Alertan analistas sobre la “nicaragüización” de México

VEN PARALELISMOS entre las reformas de López Obrador y las realizadas en su momento por Daniel Ortega

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ jcrodriguez@ejecentral.com.mx

La regresión democrática que inició México con las reformas que debilitan al Instituto Nacional Electoral (INE) y limitan el papel ciudadano en la organización de los comicios tiene similitudes, según analistas internacionales, con la ruta que tomó Nicaragua para convertirse en el régimen autoritario que es ahora.

“La historia inicial de Ortega no es muy diferente a la de AMLO. En realidad, ambos son malos perdedores. Cuando no ganan unas elecciones dicen que hubo fraude, y cuando ganan unas elecciones quieren debilitar las instituciones. El mismo patrón antidemocrático visto en Bolivia y Venezuela”, señala un artículo del ex embajador nicaragüense Arturo McFields Yescas, publicado recientemente en el portal The Hill De acuerdo con el recuento del diplomático, en la década de 1990 Nicaragua comenzó a tener elecciones libres y transparentes,

Presidente liga hackeo a Sedena con “agencias internacionales”

Sin alguna prueba o documento que lo sustente, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador insinuó que “agencias internacionales” y el empresario Claudio X. González estarían detrás del hackeo de seis terabytes de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), conocido como “Guacamaya Leaks”.

“¿Quién es Guacamaya? ¿Quién hace ese espionaje? ¿Por qué no hacen una investigación ustedes (periodistas) sobre eso? Porque yo sospecho que son agencias internacionales vinculadas con el grupo conservador que encabeza Claudio X. González”, soltó el mandatario.

Lo anterior a pesar de las evidencias documentadas por organizaciones internacionales y medios de comunicación en la investigación de “Ejército espía” que evidencia el uso de sistemas de espionaje, como el software “Pegasus”, por parte de la Sedena en la actual administración, asunto sobre el cual fue cuestionado el Presidente en su mañanera del pasado 10 de marzo.

Entonces descartó que no se tratara de espionaje por parte del Ejército, sino investigación e inteligencia del gobierno “para no usar la fuerza”. Jonathán Nácar pero Daniel Ortega comenzó a perder elecciones una y otra vez. “De ninguna manera iba a ganar una elección bajo reglas democráticas, pero cuando se dio cuenta de este pequeño ‘tecnicismo’, comenzó a reformar la Constitución y las leyes electorales, obteniendo el control total del árbitro y de los resultados”.

Actualmente, Daniel Ortega lleva 16 años en el poder, y en los más recientes comicios se encargó de encarcelar a los líderes opositores. Según diversos reportes elaborados la ONU, World Justice Project y The Economist Nicaragua es uno de los países con mayores violaciones a los derechos humanos, menor Estado de derecho y más frágil democracia.

Al respecto, un reportaje publicado en Foreign Policy, revista estadounidense especializada en política internacional, advierte que “ha habido una larga tendencia de ‘instintos antidemocráticos’ realmente significativos en López Obrador”.

Al citar a Andrew Rudman, director del Instituto México del Centro Wilson, la publicación señala que “si miras cómo Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela o Daniel Ortega en Nicaragua, por poner dos países, empezaron jugando dentro del sistema democrático. Y luego, una vez en el poder, comenzó a tratar de subvertir el sistema para permanecer en el poder”.

López Obrador rechaza ser menos popular que ministra

Al presidente Andrés Manuel López Obrador no le gustó nada que el Poder Judicial y la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, tuvieran una mejor confianza que la Presidencia de la República.

El mandatario calificó de “cuchareada” la encuesta y de mostrar el nivel de aprobación de a quien ya señaló como adversaria y con quien mantiene un conflicto desde su elección, en enero de este año.

La encuesta realizada por El Financiero ubicó la confianza ciudadana en la Corte en su nivel máximo este año, con un total de 61 %, mientras que los mexicanos que confían en el Ejecutivo se colocó en 54 %; en tanto, la poca confianza de la SCJN llegó a 39 %, pero para López Obrador fue de 44 por ciento.

Los resultados no convencieron al Presidente, por lo que señaló en tono de burla que la ministra Piña “lo cepilló” en confianza, pero resaltó que la encuesta es una vil mentira y retó a que hagan una encuesta “buena” para que den a conocer la real confianza de los mexicanos.

Marco Aguilar

Her Tica Lex

Miguel González Compeán

Espionaje desde adentro

Cuando en el sexenio de Vicente Fox se planteó la necesidad de regular la inteligencia (espionaje) de comunicaciones y actividades de actores de la delincuencia organizada o que fueran definidos como objetivos sensibles de la seguridad nacional, al director del entonces Cisen, Eduardo Medina Mora, le preocupaba especialmente el derecho a la privacidad y la legalidad para poder hacer esas intervenciones.

Tuve el honor de ser invitado a contribuir en el proceso legislativo de dicha ley y de cabildearla entre los legisladores y el Ejército, que tenían serias dudas sobre su rígida cantidad de reglas para permitir la intervención de comunicaciones entre los actores “objetivo”.

Tomamos las experiencias internacionales y encontramos varias que resumimos en tres reglas fundamentales. Primero, había que constituir una comisión en el Congreso que vigilará las tareas de inteligencia y generara un contrapeso a los posibles excesos del entonces Cisen. Esta comisión tendría que ser informada de los asuntos que estaban siendo investigados y a los seis meses, de no encontrarse nada, destruir todo el material adquirido frente a ellos. Habría una prórroga de otros seis meses, pero con el tratamiento similar. Los diputados y senadores no deberían conocer las personas sobre las que se ejercía la vigilancia, pero el Cisen estaba obligado a destruir los materiales frente a ellos.

Seguidamente, la petición de intervención de parte de la entonces PGR ahora FGR y del entonces Cisen y ahora el servicio de inteligencia del Estado, debería someterse a la autorización de un juez ante el que había que fundar y motivar las razones de porque se hacía dicha intervención.

Y finalmente, en el Código Penal se estableció el delito de espionaje, intervención de comunicaciones o el de tomar fotos e investigar sin el permiso del “objetivo” o del juez, con seis años de cárcel, más agravantes.

El día de hoy sabemos que por lo menos dos periodistas y un defensor de derechos humanos han sido espiados con el programa “Pegasus”. El Ejército, a través de una corporación que no tiene definición en la Ley de la Administración Pública Federal, sino como un área del Ejercito sin responsabilidad: el Centro Militar de Inteligencia (CMI) ha espiado a civiles sin ninguna responsabilidad pública o ante juez o ante la ley en general.

El Presidente ha dado sonrisitas burlonas, trata el espionaje ilegal como inteligencia, sobre civiles que, hasta ahora no se sospecha o no se ha probado que sean parte de la delincuencia organizada o un peligro para la seguridad nacional, pero en resumen se les espía. ¿Por qué?

Mi sospecha es que AMLO no está preocupado por el daño que los “objetivos” puedan hacer a la seguridad nacional o sean parte de la delincuencia organizada. Mi única explicación es que está preocupado por el hecho de quienes hablan dentro del gobierno y, por lo tanto, ser considerados como traidores a la 4T. Ese es, en mi opinión, su mayor temor. ¿Quiénes son los traidores y los desleales contra quien hay que enfocar las baterías de su rencor, de su odio y de su paranoia? Nada más, pero nada menos también.