanzar niveles de calidad de la privada aumentando horas y días de clases y mejorando la calidad de los docentes, al igual que la infraestructura que se les brinda a los estudiantes (PED, 2019, p. 132).

Un elemento del PEG que no habla directamente de la política educativa pero que la puede llegar a impactar, es la mención de adaptación de los marcos legislativos para promover la innovación y la competitivas. Específicamente se llama a “reforzar los marcos legales y administrativos que gestionan las interacciones entre los agentes privados (empresas y personas) y el Estado”. (p. 77).

Hasta la fecha, las alianzas público-privadas no tienen alcance en la política educativa. No obstante, debe vigilar la forma en que las recomendaciones del PEG son el marco de apoyo desde el cual el sector privado va estableciendo alianzas y convenios con actores de la educación pública.

Esta vigilancia debe ser permanente, principalmente tomando en cuenta que el PEG 2019-2024 establece una Hoja de Ruta que recuerda mucho a otros procesos que han sido financiados por el Banco Interamericano de desarrollo o incluso, recomendadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE.

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Esa Hoja de Ruta recomienda que las políticas públicas en educación en Panamá se enfoquen en las siguientes áreas (se cita de forma literal del texto):

• “vigorizar la formación de docentes a través del fortalecimiento de las facultades de educación (...) asegurar asistencia técnica proveniente de países con éxito en lograrlo.

• fortalecer el perfeccionamiento de docentes y directores en funciones.

• proveerle autonomía al MEDUCA.

• involucrar a especialistas y sectores privado y gubernamental en la planificación de currículos y metodologías pertinentes

• solicitar asistencia técnica no reembolsable a países amigos con los cuales se tiene relaciones (Corea e Israel) para desarrollar oportunidades de estudios a estudiantes con discapacidades.

• consolidar un sistema de evaluación educativa.

• fortalecer el sistema de planificación y sistemas de información (estadísticas, indicadores y procesos automatizados.

• expandir la cobertura en educación inicial y preescolar para incluir nutrición y estímulo en la escuela media.

• aumentar la escolaridad y calidad de la enseñanza a todos los estudiantes.

• mejorar la calidad de las facilidades educativas y ampliar su cobertura.

• intensificar la enseñanza del inglés a todos los niveles y en programas de formación técnica y profesional

• gestionar asistencias técnicas con universidades internacionales para fortalecer las capacidades de los docentes” (PEG, 2019, p. 143).

Finalmente, el PEG 2019-2024 recomienda que las autoridades municipales jueguen un rol más central y decisivo en el desarrollo de la política educativa y que inicie por la responsabilidad municipal del sostenimiento y la mejora de la infraestructura (p. 144).

Como se dijo previamente, mientras que la Ley 34 establece un ámbito fuerte para la educación pública y el desarrollo pedagógico a cargo del Estado, es a través de otras iniciativas, convenios y marcos de acción, mediante los cuales, el sector privado y empresarial puede aumentar y consolidar su rol en la definición de la política educativa.

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Ley de Alianzas Público- Privadas

En el año 2019 se aprobó la ley que crea el régimen de asociaciones público-privadas para el Desarrollo. En el Capítulo II, Artículo 9, punto 7, la Ley habilita que las alianzas público-privadas (APP) involucren la construcción, operación y/o mantenimiento de infraestructuras dedicadas a prestar servicios de educación.

No obstante la ley excluye la posibilidad de que la prestación de los servicios de educación sea previstos en el marco de una APP, sino que estos permanecen como competencias exclusivas del Estado.

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Organismos públicos y toma de decisión a

favor del comercio educativo

Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional para la Educación (COPEME).

En 2016, el Ministerio de Educación (MEDUCA) convocó a una serie de mesas de diálogo sobre educación que culminarían con el documento Compromiso Nacional por la Educación- COPEME.

Tal como lo establece en su portal web, “El Consejo Permanente Multisectorial para Implementación del Compromiso Nacional por la Educación (COPEME) fue creado - mediante la Ley 59 del 1 de noviembre de 2018 - como un ente asesor y consultivo adscrito al Ministerio de Educación (MEDUCA), cuya función principal es la de acompañar a las autoridades en la implementación de las 37 políticas públicas de Estado y 241 líneas de acción consensuadas en el Diálogo Compromiso Nacional por la Educación” (COPEME, 2021).

El COPEME se plantea como una estrategia de intervención en el sector educativo que a su vez es financiado por el Ministerio de Educación, el cual aporta los recursos necesarios para garantizar el óptimo funcionamiento y la operatividad del COPEME y su Secretaría Técnica.

En la convocatoria del 2016, se organizaron cinco mesas temáticas

1) calidad de la educación

2) equidad educativa

3) formación de educadores

4) gestión de la educación

5) inversión para la educación

En dichas mesas de diálogo temáticas y en la Mesa General, participaron los siguientes sectores:

1 • Ministerio de Educación (MEDUCA).

2 • Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP).

3 • Gremios de Educadores: Unión Nacional de Educadores de Panamá (UNEP) y Unión Nacional de Educadores por la Calidad de la Educación (UNECEP).

4 • ONG del sector educativo. Consejo Nacional de Trabajadores Organizados

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(CONATO): conformado por distintas centrales de trabajadores de la República de Panamá.

5 • Confederación Nacional de Padres de Familia de la República de Panamá¹: aglutina a todas las Federaciones de Padres de Familia a nivel nacional, además de la Unión de Asociaciones de Padres de Familia de las Escuelas Particulares, Asociación de Padres de Familia de estudiantes en el extranjero, Alianza Evangélica Nacional, Federación Nacional de Inclusión, Asociación Panameña de Psicólogos y la Alianza Panameña por la Vida y la Familia.

6 • Consejo de Rectores de las Universidades Públicas y Privadas: reúne a las cinco universidades oficiales y las 15 universidades particulares de Panamá

7 • Estudiantes (de Premedia y Media de escuelas oficiales y particulares): representantes estudiantiles convocadas/os.

Además, se estableció una Mesa General que estableció propuestas para hasta 241 políticas públicas propuestas puntualmente (Amaral et al., 2013).

La Tabla 1 muestra la composición de la Mesa de Diálogo General.

Tabla 1. Participantes de la Mesa de Diálogo General del COPEME

Ministerio de Educación (MEDUCA).

Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP).

Unión Nacional de Educadores de Panamá (UNEP) y Unión Nacional de Educadores por la Calidad de la Educación (UNECEP).

Confederación Nacional de Padres de Familia de la República de Panamá

CONATO

ONG del sector educativo

Elaboración propia con datos de Amaral et al., 2013.

“La Confederación de Padres de Familia coordina con el MEDUCA el proceso de enseñanza y vigila y defiende que se cumplan las leyes establecidas en el tema educativo. De acuerdo con lo establecido en la Ley 47 - Orgánica de Educación: En cada escuela o colegio, sea oficial o particular, los padres y madres de familia conformarán la asociación de padres de familia del respectivo plantel. Tales asociaciones podrán organizarse en federaciones ésta, a su vez, en confederaciones.” (Amaral et al., 2013)

Como principal resultado de esa Mesa General, se decidió crear el Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional para la Educación (COPEME), conformado por las mismas organizaciones participantes de la mesa plenaria (no se especifica la cantidad de representantes de cada una) y con la participación del Ministerio de la Presidencia y de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT). La participación en el COPEME será ad honorem.

El COPEME tiene como tarea principal dar seguimiento a y monitorear la implementación de las políticas y líneas de acción consensuadas en el documento.

El Compromiso Nacional para la Educación plantea una “meta mayor”, a modo de visión a futuro

Una educación en la que toda la población tenga opción a ejercer el derecho al acceso gratuito, en igualdad de oportunidades, atendiendo al interés nacional, los ODS en educación y los avances del mundo que garantice un sistema educativo de calidad, incluyente y equitativo que forme un ciudadano integral.

Es interesante que el COPEME decida hablar de “opción” de ejercer el derecho a la educación pública. Con esto, deja abierto el portillo a sostener que cuando las familias acuden a la educación privada, esto responde a tener opciones, y no necesariamente a una falta de oferta pública de cobertura adecuada, entre otros.

Entre los desafíos específicos de COPEME se destacan “modernizar la estructura y la gestión administrativa de MEDUCA y superar la baja participación ciudadana e intersectorial con relación al tema educativo”.

Como parte de las “propuestas para la acción” o líneas de acción del COPEME se encuentran:

• Sobre evaluación: Crear un ente público para el establecimiento de un sistema de evaluación integral debidamente legitimado, representativo, autónomo e independiente con fines de investigación y mejora de la calidad del sistema educativo (p. 41).

• Establecer una alianza interinstitucional e intersectorial (Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ministerio de Educación, Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, sector productivo, otros.) que coordine un sistema permanente de desarrollo de las ciencias, la innovación y la tecnología, con la formación técnica y dual en los centros educativos a nivel nacional (p. 46).

• Crear un fondo nacional para incentivar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en los centros educativos a nivel nacional, atendiendo sus particularidades y contextos

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• Optimización de la Administración del FECE. Reactivar la Comisión de Supervisión del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación. Pasar el manejo contable del fondo, a la Oficina de Administración del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación.

• Crear mecanismos para incrementar la participación de los padres de familia, incluyendo la supervisión del manejo de los fondos del centro educativo.

• Garantizar la disponibilidad oportuna de los recursos a fin de implementar de los programas y planes de acción, de manera que todos los Centros Educativos cuenten con las herramientas necesarias para su desarrollo, entre ellos, la ampliación de la jornada escolar (p. 62).

El Compromiso Nacional para la educación

En julio 2019, el COPEME presentó un informe, tras seis meses en funciones. Aunque no fue posible tener acceso al informe como tal, el MEDUCA publicó un artículo junto con un video del evento de presentación (MEDUCA, 2019).

En el artículo señala el avance en algunas de las metas planteadas en el documento inicial Compromiso Nacional para la Educación:

1 • Un sistema de evaluación público, integral, autónomo, científico-técnico e independiente que permita medir el desempeño del sistema educativo y promueva la mejora continua de la calidad de todos los actores del sistema educativo.

2 • Instauración de un modelo de gestión pública y social, eficaz y descentralizado.

3 • Un sistema nacional de capacitación pública, centrado en la cualificación docente y la actualización permanente para una formación continua efectiva.

4 • Un programa de salud pública, higiene, salud, seguridad ocupacional especializada para el sector educativo que tome en cuenta el contexto y que, de manera continua, se encargue del estudio, prevención, diagnóstico y atención integral de la salud física, mental y social de estudiantes, docentes y administrativos.

5 • La garantía de la educación desde preescolar hasta la media (el equivalente a 14 años de escolaridad) gratuita y obligatoria en todas las regiones y culturas del país.

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Es importante detenerse en la meta 1 sobre el sistema de evaluación, porque estas iniciativas ya se han observado en Ecuador, Uruguay y México y los entes evaluadores se han constituido en actores que, incluso recibiendo fondos públicos, lideran ataques a la educación pública y promueven la compra de servicios a grupos privados con fondos públicos.

Por su parte, la meta 2 sobre un sistema descentralizado, puede promover también la participación de actores no estatales y la cooperación internacional en la gestión educativa, mediante programas y proyectos.

El OLPE recomienda monitorear la implementación de estas dos metas.

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Las recomendaciones de la OCDE para Panamá

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico- OCDE- publican el Estudio “Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes” en el año 2017, en conjunto con MEDUCA.

En el documento se establece que Panamá está “inicialmente bien posicionada para implementar PISA 2018 y el componente PISA ‘fuera de la escuela’” (OECD, 2017).

El estudio reconoce que los resultados son relevantes pues sirven de referencia para las organizaciones internacionales que destinan fondos para la educación: Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la ONU, UNESCO, UNICEF. Al adoptar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2015, Panamá se comprometió a cumplir el objetivo 4 de Educación, que busca asegurar que cada niño y joven logre, al menos, niveles básicos de competencia en Lectura y Matemática (OCDE, 2017, p.8).

Más puntualmente, el análisis apunta a que se debe priorizar:

• Aumentar los vínculos con un número mayor de partes interesadas (stakeholders) y que más partes interesadas sean parte de un comité asesor de evaluación.

• Un plan público de difusión de los resultados PISA orientado a alcanzar varias partes interesadas (stakeholders)

• Promover la investigación por parte de la estructura de evaluación dentro del MEDUCA con el fin de asignar financiamiento y recursos que busquen mejorar los análisis de evaluación de resultados

• Utilizar los resultados PISA para la generación de política pública y el mejoramiento de las prácticas educativas (p. 23)

El estudio concluye que el paso más importante es la creación de una oficina exclusiva para todo el proceso de evaluación PISA en el sistema educativo nacional, lo cual se detalla a continuación.

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También para Panamá, la OCDE recomienda un Instituto

de Evaluación autónomo

Si bien mencionan que ya existe desde 2017 la unidad PISA NC dentro de la estructura del MEDUCA, la OCDE considera que las capacidades de esta unidad administrativa no cumplen con “las características para asegurar la sostenibilidad y estabilidad del proceso de evaluación en el largo plazo”.

Ante esto, la OCDE recomienda ya sea fortalecer dentro de la estructura existente del MEDUCA una sección dedicada exclusivamente al programa, lo cual permitiría aprovechar la capacidad técnica y la organización administrativa existentes, o bien, crear un instituto de evaluación independiente (como se ha hecho en otros países de la región), cuya principal ventaja sería justamente esa independencia de contextos políticos.

En cualquiera de los dos casos, apuntan, el proceso de establecer esa ‘unidad PISA’ requiere un “volumen sustancial de recursos, además de gastos técnicos y operativos” (OECD, 2017).

Otras dos recomendaciones que da PISA a Panamá son: Introducir un sistema de seguimiento del estudiante, con el propósito de recopilar datos, identificar temprano las dificultades de aprendizaje para intervenir, y permitir el monitoreo y la evaluación de centros educativos. Implementar evaluaciones continuas en los primeros años de la escuela primaria enfocadas en identificar a los estudiantes con dificultades de aprendizaje, y monitorear y apoyar su desempeño integral (p. 20).

Este tipo de recomendaciones habla de actividades o servicios que prioritariamente pueden ser previstos por grupos privados como empresas de monitoreo de datos (data mining) o de proveedores privados de servicios educativos como elaboración de materiales, programas de refuerzo docente, etc.

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Análisis presupuestario de la educación

Un grupo de investigadores de universidades y centros de investigación del país realizaron un “Análisis del presupuesto estatal para educación (...) de 1990 a 2017” (Herrera, Torres-Lista & Montenegro, 2018).

En general, el estudio señala que el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE), nombre que recibe la Dirección Nacional dentro del MEDUCA encargada de administrar parte del presupuesto para el sistema de educación pública (derivado del seguro educativo), tiene una “operación […] deficiente y no existen estándares para rectificar esas deficiencias”.

Según la investigación, esta operación deficiente obliga tanto a las familias como a los sectores público y privado a, constantemente, tener que idear cómo obtener fondos para cubrir las necesidades de escuelas (privadas y públicas) y los costos de matrícula, materiales, transporte y otros.

También, insisten en que el problema más grave, que es causa de prácticamente todos los demás, es que el presupuesto para educación se aleja mucho del 20 % del erario total, recomendado por UNESCO décadas atrás. El estudio sostiene que mientras no se llegue a ese número, las dificultades por mala o falta de infraestructura e instalaciones y los bajos salarios, la necesidad de subsidios van a continuar.

Si bien, el monto en dólares dedicado a la educación en Panamá aumenta con relación al año anterior, lo que se observa es que este aumento no es correlativo al crecimiento del PIB.

Por ello, lo que se da en Panamá es una disminución de lo que representa el gasto en educación con respecto al PIB, según se puede comprobar en el cuadro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL, que muestra el porcentaje del gasto en educación como razón del producto interno bruto (PIB) entre 2000 y 2014.

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Porcentaje del PIB para Gasto en Educacion del Gobierno Central, 2000-2014 (CEPAL)

También el estudio destaca que las transferencias de MEDUCA para “entidades educativas autónomas” han aumentado, principalmente algunos fondos son transferidos a otras ocho instituciones² que cumplen tareas relacionadas con el sistema educativo, como “becas y ayuda financiera para promover capacitación, recurso humano, cultura, deportes, investigación y universidades públicas” (Herrera M. et al., 2018).

Estas instituciones que, además del MINEDU, tienen acceso a fondos de educación, son 1) Ministerio de Cultura (antes Instituto de Cultura); 2) Instituto Panameño de Deportes; 3) Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU); 4) Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano; 5) Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE); 5) Universidades públicas; y 5) Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV).

En ese sentido, la participación de instituciones autónomas en el presupuesto de la educación no es nuevo. Lo que se puede prever es que algunas de las funciones que cumplen estas instituciones sean tercerizadas y/o subcontratadas a grupos privados y que a raíz de esto, se institucionalice un flujo permanente de fondos públicos a grupos privados.

² 1) MEDUCA; 2) Ministerio de Cultura (antes Instituto de Cultura); 3) Instituto Panameño de Deportes; 4) Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU); 5) Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano; 6) Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE); 7) Universidades públicas; y 8) Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV).

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Fuente CEPAL

Fondos públicos para negocios privados: desde el programa Panamá Bilingüe y la Beca universal

En este apartado se analizan dos casos en los que sobresalen las gestiones normativas y/o legislativas para facilitar el acceso a fondos públicos por parte de empresas educativas privadas.

La Beca Universal.

Un formato para subvencionar la matrícula privada con fondos públicos

En el año 2018, el OLPE alertó sobre cómo la ampliación de la “beca universal” para estudiantes del sector privado, ampliación aprobada en enero del 2018, puede beneficiar a los grupos de educación privada. Desde el año 2010 el Estado panameño entrega la beca universal a estudiantes de centros educativos públicos.

La beca se otorga según resultados académicos y según las recomendaciones del consejo pedagógico del centro educativo. La beca se entrega a las familias de los estudiantes una única vez cada año, siempre que presenten los requisitos (documento de identidad del menor de edad, carta de la escuela y notas de estudiantes). Estos fondos se proponen como un apoyo a los gastos de transporte, compra de materiales, alimentación, etc.

La Beca universal consiste en:

US$ 270 por mes para primaria

US$ 360 por mes para tercer ciclo (7mo-9no)

US$ 450 por mes para educación media.

En el mes de febrero del año 2017, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley 389, que modifica el artículo de la Ley 40 del año 2010 (ley que regula el programa de la beca universal). El proyecto se venía discutiendo desde el año 2016, cuando fue presentado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional.

La modificación de este artículo da luz verde para que las y los estudiantes de centros educativos privados también accedan al fondo de beca Universal que otorga el Estado. Esta modificación aplica a partir del año 2018.

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El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Leandro Ávila, el proponente del proyecto 389, argumenta que los estudiantes de escuelas privadas requieren acceder a estos fondos por los altos costos de las matrículas y que las y los estudiantes que estaban fuera del sistema educativo público le implicaban un “ahorro al Estado”.

Además, la presentación del Proyecto de Ley contenía en su argumentación a favor de entregar fondos a las familias para pagar matrículas en las escuelas privadas, una crítica a la educación pública y a docentes:

De todos son conocidos los grandes problemas que existen en la educación pública, problema en las infraestructuras, constantes huelgas, la falta de vocación o de interés del docente en la labor que realizan, falta de colegios públicas de excelencia, estos problemas entre muchos otros , inducen a que cada día un mayor número de panameños haga el sacrificio de matricular a sus hijos en colegios particulares, en no pocas ocasiones a más de un estudiante dentro del mismo núcleo familiar duplicando el sacrificio, ahorrándole al Estado una gran cantidad de recursos en la formación de estos estudiantes, por encontrase los mismos fuera del sector público.

universal al sector privado?

La apertura de fondos para familias que compran servicios educativos del sector privado puede provocar una “competencia” por los fondos disponibles entre los grupos de familias del sector privado y del sector público.

Ante la beca universal que pone a disposición de fondos públicos para las familias que compran los servicios de escuelas y colegios privados, los centros educativos privados pueden beneficiarse de varias maneras.

Una opción es aumentar el costo de sus matrículas. Otra opción, es que aumenten la cantidad de escuelas privadas de bajo costo que están funcionando, así como el costo de matrículas de en aquellas escuelas privadas de bajo costo que ya existen, al saber que hay fondos públicos disponibles.

Es decir, se puede generar mucha especulación en el sector privado pues la Beca Universal se constituye en una oportunidad de negocio.

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¿Cómo puede beneficiar la beca

Además de la Beca Universal, en Panamá hay otros procesos institucionales en que se dirigen fondos públicos a actores privados. Uno de los principales casos de compra de servicios o subcontratación a terceros es el programa Panamá Bilingüe, que se desarrollando mediante un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Se analiza a continuación.

Compra millonaria de servicios a terceros.

El programa Panamá Bilingüe

El programa Panamá Bilingüe es un sistema de subcontratación de servicios para la formación docente y el desarrollo de competencias de estudiantes. Estas subcontrataciones se financian con fondos de un préstamo del CAF.

Inicialmente creada como un programa de cinco años en 2014, Panamá Bilingüe (PB) pasó a ser una estrategia oficial del Ministerio de Educación (MEDUCA) en mayo 2017, por medio de la Ley No. 18 del 2017). (Samayoa, 2019).

Para desarrollar el programa Panamá Bilingüe, se crea también la Dirección Nacional de Enseñanza de Lengua Extranjera adscrita al Ministerio de Educación (DNELE) y “un Comité Consultivo integrado por especialistas en el área del idioma inglés”

Sobre ese “comité consultivo”, el artículo 9 de la ley especifica que está “integrado por especialistas en el área de la enseñanza del idioma inglés de las universidades oficiales y particulares del país, sector privado y sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, para el análisis y seguimiento de la implementación del Programa Panamá Bilingüe y la recomendación de medidas de mejoras” (Legislación de la República de Panamá, 2017). Sin embargo, no fue posible encontrar información precisa sobre quiénes componen ese comité.

Como parte de PB, se desarrolla el programa After School Program (ASP), en el cual estudiantes de educación media atienden clases de inglés después de su jornada de clases regular (after School), en centros especializados de inglés que han concursado para prestar este servicio. Es decir, se subcontratan servicios a institutos o proveedores externos.

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El programa también incluye la capacitación de docentes en universidades locales (Teacher Training Local) y en universidades “del primer mundo” – en países angloparlantes (Teacher Training International) (Ministerio de Educación de Panamá).

Específicamente en el caso del ASP, la participación no es abierta para todos los estudiantes, sino que se seleccionan a algunos estudiantes. No queda claro cómo es ese proceso de selección. Lo que sí está claro es que quienes no forman parte del programa, reciben 300 horas de lecciones de inglés menos al año.

No se encontró una lista de todos los centros autorizados para dar las clases. Sin embargo, se encontraron algunas instituciones (por ejemplo, Centro Especializado en Lenguas de la Universidad Tecnológica de Panamá y páginas web que ofrecen varias opciones.

En el año 2020, se publicó una cartel para contratar el “Servicio de auditoría externa del programa panamá bilingüe, financiamiento de la corporación andina de fomento (CAF) préstamo n.°. 010713”.

Según esta licitación, el costo del programa se ha estimado en USD$154,700,000, distribuidos en USD$ 125 000 000 procedentes del financiamiento obtenido con Contrato de Préstamo CFA 010713 y USD$ 29 700 000 de contrapartida local.

De estos costos, el cartel de licitación aclara que un 30 % se dedica a la formación de docentes y un 56 % al desarrollo de competencias en estudiantes, mientras que el 12 % y 2 % restantes, se utilizan para la administración del Programa y el fortalecimiento institucional, respectivamente (OEI, 2019).

Estos costos corresponden a un programa que no cubre a la totalidad de estudiantes y que no está integrado en el sistema educativo público, sino que opera como una subcontratación.

El Meduca se encarga de sufragar los gastos, en concepto de apoyo económico, los costos de transporte, hospedaje y alimentación del participante, durante el período contemplado para la realización del curso. Además, la capacitación contempla: instrucción al liderazgo, tendencias y estrategias educativas innovadoras para la enseñanza del idioma inglés, transporte desde el aeropuerto de Panamá al aeropuerto del país asignado, ida y vuelta y seguro médico de urgencias para cobertura internacional que cubrirá enfermedades imprevistas y accidentes durante la estadía. (Ministerio de Educación de Panamá, s.f.)

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Se tienen informes de costos de la estrategia PB a partir de 2017, aunque se encuentran noticias y otra información sobre el mismo desde 2015. A continuación se detallan algunos datos relevantes de esos informes.

Según los informes de MEDUCA (Ministerio de Educación de Panamá, 2018; Ministerio de Educación de Panamá, 2020):

• los informes de ‘transparencia’ disponibles para la estrategia PB inician en 2017;

• la proyección de estudiantes que serían incluidos en el ASP para el ‘quinquenio’ (no queda claro cuál quinquenio, parece ser que entre 2015 y 2020) era de 45 000 estudiantes;

• para agosto 2016, se habían beneficiado 13 826 estudiantes de entre nueve y doce años;

• en 2017 se beneficiaron 12 000 estudiantes de entre nueve y doce años;

• en abril 2018, único mes en el que se reportaron los costos del ASP por separado, había 10 000 estudiantes matriculadas/os en los cursos;

• En mayo 2019, un mes después de iniciado el ASP de ese año, se estimaron igualmente 10 000 estudiantes inscritas/os;

• Los reportes dicen que cada estudiante recibe 300 horas anuales de lecciones solamente para el ASP;

• Con pequeñas variaciones, se reporta que el ASP se imparte desde abril hasta septiembre (inclusive) de cada año.

Específicamente en relación con costos del ASP, los datos disponibles permiten solamente estimar cuáles han sido los montos anuales invertidos, ya que los informes presentan la totalidad del costo de la estrategia PB, para los años 2017, 2018 y 2019 por un aproximado de USD 82 328 796.

De forma general, la Tabla 2 desglosa los datos de costos del programa para el año 2017.

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Tabla 2. Costos ASP- del Panamá Bilingüe en 2017

Mes

Mayo

Agosto

Setiembre (el programa After School termina este mes)

Octubre

Noviembre

Subtotal 2017 (USD)

Subtotal 2017 (PAB)

Total 2017 (USD)*

Total 2017 en meses con ASP (USD)

*Tipo de cambio a 30 de diciembre de 2017: 1 PAB = 1,00 USD

Costos programa Panamá Bilingüe en 2018

Tabla 3. Costos ASP- del programa Panamá Bilingüe en 2018

Mes

Enero (no hubo programa After School)

Abril

+ (monto solamente para programa After School)

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre (el programa After School termina este mes)

Octubre

Noviembre

Diciembre

Subtotal 2018 (USD)

Subtotal 2018 (PAB)

Total 2018 (USD)*

Total 2018 en meses con ASP (USD)

*Tipo de cambio a 31 diciembre 2018: 1 PAB = 1,022 USD

135 000 000 USD

16 578 941 PAB

18 842 977 PAB

20 147 440 PAB

23 147 440 PAB

135 000 000

78 816 798

213 816 798

170 521 918

Monto Monto

411 736 USD

10 378 048 USD

+ (1 609 059 USD)

11 234 428 PAB

11 501 700 PAB

14 860 515 PAB

16 573 211 PAB

17 082 126 PAB

18 947 981 PAB

23 841 210 PAB

28 118 225 PAB

10 789 784

142 159 396

156 076 659

103 705 488

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Costos programa Panamá Bilingüe en 2019

Mes Monto

Marzo (no hubo After School porque iniciaba el 1º de abril)

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre (el programa After School termina este mes)

Octubre

Noviembre

Total 2019 (USD)*

*Tipo de cambio a 30 de diciembre de 2017: 1 PAB = 1,00 USD

Total 2019 en meses con ASP (USD)

7 474 436 USD

12 649 719 USD

10 352 790 USD

16 087 477 USD

24 937 660 USD

26 044 756 USD

26 512 315 USD

26 797 148 USD

28 108 983 USD

178 965 184

116 584 617

Es importante reiterar lo dicho anteriormente, que estos costos corresponden a un programa que no cubre a la totalidad de estudiantes y que opera como una subcontratación.

Será clave conocer la forma en que el gobierno de Panamá va a llevar adelante el programa, luego de contar con los resultados del proceso de auditoría externa.

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Tabla 4. Costos ASP- del programa Panamá Bilingüe en 2019

El escenario de la educación privada en Panamá

El Capítulo II de la Ley 34 establece que la educación privada o particular en Panamá es supervisada a través de la Dirección de educación particular, principalmente en lo que respecta a la organización del centro educativos, programas de estudio y planes de enseñanza. Llama la atención que el artículo 93 de la Ley 34 establece que los centros educativos particulares de segundo nivel de enseñanza pueden incorporar o no los requisitos del Ministerio de Educación. Incluso sin ser centros educativos “incorporados”, el Estado reconocerá los títulos obtenidos por estos estudiantes y les otorgará un valor oficial.

Artículo 95 adiciona que “las instituciones de educación particular y sus respectivas asociaciones de padres de familias, con el Ministerio de Educación, coordinarán cambios en los costos de la matrícula, así como lo referente a los costos y obtención de uniformes y útiles escolares” lo cual es interesante, principalmente de cara a la beca universal aprobada en enero de 2018, y que se analiza en este documento más adelante.

El Artículo 97, además, establece que el salario y el escalafón de categorías de docentes en el sector privado no puede ser menor que en el sector público.

En Panamá se registran 740 escuelas y colegios privados. En Panamá la población menor de 17 años representa el 30 % de la población. Para comparar el nivel de presencia de centros privados, se puede utilizar como referencia la cantidad de población estudiantil de Costa Rica, un país vecino: En Costa Rica la población menor de 17 años representa el 37 % de la población y se contabilizan 486 escuelas y colegios privados (Datos de UNICEF).

Por su parte, las instituciones educativas privadas cuentan con la Alianza Nacional de Centros Particulares (ANEP) con la Organización de Escuelas Particulares (aparece en noticias de 2019) y con la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares (UNCEPP) aparece en noticias desde 2009). Sin embargo, estas no cuentan con sitios web oficiales ni aparecen en documentos de MEDUCA.

Así también, existen varias organizaciones aparentemente relacionadas con organizaciones de padres/madres de familia de instituciones particulares: 1) Unión Nacional de Padres, Acudientes y Asociaciones de Padres de Familia de Centros Educativos Particulares de Panamá (Unadepa); 2) la Asociación Nacional de Padres de Familia y Acudientes de Colegios Particulares (ANPAC); y 3) la Unión de Asociaciones

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de Padres de Familia de las Escuelas Particulares. Mientras las dos primeras solamente aparecen en noticias, y no cuentan con sitios web oficiales, la última aparece como parte de la Confederación Nacional de Padres de Familia de la República de Panamá, uno de los sectores representados en el documento ‘Compromiso Nacional por la Educación’ (2017) elaborado por el MEDUCA y PNUD. Sin embargo, de ninguna de estas organizaciones se encontró información oficial sobre sus funciones, estructura, etc., ni sobre las conexiones entre unas y otras.

Como parte de los informes de transparencia del MEDUCA, disponibles en su página web, sí se incluyen algunos detalles de programas o proyectos con centros educativos particulares, es decir, escuelas y colegios privados (Ministerio de Educación de Panamá, 2020b).

Los informes señalan donaciones recibidas por parte de colegios particulares para escuelas oficiales de escasos recursos”. En abril 2016, por ejemplo, 32 centros educativos fueron beneficiados (no hay detalles de montos), mientras que en diciembre 2017, las “donaciones para escuelas oficiales en apoyo a sus necesidades didácticas y de materiales” ascendió a 2832 PAB (que al tipo de cambio del 5 de diciembre de 2017 equivalen a 2895 USD). En agosto de ese mismo año, el monto fue el mismo, así como en abril y octubre de 2018. Con base en los informes, los colegios privados donaron 2832 PAB por mes, durante 2017 y 2018, es decir, prácticamente 34 000 USD anuales, con los cuales se estima que 52 centros educativos se vieron beneficiados.

Por otro lado, destacan en los informes del MEDUCA, el referido a la “Administración de subsidios asignados a centros particulares”, que dicen tener como objetivo “apoyar a los centros educativos de carácter particular que brinden un aporte social a la comunidad”.

A continuación se detallan los datos disponibles, según informes de 2017 (disponibles a partir de junio) y 2018. El informe de marzo 2016, primero disponible, solamente detalla que los subsidios se dieron a 25 centros educativos. Para el año 2019 no se encontraron informes.

En resumen, se observa que del año 2017 al año 2018 el monto dado en subsidios mensuales (el dato anual está incompleto por falta de datos mensuales) aumentó casi ocho veces, de 406 848 PAB a 2 139 369 PAB, mientras que el número de centros educativos que recibieron estos subsidios más bien bajó, de 25 a 15. A

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la fecha de publicación de este documento, no se había encontrado ninguna lista detallada de cuáles centros son los que reciben el dinero.

Con base en artículos publicados en medios de comunicación digitales, se encuentra que ha habido una constante discusión entre participantes del ámbito de la educación particular.

En general, las discusiones se podrían clasificar en dos áreas, a) inconformidades de padres/madres de familia con la calidad de atención y educación en los centros educativos, y b) solicitudes de parte de las instituciones ante el MEDUCA para que este aumente los subsidios monetarios. En varias ocasiones en 2017, y nuevamente en 2019, los centros educativos solicitaron explícitamente al MEDUCA más dinero para cubrir los costos que se elevan por aumentos salariales a docentes, bajo la premisa de que los “centros privados le ahorran al Estado 360 millones de dólares al año al atender a cerca de 152 mil estudiantes” (Valdés, 2017).

Las asociaciones de madres/padres de familia se muestran escépticas/os y demandan que se presente un informe sobre ganancias y resultados ante el gobierno (ECO News, 2020). Una tendencia que hasta la fecha se ha observado únicamente en Panamá, es el malestar de las familias de cara a la gestión de los centros educativos particulares. Este malestar pueden sondearse para entender qué motivaciones tienen las familias.

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Tabla 5 Subsidios de MEDUCA a centros educativos privados en 2017

Tabla 6 Subsidios de MEDUCA a centros educativos privados en 2018

Mes Monto Centros beneficiados

Enero

Marzo

Abril

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

En blanco

En blanco

2 139 369 PAB

2 139 369 PAB

2 139 369 PAB

2 139 369 PAB

2 139 369 PAB

2 139 369 PAB

2 139 369 PAB No

Total 2018 (PAB)

Total 2018 (USD)*

*Tipo de cambio a 31 diciembre 2018: 1 PAB = 1,022 USD

Es notable el aumento de los subsidios del año 2017, en que representaron USD 2 847 936 al año 2018, en que los subsidios se multiplican por ocho y ascienden a USD 17 491 480.

Se debe tener en cuenta que disminuyeron la cantidad de centros educativos que recibieron subsidios. Esto puede estar señalando algunos procesos de lobby, presión o divisiones en el sector privado de la educación.

Por otra parte, la ampliación de la beca universal si puede ser una explicación para comprender este aumento.

En octubre del 2020 y en el marco de la pandemia del COVID, el número de estudiantes expulsado del sector privado por falta de pago alcanzaba los 2300 estudiantes.

Por esa misma fecha, la Alianza Nacional de Educación Particular (ANEP) solicitó al MEDUCA otorgar hasta 80 dólares por cada estudiante del sector privado para cubrirlas. Este monto asciende a USD 76 000 000. No obstante, el MEDUCA y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) responden a la solicitud con una contra propuesta de USD 2 000 000, contrapropuesta rechazada por la ANEP (La Prensa, 2020) .

Esta propuesta de los colegios particulares muestra una naturalización del lucro en pleno contexto de pandemia.

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Las escuelas privadas de bajo costo fueron lanzados por la empresa EG West Center, dedicada a fundar centros educativos que enseñan inglés en localidades en condición de pobreza.

EG West Center consideró oportuno crear escuelas que cobraran matrículas bajas que cubrieran los salarios docentes y que dejaran un margen de ganancia para la infraestructura. Han crecido en países de África, China e India.

En Panamá, en el año 2012 se registraron 20 escuelas privadas de bajo costo. No se cuenta con un dato actualizado al 2018.

En el año 2017 se han registrado 120 000 estudiantes en escuelas privadas. Algunas de ellas de bajo costo. La matrícula de las escuelas privadas de bajo costo va desde los US$6 (seis dólares) hasta los US$30 (Treinta dólares).

Según un artículo del Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas de 2018, dentro de las instituciones educativas privadas se destaca un grupo conocido como ‘de bajo costo’, el cual ha sido promovido desde grupos empresariales como “una alternativa responsable y eficaz al problema educacional en Panamá” (GCC Media, 2016). El Observatorio señala que para 2012 se registraban 20 escuelas privadas de bajo costo, con matrículas de entre 6 USD y 30 USD (Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas, 2018a).

Por su parte, en un artículo de Grupo Reflexión por Panamá, de 2016, repite de una ‘nota informativa’ del diario La Prensa que las escuelas y colegios particulares de bajo costo estaban proliferando en varias zonas del país (Grupo Reflexión por Panamá, 2016), lo cual permitiría pensar que el número ha aumentado desde las 20 registradas en 2012.

Las escuelas privadas de bajo costo son un diseño inicial de docentes de la India que pusieron sus propios centros educativos y cobraban matrículas muy bajas a las familias.

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Ni pedagogía ni libertad sindical. El experimento de las escuelas privadas de bajo costo en Panamá

¿Quiénes apoyan las escuelas privadas de bajo costo?

El inglés James Tooley, antiguo consultor del Banco Mundial y con allegados en el gobierno inglés de Toni Blair, promovió la ampliación del modelo de escuelas privadas de bajo costo a países en África. Un ejemplo del negocio son las escuelas Omega en Ghana, que iniciaron actividades en el 2009 y en el 2013 ya contaban con 20 000 estudiantes y esperaban crecer a cien escuelas con hasta 50000 estudiantes ( The Guardian, 2013).

Actualmente, el grupo privado editorial Pearson es uno de los principales promotores e inversionistas en el modelo de las escuelas privadas de bajo costo, haciendo lobby a favor de la ausencia del estado en la gestión educativa.

Las escuelas privadas de bajo costo desarrollan las cuatro asignaturas centrales: ciencias, matemáticas, español y ciencias sociales. Las escuelas privadas de bajo costo centran la atención en los resultados y no impulsan un solo currículo ni una sola metodología de mediación pedagógica.

Uno de los principales argumentos a favor de las escuelas privadas de bajo costo es que “ se centran” en los resultados educativos, y no en el proceso, lo cual denota una noción antipedagógica de la educación (INEE, 2016).

El lobby a favor de las escuelas privadas de bajo costo en Panamá

En el año 2012 la Conferencia Anual de Empresarios de Panamá declaró que las escuelas de bajo costo eran la alternativa para las escuelas públicas que mostraban interrupciones en el procesos educativo por huelgas y marchas de docentes, infraestructura deficiente y otros.

En el año 2016, Goethals Consulting y el Instituto de Estudios para una Sociedad Abierta (ISA Panamá) impulsan el estudio “Una nueva visión en educación: soluciones de mercado para mejorar el desempeño académico” a cargo de Martin Krause e Irene Giménez. Los resultados de ese estudio se abordan en una entrevista hecha por el INEE de México. El INEE publica la entrevista con Irene Giménez, gerente general de Goethals Consulting Group Panamá y a Martin Krause, Economista Asociado al Instituto CATO, junto con James Tooley y la Embajada Británica, ha defendido las escuelas de bajo Costo en Panamá.

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En la entrevista se establecen un conjunto de acciones para replicar Escuelas privadas de bajo costo en México y en toda América Latina.

Parte de la investigación describe que en Panamá han funcionado distintas escuelas que operan sin estar registrado y reconocidos por el Ministerio de educación y cobran cuotas de hasta treinta dólares o más.

Al respecto, Krause explica que “hay colegios con y sin fines de lucro, hay madres organizadas en los parvularios de la iglesias católicas, ‘Madres maestras', y encontramos escuelas que básicamente no están registradas en el MEDUCA y que ofrecen servicios educativos desde hace 30 años, con cuotas que van desde los treinta dólares mensuales. Al final, aunque la escuela no esté registrada, el MEDUCA termina otorgándole los diplomas”.

En la entrevista con INEE, Giménez recomienda exigir un cambio en cómo se subsidia la escuela (...) Actualmente subsidia la oferta, es decir, se hace un presupuesto y un currículo general, así como un presupuesto asignado, y todas las escuelas públicas marchan igual. Lo que estamos proponiendo es, dentro de una serie de medidas, subsidiar la demanda. El Estado tiene la obligación de financiar la escolaridad de las personas y dar a los padres la posibilidad de elegir la escuela a la que quieren que acudan sus hijos. En vez de dar dinero a los sindicatos o a las escuelas, darlo a los padres que, como en el caso panameño, ya están invirtiendo en la educación de sus hijos.

La representante del ISA sostuvo que esto favorecería la competencia entre centros educativos y con ello se “genera calidad”.

Entre otras cosas, la investigación de Krause y Giménez propone

1 • Desregular completamente los parvularios, primaria y pre media.

3 • Considerar la educación privada como pública porque atiende intereses del público.

3 • No financiar las escuelas, sino entregar váuchers a las familias y que las familias elijan el centro educativo. El documento señala:

“El Estado tiene la obligación de financiar la escolaridad de las personas y dar a los padres la posibilidad de elegir la escuela a la que quieren que acudan sus hijos. En vez de dar dinero a los sindicatos o a las escuelas, darlo a los padres que, como en el caso panameño, ya están invirtiendo en la educación de sus hijos”.

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4 • No imponer un currículo único.

5 • Las escuelas de bajo costo son básicamente pequeños emprendimientos de un maestro o una maestra con mucha vocación de enseñanza que brinda educación sabiendo que su clientela es de bajos ingresos. Hay escuelas que incluso otorgan becas y otras que adaptan el pago a la capacidad económica de los padres.

6 • Tampoco reciben ningún tipo de subvención y tienen muy poca relación con el Ministerio. Están en una situación gris, porque no son absolutamente informales.

7 • Según datos publicados en el INEE, “el Ministerio sabe que existen y que quizá no tienen la licencia correspondiente, pero aprueba los diplomas”.

Por otra parte, las declaraciones de Krause y Giménez sobre los sindicatos han sido que “Las escuelas públicas están dominadas por los sindicatos, un tema común en Latinoamérica. Pretender tener buenos logros en este escenario es una pérdida de tiempo”.

En ese sentido, se puede pensar que en Panamá está calando la mirada de James Tooley desfavorable a la participación del Estado y cualquier tipo de regulación pública, inclusive, alguna regulación de cara al empleo docente. Una de las características de las escuelas privadas de bajo costo que más aplaude Toole es que las personas propietarias de los centros educativos puedan despedir sin ninguna prevención a las y los docentes cuando consideren que fallando (The Guardian, 2013).

En ese sentido, no es difícil imaginar que hay actores interesados en que las nociones de Tooley y el modelo de negocio de las escuelas privadas de bajo costo encuentren puntos de convergencia con las miradas del PEG 2019-2024, que promueve descentralizar la gestión educativa o con las propuestas de la OCDE, enfocadas en los resultados y el desempeño educativo.

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Sector empresarial de América Latina invierte en estudios y publicaciones sobre el desarrollo de la política educativa

En el marco de la Red Latinoamericana por la Educación, REDUCA, los sectores empresariales de América Latina se han organizado y articulado para incidir en la toma de decisiones en materia de política educativa.

El capítulo de REDUCA en Panamá lo constituye Unidos por la Educación, un grupo que se describe como liderado por empresarios. El principal objetivo de Unidos por la Educación es tener influencia en la opinión pública y desarrollar opinión pública en materia de educación. El grupo se ha enfocado en campañas mediáticas, en las cuales se incluye el lobby para que panamá participe en las pruebas PISA. Unidos por la Educación pone su énfasis en las campañas mediáticas y a su vez, informe que cuenta con participación de directivos del diario nacional La Prensa, en su propia junta directiva.

En los capítulos nacionales de REDUCA, se observa una clara estrategia de alianza entre el sector empresarial y las ONG y una estrategia de comunicación que se enfoca en priorizar la calidad y los resultados. La propuesta coincide en el hecho de querer “abrir” espacios de “participación” a las familias para que puedan recibir cuentas del servicio recibido.

La perspectiva de Unidos por la Educación reproduce el esquema de culpabilizar al magisterio de la situación de la educación, incluyendo todas las brechas de desigualdad y de exclusión que se expresan dentro del aula, obviando la realidad sistémica que impacta a los procesos educativos, tal como se percibe en publicaciones de otros capítulos de REDUCA en la región.

Los nombres conocidos en Unidos por la educación Panamá

Con base en su sitio web, esta organización se define como “un grupo de la sociedad civil conformado por panameños de diferentes sectores interesados en promover un mejor futuro para Panamá a través de un sistema educativo de calidad”, el cual aduce tener como misión “convertir la educación en tema central de la agenda pública […], así como desarrollar e impulsar propuestas de política pública a través de esfuerzos de incidencia y abogacía” (Unidos por la Educación).

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Si bien el sitio web oficial del grupo no presenta actividad desde 2015, su página de Facebook sí se ha mantenido activa hasta hoy (publicación más reciente: julio 17, 2020), con publicaciones relacionadas sobre todo con eventos y publicaciones de REDUCA, y algunas relacionadas con otros temas de la actualidad de la educación en Panamá y la región latinoamericana.

En el portal web de Unidos por la Educación Panamá, se ofrece la información del “Consejo Fundacional”, entre quienes se destacan:

• Nivia Rossana Castrellón (Junta Directiva): a julio 2019, coordinadora de funciones del Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación (COPEME)

• Paulina Franceschi (según su cuenta de LinkedIn): entre 2015 y 2018 Embajadora y Representante Permanente ante Naciones Unidas en Viena, Austria, y entre 2017 y 2018 Presidenta del Consejo de Desarrollo Industrial para Naciones Unidas.

• Marelisa Tribaldos (según su cuenta de LinkedIn): entre 2014 y 2019 aparece como Consultora para MEDUCA, entre otros puestos, como Coordinadora del Compromiso Nacional por la Educación; representante de Panamá ante la Junta Directiva de PISA (PGB) y miembro del Grupo Asesor Internacional de PISA para el Desarrollo (PISA-D); Comisión Interamericana de Educación (CIE); y Consejo Nacional de Asesores para la Educación (CONASED).

• Nicolás Ardito Barletta: expresidente de Panamá entre octubre 1984 y septiembre 1985 y Vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial entre 1978-84. Actualmente aparece como Presidente de Asesores Estratégicos, Presidente Junta Directiva de Panam Development Corporation, Director General, (ad-honoren) del Centro Nacional de Competitividad.

• Rubén Castillo: fundador, socio director de Mendoza, Arias, Valle & Castillo; consultor empresarial en materia de negocios y relaciones laborales; enfoque en Derecho laboral y regularmente asesora empresas en negociaciones de convenciones colectivas y litigios laborales en defensa del sector privado (Ver).

• José Chen Barría: Profesor regular en la Universidad de Panamá en la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad; anteriormente Miembro del

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equipo negociador de la deuda pública en el "Club de París" y Comité de Bancos (Ver)

• Antonio Fletcher (aparentemente Antonio Fletcher Calipolitti): político; a 2014, presidente de AF Consultores Especializados; anteriormente, dos veces presidente del Conep (2011-2012) y también fue presidente de la Asociación de la Empresa Privada (Apede) (2006-2007) (según publicación de Telemetro).

• Juan Planells: actualmente rector de la Universidad Católica Santa María la Antigua (Usma); exdirector del Instituto Nacional para la Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) (según publicación de La Estrella de Panamá).

• Modaldo Tuñon: profesor en el Departamento de Computación y Simulación de Sistemas de la Universidad Tecnológica de Panamá (Ver).

No se encontró información sobre proyectos específicos, o documentos oficiales del grupo. Tampoco se encontró referencia alguna a la organización en documentos oficiales del MEDUCA.

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A modo de conclusión

Como se observa, en Panamá, las iniciativas como el Plan Estratégico del Gobierno (PEG) 2019-2024, así como el Compromiso por la Educación y las recomendaciones que hace la OCDE al país, tienen puntos de convergencia como la intención de desvalorizar la gestión pública, poner en duda la capacidad estatal para llevar adelante una gestión adecuada, avanzar en la descentralización de la gestión educativa y pensar la política educativa centrada en el desempeño.

Los casos del Programa Panamá Bilingüe y de la Beca Universal, y los subsidios de matrícula, dejan al descubierto cómo los grupos privados por un lado critican la función pública, pero por otro, están dispuestos a que se transfieran millones de dólares en recursos públicos a proveedores de servicios privados.

Esta contradicción está en el centro de las tendencias neoliberales, que se enfocan en debilitar la capacidad de Estado de garantizar derechos y gracias a esa reducción del Estado, los grupos privados pueden vender los servicios que el Estado – debilitado, endeudado y con recortes presupuestarios- no puede proveer ni garantizar en forma de derechos.

Las alianzas público-privadas se alimentan de la crítica permanente contra el Estado. Una vez instalada la noción de que los Estados y lo público fallará, los sectores privados de las APP se benefician con la transferencia de fondos públicos a las arcas privadas.

El comportamiento del sector de educación privada de solicitar subsidios de hasta USD 76 millones de dólares en plena pandemia, deja claro una práctica de lucro y naturalización del acceso privado a los fondos públicos. Igualmente, la respuesta del Estado panameño de ofrecer fondos al sector privado de la educación también da señas de que las autoridades han institucionalizado la tendencia de sostener y generar condiciones cada vez más favorables al negocio privado.

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Anexos

Préstamos del BID en Panamá

Préstamo

Proyecto de desarrollo educacional

US$ 58 126 000

Préstamo

Espacios Educativos y Calidad de los Aprendizajes

US$30 000 000

1997 2010

Se financia:

• Transformación de los planes de estudio y el desarrollo de nuevos planes de estudio y su puesta en práctica.

• La preparación y distribución de nuevos materiales pedagógicos y didácticos para los nuevos planes de estudio.

• El perfeccionamiento profesional de docentes, directores y supervisores. Se preparará a los maestros en el uso de los nuevos programas, nuevos métodos pedagógicos y el uso de los nuevos recursos de enseñanza y administración de los elementos de evaluación.

• Reestructurar el departamento de capacitación del MINIEDUC.

Ver documento del préstamo http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=461030

Se financia:

• Acciones para la mejora de los resultados de aprendizaje en lenguaje y matemáticas en los primeros grados.

• Ampliación de escuelas de nivel básico (inicial, primaria y pre media).

• Construcción de nueva infraestructura.

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• Fortalecimiento de la gestión escolar a través del financiamiento de acciones que permitan mejorar sus prácticas administrativas y de organización escolar.

Ver documento del préstamo

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35216692

Se financia:

• El impulso de una infraestructura escolar innovadora y mejoras en la gestión escolar y curricular.

• Mejorar el ambiente escolar que fomente el uso de prácticas de enseñanza centradas en el alumno que utilizan instalaciones escolares innovadoras y la gestión escolar que coordina las áreas de currículo, pedagogía y administración.

Ver documento del préstamo

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36755413

Se financia:

• Apoyo a la implementación y fortalecimiento de sistemas de evaluación.

• El fortalecimiento del equipo de Evaluación Educativa de MEDUCA.

• Diseño e implementación de evaluaciones de los docentes, incluyendo una prueba de egreso del programa de formación.

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• Diseño, implementación y divulgación de evaluaciones estudiantiles a nivel censal y muestral.

La propuesta de los siguientes sistemas de información: el Sistema de Administración de Centros Educativos (SIACE), el Sistema de Administración de Recursos Humanos (SIARHE), el Sistema de Administración y Mantenimiento de Infraestructura (que incluye un censo de infraestructura), el Sistema de Gestión Documental, y el Sistema de Gestión de Estadísticas Educativas.

Ver documento del préstamo http://idbdocs.iadb.org/ wsdocs/getdocument.

aspx?docnum=EZSHARE-818912377-23?docnum=EZSHARE-818912377-23

• Capacitación de docentes de primaria y secundaria.

• Fondo de becas.

• Renovación de la infraestructura de escuelas con infraestructura precaria ubicadas en barrios urbano-marginales.

• Ampliación de los programas de educación en primera infancia.

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Monto en dólares Año de aprobación Objetivos del préstamo

• Asistencia técnica para el Ministerio de Educación en especial en materia de manejo de la información y mecanismos de evaluación.

Préstamo

Mejoramiento de la educación básica US$ 35 000 000 2008

Se financia:

• La Planificación estratégica el Ministerio de Educación.

• Mejorar los procesos de aprendizaje en la educación preescolar.

• Promover el uso de TIC´ s para la mejora del rendimiento estudiantil.

• Aumentar la cobertura y la retención.

• Apoyo a las inversiones estratégicas del MEDUCA y su gestión administrativa, de gestión y de seguimiento.

Ver documentos del préstamo http://projects.bancomundial. org/P106686/basic-education-quality-improvement-project?lang=es

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Fuentes bibliográficas

• COPEME (2020). Informe rendición de cuentas enero 2019 - enero 2020. Recuperado de https://copeme.org/wp-content/uploads/2020/09/Informe-anual-1-ano-deGestion-enero-2019-2020.pdf

• Ley 93 (2019) Ley de Alianzas Público-Privadas. Recuperado de https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28864_B/74982.pdf

• Ley 34 de 1995por la cual se deroga, modifican, adicionan y subrogan artículos de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/pa_0044_0.pdf

• INEE. (2016). Panamá: las escuelas de bajo costo como alternativa de equidad. Recuperado de https://local.inee.edu.mx/panama-las-escuelas-de-bajo-costo-como-alternativa-de-equidad/

• Gobierno de la República de Panamá (2014). Plan Estratégico de Gobierno 20152019. Panamá: Gobierno de la República de Panamá. p. 97. http://goo.gl/BhWVze Goethals Consulting. (2018). Recuperado de http://www.goethalsconsulting.com/ una-nueva-visi %C3 %B3n-en-educaci %C3 %B3n-soluciones-de-mercado-para-mejorar-el-desempe %C3 %B1o-acad %C3 %A9mico

• Ley 18 de 2017(2017), que crea el Programa Panamá Bilingüe https://siteal.iiep. unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/11232.pdf

• La Prensa (2020) Meduca y centros particulares continuarán la próxima semana diálogo sobre subsidio por la pandemia

https://www.prensa.com/sociedad/colegios-particulares-no-alcanzan-acuerdo-con-meduca-sobre-subsidio-por-la-pandemia/

• OEI (2020) Cartel de licitación e Auditoría Externa del programa PB.

https://oei.int › blobs › cotizacion-002-2020-pb-oei

• OCDE (2017) Resultados PISA Panamá

https://www.oecd.org/pisa/pisa-for-development/Panama_PISA_D_Na tional_Report.pdf

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• PEG (2019) Plan Estratégico de Gobierno 2019-2024 https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/PEG %202020-2024 %20Panam %C3 %A1.pdf

• Unidos por la Educación (s.f.). La educación en Panamá: 5 metas para mejorar. Panamá: Unidos por la Educación. Recuperado o de http://goo.gl/eq9N1i

• UNDP. (2019). Compromiso Nacional por la Educación. Recuperado de https:// www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/democratic_governance/compromiso-nacional-por-la-educacion.html

• The Guardian. (2013). Professor James Tooley: A champion of low-cost schools or a dangerous man? https://www.theguardian.com/education/2013/nov/12/professor-james-tooley-low-cost-schools

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