Alexis Jiménez cree no habrá CP antes de agosto del 2024

INICIATIVA. El presidente de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, Alexis Jiménez, cree que antes del 16 de agosto del año 2024 el Congreso Nacional no convertirá en ley el proyecto que reformaría el Código Penal actual.

El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) entiende que no será posible realizar la tan esperada y controversial reforma de ley en el tiempo que le queda a este cuatrienio legislativo (iniciado en 2020), debido al año preelectoral que vive la República Dominicana.

Ante esto, el además precandidato a senador por la provincia de Santo Domingo deja en manos de “los nuevos legisladores que vengan” el suplir al país de la nueva legislación.

Asimismo, tras reconocer que la iniciativa aprobada en la Cámara Alta y modificada en la comitiva a cargo perime el próximo 26 de este mes, dijo que “es imposible” convertirla en ley en los días que le quedan a esta legislatura.

“Estamos en un año preelectoral, y hay que mirar esas condiciones, y esas condiciones no son apropiadas para una pieza tan importante aprobarse. Lo que sí debe hacer es que los nuevos legisladores que vengan tengan la visión y el compromiso que tenemos algunos miembros de la comisión, como es el mismo Sandro Sánchez, Sadoky (Duarte), Omar (Fernández), Mayobanex (Martínez), José Ferreiras y doña Lila Alburquerque, de nosotros dar un código”, expresó ayer el diputado al conversar con elCaribe.

Código Penal, otro salto al vacío

El proyecto del Código Penal que cursa en la Cámara de Diputados fue iniciado el 23 de agosto del 2022, en la pasada legislatura, pero no fue aprobado sino hasta el 14 de febrero de este año, en la legislatura extraordinaria. De ahí fue remitido a la Cámara de Diputados; modificado por la Comisión Permanente de Justicia hace unas semanas, con la amenaza de perimir en los próximos días.

Se recuerda, que el Código Penal actual va rumbo a 139 años, ya que fue promulgado el 20 de agosto de 1884.

Valerio: Justicia puso fin a la construcción del aeropuerto Bávaro

SENTENCIA. El abogado de la Corporación Aeroportuaria del Este, propietaria del Aeropuerto Internacional de Punta Cana y del Grupo Punta Cana, Miguel Valerio, declaró que la justicia dominicana ha puesto fin a la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro.

Esto, según el jurista, mediante la evacuación de siete sentencias en su contra, ya que -ponderó- “es un proyecto sin sentido e innecesario”.

El profesional del Derecho indicó que además de esas siete decisiones judiciales, también se suma la resolución del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 12 de septiembre de 2022, que anuló la licencia ambiental que favorecía esa obra, “corrigiendo así las irregularidades que se cometieron a finales del Gobierno pasado, con lo cual se reafirma el fortalecimiento de las instituciones y de la seguridad jurídica en la República Dominicana”.

Las sentencias

Orientación Sexual Es la palabra que mantiene el disenso para aprobar el Código Penal, según Jiménez

Al definirse como una persona coherente en todo lo que hace, aclaró que uno de los temas que tiene el órgano bicameral en estos momentos es que cada diputado y senador lucha no solo por cumplir con su tarea como legislador, sino también por permanecer como tal, “y está en sus comunidades”. Consideró que por ese motivo ahora “es más difícil” refrendar la pieza.

A pesar de esto, el legislador manifestó que si antes de concluir el cuatrienio la Cámara Baja vuelve apoderar de la iniciativa a la Comisión Permanente de Justicia, hará todo lo necesario para que sea aprobada.

“Yo me comprometo a que va a salir, en una forma o en otra. Va a salir aprobado, con modificaciones o sin modificaciones, pero va a salir. Recuerde que nunca el Código había salido. Las veces que el Código había salido, mayormente, se ha conocido. Entonces, esta Comisión históricamente ha sacado cuatro veces el Código”, sostuvo.

En 2014 y 2016, el presidente de entonces, Danilo Medina, observó la pieza, por diferir del enfoque plasmado por las cámaras legislativas sobre la penalización absoluta y sin excepción alguna de la interrupción voluntaria del embarazo. En el 2015 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la Ley 550-14 que instituía un nuevo Código y dictaminó la continuación de la vigencia del Código de más de 100 años, el actual. l ABED-NEGO

PAULINO

PACHECO Y EL CÓDIGO PENAL

Según Jiménez, tratar la pieza depende de todos

Sobre el llamado de algunos sectores al presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, para que empuje la pieza, Alexis Jiménez indicó que aunque este sea el titular de la Comisión Coordinadora, que es la responsable de agendar los puntos que se tratarán en el hemiciclo, la misma está compuesta por miembros de todos los partidos políticos con representación congresual. Explicó que “es una responsabilidad compartida, de todos y de todas”.

A través de un comunicado de prensa remitido a este medio, Valerio explicó que con la aprobación “irregular” de ese otro aeropuerto, a solo dos minutos de vuelo del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, quedó evidenciado que todo el proceso para la concesión de los permisos de construcción del mismo “estuvo viciado desde sus inicios al infringirse los principios, normas y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico de la República Dominicana”.

Precisó que por esa razón el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) lo declaró “lesivo al interés nacional” el 22 de diciembre de 2020 y que esa disposición fue ratificada el 23 de septiembre de 2021 por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo(TSA), que también determinó que el mismo incumplió con los requisitos establecidos para este tipo de proyecto.

Las siete sentencias

El jurista indicó que el TSA ha ratificado su postura mediante siete sentencias. Se trata de la sentencia número 0030-03-2021-SSEN-00435, del 23 de septiembre de 2020; la segunda fue la número 0030-1642-2021-SSEN-00535, de fecha 29 de octubre de 2021; la tercera, número 0030-03-SSEN-00012, del 28 de enero de 2022; y la cuarta sentencia, número 0030-1462-2022-SSEN-00085 emitida el 25 de febrero del 2022.

Asimismo, el 16 de diciembre de 2022 el TSA emitió la quinta sentencia, número 0030-03-2022-SSEN-00547; la sentencia 030-1643-2023-SSEN-00015, el 16 de enero de 2023; y finalmente, el 28 de abril de este año, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) emitió la sentencia 23-0507.

De acuerdo a Miguel Valerio, el pasado 28 de abril, mediante la sentencia 230507, la SCJ rechazó el recurso de casación elevado por el Grupo Abrisa y el AIB contra la decisión del TSA que invalidaba la no objeción a la construcción del AIB otorgada originalmente por la Comisión Aeroportuaria, y que deja sin causa el decreto del expresidente Danilo Medina número 270-20 del 21 de julio del 2020, que aprobaba el establecimiento del Aeropuerto Internacional de Bávaro, y el contrato suscrito con el Estado.

Cuatro meses antes, el 16 de enero de 2023, a través de la sentencia 030-1643-2023-SSEN-00015, el TSA rechazó el recurso contencioso administrativo elevado por Grupo Abrisa, contra la resolución 005/2022, emitida por el IDAC, que rechaza la solicitud de permiso de operación y no objeción aeronáutica al AIB por entender que constituía un acto administrativo válido y legal.

De igual manera, mediante la sentencia número 0030-03-2022-SSEN-00547, del 16 de diciembre de 2022, el TSA rechazó el recurso contencioso administrativo interpuesto por el AIB, y confirmó en todas sus partes la resolución 005/2022, dictada por el IDAC, que rechaza la solicitud de permiso de operación y no objeción aeronáutica al AIB por entender que constituía un acto administrativo válido y legal.l elCaribe

PRIMERA SENTENCIA

Fue emitida por la Segunda Sala del TSA

La primera sentencia fue la número 0030-03-2021-SSEN-00435, mediante la cual la Segunda Sala del TSA declaró inadmisible un recurso contencioso elevado por Grupo Abrisa y la sociedad comercial Aeropuerto Internacional de Bávaro contra la resolución del IDAC que ordenó el inicio del proceso para declarar lesivo el oficio número 2293, a través del cual se formalizó el inicio del proceso de construcción y fiscalización de ese proyecto.