Oceanografia

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“Quince días de

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El 11 de febrero, Banamex se sacudió violentamente. La PGR había inhabilitado a Oceanografía para concursar y obtener contratos de obra de Pemex por 21 meses. Emilio Granja, director de Banca Corporativa y ejecutivo de cuenta de Oceanografía, una de las empresas globales Premium de Banamex y Citigroup, habló entre el 11 y el 12 de febrero con sus dueños, Amado Yáñez Osuna y Martín Díaz, para pedirles explicaciones sobre lo que estaba pasando. Era un asunto político, le respondieron, y hablarían con las autoridades para resolverlo, sin dejar de insistirle que no debería haber mayor problema.

Banamex entró en un frenesí que duró hasta el 26 de febrero, cuando el banco recuperó toda

la documentación que les había robado el ejecutivo que llevaba la relación diaria con Oceanografía y Pemex en Ciudad del Carmen.

Durante esos 15 días, ningún directivo de Banamex al más alto nivel logró que Yáñez Osuna colaborara con ellos, y se fueron dando cuenta del quebranto conforme pasaban los días y descubrían qué tanto se habían burlado los controles internos del banco.

Una reconstrucción de los hechos dibuja la confusión que reinó en Banamex porque dos áreas del grupo, una controlada y regulada por Banamex, y otra manejada por ejecutivos de Citigroup –los “citibanqueros”-, tenían que ver con los contratos de Oceanografía. Para añadir complejidad, los pagos de Pemex por

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A manera de

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las obras contratadas a la empresa se realizaban a una sola cuenta concentradora de Banamex, mediante una transferencia diaria, lo que hacía que la reconciliación fuera más difícil de realizar. Cuando se hizo pública la inhabilitación, el área de control de factoraje (COFF), reportó pagos pendientes de Pemex por siete mil 500 millones de pesos, pero hasta el 20 de febrero, tras varias reuniones con los abogados de la paraestatal, supieron que el total de contratos con documentos falsos ascendía a poco más de 5 mil millones de pesos.

Los directores de Banamex vivieron dos semanas en la oscuridad, porque Yáñez Osuna, un empresario consentido por ellos y Citigroup, les negó toda información. Para buscarla recurrieron a Erik Cervantes Murillo, contratado en 2011 para atender a los clientes en Tabasco y Campeche, y apoyar a Granja a validar la documentación de Oceanografía con los sistemas de Pemex, que se desplazara de su sede en Villahermosa y Ciudad del Carmen, para conciliar las cuentas. Tras él llegaron otros cinco ejecutivos de Banamex con el mismo objetivo, pero Oceanografía los hizo sufrir.

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Israel Varela, hombre de todas las confianzas de Yáñez Osuna, les cerró la puertas a los archivos. Entre el 17 y el 18 de febrero, Granja habló con Yáñez Osuna para solicitarle que les dejara revisar la documentación. El dueño de Oceanografía se las negó otra vez. El 19, el director general de Banamex, Javier Arrigunaga, le pidió a Adolfo Herrera Pinto, director de Trade Channel Finance, bajo cuya área se encontraba Oceanografía, viajar a Ciudad del Carmen para hablar personalmente con Yáñez Osuna. Herrera Pinto llegó al día siguiente, pero no lo logró. Para entonces, el andamiaje financiero de fraude contra Banamex, se había colapsado, y Yáñez Osuna y Díaz, se habían ido de México.

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La madrugada del 20 de febrero, Cervantes Murillo desapareció de Ciudad del Carmen.

Cuando se percataron de su ausencia, notificaron al área de seguridad de Banamex, que en compañía del segundo de Herrera Pinto, Alfonso Ortega Brehm, se trasladaron a las

oficinas en Villahermosa, donde tras abrirlas con cerrajero, descubrieron que no había ningún documento. Las cámaras de seguridad del banco mostraron a Cervantes Murillo, que había justificado su súbito regreso a Tabasco por una infección intestinal, sacando las cajas con los expedientes. Banamex presentó una denuncia ante el ministerio público local y Cervantes Murillo fue detenido por robo.

Banamex estaba más interesado en la documentación y negoció con los abogados de Cervantes Murillo que si su esposa, que para entonces ya tenía en su poder los expedientes, los regresaba, se desistirían de la demanda.

Tras varias negociaciones aceptaron y Banamex recuperó el expediente de Oceanografía, que regresó a las oficinas centrales del banco casi a la medianoche del 22 de febrero.

Cervantes Murillo es uno de los ejecutivos de Banamex con orden de aprehensión solicitada por la PGR, al igual que Granja, y Ortega Brehm. El ex ejecutivo en la zona del golfo salió de la cárcel por el delito de robo y se encuentra prófugo.

La PGR acusó a los tres por delitos tipificados como graves que no alcanzan fianza, mientras que Yáñez Osuna fue acusado únicamente por un desvío de 55 millones de dólares, que no tipificaron como grave, por lo que alcanzó fianza. La investigación de la PGR, hasta ahora, tiende a centrar la responsabilidad del quebranto únicamente en los ejecutivos de Banamex, y ver a Yáñez Osuna como una figura secundaria.

Banamex y Citigroup, que tuvieron fallas de operación y de control interno, no están carentes de responsabilidad, pero entre más información surge, mayor se aprecia la participación de Yáñez Osuna en las operaciones que llevaron al fraude, y obliga a que la PGR, cuyo titular Jesús Murillo Karam casi lo exoneró hace unos días en una entrevista de prensa, revise su actuación y profundice, como prometió, la investigación. Si quiere deslindarlo del quebranto, bien, pero que documente sin omisiones ni complacencias su inocencia.

(24 de junio)

(24 junio)

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Yáñez Osuna

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Amado Yáñez Osuna es un empresario con buena suerte porque tiene buenos amigos colocados en buenos lugares. Accionista mayoritario de Oceanografía, la gran empresa petrolera y proveedora estratégica de Pemex, que bajo su batuta defraudó a Banamex por más de cinco mil millones de pesos, está siendo muy bien cuidado por la PGR que hasta el momento lo tiene exonerado del quebranto multimillonario, y le fincó delitos no graves por los que alcanzó una fianza por 80 millones de pesos para defenderse en libertad de un desvío de recursos para financiar a Los Gallos de Querétaro, nóminas de equipos de futbol, compra de aviones, yates, joyas, automóviles de lujo, y pagos por más de 39 millones de pesos al portero ex mundialista Jorge Campos.

Yáñez Osuna desvió más de mil millones de pesos de recursos otorgados por Banamex, para dar solvencia económica a Oceanografía a fin que pudiera cumplir con los servicios contractuales con Petróleo Exploración y Producción, la principal división generadora de recursos de Pemex, y cubrir sus gastos operativos -Pero la PGR únicamente lo acusó por desviar 55 millones de pesos. En la consignación de la orden de aprehensión, la PGR dejó de imputarle el resto de los desvíos que financiaron su vida de lujo, y contra de la recomendación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, le formuló cargos que le permitirán acercarse a su reivindicación jurídica y la libertad plena.

De acuerdo con la investigación, la PGR estableció que el principal destinatario del desvío de los 55 millones fue AMRH International Soccer S.A. de C.V., que hasta antes de la intervención del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes a mediados de febrero, era propietaria del equipo de futbol de la Primera División, Los Gallos. Yáñez Osuna, según probó la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, hizo 61 retiros ilegales de la cuenta número 144296633 de Oceanografía en Banamex durante un año, entre el 2 de agosto de 2012 y el 22 de agosto del año pasado. Por los otros desvíos por 947 millones de pesos, y por 84 millones de dólares que le detectaron en 2013, no hubo acción penal en su contra.

La relación de dónde fueron a parar estos desvíos que no le imputaron, incluyen compras de aviones por más de 12 millones de dólares, yates por más de dos millones de pesos, automóviles de lujo –Rolls Royce y Mercedes Benz- y deportivos por más de 16 millones de pesos, joyas y relojes de Berger por más de 230 mil dólares, gastos de casi un millón de dólares en la boutique de Audemars Piguet, obras de arte, y propiedades en Miami. Destaca también el pago no aclarado al ex portero mundialista Jorge Campos, y el financiamiento a una empresa de otro ex mundialista, Claudio Suárez.

Al igual que la PGR omitió añadir ese desvío multimillonario como una prueba de delito –pese a ser idéntico el método al utilizado con Los Gallos-, también es inexistente en la consignación de la orden de aprehensión un

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a) Los

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dictamen oficial sobre el quebranto a Banamex, lo que significa que no hay un monto determinado en el que se establezca el total del fraude. La PGR explicó que no pudo dictaminar porque no tenía suficiente información. Pero aún así, consignó.

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Los pecados de Yáñez Osuna no fueron considerado lo suficientemente importantes para la PGR, que contra la recomendación de la CNBV de acusarlo de acuerdo a la fracción 1ª del numeral 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, lo consignó por la fracción 5ª. La diferencia es fundamental: de haberle hecho caso a la institución técnica, el delito habría sido considerado grave y sin derecho a fianza; al hacerlo por la otra fracción, el delito no fue grave y le abrió la puerta de la libertad definitiva a un delincuente confeso.

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b) Echa

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Amado Yáñez Osuna, principal accionista de Oceanografía, cantó en la PGR y se lavó las manos del fraude a Banamex por casi cinco mil millones de pesos. Soy inocente, le dijo a la PGR, pues por atender problemas personales y a sus equipos de futbol en Querétaro y Campeche, desatendió la empresa que fundó su padre.

Pero sí hubo responsables del desfalco, aclaró: Martín Díaz Álvarez, sobrino del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz; la contralora de la empresa, Zaidel Terán; y los abogados del despacho que llevaba los asuntos jurídicos, White & Case, Vicente Corta, ex presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y Raúl Fernández Briseño, socio del bufete. Ellos, no Yáñez Osuna, que enfrenta el proceso en su contra bajo fianza, son quienes a su juicio, deben ir a la cárcel.

Yáñez Osuna reconoció el fraude en sus declaraciones ante el Ministerio Público Federal, cuando se deslindó, responsabilizando a su socio minoritario Martín Díaz Álvarez de todas las negociaciones financieras con Banamex y Pemex que llevaron a la inhabilitación de su empresa del quebranto al banco. “Problemas de índole personal, concretamente con mi esposa, me alejaron de la administración financiera de la empresa pues no tenía cabeza para ello, inculpándome de las cuestiones técnicas operativas de la empresa, y en los dos equipos profesionales del futbol mexicano, que era lo que me distraía de mis problemas conyugales”, dijo.

El accionista mayoritario de Oceanografía entregó a la PGR como un manjar a Díaz Álvarez, quien reconoció que lo rescató en 2009, cuando la falta liquidez le impedía seguir operando y lo estaba llevando a la quiebra.

Díaz Álvarez entró como director general y le dijo a Yáñez Osuna, según dijo a la PGR, que no se preocupara por darle un salario –de cualquier forma, afirmó, no tenía para pagarle, pero que le diera como contraprestación el 15% de las acciones de la empresa. Sellado el trato, se hizo cargo de la reestructuración financiera.

La PGR parece estar protegiéndolo por la forma como lo consignaron y el delito que le imputan. Es crucial que explique: 1) porqué ante dos delitos idénticos, sólo de uno fue acusado; 2) en qué se basó para soslayar la recomendación de la CNBV sobre la gravedad del delito mediante una reclasificación que le permitió alcanzar fianza; y 3) sobre qué base lo exculpa del fraude a Banamex. La PGR está más que obligada a responder las inconsistencias en el caso, para evitar malos entendidos y suposiciones por el hecho que su abogado, Sergio Viveros, fue hace unos años jefe de Mariana Benítez, la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales, y de Jorge Hugo Ruiz, jefe de la Unidad Especializada en Investigaciones de Procedencia ilícita en la SEIDO, quienes dentro de la PGR, hay que recordar, llevan el caso de Oceanografía.

Díaz Álvarez, quien llegó recomendado por el ex tenista internacional y consultor financiero, Oliver Fernández, le aseguró que podía conseguir créditos de Banamex “y otros bancos” para el rescate de Oceanografía. Su tío, Gil Díaz, era uno de los hombres cercanos del presidente del Consejo de Administración de Banamex, Roberto Hernández, con quien tenía una relación desde los 90's, cuando el economista fue subsecretario de Hacienda y posteriormente vicegobernador del Banco de México. Al dejar el sector público, Hernández lo hizo miembro del Consejo de Administración de Banamex-Accival, tras de lo cual regresó al gobierno, como secretario de Hacienda del presidente Vicente Fox. Cuando su sobrino entró a Oceanografía, según las fechas aportadas por Yáñez Osuna, era director general del banco.

(13 de junio)

Martín Díaz, explicó, siempre le mostró los respaldos para los créditos –facturas falsificadas de Pemex- “como legítimas, pues pasaban los filtros establecidos del contralor y del despacho jurídico corporativo. En todo momento consideré que las operaciones que se realizaban eran las correctas. Yo no intervenía en las negociaciones de los financiamientos ante los bancos. Todo lo hacía directamente Martín Díaz, por lo que toda la estrategia financiera y de financiamiento era decidida por él, después de ser revisado por los abogados y Zaidel”.

Yáñez Osuna dijo haber sido mantenido totalmente al margen de la operación por Díaz Álvarez. Inclusive, aseguró, en la relación con Banamex, su socio no permitió que nadie más se involucrara. Aún más, afirmó bajo juramento, jamás conoció a los ejecutivos de Banamex, Emilio Granja, director de la Unidad de Energía y Químicos –contra quien hay orden de aprehensión-, y José González, director Corporativo, que se reunían con su socio en el salón de juntas contiguo a su oficina. Ante las autoridades, él está limpio de todo. Sin embargo, las investigaciones federales lo dejan mal parado.

Declaraciones de varios de los implicados desmienten la aseveración que nunca los conoció. Granja, por ejemplo, dijo a la PGR que lo conoció junto a Díaz Álvarez en Pemex en 2011, en una reunión solicitada porque la paraestatal se negó a pagar unas facturas por irregularidades, y en 2012, cuando fue a Banamex para evitar que congelaran las cuentas de Oceanografía por las mismas razones. Yáñez Osuna, quien está confrontado con la posibilidad de haber rendido testimonios falsos, reconoció implícitamente a la PGR, ser

un delincuente confeso por haber desviado créditos a fines distintos para lo que se les otorgó, cuando trasladó empréstitos de Banamex a los equipos de futbol. Pese a todo, la PGR ha parecido laxa en su trato con Yáñez Osuna, lo que no significa que se mantenga en esa misma línea durante el proceso en donde se ventila uno de los desfalcos más notables de los últimos tiempos.

(11 de junio)

c) El

canto

Atrás de tanto ruido político, hay un caso que no deja de producir información: la corrupción de Oceanografía. Amado Yáñez Osuna, principal accionista de la empresa, se encuentra arraigado en Acapulco, en buena parte por la forma cándida y abundante como empezó a narrar en la PGR del modus operandi que tenía, de sus nexos con ejecutivos de Banamex para que aprobaran sus operaciones financieras con documentos apócrifos y de la red de vínculos políticos y lo que hizo con ellos en oscuros trueques. Tocó lo que nadie se imaginaba que hiciera y una vez que terminó, lo que tenían en sus manos las autoridades era una mina de oro en datos. Lo metieron en un Blackhawk y se lo llevaron a una de sus propiedades en el lujoso fraccionamiento Las Brisas.

Yáñez Osuna mencionó al ejecutivo de Banamex que elaboró manuales de operación con Oceanografía donde no incluía como requisito conciliar la información con Pemex, y que meses después fue contratado por su empresa, lo que va directo al corazón de los controles internos del banco, que vive una convulsión y están en riesgo sus mandos directivos de ser relevados por estadounidenses enviados por su casa matriz Citigroup. También nombró a los gobernadores a quienes financió sus campañas electorales –donde sobresalen panistas-, y cómo esos recursos se fueron tapando con obra pública para Oceanografía.

La mina de información que ha sido Yáñez Osuna es tan rica y variada, que se volvió un problema para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. No por las sorpresas que pudieran encontrar sobre priistas o perredistas involucrados con Oceanografía, sino por todo el lodazal en el cual chapalearon los panistas y esa empresa durante más de 10 años. Las redes de corrupción son tan grandes y tocan personalidades tan notables, que proceder sobre la base de los detalles que está proporcionando uno de los empresarios más consentidos de los años azules, sería el equivalente

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Yáñez Osuna dijo a la PGR que cuando llegó a Oceanografía Díaz Álvarez, despidió a los abogados y despachos contables que tenía, y llevó a su contralora, Zaidel Terán, pero “no dejaba que nadie la ayudara”. También contrató a Corta, quien había sido nombrado en la CONSAR por Gil Díaz cuando era secretario de Hacienda, y a Fernández Briseño.

Yáñez Osuna dijo que él no estaba enterado de los manejos financieros y jurídicos. “Estaba ocupado en las cuestiones técnicas operativas de la empresa, en la operación y funcionamiento de dos equipos profesionales de futbol y con asuntos personales, que me tenían prácticamente alejado de la empresa desde 2012, y casi todo 2013”, se exculpó.

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a declararle la guerra política al PAN y, probablemente, eliminarlo de la contienda presidencial en 2018.

Eso es lo que tiene frenado al gobierno federal en el caso de Oceanografía. Ir al fondo de la corrupción de la empresa, de acuerdo con personas que conocen detalles de lo que está hablando Yáñez Osuna, es tocar el corazón del poder panista. Las redes del empresario se extienden por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, y abarcan las corrientes en pugna por el control del partido. La pregunta de qué es lo que quiere el gobierno de Peña Nieto tiene respuesta: no quiere arruinarle la vida al PAN porque es eliminar a un aliado político indispensable para las reformas que están en las cámaras, y para las que vienen.

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La primera señal de las dificultades que enfrentó el gobierno fue cuando tuvieron que decir que la corrupción encontrada fue de 2013. No fue mentira, pero tampoco del todo cierto. El periodo de la principal investigación de Oceanografía que llevó en febrero a su inhabilitación, comprende de 2010 a 2012, tras reactivarse las auditorías en Pemex que fueron congeladas durante el gobierno de Calderón.

No mencionar esos años en específico se debió a que el PAN reaccionó con virulencia y amenazó con descarrilar el proceso de aprobación de las leyes secundarias de telecomunicaciones y energéticas, que le urge al gobierno peñista aprobar.

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El PAN tiene como rehén al gobierno y lo metió en un dilema ante la opinión pública. No puede utilizar judicialmente toda la información que ha proporcionado Yáñez Osuna sobre panistas y financiamiento ilegal de campañas políticas, porque provocaría una postura homogénea del PAN para enfrentar las acusaciones, que tomaría la forma de sabotaje a las iniciativas de ley peñistas. Pero al mismo tiempo el gobierno despertó tantas expectativas sobre el fondo al que podría lle-gar la corrupción en Oceanografía, que no proceder contra panistas de renombre sería, en términos de opinión pública y percepciones, tanto como haber negociado con el PAN impunidad.

Para el gobierno de Peña Nieto es un escenario más de costo y beneficio. Hasta ahora, lo que fue demostrado durante todo el año pasado, le ha resultado más benéfico tener al PAN como aliado que como enemigo. Actuar conforme lo marcaría la ley, no está en el interés estratégico del gobierno. Ir contra el PAN, es la lógica

imperante, es fortalecer no a la izquierda reformista que fue aliada en el Pacto por México, sino a la izquierda social que encabeza Andrés Manuel López Obrador, quien bajo esa racional sería el gran beneficiado del colapso del PAN, por razones de corrupción, y el rival –directo o indirecto- al que tendrían que enfrentar en 2018. El gobierno no parece listo para ese tipo de adversario. d) ¿testigo

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(29 de abril)

Un gran misterio rodea el estado legal de Amado Yánez Osuna, principal accionista de Oceanografía, la empresa petrolera a la que investigan en México y Estados Unidos por un fraude millonario a Banamex, así como por posibles vinculaciones con el narcotráfico y lavado de dinero en los dos países. El misterio no es sobre qué tanto es su involucramiento en actos ilegales, sino qué tanto está recibiendo protección institucional y porqué razones.

Yáñez Osuna estaba en México hasta enero, y realizaba su vida normal. No había estallado el escándalo de su empresa, que desde que a mediados de febrero fue inhabilitada por irregularidades en sus fianzas, no ha parado.

Yáñez Osuna viajó a Miami, y cuando se abrió la investigación sobre Oceanografía, envió mensajes a las autoridades que en el momento que lo requirieran, colaboraría con ellas. Nunca lo llamaron este año.

La investigación prosiguió pero el gobierno mexicano la mantuvo como un asunto “entre particulares”. La investigación federal en contra de la empresa fue sacada del congelador en la que estuvo a finales del gobierno de Felipe Calderón, y la conectaron con anteriores expedientes por delincuencia organizada en contra de varios de los socios de la petrolera. Yáñez Osuna, que no figura en esas investigaciones criminales, no tenía orden de localización ni de presentación a la PGR, porque no se había abierto una averiguación en su contra. En ese contexto, el 22 de marzo tomó el avión de Miami a México y se presentó voluntariamente por la tarde a declarar en la PGR. La confusión fue total. La PGR se quedó muda durante más de 24 horas, y casi al terminar el domingo confirmó mediante un comunicado que Yáñez Osuna había comparecido por su propia voluntad ante el ministerio público federal ese sábado, y que por la información que proporcionó, había solicitado el arraigo “a fin de allegarse de mayores pruebas y elementos

La figura del arraigo se encuentra definida en el Código Federal de Procedimientos Penales como una medida cautelar que permite tener a su disposición a un presunto delincuente mientras se integran las pruebas que le acrediten su responsabilidad en un delito grave.

Primer problema: Yáñez Osuna no era un presunto delincuente; por eso no existía siquiera una orden de localización y presentación, menos aún de captura. Para que un juez pueda obsequiar el arraigo se requiere demostrar, entre varios puntos, la gravedad en el ilícito que se le imputa, su posible evasión de la justicia y la impunidad que provocaría su libertad. Segundo problema: no hay gravedad en ningún ilícito, porque aún no se le adjudica ninguno; él se presentó voluntariamente, por lo que tampoco justifica el temor de una evasión ni impunidad. ¿Por qué se utilizó la figura del arraigo en una persona que no tendría porqué haber sido arraigado? Si esto no se entiende y la autoridad no lo ha explicado con claridad, abona en la duda el hecho, reportado por la prensa sin que se haya desmentido, le permitieran permanecer los 40 días de esa medida cautelar en una propiedad suya en el lujoso fraccionamiento Las Brisas en Acapulco, alejado de todo escrutinio público y acecho de la prensa.

Yáñez Osuna tiene los servicios legales del abogado Sergio Viveros, que ha trabajado para su familia en anteriores ocasiones, y con viejas relaciones dentro de la PGR. Viveros fue jefe de Mariana Benítez, la poderosa subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales, y de Jorge Hugo Ruiz, jefe de la Unidad Especializada en Investigaciones de Operaciones de Procedencia Ilícita en la SEIDO, que es la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. ¿Qué tanto influyó esa relación para el trato que le ha dado la PGR a Yáñez Osuna? Ruiz y Benítez tendrían que haberse excusado de cualquier relación con la investigación, no sólo con él sino en general con Oceanografía, por existir un conflicto de interés con Viveros.

Pero quizás lo que se ve no es la realidad. Si no entra Yáñez Osuna dentro de los parámetros para considerarlo un delincuente –hasta ahora no se sabe que exista una acusación directa en su contra-, ni tampoco existen bases legales sólidas para que se le obsequiara a la PGR el arraigo, ¿cuál es el papel que está jugando? Si colabora con la PGR y no hay acusaciones en su contra, lo que hace es aportar información para consolidar las otras investigaciones criminales que permitan construir el caso contra sus socios o contra aquellos funcionarios o ex funcionarios que permitieron a Oceanografía actuar fuera de la ley. Es decir, no estaría en calidad de detenido, sino de testigo protegido.

(14 de abril)

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que deriven en una posible consignación en contra de los responsables del presunto fraude”. La duda sobre si está recibiendo algún tipo de protección gubernamental comenzó precisamente en este procedimiento.

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S ios y amigos a)

P

x años de impunidad

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Los negocios oscuros de dos gobiernos panistas están marcados por las pisadas en el chapopote. En apenas poco más de un año, el director de Pemex, Emilio Lozoya, ha arañado la red de complicidades en la empresa y tocado amigos de presidentes.

Inició un litigio en contra de las multinacionales SK Engineering, de Corea del Sur, y Siemens, de Alemania, por abusar en el proyecto de remodelación de Cadereyta, donde quedó en medio el empresario Jaime Camil, amigo del ex presidente Ernesto Zedillo y cercano al presidente Enrique Peña Nieto. Recientemente procedió contra Oceanografía, la empresa de Amado Yáñez Osuna, amigo de los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, acusada de fraude y lavado de dinero.

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La corrupción en Pemex durante el panismo parece galopante y recurrente. La PGR ya empezó a interrogar a funcionarios de las áreas de operaciones marítimas y mantenimiento de Pemex Exploración y Producción (PEP), por donde pasaron los contratos de Yánez Osuna. En febrero pasado salió de la dirección de PEP Carlos Morales Gil, quien estuvo ahí casi una década, la de los grandes negocios petroleros que hoy apestan.

Antes de él estuvo Luis Ramírez Corzo, quien sustituyó al primer director de Pemex en el gobierno de Fox, Raúl Muñoz Leos.

¿Qué hicieron los funcionarios foxistas en Pemex? Las investigaciones deben dar luz a ese hoyo negro en el cual tuvieron los gobiernos panistas a la empresa estatal.

Durante años navegaron en la impunidad, pese a las denuncias que se hicieron públicas. En este espacio se ha detallado a lo largo de la semana la red de vínculos entre Oceanografía y la familia Mouriño que le brindó apoyo, acceso y protección durante dos sexenios, en particular durante el de Calderón. Pero esa caja de sorpresas abarca a más empresas que hacían negocios con Pemex, mediante sus relaciones con ex funcionarios al más alto nivel.

Si Oceanografía es la empresa arquetipo hoy en día de lo que sucedió en la oscuridad de los contratos de Pemex, Arrendadora Ocean Mexicana (AOM), altamente bene-

ficiada en el sexenio de Fox, es otra de las paradigmáticas sobre lo que nunca debió hacerse, y que no puede sustraerse de todo el escándalo petrolero. AOM recibió trato preferencial de Muñoz Leos y Ramírez Corzo, de acuerdo con una averiguación de la Secretaría de la Función Pública, que dibujó los primeros indicios de corrupción entre las administraciones foxistas en Pemex y AOM. AOM era propiedad de Blue Marine Technology, cuyos socios son Antonio Juan Marcos Issa, y los hermanos Alfredo y Juan

Por ejemplo, documentó la renta de un buque noruego, “Bergesen”, donde obtuvieron una comisión de alrededor de 30%. Otro caso fueron seis contratos que les adjudicó directamente Ramírez Corzo en 2005 por más de mil 500 millones de pesos, por el arrendamiento de varios buques a la empresa danesa Torm, cuya renta ascendió, durante 2005 y 2006, a 35 mil dólares diarios cada uno. Esta operación fue revisada por la Auditoría Superior de la Federación, que determinó que AOM había provocado un daño al erario por más de 60 millones de pesos.

Pero nunca les pasó nada, pese a las evidencias de correos electrónicos que revelaban una operación en los niveles jerárquicos.

La Función Pública encontró en esos años una comunicación permanente entre Juan José Suárez Coppel, en ese entonces director de Finanzas de la em-presa, y director de Pemex con Calderón, y con Marcos Issa. En uno del 16 de noviembre de 2005, Marcos Issa decía a Suárez Coppel: “Ya con los 800 quedamos a mano”. En otro del 6 de febrero de 2006, le reclamaba: “Mira, cabrón, si vas a estar con tus mamadas, no hacemos nada y ahí le paramos”. De los puros mensajes no se podía colegir delito, pero todas las investigaciones fueron congeladas.

Cada quien siguió su camino. Marcos Issa fue defraudado por Oceanográfica. Suárez Coppel era protegido del entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, cuyo sobrino Mario Díaz Álvarez, está ligado al escándalo de Oceanografía. En 2012, su hijo Gonzalo Gil White, asumió la dirección de la nueva empresa Oro Negro, para operar en la industria de hidrocarburos. Ramírez Corzo es otro de los accionistas, que se presenta como el director de Pemex que introdujo “iniciativas estratégicas (enfocadas) en la apertura a la participación del sector privado” en el sector energético. Este es un botón del Pemex durante los años del PAN y de la suerte de algunos de sus protagonistas.

(6 de marzo)

b)

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fraude global

Dueño de una de las flotas más grandes del mundo, fue amigo de George Steinbrenner, el dueño de los Yankees de Nueva York, hasta su muerte en 2010, y jugaba golf con Tiger Woods.

Tenía acceso a los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, y convirtió en aliados a quienes estaban muy cerca de ellos. ¿Qué podía ir mal con él? Es un misterio, pero en unas cuantas semanas su imperio marítimo se colapsó y Oceanografía, la empresa que emergió de la bancarrota con tráfico de influencias y la llevó a valer más de dos mil 500 millones de dólares, se le escurrió entre las manos.

Osuna Yáñez, quien se fue hace pocas semanas a Estados Unidos, enfrentará a la justicia mexicana y, probablemente, la de ese país. El caso en contra de él y su empresa apenas comienza, tras dos sexenios panistas de protección, donde las ilegalidades que cometió le fueron perdonadas. La PGR lo está investigando por lavado de dinero y por fraude a Banamex al conseguir recursos con facturas falsas, y en Estados Unidos el FBI y la Comisión de Valores y Cambios, SEC por su acrónimo en inglés, verá cómo fue posible que la filial de Citigroup, se involucró en un delito trasnacional. ¿En dónde se deshilachó la madeja que lo cubrió durante más de una década? Personas que lo conocen no entienden qué es lo que sucedió ni el porqué, pues realmente, aseguraron, no lo necesitaba. La investigación involucra a varias figuras del PAN y a familiares de altos funcionarios panistas, como su socio y ex operador financiero, Mario Díaz Álvarez, cuñado de Dionisio Pérez Jácome, secretario de Comunicaciones de Calderón -actual embajador en la OECD-, y sobrino de Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda de Fox, en cuya administración se dio el renacimiento de Oceanografía de la mano de los hijastros del ex Presidente, y su entrañable amigo Javier Rodríguez Borgia.

Rodríguez Borgia –junto con su hermano Óscar- era dueño del Grupo Gasolinero Mexicano, investigado por la PGR por comprar gasolina al crimen organizado que la ordeñaba de

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Reynoso Durand. Marcos Issa fue coordinador de asesores de Muñoz Leos, y cuando llegó Ramírez Corzo, los negocios no cambiaron para Marcos Issa. Según la Función Pública, eran empresas de papel que al amparo de la protección de altos funcionarios en el gobierno foxista, obtuvieron contratos multimillonarios sin necesidad de inversiones mayores ni experiencia en la industria.

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ductos de Pemex. Por su asociación con Osuna Yáñez, ofrecía créditos de nómina a empleados de Pemex a través de su Caja Libertad, de la cual Díaz Álvarez fue presidente del Consejo de Administración hasta hace unos días. Rodríguez Borgia, que tiene la doble nacionalidad española, está en España para evitar órdenes de aprehensión por falsificación de documentos, lavado de dinero y delincuencia organizada. Entre sus negocios no investigados, se encuentran casas de apuestas y varios hoteles de una cadena española.

fraude y delincuencia organizada presumiblemente por sus vínculos con Osuna Yáñez y Díaz Álvarez. Sin embargo, para quienes conocen el enjambre de sus relaciones políticas con el panismo, si la investigación contra Oceanografía sus principales accionistas es real, no podrá detenerse en ellos sin tocar las fibras más profundas de las presidencias de Fox y Calderón.

(5 de marzo)

crimi les

c) Ligas

La investigación sobre Oceanografía –que desde hoy debe tener un espejo político en el Senado- se está desplegando por rutas que, de comprobarse, vincularán a campañas políticas del PAN con el narcotráfico. La línea de investigación en donde están acumulando evidencia gira en torno a Francisco Javier Rodríguez Borgio y Martín Álvarez Díaz, socios de Amado Yáñez Osuna en Oceanografía, Caja Libertad y el equipo de fútbol de Los Gallos de Querétaro, el estado en el cual se concentra la variable más oscura de esta red presuntamente criminal.

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El trío de socios gozó de favores y el blindaje de los gobiernos de Fox y Calderón. Durante los dos gobiernos contaron con el respaldo de quien fue el abogado de Pemex y posteriormente secretario particular del ex presidente Calderón y líder nacional del partido, César Nava, así como de Juan Camilo Mouriño, que murió en un accidente de aviación en 2008 como secretario de Gobernación. La investigación contra Osuna Yáñez y sus socios en Oceanografía toca las posibles irregularidades en las que incurrieron altos funcionarios panistas, así como también al menos dos empresarios más que actualmente quieren hacer negocios con el gobierno de Enrique Peña Nieto.

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Además, las autoridades determinarán el grado de responsabilidad de los ejecutivos de Banamex que firmaron los créditos a Oceanografía con documentación falsa. La intervención del FBI y la SEC está relacionada directamente con la transferencia de dinero entre los dos países. La oficina de Citigroup en Los Angeles ya recibió un citatorio de un Gran Jurado en Massachusetts para que responda a acusaciones de lavado de dinero, mientras que otro citatorio por el mismo presunto delito le fue entregado por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. Citigroup admite que cuando menos uno de sus ejecutivos en Banamex será encontrado responsable de

Dos investigaciones independientes dentro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, conocida por su acrónimo SEIDO, están enfocadas en Díaz Álvarez y en Rodríguez Borgio. La PGR -que Díaz Álvarez está involucrado en la creación de una red de gasolineras propiedad de Rodríguez Borgio, que compró y distribuyó combustible que fue robado a Pemex por cárteles de la droga, en los municipios San Juan del Río y Huimilpan, en Querétaro.

Desde el año pasado la PGR investiga a Díaz Álvarez por presunto lavado de dinero y evasión fiscal, y solicitó a Interpol una orden de búsqueda y presentación, para que pueda rendir sus primeras declaraciones ante las autoridades mexicanas. No se sabe con precisión en dónde se encuentra actualmente, pero cuando se inhabilitó a Oceanografía a mediados de febrero por una serie de irregularidades,

El inicio de esta averiguación fue en febrero de 2012, bajo la administración de Felipe Calderón, para desmantelar una banda que ordeñaba los ductos de Pemex en Querétaro, y vendía el combustible después a privados. El inicio de ese caso fue cuando seis de las personas que detuvieron con combustible robado, declararon que uno de sus clientes era el Grupo Gasolinero Mexicano (GGM), cuyo presidente es Rodríguez Borgio. Cuatro de las pipas que utilizaban para transportar el producto de la ordeña estaban rotuladas con las siglas de GGM. Pero la investigación no tocó a Rodríguez Borgio y ni a Díaz Álvarez hasta agosto del año pasado, cuando se reactivó como resultado del caso Oceanografía, que desde que llegó a la dirección de Pemex Emilio Lozoya, en diciembre de 2012, ordenó que se le investigara. Las pesquisas se cruzaron con GGM, que tiene autorización de Pemex para operar cerca de 60 gasolineras en cinco estado del país. Rodríguez Borgio está asociado con Díaz Álvarez en Libertad Servicios Financieros, que operaba Caja Libertad, y a través de sus empresas GGM Energy y GGM Shipping, con él y Yáñez Osuna en Oceanografía y Los Gallos.

Rodríguez Borgio estaba siendo investigado desde 2012 por la presunta falsificación de una licencia de la Dirección Adjunta de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación –en donde varios panistas han sido señalados en redes de corrupción- para su casa de apuestas Big Bola, que tiene 17 centros en 10 estados. La averiguación abierta en 2013 trata de determinar si dinero procedente de laventa ilegal de combustible, fue lavado a través de los casinos, en Libertad Servicios Financieros o en Los Gallos de Querétaro.

Los panistas se han estado cruzando con la investigación de Oceanografía en cada una de sus facetas. La empresa financió a políticos en varios estados, y en el caso de Querétaro surgió por la puerta de Rodríguez Borgio. De acuerdo con las investigaciones, el empresario gasolinero apoyó las campañas electorales de Francisco Domínguez Servién para el Senado en 2012, y de Armando Rivera Castillejos, para su actual puesto de regidor en el Ayuntamiento de Querétaro.

Domínguez Servién, quien no ha querido hablar

sobre estas imputaciones, es uno de los senadores más cercanos al candidato a dirigir el PAN, Ernesto Cordero, y se apuntó para ser miembro en la Comisión que investigará el caso de Oceanografía en esa cámara. Finalmente se excusó, luego que un ex panista lo denunciara la semana pasada ante la PGR por su vinculación con Oceanografía. Cordero lo ha estado impulsando para buscar la candidatura al gobierno de Querétaro, por la que se enfrentará al diputado Ricardo Anaya, que es el compañero de fórmula de Gustavo Madero en la lucha por la dirigencia del PAN. Rivera Castillejos, en cambio, es el jefe de la campaña de Madero en Querétaro, lo que sugiere que en este tema que apunta hacia una corrupción sistémica, hay panistas de todos las corrientes involucrados.

Querétaro también es un estado donde suenan muy fuertes los lazos de corrupción y tráfico de influencias de Oceanografía y sus empresas asociadas. Negocios lícitos y otros que se presume ilegales fueron forjados ahí. El gobernador José Calzada, de filiación priista, premiaba a Rodríguez Borgio y se fotografiaba con él, a quien consideraban un gran empresario.

Calzada no ha dicho nada sobre este caso que hasta ahora sólo lo involucra por la geografía.

Pero tanto a él como a los panistas, les empieza a quemar por este giro paralelo que la investigación sobre los socios de Oceanografía ha tomado en el carril de la delincuencia organizada.

(1 de abril) d) Oceanografía huele a

Gil

La instrucción federal parece precisa. Todas las dependencias deben buscar qué hizo irregular o ilegal Oceanografía en el sexenio pasado y denunciarla. El Seguro Social y el Infonavit ya documentaron cotizaciones falsas de sus trabajadores e incumplimientos en el pago de cuotas, lo que pone en entredicho a los ex directores de esas instituciones en el gobierno de Felipe Calderón, Daniel Karam y Víctor Borrás. ¿Por qué no hicieron nada en su momento? La respuesta informal es qué sí lo detectaron, lo informaron a sus superiores, y no se hizo nada. Durante ocho años, ese fue el patrón gubernamental sobre Oceanografía: protegerla.

El primer documento que revela la protección institucional a Oceanografía es del 6 de octubre de 2005. Es un resumen ejecutivo del Órgano Interno de Control del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). Este

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Díaz Álvarez se encontraba en Vail, Colorado.

De viajó a Madrid, donde está Rodríguez Borgio.

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informe ha sido referido muchas veces en la prensa por haber utilizado esa empresa el mismo método de entrega de facturas falsas para garantizar créditos, como sucedió con Banamex, cuyo corporativo Citi la denuncio por un presunto fraude de casi 400 millones de dólares, que es lo que ha detonado el escándalo.

Pero es mucho más que eso: define claramente un delito federal y esboza el tamaño del blindaje gubernamental.

Dice textualmente: “Bancomext otorgó recursos a la empresa Oceanografía, S.A. de C.V. por un total de US. Dls. 25'695,979.74 y $30'306,389.33, con 5 facturas por servicios prestados a PEMEX Exploración y Producción, que no fueron reconocidas por el organismo, mismas que representan la garantía y fuente de pago del crédito.

“Derivado de lo anterior, los días 13 y 14 de septiembre de 2005 se visitaron las oficinas de PEMEX en Villahermosa, Tab., y Ciudad del Carmen, Camp., con la finalidad de verificar la autenticidad de las facturas, detectándose que en ambos casos el sello de recibido por parte de PEMEX… fue alterado, y en el caso del Módulo No. 2 de la Ventanilla Única en Cd. Del Carmen, el sello es parecido al utilizado por dicho módulo hasta el 28 de junio…

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“Adicionalmente, se comprobó que en este caso no se cuenta con la documentación soporte necesaria, que acredite que se esté realizando el direccionamiento de pago por parte del cliente final y en 5 casos por un monto de US. Dls. 3.2 millones y en 5 casos por un monto de $18.9 millones, que determinó que la acreditada Oceanografía, S.A. de C.V., fue quien realizó el pago de las disposiciones efectuadas, según el comprobante emitido por el Banco receptor del pago”.

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Estos tres párrafos refieren una irregularidad y un delito. La primera es que en este tipo de operaciones, el pago del crédito no lo hace la empresa al banco, sino que tendría que haber sido Pemex, lo que no fue así. El delito es más claro: las facturas eran falsas. El resumen ejecutivo fue enviado al entonces director de Bancomext, Héctor Reyes Retana, con copia a Julio César Méndez Rubio, director adjunto de Crédito, Sergio Forte Gómez, director general adjunto de Promoción de Negocios, y Rafael Aguayo Méndez, director general adjunto de Administración y Operación. Los cuatro estaban enterados del fraude cometido y los cuatro se callaron.

Reyes Retana, que previamente fue vicepresidente de la Asociación Mexicana de Bancos, fue nombrado en Bancomext por el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quien igualmente llevó a Méndez Rubio, que hasta su designación era secretario ejecutivo del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. Méndez Rubio fue quien contrató a Forte Gómez, que era su director adjunto.

Actualmente Reyes Retana es consejero propietario independiente en Banorte, y Méndez Rubio consejero suplente independiente en la misma institución que preside Guillermo Ortiz.

Todos ellos son funcionarios financieros con experiencia y prestigio, lo que en su campo son Karam y Borrás. Pero ninguno hizo nada contra Oceanografía. A unos no los dejaron y otros prefirieron cerrar los ojos. El resumen ejecutivo del Órgano Interno de Control en Bancomext tendría que haberlo tomado la PGR para iniciar la averiguación penal en contra de la empresa. Las irregularidades en el Seguro Social e Infonavit, también. ¿Por qué no sucedió? Ahí están todos ellos para que la PGR, en su investigación actual sobre Oceanografía, les pregunte. La empresa de Amado Yáñez Osuna y de Mario Díaz, el sobrino del ex secretario Gil, logró sus principales contratos en Pemex durante ese mismo periodo de ocho años, el túnel oscuro de los gobiernos del PAN. (10 de marzo)

a) Bomba en

P

x

La investigación sobre Oceanografía ha escalado. Dejó de ser un asunto entre particulares, y se espera que las declaraciones ministeriales del principal accionista de la empresa, Amado Yáñez Osuna, fortalezcan las pistas que conducen a la estructura operativa de Pemex Exploración y Perforación (PEP) en Ciudad del Carmen, donde presumen las autoridades existe un nido de corrupción. En capilla se encuentra 20 funcionarios actuales y del pasado, de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, señalados de beneficiar a Oceanografía con contratos por más de ocho mil millones de pesos entre 2010 y 2012.

Durante ese periodo fue subdirector de Mantenimiento y Logística en PEP Mario Ávila, estrechamente vinculado a la familia del ex secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, muy cercano colaborador del ex presidente Calderón durante más de ocho años, hasta su muerte en 2008. La designación de Ávila, pedida a Calderón por el patriarca de la familia Carlos Mouriño tras perder su protegido la gubernatura de Campeche en 2009, tardó 10 meses en concretarse por la oposición del sindicato petrolero y de Carlos Morales Gil, director de PEP desde 2004 hasta el 7 de febrero pasado cuando renunció, días antes de estallar el escándalo de Oceanografía.

Ávila, quien vive en Houston desde que dejó el cargo el 1 de diciembre de 2012, el primer día de gobierno del presidente Peña Nieto, es la cabeza de esa hiedra a la que

uri investigan por la presunta corrupción y tráfico de influencias en la asignación de 21 contratos asignados entre julio de 2010 y junio de 2012, que significa el principio de la gran investigación al interior del gobierno sobre las asignaciones y la operación de múltiples contratos que se entregaron a Oceanografía.

Esta línea de investigación desmonta el alegato de varios panistas, principalmente algunos senadores muy vinculados al ex presidente Calderón, que la investigación a Oceanografía corresponde exclusivamente al gobierno actual. La afirmación se sustenta en que el escándalo de la empresa se detonó por la denuncia de Citigroup que a su filial mexicana, Banamex, la defraudó por casi 400 millones de dólares. El fraude al banco es una parte de las irregularidades que realizó la petrolera con varias instituciones privadas, que corre en paralelo a la pesquisa dentro del gobierno para determinar cómo Oceanografía pudo obtener tantos y cuantiosos contratos en Pemex, algunos con facturas apócrifas.

El fraude a Banamex no fue detectado este año. La investigación viene desde 2013, realizada por la PGR, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y el Sistema de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda, la Función Pública, y el Cisen. Yáñez Osuna, que no sabía esa investigación, sí notó que al cambio de gobierno se modificó totalmente su relación en Pemex. Esta alteración en su esquema de acceso y relación, de acuerdo con ex ejecutivos de Oceanografía, motivó a que buscara al ex presidente Carlos Salinas para poder restablecer sus niveles de negocio con el gobierno del presidente Peña Nieto.

Su intento por persuadir a Salinas que lo ayudara en la intermediación con el nuevo gobierno fracasó. Igualmente fue infructuoso el intento para que el abogado Juan Collado, íntimo de Salinas y muy cercano al presidente Peña Nieto, lo representara legalmente cuando comenzó el litigio contra Oceanografía a mediados de febrero. La suerte no sólo le cambió a los socios de la

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El clan

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empresa y a sus asociados en otras compañías, sino afectó el entramado que habían construido por más de una década en Pemex.

Entre las cabezas más importantes bajo investigación se encuentran Morales Gil, Ávila, y el ex abogado de Pemex, José Néstor García Reza, protegido del ex líder del PAN César Nava, a quien sustituyó en ese cargo en 2005, y que tiene una investigación previa en la PGR por enriquecimiento ilícito. Entre los funcionarios actuales de quienes se está revisando su gestión sobresale José Guadalupe de la Garza Zaldívar, subdirector de Mantenimiento y Logística de PEP, quien sustituyó a Ávila. Adicionalmente, las autoridades tienen en la mira a otros 13 funcionarios actuales de PEP, a niveles de subdirectores, gerentes, coordinadores y jefes de unidad, así como a tres ex funcionarios del mismo nivel en PEP, por su presunta participación en el otorgamiento de 21 contratos a Oceanografía por más de ocho mil millones en los dos últimos años del gobierno de Calderón.

No descartan las autoridades que en esta red de corrupción en Pemex haya más funcionarios actuales y del pasado que puedan estar involucrados. El expediente actual de Oceanografía será alimentado de manera importante por Yáñez Osuna, a quien la PGR tiene en arraigo luego que sus primeras declaraciones apuntaron a “conductas delictivas”. ¿Qué quiere decir esto? Que el principal accionista de Oceanografía, está empezando a dibujar el mosaico que le permitió ser la compañía consentida en el gobierno de Calderón.

(23 de marzo)

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b) Oceanografía huele a

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uri

Días después que el líder de la izquierda Andrés Manuel López Obrador denunció a Juan Camilo Mouriño por actos de corrupción en Pemex en 2008, Margarita Zavala, esposa del entonces presidente Felipe Calderón, gozaba el golpe en un restaurante cercano a Los Pinos al entonces secretario de Gobernación.

Mouriño, alter ego de Calderón, era mal visto por la familia Zavala, que tenía la percepción que quien tenia todas las confianzas del entonces Presidente, no tenía las manos limpias.

Mouriño, quien murió en un accidente de aviación a finales de aquél año, dejó de ser cuestionado por supuestos actos de corrupción, pero seis años después, su nombre brincó en la invetigación de Oceanografía, la empresa petrolera que el gobierno de Vicente Fox

rescató de la bancarrota, y que continuó con contratos, privilegios y blindaje judicial en el de Calderón. Pero no sólo es Juan Camilo, sino su familia la que aparece en las líneas de investigación sobre la empresa, como el posible eje alrededor del cual se tejieron relaciones de presunta corrupción que lleva al corazón de la última Presidencia panista.

Procedente de España, los Mouriño se radicaron en Campeche y tenían cuatro gasolineras.

En 1995 estaban en bancarrota, pero Carlos Mouriño, el jefe de la familia, se había hecho amigo de Fox por el origen de ambos, y fue coordinador regional de su campaña presidencial. Al ganar Fox, Mouriño le pidió una secretaría de Estado para Juan Camilo, quien prefirió aliarse con Calderón, que conoció como presidente del PAN. Para entonces Mouriño se había relacionado con Amado Yáñez Osuna, principal accionista de Oceanografía, por medio del entonces director adjunto Leonardo Olavarrieta, muy amigo de él. Pese al conflicto de interés, Calderón lo hizo diputado federal y presidente de la Comisión de Energía, durante un periodo en el que la familia Mouriño incrementó sus negocios energéticos y construyó lo que hoy tiene: 40 gasolineras y Transportes “Ivancar” –el acrónimo de los hermanos Juan Camilo, a quien llamaban sus cercanos “Iván”, y Carlos-, que son pipas para transporte de hidrocarburos. Al mismo tiempo, Oceanografía empezó a convertirse en una de las principales empresas proveedoras de Pemex.

Al terminar la legislatura, Mouriño se fue con Calderón a la Secretaría de Energía. En esos años, Oceanografía estaba metida en escándalos por su vinculación con los hijos de Marta Sahagún, esposa del entonces presidente Fox, que le ayudaban a conseguir contratos a la empresa y blindarla de problemas judiciales. Cuando Calderón llegó a la Presidencia y Mouriño se convirtió en jefe de la Oficina, bloqueó a los hijastros de Fox en sus tareas de gestoría y respaldo político a Oceanografía, y las asumió él. A Los Pinos llegó también César Nava como secretario particular de Calderón, el abogado de Pemex cuando se le otorgaron polémicos contratos a esa empresa por nueve mil millones de pesos en el gobierno foxista.

El petróleo y la política se habìan mezclado en Campeche, y el eje era la familia Mouriño. En

Ávila, quien está siendo investigado por la PGR por presuntos actos de corrupción y lavado de dinero, vive en Houston y es una de las piezas

claves de la investigación contra Oceanografía. La empresa, con oficinas en Campeche, siempre estaba al tanto de las licitaciones que venían y cómo se cotizaban las licitaciones. Este acceso a información privilegiada, le permitía mejorar cualquier cotización de sus competidores para la renta de buques y plataformas, que después compensaba con el sobreprecio en los servicios a bordo. “Mouriño impulsó a Oceanografía”, dijo contundente un funcionario. No sólo Juan Camilo, sino la familia, con el respaldo directo del ex presidente Calderón. Si estaba enterado o no el ex mandatario de los negocios oscuros en los que se encontraban, no se sabe. Lo que sí se conoce es que una parte de su familia, encabezada por su esposa, nunca confiaron de la transparencia de los Mouriño.

(4 de marzo)

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las elecciones para gobernador de Campeche, Mouriño promovió como candidato del PAN a Mario Alberto Ávila, quien perdió la elección en 2009, meses después de haber muerto en el accidente de aviación. Carlos Mouriño, su hermano, lo rescató. Le pidió a Calderón que lo hiciera subdirector de los servicios marítimos de PEP, con sede en Ciudad del Carmen, uno de los cargos más importantes, por lo delicado y el volumen de dinero que se maneja en contratos. El sindicato petrolero se opuso a Ávila, pero después de nueve meses, Calderón lo nombró, convirtiéndolo en el primer neófito en la materia que llegaba a ese puesto.

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El cliente premiun a) Las fallas de

x

El fraude de Amado Yáñez Osuna y Oceanografía a Banamex, se puede ver ahora, era inevitable. No por la forma como se construyó el quebranto, sino por cómo los ejecutivos del banco y Citigroup, su dueño, soslayaron las alertas. Los banqueros, en cambio, estaban encantados con Yáñez Osuna. Ejecutivos de Citigroup viajaban a México para comer con él, y los paseaba en helicópteros sobre las plataformas petroleras en la Sonda de Campeche. Frecuentemente era invitado al comedor exclusivo del influyente accionista de Citigroup, Roberto Hernández, en la sede del banco en Santa Fe. Oceanografía era consideraba como un cliente “Platino”, tratamiento que otorgaban a los grandes clientes corporativos en el mundo, como Coca Cola y Procter & Gamble.

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Oceanografía empezó a trabajar con Banamex en 2008 con productos FAP, que es factoraje para proveedores, que depende del área Channel Finance, lo que permitió que desde 2009 Oceanografía le cediera los derechos de cobro de los contratos de Pemex Exploración y Producción (PEP), por trabajos realizados por la empresa. A lo largo de esa relación, de acuerdo con documentos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y minutas de reuniones internas, los controles se relajaron. La información muestra omisiones y negligencias al más alto nivel, que al momento en que la PGR inhabilitó Oceanografía a mediados de febrero pasado por no haber pagado fianzas de nueve contratos correspondientes, se tradujeron en una crisis.

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Directores de Banamex se reunieron de inmediato con los abogados de Pemex para precisar el tamaño del quebranto. Funcionarios de Pemex recordaron que cuando les informaron del monto obtenido del banco con documentos apócrifos, Alonso García Tamez, director de Banca de Gobierno de Banamex, dijo, como si fuera alivio, que ellos temían que fuera por 580 millones de dólares, que era lo que Control Operativo de Factoraje Five, conocido como COFF, había reportado por 217 estimaciones de obra pendientes de pago de Oceanografía.

En Banamex estaban sorprendidos por lo sucedido, pero lo pudieron haber evitado. De acuerdo con un oficio de la CNBV, el área de COFF efectuó “de manera indebida” el desembolso de las estimaciones de la obra -trabajos, obras y servicios realizados por Oceanografía y autorizados por PEP-, al no corroborar que el ejecutivo de cuenta validara con Pemex esas estimaciones. Al revisar el factoraje, asegu-ró que Banamex llevó a cabo “una inadecuada evaluación del riesgo de la operación”, con lo que el beneficiario único de esas operaciones fue Oceanografía.

Citigroup y Banamex tienen entre sus regulaciones el llamado KYC (know your customer que significa conoce a tu cliente) y el CADD (Client Adquisition Due Diligencie), que analizan los estados financieros del cliente, su composición accionaria, perfil de riesgos y actividades, pero fue minimizado o ignorado en el caso de Oceanografía, de acuerdo con las minutas internas. También se debió revisar por procedimiento la prensa negativa de Oceanografía, en particular sobre acusaciones de lavado de dinero y cumplimiento con las normas legales, pero tampoco se hizo, pese a que las investigaciones de la PGR sobre los socios de la empresa por presunto lavado de dinero, y sobre un quebranto similar al que se hizo en Banamex, contra Bancomext en 2005, eran públicas.

La empresa de Yáñez Osuna emitió señales de riesgo desde enero de 2012, cuando Banamex la trasladó de la Banca Empresarial a la Banca Corporativa, y pidió a Alfonso Ortega Brehm, ex director de Trade –uno de los tres ejecutivos de Banamex con orden de aprehensión-, un informe sobre sus estados financieros. Ortega Brehm informó en una reunión con los altos mandos del banco, incluido el director general, Javier Arrigunaga, de la existencia de procedimientos irregulares por parte de Yañez Osuna, que provocaron en el despido de un ejecutivo de Banamex. Pero no hubo nada más.

Aunque Oceanografía representaba un riesgo operativo para Banamex, según la CNBV, “no fue evaluado, medido o vigilado” por el banco. Federico Solórzano, que era director de

Las líneas del programa de financiamiento del FAP y varios de sus incrementos, fueron autorizadas por ejecutivos de Citigroup como Manuel Medina Mora, co-presidente, James Foresee, jefe del grupo bancario, Brian Leach, jefe de Riesgos, Patrick Ryan, jefe de Crédito, y de Banamex, como Arrigunaga y Emilio Granja, el ejecutivo de cuenta de Oceanografía, que también tiene orden de aprehensión. Las autorizaciones se dieron después de que en junio y agosto de 2011, y en febrero de 2012, los incrementos no habían cumplido con los parámetros establecidos.

Todavía en septiembre del año pasado, el área legal de Banamex revisó los contratos entre Pemex y Oceanografía, y su opinión fue favorable. Con tantos hoyos en la relación con Oceanografía, ¿cómo no se dieron cuenta que su cliente y el banco estaban inmersos en serios problemas? Aún es un misterio. Citigroup y Banamex tienen aún muchas preguntas que responder, y ajustes que inevitablemente, por encima del prestigio de sus ejecutivos, tendrán que hacer.

(23 de junio)

“célula criminal”

b) La otra

Michael Corbat, el director ejecutivo de Citigroup, estuvo el martes 13 de mayo en la ciudad de México y se reunió en el auditorio deBanamex con su equipo directivo. “Hay más de buenos tipos que malos en el banco”, dijo Corbat en su discurso transmitido por circuito cerrado a Guadalajara, Monterrey y Guadalajara, al referirse a las acusaciones sobre ejecutivos de Banamex como presuntos responsables del fraude cometido por Oceanografía. Le informaron que estaban colaborando con la PGR en la investigación y que, además, estaban coadyuvando con la investigación. A finales de ese mes, en una reunión con inversionistas en Nueva York Corbat dijo que el fraude cometido contra Banamex, propiedad de Citigroup desde 2001, se había debido a que varios empleados soslayaron las señales de alerta que debían haber reportado a sus superiores.

Citigroup ha despedido a 12 ejecutivos por estar relacionados con el manejo de la cuenta 144296633 de Banamex, que concentraba las cuentas de Oceanografía. Tres de ellos tienen orden de aprehensión desde el 12 de mayo pasado por su presunta comisión de delitos: Emilio Granja Gout, director de Área que atendía a los sectores energético, eléctrico y químico; Alfonso Gerardo Ortega Brehm, director de Productos de Crédito de la Banca Corporativa; y Erick Cervantes Murillo, Gestor Comercial de Ventas en la sucursal de Villahermosa, Tabasco. Corbat minimizó su papel en la reunión con los inversionistas, y los llamó simplemente personas indiscretas.

Pero los detalles de la investigación sugieren que Citigroup debe tomar más serio lo que está sucediendo con la información sobre el Caso Oceanografía, y evaluar mejor hasta dónde puede llegar. De los 12 ejecutivos cesados en mayo, cuatro eran directores gerentes y dos de ellos reportaban directamente a Javier Arrigunaga, presidente ejecutivo de Banamex: Adolfo Herrera, director de Transaction Services, el área donde fue el quebranto, y José González Molina, director de Banca Corporativa, sobre quienes no hay orden de aprehensión. En total, de acuerdo con la investigación del fraude por más de cinco mil millones de pesos, unos 30 ejecutivos del banco están indiciados en el expediente, y hasta ahora, siete de ellos han rendido declaración.

Los investigadores de la PGR identificaron en Banamex a una “célula criminal” que, aseguraron, se aprovechó de la estructura de organización lineal de Oceanografía, con “prestigio como una de las principales empresas dedicadas al ramo de los hidrocarburos”, y de su relación laboral con Pemex Exploración y Producción, para esconder sus delitos. El periodo investigado del fraude por el cual se giraron las órdenes de aprehensión, inició en septiembre de 2013 y terminó en febrero de 2014, en el cual se revisaron 39 contratos que recibieron créditos pese a estar solicitados con documentos falsos, de acuerdo con documentos del caso.

En esos contratos se registraron 166 “estimaciones”, que se refieren a documentos que se “asemejan” a facturas por cobrar, supuestamente expedidas por Pemex Exploración y Perforación, que fueron alterados por los ejecutivos de Banamex para realizar el quebranto al mismo banco. De acuerdo con la investigación, los ejecutivos del banco “ingresaron como estimaciones verdaderas” las 166 esti-

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Riesgo de Crédito Corporativo –uno de los 11 despedidos de Banamex a mediados de mayo por el quebranto-, dijo cuando se plantearon incrementos en sus líneas de crédito, que debía asegurarse que existiera certeza legal y operativa antes de autorizarlos, pero lo ignoraron.

La CNBV, en cambio, dijo que debía haberse establecido una línea de crédito contingente para Oceanografía, que nunca se creó.

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maciones, pese a que sabían, afirma la PGR, que eran falsas. Los principales ejecutivos de Banamex involucrados con las opera-ciones de factoraje de Oceanografía, Granja Gout y Ortega Brehm, celebraron un contrato regulador con la empresa, firmado por su principal accionista, Amado Yáñez Osuna, el 21 de septiembre de 2012, que establecía en su cláusula quinta, inciso 5.8: “En ningún momento Banamex tendrá la obligación o responsabilidad de determinar o comprobar que los documentos que evidencian los derechos de cobro son válidos y legalmente exigibles, ni si su texto es correcto, ni si las firmas originales que aparecen en dicho documento corresponden a los firmantes, ni si las partes que celebraron dichos documentos contaban al momento de su celebración con facultades suficientes para ello”.

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Este párrafo en el contrato regulador, es un recurso de protección legal, pero para la PGR fue una prueba de autoincriminación. En la investigación, la PGR acusó: “Con tal actuar se infringía lo establecido en las Guías de Operación del Banco, con lo cual se establece plenamente que el personal bancario sabía que dichas operaciones podían ser falsas”. Funcionarios de Banamex aseguraron este martes que no fue una cláusula excepcional, sino un procedimiento “estándar”.

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Personas que conocen la investigación federal notan una tendencia para hacer recaer las principales responsabilidades del presunto fraude en Banamex y sus ejecutivos, y no en Yáñez Osuna, accionista mayoritario de Oceanografía, o su socio –con 15% de las acciones- Martín Díaz Álvarez, a quien responsabilizó ante la PGR de todas las negociaciones financieras con el banco. Los abogados de Banamex discrepan también de la PGR, que ha enfocado la operación de Oceanografía con el banco como un crédito directo, y no como factoraje. Es decir, el sustento del presunto delito por el cual acusan a sus ejecutivos, es falso o, en el mejor de los casos, tiene un fundamento legal endeble.

Pero el giro que le da la PGR a la investigación, no parece justificar la posición pública de los más altos ejecutivos de Banamex y su dueña Citigroup. La investigación, que apenas está arrojando sus primeros resultados, es muy profusa y promete ser larga, tortuosa y llena de sorpresas.

(12 de junio)

clave

c) Un personaje

El nombre de José Ortega Rivera aparece de manera esporádica en los documentos que integran la averiguación de la PGR sobre el quebranto de Oceanografía a Banamex por más de cinco mil millones de pesos, y no es una figura relevante en la investigación que realizó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para darle sustento técnico a la averiguación federal. Pero analizar a fondo su papel en este caso, donde fue arquitecto de medidas que favorecieron directamente a Oceanografía, arrojaría nueva luz sobre una investigación hasta hoy insuficiente.

Poco se sabe públicamente de Ortega Rivera, quien llegó a trabajar a Banamex en 2010 y renunció en 2012. Tan pronto como dejó el banco, comenzaron a sospechar de él y de su relación con Amado Yáñez Osuna, principal accionista de Oceanografía. Fuentes de Banamex revelaron que las alertas se prendieron cuando ya fuera de la institución, se registró un depósito de 200 mil dólares en su cuenta en el mismo banco. Dijeron que el le pidieron una explicación, a lo que respondió que era producto de una venta de obras de arte que había hecho su esposa, precisamente, a Yáñez Osuna. En Banamex no tienen claro si su esposa trabajaba con el dueño de Oceanografía, o si el mismo Ortega Rivera fue contratado a su salida de la institución, como consultor.

Nadie lo sabrá, de mantenerse la investigación en los términos como se encuentra actualmente, porque no es un sujeto indiciado en la averiguación previa, y como el quebranto investigado se concentra en operaciones financieras realizadas durante 2013, él ya no trabajaba ahí. Sin embargo, de acuerdo con las fuentes en Banamex, su paso por el banco podría explicar una buena parte de la mecánica con la que, tras su salida, se realizó uno de los mayores fraudes cometidos contra el banco en México.

Banamex es propiedad de Citigroup, pero no todas las operaciones que realiza en México las lleva a cabo su personal directamente.

Ortega Rivera, por ejemplo, era el director de Channel Finance, que es el canal de descuentos en el área de Transaction Services, que está regulado por Citi. En ese departamento se establecieron las líneas de crédito por más de cinco mil millones a Oceanografía

El modus operandi que utilizaba Oceanografía –con Pemex y más de 50 empresas donde se han detectado también irregularidades-, era participar en el mayor número posible de licitaciones para la renta de buques petroleros a Pemex, con cotizaciones hasta 30% más bajo que sus competidores, con lo que garantizaban ganar el contrato. Una vez conseguido este fin, realizaban un segundo, que va en paralelo, por los servicios de cubierta, donde según funcionarios de Pemex, cotizaban con sobreprecio. Para poder subcontratar buques, Oceanografía recurría a Banamex, con quien firmó un contrato de crédito y factoraje.

Durante su paso por Banamex, Ortega Rivera, bajo cuya dirección se encontraba el manejo de esas operaciones, modificó los manuales y procedimientos. Fuentes de Banamex dijeron que entre los cambios que realizó se encontraban los plazos, donde Oceanografía estaba obligada a pagar en un máximo de 90 días la línea de crédito, y se establecía la posibilidad de que ante un incumplimiento, se cancelaran los siguientes desembolsos. “Ortega Rivera los cambió primero a 120 y luego a 180”, dijo la fuente. Pero no fue lo único.

De acuerdo con la declaración ministerial de Vanesa Maricela Ramírez, gerente de producto de Banamex –e indiciada en el caso-, Rivera Ortega y el coordinador de Channel Finance, René Tonatiuh López Arévalo, cambiaron la documentación y proceso de descuento, que consistía en presentar la estimación de la obra, que eran los trabajos ejecutados y acordados entre Pemex y Oceanografía, en lugar de las facturas. La PGR detectó 166 estimaciones, que son documentos que, caracterizó, se “asemejan” a facturas por cobrar, expedidas supuestamente por Pemex Exploración y Producción, y que conforme a la investigación, fueron alteradas por ejecutivos de Banamex.

Con este nuevo método para ofrecer factoraje a Pemex, la columnista Alicia Salgado, la única hasta el momento en voltear a ver a Rivera Ortega, reveló a mediados de mayo, se trasladaron los riesgos de Oceanografía a la paraestatal.

Ramírez dijo haber ejecutado lo que le instruyeron Rivera Ortega y López Arévalo, y cómo

debía conciliarlo administrativamente. La ex gerente trabajó con Erik Cervantes Murillo, en ese entonces ejecutivo especialista de producto del banco, que trabajaba en la sucursal de Villahermosa y tenía bajo su responsabilidad Ciudad del Carmen.

Cervantes Murillo, quien era el que recibía la documentación directamente de Oceanografía y cotejaba la documentación con los residentes de obra de Pemex, es uno de los tres ejecutivos de Banamex con orden de aprehensión. Ramírez, que no la tiene aún, es señalada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como presunta coresponsable del fraude. Rivera Ortega, quien tiene mucha información que aportar y más aún explicar, es el gran ausente en la investigación. d) El

asesor de Amado

(20 de junio)

Desde que se publicó en este espacio la columna Oceanografía: un personaje clave, el 6 de junio pasado, nueva información ha surgido sobre Amado Yáñez Osuna, principal accionista de Oceanografía y uno de los clientes globales consentidos de Banamex y Citigroup.

Yáñez Osuna reclutó y pagó millones de pesos a familiares de José Ortega Rivera mientras era director de Channel Finance, para que lo asesorara. Al mismo tiempo, el alto ejecutivo de Citigroup cambió manuales y procedimientos bajo los cuales se regía la relación de Banamex con Oceanografía y Pemex, con lo cual presuntamente se transfirieron los riesgos de la empresa a la paraestatal.

Channel Finance es el área donde se realizó el quebranto al banco, pero Ortega Rivera, quien podría explicar mucho de la mecánica que llevó al fraude, no forma parte de la investigación de la PGR. Ortega trabajó 15 años en Citigroup y Banamex como experto en arrendamiento y factoraje, pero salió por un recorte de personal en 2008. Dos años después regresó a dirigir el canal de descuentos donde se establecieron las líneas de crédito para Oceanografía. En este espacio se informó el viernes que Ortega Rivera renunció en 2012 y que había sospechas que estaba relacionado con Yáñez Osuna.

La nueva información revela una historia más sórdida. Ortega Rivera no renunció. Fue despedido en agosto de 2012, tras un informe elaborado por el director de Trade, Alfonso Ortega Brehm, presentado durante una reunión en donde estaban Javier Arrigunaga, director general de Banamex, Francesco Vanni, director global de Servicios Globales de

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mediante el sistema de descuentos por cobrar, cuya mecánica era que se liquidaría el adeudo una vez que Pemex pagara los servicios de la empresa marítima petrolera.

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Transacciones de Citi, Emilio Granja, director de Banca Corporativa de Banamex, responsable de la relación con Pemex, y Yáñez Osuna.

de 90 días, a 120 y 180 de los contratos, con lo cual garantizó la viabilidad a la empresa y transfirió presuntamente los riesgos a Pemex.

El informe exhibió los sistemas de seguridad -de Banamex, y dibujó negativamente a Yáñez Osuna. Ortega Brehm había detectado en la revisión de los estados financieros de Oceanografía, pagos directos de la empresa a Susana Sabines, esposa de Ortega Rivera por más de un millón de pesos. También encontró otros depósitos por más de un millón de pesos en la cuenta de la señora Amagoya Rivera, que resultó ser la madre del director de Channel Finance. Ante ello, se pidió a Contraloría Interna (Compliance) y a Seguridad Interna (Citi Security and Investigative Services), una investigación más amplia, entregada en agosto de 2012. Entre las conclusiones sobresalían los siguientes puntos:

Pero al mismo tiempo, se puede argumentar la falta de atención de la PGR por las pocas consecuencias que tuvo, en la relación con Yáñez Osuna y Oceanografía, la investigación interna sobre Ortega Rivera, donde sólo le imputaron el conflicto de interés para despedirlo. El reclutamiento de uno de sus ejecutivos no significó un cambio de actitud del banco hacia Yáñez Osuna, pese a lo irregular de su proceder y el abuso de confianza al haber pagado subrepticiamente los servicios de la persona que nominalmente velaba por los intereses de la institución, pero que durante ese tiempo modificó procedimientos que beneficiaron a Oceanografía. Tampoco hay evidencias de una revisión de las prácticas internas de Citigroup y Banamex, pese a que Ortega Rivera salió de la institución para ir a trabajar para Oceanografía.

1.- Ortega Rivera no pudo justificar los depósitos de Oceanografía a las cuentas de su esposa y su madre, por más de 2 millones de pesos.

2.- Conducía una camioneta Audi Q7, con un valor de casi un millón de pesos, que había sido adquirida por Oceanografía.

3.- Dio asesoría financiera a Yáñez Osuna para proyectos de inversión, sin haber informado Banamex ni recibido autorización para ello, por lo que cobró 300 mil pesos.

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Al concluir la investigación, los directores de Trade Channel Finance, Adolfo Herrera Pinto, su segundo en ese entonces, Roberto González Barrera, y Ortega Brehm, dieron por terminada su relación con Banamex y Citigroup. El cese fue informado a los directores de Banca Corporativa, José Antonio González Molina y Granja, quien le comunicó a los principales accionistas de Oceanografía, Yáñez Osuna y Martín Díaz, de la decisión del banco. A las pocas semanas de ser despedido, dijeron fuentes de Banamex, se ostentaba como asesor financiero de Oceanografía en Ciudad del Carmen.

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Fuentes en Banamex han expresado extrañeza que su nombre no haya despertado el interés de la PGR, porque lo consideran una pieza clave en el caso. Ortega Rivera desarrolló la Guía Operativa Pemex durante su primer periodo en el grupo en 2007, y en la segunda ocasión que trabajó ahí, elaboró el Contrato Regulador con Oceanografía, mediante el cual se manejaba el factoraje para sus operaciones con Pemex, y amplió el plazo original

Cuando el procurador general Jesús Murillo Karam ubica públicamente el origen del quebranto en Banamex, la institución filial de Citigroup y el grupo financiero en lo global, contribuye indirectamente con esa percepción. El caso del asesor de Yáñez Osuna es el mejor ejemplo. Después de todo lo que sucedió, elevaron la categoría de cliente de Oceanografía y mantuvieron una relación de privilegio con Yáñez Osuna. En este sentido, no tienen mucho porqué quejarse de que Murillo Karam les transfiera, hasta ahora en forma completa, la responsabilidad jurídica.

(25 de junio)

¿Engañaron al

pr ur

El procurador general, Jesús Murillo Karam, está convencido –y así lo dijo públicamente el viernes pasado-, que el quebranto de Banamex por más de 5 mil millones de pesos fue realizado por empleados del banco y no por el principal accionista de la empresa petrolera, Amado Yáñez Osuna. Tan convencido está, que Yáñez Osuna se encuentra libre bajo fianza por un delito no grave que por desvío de 55 millones de pesos y con amplias posibilidades que nunca pise la cárcel. Lo que sorprende del procurador es que hable, en buena medida, a partir de las mentiras de Yáñez Osuna a la PGR. Yáñez Osuna responsabilizó en sus declaraciones ministeriales a su socio Martín Díaz Álvarez, contra quien no hay aún orden de aprehensión, por presuntamente haber realiza-do directamente las negociaciones financieras con Banamex, entre las que están las del quebranto, y a Vicente Corta, socio del despacho multinacional White & Case, de quien dijo aprobó todo lo que se hizo. De lo que ellos manejaron, aseguró Yáñez Osuna, no estuvo enterado. En sus declaraciones ministeriales aseguró también que no conocía a Emilio Granja, ex director de la Unidad de Energía y Químicos, uno de los principales ejecutivos de Banamex presuntamente relacionado con el fraude.

El dueño de Oceanografía está escondiendo cosas a la PGR y encaminando a Murillo Karam a un pantano. El caso más evidente de las mentiras declaradas es sobre su relación con Granja. Yáñez Osuna declaró ante el ministerio público federal que jamás lo conoció. Granja lo desmintió. Afirmó que lo conoció junto a Díaz Álvarez en Pemex en 2011, en una reunión solicitada porque la paraestatal se negó a pagar unas facturas por irregularidades, y estuvo con él una vez más en 2012, cuando fue a Banamex para evitar que congelaran las cuentas de Oceanografía por las mismas razones.

En la batalla de dichos, hay un hecho. El 24 de diciembre, en su cuenta de Twitter,

l fón r? @AmadoAyanez, le escribió a @emiliogranja, la cuenta del ex ejecutivo de Banamex: “Los mejores deseos a ti y a tu familia”. Ese mensaje en Twitter ya no existe en el historial –llamado timeline- de la red social, pero la PGR puede acceder a ese mensaje mediante el trabajo de la policía cibernética. Otra forma de tener acceso al mensaje es con una imagen del mismo tomada en su momento, como a esta columna, por ejemplo, se la proporcionaron.

Otra de las inconsistencias del propietario de Oceanografía es al responsabilizar de las irregularidades a Díaz Álvarez, de quien dijo siempre le mostró los respaldos para los créditos –facturas falsificadas de Pemex- “como legítimas, pues pasaban los filtros establecidos del contralor y del despacho jurídico corporativo.

En todo momento consideré que las operaciones que se realizaban eran las correctas. Yo no intervenía en las negociaciones de los financiamientos ante los bancos”. El despacho jurídico corporativo que mencionó Yáñez Osuna en su declaración fue White & Case, y el abogado era Corta.

Pero en una carta a esta columna, Corta lo desmintió tajantemente. “White & Case no tuvo involucramiento alguno (ni ninguno de sus socios, asociados o funcionarios) en la operación entre Oceanografía y Banamex, y por consiguiente, no participó en ninguna validación de estimaciones de factoraje para conseguir líneas de crédito con ese banco ni en ninguna otra actividad relacionada con este asunto. Incluso, White & Case tuvo conocimiento de esta operación hasta que se hizo pública a través de los medios de comunicación”, precisó.

“No es práctica común que en la implementación de operaciones de factoraje o en la validación de las facturas en estas operaciones intervengan despachos jurídicos o se involucre a abogados, pues en su instrumentación intervienen exclusivamente el acreditado, el

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A manera de

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acreedor y la entidad que emite las facturas.

Por lo general, los abogados sólo participan en el armado inicial de los documentos que regirán a dichas operaciones”.

estuvo con Yáñez Osuna, ni se incorporó el timeline de la cuenta de Twitter del empresario, donde revela familiaridad con el ex ejecutivo de Banamex.

Las declaraciones de Yáñez Osuna han servido para inculpar y abrir otras líneas de investigación, pero como está emergiendo con datos, son cuestionables. La PGR no ha buscado encontrar toda la verdad, según se desprende del poco alcance de las preguntas en los interrogatorios, ni se han dado a la tarea de corroborar todo lo que dice. Por ejemplo, hasta donde se sabe, Corta no ha sido llamado a comparecer para que explique su papel en el caso, ni tampoco a las personas que identificó Granja en las dos reuniones donde

Legalmente no puede determinarse aún, como afirma el procurador Murillo Karam, que el quebranto a Banamex sólo fue perpetrado por los ejecutivos de Banamex, donde no tiene nada que ver Yáñez Osuna. Pero lo que sí está claro cada vez es que el procurador no tiene toda la información, que la PGR no está realizando la investigación profunda sin miedo a llegar a donde sea, como se prometió, y que Yáñez Osuna probablemente esté mintiendo en declaraciones hechas bajo juramento, lo que constituiría, además, un nuevo delito.

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(16 de junio)

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Citi

El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González Aguadé, le dio a la Comisión de Oceanografía en el Senado, guiñapos de información sobre el quebranto a Banamex. Las comparecencias de trámite no han aportado información nueva. Tampoco permite ver que el relajamiento de las normas de control interno en las líneas de crédito para la empresa, tiene como una de sus principales causas el que Citi viera a Oceanografía como una mina de oro, que lo animó a mover a México a ejecutivos para que tomaran el control del factoraje en busca de una quimera: llevar a Citi a ser el banco del mundo. Ese sueño se convirtió en cuatro años en una pesadilla.

Un análisis de documentos internos de la institución, muestran que en Oceanografía, los ejecutivos de Citi quisieron aprovecharse del riesgo cero que significaba Pemex para sus proveedores, lo que desató la ambición por utilidades monumentales. De 35 millones de dólares que era hasta 2010 el factoraje en Banamex, el hombre de Citi en México durante todo este episodio, Francisco Aristeguieta, exigía llegar a los 300 millones.

Oceanografía entró a su radar en 2008, cuando Martín Díaz, primo del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz –en columnas anteriores se identificó erróneamente a Díaz como sobrino de Gil-, fue recomendado al propietario de la empresa, Amado Yáñez Osuna, para que realizara la ingeniería de la empresa, que se encontraba con problemas de liquidez. “Yo tengo controlado a Banamex”, presumió Díaz a Yáñez, y le ofreció conseguirle líneas de crédito. Renuente, Yáñez Osuna cambió sus cuentas de BBVA Bancomer a Banamex. El dinero comenzó a fluir.

El esquema para Oceanografía fue el de factoraje, con una línea de crédito de casi 500 millones de dólares. Oceanografía, que tuvo un fuerte impulso durante el gobierno de Vicente Fox, recibió un empuje mercurial entre 2008 y 2010, después de que el presidente Felipe Calderón, por petición expresa de la familia Mouriño –su alter ego, Juan Camilo, había muerto en noviembre de 2008 en un accidente de aviación-, impuso en la Subdirección de Operaciones Marítimas de Petróleo Exploración y Perforación (PEP), a Mario Ávila, un distribuidor de automóviles

campechano, que había sido ayudante por años de los Mouriño.

Al tener garantizados los contratos multimillonarios de Pemex en renta de barcos y mantenimiento de plataformas petroleras, Banamex encontró en Oceanografía un negocio de alto rendimiento. “Ahí se encontró el hambre y las ganas de comer”, dijo una fuente del sector bancario. Oceanografía tenía los contratos pero requería de liquidez, y Banamex tenía la liquidez y la ambición para reportar altas utilidades a Citi. La casa matriz en Nueva York decidió tomar la cuenta de la empresa y crecer al nivel que lo tenían en otros países, su división Global Transaction Services (GTS), de donde dependía el área de Channel Finance, que ofreció a Oceanografía y otras empresas proveedoras de Pemex, sus productos FAP, que son factoraje para proveedores.

El 25 de febrero de 2010, de acuerdo con documentos internos de Banamex, Citi hizo los primeros cambios para expandirse a costa de un cliente soberano, que era Pemex. Un memorando de Francesco Vanni d'Archirafi, director ejecutivo de GTS, y Fernando Quiroz Robl es, director ej ecu tivo de Clientes Institucionales para México y América Latina, informó las promociones de Dardo Sabarots, como jefe global de Negocios, Administración e Iniciativas Estratégicas de GTS, y Francisco Aristeguieta, su director para los países andinos, como jefe regional de GTS, con base en la ciudad de México.

Un memorando de Aristeguieta a “todos los empleados latinoamericanos de GTS”, fechado el 27 de abril de ese año, informó del nombramiento de Roberto González Barrera como director de GTS México, “un paso muy importante en la consolidación de nuestra estrategia de crecimiento”. El 17 de agosto, González Barrera comunicó en otro memorando los cambios en la estructura de organización de GTS en México. Entre ellos figuró el de Alfonso Ortega Brehm como director de Productos de Crédito GTS, y de José Ortega Rivera, como responsable de Channel Finance.

El área de factoraje creció significativamente en Banamex durante ese periodo, y le otorgaron a Yáñez Osuna y a Oceanografía un trato Premium, equivalente al que le daba Citi las principales multinacionales del mundo.

Después de Oceanografía llegaron más de 100 empresas con contratos en Pemex, con una

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Las culpas de

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línea autorizada en total por dos mil 500 millones de dólares que alegraban y enriquecían los estados financieros de Citi, que descuidaron, según el dictamen de la CNBV, los controles internos.

El dictamen de la CNBV establece que el Control Operativo de Factoraje, efectuó “de manera indebida” el desembolso a Oceanografía por los trabajos con PEP, y realizó “una inadecuada evaluación del riesgo de la operación”, con lo que el beneficiario único de esas operaciones era la empresa de Yáñez.

Oceanografía era un riesgo operativo para Banamex, dijo la CNBV, pero “no fue evaluado, medido o vigilado” por el banco. Los directivos de Citi tenían la mente en otra cosa. Vanni d'Archirafi y Quiroz Robles dijeron en su memorando que GTS estaba en “el corazón de la estrategia para convertir a Citi en el principal banco del mundo”. Eran sus sueños de grandeza, hasta que la laxitud en los controles internos los rompieron.

(7 de julio)

venganza política?

Oceanografía, ¿

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Martín Díaz, el socio minoritario de Oceanografía, se encuentra en problemas legales cruzados con políticos por razones de sangre.

Amado Yáñez Osuna, principal accionista de la empresa, lo señaló como responsable de la relación de la petrolera con el banco, y la PGR busca una orden de aprehensión para solicitar a Interpol que lo detenga en donde se encuentra en el mundo. Díaz se fue de México días después de la inhabilitación de Oceanografía a mediados de febrero por presentar fianzas falsas a Pemex, y como Yáñez Osuna, piensa que todo el caso tiene un tamiz político. Información que ha trascendido en la última semana apunta a que, cuando menos en el caso de Díaz, sí hay un trasfondo político que tiene que ver con su tío, Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda en el gobierno de Vicente Fox.

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Díaz, que recibió como prestación 10% de las acciones de Oceanografía a cambio de realizar la ingeniería de la empresa que estaba en serios problemas durante el gobierno de Felipe Calderón, recibía todo tipo de canonjías de Yáñez Osuna, con quien no tenía una relación del todo cordial. Yáñez Osuna no lo despidió porque pensaba que las líneas de crédito de Banamex, que realizaba el factoraje con Pemex por los trabajos de Oceanografía, dependían de él. Díaz, de acuerdo con personas que conocieron esa relación, lo tenía

sibilinamente amenazado con el parentesco de su tío que siempre presumía, y la amistad e influencia de Gil Díaz y suya sobre directores de Banamex.

Gil Díaz fue miembro del Consejo de BanamexAccival, la casa de bolsa del banco, y director ejecutivo de Avantel, la empresa de telefonía donde los dueños eran Banamex y la estadounidense MCI –más adelante comprada por Verizon-, hasta que respaldado por Roberto Hernández, uno de los principales accionistas del banco y cercano al presidente Vicente Fox, fue nombrado secretario de Hacienda. Díaz entró a Oceanografía en 2009, cuando su tío ya no era funcionario público, pero cinco años después se encontró con una serie de odios acumulados que han galvanizado su persecución jurídica.

La información sobre la faceta oculta de la venganza sobre Gil Díaz –proyectada en su sobrino-, tiene que ver con las acciones del secretario de Hacienda de Fox en contra de Arturo Montiel, en ese entonces gobernador del estado de México, su ex esposa Maude Versini, y Luis Miranda, secretario de Administración y Finanzas en su administración, para poder llevarlos a la cárcel acusados de peculado yenriquecimiento ilícito.

La denuncia contra ellos la hizo el entonces regidor en Tlalnepantla, el perredista José Luis Cortés Trejo, en la PGR, por lo que se abrió una averiguación previa en la unidad especializada en delincuencia organizada en noviembre de 2005, y la turnó a la Procuraduría de Justicia del estado de México, que abrió a su vez tres averiguaciones adicionales. Montiel, Versini y Miranda comparecieron ante las autoridades y tuvieron que comprobar la procedencia de sus ingresos y entregar sus declaraciones patrimoniales. La PGR dio entrada a la acusación de Cortés Trejo, pese a que sólo dijo hablar de oídas. Cuando al siguiente año Miranda lo acusó de difamación, Cortés Trejo se desistió de la demanda porque, dijo, sólo estaba basada en recortes periodísticos de los diarios Reforma y El Universal.

Para cuando se inició la investigación en contra de ellos tres, el gobernador en el estado de México era Enrique Peña Nieto. Montiel ya había sido acusado de enriquecimiento inexplicable y descarrilado de la contienda por la candidatura del PRI a la Presidencia de la República. Miranda, quien era señalado como prestanombres, iniciaba su camino por la

Díaz, su sobrino, no estuvo vinculado en ninguno de los casos que desde la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con la información a la que se tuvo acceso en la última semana, impulsó en la PGR, y cuya acción obligó a actuar a la procuraduría mexiquense. Pero no parece mucho importar este dato concreto.

Hay mucho rencor en contra del ex secretario de Hacienda y hoy presidente ejecutivo de Telefónica para México y América Central, y sed de venganza de algunos mexiquenses.

Piensan que utilizó el poder para golpear a un grupo político y no lo olvidan. Oceanografía y su sobrino Díaz se presentaron a modo para empezar a golpear a un gigante, eliminando primero sus piernas y brazos. En todo caso, de antemano Díaz es culpable de parentesco inocultable.

(2 de julio)

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alcaldía de Toluca, que perdió en 2006. Peña Nieto lo recuperó como subsecretario de Gobierno en 2007, y dos años después lo hizo titular de la dependencia, desde donde fue uno de los principales operadores en las elecciones federales intermedias, que allanaron el camino de Peña Nieto a la Presidencia. En el actual gobierno, Miranda es cuña del secretario de Gobernación, y trabaja los asuntos políticos más delicados desde la subsecretaría del ramo en Bucareli. A nadie se le escapa dentro del gobierno de la relación de compadrazgo de Miranda con el Presidente, con quien suele jugar regularmente golf junto con un empresario que también fue perseguido por Gil Díaz cuando fue secretario de Hacienda.

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