El juicio político a un mandatario requiere una calificación previa de la Corte Constitucional

Un juicio político al presidente o vicepresidente de la República requiere una calificación previa de la Corte Constitucional, según se dispone en el artículo 129 de la Carta Magna.

En esta semana, desde la Asamblea Nacional han surgido voces que apoyan un enjuiciamiento político contra el presidente Guillermo Lasso; este se sugeriría en el informe que alista la comisión ocasional de la legislatura que investiga el caso llamado Gran Padrino, sobre supuestos nexos del cuñado del mandatario, Danilo Carrera, y su amigo Rubén Cherres, en un presunto esquema de tráfico de influencias en las empresas públicas y que hasta tendría relación con mafias delictivas, según algunas publicaciones del medio digital La Posta.

El informe debe presentarse hasta el 23 de febrero, pero en la comisión se analiza pedir una prórroga.

El artículo 129 de la Constitución indica que la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político de un mandatario a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros, o sea 46 votos, en los siguientes casos:

1. Por delitos contra la seguridad del Estado.

2. Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.

3. Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.

Para iniciar el juicio político, añade el texto, se requerirá el dictamen de admisibilidad de la CC, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo.

En un plazo de 72 horas, concluido el procedimiento establecido en la ley, la Asamblea Nacional resolverá motivadamente con base en las pruebas de descargo presentadas por el mandatario.

Para proceder a la censura y destitución se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los legisladores, o sea 92 votos. Si de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la justicia.

Este procedimiento no existía antes de la Constitución del 2008. Se aplicó por primera vez en el 2017 con el entonces vicepresidente Jorge Glas.

Glas, quien estaba con prisión preventiva desde el 2 de octubre de ese año, fue sentenciado en primera instancia a seis años de cárcel por asociación ilícita en el caso Odebrecht el 13 de diciembre siguiente; y la Corte dio vía libre al juicio político que fue planteado por el legislador de CREO Roberto

Gómez, el 21 del mismo mes. Gómez argumentaba que, al estar encargado de los sectores estratégicos, Glas conocía todos los manejos irregulares, por lo que tenía responsabilidad política sobre ellos.

El juicio finalmente no prosperó porque, al estar detenido y con un fallo de primera instancia, se declaró la ausencia definitiva en el cargo en enero siguiente y se lo reemplazó por María Alejandra Vicuña.