El juicio a Lasso

El dictamen de la Corte Constitucional, admitiendo el juicio político por parte de la Asamblea Nacional al Presidente Guillermo Lasso, marcará un quiebre a la coyuntura política difícil que vive el país en los últimos meses, Un quiebre porque lo más probable es que dicho juicio termine con la censura y destitución de Lasso, y de esta manera se posibilite una salida constitucional y, por ende, democrática a una situación cada vez más complicada que vive el país como consecuencia de la presencia de un Gobierno que se ha mostrado incapaz e indolente para resolver los graves problemas que afectan a la mayoría de la población: como la creciente ola de inseguridad y criminalidad, la falta de medicinas e insumos en los hospitales públicos, las deficiencias en el sistema educativo estatal, el deterioro en la atención de los servicios públicos ( como el registro civil), la destrucción de la infraestructura vial en el país, la falta de empleo, el incremento de la pobreza, el aumento inusitado de la emigración de los ecuatorianos, etc., etc.

A esto se sumó en los últimos meses varias denuncias de corrupción en las empresas públicas (especialmente en FLOPEC, CNEL, CELEC) y la posible conexión de altos funcionarios gubernamentales con la mafia albanesa; amén de denuncias anteriores de corrupción en las aduanas, el ministerio de energía, PETROECUADOR, la compra de medicinas caducadas por la ex ministra de salud, etc.

En este escenario, y con un nivel de desaprobación de un 85 % de la población a su gestión, las cosas para el Presidente Lasso se ponen cuesta arriba frente al juicio que le realizará la Asamblea. No obstante, a lo mejor no faltarán ciertas cortapisas que se pretendan poner al juicio al interior de la comisión de fiscalización, pues el Presidente de esta generalmente ha actuado como operador político del Gobierno al interior de la Asamblea. Asimismo, para hacer abortar el juicio político se habla de la posibilidad de que Lasso decrete la “muerte cruzada”; un asunto que resultaría controversial debido a que, para esto, al momento no se cumplirían ninguna de las 3 causales de las que habla el artículo 148 de la Constitución, y que son las que posibilitarían al Presidente decretar dicha “muerte”. Los próximos días serán claves. (O)