Si no es ahora, ¿Cuándo?

Recientemente fue publicada una encuesta en un medio de comunicación escrito donde se presentan aquellos candidatos que tienen la mayor intención de voto. Como bien sabemos una encuesta no tiene como finalidad predecir el futuro, sino más bien enseñarnos una fotografía de ese momento y la percepción de los guatemaltecos respecto a dichas figuras. Para muchos, fue una verdadera sorpresa ver quién encabezaba dicha medición, lo cual causó un debate respecto a los motivos por los que este candidato encabeza la encuesta y el por qué otros no tienen los números que se esperaban. Aunque es muy relevante saber las preferencias del electorado guatemalteco, a mi parecer lo más valioso de esa serie de publicaciones es que nos muestran el sentir de la población en una diversidad de temas. La encuesta nos da un panorama general -y me atrevería a decir que bastante completo- sobre la percepción y el sentimiento de los guatemaltecos, mucho más allá que el tema electoral. Este estudio nos abre la puerta a la mente y al corazón de los ciudadanos para entender cuáles son sus esperanzas y problemas que les quitan el sueño. Para empezar, cerca de un 83% considera que en los últimos 3 años la situación del país ha empeorado, esto contrasta con el 3% de quienes creen que las cosas han mejorado. Dicho en otras palabras, la gran mayoría de guatemaltecos ve un panorama actual lúgubre. Además, el 35% manifestó que el alto costo de la vida es su problema princi- pal, seguido de un 23% por la inseguridad y un 16% identifica la corrupción como un gran problema.

Sobre los temas institucionales, resalta el dato que el 75% de los encuestados considera que la gestión del gobierno actual ha sido negativa. Pero si nos enfocamos más allá de la Presidencia, vemos que el 83% de la población desaprueba la labor del organismo judicial, el 91% de desaprueba la labor del congreso y cerca del 80% desaprueba la labor de los partidos políticos de oposición. Estas últimas cifras guardan relación con el estudio de Latinobarómetro 2020, en el cual se establece que únicamente el 37% de los guatemaltecos apoya la democracia, siendo nuestro país la segunda nota más baja de los países latinoamericanos que forman parte del estudio.

Todas las cifras anteriores nos demuestran claramente que existen una inconformidad con el sistema político actual, la forma de gobernar de nuestras autoridades y sobre todo una alta percepción de que el país ha sufrido un deterioro. Es importante mencionar que estas cifras no son exclusivas de nuestro país, en los últimos procesos democráticos de América del Sur, por ejemplo, los votantes han implementado el “voto de castigo” al gobierno de turno como una forma drástica de buscar un nuevo rumbo para su país. Si bien es cierto lo anterior no debe servirnos de consuelo, es importante poner nuestros problemas en del debido contexto.

Al analizar las cifras comprendemos las ansias que existen por parte de los ciudadanos para que se lleven a cabo reformas institucionales que permitan un estado funcional para todos los habitantes. En diversos sectores del país existen propuestas serias y técnicas que tienen como finalidad contar con un Estado más sólido en pro de las necesidades de sus habitantes. Dichas propuestas contemplan reformas al Servicio Civil, Ley Electoral y de Partidos Políticos, Contraloría General de Cuentas y a los sistemas de salud y educación.

Sin embargo, la enorme pregunta que debemos hacernos es por qué la mayoría de las propuestas de cambio no suelen concretarse. Por supuesto habrá quienes culpen a los partidos políticos, a los diputados y al presidente, pero -a la luz de los problemas que estamos enfrentando- debemos evaluar que, como ciudadanos también compartimos parte de esa responsabilidad, ya que de una u otra forma, no hemos impulsado desde nuestros espacios los cambios que nuestro país necesita.

A muchos nos preocupa la llegada de un gobierno populista (de derecha o izquierda) ya sea en el corto, mediano o largo plazo; sin embargo esa preocupación se transformará en realidad si no iniciamos un verdadero proceso de reformas y actualización del estado que garantice la funcionalidad del mismo.

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SERGIO RAMÍREZ