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Ovidio

Jonathan N Car

Guzmán

En una audiencia por medio de una videoconferencia desde el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, en el estado de México, Ovidio Guzmán López El Ratón fue notificado del juicio de extradición con el que el gobierno de Estados Unidos lo reclama por delitos de narcotráfico; sin embargo, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán aseguró ante un juez que no es la persona que las autoridades estadounidenses reclaman.

A dos meses de su detención, este martes la Fiscalía General de la República (FGR) notificó al heredero del Cártel de Sinaloa la petición formal de extradición en su contra, la cual incluye dos acusaciones recientes en su contra radicadas en las cortes federales del distritos Norte de Illinois y Sur de Nueva York, con las cuales sumarían al menos 11 cargos en su contra con los que la Fiscalía de ese país busca enjuiciarlo.

LA VOCERA de la Casa Blanca, Karine JeanPierre condenó el asesinato de dos de los cuatro estadounidenses secuestrados y subrayó que las agencias estadounidenses seguirán colaborando

ESPIONAJE EN GOBIERNO Revelan nuevas evidencias del “Ejército espía” en ciudad de Nuevo Laredo

Aunque desde octubre del año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que en su gobierno se espíe a periodistas y opositores, nuevas evidencias de la investigación “Ejército espía” documentó el uso del sistema Pegasus para espiar al activista Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Gente Detr S Del Dinero

Mauricio Flores @mfloresarellano

Economista especializado en mercados bursátiles; colaborador en medios impresos, radio y televisión.

Metanfetaminas vs. telecomunicaciones

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—quien ayer lanzó cuestionamientos sugiriendo el respaldo a los cárteles por parte del presidente López Obrador y del senador morenista, Ricardo Monreal—, refrendó el impulsar la autorización de la fuerza militar estadounidense en contra de los cárteles, al reprochar la muerte de dos de los cuatro estadounidenses. “Nos encantaría que seas socio, ayúdanos a ayudarte”, llamó el republicano al presidente de México.

Luego de que ayer el mandatario mexicano calificó dichas propuestas como “propaganda” y evidencia de las “pretensiones de intervencionismo” que, advirtió, no se van a permitir en un país soberano como México, este martes volvió a hablar del tema y acusó a la prensa de ese país de “amarillista”, mientras que cuando mexicanos son asesinados en Estados Unidos “callan como momias”.

“¿Qué ha hecho este senador? No sé, pero hay algunos senadores que hasta reciben dinero para sus campañas de las fábricas de armamento en Estados Unidos. Entonces, ya basta de hipocresías y estar viendo nada más la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”, replicó el Presidente.

Aumentan Reacciones En El Pa S Vecino

Casi a la par de que las autoridades de Tamaulipas y del gobierno federal advirtieron una posible confusión en el caso de los dos ciudadanos estadounidenses, la contraparte estadounidense se hizo presente con exigencias de justicia y llamados a combatir a los grupos de la delincuencia organizada.

John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca; Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en nuestro país; y el fiscal general Merrick Garland, lamentaron lo sucedido en la ciudad fronteriza y coincidieron en que no debe quedar impune el secuestro y asesinato de sus connacionales.

La Casa Blanca reiteró que los ataques contra ciudadanos estadounidenses, sin importar las circunstancias, “son inaceptables” y afirmó que dependencias y

JONATHAN NÁCAR jonathanjnd@ejecentral.com.mx

Una posible confusión del grupo criminal que el viernes pasado secuestró a los cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas — quienes hoy fueron hallados, dos de ellos sin vida y uno más herido—, es la línea de investigación “más viable y seguramente la más correcta” del caso, señaló el fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica. En conferencia de prensa encabezado por el gabinete federal de seguridad y las autoridades de Tamaulipas, incluyendo al gobernador Américo Villareal, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez contradijo al fiscal del estado y aseguró que “son varias líneas de investigación” que se

Dato

mantienen abiertas y ninguna ha quedado descartada. Tras confirmarse el asesinato de dos de sus connacionales, y luego de la entrega de la mujer sobreviviente y un hombre más que recibió atención médica por una herida de bala en una pierna, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre recalcó en conferencia de prensa que: “los ataques a ciudadanos estadounidenses son inaceptables, no importa dónde o bajo qué circunstancias ocurran. Continuaremos trabajando cercanamente con el Gobierno mexicano para asegurar que haya justicia en este caso”.

El gabinete federal y el gobierno estatal informaron que no se tienen datos del número de participantes en el crimen.

Sin embargo, pese a las labores de investigación que desde el viernes se implementaron, junto al intercambio de información que autoridades de ambos países reconocieron que se tiene con las agencias estadounidenses como el FBI, la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional, el gabinete federal y del gobierno estatal reconocieron que aún no se cuenta con el número exacto de participantes ni el grupo criminal señalado como responsable del secuestro y asesinato de los estadounidenses. agencias federales trabajarían de cerca con el gobierno mexicano para garantizar que se haga justicia.

El fiscal Barrios Mojica señaló que los hechos ocurrieron en una zona de influencia del Cártel del Golfo, y descartó que hubiera elementos para sostener que la persona que fue detenida como vigilante de las víctimas —un hombre identificado como José “N”— se le pueda señalar como integrante de dicho grupo.

Aunque el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González aseguró que Tamaulipas “es un estado donde la violencia y la presencia de grupos ha sido importante”, aseguró que la estrategia federal con el actual gobierno estatal ha logrado disminuir los homicidios y los hechos delictivos, y a fin de reforzar dicha estrategia anunció el envío de una unidad de 600 militares, pues sostuvo “no se descuida la estrategia para Tamaulipas”.

A través de su vocera, Karine Jean-Pierre, la Casa Blanca dijo que la administración Biden se ha centrado en acabar con las organizaciones criminales, incluidos los cárteles de la droga al tiempo en que se les han impuesto sanciones. El embajador Ken Salazar dijo que era prioridad trabajar con autoridades mexicanas para que los responsables sean castigados, pero también consideró necesario combatir la impunidad y fortalecer el frente contra organizaciones criminales. Por su parte, John Kirby afirmó que trabajarán “de cerca” con el gobierno de López Obrador para obtener justicia. En el mismo sentido se pronunció Merrick Garland, quien advirtió que “el Departamento de Justicia será implacable en la búsqueda de justicia”.

César Jiménez

No obstante, al tomar la palabra en la diligencia que inició a las 10:30 de la mañana, como informó el Consejo de la Judicatura Federal, el capo aseguró ante el juez, Rogelio Díaz Villarreal: “No soy la persona que ellos creen, que reclama Estados Unidos", ante lo cual su defensa solicitó un plazo de tres días a fin de presentar por escrito las excepciones con las que busca impugnar el proceso de extradición en su contra.

De acuerdo con autoridades federales como parte de los testigos con los que cuentan las autoridades estadounidenses para sostener las acusaciones en contra de Guzmán López se encuentran los exlíderes y socios cercanos a El Chapo Guzmán, Damaso López Núñez El Licenciado, y su hijo Dámaso López Serrano, alias El Mini Lic así como el operador Isaías Valdez Ríos, Memín quien incluso atestiguó en el juicio de su papá.

En tanto la defensa presenta sus argumentos e incluso la posibilidad de interponer un amparo en contra del juicio de extradición una vez que ya fue notificada, el juez determinó que el capo deberá permanecer recluido en el penal del Altiplano.

De acuerdo con documentos internos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), revelados en la investigación que integran Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Social Tic, una estructura interna a cargo del Centro Militar de Inteligencia utilizó el spyware para vigilar las conversaciones del defensor de derechos humanos con víctimas y diversos periodistas, entre 2019 y 2021.

Según la indagatoria y el sustento documental que hoy se mostraron en conferencia de prensa, la vigilancia desde el Estado Mayor de la Sedena sobre Raymundo Ramos, quien es identificado en los informes castrenses con supuestos vínculos con el Cártel del Noreste, se debió a la interferencia del Ejército para conocer sobre el asesinato de 12 personas ocurridas el 3 de julio de 2020 en el que se vieron involucrados militares.

"Pasamos de gobierno espía en 2016, donde la propia Sedena había adquirido Pegasus, al el control en contra de la privacidad y falta de controles mundial”, advirtió Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica.

Tras la denuncia por las ejecuciones extrajudiciales de cinco civiles desarmados por parte de militares en Nuevo Laredo el pasado 26 de febrero, Raymundo Ramos volvió a ser blanco de acusaciones y denostaciones en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

Jonathan

Comunicado. El embajador Ken Salazar se unió a las reacciones en busca de justicia por la muerte de estadounidenses

No es sólo por estúpida maldad, por un vandálico resentimiento social o para robarse el cobre la razón por la cual miles de cajas de distribución de líneas de Internet y Telefonía —así como de radio-bases de telecomunicaciones— en México son objeto de robo cada año. Además de todo ello, hay una mercancía muy valorada por los múltiples cárteles que fabrican drogas sintéticas: las baterías eléctricas ubicadas debajo de esas cajas o debajo del basamento de las antenas, las cuales pueden contar con dos, cuatro o hasta seis de tales baterías, y cuyo ácido sulfúrico es un precursor muy apreciado en las llamadas “cocinas” de metanfetaminas.

Cada año se reportan a las secretarías estatales de Seguridad Pública, así como a la federal a cargo de Rosa Icela Rodríguez entre cinco mil y siete mil robos de este tipo. Aunque a veces roban el cobre, el objetivo principal son siempre las baterías; de hecho, los equipos electrónicos de las cajas y antenas básicamente quedan intactos.

De acuerdo al National Drug Intelligence Center, el ácido sulfúrico es un componente básico de baterías además de que se utiliza en la fabricación de fertilizantes, pegamentos y papel. Su robo se debe a que “se utiliza como agente (para producir gas HCL) en la producción de metanfetaminas” y advierte que se trata de un químico venenoso que contiene vapores tóxicos, altamente corrosivo y fácilmente absorbido a través de la piel. Sólo ese componente genera entre los consumidores metanfetaminas un daño grave a la piel, ojos, pulmones y dientes, advierte esa autoridad estadounidense.

Es evidente que el más afectado por tales robos es el operador preponderante, Telmex-Telcel de Carlos Slim, debido al tamaño de su red con probablemente entre dos mil y 2,500 instalaciones afectadas anualmente; y la Red Compartida, operada por Altan que dirige Carlos Lerma, registra cerca de 1,500 actos de vandalización por año, situación que se aproxima al daño que recibe AT&T a cargo de Mónica Aspe. Otros operadores de telecomunicaciones como Izzi, Total Play o Megacable también ven afectadas sus redes según su ubicación.

Usualmente tanto cajas como antenas cuentan con algún tipo de protección como candados, cadenas o espacios confinados. Algunos de ellos cuentan con cámaras de videovigilancia. Sin embargo, los grupos criminales que van sobre las baterías suelen actuar al amparo de la noche y si bien tienen preferencia por zonas asiladas como el Popo Park en el estado de México, también afectan barrios en ciudades grandes como la de México, Monterrey, Guadalajara, y ciudades medias como el Puerto de Veracruz y Monclova.

EL GRAVE DAÑO COLATERAL

Las telecomunicaciones son un elemento central para prácticamente toda actividad económica, para la educación y no se diga ya para entretenimiento y actividades lúdicas. La cobertura inalámbrica por parte de empresas privadas se calcula en casi 130 millones de teléfonos celulares con una penetración de mercado ya cercana al 100 % de la población. El servicio privado tiene más de 47 millones de accesos fijos, en tanto que la Red Compartida asiste a nueve millones de clientes a través de Operadores Móviles Virtuales (Mov´s) y está próxima a tener una cobertura garantizada de 70 % del país. Sin embargo, las zonas más depauperadas, tanto en las ciudades como en zonas rurales, son las que suelen verse afectadas por la “caída de señal” provocada por los miles de robos. Pero aún más grave: la entrada de las cuadrillas de reparación y tendido de redes a determinadas del país está prácticamente vedada por la presencia de las múltiples pandillas del crimen organizado, cuya espiral de violencia va de la mano con la pérdida de oportunidades de obtener las habilidades digitales que los habitantes de esos lugares necesitan para superar la pobreza. Le ofreceré datos concretos.

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