DOMINGO 16.3.2014
CUERPO F
SPECIAL www.eldía.com.bo
'EL VIEJO' Y SOZA COINCIDEN:
FUE UN MONTAJE
ESCÁNDALO. El caso fue usado para contrarrestar a líderes del oriente boliviano contrarios al MAS,dice Soza.
Veinte reuniones con Soza. Vi-
El Dia eldia@edadsa.com.bo
Procesan a 38 personas, hay 9 presos COMO CONSECUENCIA DEL LLAMADO CASO TERRORISMO, HAY 38 PERSONAS PROCESADAS, 9 DETENIDAS Y MUCHAS FAMILIAS DESTRUIDAS EN ESTOS CINCO AÑOS DE VIACRUCIS.
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ontaje. Esa es la verdad que queda al desnudo luego de casi cinco años de haberse iniciado el llamado caso Terrorismo. Y lo afirman dos personas determinantes: primero Ignacio Villa Vargas, el considerado “testigo clave” y después, desde Brasil, el hombre que dirigió, organizó y acusó, el exfiscal Marcelo Soza. Ambos coinciden en lo mismo: que el caso terrorismo fue un invento del Gobierno de Evo Morales para contrarrestar a la dirigencia del oriente boliviano que en el 2008 amenazaba con derrocarlo del poder.
'Siempre lo dije'. Recluido en
la cárcel de Palmasola, en silla de ruedas, diabético, pálido y con la barba crecida luce Ignacio Villa Vargas, un cotoqueño con antecedentes penales por estafa, que fue contactado, según él, por el exagente del Ministerio de Gobierno, Luis Clavijo para acusar a la dirigencia cruceña y beniana. "Yo siempre dije que todo fue un montaje del Gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera para tumbar a los cambas", dijo este sábado.
lla Vargas dijo que se reunió por lo menos en 20 ocasiones con el exfiscal Marcelo Soza y en una ocasión le mostraron una lista de por lo menos 160 personas que iban a involucrar. Nosotros seguimos un libreto bien diseñado. Nunca me tomaron declaración en ningún recinto policial o judicial y solamente me decían que firme mis declaraciones en los que luego me enteré, yo involucraba a varios dirigentes cruceños y benianos. "Así armamos el caso hasta que me cansé de la farsa porque me filmaban todo el tiempo, porque me presionaban todo el tiempo y porque no estaba tranquilo con mi conciencia", dijo. Villa era el chofer de Eduardo Rózsa el jefe de la supuesta célula subversiva que inventaron y a quien mataron en el hotel Las Américas junto a los europeos Arpad Magyarosi y Michael Dwyer, el 16 de abril del 2009.
'Me utilizaron'. Y alejado del
país, el exfiscal Marcelo Soza en una carta que fue firmada ante un Notario de Fe Pública del Brasil, reveló que fue usado por autoridades del Gobierno de Morales para involucrar a líderes cruceños y que el caso Terrorismo fue un montaje para contrarrestarlos.
EN EL BRASIL. Marcelo Soza, el hombre que armó todo, aparece en la Policía Federal.
ENTREVISTA: Senadora Carmen Eva Gonzales
Tumbé a Soza y tengo a varios en mi lista Firme y enérgica. Así es la senadora pandina de Convergencia Nacional, Carmen Eva Gonzales. Esa determinación le valió para ser punta de lanza en contra del exfiscal del caso Rózsa, Marcelo Soza y la investigación que se abrió por los sobornos que recibió. La abordamos después de enfrentarse al Tribunal Primero de Sentencia de La Paz que sesiona en Santa Cruz y exigirle que extingan el caso y liberen a todos los detenidos.
P. ¿Cómo aparece la senadora Gonzales en estas denuncias? C.E.G.: Bueno, como legisladora na-
cional y defensora de los derechos humanos, mi papel es recibir todas las denuncias en contra de los abusos y las arbitrariedades que se cometen en el país. Por eso tal vez me buscaron cuando me entregaron los audios en los que habla el exfiscal Marcelo Soza, decidí pedir que se investigue su autenticidad y ese fue el inicio de toda esta lucha.
P. ¿Esa determinación tuvo algunas repercusiones? C.E.G.: Desde luego. Todo el tiempo me seguían los del Gobierno y me inventaron algunos juicios para desprestigiarme, pero yo seguí adelante y cuando vi que un año después a pesar de haber demostrado con dos peritos internacionales que se trataba de la voz de Soza y la Fiscalía General no hizo nada, entonces decidí presentar la denuncia por soborno en contra de Soza en Santa Cruz.
P. ¿Cuáles fueron los efectos? C.E.G.: Son los que estamos viendo
ahora. Pedí, clamé, advertí que Soza se iba a escapar porque son muchas evidencias en su contra, pero no me hicieron caso y lo dejaron escaparse al Brasil. Ahora que queda, no descansar hasta que el fiscal general Mario Guerrero, su principal encubridor, renuncie así como otras autoridades del Gobierno de Evo Morales que lo protegieron. Por eso tengo a varios en mi lista.
FOTO: EFE
SIEMPRE SE DIJO QUE
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RENUNCIA DE DOS JUEZAS REFLEJA LA CRISIS
El Tribunal se desarma por un caso contaminado FOTO: JUAN CARLOS TORREJÓN
CASO RÓZSA. El expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Edwín Rojas, dice que todo ocurre por la incertidumbre que se ha apoderado de los juzgadores. El Día eldia@edadsa.com.bo
C
No hay cómo sustentarlo. El abogado José Hofman, defensor del exdirectivo de Cotas, Ronald Castedo, dijo que el proceso es insustentable y es por eso que ha pedido la extinción de la causa y la libertad de los detenidos.
CASO TERRORISMO
Juez envía a Palmasola a Ponce de León Los argumentos presentados ante la jueza Valeria Salas no fueron suficientes para evitar que Moisés Ponce de León sea enviado a Palmasola, mientras se investiga su vinculación al exfiscal Marcelo Sosa y la extorsión económica realizada a implicados en el caso Terrorismo. Ponce de León fue capturado en La Paz, luego de negarse a acudir a tres citaciones
SE VAN DEL JUICIO. Anastacia Calisaya y Sonia Mamani tratan de ser convencidas por los otros dos jueces.
Fiscal en la mira RAMIRO GUERRERO ES CUESTIONADO POR LA OPOSICIÓN Y POR EL OFICIALISMO. LA SENADORA GONZALES LE PIDE QUE RENUNCIE.
"No solo está contaminada por la política, sino también por la corrupción", dijo el abogado Willam Vilard, abogado de la senadora Carmen Eva Gonzales y denunciante de los presuntos sobornos que recibía el exdirector funcional de las investigaciones del caso Rózsa, Marcelo Soza. Hoffman recordó que siguen un juicio por daños a la salud contra los cuatro miembros del Tribunal, porque arriesgaron la vida de su cliente al obligarlo a concurrir a departamentos en altura. Asimismo, Gary Prado, otro de
fiscales, hecho que fue determinante para considerar que, en libertad, puede obstaculizar la investigación. La audiencia que estaba fijada para las 10 de la mañana en el Juzgado 10mo, ubicado en la calle La Paz, terminó instalándose a las 12:00 del medio día, en las oficinas centrales del Ministerio Público de la capital cruceña. La cautelar duró casi 4 horas, en las que fiscales, abogados de ambos bandos y la jueza Valeria Salaz, que atendió el caso por estar de turno. Expusieron y argumentaron las diferentes aristas por las que se considera a Moisés Ponce de León un personaje clave en la investigación que busca dar con las personas que extorsionaron económicamente a la familia Matkovic, para evitar que vayan a la cárcel.
los abogados defensores, indicó que se ha perdido credibilidad en el Tribunal porque de 58 observaciones al proceso, solamente valoraron una.
Fiscal General en apuros. El fis-
cal General del Estado, Ramiro Guerrero será citado la otra semana para que brinde un informe oral sobre la fuga de Marcelo Soza y sobre por qué no se le libró mandamiento de aprehensión, según anunció el presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Cejas.
Ponce de León y sus abogados expusieron a la jueza, argumentos para dejar sin efecto su autoridad, señalando que “no puedo ser juzgado dos veces por el mismo caso”, señaló el acusado, sin embargo, la fiscal Rose Mary Barrientos presentó pruebas suficientes para indicar que “el señor Moisés Ponce de león, no tienen ningún caso pendiente en la ciudad de La Paz”, señaló Barrientos. El acusado pidió que se le permita llevar una computadora portátil a su celda y que desprecinte su casa en La Paz, para que su mujer y dos hijos menores no queden en la calle. El primer pedido fue negado y se instruyó a los fiscales de Santa Cruz, gestionar con sus colegas paceños la liberación del domicilio.
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Jueces conforman el Tribunal Primero de Sentencia, ahora hay dos y no tienen quórum.
'NO ACEPTAMOS QUE SOZA INMISCUYA AL GOBIERNO'
La ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, advirtió con iniciar acciones legales contra el exfiscal refugiado en Brasil, Marcelo Soza, si este inmiscuye al Gobierno con denuncias sobre irregularidades en el caso Terrorismo, como ya lo adelantó en una carta escrita supuestamente por él. “Estamos dejando que actué la Justicia, sin embargo nosotros vamos a analizar en el contexto de que él (Soza) no puede inmiscuir al Gobierno, si él lo hace tendrá que tener las pruebas porque si no, nosotros también vamos a iniciar las acciones correspondientes, él no está atacando a una persona, está atacando a un Estado, a un gobierno”, apuntó. “No vamos a permitir que un prófugo venga a atacar desde otros lugares a nuestro Gobierno", remarcó./Erbol FOTO: JUAN CARLOS TORREJÓN
ontaminado. Así está el juicio por el llamado caso Terrorismo y por esa causa dos juezas ciudadanas han renunciado debido a la incertidumbre que tienen sobre cómo debe ser el fallo, opinó el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Edwín Rojas. "Y está contaminado políticamente y cuando eso ocurre se apodera la duda", dijo. "Estoy arriesgando mi vida, mi salud, yo he tomado la decisión de aceptar mi recusación", dijo la jueza Sonia Mamani, mientras que la jueza Anastacia Calisaya argumentó que "no tengo en este juicio nada de interés sobre lo que han hablado de mi hija, yo ya me he cansado, mi hija tiene otra familia, yo estoy muy mal de salud". Eso ocurrió el viernes en la tarde y este sábado, el Gobierno en un comunicado dijo que "el caso Terrorismo continuará porque han quedado los jueces técnicos, el presidente Sixto Fernández y la juez Elena Gemio, quienes decidieron pasar el expediente al Tribunal Segundo de Partido para que analice las actuaciones y acepte y decida si se debe proceder a la elección de nuevos jueces ciudadanos del Padrón Electoral de La Paz.
MINISTRA DE JUSTICIA:
PRESO. Ponce en audiencia que lo envió a Palmasola.
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AFIRMAN UN PENALISTA Y UN CONSTITUCIONALISTA
La carta de Soza desnuda efectos absolutos de nulidad ANÁLISIS. Dos expertos dicen que el caso se ha deslegitimado y que ante tantas irregularidades se tiene que reencausar de nuevo. CARTA DE SOZA
Uso político, compra de testigos e irregularidades
AUTONOMISTAS. Esa fue la inscripción que colocaron en sus poleras estos implicados en el caso Rózsa. Negaron ser terroristas.
El dia eldia@edadsa.com.bo
D
os abogados, un penalista y un constitucionalista coinciden que la carta del exfiscal, Marcelo Soza, enviada desde el Brasil, pone al descubierto defectos absolutos en el juicio penal por terrorismo y alzamiento armado que se ventila en Bolivia.
Defectos absolutos. El expresi-
sin presencia fiscal, la violación a derechos fundamentales como la acusación contra personas inocentes, expresa por la compra de testigos y la manipulación de las pruebas y que se siguieron lineamientos políticos, en contra de determinados blancos. "Eso demuestra que desde un principio existieron irregularidades que inciden en la condición de validez y legalidad", dijo el exmagistrado.
dente del Tribunal Constitucional, José Antonio Rivera, afirma que el manifiesto firmado por Soza da a conocer actos procesales con defectos absolutos no susceptibles de convalidación como el ingreso al hotel Las Américas
Empezar de nuevo. El artículo
REACCIONES
El desplome del caso Terrorismo ocurre a unos siete meses de las elecciones generales en el que competirán el presidente Evo Morales y otros hasta ahora visibles dos bloques a la cabeza de Juan del Granado y Samuel Doria Medina. Por eso, la fuga del exfiscal Marcelo Soza y sus confesiones de haber sido utilizado por el oficialismo para perseguir a opositores ha sido aprovechado para desprestigiar a Morales,
El caso salta en un año electoral
169 numeral tres de la Declaración de Derechos Humanos establece que cuando existen irregularidades y actos procesales con defectos absolutos, lo que corresponde es volver al vicio más
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años establece como máximo la duración de un juicio penal. El caso Rózsa está por cumplir cinco.
antiguo y volver a empezar en la búsqueda de la verdad histórica de los hechos.
Ya no existe legitimidad. Por
su parte, el exfiscal de distrito y docente de Derecho Penal de la Universidad Gabriel René Moreno, Willam Herrera, dice que el caso ha quedado deslegitimado, es decir, plagado de tantas irregularidades que hacen inviable su sustanciación. Señaló, además, que desde el principio el caso empezó mal porque se violó el derecho al juez natural que tienen los ciudadanos, porque están siendo juzgados por un tribunal ajeno a su distrito.
hasta ahora 8 años en el poder.
Contrapunteo. Doria Medina y el
expresidente Jorge Quiroga requieren la presencia de un tribunal internacional, de la ONU u OEA para “realizar una investigación seria” del asalto al hotel Las Américas, sin embargo, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, pide no dar credibilidad a la carta de Soza e insiste en que el caso debe reinstalarse de nuevo.
En su carta “Al pueblo de Bolivia” el exfiscal Marcelo Soza Álvarez reveló que en la investigación por el caso terrorismo corrió sobornos, compra de testigos y presiones para incluir, sin pruebas, a líderes cruceños y aseguró que el audio, donde asegura que el caso era un montaje gubernamental, fue grabado por funcionarios del Ministerio de Gobierno para destruirlo en alianza con la oposición. Lamentó que el Gobierno permita que se lo persiga como un vulgar delincuente, cuando durante años alentó su acción investigativa en el caso Terrorismo. “Estas autoridades que hoy callan, ayer me pedían que investigue a determinadas personas con el único objetivo de que se cumplan sus fines políticos”, afirmó el exfiscal. Soza asegura ser el boliviano con el Nº 747 que pide refugio en Brasil ante la crisis estructural del sistema de justicia boliviana y explica que tomó la decisión de huir a ese país, luego de valorar cuidadosamente los riesgos de una verdadera persecución política. Desde Brasil, el exfiscal denuncia que su nombre fue utilizado por otras personas que se aprovecharon de la investigación “para enriquecerse, tal el caso de Luis Norberto Clavijo, ministros y asesores del Gobierno, así como también abogados inescrupulosos de los propios investigados, como Carlos Subirana Suárez”. Señaló que todos los excesos que se han cometido en el hotel Las Américas de Santa Cruz, donde murieron tres ciudadanos europeos, son de responsabilidad de las autoridades del Gobierno. “Si existe alguna falsedad en esos informes es responsabilidad de quienes lo hicieron. El soborno y la extorsión para comprar testigos falsos, realizado por Carlos Núñez del Prado, no fue mi responsabilidad ni el manejo de las pruebas en los operativos del hotel Las Américas".
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Octubre del 2014 se realizarán las elecciones generales en las que compiten tres bloques, entre ellos Evo.
DORIA MEDINA. El jefe del UN denuncia encubrimiento a Soza por parte de Morales.
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DIARIO EL PAÍS DE ESPAÑA REFLEJA LOS HECHOS
El refugio en Brasil de un exfiscal disgusta al Gobierno CASO SOZA. La huida es otro factor de tensión en las distantes relaciones entre las administraciones del presidente, Evo Morales, y su homóloga, Dilma Rousseff. El País/ España eldia@edadsa.com.bo
Un reportaje publicado por el diario español El País asegura que la huida a Brasil del exfiscal Marcelo Sosa deja mal parado al Gobierno del presidente Evo Morales, que ahora suma otro factor de tensión en las distantes relaciones con la administración de Dilma Rousseff, pese a las negociaciones comerciales sobre un nuevo contrato de venta de gas natural boliviano. La decisión de Soza ha originado gran polémica en el sistema político y judicial de Bolivia; mientras surgen voces de parlamentarios oficialistas que proponen un replanteamiento de la agenda de ambos países, a fin de que “Brasil no sea refugio de bolivianos que tienen cuentas pendientes con la justicia”, se levantan otras que consideran el momento propicio para que se investigue la realidad boliviana, en la que se está, presuntamente, vulnerando derechos democráticos. Las autoridades brasileñas otorgaron, a comienzos de esta semana, un refugio temporal por seis meses al exfiscal Soza, que se considera un perseguido político tras su salida de Bolivia por la frontera con Perú y su ingreso al país vecino por el punto tripartito de Bolpebra a Brasilia. Soza fue el poderoso fiscal que, en representación del Gobierno boliviano, tramitó la acusación contra 39 ciudadanos por delitos de terrorismo, alzamiento armado y separatismo, vulnerando elementales derechos en un debido proceso judicial, reiteradamente reclamado por los demandados. El principal acusador en este agónico juicio, iniciado hace casi cinco años, ha dado un giro en su actuación. Ahora considera ilegal la operación policial en un hotel de Santa Cruz el 16 de abril de 2009 –durante la cual se abatió a tres europeos-, admite la posible falsedad de los informes forenses de la autopsia de estas personas y del montaje de supuestas pruebas; reconoce la compra de falsos testigos, la existencia de casos de soborno, tortura, extorsión y que fue obligado por autoridades de Gobierno a incriminar a personas inocentes. Estas afirmaciones están contenidas en una carta que Soza ha dirigido al pueblo boliviano “que debe conocer la verdad de estos sucesos”. El senador oficialista del Movimiento Al Socialismo, David Sánchez, ha declarado a la emisora de radio Erbol que los problemas políticos y asuntos como el de refugio y exilio, además
Diputados piden informe LA COMISIÓN DE JUSTICIA PLURAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS CONVOCÓ A GUERRERO PARA PARA QUE INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE SOZA Y EL PROCESO EN EL CASO DE PRESUNTO TERRORISMO.
AUDIENCIA. Marcelo Soza (de anteojos) fue el poderoso fiscal que tramitó la acusación contra 39 ciudadanos por supuesto terrorismo.
Estamos dejando que actué la justicia, sin embargo nosotros vamos a analizar en el contexto de que él no puede inmiscuir al Gobierno, si lo hace nosotros también vamos a iniciar las acciones correspondientes.'
FIESTA. Marcelo Soza comparte con Sergio Céspedes . del tema de coyuntura sobre las inundaciones en Beni y las represas hidroeléctricas, ameritan “el replanteamiento de la agenda con Brasil y, con seguridad que la Cancillería boliviana estará proyectando en breve tiempo reuniones con su par brasileño”, ha dicho Sánchez en alusión a la cita de cancilleres anunciada para el siete de abril en La Paz. Sánchez ha declarado que entiende la política de refugio de Brasil “pero también los bolivianos exigimos, con nuestra Constitución, que se pueda respetar la justicia” y ha expresado su deseo de que los dos Estados
puedan ponerse de acuerdo. El diputado oficialista Edwin Tupa coincide con este criterio a fin de que “Brasil no sea refugio de gente que tiene cuentas con la justicia”. La asambleísta de la opositora Convergencia Nacional, Centa Reck, ha pedido la inmediata extinción del juicio y la libertad de los enjuiciados detenidos por orden de Soza. La mayor parte de ellos supera los tres años de privación de libertad. Reck ha anunciado el viaje a Brasil de una misión de parlamentarios de oposición para lograr una audiencia con el Consejo Nacional de Refugiados
SANDRA GUTIÉRREZ MINISTRA DE JUSTICIA
y congresistas brasileños. El objetivo es llamar su atención sobre lo que realmente está pasando en Bolivia. “Es una situación de persecución de amplias dimensiones y grandes repercusiones. Queremos una investigación profunda”. Soza era investigado por tres casos de extorsión, después de que el país fue sacudido por el escándalo de una red de extorsión que operaba desde los ministerios del Interior y de la Presidencia. La red fue denunciada por el estadounidense Jacob Ostreicher, que acabó huyendo del país con la ayuda, entre otros, del actor Sean Penn,
designado embajador para la defensa de la hoja de coca por el Gobierno del presidente Evo Morales. Esta es la tercera vez que una persona procesada en los tribunales deja el territorio boliviano sin pasar por puestos fronterizos de control. El primero fue el senador Roger Pinto, tras un largo asilo en la Embajada de Brasil de La Paz y el segundo, Ostreicher. Otras 700 personas se encuentran refugiadas en Brasil tras alegar persecución política, según el dato proporcionado por Soza en su carta pública. Con el principal acusador fuera del país, los encausados en el juicio por terrorismo están pidiendo que se anulen obrados por “actividad procesal defectuosa”, según las manifestaciones públicas de los abogados defensores de varios ciudadanos procesados, Otto Ritter y Gary Prado. El proceso ha peregrinado por tribunales de La Paz, Cochabamba, Tarija y el Chaco antes de llegar a Santa Cruz, donde se encuentra ahora para restituir el derecho a juez natural, pues los hechos se produjeron en esa ciudad. Las declaraciones ante los jueces de gran parte de los 39 acusados reflejan, cada vez con mayor certidumbre, que el caso ha sido un montaje desde ciertas esferas gubernamentales.