Esta publicación corresponde a la edición de diario EL ESQUIÚ.COM / Jueves 21 de julio de 2011/CATAMARCA
Minería sin límites
Lo que se ha planteado como un conflicto limítrofe entre Catamarca y Salta, en realidad no lo es. Se trata, lisa y llanamente, de la usurpación, por parte de la vecina provincia, de territorio catamarqueño rico en yacimientos mineros, con algunos ya en la etapa de explotación y muchos otros en exploración. Esa es la posición oficial catamarqueña respecto de la controversia que debe resolver la Corte Suprema de Justicia. Páginas 4 y 5
Salar del Hombre Muerto, en el límte entre Catamarca y Salta.
Simón Hernández
“Las comunidades locales no están preparadas”
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Investigación por el uso de regalías
Para el rector, en la UNT hay transparencia
Página 8
Digesto
Cómo conseguir minas Página 6
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ditorial
Aprender de la experiencia El gobierno de Catamarca ha dejado en claro que el problema con Salta no es limítrofe, sino de amojonamiento. Es decir, no es que subsistan dudas respecto de por dónde pasa el límite que divide el territorio salteño del catamarqueño -tanto la cartografía oficial de Catamarca como la de Salta y la de los institutos nacionales lo establecen claramentesino que la vecina provincia ha procedido a actuar administrativamente en territorio de nuestra provincia aprovechando la inexistencia de hitos físicos que establezcan dónde comienza una provincia y dónde termina la otra. Esta es la sustancia del argumento que Catamarca ha llevado hasta la Corte Suprema de Justicia, que en primera instancia se declaró competente, contrariando la posición salteña, que al considerar que se trata de un conflicto limítrofe, aspira a que el tema lo dirima el Congreso de la Nación. Las desérticas tierras en conflicto de la puna no despertarían interés si no fuera porque se trata de un territorio con un potencial minero extraordinario, donde existen numerosos proyectos en exploración y emprendimientos en explotación. En este último caso debe mencionarse, del lado claramente catamarqueño, el que lleva adelante FMC Minera del Altiplano, productora de litio. Se trata del segundo en importancia luego de Alumbrera. Si bien tributa, como corresponde, en nuestra provincia, la empresa se relaciona más con la comunidad salteña que con la nuestra. De hecho tiene su sede central en aquella provincia y en la nuestra apenas una oficina. El impacto económico que generan los emprendimientos mineros en explotación, además de los ya mencionados de índole tributario, es decir, beneficios indirectos relacionados con el desarrollo de proveedores o la contratación de mano de obra locales, en el caso de FMC Minera del Altiplano es prácticamente nulo en nuestra provincia. Y lo es pese a la vigencia de la ley de compre y contrate preferentemente catamarqueño en vigencia. Este defecto del desarrollo minero debe corregirse en el futuro. El gobierno provincial actual, que se ha mostrado muy activo en la defensa de la integridad territorial, debería ser también muy estricto en defender que el impacto económico de la actividad minera se sienta en nuestra provincia. Desafío que por cierto también le competirá al gobierno electo, que en pocos meses deberá decidir el perfil que le otorga a la política minera, instancia en la que lo ideal sería, como en todo los órdenes de la vida, aprender de la experiencia, conservando lo bueno y modificando lo que no funcionó hasta el momento.
21/07/2011 - Año 1 - Nº 9 contextominero@elesquiu.com
A un año del Informe de FUNCEI
El estudio que aseguró que la minería no afecta la salud Las discusiones entre los que sostienen que la minería a cielo abierto que se practica en Catamarca es altamente contaminante y los que aseguran que se ajusta a los parámetros establecidos internacionalmente son recurrentes. Para echar un poco de luz en la polémica, se han llevado a cabo diversos estudios que intentan determinar hasta qué punto la actividad que se desarrolla en Bajo de La Alumbrera es peligrosa para el ambiente y la salud de las personas. Uno de ellos es el de la Fundación Centro de Estudios Infectológicos (Funcei), que presentó oficialmente el año pasado los resultados de los estudios que realizaron en Andalgalá en relación con la actividad minera.
Infectólogo Daniel Stamboulian, titular del FUNCEI.
El mismo descarta cualquier posibilidad de que la actividad minera del mencionado emprendimiento cause efectos secundarios sobre la salud de la comunidad. El informe denominado “Programa de Evaluación del Estado Sanitario en Zonas de Influencia de Actividad Minera en la Provincia de Catamarca” buscó establecer la relación directa entre explotación minera y salud en la provincia. Se trata de un trabajo de campo que se prolongó por tres meses en los departamentos Andalgalá, Belén y Santa María. En el informe se detalla que respecto al cuidado del agua en la zona de Bajo La Alumbrera, en Belén, “los sistemas de filtrado por escurrimiento a través de las capas aluviales de la base del dique monitorean en forma continua la calidad del agua, y cuentan con muy eficientes mecanismos de retención y retro bombeo, que tienen funcionamiento interrumpido y cuentan con energía eléctrica alternativa para situaciones imprevistas”. El FUNCEI explica que los fallecidos por cáncer en Catamarca constituyen el 14,37% del total, un porcentaje mucho menor al del país, que es del 19,54%. En lo que a patologías oncológicas se refiere, Catamarca se ubica en 19º lugar entre todas las provincias argentinas. El informe afirma que no existe un aumento de los casos de cáncer en Catamarca como consecuencia de la actividad minera, contrariando la posición de grupos ambientalistas. De cualquier modo, vale aclarar que según la opinión de otros especialistas en la materia, las patologías que podrían derivar de actividades como la minería se gestan gradualmente y estadísticamente recién tienen gravitación pasados muchos años, de modo que las aseveraciones respecto de que la minería provocó aumentos en los casos de cáncer o no los provocó, carecen de relevancia si no se toman datos comparativos de períodos más extensos.
La Justicia no piensa lo mismo La Justicia Federal de Tucumán y de Catamarca, que tramitan causas judiciales por presunta contaminación de Alumbrera, aportaron, en oportunidad de la presentación del informe, su propia visión. El fiscal general de la Cámara Federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, cuestionó las conclusiones obtenidas por los técnicos del FUNCEI: “de ninguna manera se puede decir que Minera Alumbrera no contamina, sobre todo cuando los informes de la propia empresa revelan altísimos niveles de contaminación y explicó que el estudio de FUNCEI “no tuvo en cuenta los valores de contaminación establecidos y tabulados por la Ley 24.051”. Por lo tanto, aclaró que “ese informe no vale para la Ley Ambiental que marca topes claros respecto a lo que está permitido y lo que está prohibido. Es un
informe desde el punto de vista científico-médico, mientras que la Justicia Federal pretende una acción penal-ambiental fundada en otros parámetros muy distintos a un estudio sobre el impacto o no de la actividad minera, desde el punto de vista médico, en la salud de las personas”, puntualizó. Por su parte, el fiscal federal de Catamarca, Santos Reynoso, sostuvo que hay una alta sospecha de que la minería a cielo abierto contamina, a partir de una investigación penal que se tramita contra Minera Alumbrera. La causa se encuentra en la etapa de instrucción, a cargo del Juez Federal Ricardo Moreno. “La Justicia Federal, y en particular esta Fiscalía, no opina de la misma manera, ya que si así fuera, la causa se encontraría archivada y desestimada”, sostuvo.
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Simón Fermín Hernández
“Hay que ajustar la legislación minera a los intereses del país” El ex vicegobernador, diputado nacional (MC) y actual Fiscal de Estado considera conveniente modificar las leyes para que las provincias tengan mayores ingresos. Admite que las comunidades locales no están preparadas para obtener beneficios de la minería y que en el emprendimiento de Bajo de la Alumbrera no existe el grado de contaminación que denuncia un “pseudo progresismo”. - ¿Cuál es el balance que Ud. hace de estos casi quince años de la puesta en marcha de la mega minería en Catamarca? - Entiendo que hay una legislación todavía vigente que ya ameritaría una modificación, especialmente en las provincias que son dueñas de los yacimientos, para que tengan un ingreso muy superior al que tienen. No nos olvidemos que a través del impuesto a las ganancias, la Nación se queda en realidad con un 70, 80% de la torta tributaria; mientras que las provincias, por la Ley de Regalías, sólo obtienen el 3%, que en realidad es menos, porque se descuentan los costos de producción. Esto debe modificarse. El otro gran problema que se genera a partir de la mega minería es de índole social. Las explotaciones mineras son casi la punta de la evolución tecnológica, y por eso producen un vacío enorme desde el punto de vista del desarrollo, del ingreso, entre los emprendimientos mineros y las comunidades que generalmente son atrasadas, porque esta minería se ubica en lugares inhóspitos, desérticos, con ínfimo desarrollo económico. Entonces se genera esa brecha tan ancha entre el habitante de la zona y los dueños de estos proyectos. - Quiere decir que las comunidades no están preparadas para ser proveedoras de servicios, de productos… - En absoluto, bajo ningún punto de vista están en condiciones de poder aprovechar esos servicios mínimos que podrían prestar a las mineras, y las empresas tienen que acudir a lugares urbanos más alejados de donde están instaladas, que son los que se benefician en forma indirecta; más allá de los puestos de trabajo que se generan en la región. Entonces, hay que ajustar la legislación minera a los intereses del país, de tal manera que la experiencia acumulada sirva para optimizar las ganancias nacionales, pero especialmente provinciales, porque las provincias son las dueñas de los yacimientos. Se debe atender a las comunidades en las cuales están instalados estos megaproyectos, capacitando a las comunidades cercanas y también haciendo que la Universidad capacite a los técnicos, a los profesionales, en la conformación de empresas que sirvan para prestar los servicios que requieren las mineras. - ¿Cree que hubo cierta inacción del Estado provincial en cuanto, por ejemplo, a la organización de los proveedores o a la capacitación de las comunidades. para que la explotación del yacimiento genere mayores beneficios en la economía local? - Sé que en los contratos se estableció que la mano de obra local debía ser mayoritaria, sé que se hicieron intentos de las áreas competentes para conformar empresas en el medio, pero posiblemente haya faltado mayor energía y más que nada una decisión política a fondo para que esto tuviera un desarrollo más activo, más dinámico. De cualquier manera, recuerdo que hubo una puja muy grande entre la Nación y las provincias en la época en que se dictaron las leyes de inversiones mineras con relación a los beneficios que recibirían las provincias, tal es así que Catamarca fue la última en firmar su apoyo, porque consideraba que era muy bajo el porcentaje que se estaba dando. Por eso, reitero, esto requiere no enfrentamiento federal entre el poder central y los poderes locales, debe ser una política de Estado no sólo provincial, sino nacional, porque la minería es muy importante como generadora de recursos para la Nación y para
las provincias y sería una tontería que caigamos en una de las dos posturas que son fundamentalismos que no hacen a los intereses nacionales. No podemos, ni cerrarnos en la postura antiminera, desconociendo lo que la minería le ha aportado a la humanidad, ni tampoco abrir las puertas irresponsablemente, sin atender los intereses de nuestros pobladores que son a quienes nos debemos. Ninguna de esas dos posturas son buenas. - Usted hablaba de modificación de la legislación. ¿Cómo encuadra esta posibilidad respecto de las garantías de estabilidad fiscal que tienen los emprendimientos ya en marcha? - Como es normal en todo cambio de legislación, salvo circunstancias muy excepcionales, la legislación siempre tiene que modificarse a futuro. Los emprendimientos que ya han sido armados en base a la actual legislación, tienen que seguir regidos por la misma. De lo contrario, ahuyentaríamos toda inversión e incrementaríamos aún más la desconfianza que de por sí la comunidad internacional tiene hacia nuestro país por no respetarse las reglas de juego. También sería bueno que las inversiones no sólo vengan de afuera sino que sean resultado del ahorro nacional y que se destine a la explotación minera, o la conformación de empresas mineras mixtas, como el caso de YMAD, o quizás permitir otra forma de contratación con las grandes empresas que contemplen distintos tipos de asociación a los fines de que los ingresos puedan ser mayores y se compartan los riesgos. - ¿Qué opinión tiene respecto de las denuncias de contaminación ambiental del proyecto Bajo de la Alumbrera? - Los estudios que se han hecho hasta ahora por el gobierno provincial, por la Universidad local, más los estudios independientes que han sido publicados por los medios de prensa el año pasado, han determinado que no había esa contaminación a la que se hacía referencia, con denuncias catastróficas, como por ejemplo el supuesto incremento de casos de cáncer en Andalgalá, lo que fue totalmente desechado, y que es producto a veces de la falta de información. Creo también que hay una pequeña cuota de responsabilidad del sector público, que no informa lo suficiente, no tienen un contacto fluido con la comunidad, y eso provoca a veces la desconfianza. También ha contribuido la ideologización del tema ambiental. Lamentablemente a veces hay posturas seudo progresistas que han tenido origen en la cultura urbana o de la gran ciudad, que a veces desconocen lo que es la realidad del interior, respecto a fijar paradigmas de que la minería es totalmente contaminante. Creo que no hay actividad humana que no contamine la naturaleza, y si
fuera por eso, deberíamos volver a la época de las cavernas y no llevar a cabo ningún tipo de actividad. Lo que sí debemos evitar es que ese grado de invasión o de intromisión que hace el ser humano en la naturaleza, no ponga en peligro la sustentabilidad del medio ambiente y de la humanidad.
La escribanía fantasma - Hace un par de semana hablamos con el diputado nacional (MC) Eduardo Pastoriza, que también fue director de YMAD, y él hizo alusión a que a fines de los años ´90 se había urdido una maniobra en una escribanía de Nueva York, en la que se había modificado el contrato original de explotación del yacimiento Bajo La Alumbrera. ¿Usted tiene información al respecto? - No, en absoluto, no tengo ninguna información. Lo desconozco. - ¿Ni siquiera como versión? - Tampoco, es la primera vez que lo escucho.
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La riqueza de la puna La puna, lugar inhóspito si los hay, atrae el interés de los gobiernos y las empresas por la riqueza mineral que alberga en sus entrañas. Es la zona geográfica específica donde se encuentra la mayoría de los salares que contienen litio, el mineral que apunta a reemplazar el petróleo como combustible en los automotores, entre otros múltiples usos que tiene. Los salares de Argentina, Bolivia y Chile concentran la gran mayoría de las reservas mundiales de este mineral estratégico y conforman el “triángulo del litio”. La Secretaría de Minería de la Nación considera que de las 10.000.000 toneladas de reserva de litio que existen en el planeta, cerca de 9.000.000 se encuentran en los tres países. En Catamarca, el emprendimiento de litio se halla en el Salar del Hombre Muerto, en cuyo extremo norte se localiza la controversia ente Catamarca y Salta, y es explotado por la corporación FMC, a través de Minera del Altiplano SA., empresa que tiene su sede central en la vecina provincia y una sucursal en Catamarca, explota el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra. Allí se produce el 19 por ciento del litio que se demanda hoy en todo el mundo. El Salar del Hombre Muerto se encuentra a una distancia de 700 km. de San Fernando del Valle de Catamarca. Se trata de una típica depresión de altura a 4.000 metros sobre el nivel del mar, que conforma un depósito salino o salar, en cuyo subsuelo, el agua subterránea es una salmuera saturada de cloruro de sodio, portadora de litio, potasio, sulfato, borato, y otros componentes menores como el rubidio, el cesio, y el bromo. Allí se produce cloruro de litio y carbonato de litio.
Usurpación salteña de territorio catamarqueño
LA MINERÍA
Lo que se ha planteado como un conflicto limítrofe entre Catamarca y Salta en una región donde existen importantes riquezas mineras, en realidad no lo es. Se trata, lisa y llanamente, de la usurpación, por parte de la vecina provincia, de una porción de suelo catamarqueño donde los límites están perfectamente establecidos y reconocidos por la cartografía de ambas provincias y de la Nación desde hace varias décadas. Esa es la posición oficial catamarqueña respecto de la controversia que debe resolver la Corte Suprema de Justicia. La causa judicial se inició hace casi cuatro años, a raíz de la creciente incursión por parte de Salta en el límite norte del departamento Antofagasta de la Sierra. Se trata de territorio catamarqueño rico en yacimientos mineros, con algunos ya en la etapa de explotación y muchos otros en exploración. El dato sobre la existencia de
este tipo de riqueza no es arbitrario, sino, claro, la clave del problema, teniendo en cuenta que esta región del norte catamarqueño y sur salteño es plena puna, muy inhóspita, donde el interés económico se reduce sólo a la minería. Diez kilómetros Como acción paralela a la incursión, Salta modificó su cartografía oficial, tanto catastral como minera, corriendo alrededor de 10 km. el límite que antes era público y pacífico y que se reflejaba tanto en la cartografía salteña como en la catamarqueña, y en la cartografía expedida por el Instituto Geográfico Nacional. El límite oficial establecido había permanecido inalterable desde hacía más de 100 años.
¿Una OPEP del litio? Una polémica comenzó a abrirse por la idea de crear una OPEP del litio que integren Argentina, Chile y Bolivia, los tres países con el 85% de las reservas mundiales de este mineral, que podrían regular precios como los productores de petróleo. “En un futuro cercano y con una producción plena, Bolivia, Argentina y Chile van a manejar el mercado del litio. Podrían hacerlo en una suerte de OPEP”, dijo Rodolfo Tecchi, director de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Las tres naciones integran lo que la influyente revista Forbes llamó ‘la Arabia Saudita del litio’, materia prima útil para acumular energía, utilizada en la fabricación de baterías de teléfonos móviles y computadoras. Además, puede ser la estrella de la anunciada explosión industrial de los autos eléctricos o servir para la energía nuclear limpia y los satélites. “Se podrían establecer mecanismos de control de la oferta de carbonato de litio, evitando
Marmolería
distorsiones por sobreproducción que impliquen bajas en el precio internacional”, emulando a la Oganización de Países Productores de Petróleo (OPEP), señaló Tecchi. Con un enfoque distinto, el empresario minero Facundo Huidobro señaló que “la idea es demasiado apresurada, hay que afianzar primero la inversión”. “Estamos muy alejados de una OPEP y estamos lejísimos de la industrialización del litio”, discrepó Huidobro, presidente de la Cámara de la Minería de Salta, una de las tres provincias norteñas con yacimientos de litio, junto con Jujuy y Catamarca. Tecchi, un biólogo especializado en manejo de áreas naturales protegidas en Jujuy, aseguró en cambio que “Argentina tiene la oportunidad de participar de la próxima revolución industrial y salir del rol del mero proveedor de materias primas”. Argentina, tercera en reservas mundiales de litio y cuarta en producción, “no tenía en su
SALICA
agenda el litio pero lo incorporó desde el viaje en enero de la presidenta Cristina Kirchner a países árabes”, señaló Tecchi. La jefa de Estado también pidió recientemente al presidente del gigante General Motors en Argentina, Sergio Rocha, que avance en la producción de baterías de litio en el país. Hacia ese horizonte se inclina también la mirada del empresario Sergio Echebarrena, presidente de la Cámara Argentina de Proveedores de la Industria PetroEnergética (CAPIPE). “Tener el recurso y tratar de aumentar las regalías es una mirada. Creo que no se trata de pertenecer a una OPEP del litio sino de ser parte de los que tienen la tecnología y de cómo utilizar el recurso para generar la industria”, aseguró Echebarrena. El empresario estimó que la industria argentina está en condiciones de incorporarse a la cadena de valor, para que el litio “no salga a granel y sin escalas sino en forma de baterías”.
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en el centro de la controversia El área en conflicto
Raúl Cerda, Juez de Minas
Instalaciones de corporación FMC, que explota el litio en la zona en conflicto.
Además de modificar su propia cartografía, Salta empezó a conceder emprendimientos mineros que se encuentran en territorio de nuestra provincia con todas las implicancias impositivas del caso, además de las administrativas y de otras relacionadas con el patrullaje policial en la zona limítrofe. Ante estos hechos, el gobierno provincial, a través de la Fiscalía de Estado, recurrió a la Corte Suprema de Justicia utilizando el mecanismo previsto en el artículo 127 de la Constitución Nacional. Catamarca sostiene que no se trata de un problema de límites, en cuyo caso el ámbito competente para dirimir la controversia es el Congreso de la Nación, según lo establece el artículo 13º de la Constitución, sino de amojonamiento. Es decir, no hay en el terreno hitos perfectamente establecidos que demarquen los límites conforme lo establecen los títulos y la ley. Además de pedirle a la Corte que resuelva el caso, le solicitó que se le ordene a Salta frene sus acciones de usurpación sobre el territorio catamarqueño, no otorgue más derechos mineros y se amojonen esos límites conforme a lo que establecen las leyes que lo fijaron en su oportunidad. En la presentación ante la Corte se advierte que “Salta, sin fundamento
legal, avanzó sobre el territorio catamarqueño, disponiendo de recursos naturales como si fueran propios, lo que trae consecuencias nocivas, no solo en lo económico, sino en la afectación del medio ambiente y ecosistema”. Corte, competente En primera instancia, hace tres años, la Corte se declaró competente. Salta contestó demanda y planteó la incompetencia de la Corte Suprema y solicitó que la causa de remita al Congreso de la Nación. Nuestra provincia se opuso al planteo salteño e insistió con la competencia de la Corte, que ahora debe resolver. El Fiscal de Estado, Simón Hernández, cree que el conflicto no se resolverá rápidamente. “La Corte no tiene tiempos –explica-. Es el único Tribunal que no se rige con tiempos específicos fijados por las leyes, y ella tiene sus propios tiempos. Lo que sí es normal, de acuerdo a mi experiencia, es que en las causas de mucha trascendencia institucional los tiempos son más bien lentos. Diría que se toman todo el tiempo del mundo para resolver, esperando a veces que se resuelva por otras vías, políticas tal vez, y la Corte prefiere llevarlas muy lentamente”. De cualquier manera, el gobierno
provincial está confiado en que la Corte, al haberse expedido en primera instancia a favor de su competencia cuando podría haber derivado el planteo al Congreso, resolverá el planteo salteño del mismo modo, lo que la habilitará para tratar la cuestión de fondo. Esto es, si hay o no usurpación salteña de territorio catamarqueño. Por lo pronto, se ha establecido en la zona un destacamento de Policía Minera, que antes no existía.
Hay cuatro áreas o conjuntos en conflicto en el límite catamarqueño-salteño: Diablillos, Tincalayos, Cerro Bayo y el sector norte del Salar del Hombre Muerto. En esa región existen 25 emprendimientos mineros en explotación y 10 en exploración. Se trata de un territorio rico en litio, pero también se hallan boratos y pórfido de cobre. Algunos de los emprendimientos en exploración fueron concedidos por Salta, pero es probable que tengan doble jurisdicción, en la medida en que puede que los yacimientos, en la profundidad, también abarquen territorio catamarqueño. En 2007 el conflicto limítrofe entre Salta y Catamarca se reeditó ante la resolución del juez de mina salteño, Daniel Marchetti, quien concesionó la mina Cerro Bayo a la Empresa Silver Standar. La mina en cuestión había sido cedida por el Juez de Minas de Catamarca, Raúl Cérda a la Empresa Minera Aguas Blancas S.A., cuyo propietario es Luis Manuel Alvarez. Catamarca advirtió que la mina Cerro Bayo está dentro del actual territorio de Salar del Hombre Muerto. Las empresas mineras que ya están explotando las riquezas minerales de la zona quedan en el medio del conflicto, y solicitan una definición del tema porque no saben a ciencia cierta a qué provincia tributar canon minero y regalías.
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igesto
Barajar y dar de nuevo Por
Enrique Traverso (*) Mi compromiso en el abordaje de la problemática minera, si soy elegido por la ciudadanía catamarqueña para representarla en el Congreso de la Nación como diputado nacional es, en principio, proponer la inmediata nacionalización de los recursos naturales y la puesta bajo el control de los trabajadores. Como legislador asumo el compromiso de poner la mega minería bajo el control de las asambleas de los pueblos. Tanto Bajo de la Alumbrera como Agua Rica tienen sistemas de explotación de tipo capitalista, razón por la cual quienes integramos el Frente de Izquierda y los Trabajadores no somos partidarios de cambiar la ley sino de barajar y dar de nuevo, es decir, armar y estructurar un nuevo andamiaje legal, pero para eso tenemos que nacionalizar y poner los recursos bajo el control de los trabajadores. Proponemos también confiscar las cuentas bancarias de la empresa Minera Alumbrera, por más que la mayoría de las cuentas de las empresas están en el exterior, cerrar la mina y ponerla bajo control de las asambleas de los pueblos afectados, que están viviendo un proceso traumático que se va a acentuar al final de la explotación, cuando la estación de retrobombeo deje de funcionar. También proponemos incautarle a la empresa las maquinarias, expropiarlas sin indemnización, para remediar el daño ambiental que está cometiendo desde hace una década y media en el oeste de nuestra provincia. Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) cumple la función de caja recaudadora para una suerte de banda. Pero es una empresa que está vaciada y que no tiene los cien millones de dólares que hacen falta para el cierre de mina. Además, hay que recordar que el dique de cola del proyecto tiene fallas graves de estructura y está drenando los líquidos hacia el cauce de los ríos. Por eso estamos planteando el cierre definitivo de la mina y poner ese proceso bajo el control de los pueblos afectados. Sostenemos que es hora de terminar con la gran fiesta de los pulpos mineros que alienta el gobierno nacional. Los precios de los metales se triplicaron y en algunos casos se multiplicaron por 5 (el caso del oro) desde el 2002. Cristina les aplicó una módica retención del 5% para el oro y del 10% para el cobre, lo que fue apelado por las mineras. La corte que reclama “seguridad jurídica” falló a favor de Cerro Vanguardia. En el gobierno nacional, sobre esto, guardaron prudente silencio. Pero lo que marcó al gobierno de Cristina fue el veto en 2008 a la ley de protección de glaciares y el esfuerzo descomunal realizado para vaciar el nuevo proyecto de todo efecto práctico. Por algo se lo conoce como el veto Barrick, dado que su proyecto Pascua Lama, en la alta montaña sanjuanina y compartido con Chile, era el más amenazado. Cristina no se anduvo con chiquitas y, en medio del debate de la ley, almorzó en Toronto con los directivos de Barrick y de otras mineras que operan en el país, dando un aval explícito al saqueo minero. (*) Candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda y los Trabajadores
La propiedad de las minas El Código de Minería tiene 125 años de antigüedad. Fue sancionado por el Congreso Nacional el 25 de noviembre de 1886, y contiene el conjunto de normas que regulan la actividad minera en todo el país. Por disposición de la Constitución Nacional (Artículo 75, inciso 12) existe un sólo Código de Minería para todo el país, correspondiendo su aplicación a las autoridades nacionales o provinciales según donde estuviesen situados los recursos mineros. El Código establece los derechos de fondo y regula los procedimientos adquisitivos y extintivos de esos derechos, mientras que las Provincias establecen las normas procesales formales para el ejercicio de tales derechos ante las autoridades mineras pertinentes. El Código minero ha sido objeto de numerosas reformas, las últimas de ellas, de mayor importancia, fueron realizadas por las Leyes números 24.498 de (Actualización Minera) y 24.585 (de Protección Ambiental) ambas sancionadas en 1995. Uno de los temas que aborda el Código es el del dominio de las minas. Al respecto, establece que el Estado Nacional y los Estados Provinciales tienen el dominio originario de las minas situadas en sus respectivos territorios, pero como el territorio no marítimo está provincializado prácticamente en su totalidad, la masa de los yacimientos pertenece al dominio originario provincial. El Estado concede a los particulares la facultad de buscar minas, de aprovecharlas y disponer de ellas como dueños, con arreglo a las disposiciones
del Código de Minería. La propiedad particular de las minas se establece por la concesión legal. El concesionario de una mina es titular de un derecho real inmobiliario, equiparable al derecho de propiedad. El Estado no cobra precio alguno por la concesión de las minas, no obstante para su conservación debe abonarse un canon periódico. En Catamarca El Juzgado de Minas de Catamarca detalló en un informe que existen 2.161 minas registradas o empadronadas en todo el territorio provincial. De estas, 1.171 corresponden a minas concedidas, 335 minas en trámites de concesión, 133 minas decretadas vacantes por resolución judicial, 48 minas decretadas caducas por resolución judicial y 475 minas con deudas de canon. En tanto, sobre un total de 227 minas tramitadas mediante expediente judicial durante el año pasado, existen 102 minas concedidas, 43 minas no viables graficantes, 26 minas decretadas fuera del registro de resolución judicial y 210 minas en trámite. Mientras que la superficie total de los cateos concedidos en la provincia corresponden a 2.689,94 km2. En ese aspecto, sobre 233 cateos registrados y tramitados mediante expediente judicial, actualmente hay 36 cateos vigentes, 196 cateos vencidos y 91 cateos en trámites. En lo que hace a lo que recauda la provincia, desde el juzgado se detalló que por minas en el 2010 se recaudó por canon $ 3.303.600, por canteras $ 6.554 y por cateos $ 88.000.
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Buscadores de oro Existen diversas técnicas y métodos para extraer el oro, separándolo de la roca. Algunas de ellas son muy artesanales, utilizadas por la pequeña minería, pero otras requieren de tecnología de punta y son empleadas por las grandes compañías que explotan grandes yacimientos con producción a gran escala. El panning Se inscribe en las técnicas artesanales. Un ancho sartén de poca profundidad se llena de arena y de gravilla que contiene oro. El sartén se sumerge en agua y se agita, separando el oro de la gravilla y otros materiales. Como el oro es más denso que la roca, rápidamente se asienta en el fondo del sartén. Este tipo de oro se encuentra en los arroyos o ríos secos. La poruña es una batea en miniatura, de unos 20 cm de diámetro que es de forma de un cono, y sirve para detectar el oro de los minerales de las vetas o filones; se muele el mineral algo fino y se coloca un puñado en la poruña, y se agita con agua, y el oro físico se asienta en el fondo. Detector de metales Con un detector de metales, una persona puede caminar alrededor de un área de exploración y detectar el oro por debajo de la superficie. El sensor puede dar una medida positiva de una cantidad de oro a una profundidad de hasta un metro por debajo de la superficie. Como el dispositivo es fácil de operar y de gran movilidad, este método de prospección es muy popular entre los excavadores de oro. Proceso con cianuro La extracción de oro con cianuro se puede utilizar en zonas donde se encuentran finas rocas que contienen oro. La solución de cianuro de sodio se mezcla con rocas finas, ya que ha sido comprobado que pueden contener oro y/o plata, para lograr que se separen de las rocas en forma de solución de cianuro de oro y/o cianuro de plata. Se le añade zinc a la solución, lo que precipita los residuos de zinc y también metales deseados como el oro y la plata. Se elimina
el zinc con ácido nítrico o ácido sulfúrico, dejando la plata y/o barros de oro, que generalmente se funden en un lingote. Avances en los años setenta han promovido el uso del carbón en la extracción de oro de la solución de filtración. El oro es absorbido por la matriz porosa del carbono. El oro puede ser separado del carbono mediante el uso de una solución fuerte de alcohol, soda cáustica y cianuro. Mercurio El mercurio tiene una propiedad única: se mezcla con el oro con una eficacia asombrosa dando lugar a una amalgama grisácea. Cualquier pieza de oro en contacto con el mercurio se vuelve oscura. Aprovechando esta propiedad las rocas que contengan oro se bañan en este metal, el mercurio se pega al oro, y así puede extraerse con gran facilidad. Luego, se calienta a 360º C para que el mercurio se evapore, quedando el oro puro.
Qué técnica emplea Minera Alumbrera La empresa Minera Alumbrera describe de la siguiente manera el método que utiliza para extraer el oro: “Las rocas se extraen de la cantera con cuatro palas eléctricas y se transportan hasta la Planta Concentradora mediante una flota de 41equipos pesados de gran porte, cada uno con capacidad para 220 toneladas. El concentrado obtenido -contiene cobre, oro y plata- se bombea con el agregado de agua por un mineraloducto de 317 km de longitud y 175 mm. de diámetro hasta la Planta de Filtros, ubicada en Tucumán. En la Planta de Filtros se le extrae el agua hasta obtener un concentrado más seco, con 7% de humedad”. El Informe de Sostenibilidad de la empresa explica que “el oro se recupera en el concentrado y también en forma de doré por medio de un proceso físico gravitacional. Las máquinas centrífugas separan los metales con el agregado de aire, alcoholes y detergentes que forman burbujas sobre las que se posa el mineral -debido a su menor peso específico- que rebasa en grandes cilindros, de modo permanente”. Aclara que “el concentrado no contiene cianuro ni mercurio, así como tampoco intervienen en el proceso”.
Sustentabilidad y participación Por
Ernesto L. Figueroa (*) Hermes Binner siempre dice: “Si el desarrollo social no acompaña al desarrollo económico, llega un momento en el que lo detiene”. Es fundamental tomar en cuenta ambas categorías a la hora de pensar estrategias para abordar el tema minero en Catamarca. Creemos que la noción de desarrollo debe contemplar inexorablemente la inclusión. Es necesario incluir, sumar e integrar, para lograr lo que conocemos – y propugnamos- como desarrollo sustentable. Un desarrollo que perdure en el tiempo, incrementando el bienestar de la ciudadanía en su conjunto y reduciendo al mínimo indispensable el impacto de la actividad productiva sobre nuestros recursos no renovables y sobre la vida cotidiana de nuestra gente. Es indispensable construir una visión de mediano plazo y largo que defina y planifique políticas claras y coherentes, un gasto público adecuado a las necesidades prioritarias de cada comunidad, una emergente participación ciudadana que opine y además controle los recursos y las obras que provienen de los dividendos extraordinarios de la minería, y sentar las bases de una Agenda Estratégica Provincial de Desarrollo Territorial de cara al Bicentenario 2016 y comenzar a andar el camino hacia un futuro de una Catamarca sin excluidos. Debemos abandonar la discusión ociosa: “minería SI o minería NO” e incluir este debate en la definición estratégica del desarrollo productivo. Lo que debemos discutir es cuál es o cuál debe ser la matriz productiva y de desarrollo sustentable pensando en los próximos 20 años. Dar inicio a un enorme proceso participativo ciudadano y de la sociedad civil en su conjunto para ser parte y co-responsabilizarse de esta definición. Seremos lo que acordemos ser. Lo cual requerirá un ejercicio de un nuevo paradigma de la fraternidad, del diálogo, del respeto a las otredades y de las diversas realidades regionales. Tenemos que animarnos a abrir el debate al conjunto de la sociedad sobre el tema minero y trabajar en campañas de divulgación con la información económica y medioambiental. Discutir participativamente el aspecto económico, los métodos productivos, el impacto ambiental y la creación de un Ente Mixto de Estudio, Desarrollo, Investigación y Control de la explotación minera. Algunas de las claves: n Participación Ciudadana n Acceso a la información n Desarrollo productivo, sustentable y estratégico n Cuidado del Medio Ambiente y los recursos no renovables n Minimización del Riesgo Ambiental por sobre maximización de las ganancias n Control y transparencia en el manejo de las regalías n Mejoramiento de las condiciones de negociación con las compañías explotadoras Además de la discusión de la matriz productiva y de desarrollo estratégico de la provincia, el gran desafío es fortalecer el sistema democrático y dar el salto de una democracia de electores/espectadores a una democracia de ciudadanos que son parte y vigías de la cosa pública. (*) Candidato a diputado nacional por el Frente Amplio Progresista.
Chile
Los mineros rescatados presentaron millonaria demanda Por una cifra equivalente a más de 16 millones de dólares demandaron al estado chileno 31 de los 33 mineros sobrevivientes en el accidente ocurrido el pasado año en Atacama, informaron fuentes judiciales. Los mineros, quienes fueron rescatados luego de permanecer 70 días atrapados a unos 700 metros de profundidad, presentaron la demanda oficialmente ante el IX Juzgado Civil de Santiago. La querella toma en cuenta una presunta negligencia por parte del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), al no fiscalizar debidamente el estado del yacimiento en el que ocurrió la tragedia. El 5 de agosto de 2010 los 33 mineros quedaron atrapados debido a un desplome en la mina San José, a unos 830 kilómetros de Santiago. El rescate de las víctimas del accidente fue posible por un despliegue de medios encabezado por el Gobierno, y aunque todos subieron a la superficie con vida, la mayoría sufre hoy secuelas sicológicas calificadas de limitantes.
La acción judicial describe que el permitir el funcionamiento de la mina es un acto negligente, por el historial de cierres anteriores, incumplimiento de las normas de ventilación y salidas de emergencia y el registro de varios accidentes laborales. Se conoció que los demandantes esperan, además, que la Fiscalía adopte una decisión acerca de la responsabilidad que eventualmente compete a los propietarios de la mina, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, con vistas a otras querellas de indemnización.
Para el rector, las cuentas están en orden El rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Juan Alberto Cerisola, aseguró, en declaraciones que publica el periódico tucumano El Siglo, que hay transparencia en el manejo de las cuentas de la casa de altos estudios. Lo hizo una semana después de que la Justicia Federal de la vecina provincia ordenara una serie de operativos orientados a obtener documentación sobre obras financiadas con fondos provenientes de las regalías mineras. “Tenemos toda la documentación y está todo en orden. Podemos dar prueba de todo porque, además, hemos sido auditados por la Auditoría General de la Nación y por la SIGEN”, manifestó Cerisola, La Universidad no está denunciada de nada, existe una denuncia de terceros (presentada) a una Fiscalía y esa Fiscalía está haciendo los procedimientos. Nosotros les abrimos las puertas para que realicen las constataciones que sean necesarias”, sostuvo. El proceso se inició por una denuncia de irregularidades en la ejecución del plan de obras llevado adelante con fondos de regalías provenientes de la explotación de Bajo de la Alumbrera. Las presunciones terminaron en una causa penal presentada hace un año por el abogado tucumano Oscar López contra el actual rector, Juan Alberto Cerisola. En la misma solicita se investigue al Rector por la posible comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración de la UNT, peculado, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.