para dar atención a salud mental y adicciones

MANUEL LINO GONZÁLEZ manuel.lino@losintangibles.com

A partir de hoy, los temas de salud mental y de adicciones se tratarán en México de manera conjunta, en lugar de estar dispersos en tres unidades administrativas distintas

Un decreto publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación establece que la recién creada Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, conjuntará las funciones del Consejo Nacional de Salud Mental, los Servicios de Atención Psiquiátrica y la Comisión Nacional contra las Adicciones.

La existencia de tres entidades actuando de forma aislada había provocado “que los establecimientos para la atención de la salud mental y adicciones estén desarticulados y subutilizados”, situación que se espera subsanar Esta propuesta contrasta con el hecho de que apenas en abril pasado, también por decreto, dejaron de ser órganos desconcentrados los institutos de Ecología y Cambio Climático y Mexicano de Tecnología del Agua, así como la Comisión para el Uso Eficiente de la Energía.

Según el Estudio de la Carga Mundial de Enfermedad que realiza el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, en México en 2019 se perdieron mil 711 años de vida saludable por cada 100 mil habitantes con padecimientos de trastornos mentales, y tres mil 75 por consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias.

Pero para hacerlo, López Obrador recordó que en tiempos del expresidente Felipe Calderón, los grupos criminales eran quienes supervisaban desde el AICM el tráfico de drogas para el Cártel de Sinaloa, esto según las declaraciones de Raúl Arellano Aguilera, expolicía federal, durante el juicio del exsecretario de Seguridad Pública de dicho sexenio panista, Genaro García Luna.

“Y resulta que, en los tiempos de Calderón, el aeropuerto lo manejaban los narcotraficantes y tenía Categoría 1; ahora que en el aeropuerto no lo manejan los narcotraficantes, que lo maneja la Marina, que ya se evitan los robos para los que utilizan el aeropuerto, el robo de maletas, que no se permite la introducción de contrabando, de armas, de droga, ahora arbitrariamente nos tienen en categoría 2”, criticó el Presidente

Marco Aguilar

Este modus operandi ha quedado documentado y se ha identificado del uso de armas de fuego; los representantes legales de las empresas y aseguradoras también han dado cuenta a las autoridades federales del uso de herramientas tecnológicas como son los bloqueadores de señal satelital, que impiden que se pueda hacer el rastreo a través de los GPS, tanto de las cajas como del tractocamión. Incluso en muchas ocasiones privan de la libertad y lamentablemente hasta de la vida a los choferes.

De forma y fondo, ser chofer del transporte de carga en este paísse ha convertido en actividades de alto riesgo. La logística de las mercancías, las materias primas que son objeto de este tipo de robo con todas las agravantes y que es federal en la mayoría de los casos en razón a que acontece sobre las carreteras federales conectan nuestro país.

Sin duda, se están acumulando temas que día con día ponen a prueba la capacidad del gobierno de México, ya que si bien es cierto hubo señalamientos de una Policía Federal de Caminos corrupta, lo cual a la fecha no ha sido acreditado ante ningún órgano jurisdiccional, el proceso de formación de los entonces policías federales de caminos era de élite, en la academia ubicada en San Luis Potosí. La Guardia Nacional (GN) no ha concluido los procesos de formación y especialización relacionados con esta labor que es de suma importancia para la inversión y el crecimiento económico del país.

Las empresas que se dedican a la logística, cada día tienen más retos tanto para la seguridad de sus empleados como para el manejo de las mercancías; ha resultado necesario que contraten seguridad privada, los chóferes son vulnerables y, por lo tanto, buscan adquirir en ocasiones en el mercado negro también armas para salvaguardar su vida.

JONATHAN NÁCAR

jonathanjnd@ejecentral.com.mx

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya no podrá entregar datos personales de los contribuyentes con firma electrónica avanzada a las empresas privadas que lo soliciten, pues se trata de una facultad que vulnera el derecho de “autodeterminación informativa” y genera “inseguridad jurídica”.

Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al invalidar, por mayoría de ocho votos, el párrafo tercero del artículo 17-F del Código Fiscal de la Federación que facultaba al SAT para realizar la verificación y autenticación de identidad de particulares a petición de terceros (empresas privadas).

La mayoría del alto tribunal avaló la propuesta del ministro ponente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que al declarar fundada la acción de inconstitucionalidad que promovió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se advierte que dicha facultad implicaba una violación a la privacidad de los datos personales,