Transición Democrática Energética - CASO: Bolivia

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Bolivia: Desafíos y Paradigmas para una transición energética justa Elizabeth Peredo Beltrán El capitalismo está quebrando los límites biofísicos del planeta de manera alarmante. La concentración de gases de efecto invernadero –que superaron las 400 partes por millón en el último año: 411.21ppm1 por el uso de fuentes de energía fósil como son el carbón, el petróleo y el gas, cuyas consecuencias son un cambio dramático en el sistema clima que amenaza superar los 2 grados hasta mitad de este siglo (y hasta 4-6 grados a finales) con los consecuentes impactos en la habitabilidad de los territorios. Junto a ello, las tecnologías actuales para su extracción y el uso de aditivos y químicos tanto en los sistemas de energía como en industrias de diferente rubro están produciendo consecuencias devastadoras en el agua, los ecosistemas, los bosques, el aire y la propia vida.

Limites sobrepasados en el planeta tierra.

(Fuente: Revista NATURE, 2013)

Este sistema es no solo destructivo de la base biofísica de la vida, sino que profundiza las relaciones sociales de dominación que benefician las a élites económicas y de poder político que, con el fin único de acumular jugosas ganancias, comodidades y seguridades, están llevando a la humanidad a un punto de no retorno.

Por ello, las sociedades actuales enfrentan en el siglo XXI un desafío trascendental: el de encarar un proceso de transformación sistémica que incorpore –entre otras- una radical transición energética que posibilite la continuidad de las sociedades humanas y reconcilie al ser humano con la naturaleza. La energía –y sus implicaciones sociales y ecológicas - se encuentran en el centro de las propuestas de transformación social y económica de la civilización contemporánea. Esta problemática también cuestiona los paradigmas de transformación social que desde hace mas de un siglo no han logrado detener el avance del capitalismo y en la mayoría de los casos han profundizado sus lógicas, como es el caso del

1 Observatorio Mauna Loa, reportes al día de concentraciones de CO2 https://www.co2.earth/daily-co2

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“socialismo realmente existente”. Es urgente concebir una transición a una sociedad verdaderamente capaz de evitar la autodestrucción y de construir un tejido social solidario, justo y democrático que permita un futuro para las sociedades humanas, para las relaciones entre hombres y mujeres y con la Naturaleza que nos ha cobijado hasta ahora.

En este ensayo vamos a enfocar la mirada en Bolivia, país andino ubicado en el centro de Sud América que –sin escapar a esta realidad dramática- está viviendo en su territorio las tensiones y contradicciones globales en la lucha por establecer por un lado su autodeterminación y justicia social y, por otro, enfrentar el desafío de emprender una transición social y ambientalmente justa.

1) Contexto social e histórico de la energía en Bolivia: el imaginario del extractivismo y la justicia social Bolivia, es un país con 11 millones de habitantes, con una concentración etárea mayoritaria ubicada por debajo de los 30 años (60%, según el INE), 51% de mujeres y 49% hombres, en un territorio de 1.098 km2. Es un país diverso en su distribución geográfica y en los ecosistemas a los que pertenece desde los Andes y las montañas en el Occidente, los valles mesoandinos, a las sabanas del Oriente y las selvas del Amazonas. Su territorio es parte de la cuenca del Amazonas y la cuenca del Río de la Plata y cuenta con una cuenca endorreica en Occidente llamada Cuenca del Altiplano. Es igualmente diverso en su composición social con una población mayormente mestiza e indígena y al menos 36 idiomas locales entre los que se encuentran las lenguas andinas, entre ellas: el Quechua, el Aymara, el Uru y las lenguas amazónicas como el Guaraní, el Moxeño, el Chiquitano y tantas otras. Alrededor del 67,3% de su población vive en las ciudades y 32,7% en las áreas rurales según el último Censo de 2012 (INE).

A pesar del acelerado crecimiento económico que ha experimentado en los últimos años, constituye una pequeña economía en la región -hoy calificada de “estable” por el FMI y el Banco Mundial-. Una parte importante de su proyección económica contenida en su Plan Nacional de Desarrollo 20-25 está concentrada en la energía, en la que los gobernantes depositan una gran expectativa.

Bolivia viene de una larga tradición de lucha de resistencia anti colonial: contra el colonialismo español primero y contra el de Norte América durante la mayor parte del Siglo XX, y por lo tanto, ha cultivado en su fuero un fuerte sentimiento por la autodeterminación sobre sus recursos y su sistema político. Fue el primer país en nacionalizar el sector petrolero a inicios del Siglo XX (1937) incluso antes de México (1938), aunque recién pudo establecer una política estatal en base de sus recursos petroleros y gasíferos casi un siglo después (2006) tras una historia larga de avances y retrocesos.

Fue el primer país del Cono Sur en reconquistar la democracia en la década de los 80, después de un largo periodo de cruentas dictaduras militares en la región en las décadas de los 60s y 70s del Siglo XX. Su pueblo lideró una lucha épica por la descolonización y contra la institucionalidad del neoliberalismo con victorias importantes, como la expulsión de la transnacional estadounidense Bechtel durante la ‘Guerra del Agua’ en el año 2000, la nacionalización de los recursos gasíferos en 2006 y la salida del país del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial en 2007. 2 Fue uno de los países emblemáticos en plantearse acabar con el colonialismo y el ciclo neoliberal a través de un agitado proceso social que concluyó con una Nueva Constitución en

2 CIADI (Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias en cuanto a Inversiones) Una institución dentro del Banco Mundial creada para dirimir las controversias sobre inversiones entre empresas y Estados. Sus tribunales suelen estar controlados por las corporaciones y, en la mayoría de los casos, fallan a favor de éstas.

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2009. Bolivia; junto con Ecuador, aportó a la construcción de conceptos que han sostenido la narrativa del ‘socialismo del siglo XXI como el ‘Vivir Bien’ y los ‘Derechos de la Madre Tierra’; es también un país emblemático por su discurso sobre la justicia climática,.

Es uno de los (pocos) países en América el Sur en diseñar hoy una agresiva estrategia energética orientada a la exportación de energía de fuentes fósiles y grandes hidroeléctricas con el objetivo de convertirse en una Potencia Energética regional.

Estos antecedentes son un punto de partida importante para entender el imaginario colectivo sobre la energía asimilada como una agenda histórica de centralidad en la vida nacional.

2) La Guerra del Chaco y la utopía nacional sobre los recursos energéticos Bolivia ha vivido importantes conflictos bélicos limítrofes con Chile, Brasil y Paraguay, guerras que han desangrado al país y que tenían como telón de fondo territorios e intereses con fuentes de energía como el guano en la costa del Pacífico y el petróleo en el Chaco.

La Guerra del Pacífico (1879-1883) conocida como la “Guerra del Guano” se produjo por la injerencia de intereses del imperialismo inglés por el guano existente en la costa pacífica. La Guerra del Acre (1899-1903 con el Brasil por un territorio rico en caucho en la que Bolivia perdió territorio de la Amazonia. La Guerra del Chaco (1932-1935) que fue el mayor conflicto bélico de América del Sur en el siglo XX con la pérdida de más de 90.000 vidas. Se dio entre Bolivia y Paraguay por temas limítrofes en una zona de El Chaco donde se suponía habían reservas de petróleo y donde operaban dos empresas petroleras del Norte rivales entre sí que alentaron este conflicto bélico: la Standard Oil (capitales norteamericanos) en Bolivia y la Royal Dutch Shell (capitales anglo holandeses) en Paraguay; estas corporaciones actuaron sin escrúpulos para aprovechar las ventajas de la guerra en una región que prometía tener recursos petrolíferos, y jugando un papel negativo en las pugnas y tensiones geopolíticas con Brasil y Argentina que aspiraban mayor control sobre los territorios y las políticas comerciales en la región.

Terminada la guerra en 1935 en la que el país perdió dos tercios del Chaco y la vida de 60.000 soldados, Bolivia vive un proceso de radicalización de fuerzas sociales mestizas e indígenas que se habían hermanado en el frente de guerra y creó en diciembre de 1936 YPFB (Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos) para poner fin a las irregularidades que presentaba el contrato que tenía con la Standard Oil -única concesionaria de sus campos petrolíferos – iniciándole un juicio por el contrabando de petróleo hacia su filial en la Argentina mientras el país enfrentaba la cruenta guerra con el Paraguay. Poco mas adelante -en Marzo de 1937- bajo el Gobierno de David Toro se la expulsa del país, revirtiendo al Estado Boliviano todas sus propiedades, nacionalizando la industria del petróleo. Se trata de la primera nacionalización de los recursos petrolíferos en América del Sur. Poco después, en 1938, México nacionalizaría su industria petrolera bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas. Mientras que la tendencia de tener empresas propias fue inaugurada en América del Sur por Argentina en 1922 que había sido el primer país en América del Sur en crear una empresa nacional estatal para la exploración y explotación del petróleo, aunque aún estaba sometida a los intereses de los trusts petroleros.

Durante los años 40, tras esta llamada “Primera Nacionalización” YPFB obtiene un gran impulso del Presidente Gualberto Villarroel, quien apoya la construcción de refinerías, oleoductos e importantes infraestructuras para la comercialización de los productos de la empresa. En Bolivia esta nacionalización es conocida como “la primera nacionalización” puesto que las tensiones y juegos de poder de diferentes gobiernos durante el Siglo XX hicieron avanzar y retroceder una agenda de soberanía y control sobre los recursos petroleros en el país.

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Mural “Historia de la Nacionalización del Petróleo (1958)” Walter Solón Romero/muralista boliviano-/Hall de YPFB en La Paz

La Segunda Nacionalización del Gas en Bolivia (1968) Desde la Primera Nacionalización de los recursos petroleros en 1936-37 hasta la última nacionalización en este siglo han pasado más de 70 años y han habido innumerables dinámicas de estancamiento y avances en ese largo proceso de acceder a los propios recursos para salir de la postergación, signadas por la tensión entre soberanía nacional y poder de las transnacionales.

Después de la Primera Nacionalización y luego de que el Presidente Villarroel (1943-1946), un militar progresista que había llegado al poder mediante un golpe de estado, le haya dado un decidido impulso a la empresa nacional de hidrocarburos, Bolivia pasó a ser de país importador a país exportador de petróleo. Pero luego se inició un proceso de estancamiento de YPFB alentado por la oligarquía vinculada a las corporaciones petroleras norteamericanas, como ha sucedido en todo el mundo. Villarroel fue asesinado brutalmente por una turba y sus medidas progresistas quedaron obnubiladas por la violencia azuzada por poderes corporativos. Luego de un periodo de gran convulsión social con protestas obreras, campesinas y clases medias con imaginarios de una nación liberada de la injusticia de las oligarquías locales y de la dependencia del norte había empezado a surgir, ya desde el contacto de estos sectores sociales en el frente de guerra. En este contexto se llegó a la llamada Revolución Nacionalista en 1952 –un hito nacional- que capitalizó la rebeldía popular en las calles oficializando medidas ya asumidas por el gobierno de Villarroel y tomando otras radicales como el voto universal, la nacionalización de las minas y la reforma agraria. Sin embargo, pocos años después este gobierno –considerado nacionalista y revolucionario- revirtió la nacionalización de los hidrocarburos aprobando el llamado “Código Davenport” que establecía marcos de referencia para que empresas como la Gulf Oil realizaran exploración y explotación de los hidrocarburos con enormes ventajas. Durante todo este periodo entre 1954 hasta 1969 –más de una década- la Gulf Oil y las empresas transnacionales regían los términos de los contratos recogiendo mas de dos tercios de las ganancias producidas por los campos.

Este retroceso fue vivido como una traición y años más tarde, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Ministro de Energías del gobierno de Ovando Candia (1969-70) fue el artífice de la Segunda Nacionalización del Petróleo y el Gas echando a la Gulf Oil del territorio y estableciendo reglas del juego mas ventajosas para el Estado. Este fue un hecho de gran relevancia en la historia de Bolivia que vinculaba su recuperación a un proceso mas radical de liberación nacional. Una visión de cambio social asociada al control de la energía se iba perfilando en la sociedad: “Bolivianos: por segunda vez en cuatro días han acudido ustedes voluntariamente a esta pequeña plaza, del país más olvidado y dependiente de Latinoamérica, para expresar un apoyo decidido. Lo digo también por segunda vez, no a una persona ni a muchas, ni siquiera a un gobierno, sino a la decisión que en nombre del pueblo de Bolivia, hemos tomado nosotros, culminando una lucha casi interminable donde muchos han caído y donde muchos hombres deberían estar hoy día en el bronce, ya han sido olvidados por nosotros mismos.

El día 26 de septiembre, nos llegó a través de una agencia noticiosa la opinión del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre lo ocurrido aquella madrugada. Decía que la democracia ha sufrido un retroceso. ¿Qué

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democracia? Esa que se nutre de los dividendos y de las coimas de las empresas explotadoras de nuestras riquezas, riquezas naturales.

Esa democracia que alimenta a quienes escriben editoriales al servicio del imperialismo. Esa democracia que distribuye dinero para corromper al dirigente sindical, para comprar la conciencia del parlamento en la sanción de una ley, como la Ley del Petróleo. ¿De qué democracia nos hablan? Nosotros tenemos un concepto de democracia que no está en los libros, porque ha sido escrita con sangre en las calles de nuestra tierra. Ustedes son la democracia.Ustedes y nosotros somos los protagonistas de un proceso revolucionario que no ha hecho sino comenzar y que no se detendrá. Nos amenazan con la Enmienda Hickenlooper. Nos acaban de decir también que ha empezado a correr el plazo para la Enmienda Hickenlooper. También nuestro pueblo en este instante ha decidido que comience a correr el plazo de nuestra paciencia. No retrocederemos (...)

(Fragmento del Discurso de Marcelo Quiroga Santa Cruz luego de la medida de la nacionalización de la Gulf Oil en 1968)

Esta Segunda Nacionalización contra los poderes petroleros de la Gulf Oil Company –tal vez la más radical de nuestra historia- fue interrumpida por el Golpe de estado fascista de 1971 3 El recorte drástico de las libertades democráticas y civiles marcaron una nueva década de oscuridad y fueron la apertura al ciclo neoliberal y a la economía del narcotráfico. Esta dictadura fue derrocada en 1978 por la acción popular, pero en 1980 -luego de que el izquierdista Hernán Siles Suazo ganara las elecciones a la cabeza de un frente popular para retomar una agenda democrática y socialista-, se produce otro cruento golpe de estado militar que empieza con el asesinato del ex ministro de Energía e Hidrocarburos Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien había impulsado la Segunda Nacionalización del Petróleo y que entonces ya era un lúcido parlamentario socialista detrás de una transformación social radical en Bolivia. Este gobierno duró poco menos de dos años pero determinó igualmente un gran retroceso en las conquistas económicas y sociales.

El “retorno a la democracia”: la tensión entre neoliberalismo y soberanía nacional El llamado “retorno a la democracia” en la década siguiente, luego del fracaso del gobierno de izquierda de Hernán Siles Suazo (1982-1985) que tuvo que enfrentar una hiperinflación acumulada de mas de 8.000%, se la hizo de la mano del más esmerado neoliberalismo privatizador, con gobiernos que aplicaron un duro programa de ajuste estructural con el cierre de empresas estatales y el despido de miles de trabajadores.

Durante los años 90s se otorgaron enormes ventajas a las empresas y corporaciones internacionales para operar en el país en diferentes campos con ganancias sobredimensionadas. Empresas nacionales de transporte y telecomunicaciones fueron privatizadas. Las concesiones dadas a las petroleras y a las empresas de explotación y exportación gasífera permitían amplias ganancias a la Shell, a Repsol y otras transnacionales.

Empresas “capitalizadas” (privatizada) en las reformas neoliberales de la década 1990 Empresa Nacional de Electricidad (ENDE)

Empresas compradoras

*Dominion Energy (USA) *Energy Initiatives (USA) *Constellation Energy (USA) Empresa Nacional de *Euro Telecom Internacional Telecomunicaciones (ENTEL) Stel (Italia) Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) VASP (Brasil) Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) Cruz Blanca (Chile) Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Repsol YPF (España) Amoco (USA) Enron (USA) Shell (Inglaterra) Fuente: CEDLA con base de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (1997)

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Fecha 29/06/1995 28/09/1995 19/10/1995 14/12/1995 5/12/1996

El Golpe militar dirigido por Hugo Banzer Suárez, implicó un enorme retroceso en los derechos civiles; miles de detenidos y torturados, el asesinato de 85 personas, la desaparición de al menos 75 y el exilio de 3.500 con el desmantelamiento de la Asamblea Popular de 1970 en el Gobierno del General progresista Juan José Torres.

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En ese tiempo se hizo patente la enorme postergación de la población boliviana en el acceso al agua, la energía, la electrificación y los beneficios de la explotación petrolera y del gas, una postergación que se había arrastrado durante todo el siglo. La ampliación de la electrificación rural comenzó a implementarse recién en la década de los 80s siendo que la brecha entre los sectores urbanos y rurales era enorme, con un acceso de apenas 40% a nivel rural y poco mas de 60% en las ciudades.

El inicio del proceso de cambio en el Siglo XXI Los inicios del nuevo siglo estuvieron caracterizados por importantes movilizaciones de la sociedad civil cuestionando las políticas de privatización y ajuste estructural diseñadas por el Banco Mundial y el FMI para Bolivia implementadas –como dijimos- en las décadas de los 80s y 90s. La descolonización, el derecho al territorio y los derechos indígenas eran un centro muy importante de las demandas sociales. Los ideales de control sobre los propios recursos para salir de la postergación, la dependencia y la pobreza eran generalizados y permanecían como una deuda histórica acumulada durante todo el Siglo XX. El año 2000 es un punto de inflexión en la resistencia popular al modelo neoliberal con la Guerra del Agua de Cochabamba, cuando organizaciones sociales rechazaron el proceso de privatización del sistema de agua potable en esta ciudad que –siguiendo el esquema de “protección de las inversiones como garantía del desarrollo”- otorgaba beneficios desproporcionados a la multinacional Bechtel afectando las fuentes de agua y elevando los costos del servicio en casi 300%. Una verdadera rebelión popular acabó con el contrato al que se había detectado enormes irregularidades y dio lugar a la expulsión de la transnacional norteamericana, cambiando las leyes para evitar la privatización del agua que reclamaban como un bien público4. Por entonces ya se empezaba a hablar de una Asamblea Constituyente en el país. La última “capitalización” del ciclo privatizador fue para el servicio de agua potable en Cochabamba (1999-2000) lo que produjo el estallido social e inició un nuevo ciclo de reversión de las concesiones privatizadoras en Bolivia.

En ese contexto de empoderamiento popular y desarrollo de propuestas anti neoliberales es que se da la Guerra del Gas en El Alto, en rebeldía a que gobiernos neoliberales (Quiroga y Sánchez de Lozada) habían decidido la construcción de un gasoducto hacia Chile. Por entonces las condiciones de la explotación gasífera y petrolera otorgaban hasta el 82% de las ganancias a las transnacionales, mientras que solo el 18% quedaba para el Tesoro General de la Nación, la coparticipación de las regiones y para YPFB. En Octubre de 2003, durante el gobierno de Sánchez de Lozada, y en un contexto de crisis económica y social, se genera un conflicto de gran magnitud ante la decisión del gobierno de exportar el gas a México y EEUU por Chile. Tras una prolongada huelga campesina y urbana el gobierno decide intervenir militarmente las protestas y esta intervención cobra 64 vidas y más de 230 personas heridas.

El resultado después de unos días de represión es una gran rebelión popular que obliga la renuncia de Sánchez de Lozada ante el Congreso quien fuga con sus ministros fuera del país.

La nacionalización de los hidrocarburos de 2006 Tras la expulsión de Sánchez de Lozada, el nuevo gobierno de Carlos Mesa, convoca a un Referéndum Nacional para definir las políticas sobre los hidrocarburos. El referéndum cuenta con una altísima participación ciudadana y concluye: 1.

¿Está usted de acuerdo con la abrogación de la Ley de Hidrocarburos No. 1689 promulgada por el

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87% SI

La empresa Bechtel inició un juicio internacional a Bolivia ante el CIADI, pidiendo una cuantiosa indemnización por pérdida de ganancias futuras; la demanda fue rechazada gracias campañas de activistas y la empresa se vio obligada a ¨vender¨ sus acciones por la suma de poco mas de 2 dólares al retirarse definitivamente de Bolivia. Este fue un antecedente importante para el tratamiento de la “seguridad jurídica” y los conflictos de inversión que se reflejarían como salvaguardas en la nueva Constitución.

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Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada? ¿Está usted de acuerdo con la recuperación de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado boliviano? ¿Está usted de acuerdo con refundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, recuperando la propiedad estatal de las acciones de los y las bolivianas en las empresas petroleras capitalizadas, de manera que pueda participar el Estado en toda la cadena productiva de los hidrocarburos? ¿Está usted de acuerdo con la política del Presidente Carlos Mesa para utilizar el gas como un recurso estratégico para recuperar una salida útil y soberana al océano Pacífico? ¿Está usted de acuerdo con que Bolivia exporte gas en el marco de una política nacional que: a.

Cubra el consumo de gas para los bolivianos y las bolivianas. b. Fomente la industrialización del gas en el territorio nacional; c. Cobre impuestos y/o regalías a las empresas petroleras, llegando al 50% del valor del gas, principalmente para la educación, salud, caminos y empleos.

92% SI 87% SI 55% SI 62% SI

Las decisiones de este referéndum de carácter vinculante fueron puestas en marcha en Mayo del 2006 con el Decreto Supremo 28701 “Nacionalización de los Hidrocarburos Héroes del Chaco” bajo el nuevo gobierno de Evo Morales elegido por voto en 2005 con más del 54%.

Con esta medida, la empresa nacional YPFB recuperaba su autonomía y el país el control sobre las empresas capitalizadas y las cadenas de valor modificando las condiciones de los contratos a que estaba sometido por los que la mayoría de los réditos quedaban con las transnacionales. El Estado –ahora dueño- se hizo cargo de la comercialización e industrialización de hidrocarburos y YPFB pasó a ser socio mayoritario en las compañías mixtas que operaban en el país, las acciones de los Fondos de Pensiones (49% de Andina y de Chaco, y el 34% en Transredes) fueron transferidas a YPFB: las petroleras se convirtieron en proveedoras de servicios de exploración y producción a cambio de una retribución fijada por el Estado.

Esta nacionalización en realidad lo que hizo fue obligar a renegociar 44 nuevos contratos con las petroleras en condiciones mas favorables para Bolivia, durante los siguientes 6 meses a la nacionalización, sin que ninguna se fuera del país como habían amenazado. La ciudadanía entera apoyó la medida, y el entusiasmo en un verdadero cambio se manifiesta en las deliberaciones para una nueva Constitución aprobada en 2009.

Bolivia pasó a tener un ingreso de entre 50% y 83% de las ganancias por la producción del gas y esto permitió grandes ingresos. Las reservas nacionales pasaron de 700 millones de a 20.000 millones de dólares, lo que le permitió al país enfrentar la crisis internacional de 2009 y la caída de precios de las materias primas a partir de 2014, así como fortalecer las políticas de redistribución social como los bonos para los adultos mayores, para los niños, las universidades, fondos sociales y a las diferentes regiones, mediante la creación de un Impuesto a los Hidrocarburos IDH. El país llegó a experimentar un crecimiento inédito ubicándose en el primer lugar en relación a sus vecinos en términos del PIB, llegando incluso a mas del 6% en 2013.

BOLIVIA: TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB), 2000 – 2016

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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Según la Fundación Jubileo, entre 2005 y 2016 el Estado llegó a recibir hasta 16.000 millones de dólares por recaudaciones del IDH (impuesto a los hidrocarburos) los mismos que fueron transferidos a municipios, gobernaciones, fondos y universidades según la nueva norma.

Transferencias del IDH Gestiones 2005–2016 (alrededor de 16.000 millones en impuestos) Municipios Renta Dignidad Fondo indígena TGN Universidades Públicas Gobernaciones

38% 20% 3% 18% 6% 14% Fuente: Fundación Jubileo 2018

Esto a su vez fue el respaldo para ir consolidando un modelo en que el desarrollo de infraestructuras, la apertura a mayores inversiones extranjeras y el fomento a actividades económicas en torno a la exportación de materias primas y el consumo interno tomaron prioridad.

El debate y las decisiones sobre la “liberación nacional y el cambio de sistema” había sido delegado a las esferas gubernamentales y de poder que alentaban el consumo y el extractivismo con un peso muy grande en la vida económica y en los imaginarios con el argumento de que la redistribución y el fortalecimiento de la economía lograrían el salto al socialismo.

El proyecto del MAS Para 2009, el proyecto político y económico a largo plazo del Gobierno de Morales y su Movimiento al Socialismo (MAS) empezaba a tomar forma. El proceso entrañó concesiones a las fuerzas reaccionarias de la oligarquía agroindustrial de Santa Cruz (en el este de Bolivia) ― incluida la Juventud Cruceñista que había protagonizado acciones violentas y xenófobas contra indígenas durante el proceso Constituyente― que pasaron a ser parte de la base social del MAS en el Oriente boliviano.

El gobierno se abrió a las propuestas de los sectores agroindustriales de la expansión soyera y a las visiones de desarrollo tradicionales, y se alineó paulatinamente con una visión

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desarrollista en alianza con capitales internacionales europeos, chinos y rusos. El ideal de industrialización y redistribución sintetizado en la ultima nacionalización de los hidrocarburos y la Nueva Constitución del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia dio lugar a un modeloque desplegó un desarrollismo poco ordenado y arbitrario que tampoco ha permitido al país salir de su condición de exportaciones primarias. Un modelo en busca de un mayor crecimiento económico basado en una “triada extractivista” que hoy en día está pasando una factura ambiental, social y política muy alta a la sociedad boliviana: • • •

Hidrocarburos Energía Agroexportación de soya y otros productos transgénicos

El primer quiebre de esta “ola” de transformación social se dio en el conflicto por la carretera del TIPNIS en 2011, un proyecto antiguo revivido por el nuevo gobierno para conectar la zona cocalera del Chapare (en el centro del país) hacia el Norte del país atravesando el Parque Nacional Isiboro Sécure, que no sólo es una de las regiones de mayor concentración y riqueza de agua y biodiversidad en la región, sino también un territorio indígena donde se asientan diferentes pueblos originarios: Yuracarés, Mozetenes, Trinitarios y otros. Pero además evidencia un despliegue machista y patriarcal del ejercicio del poder evidenciado en el lenguaje machista y patriarcal que utilizaba Morales para imponer esta carretera diciendo a los pobladores del Chapare: “Si yo tuviera tiempo, iría a enamorar a las compañeras yuracarés y convencerlas de que no se opongan [a la carretera del TIPNIS]; así que, jóvenes, tienen instrucciones del Presidente de conquistar a las compañeras yuracarés trinitarias para que no se opongan a la construcción del camino. ¿Aprobado?” (La Razón, 2011) 5 Esta carretera marca el giro del nuevo gobierno y profundiza rupturas importantes en los movimientos sociales, consolidando la tendencia del modelo: el desarrollismo con la mirada al mercado internacional, la creación de infraestructuras para la exportación y el fortalecimiento de grupos económicos específicos en el país: los agroindustriales y mineros, la burocracia estatal y el sector cocalero.

Una serie de políticas en esa línea son aprobadas a partir de entonces. Por ejemplo, La Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria (2011) que abre el campo a los transgénicos y a las cuotas de deforestación de los bosques con fines productivos para la soya.

Estas políticas provocaron la expansión de monocultivos agrícolas y del agronegocio en la Amazonía boliviana con graves impactos en la propiedad y el comercio de tierras para el monocultivo, en la biodiversidad y el agua a causa de la deforestación y el uso de agrotóxicos asociados a los cultivos de soya. La expansión de la producción de soya transgénica asociada al glifosato se ha multiplicado por 8 veces en los últimos años y está afectando a los sistemas productivos de pequeños agricultores (y regantes) y pequeñas parcelas (Colque, 2014).

En 2016 la ampliación de la frontera agrícola se ha legalizado en un acuerdo con los agroindustriales y agricultores, que permitirá deforestar cuatro veces más que en el pasado.

Estos acuerdos también han determinado la expansión del uso de semillas transgénicas y glifosato. Grandes corporaciones como Monsanto, Syngenta o Bayer están establecidas en el país donde hoy el 97 % de la soya boliviana es transgénica y, aunque se argumenta que esta

5 Periódico La Razón: Demandan a Evo una disculpa pública (por declaraciones para “conquistar” a mujeres yuracarés para construir carretera por el TIPNIS http://www.la-razon.com/index.php?_url=/sociedad/DemandanEvo-disculpa-publica_0_1443455677.html

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producción se justifica para abastecer de alimentos a los bolivianos, la mayor parte está destinada a la exportación.

La Ley Minera (Nº 535de 2014) permite un uso desaprensivo de las fuentes de agua a favor de emprendimientos mineros pequeños no regulados; los estímulos a la actividad minera han ampliado los niveles de contaminación del agua con metales pesados como el mercurio: se producen 130 toneladas anuales que van a los ríos y el 70% viene de la minería 6.

Gracias a estas políticas de apertura a la inversión extranjera y a la actividad minera en menor escala, en Bolivia operan grandes transnacionales de la minería, como Sumitomo, Glencore, Pan American Silver y otras grandes de la minería. Las llamadas ‘cooperativas mineras’ ―pequeñas empresas informales locales―, que representan el grueso de la industria minera (115.000 mineros cooperativistas, frente a los apenas 7.500 trabajadores de la minería estatal), conocidas por sus condiciones de explotación laboral y sus prácticas de destrucción ambiental y a las cuales están asociadas trasnacionales mineras que aprovechan las bajas regulaciones que éstas tienen.

En el campo de los hidrocarburos, las políticas para encontrar mas depósitos, ante la dramática baja de reservas de gas y petróleo en los últimos años han hecho que el gobierno haga un giro dramático en su política de expansión de la actividad de exploración, prospección e inclusive cambio de visión, como veremos mas adelante.

En 2017 los ingresos por regalías e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) bajaron retornando a niveles muy cercanos a los de 2006, año de la nacionalización de los hidrocarburos y las reservas de gas bajarían drásticamente dando lugar a políticas de expansión de actividades de exploración para energías no enfocadas necesariamente en la transición energética7. Así, el gobierno ha concesionado los Parques Nacionales, los bosques y los territorios originarios mediante los Decretos Supremos 2298, 2366 y 2400 aprobados por Morales en 2015 a las petroleras8. Los mismos abren las áreas protegidas y parques nacionales a actividades petroleras e hidrocarburíferas, modifican criterios ambientales y alteran el procedimiento del derecho a la Consulta Previa establecido por la OIT. Grandes transnacionales canadienses, francesas, italianas chinas y rusas operan en el país sin necesidad de ser propietarias de los recursos. Los planes de construcción de mega hidroeléctricas, que analizaremos más adelante, están generando fuertes conflictos medioambientales y amenazando con destrozar áreas y ecosistemas y el desplazamiento de decenas de comunidades de sus territorios.

Con estas contradicciones, Bolivia consolida su modelo, infundiendo optimismo en quienes celebran la mayor tasa de crecimiento económico en la región, sometiendo al país a la dependencia de la economía del sector primario y de los precios inestables de las materias primas. El sector de los hidrocarburos concentra el 69,1 % de las exportaciones de Bolivia, mientras que la agricultura (madera, quinua, carne y ganado) contribuye un 3,3 % y los productos manufacturados ―entre los que el Instituto Nacional de Estadística incluye la soya y el oro que son actividades esencialmente contaminantes― un 26 %. 9

6 Mercurio en Bolivia: Línea de base de usos, emisiones y contaminación (2016) IRD, WWF Bolivia y Ministerios de Relaciones Exteriores y Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

7 La baja de las recaudaciones por ingreso del Impuesto a los Hidrocarburos es registrada por medios de prensa http://www.la-razon.com/economia/bolivia-gas-regalias-petroleras-bajanbimestre_0_2749525032.html y análisis más detallados en los documentos de la Fundación Jubileo. http://www.jubileobolivia.org.bo/publicaciones/revistas-especializadas/item/472-que-pasocon-la-estrategia-boliviana-de-hidrocarburos.html

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Tres decretos allanan la explotación petrolera en los parques nacionales http://www.paginasiete.bo/nacional/2015/6/20/tres-decretos-allanan-explotacion-petroleraparques-nacionales-60585.html 9 INE http://www.ine.gob.bo/pdf/Resumenes/RES_2017_3.pdf

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Sin desmerecer los avances del Estado Plurinacional de Bolivia logrado con los esfuerzos colectivos en su lucha contra el racismo, por la inclusión social, por una mejor redistribución, por la ampliación de servicios, estos avances están quedando debilitados por los impactos de un modelo de desarrollo que está privilegiando el deterioro de recursos vitales –entre ellos el agua, los bosques y la biodiversidad- así como la capacidad de consumo como indicador de bienestar económico10 . Un modelo que, lejos de preservar la calidad de vida hacia un horizonte de transición energética acorde con los tiempos y desafíos que vivimos, está profundizando la precariedad y la vulnerabilidad del país ante los cambios globales.

CARACTERÍSTICAS DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA Bolivia: la narrativa de la Justicia Climática y su apuesta por la energía sucia Como dijimos, Bolivia fue uno de los países líderes en proponer medidas de justicia climática en las negociaciones de la Convención de Naciones Unidas. Junto con Ecuador, y los países del ALBA establecieron un grupo en NNUU que daban algo de esperanza al mundo y a los activistas del clima para impulsar una política energética que siga los principios de la justicia climática establecidos en el Protocolo de Kyoto -que se constituía en una base para aplicar los principios largamente consensuados de responsabilidades comunes pero diferenciadas-.

En ese contexto, Ecuador aportó con la propuesta del Yasuni ITT (2002-2013) para dejar el petróleo bajo tierra a cambio de la creación de un fondo de compensación para el desarrollo y transición sostenible. Bolivia, por su parte desarrolló la propuesta del Tribunal de Justicia Climática para presionar a los países desarrollados a cumplir sus compromisos sistemáticamente postergados, y articuló la propuesta para estabilizar el nivel de 1.5ºC en La Conferencia de NNUU en Cancún, como meta para el incremento de temperatura global promedio. Bolivia promovió inclusive la Cumbre de los Pueblos sobre Cambio Climático y derechos de la madre Tierra en 2009, reuniendo a 35.000 activistas de mundo en Cochabamba y proponiendo una agenda que apostaba por los Derechos de la Madre Tierra y la justicia climática.

Sin embargo, la narrativa que había desarrollado ya enfrentaba grandes contradicciones denunciadas en la propia Cumbre, señalada por comunidades afectadas por la minería y con voces de alarma sobre los datos de la deforestación por la actividad soyera.

Bolivia tiene alrededor 53.5 millones de hectáreas de bosque. Actualmente es considerado uno de los países que más deforesta en la región pues pierde alrededor de 350.000 hectáreas anuales y aunque el porcentaje de gases de efecto invernadero que emitimos no es muy alto, nuestras emisiones de GEIs provienen del cambio de uso de la tierra. Cuando se hace el cálculo per cápita, estamos en el puesto 28 entre 186 países (OBCCD, 2013).

Composición de las Emisiones de GEI por sectores (Bolivia, 2013) Desechos 2% Procesos Industriales 1% Energía 16% Agricultura 17% Deforestación 68% Fuente: OBCCD

10 Se dice que en Bolivia no se está logrando erradicar la pobreza extrema del 18%, se refiere a los estratos de familias que viven en falta de poder y voz, falta de oportunidades y elección, falta de recursoshttp://inesad.edu.bo/dslm/2018/02/donde-estan-los-bolivianos-extremadamente-pobres/

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Las inconsistencias de la posición boliviana en NNUU por el tema del clima no se han dejado esperar tampoco a nivel internacional. De hecho, en las negociaciones de Rio+20 (el 2011) y en las de Cambio Climático, Bolivia no ha apoyado con claridad las propuestas para limitar los combustibles fósiles alentado por los movimientos del clima hacia la desinversión para bajar la concentración de GEIs. Bolivia propuso ya en 2011 reservas diplomáticas sobre temas específicos de la declaración RIO + 20, y poco después subvencionaba a las petroleras para actividades de exploración en gas y petróleo, sin siquiera estudiar posibles políticas energéticas de transición.

Y esta decisión no fue intrascendente considerando que, según los informes científicos, para mantener la temperatura por debajo 2 °C (que es incluso mayor a la propuesta boliviana de 1.5ºC) es fundamental reducir las emisiones y dejar de subvencionar a la industria fósil que globalmente recibe el 6.5% del PIB mundial –incluso más que salud. Según Bill Mc Kibben, del presupuesto de carbono de 1.000 Gt (giga toneladas), ya se han emitido 531 Gt., por tanto las 469 Giga toneladas restantes están sometidas a la presión de la política de las industrias fósiles. Este activista señala que de quemarse las reservas comprobadas de hidrocarburos en el mundo, que ya están inscritas en los mercados, se producirían 3.000 Giga toneladas, es decir, 5 veces el presupuesto de carbono que nos queda, quebrando cualquier posibilidad de equilibrio en el planeta. Por eso la campaña por la desinversión en industrias fósiles ha sido tan fuerte y es tan cuestionable que Bolivia y otros países persistan en la subvención a las petroleras con el argumento asegurar la redistribución.

El 2012, año de la realización de Rio+20, el gobierno boliviano dispuso una regulación para formalizar en el presupuesto nacional las subvenciones a las petroleras. Un decreto de Abril del 2012, Decreto 1202 “Incentivo a la Producción de Hidrocarburos”, faculta al Banco Central emitir crédito fiscal para las operadoras. La producción de petróleo a esa fecha había bajado dramáticamente, en un 78,57% según fuentes oficiales por la falta de reservas y por ello esta medida se hizo para encontrar mas fuentes de petróleo “para garantizar la continuidad de la seguridad energética” mediante el incentivo a la exploración y al incremento de la producción de petróleo. El 2015 este decreto se convierte en Ley Nº 767 que dispone del 12% del IDH para incentivo petrolero.

En la COP 21 en 2015 de Paris Bolivia había declarado su compromiso para sumarse al Acuerdo de Paris mediante sus compromisos INDCs enfocados en: El agua: Incrementar de forma integral la capacidad de adaptación y reducir sistemáticamente la vulnerabilidad hídrica del país. La energía. Incrementar la capacidad de generación eléctrica a través de energías renovables para el desarrollo local y de la región. Los bosques y agricultura. Incrementar la capacidad de mitigación y adaptación conjunta a través del manejo integral y sustentable de los bosques.

A pesar de haber liderado la posición de justicia climática por algunos años en las negociaciones de la CMNUCC, enormes contradicciones se manifestaron en sus políticas, no solo para aplicar su INDC sino también para transitar de las fuentes fósiles a renovables a la escala que sería expectable y posible. Activistas del clima hemos criticado que este plan no sólo es insuficiente, que se ampara en una visión por el “derecho al desarrollo” que avanza en la depredación de nuestro territorio, profundizando el patrón de emisiones por deforestación, sin tener inclusive una línea de base que permita al estado boliviano reducir sus emisiones coherentemente.

En 2016 Bolivia atravesaría una grave crisis de disponibilidad de agua en los sistemas públicos de 4 ciudades y varias regiones rurales en el Chaco, los Valles y el Oriente por efecto de la sequía y la enorme falta de previsión en políticas del agua por parte del ministerio del ramo. La agricultura y los bosques en el esquema están sometidos a dinámicas de deforestación insostenibles que –se ha señalado- no permiten reforestar por el alto costo que

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implica aparte de la destrucción de bosque irreversible. Estas contradicciones son más evidentes cuando vemos las opciones por la energía sucia a las que el gobierno de Evo Morales está apostando en las políticas de hidrocarburos, energía y electricidad que está impulsando en su Agenda Patriótica 2025, en la que hidrocarburos, energía y electricidad se han convertido en el centro de la política económica y de desarrollo boliviana para esta década.

El Plan Nacional de Desarrollo 2025: las Mega hidroeléctricas en territorios indígenas En 2009, a tiempo de la aprobación de la Nueva Constitución, en la que se incorpora la energía como recurso estratégico, se inauguraron varios Viceministerios; entre ellos el Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas. En 2014 se aprueba el Plan del Sector Eléctrico del Estado Plurinacional de Bolivia a cargo de la empresa estatal ENDE (Empresa Nacional de Energía). Y mas adelante, el 2015 se aprueba la Agenda Patriótica del Bicentenario 2015 -2025 y el Plan Nacional de Desarrollo 20 -25 y el Viceministerio pasa al status de Ministerio de Energía en 2017. Aunque en retórica el “Vivir Bien” y los “Derechos de la Madre Tierra” están en todos estos documentos, la implementación de sus principios no se refleja en los planes. Las características del plan energético y electricidad ubican a Bolivia como uno de los países más aferrados a las energías fósiles y las grandes infraestructuras hidroeléctricas, asumiéndolas –además en sus discursos- como si fueran energías sustentables.

La matriz energética para electricidad de Bolivia es 69% de termoeléctricas, 25% de hidroeléctricas, 4% de ciclo combinado que utilizan gas y diésel y apenas un 2% de alternativas entre las que se considera: solar, eólica y biomasa:

El Plan nacional de Desarrollo pretende convertir a Bolivia en el corazón energético de América del Sur, una “potencia energética” que pretende dar el “salto de la primarización de la exportación a la exportación de energía” hacia un país con una capacidad de generar energía para la exportación regional y transoceánica (Evo Morales, Abril 2018) 11. En este plan ocupan un lugar privilegiado las grandes hidroeléctricas, aunque este modelo de haya impactado de manera desastrosa en los ecosistemas, en los ríos y haya desplazado a poblaciones indígenas en otras regiones de América Central y Sudamérica, cobrándose las vidas de activistas ambientales por efecto de gobiernos y corporaciones para imponerlas.

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En las últimas declaraciones al lanzar el fracking como una nueva estrategia para encontrar reservas de gas y petróleo en el Chaco, Morales pide a sus colaboradores pensar en exportaciones transocéanicas: http://www.energypress.com.bo/evo-pide-perfilar-exportacion-de-gas-aotros-continentes/

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Fuente: ENDE 2017

Este plan ha sido anunciado al país en 2015 junto a una serie de medidas y contratos de exploración, estudios de factibilidad y asignación de presupuestos para mas exploración hidrocarburífera en los Parques nacionales, es decir que –aunque se presente como un recurso para energías mas sostenibles- no se está dejando de lado las energías fósiles.

Alvaro García Linera nos explicaba la gran transición para Bolivia: “Pero lo nuevo, y que viene de este gobierno, es que vamos a ser energéticos. El siglo XXI para Bolivia es producir petróleo, industrializar petroquímica, industrializar minerales. Pero también colocar una nueva ruta, la ruta de la energía eléctrica.” (Álvaro García Linera, Página Siete, noviembre de 2015) 12 El plan está enfocado en vender a Brasil y Argentina energía hidroeléctrica y generar ingresos para el país, ventas que son proyectadas para dentro de 10 o 15 años cuando se terminen estas infraestructuras. El vicepresidente García Linera, no parece ver límites a la expansión, ni el daño que se haría al sistema hídrico en el país: “Por eso es que en todo Bolivia, con el presidente Evo (Morales), hemos sobrevolado en helicópteros, observando y buscando, dónde puede haber una represa, y buscando gas. Estamos a la pesca de dónde hay más gas y dónde hay agua, dónde hay represas. Allí donde hay agua está cayendo oro puro. Donde hay agua, donde se pueden hacer represas está guardado el oro, dinero.”

Apoyado en el imaginario colectivo de soberanía energética y crecimiento para tener mas justicia y redistribución bajo el slogan “Bolivia corazón energético de Sud América”, el

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http://www.paginasiete.bo/economia/2015/11/9/garcia-linera-anuncia-gobierno-esta-enbusca-agua-para-construir-represas-76338.html

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gobierno a tomado una agenda muy agresiva en los planes de electricidad y energía para mantener su popularidad dando rienda suelta a un desarrollismo extractivista planteándose un plan de exportación en dimensiones que no se acaban de entender, pues su objetivo es llegar a una potencia instalada de 13.386 MW en 2025 para abastecer la demanda interna con 3.386 y exportar 10.000MW en 2025, en una región que ya en 2010 tenía una potencia instalada de 236.140 MW, por lo que este objetivo representaría menos del 1% del total instalado en Sudamérica. (OBCCD, 2018) Lo que voces críticas en el país se preguntan es por qué no se consideran en estos planes el potencial de energía solar que tiene el país y los procesos de transición energética que están haciendo los vecinos, además de las exponenciales bajas de costo y los avances tecnológicos en energías alternativas que se están produciendo en el mercado de la energía. Además nos preguntamos si la exportación de energía es un imperativo o si mas bien se debería apostar por la soberanía energética en nuestro territorio con políticas sociales de transición.

Potencialidades, conflictos y desafíos Voces críticas de la sociedad civil, de las organizaciones comunitarias e instituciones dedicadas al análisis de los hidrocarburos afirman que esta decisión es, en parte, para contener la caída de ingresos por exportación de hidrocarburos debido la crisis de los precios del petróleo a nivel internacional y también porque las reservas de gas en el país han bajado y no le permiten cumplir con las metas de exportación a que se ha comprometido; los ingresos por regalías e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) han bajado a precios muy menores.

Por ejemplo, el 2017 el precio de venta a la Argentina bajó de11 $US por millón de BTU (Unidad Térmica Británica) en 2012 a menos de 3 $US por millón de BTU en 2016. Mientras que la demanda de gas interna está creciendo. En Julio de 2016 la Argentina aplicó una multa de 2.224.068 dólares a Bolivia por incumplir con el suministro de gas al vecino país (TUNUPA Nº 100, 2018). Afirman que la caída de ingresos por exportaciones de gas que ponen en peligro la estabilidad sobre la que se sustenta el sistema económico y político con la redistribución de ingresos a grupos sociales, universidades municipios y el tesoro, por lo que el gobierno estaría buscando formas alternativas de ingreso.

Su apuesta es un plan de energía para generar ingresos en base a construir mega hidroeléctricas en tres regiones del país: el sur, el centro y el norte, que exportarían electricidad a los países vecinos, para pasar de una potencia instalada de 1.600 MW a 13.382 MW hasta el 2025. Según el Ministerio de Energía (antes Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas) el consumo interno en 2025 necesita una potencia instalada de 3.000 MW y por tanto se podría exportar el excedente de 10.000 MW en 2025. Y por ello han desarrollado un Plan de 4 Mega Hidroeléctricas en el territorio boliviano con un valor de 25.000 millones de $Us. y una intervención en los territorios que inundaría miles de kilómetros cuadros de bosques y selvas tropicales, hábitat de numerosas comunidades indígenas.

Las represas proyectadas son: 1) el Chepete y El Bala (Amazonia del Departamento de La Paz) 2) el Complejo hidroeléctrico de Río Grande que incluiría 8 represas a lo largo del Rio Grande: Rositas (Chaco cruceño), Jatun Pampa, Seripona, Cañahuecal, Las Juntas, Ocampo, Peña Blanca, La Pesca 3) Cachuela Esperanza (Beni) 4) Hidroeléctrica Binacional Bolivia-Brasil (Beni, frontera Norte del país) No es difícil avizorar las consecuencias de las mega represas en los ecosistemas de los ríos que transportan sedimentos con minerales y nutrientes de una zona a otra contribuyendo a su

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equilibrio y biodiversidad pues los sedimentos que dejarán de circular para mantener y recrear la biodiversidad de los ecosistemas. Pero también se cuestiona los cálculos de beneficios que, como veremos más adelante, no necesariamente implican equilibrios ni ganancias.

Y la energía solar?

Es curiosa la decisión de Bolivia por apostar a energías fósiles y grandes hidroeléctricas. Mas aún con las condiciones que tiene Bolivia para desarrollar energía solar que permitiría una transición más amigable con el medio ambiente. Bolivia y Chile poseen por su geografía la mayor radiación solar de Sudamérica. Bolivia tiene una alta radiación solar en el sur de sur territorio. Chile la tiene en el norte, en el desierto de Atacama colindante con Bolivia.

Bolivia, a pesar de esta cualidad no está apostando por esta energía y en realidad actualmente poco menos del 5% de su matriz energética viene de fuentes alternativas como la solar, eólica o biomasa (del bagazo de caña de azúcar). Y la energía fotovoltaica representa apenas el 0,24%. Chile lo ha hecho desde 2014 y ha dado un salto enorme en la transición a energía fotovoltaica pasando de 3MW en 2012, a 1.041 MW en 2016 (IEA) y en su plan de transición energética perfila instalar 8.000 MW en el futuro cercano. Según la CNE de Chile en el 2017 la energía fotovoltaica ya representa el 7 % del total de potencia instalada.

¿No sería pertinente, nos preguntamos, indagar sobre las apuestas por energía alternativa de los vecinos y relativizar esa idea de exportar energía destruyendo bosques, territorios y ríos para venderla a vecinos que ni siquiera han asegurado que la comprarían? Sería absurdo pensar que puesto que ellos no están haciendo transiciones a otras fuentes. El avance en

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energía fotovoltaica en Bolivia es poco significativo sin embargo, las autoridades parecen no dimensionar las alternativas y afirman que “somos lideres en energía renovable”.

Actualmente existen cinco proyectos para energía solar que están en la fase de construcción, licitación o diseño. Cuatro de ellos estarían conectados al SIN y uno sería parte de un sistema aislado, pero son muy pequeños: Proyectos de Energía Solar en Bolivia (2017) Proyecto solar fotovoltaico Uyuni, Potosí, 60 MW 2017 Banco Central de Bolivia ENDE. 654 millones de Bs.  Proyecto solar fotovoltaico Oruro Fase I, de 50 MW, 2018 ENDE 870 millones de Bs. Financiamiento parcial de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) por 70 millones de euros.  Proyecto solar fotovoltaico Yunchará, Tarija, de 5 MW 12 millones de dólares.  Proyecto solar fotovoltaico Oruro Fase II. 50 MW 2018 125 millones de dólares.  Proyecto solar fotovoltaico Proyecto solar híbrido de Riberalta de 5.8 MW, 12 millones de dólares (Fundación Solón, TUNUPA Nº 101: Bolivia Solar, Noviembre 2017 ) 

En síntesis, para fines de esta década se tendrían en operación 165 MW de energía fotovoltaica integrados a la red y más de 10 MW en sistemas aislados, haciendo un total de 175,8 MW de energía fotovoltaica. Y en todo caso según el plan de ENDE en la Agenda Patriótica en 2025 las energías alternativas (solar, eólica y biomasa) que hoy son 2% son celebradas como si fuéramos “líderes en alternativas”, aunque solo serán un 4% de la matriz energética planificada.

CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES La transición energética que proyecta Bolivia es en base a grandes y millonarias infraestructuras para hidroeléctricas junto y al mismo tiempo que energías fósiles, en particular su apuesta por encontrar mas campos de gas y de petróleo.

La narrativa que acompaña estos planes puestos ya en ejecución es la de ser una “gran potencia” pero también la de que somos “líderes en energía renovable y sustentable” en la que incluyen: el gas, la hidroeléctrica, solar y eólica, aunque éstas últimas constituyan porcentajes muy pequeños. Este enfoque con prioridad en grandes infraestructuras está generando serios conflictos y resistencias locales, divisiones en las comunidades y organizaciones sindicales y comunitarias y atropellos por la falta de consulta con los pueblos que serán desplazados o afectados. Veamos algunos de los conflictos socio ambientales que se están dando en la resistencia a las hidroeléctricas.

El Complejo del Bala-Chepete Anunciado por el gobierno en 2015 el proyecto hidroeléctrico del Bala Chepete, se pretende desarrollar en la Amazonía paceña, ha generado una fuerte respuesta social –probablemente inesperada-. Estamos hablando de las áreas protegidas del Madidi y Pilón Lajas en la región amazónica del Departamento de La Paz, allí donde se encuentra según expertos la mayor riqueza biológica de Bolivia y allí donde habitan indígenas chimanes, tacanas y mosetenes cuyo referente territorial y cultural desde hace siglos está amenzado. Los anuncios del presidente y sus ministros daban por seguro que el proyecto ería bien recibido pero encontraron una fuerte resistencia de las organizaciones y denuncias sobre la falta de mecanismos de consulta que respetan sus opiniones y su territorio. Se trata de un proyecto de los años 50 que quedó archivado y que hoy es revivido por Evo Morales, advirtiendo que se

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opongan los que el llama “fundamentalistas ecologistas”. El proyecto tendrá un costo entre 6.000 y 9.000 millones de dólares, tardará al menos 7 años en hacerse, inundará mas de 750 km2 y desplazará al menos a 3.200 personas en la zona y otras tantas en comunidades aledañas lo que significaría 5.164 habitantes de la zonda desplazados.

El gobierno contrató –sin consulta previa a los habitantes originarios de la región a una empresa italiana GEODATA (Italia) para los estudios de prefactibilidad por un valor de 3.1 millones de $Us. El informe de esta empresa que fue un informe no abierto a la ciudadanía, establece que el proyecto estaría formado por dos hidroeléctricas sobre el rio Beni: uno en la angostura del Chepete y otro cerca a la angostura de El Bala. La primera es de 158 metros de altura formando un embalse de 677 Km2, y la de El Bala elevaría el nivel del agua en unos 20 metros formando un embalse de 149 Km2, esta segunda presa estaría formada por compuertas y generadores que estarían en medio del rio y tendría “compuertas”, “escaleras” y “ascensores” para permitir el paso de los peces rio arriba para desovar. A todas luces una cirugía frankestein pues estas dimensiones –citadas en el informe- inundarían un área superior a la extensión de la ciudad de La Paz y el Alto y según las observaciones del OBCCD “los dos embalses cubrirían un área cinco veces superior a la mancha urbana de la ciudad de La Paz; si el Lago Poopó no recupera su caudal, el Chepete sería el segundo lago más grande de Bolivia” (OBCCD, 2017) Su implementación no solo significaría el desplazamiento de miles de indígena-campesinos originarios de la zona de los Territorios Comunitarios de Origen de Mosetenes, pero también de comunidades Chimanes, Lecos, Tacanas, Uchupiamonas legalmente reconocidos dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, en total 46 comunidades, sino también la afectación a 424 especies de flora, 201 especies de mamíferos terrestres, 652 especies de aves, 483 especies de anfibios y reptiles y 515 especies de peces, según el propio informe que también destaca que “Las altas concentraciones de sedimentos podrían afectar la operación de varias estructuras como captaciones, conducciones, embalses, turbinas, y otros componentes, debido a la acumulación y al efecto abrasivo de los sólidos” (Boletín TUNUPA Nº 100/Abril 2017) y los embalses, caminos y líneas de transmisión eléctrica generarán una deforestación superior a las cien mil hectáreas.

Sorprendentemente, los reportes no cuantifican las emisiones de gas metano (CH4) que se producirían por la descomposición de bosque bajo el agua de los embalses, que según expertos son una de las fuentes mas potentes para el calentamiento global y producen 72 veces más calor que el dióxido de carbono. Si seguimos hablando de contaminación alarma que se utilizarían 4.700 toneladas de explosivos y más de 200 camiones con capacidad de 23 toneladas según los datos difundidos por el Observatorio de Cambio Climático y Desarrollo.

La magnitud del impacto en la salud humana que provocarían las aguas estancadas no es analizada en las fichas ambientales. Ni tampoco es analizada la pérdida del patrimonio arqueológico de hace 4.000 años que se encuentra en la zona.

Lo mas grave de todo es la viabilidad económica del proyecto. Según el estudio de GEODATA la energía que se puede derivar de esta enorme infraestructura estaría a un precio de 55 $Us/MWH – 81 $Us/MWH. Si la idea es exportarla a Brasil, este país durante la última década ha comprado energía a un precio de 52 $Us/MWH y habrá que ver cuánto bajará la energía en el futuro en la región con los cambios tecnológicos que se están produciendo. A pesar de que el propio informe de GEODATA no avizora una rentabilidad del proyecto y contando con las dificultades del traslado de esa energía a la frontera (cuyo costo no está contabilizado en los proyectos de factibilidad) y la resistencia social al proyecto, el Gobierno ha vuelto a contratar a la empresa GEODATA para el estudio de factibilidad por un costo de mas de 11 millones de dólares y sin una convocatoria pública, hecho que ha sido interpelado por Pablo Solon, Ex embajador de Bolivia ante las NNUU y activista quien mediante una

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carta pidió al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional se investigue los contratos entre ENDE con la empresa italiana Geodata por posible daño económico al Estado.

El Chepete tardaría entre seis y diez años en construirse y estaría en funcionamiento alrededor del 2025 y El Bala se construiría 10 o 15 años después, es decir que estaría en operación alrededor del 2040. Habrá que preguntarse en 10 años si estos costos van a variar y si Brasil estaría dispuesto a pagar un sobreprecio por esta energía. Eso sin contar la dinámica de transición que se da en América del Sur que está ejemplificada por la transición a energía solar de Chile, y las apuestas que Brasil y Argentina están haciendo hacia fuentes de energía limpias o no en sus propios territorios, y sin tomar en cuenta además la baja de costos exponencial que está experimentando la tecnología para transición a energía solar y eólica en el mundo.

El Complejo de Rio grande: el caso Rositas Rositas es una región ubicada a lo largo del Río Madre de Dios al sur de Santa Cruz, está en un área protegida ubicada a lo largo del río y es poseedora de una biodiversidad asombrosa.

Rositas está en el área del Parque Nacional y Área de Manejo Integrado (ANMI) Serranía del Iñao, el Área de Manejo Integrado Río Grande – Valles Cruceños y el Área Protegida Municipal Parabanó que según los estudios que se han realizado por instrucción de la Empresa Nacional de Electricidad serán áreas de impacto del Proyecto Hidroeléctrico Rositas. Pero además, desde 2014 está en gestión para su declaración de Reserva de la Biosfera del Río Grande (RBRG) ante la UNESCO: se trata de Río Grande Valles Cruceños, Parque Municipal Parabanó, el Santuario de Vida Silvestre y Laguna Esmeralda, parte de esta región Mariele Cauthin (OBCCD, 2018).

Rositas es la primera región en ser afectada por el Complejo Hidroeléctrico de Rio Grande junto a 8 otras regiones con una afectación de y que abarca los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca. Alli se construirá la primera hidroeléctrica del Complejo que demandará 1.000 millones de dólares. Esta primera represa inundará 150.000 hectáreas, desplazará a 14 comunidades y dará fin con el hábitat de 374 especies de aves, 136 especies de mamíferos, y al menos 60 de peces así como de 2.415 especies de flora endémica del Area Protegida Municipal Parabanó. (OBCCD) Según fuentes de prensa, la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) ha firmado contrato con el consorcio de empresas chinas Asociación Accidental Rositas (AAR) para su construcción y puesta en marcha bajo la modalidad llave en mano. El megaproyecto está financiado por un crédito chino de 1.000 millones de dólares, otorgado por el EXIM BANK CHINA. La Asociación Accidental Rositas está compuesta por tres empresas dos de ellas chinas: la China International Water & Electric y China Three Gorges Corporation 13.

"Bolivia se prepara para ser el centro energético de Sudamérica y Santa Cruz es parte de esta generación de nueva energía”, expresaba el presidente Evo Morales a la firma del contrato en 2015 en un acto público que reunió al vicepresidente Álvaro García Linera, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas y el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez. “Por eso Presidente (Morales) yo no voy a criticar ni a estar en la oposición absurda, todos sabemos la importancia trascendental de lo que significa esto para toda Bolivia y obviamente para Santa Cruz”. Le decía a Evo entonces el Gobernador Costas, representante de la derecha opositora al proceso de cambio desde antes de 2009, reconociendo

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La empresa China Three Gorges Corporation fue la que construyó la gigantesca presa china Tres Gargantas, que ha tardado 23 años en terminarse y ha provocado monstruosos impactos ambientales desplazando más de 1 millón de personas de sus territorios.

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que es un proyecto de aspiración de su departamento que data de 50 años atrás. (P7, Septiembre 2015)14 Investigaciones del OBCCD (Observatorio Boliviano de Cambio Climático y “Desarrollo”) señalan que la predilección por empresas chinas no es casual y que si bien se han elegido dos para la ejecución del proyecto, todas las empresas que se presentaron no sólo que eran chinas sino que todas están relacionadas entre sí y son de propiedad del Estado chino (JP Neri, OBCCD, 2018).

El proyecto ha encontrado una gran resistencia de los habitantes de la región que denuncian que los proyectos de exploración ya se están realizando sin haber hecho una consulta previa como manda el Convenio 168 de la OIT, aunque se ha encontrado con la resistencia del gobierno a escucharles. Al parecer, un esquema que se repite en la gestión estatal al tratarse de proyectos extractivos y de infraestructura en territorios indígenas es la falta de mecanismos de consulta transparentes. Los pobladores de la región en su resistencia le recuerdan con cierta ironía al Gobierno que parte de la “Ruta del Ché” sería también borrada por la represa en caso de construirse.15 La Energía Nuclear La energía nuclear es otra de las apuestas del gobierno aunque su planteamiento está hecho con muy poca transparencia y no queda clara aún su dimensión a no ser por los miles de millones de dólares que anuncian serán utilizados en este emprendimiento.

El Centro de Investigación Nuclear (CIDETEN) fue anunciado en marzo de 2013 por Alvaro García Linera, a pesar de que en la Cumbre Mundial de los Pueblos por el Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra en Tiquipaya el año 2011 y tras la catástrofe nuclear de Fukushima en Japón Morales descartara la generación de energía nuclear, solidarizándose con las víctimas. Pero en 2010 Evo Morales había suscrito un memorándum con el presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad para “desarrollar energía nuclear con fines pacíficos”.

El 2013 varias organizaciones ciudadanas lanzan la declaración “No a la energía nuclear en todo el mundo: No más Chernóbil ni Fukushima” En febrero del 2015 Bolivia inscribe ante la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) el proyecto del primer Reactor Nuclear de Investigación y recibe una misión de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) que visita a Bolivia para conocer la planificación del proyecto nuclear y explicar las líneas de trabajo que se requieren para dar inicio al plan. Los vecinos de la zona donde se pensaba implementarla rechazan el proyecto por su peligrosidad y falta de transparencia y obligan al gobierno a retroceder. 16 El gobierno traslada el proyecto a la ciudad de El Alto, mientras que Morales lo justifica afirmando que Bolivia tiene materia prima para la producción de energía nuclear y anuncia que la inversión estimada sería de 2.000 millones de dólares hasta el año 2025, lo cual alerta de la dimensión del proyecto.

14 http://www.paginasiete.bo/economia/2016/9/15/gobierno-adjudica-construccion-hidroelectrica-rositasempresa-china-109911.html 15 El 11 de octubre del 2017 el Comite de Defensa de la Tierra y Territorio ante el proyecto Hidroeléctrico Rositas envió una carta al presidente, Evo Morales, expresando su directa oposición al proyecto hidroeléctrico, resaltando los impactos sociales, económicos y ambientales de la mega-represa. https://obccd.org/2018/01/24/carta-dirigida-al-presidente-evo-morales-en-oposicion-al-proyectohidroelectrico-rositas/ La problemática de Rositas parte del Complejo hidroeléctrico Rio Grande está reflejada en el Documental Plataforma Boliviana frente al cambio climático: https://www.youtube.com/watch?v=roFIDLyhcfo 16 http://eju.tv/2015/08/la-paz-vecinos-de-mallasilla-anticipan-su-rechazo-a-proyecto-nuclear/

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Aunque este proyecto ha sido rechazado varias veces por su inconsistencia y peligrosidad, ha ido avanzando lentamente con acuerdos con Francia, con Argentina y con Rusia. En marzo del 2016 nace la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN) y elige a un Doctor en Educación Superior Silverio Chávez Ríos como director y aunque recalcan que se trata de un proyecto para la salud de los bolivianos, el mismo lo sigue manejado por el Ministerio de Energía.

En marzo del 2016 el Estado Plurinacional de Bolivia firma dos tratados que se convierten rápidamente en dos leyes: ley 787 “Cooperación en el campo de uso pacífico de energía nuclear” y 788 “Cooperación en la construcción del centro de investigación y desarrollo de tecnología nuclear”. El proyecto actualmente tiene tres componentes: Ciclotrón, Centro de Irradiación e alimentos y semillas y Reactor Nuclear. En julio del 2016 Bolivia y Rusia firman tres memorandos para la puesta en marcha de la construcción del Centro de Investigación Nuclear a cargo de ROSATOM (Rusia) e inicia la construcción del Centro de Investigación Nuclear en un barrio pobre de la ciudad de El Alto con una inversión de 300 millones de dólares. Mientras que activistas del movimiento anti nuclear boliviano advierten que se trata de un proyecto que vulnera gravemente la CPE en su artículo 344 que prohíbe el tránsito de desechos nucleares en territorio boliviano: “Se prohíbe la fabricación y uso de armas químicas, biológicas y nucleares en el territorio boliviano así como la internación tránsito y depósito de residuos nucleares y desechos tóxicos” ya que imposible hacer una central sin realizar algún tipo de traslado del combustible nuclear o sacar los desechos.

(Kalapurka Antinuclear, Boletín Nº 1).

Ambos tratados omitieron además controles constitucionales obligatorios previos establecidos tanto en el Código Procesal Constitucional (Ley 254) y en el Procedimiento para la celebración de Tratados Internacionales (Ley 401), generando un precedente nefasto para el Estado de Derecho del país, como señala la posición del Movimiento boliviano ante la amenaza nuclear.

La invasión petrolera en Tariquía La ampliación de las exploraciones hidrocarburíferas en parques nacionales para las petroleras y los grupos mineros aprobada en Mayo de 2015, amenaza los territorios y está mellando la integridad del tejido social comunitario en las regiones donde se dice que hay petróleo y gas. Morales aprobó el Decreto Supremo Nº 2366, el 20 de mayo de 2015 explícitamente dirigido a facilitar la exploración hidrocarburífera en los Parques Nacionales, bajo la justificación del “desarrollo sostenible” y la reducción de la pobreza y la postergación de las comunidades de los bosques: “Que de conformidad a los mandatos constitucionales, es necesario establecer medidas normativas relacionadas a actividades hidrocarburíferas que se desarrollen en áreas protegidas, promoviendo la reducción de la extrema pobreza en comunidades que habitan las áreas protegidas y la gestión integral de los sistemas de vida en las áreas intervenidas, así como el fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, a fin de garantizar las funciones esenciales del Estado para el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales y beneficio de todas las bolivianas y bolivianos y el bienestar de las generaciones actuales y futuras.”

Y establece que: “Se autoriza a YPFB Casa Matriz, realizar transferencias interinstitucionales de hasta el uno por ciento (1%) del monto de inversión prevista por la estatal petrolera para las actividades establecidas en el presente Decreto Supremo, destinadas a la gestión ambiental integral y el fortalecimiento prioritario del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.”

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El Caso de la reserva de Tariquía al sur del país es uno de los territorios afectados por estos proyectos y apertura a las áreas de los parques nacionales. Declarada reserva nacional de flora y fauna en el bosque de Tarija en 1992, esta región ha sido prácticamente concesionada a las petroleras, con la promesa de atraer mas dinero y divisas al departamento de Tarija. Apoyado en el Decreto 2366 para la ampliación de exploración y explotación en los Parque nacionales, en Marzo de 2018 el Gobierno aprueba una Ley para la exploración y explotación de hidrocarburos en San Telmo y Astillero (Tariquía) otorgando a Petrobras YPFB –“socios y no patrones”- la concesión para estas actividades con un impacto en 21.093 hectáreas y con un valor de 700 millones de dólares de inversión.

Se trata de una región más de 246.000 hectáreas las que están dentro de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, una enorme biodiversidad que forma parte de un corredor ecológico bi nacional que incluye territorio en el Sur de Bolivia y Norte de Argentina con al menos 808 especies de flora y 406 especies de fauna e importantes fuentes de agua.

Pobladores de la zona, en declaraciones públicas, han denunciado que las exploraciones que se están haciendo desde hace ya varios años están impactando en la disponibilidad de agua pues se utilizan cantidades enormes de explosivos y se alteran el curso de los acuíferos. Las mujeres de las comunidades han sido muy activas en denunciar el peligro de despojo y desplazamiento de sus comunidades, pues se verían obligadas a salir de sus territorios con sus familias. Esta decisión ha dividido a las comunidades y el sector de organizaciones campesinas cercanas al gobierno se enfrentan con las organizaciones locales opuestas al proyecto.

Más aún, el reciente anuncio del gobierno de abrirse al fracking en alianza con grandes empresas petroleras apunta a realizar exploraciones precisamente en esta zona. http://www.paginasiete.bo/economia/2018/4/13/gas-ypfb-se-abre-al-fracking-anunciamillonaria-inversion-176472.html Existen varios otros proyectos en el marco de la estrategia energética “mega potencia” que están afectando a las comunidades indígenas y creando conflictos socio ambientales . Por ejemplo, como efecto de la misma política, pueblos no contactados en el Norte de La Paz han sido reportados en peligro por los impactos de la exploración hidrocarburífera por el uso de explosivos que pone en riesgo sus vidas al límite del etnocidio. La existencia de pueblos no contactados en la Reserva de Toromonas fue reportada por la propia compañía china BGP, a la que se le había otorgado la concesión de exploración petrolera Sísmica 2D. El ministro ha negado su existencia aludiendo que fue una mala información, pero instituciones como el CEDIB, CEJIS y la Central de Comunidades Indígenas Tacanas II Río Madre de Dios (CITRMD) han presentado un recurso cautelar ante la CIDH (Comisión Interamericana de DDHH) en Septiembre de 2017 pidiendo parar las exploraciones y contactar a los pueblos señalados.

O el caso de la industria de polipropileno (plástico) para diversificar la industria hidrocarburífera, de ingresar en la industria del etanol sin considerar la dinámica de deforestación que implica, de seguir ampliando las exploraciones petroleras disponiendo de 100 áreas para exploración sísmica, son parte de una dinámica que tensiona la sociedad boliviana. Estas nuevas estrategias no hacen mas que sorprender y alertar a los movimientos que intentan responder a todo intento por efectivizar este dramático giro extractivista del modelo boliviano.

El fracking a paso de parada en los territorios indígenas Como hemos dicho, las cifras negativas en la disponibilidad de reservas de gas y petróleo están provocando –antes que pensar en una transición energética justa y sostenible que nos

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hagan menos dependientes de las energías fósiles- una ampliación en las políticas de exploración y expansión de actividades de las petroleras en las áreas protegidas de nuestro territorio, en sus parques nacionales y reservas naturales. Las políticas y leyes estatales para esta ampliación parecen no encontrar límites y hace unos años, a pesar de las declaraciones de funcionarios del gobierno afirmando que Bolivia no entraría al fracking como una postura ideológica alineada con Venezuela, en los últimos años se han estado realizando exploraciones para encontrar reservas de gas no convencional. Las empresas que están involucradas son la francesa BEICIP FRANLAB y la canadiense CANCAMBRIA. Beicip se ha encargado de mapear las cuencas y desarrollar un estudio prospectivo para un modelo de explotación mediante la tecnología del fracking tanto para gas y petróleo.

Para el Ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, se trata de un “cambio de paradigma” en la exploración de hidrocarburos en Bolivia y que ahora se va a entrar a explorar en las cuencas para una evaluación de los “recursos convencionales y no convencionales”: "Hemos realizado un cambio de paradigma en la exploración de Bolivia, antes sólo se exploraba el Sub Andino Sur, que prácticamente es de Villamontes a Camiri, y a niveles someros. Con Beicip hemos definido que el estudio debería ser a nivel de cuencas como el Sub Andino Sur, Sub Andino Norte, Madre de Dios, Pie de Monte, Lllanura Chaqueña, que nos permita tener una evaluación de los recursos convencionales y no convencionales. En ese marco, Beicip nos da una estimación de 130 TCF’s en todo el país en recursos convencionales, mientras que en no convencionales esta estimación se estaría multiplicando en casi cinco veces más” (Ministro Luis Sánchez, La Razón, 3 de Marzo 2018) 17 El Ministro habla de la Cuenca Madre de Dios en Beni y Pando y del Chaco tarijeño. Según sus declaraciones el entusiasmo sobre dar el salto a país petrolero y gasífero (aparte de energía mega hidroeléctrica) es el que guía esas exploraciones que en su visión, pueden determinar un “cambio en la historia de los hidrocarburos de Bolivia” y señala que se está encargando de la seguridad jurídica para su éxito.

"El factor de reposición, y lo dice una de las empresas más grandes del mundo, puede ser entre el 1 a 10%. Beicip Franlab y YPFB muestran el escenario más conservador que es el 1%, pero si calculamos a un 10% estaríamos hablando de 40 millones de barriles de petróleo y 120 TCF’s de gas convencional", "Por todo ese análisis integral que hacen las empresas hoy apuestan a invertir en Bolivia, vienen muchas empresas y eso traducimos en firmas, acuerdos, en intenciones para luego materializarlas en nuevos contratos, por ello es que estamos atrayendo inversiones, este año haremos dos promociones de áreas en el extranjero, empezamos el año pasado en el FPEG, este año trataremos de superar los $us 4.500 millones en inversión extranjera para exploración y explotación en nuestro país” (Ibid.)

Estas actividades, las que menciona el ministro y las otras relacionadas a las grandes hidroeléctricas que hemos descrito brevemente, se las ha hecho sin seguir los procedimientos de consulta previa del Convenio 189 de la OIT. Varias organizaciones indígenas, alianzas de

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(Ministro Luis Sánchez, La Razón, 3 de Marzo 2018) http://www.la-razon.com/economia/gas-boliviaestudios-exploratorios-cuencas-convencional_0_2885111475.html

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la sociedad civil e instituciones, han dado seguimiento a la sistemática falta de consulta en estos emprendimientos. Este es un tema delicado porque mediante el decreto 29033 el Estado se atribuye el derecho de decisión sobre el territorio originario si no hubiera respuesta de las comunidades afectadas. Con ello amplía un margen de manipulación que puede posibilitar una interpretación que posibilite las invasiones de territorios dándoles un status legal y hacer vulnerables más de 30 millones de hectáreas hoy día sometidas a las actividades petroleras y de energías.

Las mujeres, la energía y las políticas de inversión social Las mujeres de los territorios afectados, viven de manera exacerbada esta problemática, sobre todo por el impacto del extractivismo invasivo sobre sus vidas y su cotidianidad. Existen también varios reportes que señalan que estos nuevos asentamientos para “el desarrollo” exacerban la problemática de violencia de género, con casos de acoso, trata y violencia.

Pero hay otra perspectiva para valorar las contradicciones que están contenidas en un modelo extractivista e industrialista como el que hemos intentado describir en este artículo: la problemática de la violencia que es estructural y que como dos caras de una misma moneda, atentan contra la naturaleza y contra el cuerpo de las mujeres.

Hemos dicho que 38% de los impuestos por hidrocarburos (IDH) van a los Municipios para gasto social. La Ley 348- Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia 18 incorpora un artículo referido a que una parte de este impuesto debe estar destinado a prevención y atención de la violencia contra las mujeres: Una de las observaciones que se ha hecho a esta Ley y a las políticas es que las inversiones para prevención son insuficientes. Los estudios señalan que en los presupuestos municipales y de las gobernaciones esta inversión social está en un orden del 1.91% cuando hablamos de género y grupos vulnerables. Los presupuestos asignados a programas específicos para erradicación de la violencia de género a nivel de municipios y gobernaciones no pasan del 0,33% (S. Fernández, Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza) 19.

Esta investigación también señala que en 2015 los fondos del IDH destinados a seguridad ciudadana que según la Ley 348 y el Decreto Supremo 2145 debieron haberse usado para construir casas de acogida para mujeres no fueron siquiera ejecutados en 6 de las 9 gobernaciones. Es decir que no se invierte eficientemente en la institucionalidad que debería apoyar la Ley20 ni existen mandatos claros desde el Estado para que esta “redistribución” vaya cerrando las brechas de exclusión y de género.

En los presupuestos nacionales de cada año, las inversiones sociales no se incrementan, mientras que para la exploración y explotación de recursos naturales en bosques y las inversiones en infraestructuras para transportes, energía e hidrocarburos juntas sumaron el 65% del presupuesto estatal para 201621. Curiosamente en este esquema, como dijimos, para el 2025 las energías renovables andan por el 4% de la matriz energética que se está

18 Las cifras de mujeres muertas, asesinadas y golpeadas por sus parejas, en sus casas y en la calle han crecido de manera aberrante: en Bolivia cada tres días una mujer es asesinada por feminicidio, por causas relacionadas con la violencia de género 19 Seis Gobernaciones no ejecutaron su presupuesto contra la violencia de Género http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20160712/seis-gobernaciones-noejecutaron-su-presupuesto-contra-violencia-genero.

Contribución de la Inversión Pública 2015 de Gobernaciones y Municipios a la Igualdad de género. Silvia Fernández (investigadora) https://drive.google.com/file/d/0B89nBJDcPa5lYlczYzNlTWNUUDg/view 20 Problemas con la Ley 348 contra la Violencia de Género http://www.datosbo.com/Bolivia/Sociedad/8-problemas-de-Ley-Contra-Violencia-a-Mujeres

21 Análisis del presupuesto de Estado 2016 (Fundación Jubileo) 25

construyendo para el futuro. Tan poco como lo que se invierte en las mujeres con el agravante de que estas decisiones se toman en la cúpula política masculina patriarcal que “sabe lo que es mejor” para la mujer, la sociedad y el futuro.

Conclusiones La experiencia de Bolivia nos ofrece una oportunidad extraordinaria para reflexionar no solo las narrativas de cambio social, sino también para entender los desafíos contemporáneos de la transición social y ecológica en un país en el que, a pesar de ser parte de las naciones que encararon procesos de cambio progresistas, el “desarrollismo” y el “hiper extractivismo” se imponen con fuertes impactos en los territorios, en los derechos de los pueblos indígenas y en la posibilidad de erguirse como un modelo alternativo al capitalismo.

A pesar de sus luchas antineoliberales, el país se debate entre la rearticulación de los poderes de las transnacionales y el ideal de “liberación nacional y justicia social” bajo los principios del Vivir bien. La imposición de la estrategia de energía que es a todas luces insostenible: no se enmarca en criterios de transición justa, no considera de manera integral las respuestas al cambio climático ni respeta los mecanismos de consulta previa del Convenio 189 de la OIT, y ni siquiera los principios constitucionales que podrían salvaguardar los territorios y los derechos indígenas.

Visto está que: ser “socialista” o “progresista” no implica automáticamente una visión ecologista ni de transición justa. Los modelos e imaginarios industrialistas que inspiraron a países como Rusia o China prevalecen a pesar de que las condiciones en el planeta han cambiado y se haya sobrepasado los límites por la sobre explotación de los recursos del planeta. Esos modelos son los que se han impuesto en Bolivia.

El “vivir Bien” Las visiones del Vivir Bien y de los Derechos de la Madre Tierra no han posibilitado la generación de modelos de sociedad, economía y energía que respeten sus principios de complementariedad, reciprocidad, equilibrio con la naturaleza, descolonización y otros elementos que lo caracterizan; estos principios no han encontrado una aplicación en la política económica, social y de energía que, al contrario, parece reproducir el paradigma capitalista de crecimiento infinito y despojo de los cuerpos y los territorios.

Balance y debate autocrítico desde el progresismo y el “vivir bien” Nos parece entonces que es fundamental un balance autocrítico del progresismo. La posibilidad de un cambio social y cambio de sistema que se abrió a principios de Siglo XXI, ha encontrado su límite en el modelo de desarrollo en el que prevalece una visión que carece de una lectura adecuada del sistema capitalista y del “sistema mundo”. Se debe dar un debate profundo y objetivo sobre los caminos que la izquierda “fosilizada” ha planteado para el cambio social en América Latina. Un aspecto importante de este análisis será mesurar la reproducción del esquema capitalista bajo el concepto del crecimiento infinito.

La narrativa de transición justa -(sin mencionar el horizonte del ecosocialismo, el decrecimiento o el anticapitalismo desde la economía y la cultura)- no estuvo plenamente instalada en la visión, ni en los imaginarios, ni en las narrativas de transformación social y recién empiezan a tener un lugar desde las corrientes críticas a este modelo que se impone con autoritarismo.

http://www.jubileobolivia.org.bo/publicaciones/documentos/item/410-analisis-delpresupuesto-del-estado-2016.html

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Un modelo “hiperextractivista La matriz energética que se está desarrollando en Bolivia no sólo tendrá un impacto en los ecosistemas y desplazará comunidades indígenas, sino que nos harán dependientes de un modelo insostenible y caro. En Bolivia la visión hiperdesarrollista, hiperextractivista –como empiezan a llamarle desde los activismos-, es insostenible. De concretarse, el país tendrá una cadena de infraestructuras caras, destructivas y dudosamente eficientes en términos de rentabilidad y del objetivo planteado desde el gobierno, cual es convertirse en una Potencia Energética en la región.

El ideal del convertirse en una potencia, hace referencia a una visión patriarcal y falocéntrica del desarrollo y la energía. Es sintomático que el discurso y la manera de imponer este modelo esté acompañado de una retórica patriarcal y machista violenta que expresa muy bien la alianza entre capitalismo y patriarcado, este último como el componente estructural, ideológico y simbólico de la expansión del extractivismo en los territorios. Es sintomático también que la inversión en el bienestar y el desarrollo de las mujeres sea tan bajo y en la misma proporción que la inversión en sistemas de energía renovable o inversión en políticas tendientes a la restauración de la Naturaleza (como es el caso de los pasivos ambientales por la minería). La madre tierra y el cuerpo femenino se coloca en el lugar las dinámicas de despojo, autoritarismo, violencia y falta de garantías para una vida plena.

Alternativas para la transición energética justa Sería fundamental generar un diálogo informado sobre las consecuencias de este modelo y sobre la pertinencia de encarar procesos de transición energética que no solo abarquen los aspectos técnicos sino sociales y civilizatorios.

Activistas de la energía en Bolivia han planteado que en lugar de embarcarse en proyectos a largo plazo con altísimas inversiones de dinero que superaran los 25.000 millones de dólares, en varios casos préstamos a cuenta de deuda y que marcarán el futuro de Bolivia para los próximos 50 años, habría que buscar un sistema de autoabastecimiento de energía y sistemas de energía local distribuida a partir de energías renovables. Las experiencias que se están dando en algunos países para la transición energética a energía solar son emblemáticas, aunque no libres de tensiones, pero abren una posibilidad para una transición sostenible de la energía y la electricidad.

Las propuestas sintetizadas por el OBCCD (Observatorio boliviano de Cambio Climático y Desarrollo y la Fundación Solón plantean: 1) reducir el consumo de gas con energías alternativas 2) desarrollar un modelo de energía solar comunitaria, municipal y residencial fotovoltaico 3) crear incentivos económicos para alentar la producción domestica de energía solar 4) modificar la ley de Electricidad para posibilitar la distribución de la energía porque actualmente solo el Estado puede vender energía y no así las unidades domésticas 5) impulsar la creación de paneles solares y baterías 6) crear programas de formación y capacitación para la energía alternativa 7) reorientar el Plan de Electricidad 2015 -2025 que se basa en combustibles fósiles energía nuclear y mega hidroeléctricas Esta propuesta exige abrir la posibilidad de cambios en la legislación boliviana que posibiliten la venta de energía a la red y construyan los escenarios para una participación responsable, democrática y activa de la ciudadanía en la generación de energía.

Más allá del eficientismo

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Bolivia está volviendo a mirar la energía y los recursos naturales como las claves para la emancipación social y asegurar el “derecho al desarrollo”, pero lo hace desde una perspectiva obsoleta: una réplica del modelo industrialista que no se cuestionó nunca sobre la relación con la naturaleza o la democracia y la participación de la gente en la solución. A momentos el debate se concentra en cual es la forma de generar mas MWH o de generar energía sólo para exportar. Pero la energía, es el centro de una transformación social que ha sido subestimada como un recurso para desarrollar sistemas de colaboración, de transformación social más profundos. Ivan Illich hablaba de la energía en términos de la energía de transformación y la energía humana como la mas poderosa.

Debemos por tanto también pensar en la energía y las soluciones a la problemática de la energía en tiempos de disrupción sistémica desde otra perspectiva, una perspectiva que coloque al ser humano como parte de la fórmula de justicia energética. Es decir una perspectiva que involucre considerar cambios en la demanda de energía, como un factor en la fórmula de la “sostenibilidad”. Joan Martinez Allier llama la “ecologia eficientista” a aquella que solo busca soluciones –lo cual no esta mal- en términos de cubrir la demanda existente y creciente, porque es insuficiente. Los principios del “Buen Vivir” hablan de no sobre pasar los limites, buscan reflexionar sobre lo que “es suficiente” para ser feliz. Estas son pistas importantes para abordar este debate y buscar caminos para la transición justa. Preguntarnos por la energía ¿para la redistribución o para la transición? ¿Como bajar la demanda de energía? ¿qué transformaciones sociales requiere la sociedad para ello?

Estamos en tiempos de buscar alternativas a un sistema que ha provocado cambios y desequilibrios dramáticos en la naturaleza y el tejido social. Sería fundamental generar un diálogo y propuestas para la transición energética superando la simple “eficiencia del modelo” y buscar horizontes que incluyan dimensiones humanas y culturales que se constituyan en alternativas al despojo y por el contrario alimenten la cualidad de una ética para la vida en comunidad.

Bibliografía de referencia Illich, Ivan 1985 ENERGÍA Y EQUIDAD. (1974). Editorial Joaquín Mortiz, Grupo Editorial Planeta. Tabasco IRD, WWF Bolivia y Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2016 - Mercurio en Bolivia: Línea de base de usos, emisiones y contaminación (2016).

La Paz Martinez Alier, Joan 2010 El Ecologismo de los pobres: conflictos ambientales y lenguajes de valoración Icaria Editorial .Barcelona Salazar Jemio, Gonzalo 2013 – Simón I Patiño y la Campaña del Chaco. Trenzando Ilusiones y Fundación Solón. La Paz Sohr, Raúl 2009 - Chao Petróleo, DEBATE, con el apoyo de Heinrich Boell Stiftung – Cono Sur. Penguin Random House Grupo Editorial. Santiago Vidal, John Por qué la obsesión de Latinoamérica por las represas? The Guardian 23 de Mayo 2017 Sitios de interés: Boletines TUNUPA 100-105, Fundación Solón La Paz OBCCD (Observatorio Boliviano de Cambio Climático y “Desarrollo”) https://obccd.org/

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CEDIB (Centro de Documentación e Información Bolivia) https://cedib.org/ PLATAFORMA ENERGETICA http://plataformaenergetica.org/ CHASKI CLANDESTINO https://chaskiclandestino.wordpress.com/

* Elizabeth Peredo Beltrán es Psicóloga Social, investigadora asociada del Observatorio Boliviano de Cambio Climático y Desarrollo, integrante de colectivos ecologistas y feministas, es del directorio de Food and Water Watch yen Bolivia de Trenzando Ilusiones un espacio para la transición..

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