resolucion-063-2025-sres-000301-14932954-_signed (1) by El Nuevo Diario

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

AUTO DE APERTURA A JUICIO

Resolución núm. 063-2025-SRES-00030

NCI núm. 2024-0143950

Expediente núm. 2024-0143950

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los dieciséis (16) días del mes de enero del año dos mil veinticinco (2025); años 181 de la Independencia y 162 de la Restauración.

EL SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL, regularmente constituido en el lugar donde acostumbra celebrar audiencias, sito en la Puerta núm.208,delPalaciodeJusticiadeCiudadNueva,ubicadoentrelascalles Beller yFrancisco J. Peynado, sector de Ciudad Nueva, Distrito Nacional, presidido por el Magistrado DEIBY TIMOTEO PEGUERO JIMÉNEZ, Juez, siendo las 12:01 p.m. horas de la tarde, de fecha 15/01/2025; dicta esta resolución en sus atribuciones penales y en audiencia pública constituidaporlainfrascritasecretariaNathalieM. CocaM. yelalguacildeestradosdeturno.

Con motivo de la acusación con requerimiento de apertura a juicio y solicitud de imposición de medida de coerción presentado por la Licda. Kathering Mallorca Olivo Montero, Procuradora Fiscal Del Distrito Nacional, Coordinadora del Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional, representada en la audiencia del día de hoy por la Licda. Mary Dania Fernández Florentino, Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, adscrita al Departamento de Litigación Inicial I, matriculada en el Colegio de Abogados de la República Dominicana bajo el carnet núm. MAT-42950-538-10 (Parte acusadora).

En contra del ciudadano José Luis del Río Muñoz (en libertad), de nacionalidad española, mayor de edad, 50 años de edad, estado civil casado, titular de la cédula de identidad núm. 001-1802397-7, titular del pasaporte núm. X283722, domiciliado y residente en la avenida Enrique Jiménez Moya, esquina Mirador Sur, edificio Pedralbes Parque, apartamento 402, sector Bella Vista, Distrito Nacional, localizable en el teléfono núm. 809-242-1911; por presunta violación a las disposiciones establecidas en el artículo 357-4 del Código Penal de la República Dominicana (modificado por la Ley No. 24-97), asistido por el Licdo. Romer Antonio Jiménez Jiménez, conjuntamente con el Licdo. Cristian Martínez, dominicanos, mayores de edad, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1053622-4; y, 0011271648-5, respectivamente, abogados de los Tribunales de la Republica, matriculado en el colegio de abogados de la República Dominicana, bajo el carnet núm. MAT-80038-140-18, con domicilio procesal ubicado en la Filomena Gómez de Cova, núm. 03, próximo a la Gustavo Mejía Ricart, sector Ensanche Piantini, Distrito Nacional, localizable en el teléfono núm.: 809-747-2209, correo electrónico: r.jimenez@msj.do (Parte imputada).

Resolución núm. 063-2025-SRES-00030

Expediente núm. 2024-0143950

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

En perjuicio de la ciudadana Beátrice Lara Bellion, dominicana, mayor de edad, 52 años de edad, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0919274-0, profesión u oficio: ingeniera industrial, domiciliada en la calle Guayacanes, residencial de Bella Vista I, casa núm. 8, sector Bella Vista, Distrito Nacional, localizable en el teléfono núm. 809-707-4346; quien tiene como abogados constituidos y apoderados especiales a la Licda. Cerfossy Tapia Batista, conjuntamente con los Licdos. Patricio J. Silvestre y Fernando P. Henríque, abogado de los Tribunales de la Republica, matriculados en el colegio de abogados de la República Dominicana, bajo los carnets núms. MAT-34865-407-06; MAT-81065-45-19; y, MAT13133-143-93,respectivamente,condomicilioprocesalenlaavenidaRobertoPastorizanúm. 454, sexto piso (oficina de abogados Seibel & Henríquez), sector Ensanche Piantini, Distrito Nacional, localizable en el teléfono núm. 809-338-2000, correos electrónicos c.tapia@seibelhenriquez.com; y, f.henriquez@seibelhenriquez.com (Parte víctima, querellante y actor civil).

CRONOLOGÍA DEL PROCESO

En fecha dieciocho (18) del mes de septiembre del mil veinticuatro (2024), la Licda. Kathering Mallorca Olivo Montero, Procuradora Fiscal Del Distrito Nacional, Coordinadora del Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional, presentó formal acusación con requerimiento de apertura a juicio y solicitud de imposición de medida de coerción en contra del ciudadano José Luis del Río Muñoz, por presunta violación a las disposiciones establecidas en el artículo 357-4 del Código Penal de la República Dominicana (modificado por la Ley No. 24-97), en perjuicio de la ciudadana Beátrice Lara Bellion.

En fecha veintitrés (23) del mes de octubre del dos mil veinticuatro (2024), el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional, dictó el Auto núm. 064-2024SADM-000642, mediante la cual declaró su incompetencia en materia de atribución para conocer de la solicitud de acusación con requerimiento de apertura a juicio y solicitud de imposición de medida de coerción a cargo del ciudadano José Luis del Río Muñoz.

Mediante oficio núm. 00384/2024 de fecha treinta (30) del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024), la secretaría del Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional, declinó el expediente ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Mediante auto núm. 03164-2024, de fecha primero (1ro) del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024), la Jueza Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, apoderó al Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para conocer y decidir de la solicitud de apertura a juicio e imposición de medida de coerción.

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

A través del auto núm. 063-2024-TFIJ-00501, de fecha trece (13) del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024), se fijó el conocimiento de la solicitud de apertura a juicio e imposición de medida de coerción para el día diecinueve (19) del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024); siendo aplazada a los fines de que estuviera presente la parte imputada el ciudadano José Luis del Río Muñoz, fijándose próxima fecha para el día veintiséis (26) del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024); siendo aplazada a los fines de dejar transcurrir el plazo del artículo 299 del Código Procesal Penal, que fue repuesto en audiencia de fecha 19 de noviembre del 2024, fijándose próxima fecha para el día tres (03) del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024); siendo aplazada a los fines de que el Ministerio Público, tomara conocimiento de los escritos incidentales presentados por las partes, fijándose próxima fecha para el día catorce (14) del mes de enero delañodosmilveinticinco(2025);siendoaplazadaalosfinesdequelafiscal actuantetomara conocimiento de la glosa procesal, fijándose próxima fecha para el día quince (15) de enero del año dos mil veinticinco (2025); siendo recesada para el día dieciséis (16) de enero del año dos mil veinticinco (2025); fecha en la cual ocurrieron las incidencias que se consignan en la parte dispositiva de la presente decisión.

PRETENSIONES DE LAS PARTES

El juez invitar a todos los presentes y especialmente al imputado José Luis del Río Muñoz, a prestar atención a la acusación que será presentada de manera oral por la representante del Ministerio Público.

La representante del Ministerio Público presenta formalmente su acusación en contra del imputado José Luis del Río Muñoz, por el hecho siguiente: “El Ministerio Público inicio una investigación con relación a una querella por presunta violación a las disposiciones del artículo 257-4 del Código Penal de la República Dominicana modificado por la Ley No. 2497 de fecha 28 de enero de 1997, presentada ante la Fiscalía del Distrito Nacional en fecha 30 de mayo de 2023, por la señora Beátrice Lara Bellion, fundamentada en que el señor José Luis del Río Muñoz, ha incumplido con la pensión alimenticia otorgada en favor de la parte querellante por la Sentencia No. 1303-2023-SSEN-0037. emitida por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. El Ministerio Público tiene la obligación de actuar de manera objetiva y tomar en cuenta tanto las pruebas que puedan indicar responsabilidad penal, así como aquella que pudieran dar lugar al descargo en favor del imputado, en tal sentido para dar inicio a la investigación, hemos procedido a estudiar cada documento aportado por las partes, así como también practicar diligencias para determinar si el imputado tiene su responsabilidad penal comprometida. Luego de examinar el expediente, hemos podido comprobar que se configuran los elementos del tipo penal para establecer que el señor José Luis del Río Muñoz ha desobedecido una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada que dispuso una pensión alimenticia en favor de la señora Beátrice Lara Bellion, lo que constituye un delito al tenor de lo establecido en el artículo 357-4 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley

Resolución núm. 063-2025-SRES-00030 Expediente núm. 2024-0143950

REPÚBLICA DOMINICANA

El Magistrado Juez, manifestar lo siguiente: “No podríamos continuar sin que sea definida la participación o no de esta parte y no podríamos definirla si no tenemos un pedimento formal al respecto, por eso le preguntamos doctor ¿Cuál es el pedimento que tiene en el sentido de lo que ha señalado? No sé si me entiende, está diciendo que continuemos, que le demos la oportunidad a usted, pero yo no lo puedo pasar a ellos y no puedo decidir que se quedan o que se van si no tengo un pedimento”.

La defensa técnica del imputado José Luis del Río Muñoz, manifestar lo siguiente: “Entonces, en este punto parecería que lo correcto es que de manera formal que hagamos el planteamiento de uno de los incidentes”.

El Magistrado Juez, manifestar lo siguiente: “Adelante doctor”.

PRESENTACIÓN DE INCIDENTES

La defensa técnica del imputado José Luis del Río Muñoz, presentar formalmente su incidente, manifestando lo siguiente: “Ese es un incidente precisamente honorable, voy a plantearlo de manera breve, de hecho, esta explayado por escrito, fue el último incidente que presentamos. Nosotros nos estamos oponiendo las 3 cosas; Primero: A la adhesión que formuló la parte que presentó la querella originalmente a la acusación del Ministerio Público, nosoponemosalaadhesión,nosoponemos tambiénalaconcretizacióndedañosqueformuló posteriormente y también nos oponemos a que sea aceptada en este proceso en calidad de querellante de manera muy breve voy a justificar las razones que sustentan este pedimento. Fíjese, la participación o la posibilidad de que el querellante se adhiera a la acusación formulada por el Ministerio Público en este caso se produjo de manera extemporánea. Esta es una posibilidad que está regida por el artículo 296 y se genera a partir del momento en que el Ministerio Publico sin haber presentado todavía la acusación la notifica a la parte querellante para que éstas en el plazo que establecer ese mismo artículo manifieste si se adherirá a ella para lo cual tiene un plazo de 3 días o manifieste si presentará su propia acusación. El problema es que en el caso que nos ocupa esa notificación que el Ministerio Público debió hacer a la parte querellante, no se produjo. La parte querellante presentó esa supuesta adhesión a la acusación del Ministerio Público lo mismo que la concretización de los daños, ¿Enquémomento? Lohizoapartirdel momento enel queeste tribunallesnotificó la acusación y como hemos dicho bajo la lógica que establece el artículo 296 esa notificación y esa decisión se produce antes de la presentación de la acusación. Parecería que esto es un simple formalismo, pero no lo es, esto tiene consecuencias graves que afectan el debido proceso y el derecho de defensa me explico cuáles; Son básicamente van en dos direcciones, una en dirección de los plazos que se activan a partir del 299 y la otra en función de las pruebas del proceso, honorable, ¿Qué sucede? Que si el plazo empezará a contar a partir de la notificación que hace este tribunal se presentaría un problema y es que de manera simultánea empezaría a correr para el querellante el plazo para adherirse a la acusación ypara

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

el imputado el plazo que establece el artículo 299 y qué produciría esto honorable, la incoherencia o la inconsistencia de que ellos tendrían un plazo de 3 días para venirse en un plazo de 10 días para presentar una acusación mientras que nosotros teníamos un plazo de apenas 5 días para presentar pruebas e incidentes de modo que estaríamos ejerciendo unos derechos de defensa que se vencerían en un plazo en el que todavía el plazo que se otorga a la parte querellante estaría corriendo porque es un plazo de 6 días según el artículo 296, la otra distorsión que se genera honorable y que se ha generado en este proceso es que luego de que venció el plazo que nos otorga el artículo 299 de 5 días la parte querellante presentó documentos en sustento de sus pretensiones en virtud de la adhesión a la acusación, eso provoca entonces una violación al derecho de defensa porque para el momento en que ellos presentan ese escrito ya el plazo nuestro, activado por el 299 ha vencido honorable, el otro punto al que hemos hecho referencia es al de las concretización de daños; el artículo 297 establece que esto debe hacerse también en un plazo de 5 días y eso se hace antes de que el tribunal notifique la acusación y en este caso se ha hecho con posterioridad, es decir, el plazo se ha hecho o se ha cumplido la diligencia de manera extemporánea porque tenía que hacerse a partir del momento en que el Ministerio Público le notificara la acusación o la decisión de acusar a la parte querellante, lo mismo sucede honorable con o distinto sucede con el tema de la admisión de la querella en este proceso la querella no fue admitida en ningún momento por el Ministerio Público y había una garantía que debía cumplir el Ministerio Público con una decisión al admitir o inadmitir la querella en virtud de lo que establece el artículo 269 y era el derecho o de la parte querellante si la querella era archivada o inadmitida o de la parte imputada que somos nosotros de objetar la admisión de esa querella es lo que establece la parte infime del artículo 269, es el derecho que tiene el imputado fue en este caso cercenado porque el Ministerio Público en ningún momento estableció o dictaminó se admitía o no admitía la querella, nosotros nos enteramos de que aparentemente su decisión era admitirla cuando presentó acusación pero sucede que esa admisión no puede ser un acto tácito o por inferencia ya de hecho nuestro tribunal constitucional y es lo único que voy a permitirme leer honorable para pasar a presentar las conclusiones, dicen para se ha referido a el deber que tiene el Ministerio Público en relación con las querellas con la admisibilidad de querella al decirlosiguiente:quelaposibilidaddeinterponerloscitadosrecursosserefierealosrecursos establecidos por el artículo 269 garantiza el debido proceso y la tutela judicial efectiva dice el tribunal constitucional que ya que tal y como lo establece el artículo 269 que es el artículo en el que este pedimento se sustenta del Código Procesal Penal, ambas partes pueden presentarse ante el Juez de la Instrucción a fin de que decida sobre la disposición de admisibilidad tomada por el Ministerio Público, esa decisión es la decisión TC/00260/18 nuestro Tribunal Constitucional, en resumen honorable para pasar a las conclusiones lo que estamos planteando honorable, es que en este en este caso en particular no se respetó las reglas de debido proceso establecidas por los artículos que hemos mencionado, 296 y 297 en el sentido de que el Ministerio Público no cumplió con su deber de notificar a la parte querellante la acusación antes de presentarla para que esta en los plazos establecidos por el artículo 296 manifestara si tendría la intención de adherirse a ella o presentar su propia acusación yreiteramos que está dentro de la dinámica del proceso esto debía producirse antes

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

de que se formalizara la notificación de la acusación por parte de este tribunal reiteramos que se violaron en este caso los plazos establecidos por la ley pero también permitió que los querellantes con esta adhesión irregular presentaran una serie de pruebas sin que nosotros tuviéramos laoportunidadderesponderlas porque ya nuestroplazoestablecidoporel artículo 299 para ese momento había vencido, estamos hablando de una situación que en principio fue responsabilidad del Ministerio Público que no es posible en virtud de los principios que rigen el proceso que se haga al imputado cargar con las consecuencias de una inacción del Ministerio Público y en ese sentido nuestras conclusiones formales van a ser leídas en este momento honorable y vamos a solicitar con respecto a este punto lo siguiente: en primer lugar, como es un proceso oral vamos a establecer la fecha en que este incidente fue depositado por escrito que fue el día dos del mes de diciembre del año 2024 a las 3:33 p.m. por ante la Secretaría General de esta jurisdicción y concretamente pedimos primero inadmitir la adhesión a la acusación pretendida por la señora Beatrice Lara Bellion por haber sido propuestademaneraextemporánea yenconsecuenciadesestimarlos medios probatorios que apoyan dicha adhesión; en segundo lugar solicitamos inadmitir la concretización y liquidación de daños pretendida por la señora Beatrice Lara Bellion por su falta de calidad y por haber sido propuesta de manera extemporánea y en consecuencia desestimar los medios probatorios que la apoyan; tercero y último en este caso declarar la inexistencia de la pretendida condición de querellante de la señora Beatrice Lara Bellion por no haber sido admitida su querella con constitución en actor civil por lo demás honorable nos supeditamos a lo que este tribunal pudiera aportar y a lo que ha sido escrito a través de la instancia que contiene este incidente que conocen ya tanto la parte querellante como la parte acusadora”.

El abogado querellante constituido en actor civil, en representación de la ciudadana Beátrice Lara Bellion, manifestar lo siguiente: “Voy a ser bastante breve, no lleva razón la defensa técnica con lo que plantea, desde el 30 de mayo del 2023 fue depositada la querella y fue notificado el imputado el 3 de julio, hacemos una querella que cumple con todos los parámetros legales que de igual forma fue establecida la condición en actoría civil de la señora Beatrice Lara Bellion, de igual forma, como ellos han planteado el hecho de que el Ministerio Público, haya depositado la acusación sin que previamente se nos haya notificado a nosotros en modo alguno puede cercenar un derecho que tiene la señora Beatrice Lara Bellion, de implorar justicia, ellos pasan esta supuesta agresión al debido proceso bajo el fundamento de que no tendrían ellos el chance de posteriormente responder o repostar con relación a los documentos que hemos aportado, no es cierto y mienten en sus argumentos; toda vez, que a la fecha en que depositamos los documentos ellos solicitaron la reposición de plazos, por eso en la solución que plantean esta normativa procesal; o sea, cuando existen defectos y las notificaciones el reponer los plazos para que aquellas partes que de alguna manera podrían haber sido vulnerados puedan ejercer los derechos, si se fijan nuestro escrito de pretensiones o de liquidación de la nación de prueba data del 20 de noviembre de 2024 aquí de alguna manera en el incidente; entonces, hoy ¿Por qué no lo plantean? Hablaban de una extemporaneidad, de fuera de plazo, pero ¡oh!, sorpresa, ¿Cual plazo inició? ¿Cuál plazo corrió? ¿Cuál plazo fue que la señora Beatrice Lara Bellion vulneró? La respuesta es sencilla,

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

ninguno a depositar la adhesión a este tribunal se depositó en el Ministerio Público ese acuse recibido todo está depositado de nuestro escrito de acreditación de pruebas y de liquidación de los daños y perjuicios que habían sido reclamados inicialmente. En este sentido, entendemos que no lleva razón la defensa técnica no se ha vulnerado su derecho en ningún sentido; por lo tanto, nuestra condición de querellante ha sido reconocidos por la fiscalía desde el momento en que se comenzaron las vistas en las que participamos todas las partes y que firmamos las actas allí levantadas, nuestra condición de querellante ha sido ratificada por el Ministerio Públicoen el momento en el queejerció medidas de instrucción a requerimiento nuestra condición es querellante ha sido ratificada por el Ministerio Público el momento en que así nos reconoce en la acusación que ha presentado y de la cual se encuentra apoderado el tribuna; en ese sentido, entendemos que no lleva razón la defensa técnica, por lo tanto, entendemos que, debe ser rechazado el incidente que ha sido presentado, bajo reservas”.

La representante del Ministerio Público, manifestar lo siguiente: “Si lo que ha ocurrido en el día de hoy es una mala interpretación con relación a la norma por parte de la defensa, sin embargo, ellos han argüido que de parte del Ministerio Público ha lacerado lo que es el derecho de la parte querellante en este caso, también han argüido con relación a una solicitud incidental de parte de la defensa con relación a que es el Ministerio Público en principio no le haya notificado a esta parte, tendría que quedarse inactivo es las sugerencia que ha dado la defensa y que por vía de consecuencia como ellos han agotado su plazo con relación a los reparos a dicha acusación y emanar una querella con constitución en actor civil a favor de una víctima del presente proceso ya ellos han agotado la vía de poder referirse a la misma, sin embargo es como hemos dicho, es una mala interpretación que tiene la parte de la defensa en solicitar inadmisión de parte querellante. Sí puede verificar con relación a lo que establece la normativa de quiénes pueden constituirse, bastante claro lo han establecido inmediatamente se presenta lo que es esa querella no tendría el Ministerio Público que formalizar de manera escrita o decir ante los demás que está admitiendo dicha querella de hecho las primeras actuaciones que se realizan son de la parte de la víctima que pone en movimiento con relación a la acción de parte del Ministerio Público y que da lugar a que se investigue y a que se presente requerimiento conclusivo, si la otra parte necesitaría de lo que es ese escrito, que está en todo su derecho también como también la víctima está en todo su derecho de presentar sus pretensiones civiles, su reparación de daños tal como lo establece la norma, yaquí no se ha presentado a ni el día de hoyse ha presentado la acusación ysi cumple con todos los requisitos también hay una posibilidad de verificar admisión de la misma y esa parte debió en su momento solicitar tener conocimiento pero no utilizar una táctica para solicitar que sea inadmitida una parte o la pretensiones de parte de la víctima en el proceso, en esas atenciones honorables nosotros vamos a solicitar que sea rechazado el incidente de parte de la defensa y se ordene la continuación de la audiencia”.

El Magistrado Juez, cuestionar lo siguiente: “¿Usted hizo o no hizo una notificación formal Ministerio Público a la parte querellante?”

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

La representante del Ministerio Público, manifestar lo siguiente: “No tengo dentro del legajo de las pruebas, no tengo ningún tipo de notificación que se le haya…”

El Magistrado Juez, cuestionar lo siguiente: “O sea, ¿Por qué no lo tiene ahí? o, ¿Por qué no se hizo?”

La representante del Ministerio Público, manifestar lo siguiente: “No tenemos con certeza, a menos que la misma parte lo haya depositado”.

El abogado querellante constituido en actor civil, en representación de la ciudadana Beátrice Lara Bellion, manifestar lo siguiente: “Nosotros tenemos…”

El Magistrado Juez, manifestar lo siguiente: “Un segundito, por favor, porque ahora es un asunto que atañe al Ministerio Público, si necesita tiempo para tener la certeza de que, si se hizo o no se hizo, se lo podemos dar”.

La representante del Ministerio Público, manifestar lo siguiente: “Habría que verificar dentro de los documentos”.

El Magistrado Juez, manifestar lo siguiente: “Vamos a dar 2 minutos para que usted simplemente me confirme si le notificaron formalmente o no a la parte querellante, antes de continuar con la réplica. ¿Podemos seguir continuando o necesita esos dos minutos Ministerio Público?

La representante del Ministerio Público, manifestar lo siguiente: “Podemos seguir avanzando para ganar tiempo”.

La defensa técnica, manifestar lo siguiente: “Sí magistrado, fíjese lo bueno de hacer peticiones con respecto a la norma es que por más que tú digas es la ley que establece cual es la notificación que activa el plazo para la adhesión, es la ley que dice todo eso y lo bueno del proceso penal es que esos plazos, esos actos, esas cosas que deben hacerse son garantías procesales que salvaguarda los derechos de las partes principalmente la parte que ha sido investida en calidad de imputado en este caso pero o sea es fácil haypoco que replicar porque ahí está ahí está la norma, sin embargo hay algo que yo quiero precisar porque no lo dijimos que entendíamos que no era necesario, bueno eso es una entrega de la acusación, quizá no fue lo que usted le preguntó al Ministerio Público, sí fíjese es que este caso en particular no es que se le olvido notificar al Ministerio Público, porque nadie estaba discutiendo la calidad del querellante, no fue porque mira que puede ser que una certificación por la secretaría tribunal, no en este caso en particular desde el día uno esta defensa depositó en manos Ministerio Público que se declara la inadmisibilidad de esa querella, es decir, que no solo se trata un tema de que el Ministerio Público no le notificó o lo que sea sino que también con esa actuación desconocía una obligación que tenía de dar una respuesta a esta defensa que

Resolución núm. 063-2025-SRES-00030

núm. 2024-0143950

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

desde el día uno ha puesto entredicho la calidad de querellante, es decir, que figura en el proceso que nosotros en ocasión de otros incidentes estaba empezando a requerimiento que le hicimos porque también uno de los reclamos que tenemos al Ministerio Público que no respondió a esa solicitud de admisibilidad, es decir, no solamente no le dijo lo que la ley establecía que de paso activaba una serie de garantías procesales de nosotros como imputado sino también que tampoco dió respuesta, el tema de la calidad, el tema de la admisibilidad de la querella era un tema que estaba en el tapete desde el día uno, es decir, que el hecho de que no respondiera es grave pero también es grave que no nos respondiera a nuestra petición, es decir, que no hay ninguna duda de que la situación sobre la admisión de la querella siempre fue debatido en este proceso del día uno del conocimiento de las de la vista que hubo ante el Ministerio Público y en ese sentido queremos llamar la atención del tribunal en ese sentido, como la fecha o en este caso o la notificación perdón que establece el artículo 296 es importante queremos advertir que seguro el tribunal lo ha visto pero tenemos que mencionarlo que este documento que acaba de presentar el Ministerio Público podrá dar fe de que se comunicó la acusación a la parte querellante pero no puede honorable dar fe de su fecha, esto está fechado me parece que el día 11 de noviembre me disculpa para confirmárselo, aquí veo una comunicación del día 19 de noviembre del 2024, sin embargo, lo que le daría fecha cierta a este documento sería una de dos; o la comunicación o que haya sido registrada o que se haya hecho mediante un acto de alguacil sabiendo que los alguaciles tienen fe pública respecto de la fecha que colocan en esos actos, igual habría sido fuera de plazo porque fue hecha el 19 de noviembre pero lo que decimos es que este documento no puede dar fe de la fecha en que fue realizado de cara a la valoración del planteamiento que hemos hecho al tribunal, ratificamos”

El magistrado juez, fallar in-voce:

Sobre la solicitud de inexistencia de la querella por no haber sido admitida la misma.

En primer lugar, damos respuesta de manera concreta a los planteamientos presentados por la defensa, la cual solicitó que se declare la inexistencia de la condición de querellante, argumentando que la querella no fue admitida (siendo este el tercer petitorio formulado); sin embargo, atendiendo a un orden lógico procesal, corresponde responder a esta cuestión en primer término, ya que, de ello dependerá si la adhesión a la acusación y la concreción de pretensiones civiles fueron o no extemporáneas, que son los primeros pedimentos realizados.

Sobre este punto, es importante destacar, en primer lugar, que el debido proceso reconocido en el Código Procesal Penal establece que, una vez presentada una formal denuncia o querella, el Ministerio Público tiene el deber de investigar los hechos cuando se trata de una acción pública. En ese sentido, el debido proceso exige que, tras la presentación de una querella, el Ministerio Público emita un dictamen formal sobre su admisión o inadmisión.

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

Sin embargo, es importante recordar que, de manera implícita, esto también ha sido modificado por la Ley 10-15. Actualmente, todo lo dispuesto en los artículos 296 y 297 del Código Procesal Penal de la República Dominicana corresponde a una regulación previa a la modificación introducida por dicha ley.

Antes de la reforma, la querella debía presentarse antes de la presentación del requerimiento conclusivo. No obstante, con la Ley 10-15, este plazo se ha extendido, permitiendo que la querella sea presentada hasta antes del dictado de apertura a juicio; es decir, ahora la ley permite su presentación incluso después de la presentación del requerimiento conclusivo.

Entonces, con la dinámica procesal vigente y dentro del marco jurídico actual, se permite la presentación de una querella incluso después de lapresentación del requerimiento conclusivo y antes de la decisión definitiva sobre la vista preliminar.

Al día de hoy, no se ha emitido una decisión sobre la audiencia preliminar, lo que nos lleva a considerar que, si bien los artículos 296 y 297 del Código Procesal Penal de la República Dominicana no fueron expresamente modificados por la Ley 10-15, aún estaría dentro del plazo para presentar una querella cualquiera que lo haga en este momento, dado que todavía no se ha dictado una decisión respecto de la audiencia preliminar.

Ahora bien, en el presente proceso, lo que ha ocurrido de manera concreta es que no se trató de una notificación formal; sin embargo, el documento presentado (constancia de entrega), es el documento con el que se cuenta y no se ha impugnado la autenticidad de la firma. En este sentido, se observa que, en fecha 19 de noviembre de 2024, la Licda. Kathering Olivo, Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, certificó haber entregado la acusación al Licdo. Patricio Silvestre Mejía, lo que nos lleva a entender que, desde esa fecha, se tuvo conocimiento de la acusación con requerimiento de apertura a juicio.

Por lo tanto, hemos señalado que no se puede castigar a la parte imputada por la negligencia del Ministerio Público al no realizar la notificación formal que establecen los artículos 296 y 297 del Código Procesal Penal de la República Dominicana; sin embargo, tampoco se puede perjudicar a la parte querellante, quien desde mayo del año pasado ha informado al órgano acusador su condición de querellante.

En ese sentido, entendemos que teniendo conocimiento de la acusación desde el 19 de noviembre de 2024, posteriormente, en un plazo de tres días, tenían el deber de indicar si se adherían o no a la acusación del Ministerio Público, sin que esta comunicación estuviera dirigida al tribunal, no presentaron acusación particular y, finalmente, el 20 de diciembre de 2024, depositaron ante el Centro de Servicio Presencial del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Distrito Nacional, un escrito de adhesión y concretización.

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

Entonces,consideramos quenosehanviolentado derechos fundamentales,yaque,alpermitir el legislador un plazo amplio para constituirse como querellante, lo único que esto generaría es una reposición de plazo a favor de la parte imputada, si al día de hoyexistiese una querella nueva, garantizando así el derecho de defensa, el cual no ha sido vulnerado. En consecuencia, tratándose de un escrito que ya había sido notificado, no puede considerarse una violación de derechos fundamentales; por lo tanto, se rechazan los pedimentos realizados por los motivos expuestos y se ordena la continuación de la audiencia.

A las una horas y dieciséis minutos de la tarde (01:16 p.m.) del día quince (15) de enero del dos mi veinticinco (2025), se recesó el conocimiento de la audiencia.

A las nueve horas y treinta minutos de la mañana (09:30 a.m.) del día dieciséis (16) de enero del dos mil veinticinco (2025) se reanudó el conocimiento de la audiencia.

El Magistrado Juez, manifestar lo siguiente: “Continuamos con el conocimiento de la audiencia a cargo del señor José Luis del Rio Muñoz, se trata de una audiencia iniciada el día de ayer, en la cual se escuchó la acusación y previo a la participación de la parte querellante fue presentado un incidente por parte de la defensa que fue decidido, recesándose la continuación del conocimiento de la audiencia para el día de hoy. Manifestó la defensa que tenía un recurso que presentar, tiene la palabra”.

El recurso de oposición permite que el Juez que ha decidido sobre un aspecto incidental o de mero trámite, vuelva sobre su decisión cuando se cuestiona que se ha cometido algún error, y este es el único recurso admisible en audiencia, conforme las previsiones de los artículos 407 y siguientes del Código Procesal Penal de la República Dominicana.

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

Cabe destacar que la decisión emitida no se fundamentó en el desconocimiento del debido proceso, como aduce el recurrente en oposición. Por el contrario, la decisión que ahora se recurre en oposición se basó en que el debido proceso seguía siendo respetado. Su fundamento radica en que se observó la existencia de una querella formal presentada el 30 de mayo de 2023, es decir, dentro del plazo hábil.

La decisión se fundamentó además, en el hecho de que, conforme a las pruebas aportadas, específicamente la certificación de la fiscalía de fecha 19 de noviembre de 2024, se informó a la parte querellante sobre el escrito de acusación, el requerimiento de apertura a juicio y la solicitud de imposición de medida de coerción.

La decisión que ahora se impugna en oposición también tomó en cuenta que, el 20 de noviembre de 2024, se presentó un escrito de adhesión a la acusación formulada por el Ministerio Público, todo esto dentro del plazo establecido por la normativa; por tanto, se concluye que el procedimiento seguido es conforme al debido proceso.

En consecuencia, este juzgador observó que en este caso específico se trata de una querella presentada antes del acto conclusivo, lo que implica que debe seguir todos los parámetros establecidos en la normativa vigente. Si bien el recurrente acierta en señalar que existe una distinción entre una querella interpuesta antes y después del acto conclusivo, lo cierto es que en este proceso la querella fue presentada en mayo de 2023, previo al acto conclusivo.

Asimismo, se verificó una formal entrega de la acusación el 19 de noviembre de 2024, una adhesión a la acusación el 20 de noviembre de 2024 y la correspondiente notificación a la defensa de dicha adhesión, como ha sido demostrado con el acto de alguacil que acredita dicha adhesión. Estos elementos confirman que el proceso se ha desarrollado en estricto apego al debido proceso y a las disposiciones legales aplicables.

En consecuencia, este juzgador reafirma que el debido proceso ha sido respetado en todo momento, ya que, la parte querellante ejerció su derecho de adhesión dentro del plazo legal establecido. Al adherirse dentro de los tres (3) días previstos en la normativa, no hubo necesidaddeagotarelplazoadicionaldediez(10)díasqueseconcedeencasodenoadhesión a la acusación del órgano acusador.

Además, se verificó que existe un documento firmado entre las partes que acredita la notificación correspondiente, lo que demuestra que el proceso ha seguido los cauces legales. No sería justo perjudicar a una parte que presentó su querella en tiempo oportuno, más aún cuando el propio legislador ha previsto que la querella puede presentarse en cualquier momento antes de la emisión del auto de apertura a juicio; por lo tanto, la esencia de la decisión que ahora se impugna en oposición se mantiene firme; puesto que, el debido proceso ha sido garantizado, y no se ha vulnerado derecho alguno de las partes.

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

Por lo tanto, si bien el artículo 25 del Código Procesal Penal establece que debe interpretarse en favor del imputado, esta disposición no puede analizarse de manera aislada. Debe armonizarse con el artículo 74 de la Constitución, el cual dispone que la interpretación de los derechos y garantías debe realizarse conforme al principio de favorabilidad en relación con el titular de la situación concreta.

En este caso, el titular de la situación concreta es el querellante, quien presentó su querella ante el Ministerio Público y, por tanto, tiene derecho a que se emita un dictamen sobre su admisibilidad o inadmisibilidad. La aplicación del principio de favorabilidad no puede interpretarse en detrimento de derechos fundamentales, en este caso, el derecho del querellante al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva.

El hecho de que el Ministerio Público no haya emitido un dictamen expreso sobre la admisibilidad de la querella no significa que esta no haya sido admitida. Al presentar una acusación con requerimiento de apertura a juicio e identificar al querellante como tal, se configura una admisión tácita de la querella.

En virtud del principio de favorabilidad y del derecho de acceso a la justicia, no se puede desconocer la condición de querellante a una parte que ha cumplido con los requisitos procesales yha ejercido su derecho conforme al debido proceso. Desconocerle esa condición significaría una vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva, lo que contravendría los principios fundamentales del proceso penal; por lo tanto, la interpretación más justa y conforme a derecho es que la querella ha sido admitida tácitamente y que el querellante mantiene su derecho a intervenir en el proceso.

De igual manera, señalábamos la admisibilidad tácita de la querella se fundamenta no solo enlaprácticaprocesaldel MinisterioPúblico,sinotambiénenlainterpretaciónconstitucional que garantiza la tutela judicial efectiva. La sentencia TC/360/18 refuerza este criterio al señalar que, aun cuando el proceso haya avanzado (judicialización, solicitud de medidas de coerción, etc.), ello no impide a las partes presentar objeciones. Esto significa que los derechos procesales de las partes se mantienen vigentes y pueden ser ejercidos en cualquier momento conforme a los principios del debido proceso.

Por tanto, no hay violación de derechos fundamentales, ya que la parte querellante ha tenido acceso a la justicia y ha podido ejercer sus derechos dentro de los plazos y formalidades que establece la normativa procesal.

Por lo que, ninguno de los derechos envueltos están afectados y por eso decidimos rechazar el incidente presentado, así las cosas, luego de observar que la decisión que ahora se ataca en oposición ha sido emitida respetando el debido proceso de ley; por lo que, entendemos que, procede que sea mantenida.

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

RESUELVE:

Primero: Declara bueno y válido en cuanto a la forma, el recurso de oposición en audiencia, planteado por la defensa técnica del imputado José Luis del Río Muñoz, por tratarse de una decisión incidental, pasible de ser recurrida por esta vía.

Segundo: Rechaza en cuanto al fondo el recurso de oposición en audiencia, planteado por la defensa técnica del imputado José Luis del Río Muñoz, ratificando la decisión anterior.

CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA

El Magistrado Juez, manifestar lo siguiente: “Parte querellante, ¿Previo al incidente se prestaba a resaltar que se adhirió a la acusación y que señalaba que tenía pruebas distintas?”.

El abogado querellante constituido en actor civil, en representación de la ciudadana Beátrice

Lara Bellion, manifestar lo siguiente: “Correcto magistrado, a eso me disponía con el tema de la litigación por daños y perjuicios que han sido descritos en nuestras pruebas y hacer una mención con respecto a la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público”

El Magistrado Juez, manifestar lo siguiente: “De acuerdo tiene la palabra”.

El abogado querellante constituido en actor civil, en representación de la ciudadana Beátrice

Lara Bellion, manifestar lo siguiente: “Inicio con la parte de la actoría civil desde la inclusión de la querella fecha 30 de mayo de 2023, la señora Beatrice Lara, acuño las calidades tanto de querellante como de actora civil en contra del señor José Luis del Río, por las razones que dieron lugar al presente proceso y que ha sido debidamente acreditados por el Ministerio Público al momento de presentar la acusación por lo que no voy a hacer referencia de manera expresa a ello, posteriormente fecha 20 de noviembre, el día posterior fue notificada la acusación, fue depositado el escrito donde liquidamos los daños y perjuicios recibidos, así como aportando elementos de pruebas vinculados a nuestra acusación, es oportuno resaltar que la autoría de la señora Beatrice Lara se fundamenta en los artículos 83, 84, 85, 86, 188, 267 y 268 del Código Procesal Penal de la República Dominicana, de igual forma, el interés de la querellante no es solamente legítimo, si no también jurídico personal e innato debido a que esta fue la persona que directamente ha sido perjudicada con las actuaciones ilícitas que ha sido cometida por el señor José Luis del Río Muñoz con la afectación de sus hijos, a los fines de ilustrar brevemente los daños sufrido hasta el día de hoypor la señora Beatrice Lara, solamente por pensiones alimenticias a percibir, se acumula la suma de 11,000,000 de pesos, como es evidentequela especieseverifican los elementos constitutivos delaresponsabilidad civil, tanto la falta como de estos elementos que se verifica cual es el objeto de la sentencia y el daño al no recibir los beneficios de esta pensión alimenticia, que dicho sea de paso, lo que esto contrae que está atentando contra dignidad humana, así como la reacción causa

Resolución núm. 063-2025-SRES-00030

núm. 2024-0143950

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

efecto entre el hecho causado yque el dañosufrido; demanerapreliminarconformeestablece la normativa procesal penal, se ha sido liquidada las prestaciones económicas y la siguiente manera: a) Al pago las pensiones vencidas que a la fecha de la presente audiencia acumula 10,500,000 pesos; y B) A título de indemnización o reparación por los daños y perjuicios materiales y morales sufridos por el ponente, a la suma de 21,000,000 de pesos, estos sin perjuicio de poder ampliar esta partida de conformidad con lo establecido en el artículo 297 del Código Procesal Penal, eso es cuando a la liquidación de las pretensiones civiles. En relación a las pruebas que han sido aportadas en nuestro escrito depositado de fecha 20 de noviembre de 2024, nosotros vamos a proponer, tal cual como el Ministerio Público y que la lectura sea estipulada, si no hay ninguna objeción de las partes

El Magistrado Juez, cuestionar lo siguiente: “Ministerio Público, ¿Sobre la propuesta de estipulación?”.

LarepresentantedelMinisterioPúblico,manifestarlosiguiente:“Síhonorable,estipulamos”.

El Magistrado Juez, cuestionar lo siguiente: “Defensa, ¿Sobre la propuesta de estipulación?

La defensa técnica, manifestar lo siguiente: “Bajo la premisa de que nos podamos pronunciar sobre esas pruebas”.

El abogado querellante constituido en actor civil, en representación de la ciudadana Beátrice

Lara Bellion, manifestar lo siguiente: “Muybrevemente respecto a la medida de coerción que ha solicitado el Ministerio Público, quiero resaltar lo siguiente: Estamos frente magistrado a un imputado que se trata de un extranjero, un ciudadano español, lo cual evidentemente, de acuerdo a la doctrina y nuestra normativa, son elementos que tienen que ser valorados para los fines de poder establecer lo del arraigo de una persona, yde igual forma, magistrado, dada lamismanaturalezadel proceso, el tribunal habrádevalorarque estamos frenteaunapersona que se ha creido por encima del sistema de justicia, toda vez que lo que nos trae acá es precisamente el incumplimiento de múltiples decisiones de tribunales, que esta persona ha incumplido; como es el pago de la pensión sido ordenada en favor de la señora Beatrice Lara, de igual forma debe valorarse que en tema de pensión alimenticia la medida de coerción que usualmente se aplican tienden a la prisión preventiva y en el caso de la especie, el Ministerio Público ha sido mucho más benévolo y consciente y ha solicitado una medida de coerción mucho más benigna en favor del imputado pero magistrado entendemos primordial que sea aplicada toda vez que es de rigor poder asegurar la presencia del imputado de los hechos subsiguientes, sobre todo basándonos en los elementos anteriores que hemos establecido, donde estamos en un proceso que nace del incumplimiento de decisiones judiciales lo cual nos lleva a suponer o a pensar la posibilidad manifiesta de sustraerse del proceso, de igual forma, es oportuno agotar que dentro de los vastos, documentos que han sido presentados por la defensa al día de hoy no hemos visto que se haya presentado ningún elemento que tenga que ver para probar el arraigo del imputado yque pueda desmeritar la solicitud de imposición

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

de medida de coerción que ha sido hecha por Ministerio Público, en este sentido esta es otra de las razones que dan lugar a que este Tribunal de tenga a bien a acoger esta solicitud, sobre todo porque se encuentra fundada en los numerales 1, 3, 4 y 7 de artículo 229 del Código Procesal Penal, y se aplican a la perfección en el caso de la especie para asegurar la continuidaddel proceso. Enestesentidomagistrado,nos permitimos yaconcluirdelamanera siguiente, que son básicamente las conclusiones que reposan en el escrito que fue depositado: ratificar las conclusiones en actoría civiles presentadas por medio de la querella en constitución en actor civil depositada en fecha 30 de mayo de 2023 ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional y liquidar de manera preliminar las pretensiones civiles de la siguiente manera;: A) el pago de parte del imputado el cual es civilmente responsable, el señor José Luis del Rio Muñoz la suma de las pensiones vencidas la cual asciende la suma de 10,500,000 pesos, sin perjuicio del cúmulo de pensiones que mensualmente vencen, sin que se realiza el pago debido por el imputado; B) el pago por parte del imputado y personas civilmente responsable el señor José Luis del Rio Muñoz, al título de indemnización por los daños, perjuicios y morales sufrido por la exponente, la suma de 21,000,000 de pesos sin perjuicio de poder ampliar esta partida en virtud de las disposiciones del artículo 297 del Código Procesal Penal de la República Dominicana, C) que sean acreditado al proceso los elementos probatorio que han sido tratados por medio del presente escrito por ser estas pruebas validas, vinculantes,útiles yrelevantes ypertinentesenel presenteproceso; D)dictar autodeaperturaajuicioencontradelseñorJoséLuisdelRioMuñoz,porviolaciónal artículo 357-4 del Código Penal Dominicano en perjuicio de la señora Beatrice Lara, acreditando todos y cada uno de los medios probatorio ofertados en la acusación ofertada por Ministerio Público, así como de manera particular; E) identificar como partes al señor José Luis del Río Muñoz como imputado y la señora Beatrice Lara Bellion como víctimas querellante y actora civil y F) imponer al señor José Luis de Río Muñoz las medidas de coerción que ha sido solicitada por el Ministerio Público a través de su acusación, consistente en impedimento de salida, presentación periódica así como la presentación de una garantía económica, bajo reservas magistrado”.

El juez, explicar al imputado José Luis del Rio Muñoz, la acusación formulada en su contra, poniéndole en conocimiento que le asiste el derecho de guardar silencio, sin que esto pueda ser interpretado en su perjuicio, así como el derecho de declarar todo cuanto estime favorable asudefensa,pudiendosuspendersusdeclaracionesencualquiermomentodelprocedimiento; y preguntarle si desea hacer uso de su derecho a declarar o guardar silencio. Quien decidió guardar silencio.

PRESENTACIÓN DE INCIDENTES

Sobre excepción de incompetencia:

La defensa técnica del imputado José Luis del Río Muñoz, presentar formal incidente, manifestando lo siguiente: “Sí, muchas gracias honorable, como usted sabrá, como saben

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

todos los presentes, la parte acusada, la defensa técnica ha presentado una serie de incidentes, hablamos de cinco incidentes en total, porque si bien fueron 6, uno de esos incidentes, fue discutido ayer y fue de hecho objeto de discusión en los primeros minutos de esta jornada, en ese sentido, honorable y salvo su mejor parecer, lo que nosotros proponemos al tribunal es primero presentar oralmente estos incidentes y posteriormente, entonces referirnos al fondo de la acusación en el caso de la presentación de los incidentes, estará a mi cargo y la presentación de la sustentación de los medios de defensa en contra de la acusación, hablamos de los aspectos de fondo, estará a cargo de mi colega Cristian Martínez, pasando entonces y entrando en materia de inmediato, honorable, vamos de manera simultánea, a presentarlos todos e iremos concluyendo en cada uno hasta llegar al último. Hemos determinado honorable,hemos establecido, unordenque consideramos el orden máslógicodesde el punto de vista procesal, tomando en cuenta el contenido y la naturaleza de cada uno de estos incidentes, y en ese sentido, el primer incidente que entendemos tenemos que presentar en este foro es el que se refiere a la excepción de incompetencia, que hemos presentado debido a que de ser acogida esta excepción de incompetencia honorable, no habría ninguna otra cosa queestetribunal tuvieraqueanalizar, entonces, en esesentido,pasamos inmediatoaformular a grandes rasgos los fundamentos de esta excepción de incompetencia, porque en nuestro escrito está ya sustentado en detalle de manera concreta lo que nosotros hemos planteado ante este tribunal en el plazo que nos concede el artículo 299 es una situación que fue planteada oportunamente al Ministerio Público, pero nunca obtuvimos respuesta, el motivo principal de esta acusación es, digamos, el hecho discutido, la supuesta falta de pago de una pensión alimenticia otorgada a favor de la señora Beatrice Lara se alega que el señor José Luis del Río ha incumplido con esta obligación de pago dispuesta por una sentencia; nosotros desde el principio, pues les reitero, hemos planteado aquí lo hacemos y lo hicimos también ante el Ministerio Público, tan temprano como en el mes de julio del año pasado, que existe un obstáculo legal que impide la persecución de la acción penal, ese obstáculo legal honorable es la existencia de un ofrecimiento real de pago aceptado sin reservas por la señora Beatrice Lara Bellion y en el cual colocó además, como establecen las normas de procedimiento su firma en señal de aceptación, reitero, sin ningún tipo de reservas. En principio, y es algo que nosotros señalamos en el escrito que contiene los argumentos de este incidente, pudiéramos pensar que la única tarea que tiene que realizar el tribunal es determinarsi el pago serealizóono,peroel obstáculo conel quenos encontramos honorable, es que el documento que demuestra que la deuda ya no existe, de que el pago ofrecido fue aceptado y que por tanto se extinguió la obligación, está contenido en un documento que a la fecha actual mantiene toda su efectividad y toda su vigencia, nos referimos específicamente y me permito leerlo para poder identificarlo con puntos y señales de manera correcta al acto de alguacil número 163-2023, el cual fue notificado a precisamente a las 11:50 am del día 22 de febrero del año 2023 y fue instrumentado por el ministerial Héctor Alfonso López Goris quien es alguacil de la Presidencia del Tribunal Superior Administrativo, ese documento, como explicábamos en nuestro escrito de incidente honorable, es un acto jurídico que cuenta con todos los requisitos de validez establecidos por el Código Civil y por el Código de Procedimiento Civil, sobre todo conforme lo que establece en los artículos 1234 ysiguientes,

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

es un documento mediante el cual se extinguió la obligación cuya falta de pago es el fundamento principal de este proceso ¿Cuál es el problema honorable? y con esto básicamente estamos ya terminando de cerrar la presentación de este incidente, que cualquier discusión respecto de la validez o la eficacia de ese documento, es una cuestión que escapa al control de la jurisdicción penal, es una competencia de atribución exclusiva de los tribunales de derecho común, en este caso de manera muy concreta del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional en su Cámara civil, porque estamos hablando de un documento regido por las reglas del Derecho Civil, de un documento que como documento válido de la prueba del pago, ese documento ni siquiera ha sido atacado por la parte en este casoacusadora,porqueestamoshablandodequelavigenciasemantieneindependientemente de que hubiera sido atacado hasta que exista una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada pero sucede que la contraparte ni siquiera ha dado aprestos o ha iniciado el proceso para atacar la validez y la eficacia de ese documento y reiteramos, lo que se pretende aquí de manera solapada es que usted finalmente se refiera a la validez de ese documento, porque ese documento prueba que la deuda ha sido extinguida, pero la contraparte obviamente no se ha referido a esto y ha pretendido manejarlo como si ese documento no existiera, pero lo cierto es que ante la existencia de ese documento, que es una realidad, inequívoca, insoslayable e innegable y que está depositada no solo como sustento del incidente que estamos presentando, sino también como sustento de nuestros medios de defensa, porque es una prueba del pago, lo cierto es honorable que no hay forma de que este tribunal pudiera establecer que existe o no existe falta de pago si no se refiere a la validez y a la eficacia de ese documento, de manera que, la incompetencia reside de hecho de que este tribunal es en razón de la atribución o en razón de la materia incompetente para referirse a la validez y vigencia de ese acto, lo cual, reiteramos, tendría que ser necesariamente para poder fallar en el modo en el que pretende la parte acusadora yla parte querellante, entonces basado en lo que establece el artículo 54 numeral 1 yel 55 del Código Procesal Penal, el cual aunque sabemos que usted conoce perfectamente nos permitimos leer por el principio de oralidad bueno, si no la entiende necesario, nos ha aceptamos a esto honorable, pero basado de todos en el artículo 54 y en el artículo 55 nosotros estamos proponiendo la incompetencia de este tribunal para conocer del asunto de qué se trata y en ese sentido nos permitimos concluir de manera formal, en virtud de todo lo anterior son nuestras instituciones, solicitamos formalmente a este tribunal declarar la incompetencia de la jurisdicción penal para decidir sobre el asunto que nos ocupa y se proceda a disponer el archivo del expediente conforme los artículos 54, 55 y 57 del Código Procesal Penal, esto es, cuánto bajo reserva honorable. Los documentos en que se sustenta este incidente, son 5 documentos, usted entenderá si es necesario que por lo menos debemos lectura a los documentos de que se trata”.

El Magistrado Juez, cuestionar lo siguiente: ¿Usted los aportó?”

La defensa técnica del imputado José Luis del Río Muñoz, manifestar lo siguiente: “Es correcto”

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

El Magistrado Juez, manifestar lo siguiente: “Parte querellante y Ministerio Público, ¿Ustedes tienen todos los incidentes con sus anexos?”

El abogado querellante constituido en actor civil, en representación de la ciudadana Beátrice Lara Bellion, manifestar lo siguiente: “Sí magistrado”.

La representante del Ministerio Público, manifestar lo siguiente: “Sí”.

El Magistrado Juez, manifestar lo siguiente: “Puede avanzar, doctor”.

Sobre la solicitud de declaratoria de la extinción de la acción penal:

La defensa técnica del imputado José Luis del Río Muñoz, presentar formal incidente, manifestando lo siguiente: Entonces honorable entonces en el mismo sentido y siguiendo un orden lógico y natural de las cosas, el segundo incidente que nos permitiremos, con su venía presentar al tribunal, es uno en el que planteamos la extinción de en la de la acción penal y reitero de manera breve vamos a explicar en qué consisten los fundamentos de esta solicitud de declaratoria de extinción de la acción penal, esta querella como usted bien sabe fue presentada en un asunto que se ha reiterado aquí en más de una ocasión y que se ha traído a colación fue presentada el día 30 de mayo del año 2023, el Ministerio Público que recibió la querella realizó o instrumentó un auto autorizando a que el señor José Luis del Río, en condición de imputado, fuera citado para acudir a la vista que se celebraría en relación con la presentación de esta querella 3 de junio del año 2023, posteriormente el día 13 de junio del año 2023, el señor José Luis del Río recibió una citación para comparecer en fecha 10 de julio ante el fiscalizador o el fiscal del Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional, la primera de esas vistas fue celebrada como lo decíamos en el mes de julio, específicamente el día 10, y la segunda de estas vistas fue celebrada en el día 18 del mismo mes de julio; desde ese momento honorable desde el momento en el que el señor José Luis del Río fue notificado para que acudiera a esta cita ante el procurador fiscal del Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción se produjo una medida de coerción gracias a Dios honorable o por fortuna, nosotros no tenemos que convencer a este tribunal de que esa citación constituye una verdadera medida de coerción, porque el día de ayer el tribunal hizo referencia a decisiones tanto de la Suprema Corte de Justicia, como de nuestro Tribunal Constitucional que han establecido, han determinado que toda citación a comparecer de un imputado es considerada propiamente como una medida de coerción, lo que ha dicho a grandes rasgos nuestro Tribunal Constitucional es que desde el momento en el que un individuo es citado para comparecer ante el Ministerio Público se produce una restricción a su derecho a la libertad y uno de los razonamientos que hace el Tribunal Constitucional para llegar a esta conclusión es establecer que ese ciudadano no tiene la opción, no tiene la alternativa, no tiene la posibilidad de decidir si acude o no a esa cita a la cual ha sido convocado, es obligatorio que asista a ella porque de no hacerlo y normalmente los actos en los cualesseproducenestas situacionescontienenlamismaadvertencia, entonces en ese caso

núm. 063-2025-SRES-00030

núm. 2024-0143950

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

como ese es permitido, pero solo por el juez apoderado del fondo en el juicio de pensión alimenticia, la ley no distingue si eres mujer, casada o si es de un menor de edad, pero sí que sea en el proceso de juicio y no es cierto, honorable, no hay forma de entender o de asimilar que la investigación realizada por el Ministerio Público a raíz de la presentación de una querella pueda ser interpretada con el rigor de un juicio de fondo. Pasemos por alto el hecho de que esa información no debía ser solicitada por el Ministerio Público, no debió ser requerida por el juez y no debió ser colocada en manos del Ministerio Público, pasemos por alto ese hecho y supongamos que sí, que podemos asimilar que ese proceso de investigación es lo mismo que un juicio de fondo o un juicio de pensión alimenticia, pero lo que es innegable, honorable, lo que no hay forma de defender magistrado, es el hecho de que el Ministerio Públicocolocaraesainformación enmanos detercero ycuandodecimos enmanos de tercero, hablamos de los abogados de la señora Lara Bellion y de la propia señora Lara Bellion cuando decimos que son terceros es porque cualquier persona que no sea el señor José Luis del Río o que no sea el Ministerio Público al que esa información fue entregada o el tribunal al que le fue requerida por esos organismos, cualquier persona fuera de esos 3, es tercero en ese proceso porque estamos hablando, de información que no solo está protegida por leyes particulares, sino que esas leyes particulares protegen esa información porque es una información relacionada con el derecho a la intimidad, protegido por nuestra Constitución honorable, esa información y también nos enteramos posteriormente con la acusación y hemos depositado la prueba fue inmediatamente o prácticamente de inmediato compartida por el Ministerio Público con la señora Lara Bellion y sus abogados, las 5 certificaciones que recibieron, 3 de la Dirección General de Impuestos Internos, dos de la Superintendencia de Bancos fueron puestas en sus manos y luego nos enteramos también de que fueron utilizadas en procesos en donde tampoco es permitido que esa información sea utilizada yusted sabe cuál es el gran contraste honorable que la persona que era titular de esa información, que no sabía que había sido solicitada nunca la conoció porque no lo llamaron para ofrecérsela, tampoco llamaron a su defensa técnica para decirle, mira, yo tengo esto aquí que le he solicitado a distintas entidades, lo coloco en tus manos para que decidas cómo responderlo, para que decidas cómo manejarlo, sin embargo, se lo da a la contraparte que no debía tener esa información y de ahí la gravedad de ese asunto básicamente lo mismo para no repetirme, aplica con la información que está protegida por el derecho bancario, solo que en la información protegida por derecho bancario, la única excepción aquí digamos que la ley es un poco más laxa, un poco más flexible, este que lo haya ordenado un tribunal, una un órgano jurisdiccional, parece que esa información, en el caso de la superintendencia fue ordenada por el mismo organismo, el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción, pero el hecho más grave sigue siendo el mismo, el haber participado o el haber comunicado esa información con una persona que no tenía derecho a tener esa información en sus manos y ese asunto es innegable, lo único que pedimos al tribunal para finalmente presentar nuestras conclusiones en relación con este incidente es que verifique lo que establece la norma, los artículos que mencionamos y que verifique honorable en contraposición con esos artículos del Código Monetario y Financiero y de la Ley Tributaria, que la información que hemos alegado que hemos hecho referencia que está protegida por estas leyes porque es información

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

bancaria y es información tributaria y finalmente honorable que verifique la gravedad del hecho de que el Ministerio Público haya compartido esa información con un tercero y que no le haya hecho saber al imputado siquiera que tenía en sus manos esa información dicho esto, honorable, nos permitimos presentar nuestras conclusiones formales en relación con este quinto y último incidente y en este sentido vamos a solicitar honorable lo siguiente: en virtud de todo lo anterior, solicitamos formalmente a este tribunal disponer la anulación de la acusación presentada por el Ministerio Público en fecha 18 de septiembre de 2024, por representar ello una vulneración al derecho de intimidad y honor personal, consagrado por el artículo 44 de la Constitución de la República Dominicana, de conformidad con el artículo 95 del Código Procesal Penal y conforme el precedente judicial contenido en la sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, identificada con el número 20 de fecha 18 de junio de 2014, del Boletín Judicial 1243, honorable, los documentos que no vamos a leer para seguir la misma lógica y dinámica que hemos seguido hasta ahora, pero sin mencionar que la sentencia a que hemos hecho referencia no las citamos porque la colocamos como parte de los medios de prueba solo para facilitar el análisis del tribunal y de la contraparte, ya que no es propiamente un medio de prueba y precisar, honorable que las demás pruebas de que sustentan este incidente son las pruebas que demuestran que la información protegida en este caso fue realmente solicitada que fue obtenida y la prueba de que esa información fue compartida con un tercero, en este caso con los abogados de la señora Lara Bellion y con ella propiamente, es cuanto en lo que respecta honorable a nuestros incidentes, bajo reservas”.

A las once minutos y catorce minutos de la mañana (11:14 a.m.), se receso la audiencia.

A las once horas y treinta minutos de la mañana (11:30 a.m.) se reanudó el conocimiento de la audiencia.

El Magistrado Juez, manifestar lo siguiente: “Defensa, puede continuar”.

La defensa técnica del imputado José Luis del Río Muñoz, manifestar lo siguiente: “Si magistrado, vemos la naturaleza de lo que está haciendo para mantener el control de la coherencia de plantear algo nosotros diríamos si el tribunal lo entiende oportuno plantear los temas, ya que, se refieren al fondo de la petición luego que ya el tribunal haya estudiado la otra parte…”

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

procedimiento lo firmó, el pago de la pensión de la menor y están todos los actos, ahí están todos los actos si usted verifica desde el primero ese es el acto número 160-2023, justamente que figura en el número cuatro de nuestra oferta de prueba, ese acto es el pago de los 120,000 pesos desde esa fecha hasta el día de hoy, ese señor ha hecho malabares para cumplir religiosamente con el mismo acto, es decir todo lo que dice la sentencia, la sentencia dijo el pago de una pensión alimentaria, el pago de una pensión, adlitem, el pago de la pensión de la niña 3,000,000 de pesos en base a un préstamo se mandó con acto de alguacil, lo recibió en base a un cheque, lo recibió 220,000 pesos automáticamente y lo otro dice, mira, como tú tienes un dinero de nosotros, de la comunidad que estamos partición, tú aceptas que sea de tal manera porque tampoco es impuesto, sí, estoy de acuerdo hasta ahora no se sabe nada, todo está perfecto hasta que hoy nos encontramos nosotros con un proceso donde dicen tú no cumpliste ¿Entonces qué pasa? Eso genera la situación de que uno o bien, como yo dije al principio, no existe el incumplimiento porque hay un acuerdo de la forma de cumplir eso, y si hay un acuerdo de la forma de cumplir eso no puede haber incumplimiento o si usted dice no, yo voy a analizar la validez de eso entonces se nos cae la intención, magistrado, porque yo me detuve en lo que establece este artículo que yo leí que el artículo que justifica la acusación y además de que se sobreentiende como en materia penal debe estar el elemento moral, ahí se sindica recalcando el elemento intencional, el desierto no hay que ser un genio para determinar que si aquí lo que estamos discutiendo que una parte si entiende que hubo o no hubo aquí lo que menos ha habido es un tema de intención de incumplir, aquí una propuesta aceptada, un acto que tiene efectos jurídicos, que no ha sido impugnado, que es válido, que se impone a usted, a mí y a todo el vivo y para colmo de males, no corresponde esto al comportamiento que ha tenido en donde si usted verifica la sentencia todo figuran los actos de ofertas recibidos en las mismas condiciones es como que yo diga, mira yo recibo todo este dinero y todo esto, este vale y este no vale, bueno si tú entiendes eso, entiende que pasó algo que yo estoytratando de especular porque yo no sé si fue que se durmió o no estaba ahí o le forzaron la mano yo no sé por qué hasta ahora no ha habido ninguna situación que se ha planteado judicialmente para hacer lo que tiene que hacer que es que antes de llegar aquí, debió anularse eso y si se anulaba, tampoco se podía venir aquí porque no había un elemento intencional, en consecuencia, magistrado nosotros no hicimos un escrito que dijera esto por la realidad del proceso, la diferencia en el caso de los incidentes que presentamos no hemos sometidos las pruebas con relación a este planteamiento de fondo, no sé si leerla o si también la estipulación sea necesaria es documental, la pretensión probatoria.

El Magistrado Juez, manifestar lo siguiente: “Sobre la propuesta de estipulación querellante y Ministerio Publico”.

La representante del Ministerio Publico, manifestó lo siguiente: “Sí honorable, estipulamos”.

El abogado querellante constituido en actor civil, en representación de la ciudadana Beátrice

Lara Bellion, manifestar lo siguiente: “Solo tengo una pregunta en cuanto a esto, ¿Qué es lo que vamos a estipular? Resulta que la contraparte deposito dos inventarios números 10 y 11

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

que son idénticos los inventarios, pero yo quisiera saber si hay una razón para esto, si se van a estipular los dos inventarios o que es lo que paso es la duda que tengo, por eso el tribunal tiene dos inventarios que son iguales, esa es la duda que tengo”.

El Magistrado Juez, manifestar lo siguiente: “defensa, ¿Es lo mismo?”

La defensa técnica del imputado José Luis del Río Muñoz, manifestar lo siguiente: “Si, me imagino que enviamos dos copias, porque están depositados a la misma hora…”

El abogado querellante constituido en actor civil, en representación de la ciudadana Beátrice Lara Bellion, manifestar lo siguiente: “Tienen tickets diferentes”

La defensa técnica del imputado José Luis del Río Muñoz, manifestar lo siguiente: “Pudo haber sido un error de la administración”

La representante del Ministerio Público, manifestar lo siguiente: “Son diferentes, uno esta recibido a las 9:14 y el otro a las 9:12, son dos depósitos”.

La defensa técnica del imputado José Luis del Río Muñoz, manifestar lo siguiente: “Primero, rápidamente vamos a cerciorarnos que es lo mismo que posiblemente lo sea”

El Magistrado Juez, manifestar lo siguiente: Doctor, ¿Con cuál de los dos se queda?”

La defensa técnica del imputado José Luis del Río Muñoz, manifestar lo siguiente: “Bueno, están depositados, en todo caso los dos fueron depositados. Al parecer fue un error”

El Magistrado Juez, manifestar lo siguiente: “Elija uno, porque si no vamos a perder tiempo analizando…”.

La defensa técnica del imputado José Luis del Río Muñoz, manifestar lo siguiente: “Es lo mismo, aparentemente fue un error en la secretaría, porque posiblemente como siempre hacemos mandamos varios ejemplares y para que el tribunal conservara uno para dárselo a las partes, pero hemos verificado que se trata de lo mismo, por el volumen yla hora parecería que por unos minutos se le dieron dos entradas diferentes, vamos a irnos con el que fue depositado en primer momento, me parece que es el que fue depositado a las 9:07, el otro una diferencia de 13 minutos”.

La defensa técnica del imputado José Luis del Río Muñoz, manifestar lo siguiente: “Vamos entonces a leer ya formalmente las conclusiones que preparamos, vamos a obviar porque teníamos la de los incidentes que también no vamos a leerla entonces vamos a ir directamente a las que son relacionadas con el fondo; primero que este tribunal tenga a bien aceptar y admitir todos los medios probatorios propuestos por el señor José Luis del Río Muñoz,

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

sabían desde antemano de que había una decisión de incumplimiento de que había una querella con constitución en actor civil, que el Ministerio Público le dio aquiescencia a la misma, de que se tenía una vista en diferentes ocasiones que están establecidas también y la misma parte corrobora con relación a que acudió ante el Ministerio Público de solicitarle al Ministerio Público de esa carpeta fiscal que inmediatamente se podría poner a disposición de las partes no alegar ignorancia y esperar hasta el mes de noviembre o hasta que apoderaran el tribunal para a negar de que el Ministerio Público no le dio participación o no lo puso a disposición las pruebas recopiladas para el proceso; en esas atenciones también vamos a solicitar que sea rechazado todos y cada uno de los incidentes planteados por parte de la defensa, fíjese ya con para último con relación al escrito que ha hecho la parte de la defensa de la acusación qué ellos enmarcan lo que se ha basado el Ministerio Público en este caso para poder apoderar este tribunal es por el incumplimiento pero ellos en ningún momento han establecido que han saciado esa obligación y tampoco hay algo que quiero que quede en la mente del juzgador es que tampoco ellos han establecido en qué forma pudiera no pronunciarse este tribunal con respecto a un incumplimiento que está establecido en nuestra normativa procesal penal que dónde en verdad podría alegarse o llevarse ante otro tribunal distinto al que estamos apoderados; en esas atenciones, honorables nosotros vamos a ratificar nuestras conclusiones”.

A las doce y treinta y dos minutos del medio día se receso el conocimiento de la audiencia (12:32 p.m.)

A las dos y cuarenta y cuatro minutos de la tarde se reanudo el conocimiento de la audiencia (02:44 p.m.)

El magistrado juez, manifestar lo siguiente: “Bien, estaba pendiente antes del receso, ya el Ministerio Público hizo su contrarréplica, parte querellante puede continuar”.

El abogado querellante constituido en actor civil, en representación de la ciudadana Beátrice LaraBellion,manifestarlosiguiente:“Magistrado,aquísehahabladomuchosobreelfamoso acto 163 el acto por el cual la defensa entiende que ha extinguido una obligación, pero ellos solamente han dicho, han manifestado acá una parte muy cortada de manera muy ventajosa con relación a dicho acto, yo me voy a encargar de informar al tribunal la otra parte, lo primero es magistrado que no es cierto que nosotros hayamos omitido ese acto o queramos hacer pretender que dicho acto no existe de cara a este proceso, la realidad es magistrado que cuando nosotros depositamos nuestra querella ese fue el anexo número 7 que depositamos, no tenemos nada que ocultar ni por qué correrle a ese acto, de igual forma falta la verdad cuando dicen que con respecto de dicho acto nunca hubo una contestación que nunca hubo nada, la realidad es que ese acto no fue más que una obra, de una chicana en contra de la señora Beatrice Lara Bellion quién el alguacil sin informarle lo que estaba firmando le pidió que firmara pero que tan pronto como el día siguiente dicho acto fue contestado mediante el acto de alguacil 318/2023 de fecha 23 de marzo, es el acto número 8 que depositamos con

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

nuestra querella, ¿qué pasa magistrado y qué ha pasado judicialmente con ese acto y los requerimientos de pago que se hicieron? porque posteriormente a esa modificación se hicieron sendas intimaciones de pago o que se habían vencido los dos meses para que se activara la posibilidad de la vía penal, la defensa del señor José Luis del Rio accionó judicialmente contra esas intimaciones; accionó por dos vías por un lado lo hicieron por vía de los referimientos en dos ocasiones y en dos ocasiones las intimaciones que se le hicieron fueron las demandas en suspensiones con respecto a las intimaciones fueron rechazadas y el fundamento para la fecha para interponer esas suspensiones es el mismo argumento que han traído acá en el día de hoy de que el crédito había sido extinguido, que había cursado una oferta y que había sido aceptada, magistrado estos documentos fueron fueron aportadas por el Ministerio Público, documentos número 13 y 14, en ambas ocasiones las requerimientos de pago que fueron posteriores a la supuesta oferta fueron rechazados judicialmente, es decir, ya un tribunal valoró lo que era ese acto, pero ellos no se quedaron ahí, posteriormente demandaron la nulidad en cuanto al fondo de esas intimaciones magistrado, ya no es juez de referimientos ya ahí es juez de fondo ¿Qué pasó en cuanto al fondo? Sencillo, la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial mediante la sentencia 324 del 2024 el 30 de abril también les rechazó su argumento a ello y mantuvieron la intimación y la obligación de pago que pesa todavía el día de hoy con respecto del imputado, es decir, que no es cierto como ellos han querido dar lucir de que ha obrado aquí una extinción de la obligación que aquí no hay delito por eso, que ellos cumplieron y que esto es todo es un abuso, judicialmente ya hay 3 decisiones que le dicen a ello no, no tienes razón pero de igual forma ¿Qué pasó? ellos intentaron la revocación de la pensión, se conoció ante la Octava Sala de Familia, la pensión fue modificada pero le fue impuesta de nuevo magistrado por 300,000 pesos que tampoco han cumplido ni cumplieron con la de 500,000 pesos ni han cumplido con la de 300,000 que fue interpuesta a raíz de una acción de ellos; ahora bien ¿Por qué dicho acto no guarda ningún tipo de eficacia a pesar de los argumentos que esbozamos anteriormente? y es muy sencillo, es que el artículo 1293 del Código Civil de manera expresa prohíbe que los créditos objeto que sean producto de pensiones alimenticias sean compensados, hay una provisión en la ley y todos sabemos que en materia de pensión alimenticia es de orden público, por mucho que se quiera aquí venir a decir de que ha obrado una especie de acuerdo entre las partes, todos sabemos quelamateriadeordenpúbliconopuedenserderogadaporcomisionesparticulares, en este sentido, no llevan razón cuando dicen que han cumplido con la obligación de pago. Habiendo aclarado esta parte con respecto al famoso acto 163, en el sentido de que sí lo contestamos por medio del acto 431 que fue aportado por los medio probatorio del Ministerio Público y amén sobre todo amén magistrado, de que esos argumentos con relación al fondo de la validez o no de dicho acto son cuestiones puramente del fondo, cuestión que usted está vedado de decidir en esta instancia, estamos una audiencia preliminar en más de una ocasión cuando escuchaba el discurso de los colegas me preguntaba ¿Estamos en el juez del fondo o estamos en la vista preliminar? porque aquí básicamente lo que se está planteando es revisa elfondodeeseacto ydispongaeldescargorespectodemirepresentado,esossonatribuciones del juez del fondo magistrado, pero quise hacer la aclaración con relación a cuál ha sido la

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

suerte que judicialmente ha corrido el famoso acto 163 que enciende ello que lo ha librado de toda obligación…”.

El magistrado Juez, manifestar lo siguiente: “Repita cuál fue el documento que mencionó, número 6 de su querella, ¿Qué dice qué?”

El abogado querellante constituido en actor civil, en representación de la ciudadana Beátrice

Lara Bellion, manifestar lo siguiente: “De la querella, yo mencioné el 7 que es el acto 163 que nosotros mismos lo aportamos y también el 8 que es el acto de respuesta a ese acto 163 el acto número 8 con relación…”

El magistrado Juez, manifestar lo siguiente: “¿Cuál es el número del acto?”

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

pertinentes, así como la prueba 61, 62 hasta la 66 dado que se tratan de otras instancias que no versan sobre el pago o cuestiones relativas a la atención alimenticia; las pruebas 67 y 68 que se trata de una demanda en litigación temeraria que han interpuesto la barra de la de la defensaen contradelavíctima; así como laprueba69quenoaportanadael proceso ni resulta útil dado que es una denuncia contra la magistrada investigadora. Ya para concluir estoy tomando el tema de los testimonios y es importante valorar el objeto de esa petición probatoria de dichos testimonios como ha establecido previamente la licenciada Cerfossy, lo que se pretende acá es con eso, la pretensión probatoria de esos testimonios es establecer la realidadsocioeconómicadeladelahoyvíctima,hastadonde yoséesonoes partedelproceso o sea acá no se va en el fondo no se va a discutir si la víctima necesita o no la pensión de lo único que va se está apoderado es decir si ya existe una pensión y dicha pensión fue pagada, independientemente de que hoy en día pudiera tener la fortuna de Jeff Bezos en su nombre eso es relevanteen tanto ycuanto entendemos quenoson pertinentesal proceso ysolo buscan seguir lacerando emocionalmente a la víctima, parece que no ha sido suficiente y como dijimos, poner a un abogado de ella como testigo implicaría que al inicio del juicio del fondo ese abogado tener que salir para no contaminarse para el momento de su declaración está totalmente improcedente sobre todo que violaría el secreto profesional, entendemos que también debe ser excluido; en tanto y cuanto concluimos ya pues el rechazo de todos los incidentes yhemos hecho yanuestras críticas conrelación alaofertaprobatoriadeladefensa, bajo reservas”

El Magistrado Juez, manifestar lo siguiente: “¿Mencionó que hubo una decisión una ordenanza y dijo el número de prueba que respondía el acto 163?”

El abogado querellante constituido en actor civil, en representación de la ciudadana Beátrice

Lara Bellion, manifestar lo siguiente: “No, eso no fue lo que mencioné, lo que mencioné fue que a raíz del acto 163 hubo intimaciones de pago y que ellos usando ese acto la atacaron en nulidad…”

El Magistrado Juez, manifestar lo siguiente: “Las intimaciones, ¿Pero el acto 163 fue objeto de alguna decisión? Y, ¿El acto que ustedes responden también al siguiente día fue objeto de decisión?

El abogado querellante constituido en actor civil, en representación de la ciudadana Beátrice

Lara Bellion, manifestar lo siguiente: “De manera expresa no”.

La defensa técnica del imputado José Luis del Río Muñoz, manifestar lo siguiente: “Mire magistrado, es fascinante su pregunta porque hace cosa que quería decir pero no desarrollar, para ser puntuales yo tengo unas notas voy a plantear algo breve, se ha dicho acá yo a lo del Ministerio Público no me voy a referir, eso representa un diálogo entre mudos y sordos la respuesta que escuchamos aquí no responde a lo planteado; planteaban ahí que eso era un error impediente y yo creo que no vale la pena, sin embargo yo sí le voy a dedicar mi tiempo

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

y que no corresponde a la lógica ni menos de un proceso como este, magistrado ratificamos y gracias por su paciencia”

El Magistrado Juez, cuestionar lo siguiente: “De sus pruebas ¿Cuál fue el acto que mencionó que de la validez del 163 fue que dijo que hay una demanda en validez?”

La defensa técnica del imputado José Luis del Río Muñoz, manifestar lo siguiente: “No, nunca se ha hecho nada respecto de ese acto 163”.

El Magistrado Juez, cuestionar lo siguiente: “¿De nulidad hay una del acto 163?”

La defensa técnica del imputado José Luis del Río Muñoz, manifestar lo siguiente: “De los mandamientos de pago que hicieron en base a eso hay acciones, pero el acto contentivo del proceso no ha sido impugnado, de la única cosa que estoy de acuerdo con el colega es esa”.

El Magistrado Juez, manifestar lo siguiente: “Ni de la consignación tampoco?”

La defensa técnica del imputado José Luis del Río Muñoz, manifestar lo siguiente: “Nada”

El Magistrado Juez, explicarle a la víctima y querellante constituida en actor civil Beatrice Lara Bellion, sus derechos poniéndole en conocimiento que le asiste el derecho de guardar silencio, así como el derecho de declarar todo en cuanto estime, pudiendo suspender sus declaraciones en cualquier momento del procedimiento; y preguntarle si desea hacer uso de su derecho a declarar o guardar silencio, a lo que esta manifestó, lo siguiente:

La víctima y querellante constituida en actor civil Beatrice Lara Bellion, manifestar lo siguiente: “Bueno, yo vengo aquí a que básicamente se cumpla lo que la pensión que se me designo en aquel momento, aquí se ha hablado mucho de que yo firmé un acto sabiendo lo que estaba firmando, lo lamento, el fiscal que fue esto me dijo firme y recíbame, yo no soy abogado yo firmé inocente, tonta canto usted lo quiera llamar y todo lo que dijo probablemente sí, ¿El señor José Luis cumple con toda cosa que está diciendo? No, desde noviembre no paga la manutención de su hija, para poner un ejemplo de tan cumplidor que es el papá pero yo no quiero juzgarlo a él en ningún momento quiero afectar la relación que tiene con su hija yo sencillamente quiero que se cumpla lo que se dijo en la corte en el 2023 quenoseestácumpliendoynoseestácumpliendo;elobjetivodeesoesquemihijamantenga el nivel de vida que tenía anteriormente lo cual no lo tiene y ella es consciente de eso porque muchas veces me lo dice, -mamá yo sé que tú no tienes el dinero- ¿Mi familia tiene dinero? eso no vieneacolación yo estoypidiéndoledineroprestadoami familiapara cubrirlos gastos que yotengoactualmente,estoytrabajando yestoyhaciendotodoloposible, ¿Lascasasdejan dinero? No, no se están alquilando; Las Terrenas ha vivido con inundación todo este año, con problemas de luz, con un problema de un montón de cosas, hay veces que se alquilan, hay veces que no se alquila, pero se dañan neveras, se dañan aire acondicionados, se dañan

núm. 063-2025-SRES-00030

núm. 2024-0143950

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

El juez, recordar al imputado José Luis del Río Muñoz, que nueva vez tiene derecho a declarar si desea manifestarle algo al tribunal, poniéndole en conocimiento que le asiste el derecho de guardar silencio, sin que esto pueda ser interpretado en su perjuicio, así como el derecho de declarar todo cuanto estime favorable a su defensa, pudiendo suspender sus declaraciones en cualquier momento del procedimiento; y preguntarle si desea hacer uso de su derecho a declarar o guardar silencio, a lo que esta manifestó, lo siguiente:

El imputado José Luis del Río Muñoz, manifestar lo siguiente: “Sí, gracias por la oportunidad. Mire, yo realmente no tengo muy claro por qué estoy aquí. O sea, yo en todo momento he cumplido, he tenido siempre la intención de cumplir ysigo teniendo la intención de cumplir, y si usted se fija yo le he instruido a mis abogados que compartiese todos los actos ytoda la información sobre los pagos que se han hecho; hay cheques de administración en lo que los tribunales han exigido, he pedido a la que era mi ex esposa a través de los abogados que provea la información de lo que se está generando de esas casas que ella tiene en alquiler que ella tiene control, yo esas casas ni las visito ella va, tenemos amigos en común que me reporten que ella va pasa tiempo allá, yo nunca he vuelto a ir a esas casas, ella las alquila y si no las alquilan más es como dice la persona que trabaja con nosotros y algunos vecinos porque no se está poniendo a pesar de que las gestiona, el esfuerzo necesario. Unos vecinos Eloy Martínez y su esposa Isabela que son vecinos casa con casa con nosotros y alquilan la casa prácticamente todos los fines de semana, si nosotros no lo estamos haciendo sí ella no lo está haciendo y generando ese ingreso algo tendríamos que investigar que bajo su gestión nos está haciendo, independientemente de eso si ella hubiese aportado la información de lo que generan y la diferencia de lo que eventualmente o inicialmente como decíaeseactohubiesesidonecesariodemiparteaportarpuesconmuchogustolohubiésemos hecho pero esa información nunca ha llegado igualmente mi intención es y seguirá siempre siendo la de responder a todas mis obligaciones como siempre lo he sido, yo soy una persona responsable lo he sido siempre y lo voy a continuar siendo y ya está. Y debo decir, algo más que se me olvidaba, hay dos casas en Las Terrenas que son las que ella administra pero además hay una 3ra casa que ha sido la casa familiar que es donde vive ella con mi hija, esa casa no la alquila porque lógicamente viven ellos pero tampoco yo he reclamado ni he pedido

núm. 2024-0143950 estufas, tengo que pagar personal y todo eso lo cubro yo con el dinero de la renta, él no cubre ni me habla de cuánto dinero dejan las empresas que nosotros tenemos en común, ¿Verdad que no? yno se reparte el dinero que se debería de repartir, el alquiler de las casas me da para cubrir los gastos de las casas, más nada y cubrir todos los gastos fijos, él no está repartiendo el dinero que tenemos de las empresas de familia como bien común, yo no le estoy pidiendo que lo haga ahora mismo, cuando se haga la repartición de bienes se hará, no estoy trayendo esto aquí, no es de este tribunal eso ya se vendrá con la repartición de bienes yo lo único que pido aquí es que lo que se prometió en aquel tribunal se cumple para que la calidad de Alexandra sea la misma que tenía cuando nosotros era una familia, fueron 23 años que estuvimos juntos, 23 empezamos desde cero y llegamos a lo que tenemos ahora, no creo que se haya necesidad de llegar a lo que estamos hoy, honestamente lo único que puedo aclarar”.

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

nada y fui yo quien salió de la casa y hasta el día de hoy hasta que se produzca la división de los bienes que pertenecen a la comunidad no he hecho ningún reclamo de eso ni les he pedido que se vayan a otro sitio a vivir y que también alquilen esa casa que pudiera haber sido una opción en un momento dado, pero jamás he buscado presionarla ni a ella ni a mi hija ni absolutamente nada porque si ella quiere a mi hija, que lo sé y me consta, yo también la quiero he sido un padre responsable siempre pago su colegio las cosas que me corresponden y lo voy a seguir siendo siempre no hay un padre u otro no quiere más a su hija que el otro lo queremos por igual y respondemos a ella y sus necesidades de la misma forma, gracias”.

ELEMENTOS DE PRUEBA

En los medios probatorios que las partes aportaron a la acusación consta lo siguiente:

PARTE ACUSADORA

Pruebas documentales:

1. Extracto de acta de matrimonio expedida en fecha 27 de mayo de 2022, por la Dirección de la Oficina Central del Estado Civil, con relación al matrimonio celebrado entre los señores José Luis del Río Muñoz y Beatrice Lara Bellion, en fecha 24 de septiembre del 2005, ante la Oficial del Estado Civil de la Sexta Circunscripción del Distrito Nacional, registrados inscrito en el Libro núm. 00010 de registros de Matrimonio Civil, Folio núm. 0013, acta núm. 000913, año 2005. Para probar: la existencia del vínculo matrimonial entre los señores José Luis del Río Muñoz y Beatrice Lara Bellion.

2. Extracto de acta de nacimiento expedida en fecha 27 de mayo de 2022, por la Dirección de la Oficina Central del Estado Civil, en relación con el nacimiento de Alexandra, nacida en fecha 13 de diciembre de 2007, registrada en fecha 7 de enero del año 2008, por ante la Oficial del Estado Civil de la 1era Circunscripción del Distrito Nacional e inscrito en el Libro núm. 00001 de registros de nacimiento, declaración oportuna. Folio núm. 0099, Acta núm. 000099, año 2008, hija de los señores José Luis del Río Muñoz y Beatrice Lara Bellion. Para probar: que la Joven Alexandra del Río, nació durante el matrimonio de los señores José Luis del Río Muñoz y Beatrice Lara Bellion y es hija de ambos.

3. Sentencia número 1303-2023-SSEN-00037, emitida por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en fecha 31 de enero de 2023. Para probar: La existencia de una decisión judicial que condena a José Luis del Río Muñoz al pago de RD$500,000.00 mensuales por concepto de pensión alimenticia en favor de Beatrice Lara Bellion.

4. Acto de alguacil número 342/2023, de fecha 17 de febrero de 2023, instrumentado por el ministerial Wilson Rojas, alguacil de estrado de la Segunda Sala de la Cámara Civil y

Resolución núm. 063-2025-SRES-00030

núm. 2024-0143950

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, contentivo de notificación de la sentencia número 1303-2023-SSEN-00037. Para probar: La notificación de la decisión que condenó al imputado José Luis del Río Muñoz al pago de una pensión alimenticia en favor de la señora Beatrice Lara Bellion.

5. Acto de alguacil número 317/2023, de fecha 23 de febrero de 2023, del ministerial Hipólito Rivera, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, contentivo de intimación de pago. Para probar: El requerimiento de pago real izado al imputado José Luis del Río a raíz de la sentencia que lo condenó al pago de la pensión alimenticia en favor de la señora Beatrice Lara Bellion.

6. Acto de alguacil número 387/2023. de fecha 24 de marzo de 2023 del ministerial Hipólito Rivera, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, contentivo de intimación de pago. Para probar: Qque la señora Beatrice Lara Bellion ha real izado diversos requerimientos de pago al imputadoJosé Luis del Río Muñoz a raíz dela sentencia que lo condenó al pago de la pensión alimenticia en favor de la señora Beatrice Lara Bellion.

7. Acto de alguacil número 163-2023, de fecha 22 de febrero de 2023, del ministerial Héctor López Goris. Alguacil Ordinario de la Presidencia del Tribunal Superior Administrativo, contentivo de oferta real de compensación. Para probar: La negativa del imputado José Luis del Río en cumplir en la forma dispuesta por la sentencia de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en lo relativo a la pensión alimenticia otorgada mediante decisión judicial a favor de la señora Beatrice Lara Bellion.

8. Acto de alguacil número 318/2023, de fecha 23 de marzo de 2023, del ministerial Hipólito Rivera, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, contentivo de respuesta al acto de alguacil marcado con el núm. 163-2023 de fecha 22 de febrero de 2023. notificado a requerimiento del imputado José Luis del Río Muñoz. Para probar: Que la señora Beatrice Lara Bellion no aceptó la propuesta de oferta real de compensación mediante la cual el señor José Luis del Río Muñoz pretende i legalmente compensar la pensión alimenticia dispuesta a favor de la parte querellante mediante decisión judicial.

9. Acto de alguacil número 431/2022, de fecha 19 de mayo de 2022, instrumentado por el ministerial Juan Alberto Lebrón Durán, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, contentivo de demanda en divorcio. Para probar: La demanda en divorcio por incompatibilidad de caracteres interpuesta por el imputado José Luis Del Río Muñoz contra la señora Beatrice Lara Bellion.

Resolución núm. 063-2025-SRES-00030 Expediente núm. 2024-0143950

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

33. Informe de Gerencia de la sociedad Inversiones Siurana, S.R.L. del año 2020, registrado en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Para probar: los beneficios económicos que percibe el acusado José Luis del Río en calidad de beneficiario final de la sociedad Inversiones Siurana, S. R. L.

34. Informe de Gerencia de la sociedad Inversiones Siurana, S. R.L. del año 2021, registrado en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Para probar: los beneficios económicos que percibe el acusado José Luis del Río en calidad de beneficiario final de la sociedad Inversiones Siurana, S. R. L.

35. Acta de Asamblea General Ordinaria de la sociedad Inversiones Siurana, S. R.L del 22 dejuniode2023, registradaantelaCámara deComercio yProducción de Santo Domingo. Para probar: los beneficios económicos que percibe el acusado José Luis del Río en calidad de beneficiario final de la sociedad Inversiones Siurana. S. R. L.

36. Certificado de Registro Mercantil núm. 123755SD emitido por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo a favor de la sociedad Inversiones Siurana, S.R.L vigente hasta el 5 de febrero de 2024. Para probar: La existencia, incorporación y conformación de la sociedad Inversiones Siurana, S. R. L., de la cual el imputado José Luis del Río Muñoz es beneficiario final.

PARTE QUERELLANTE Y ACTOR CIVIL

La parte querellante se adhirió en todas sus partes a la acusación presentada por el Ministerio Público.

PARTE IMPUTADA

Pruebas testimoniales:

1. Héctor Alfonso López Goris, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral número 402-3123221-2, domiciliado yresidente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana. Pretensión probatoria: Como ministerial actuante en los ofrecimientos de pago y demás notificaciones habituales del señor José Luis del Rio Muñoz dirigidos a la señora Beatrice Lara Bellion, ofrecerá detalles sobre la dinámica que se sigue, y las eventualidades que se presentan, en cada oportunidad en que debe notificarse un acto de esta naturaleza a la señora Beatrice Lara Bellion.

2. Manuel Antonio Lara Hernández, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral número 001-0064486-3, domiciliado yresidente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana. Pretensión

núm. 063-2025-SRES-00030

núm. 2024-0143950

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

probatoria: Sus declaraciones ilustrarán al tribunal sobre la realidad social y económica de la señora Beatrice Lara Bellion.

3. Margarita Rosemarie Reinhold de Lara, alemana, titular de la cédula de identidad número 001-1220736-0, domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana. Pretensión probatoria: Sus declaraciones ilustrarán al tribunal sobre la realidad social y económica de la señora Beatrice Lara Bellion.

4. Javier Andrés Lara Reinhold, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral número 001-1817376-4, domiciliado yresidente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana. Pretensión probatoria: Sus declaraciones ilustrarán al tribunal sobre la realidad social y económica de la señora Beatrice Lara Bellion.

5. Fernando Paino Henríquez Dajer, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral número 001-0098472-3, domiciliado yresidente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana. Pretensión probatoria: Como abogado de la señora Beatrice Lara Bellion, podrá ofrecer información sobre la asesoría brindada a la referida señora, en relación con los pagos realizados por el señorJosé Luis del Rio Muñoz, ylas consecuencias queulteriormentesepretendierondeducir en perjuicio del señor Del Rio, judiciales y extrajudiciales.

Pruebas documentales:

6. Acto de alguacil número 163-2023 de fecha 22 de febrero de 2023, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo. Pretensión probatoria: Este documento consiste en un ofrecimiento de pago debidamente aceptado por la señora Lara Bellion y constituye la prueba de que el señor Del Rio Muñoz cumplió con el pago de la pensión alimenticia que le fuera impuesta a favor de la señora Lara Bellion, por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional mediante sentencia núm. 1303-2023-SSEN-00037.

7. Acto de alguacil número 342/2023 de fecha 17 de febrero de 2023, del protocolo del ministerial Wilson Rojas, alguacil ordinario de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito W Nacional.

8. Acto de alguacil número 159-2023 de fecha 20 de febrero de 2023, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

9. Acto de alguacil número 160-2023 de fecha 20 de febrero de 2023, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

Resolución núm. 063-2025-SRES-00030

núm. 2024-0143950

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

10. Acto de alguacil número 253-2023 de fecha 30 de marzo de 2023, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

11. Acto de alguacil número 284-2023 de fecha 20 de abril de 2023, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Y Administrativo.

12. Acto de alguacil número 373-2023 de fecha 29 de mayo de 2023, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior X Administrativo.

13. Acto de alguacil número 409-2023 de fecha 26 de junio de 2023, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

14. Acto de alguacil número 505-2023 de fecha 20 de julio de 2023, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior AN Administrativo.

15. Acto de alguacil número 623-2023 de fecha 21 de agosto de 2023, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

16. Acto de alguacil número 673-2023 de fecha 21 de septiembre de 2023, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

17. Acto de alguacil número 798/2023 de fecha 20 de octubre de 2023, del protocolo del ministerial José Luis Portes del Carmen, ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo.

18. Acto de alguacil número 802-2023 de fecha 20 de noviembre de 2023, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

19. Acto de alguacil número 868-2023 de fecha 19 de diciembre de 2023, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

20. Acto de alguacil número 033-2024 de fecha 23 de enero de 2024, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

21. Acto de alguacil número 101-2024 de fecha 20 de febrero de 2024, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

22. Acto de alguacil número 217/2024 de fecha 19 de marzo de 2024, del protocolo del ministerial José Luis Portes del Carmen, ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo.

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

23. Acto de alguacil número 238-2024 de fecha 17 de abril de 2024, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

24. Acto de alguacil número 298-2024 de fecha 21 de mayo de 2024, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

25. Acto de alguacil número 448-2024 de fecha 12 de julio de 2024, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

26. Acto de alguacil número 447-2024 de fecha 12 de agosto de 2024, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

27. Acto de alguacil número 497-2024 de fecha 21 de agosto de 2024, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

28. Acto de alguacil número 541-2024 de fecha 04 de octubre de 2024, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

29. Acto de alguacil número 591-2024 de fecha 31 de octubre de 2024, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo. Pretensión probatoria: Este primer grupo de documentos está conformado por ofrecimientos de pago realizados por el señor José Luis del Rio Muñoz, y tiene como propósito demostrar que, desde la notificación que se le hizo de la sentencia que dispuso, por primera vez, el pago de distintas pensiones a su cargo, éste se ha mantenido cumpliendo de manera voluntaria sus obligaciones de manera regular y constante. Asimismo, que cada uno de estos actos cuentan con la rúbrica de la señora Beatrice Lara Bellion, en señal de aceptación, sin ninguna reserva por su parte.

30. Acto de alguacil número 923/2023 de fecha 21 de abril de 2023, del protocolo del ministerial Wilson Rojas, de estrados de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, conjuntamente con su anexo, consistente en lademanda ensuspensión deejecución desentenciainterpuestaporlaseñoraBeatrice Lara Bellion ante la Suprema Corte de Justicia en fecha 21 de abril de 2023. Pretensión probatoria: Esta notificación servirá para demostrar que, al momento en que se interpuso la querella contra el señor José Luis del Rio Muñoz (30/5/2023), la sentencia que ordenó el pago de las distintas pensiones se encontraba suspendida, como consecuencia de una demanda en suspensión interpuesta por la propia señora Beatrice Lara Bellion.

31. Sentencia civil núm. 533-2024-SSEN-02490, dictada en fecha 09 de septiembre de 2024 por la Octava Sala d Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, especializada en Asuntos de Familia.

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

32. Acto de alguacil número 593-2024 de fecha 25 de octubre de 2024, del protocolo del ministerial Héctor López Goris, alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

33. Acto alguacil número 1903-2024 de fecha 15 de noviembre de 2024, del protocolo del ministerial Hipólito Rivera, alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo. Pretensión probatoria: Estos documentos servirán para demostrar que la pensión alimenticia que está siendo cubierta en los términos aceptados por la señora Beatrice Lara Bellion, fue incluso modificada posteriormente para reducir su cuantía, en vista de las posibilidades económicas del señor José Luis del Rio Muñoz. Asimismo, que esta decisión fue recurrida por el propio señor Del Rio, en tanto el monto ordenado tampoco responde a su realidad actual, no obstante, continúa cumpliendo cabalmente con sus obligaciones como demostramos con los ofrecimientos de pago aportados. Además, que la decisión fue recurrida de manera incidental por la señora Beatrice Lara Bellion.

34. Acto de alguacil número 190-2023 de fecha 03 de marzo de 2023, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

35. Constancia de asignación desala de fecha 17 de marzo de 2023, demitida por el Poder Judicial.

36. Acto de alguacil número 254-2023 de fecha 30 de marzo de 2023, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

37. Constancia de asignación de sala de fecha 12 de abril de 2023, emitida por el Poder Judicial. Pretensión probatoria: Estos documentos demuestran que, en vista de su manifiesta irregularidad, el señor José Luis del Rio Muñoz se vio precisado a demandar la nulidad de los actos mediante los cuales se le requieren los pagos indebidos, y que de estos procesos se encuentra debidamente apoderada la jurisdicción correspondiente.

38. Acto de alguacil número 591/2022 de fecha 30 de mayo de 2022, del protocolo del ministerial Hipólito Rivera, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo.

39. Acto de alguacil número 610/2022 de fecha 03 de junio de 2022, del protocolo del ministerial Hipólito Rivera, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo.

40. Acto de alguacil número 251-2022 de fecha30 de junio de 2022, del protocolo del ministerial Héctor Mercedes, alguacil de estrados de la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Resolución núm. 063-2025-SRES-00030

núm. 2024-0143950

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

41. Ordenanza civil núm. 504-2022-SORD-1160 dictada en fecha 03 de agosto de 2022, por la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera | Instancia del Distrito Nacional.

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

Sin embargo, no podemos dejar de lado el hecho de que nuestro apoderamiento no versa sobre la validez del acto núm. 163-2023, sino sobre una acusación formal de naturaleza penal presentada por el Ministerio Público, en la que se requiere el auto de apertura a juicio. En tal sentido, decidir si existe una violación del artículo 357 numeral 4 del Código Penal Dominicano es un asunto sobre el cual la jurisdicción civil nunca podría ser competente, ya que,setratadeunaacusación formalrelativaal incumplimientodeobligaciones alimenticias.

Por lo que, al tratarse el presente hecho de una acusación por supuesta violación al artículo 357 numeral 4 del Código Penal Dominicano, pues es la jurisdicción penal la competente para su conocimiento, conforme al artículo 56 del Código Procesal Penal de la República Dominicana.

Así las cosas, entendemos que este tribunal sí resulta competente para conocer el objeto de nuestro apoderamiento, pues así lo dispone el artículo 57 del Código Procesal Penal, al establecer que la jurisdicción penal es la competente para conocer de todos los delitos tipificados en el Código Penal y en leyes especiales. Por lo tanto, se rechaza el pedimento de incompetencia realizado por la defensa técnica del imputado José Luis del Río Muñoz.

Sobre la solicitud de declaratoria de la extinción de la acción penal:

La defensa técnica del imputado José Luis del Río Muñoz, presentó un segundo incidente sobre extinción de la acción penal, que también tiene prelación al tercer incidente, pues de considerarse extinguido no tendríamos que analizar si hubo o no un obstáculo legal para la prosecución de la acción, por lo que, lo analizamos en segundo término.

Con respecto a la solicitud de extinción de la acción penal, se ha hecho referencia a la sentencia 214/15 del Tribunal Constitucional y se ha indicado que este tribunal conoce perfectamente el efecto de la citación y lo establecido en dicha sentencia; por ende, se ha señalado que, habiéndose realizado una citación recibida por la parte imputada en julio de 2023, han vencido ampliamente los plazos previstos en los artículos 150 y 151 del Código Procesal Penal, por lo que, debe declarar la extinción de la acción penal."

Sobre este punto, es importante destacar que los artículos 150 y 151 del Código Procesal Penal se refieren al plazo de duración de la investigación y, de forma expresa, toman como punto de partida para estos plazos la imposición de medidas de coerción reconocidas en el artículo 226 del Código Procesal Penal de la República Dominicana. Este es el punto de partida para los plazos establecidos en el artículo 150 del Código Procesal Penal de la República Dominicana.

En tanto que, señala en caso de dictarse una medida restrictiva de libertad la investigación debe ser en un plazo máximo de tres meses si contra el imputado se ha dictado prisión

Resolución núm. 063-2025-SRES-00030

núm. 2024-0143950

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

preventiva o arresto domiciliario y de seis meses si ha sido ordenada otra de las medidas de coerción previstas en el artículo 226.

No obstante, en ambos casos se hace referencia al artículo 226 del Código Procesal Penal de la República Dominicana y no al artículo 222 del mismo código, el cual regula la citación, aunque este último se encuentra dentro del título de medidas de coerción, no da inicio al cómputo del plazo establecido en el artículo 150, sino que marca el comienzo del plazo señalado en el artículo 148, es en este contexto, que el Tribunal Constitucional se pronunció mediante la referida sentencia 214/15, reiterando dicho criterio en una decisión más reciente, la sentencia 766/24.

Por lo tanto, no podríamos considerar que ha habido una extinción de la acción, por duración máxima del plazo de la investigación de conformidad con el artículo 150 del Código Procesal Penal de la República Dominicana, por el efecto de la citación que tomó lugar, cuando no han intervenido los plazos del 150 conforme al artículo 226; en ese sentido, no procede acoger la solicitud incidental sobre extinción de la acción penal por los motivos expuestos.

Sobre un obstáculo legal impide el ejercicio de la acción:

La defensa técnica del imputado José Luis del Río Muñoz, presentó un tercer incidente sobre extinción de la acción penal, arguyendo que existe un obstáculo legal para la prosecución de la acción y se requiere en virtud de lo previsto por el artículo 54 numeral 2 del Código Procesal Penal de la República Dominicana, y sus efectos que se reconoce en el artículo 55 del mismo código (que dispongamos el archivo de las actuaciones).

Señala la parte imputada el acto núm. 163-2023, de fecha 22 de febrero de 2023, sobre la oferta real de pago, indicándose que habiendo sido aceptada la misma, pues no podríamos hablar de que exista el tipo penal y que se hace necesario que esto sea dilucidado para que entonces saber si se puede o no proseguir la acción penal y de hecho este también es el sustento realizado en ocasión del fondo del objeto de esta audiencia.

Ahora bien, desde la óptica de si el acto núm. 163-2023 constituye o no un impedimento legal para la prosecución de la acción, observamos dos situaciones concretas. Por un lado, se menciona que se hizo una oferta real de pago. En primer lugar, la imputación gira en torno a una obligación alimenticia derivada de una deuda de pensión y su incumplimiento, lo que está tipificado en el artículo 357, numeral 4, del Código Penal de la República Dominicana como un tipo penal, se alega que, al existir una oferta real de pago, esta impediría la prosecución de la acción.

En efecto, nuestro derecho común reconoce la oferta real de pago como una de las vías de extinción de las obligaciones; sin embargo, dicha oferta está sujeta a una serie de condiciones para que surta efecto, así, si es aceptada, también es necesario que se valide su cumplimiento;

Resolución núm. 063-2025-SRES-00030

núm. 2024-0143950

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

y si es rechazada, debe realizarse la correspondiente consignación de la oferta real de pago; noobstante,enningunadelaspruebaspresentadas enocasióndesudefensa sehademostrado que se haya efectuado dicha consignación, la cual sería el elemento que conferiría eficacia a la oferta real de pago.

Se argumenta que la oferta real de pago fue aceptada, pues ha sido debidamente firmada; sin embargo, en contraposición a esto, también se presentó un acto de alguacil en el que se notifica expresamente el rechazo de dicha oferta. Nos encontramos, entonces, ante un acto posterior que, aunque sigue siendo un acto válido, manifiesta el rechazo de la oferta real de pago, a pesar de que se alegue que fue firmada. Dado que no existe consignación, en este caso no corresponde analizar el efecto jurídico de la oferta real de pago, sino valorar adecuadamente ambos actos de alguacil.

En ese sentido, no existiendo una consignación de pago; entonces, no podríamos decir que hay un impedimento legal, puesto que, aún se mantiene la facultad del Ministerio Público en perseguir el ilícito que está investigando; así las cosas, ante la ausencia de esta consignación de pago, no observamos que existe impedimento legal, por vía de consecuencia rechaza el pedimento incidental sobre el alegado obstáculo legal que impide el ejercicio de la acción.

Sobre nulidad por violación del debido proceso:

La defensa técnica del imputado José Luis del Río Muñoz, presentó un cuarto incidente sobre alegada nulidad por violación del debido proceso, aduciéndose que, el Ministerio Público, ocultó informaciones; asimismo, nos mandó a observar la sentencia TC 303/18 del Tribunal Constitucional, en primer lugar procede destacar lo siguiente: el contexto de la referida sentencia, gira en torno a una negativa del Ministerio Público, en notificar unas querellas a una parte imputada y se estableció que habiendo sido requerido una medida de coerción real, por aplicación del artículo 95 del Código Procesal Penal y artículo 291 del referido código, tenía el deber de notificarlo y que actuar de manera contraria constituía una deslealtad y que por el artículo 95 devenía en una nulidad de estos actos; no obstante, se reconoce que es una medida idónea reservar ciertas informaciones durante la investigación.

En la sentencia TC 303/18, en su párrafo s, se declaró la nulidad por la falta de notificación de la querella; sin embargo, en lo relativo a la falta de información sobre la inmovilización de fondos, el Tribunal Constitucional sostuvo que no era necesario notificar dicha medida. Aunque acogió lo referente a la notificación de la querella, en cuanto a la inmovilización de fondos, el Tribunal consideró que dicha medida era idónea y que no se requería notificación previa, ya que, existía el riesgo de que los fondos fueran disipados, considerando que eso resulta fundamental para garantizar la eficacia de la investigación y la efectividad de las medidas dictadas. En consecuencia, se reconoció la necesidad de mantener la reserva de ciertas decisiones sin requerir notificación ni audiencia previa.

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

Resaltamos estos párrafos de dicha sentencia, ya que, entendemos que, puede resultar aplicable en el sentido de que si en ocasión de la investigación sobre cumplimiento o incumplimiento de pensión alimentaria se requiere informaciones de naturaleza tributaria o bancaria, no hay que informarle a la parte imputada de que esto está siendo requerido por lo mismo que ha dicho el Tribunal Constitucional, se hace necesario garantizar la eficacia de la investigación y esto entraría en ese segundo aspecto; por lo que, no se ha violado el debido proceso sobre todo y de manera concreta, pues en este caso no se ha requerido medidas de coerción real, contrario a lo que sí había pasado en el precedente citado.

Cabe destacar que hubo una citación en julio de 2023 y que las pruebas que se alega fueron ocultadas datan de febrero de 2024, es decir, son posteriores a dicha citación; sin embargo, el artículo 291 no se refiere a la medida de coerción de citación, sino a la medida de coerción real establecida en el artículo 243 y siguientes del Código Procesal Penal. Más aún, es importante resaltar lo establecido en la sentencia TC 766/24, en la que se señala que el derecho de defensa se activa una vez se ha formalizado un señalamiento en contra de un ciudadano, momento a partir del cual este tiene el derecho de controvertir las imputaciones formuladas en su contra.

Lo que tuvo lugar en junio de 2023 no fue más que una citación para comparecer a una vista de conciliación, y no una medida que implicara limitaciones a derechos fundamentales. En ese sentido, no se advierte violación alguna de derechos fundamentales, ya que, no se había solicitado ninguna medida de coerción; por lo tanto, se rechaza el incidente planteado.

Sobre la nulidad por violación al secreto tributario:

La defensa técnicadel imputadoJosé Luis del Río Muñoz,presentó unquintoincidentesobre alegada violación al secreto tributario, solicitando que se declare la nulidad por violación del secreto tributario,indicándoseque el Ministerio Públicono podía accedera estainformación, porque el secreto tributario está reconocido por nuestra constitución y que lo peor ha sido que lo ha dado a tercera persona.

Al respecto procedemos resaltar lo señalado por el Tribunal Constitucional, mediante sentencia TC/129/21, donde se reconoció el secreto tributario, pero el contexto de esa sentencia refería una tercera persona que requería información sobre impuestos pagados por una transacción comercial de la venta de una empresa, y se le negó para resguardar el secreto tributario.

En esta sentencia, el Tribunal Constitucional estableció la necesidad de contar con autorización judicial para obtener dicha información; no obstante, en el caso que nos ocupa, existen aspectos relevantes a destacar. En primer lugar, la obtención de dicha información se produjo en virtud de decisiones emitidas por el juzgado de paz, es decir, por una autoridad judicial. En segundo lugar, no se trata de un particular ajeno al proceso, sino de un contexto

Resolución núm. 063-2025-SRES-00030

núm. 2024-0143950

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

Sobre la calificación jurídica:

43. En virtud de lo establecido en el numeral 3 del artículo 303, la decisión que dispone la apertura a juicio debe resolver sobre las modificaciones a la calificación jurídica provisional dada por el ministerio público.

44. Debemos establecer que la calificación jurídica que otorga el Ministerio Público es provisional, si es acorde a los hechos el juez la reconoce como definitiva de lo contrario la modifica, como lo permite el citado numeral 3 del artículo 303, debiendo en ese sentido hacer un análisis a los hechos imputados, en aras de verificar si existe correspondencia con los elementos de los ilícitos atribuidos, análisis que debe tener lugar a través del examen de los hechos enunciados.

45. La infracción atribuida al imputado José Luis del Río Muñoz, por parte del Ministerio Público es la de violación del artículo 357-4 del Código Penal de la República Dominicana (modificado por la Ley No. 24-97), que refieren al tipo penal de incumplimiento de obligaciones alimenticias

46. En ese orden, luego de haber leído el plano fáctico, observamos que sí existe correspondencia con los textos legales enunciados, así pues, procede mantener la calificación jurídica inicialmente otorgada por el Ministerio Público.

Sobre la medida de coerción:

47. Nos corresponde por aplicación del numeral 5 del artículo 303 del Código Procesal Penal, decidir respecto a la imposición, renovación, sustitución o cese de las medidas de coerción que hayan sido ordenadas.

48. En el día de hoy fue solicitado de manera formal por la representante del Ministerio Público, que le sean impuesta al imputado José Luis del Río Muñoz, las medidas de coerción establecidas en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 226 del Código Procesal Penal de la RepúblicaDominicana, consistenteen:a)Unagarantía económica:b) Impedimentodesalida del país; y c) Presentación periódica, bajo el entendido de que el imputado no presenta garantías para presentarse a los demás actos del procedimiento y someterse a los mismos, luego de la presentación de requerimiento de acusación en razón de que no cuenta con arraigos suficientes para descartar el peligro de fuga; pedimento al cual se adhirió la parte querellante constituida en actor civil.

49. Se hace necesario recordar que las medidas de coerción son instrumentos para garantizar la presencia del imputado en los actos del proceso. Analizamos la conducta mostrada por el

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

imputado durante el transcurso del proceso, en el cual se ha presentado a todos los actos sin ninguna afectación en el estado natural de libertad que se encuentra.

50. Tomando en cuenta lo señalado hasta el momento es posible concluir razonablemente conforme a un test de proporcionalidad, como nos manda la sentencia TC/0722/24 del Tribunal Constitucional, que permanecer en estado de libertad y sin medida de coerción resultará idóneo, necesario y proporcional, pues se trata de una persona con arraigos, que no representa peligro de fuga, alcanzándose los objetivos perseguidos del proceso aun esté en estado de libertad.

51. Enconsecuencia,RECHAZAlasolicituddeimposicióndemedidadecoerciónrequerida por el órgano acusador, manteniendo al imputado en su estado natural de libertad, al considerar que no se cumplen los presupuestos necesarios para justificar la restricción de su libertad.

Sobre la identificación de las partes:

52. La norma pone a nuestro cargo identificar las partes que son admitidas para el juicio, según lo establece el numeral 4 del artículo 303, en ese sentido, procede a identificar como partes; a) al imputado José Luis del Río Muñoz, conjuntamente con sus abogados que le asisten los Licdo. Romer Antonio Jiménez Jiménez, conjuntamente con el Licdo. Cristian Martínez; b) al Ministerio Público como órgano acusador público; y, c) a la ciudadana

Beátrice Lara Bellion, conjuntamenteconsus abogados representantes Licda.CerfossyTapia Batista, conjuntamente con los Licdos. Patricio J. Silvestre y Fernando P. Henríque, como víctima, querellante y actor civil.

53. Procedeademásintimaralaspartesparaqueenelplazocomúnde5díascomparezcan ante el tribunal de juicio y señalen el lugar en que deseen ser notificados; indicándole a la secretaria del Tribunal que, efectuada las notificaciones correspondientes dentro de las 48 horas siguientes, remita la acusación y el auto de apertura a juicio a la secretaría del tribunal de juicio correspondiente.

Este juzgado administrando justicia en nombre de la República por autoridad y mandato de la ley, en aplicación de las disposiciones establecidas en los artículos 68 y 69 de la Constitución y en ponderación de los textos convencionales y legales de la República Dominicana:

R E S U E L V E

PRIMERO: ADMITE de manera parcial la acusación presentada por el Ministerio Público y en consecuencia: DICTA AUTO DE APERTURA A JUICIO en contra del ciudadano José Luis del Río Muñoz (en libertad), de nacionalidad española, mayor de edad, 50 años de edad, estado civil casado, titular de la cédula de identidad núm. 001-1802397-7, titular del

Resolución núm. 063-2025-SRES-00030

núm. 2024-0143950

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

pasaporte núm. X283722, domiciliado y residente en la avenida Enrique Jiménez Moya, esquina Mirador Sur, edificio Pedralbes Parque, apartamento 402, sector Bella Vista, Distrito Nacional, localizable en el teléfono núm. 809-242-1911; por existir probabilidad de ser el autor del tipo penal de incumplimiento de obligaciones alimenticias, hecho previsto y sancionado por el artículo 357-4 del Código Penal de la República Dominicana (modificado por la Ley No. 24-97), en perjuicio de la ciudadana Beátrice Lara Bellion.

SEGUNDO: ADMITE como elementos de pruebas presentados:

PARTE ACUSADORA

Pruebas documentales:

3. Sentencia número 1303-2023-SSEN-00037, emitida por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en fecha 31 de enero de 2023.

4. Acto de alguacil número 342/2023, de fecha 17 de febrero de 2023, instrumentado por el ministerial Wilson Rojas, alguacil de estrado de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, contentivo de notificación de la sentencia número 1303-2023-SSEN-00037.

Resolución núm. 063-2025-SRES-00030 Expediente núm. 2024-0143950

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

12. Recurso de casación parcial depositado por Beatrice Lara Bellion en fecha 20 de marzo de 2023 por ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia.

15. Certificación emitida por la Suprema Corte de Justicia en fecha 23 de marzo de 2023, emitida con respecto al caso único 531- 2022-EC0N-01296.

núm. 063-2025-SRES-00030

núm. 2024-0143950

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

16. Certificación GIFDT-3851891 de fecha 29 de febrero de 2024 emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

17. Certificación G. L. núm. 3711247 de fecha 09 de octubre de 2023 emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

20. Informe de Gerencia de la sociedad Newtech, S.R. L. del año 2020, registrado en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

21. Informe de Gerencia de la sociedad Newtech, S.R,L. del año 2021, registrado en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

22. Informe de Gerencia de la sociedad Newtech, S. R. L. del año 2022, registrado en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

23. Acta de Asamblea General Ordinaria de la sociedad Newtech Global. S. R. L del 29 de junio de 2023.

24. Certificado de Registro Mercantil núm. 33996SD emitido por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo a favor de la sociedad Newtech. S.R.L, vigente hasta el 18 de abril de 2024.

25. Informe de Gerencia de la sociedad Newtech Global, S.R.L del año 2020, registrado en la Cámara de Comercio y Producción.

26. Informe de Gerencia de la sociedad Newtech Global, S. R. L. del año 2021, registrado en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

27. Informe de Gerencia de la sociedad Newtech Global, S. R. L del año 2022, registrado en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

28. Acta de Asamblea General Ordinaria de la sociedad Newtech Global, S. R. L., del 29 de junio de 2023, donde se conoce sobre los beneficios del año 2022.

Resolución núm. 063-2025-SRES-00030 Expediente núm. 2024-0143950

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

30. Informe de Gerencia de la sociedad Inversiones Arben, S. R. L del año 2020, registrado en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

31. Informe de Gerencia de la sociedad Inversiones Arben, 8.R.L. del año 2021, registrado en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

33. Informe de Gerencia de la sociedad Inversiones Siurana, S.R.L. del año 2020, registrado en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

34. Informe de Gerencia de la sociedad Inversiones Siurana, S. R.L. del año 2021, registrado en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

35. Acta de Asamblea General Ordinaria de la sociedad Inversiones Siurana, S. R.L del 22 dejuniode2023, registradaantelaCámara deComercio yProducción de Santo Domingo.

PARTE IMPUTADA

Pruebas testimoniales:

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

Pruebas documentales:

1. Acto de alguacil número 163-2023 de fecha 22 de febrero de 2023, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

2. Acto de alguacil número 342/2023 de fecha 17 de febrero de 2023, del protocolo del ministerial Wilson Rojas, alguacil ordinario de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito W Nacional.

3. Acto de alguacil número 159-2023 de fecha 20 de febrero de 2023, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

4. Acto de alguacil número 160-2023 de fecha 20 de febrero de 2023, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

5. Acto de alguacil número 253-2023 de fecha 30 de marzo de 2023, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

6. Acto de alguacil número 284-2023 de fecha 20 de abril de 2023, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Y Administrativo.

7. Acto de alguacil número 373-2023 de fecha 29 de mayo de 2023, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior X Administrativo.

8. Acto de alguacil número 409-2023 de fecha 26 de junio de 2023, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

9. Acto de alguacil número 505-2023 de fecha 20 de julio de 2023, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior AN Administrativo.

10. Acto de alguacil número 623-2023 de fecha 21 de agosto de 2023, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

11. Acto de alguacil número 673-2023 de fecha 21 de septiembre de 2023, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

núm. 063-2025-SRES-00030

núm. 2024-0143950

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

12. Acto de alguacil número 798/2023 de fecha 20 de octubre de 2023, del protocolo del ministerial José Luis Portes del Carmen, ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo.

13. Acto de alguacil número 802-2023 de fecha 20 de noviembre de 2023, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

14. Acto de alguacil número 868-2023 de fecha 19 de diciembre de 2023, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

15. Acto de alguacil número 033-2024 de fecha 23 de enero de 2024, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

16. Acto de alguacil número 101-2024 de fecha 20 de febrero de 2024, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

17. Acto de alguacil número 217/2024 de fecha 19 de marzo de 2024, del protocolo del ministerial José Luis Portes del Carmen, ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo.

18. Acto de alguacil número 238-2024 de fecha 17 de abril de 2024, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

19. Acto de alguacil número 298-2024 de fecha 21 de mayo de 2024, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

20. Acto de alguacil número 448-2024 de fecha 12 de julio de 2024, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

21. Acto de alguacil número 447-2024 de fecha 12 de agosto de 2024, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

22. Acto de alguacil número 497-2024 de fecha 21 de agosto de 2024, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

23. Acto de alguacil número 541-2024 de fecha 04 de octubre de 2024, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

24. Acto de alguacil número 591-2024 de fecha 31 de octubre de 2024, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

núm. 063-2025-SRES-00030

núm. 2024-0143950

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

25. Acto de alguacil número 923/2023 de fecha 21 de abril de 2023, del protocolo del ministerial Wilson Rojas, de estrados de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, conjuntamente con su anexo, consistente en lademanda ensuspensión deejecución desentenciainterpuestaporlaseñoraBeatrice Lara Bellion ante la Suprema Corte de Justicia en fecha 21 de abril de 2023.

26. Sentencia civil núm. 533-2024-SSEN-02490, dictada en fecha 09 de septiembre de 2024 por la Octava Sala d Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, especializada en Asuntos de Familia.

27. Acto de alguacil número 593-2024 de fecha 25 de octubre de 2024, del protocolo del ministerial Héctor López Goris, alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

28. Acto alguacil número 1903-2024 de fecha 15 de noviembre de 2024, del protocolo del ministerial Hipólito Rivera, alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

29. Acto de alguacil número 190-2023 de fecha 03 de marzo de 2023, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

30. Constancia de asignación desala de fecha 17 de marzo de 2023, demitida por el Poder Judicial.

31. Acto de alguacil número 254-2023 de fecha 30 de marzo de 2023, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

32. Constancia de asignación de sala de fecha 12 de abril de 2023, emitida por el Poder Judicial.

33. Acto de alguacil número 591/2022 de fecha 30 de mayo de 2022, del protocolo del ministerial Hipólito Rivera, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo.

34. Acto de alguacil número 610/2022 de fecha 03 de junio de 2022, del protocolo del ministerial Hipólito Rivera, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo.

35. Acto de alguacil número 251-2022 de fecha30 de junio de 2022, del protocolo del ministerial Héctor Mercedes, alguacil de estrados de la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Resolución núm. 063-2025-SRES-00030

núm. 2024-0143950

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

36. Ordenanza civil núm. 504-2022-SORD-1160 dictada en fecha 03 de agosto de 2022, por la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera | Instancia del Distrito Nacional.

37. Acto de alguacil número 256-2022 de fecha 1ero de julio de 2022, del protocolo del ministerial Héctor Mercedes, alguacil de estrados de la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

38. Ordenanza civil núm. 504-2022-SORD-1122 dictada en fecha 28 de julio de 2022, por laPresidenciade laCámaraCivil yComercial del JuzgadodePrimeraX Instanciadel Distrito Nacional.

39. Ordenanza civil núm. 504-2022-SORD-1056 dictada en fecha 19 de julio de 2022, por laPresidenciade laCámaraCivil yComercial del JuzgadodePrimeraV Instanciadel Distrito Nacional.

40. Acto de alguacil número 954/2022 de fecha 02 de septiembre de 2022, del protocolo del ministerial Hipólito Rivera, alguacil ordinario de la Cámara Penal | de la Corte de Apelación de Santo Domingo.

41. Ordenanza civil núm. 026-03-2022-SORD-00297 dictada en fecha 23 de febrero de 2023, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

42. Sentencia SCJ-PS-23-1477 de fecha 28 de julio de 2023, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia.

43. Ordenanza civil núm. 504-2022-SORD-1057 dictada en fecha 19 de julio de 2022, por la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

44. Acto de alguacil número 955/2022 de fecha 02 de septiembre de 2022, del protocolo del ministerial Hipólito Rivera, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo.

45. Ordenanza civil núm. 026-03-2022-SORD-00261 dictada en fecha 11 de noviembre de 2022, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

46. Ordenanza civil núm. 504-2022-SORD-1058 dictada en fecha 19 de julio de 2022, por la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Resolución núm. 063-2025-SRES-00030 Expediente núm. 2024-0143950

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

47. Acto de alguacil número 953/2022 de fecha 02 de septiembre de 2022, del protocolo del ministerial Hipólito Rivera, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo.

48. Ordenanza civil núm. 504-2022-SORD-1059 dictada en fecha 19 de julio de 2022, por la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

49. Acto de alguacil número 952/2022 de fecha 02 de septiembre de 2022, del protocolo del ministerial Hipólito Rivera, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo.

50. Acto de alguacil número 629/2022 de fecha 10 de junio de 2022, del protocolo del ministerial Hipólito Rivera, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo.

51. Ordenanza civil núm. 504-2022-SORD-1070 dictada en fecha 20 de julio de 2022, por laPresidenciade laCámaraCivil yComercial del JuzgadodePrimeraX Instanciadel Distrito Nacional.

52. Acto de alguacil número 846/2022 de fecha 29 de julio de 2022, del protocolo del ministerial Hipólito Rivera, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo.

53. Ordenanza civil núm. 026-03-2022-SORD-00246 dictada en fecha 20 de octubre de 2022, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

54. Acto de alguacil número 1000/2022 de fecha 15 de septiembre de 2022, del protocolo del ministerial Hipólito Rivera, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo.

55. Acto de alguacil número 1001/2022 de fecha 15 de septiembre de 2022, del protocolo del ministerial Hipólito Rivera, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo.

56. Acto de alguacil número 1006/2022 de fecha 16 de septiembre de 2022, del protocolo del ministerial Hipólito Rivera, alguacil ordinario de la Cámara Penal e de la Corte de Apelación de Santo Domingo.

Resolución núm. 063-2025-SRES-00030

núm. 2024-0143950

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

57. Acto de alguacil número 1007/2022 de fecha 16 septiembre de 2022, del protocolo del ministerial Hipólito Rivera, alguacil ordinario de la Cámara Penal X de la Corte de Apelación de Santo Domingo.

58. Sentencia núm. 1532-2023-SSEN-00205 de fecha 28 de septiembre de 2023, dictada por la Décima Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

59. Sentencia núm. 1532-2023-SSEN-00206 de fecha 28 de septiembre de 2023, dictada por la Décima Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

60. Sentencia civil núm. 026-03-2024-SSEN-00480 de fecha 29 de agosto de 2024, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

61. Sentencia civil núm. 533-2024-SSEN-02634 de fecha 2 de octubre de 2024, dictada por la Octava Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, especializada en Asuntos de Familia.

62. SentenciaSCJ-PS-24-0883defecha30de abril de 2024,dictadapor laPrimera ÑSala de la Suprema Corte de Justicia.

63. Certificación 939709/2021 emitida por la Cámara de Comercio yProducción de Santo Domingo, Inc., donde figuran 5 sociedades comerciales de las cuales es parte la señora Beatrice Lara Bellion.

64. Acto de alguacil número 284-2024 de fecha 15 de mayo de 2024, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

65. Declaración jurada de patrimonio del señor Manuel Antonio Lara Hernández, quien ostenta el cargo de Presidente del Consejo Unificado de las Empresas Y Unificadas de Electricidad.

66. Declaración jurada de patrimonio del señor Javier Andrés Lara Reinhold, quien ostenta el cargo de miembro independiente del Consejo Nacional del Mercado de Valores.

Resolución núm. 063-2025-SRES-00030

Expediente núm. 2024-0143950

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

67. Acto de alguacil número 282-2023 de fecha 20 de abril de 2023, del protocolo del ministerial Héctor A. López Goris, ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

68. Instancia tipo inventario de los documentos depositados en fecha 28 de septiembre de 2023, por el señor el señor José Luis del Rio Muñoz, por antela Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

69. Denuncia elevada en fecha 12 de octubre de 2024, ante la Inspectoría General del Ministerio Público, marcada con el número 006638, motivada por las múltiples faltas disciplinarias cometidas por las fiscalizadoras del Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional, durante la instrucción del procedimiento preparatorio del presente caso.

TERCERO: IDENTIFICA como partes a intervenir en el proceso a las siguientes personas: a) al imputado José Luis del Río Muñoz, conjuntamente con sus abogados que le asisten los Licdo. Romer Antonio Jiménez Jiménez, conjuntamente con el Licdo. Cristian Martínez; b) al Ministerio Público como órgano acusador público; y c) a la ciudadana Beátrice Lara Bellion, conjuntamente con sus abogados representantes Licda. Cerfossy Tapia Batista, conjuntamente con los Licdos. Patricio J. Silvestre y Fernando P. Henríque, como víctima, querellante y actor civil.

CUARTO: RECHAZA la solicitud de imposición de medidas de coerción requerida por el órgano acusador

QUINTO: INTIMA a las partes para que, en el plazo común de cinco días, comparezcan ante el tribunal de juicio y señalen el lugar para las notificaciones.

SEXTO: ORDENA la remisión de la acusación y Auto de Apertura a Juicio a la secretaria del tribunal de juicio correspondiente, dentro del plazo de 48 horas al tenor del artículo 303 de nuestro Código Procesal Penal de la República Dominicana.

SEPTIMO: Fija la lectura integral de la presente decisión para el día seis (06) del mes de febrero del año dos mil veinticinco (2025), a las nueve horas de la mañana (09:00 a.m.) por ante este juzgado, fecha para la cual quedan convocadas las partes presentes y representadas.

Por esta nuestra decisión así se ordena, manda y firma.

La presente resolución fue firmada digitalmente en fecha seis (06) del mes de febrero del año dos mil veinticinco (2025), por el magistrado Deiby Timoteo Peguero Jiménez, Juez titular del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional y por Nathalie M. Coca M., Secretaria. Fin del documento.

Resolución núm. 063-2025-SRES-00030

núm. 2024-0143950

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

SÉPTIMO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

Certifico y doy fe que la presente resolución ha sido firmada digitalmente por el magistrado Deiby Timoteo Peguero Jiménez, Juez titular del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional y Nathalie M. Coca M., Secretaria, que figuran en esta estampa.

Resolución núm. 063-2025-SRES-00030

Expediente núm. 2024-0143950