Posición de Guatemala en el atlas de la impunidad

El Atlas de la Impunidad es un índice que refleja el resultado de una investigación exhaustiva a nivel mundial que refleja el abuso de poder en el marco de cinco dimensiones sociales clave: gobernanza sin rendición de cuentas, violación de derechos humanos, conflictos y violencia, explotación económica y degradación medioambiental.

El estudio fue confeccionado por el Eurasia Group y el Chicago Council on Global Affairs, así como fue presentado durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania, celebrada del 17 al 19 de este mes.

El Atlas de la Impunidad define la impunidad como “el ejercicio del poder sin controles ni equilibrios” y se basa en 67 indicadores estadísticos procedentes de 29 fuentes validadas. En total, 197 países y territorios recibieron una puntuación de 0 a 5 en cada uno de los cinco ámbitos de impunidad relacionados. Las puntuaciones más altas significan un mayor grado de impunidad, mientras que las más bajas reflejan un mayor grado de rendición de cuentas y respeto de los derechos fundamentales. De los incluidos, 163 países disponen de datos suficientes para ser comparados y clasificados, mientras que los 34 restantes recibieron puntuaciones indi- cativas, basadas en los datos disponibles. Afganistán, Siria y Yemen obtuvieron las más altas puntuaciones de impunidad; y, por ende, ocuparon los tres primeros puestos (1,2 y 3), en tanto que Finlandia, Dinamarca y Suecia obtuvieron las más bajas puntuaciones de impunidad, por lo que ocuparon los puestos 163, 162 y 161, respectivamente. En la región latinoamericana, los países peor situados en la lista de impunidad fueron Venezuela, Haití, Nicaragua y Guatemala, los cuales ocuparon los puestos 11, 15, 38 y 40 a nivel mundial.

Cabe recordar que el índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022, elaborado por Transparencia Internacional, fue publicado el 31 de enero de este año. El IPC clasifica 180 países y territorios según las percepciones que estos tienen sobre el nivel de corrupción en el sector público y que para eso emplean una escala de cero (muy corrupto) a 100 (muy baja corrupción).

Guatemala obtuvo una puntuación de 24 y fue ubicada entre los 26 países que han alcanzado niveles mínimos históricos en cuanto al tema de corrupción.

El voto positivo o afirmativo es el voto emitido a favor de los candidatos a cargos de elección popular o a favor o en contra en las consultas populares. Por el contrario, el voto nulo se consuma cuando el votante anula o invalida el voto de manera accidental o intencional; en tanto que el voto en blanco es aquel que no tiene ninguna marca o signo en la papeleta.

Respecto del voto nulo, la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) dispone: “Si en los sistemas de votación, los votos nulos sumados en alguno de dicho sistema, fueren más de la mitad de los votos válidamente emitidos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) acordará y declarará en única instancia la nulidad de las elecciones en donde corresponda y se repetirán éstas, por única vez, debiendo los partidos políticos y, en su caso los comités cívicos electorales, postular candidatos a los cargos públicos correspondientes”.

Adicionalmente, la LEPP establece que los votos nulos y en blanco no son votos válidamente emitidos, ya que únicamente se considera como voto válido el afirmativo o positivo, es decir el emitido a favor de un candidato u opción.

Por tanto, las sumas de votos nulos y en blanco no se contabilizan para fijar los porcentajes de votos válidos de los candidatos u opciones en liza; y, en consecuencia, el voto nulo (no así el voto en blanco) solo tiene valor jurídico para determinar si debe o no anularse y repetirse una elección, que ocurre solo cuando la suma de votos nulos asciende a más del 50 por ciento de los votos válidos. En este caso, el TSE debe anular y repetir la elección, por una sola vez, y las organizaciones políticas deben postular candidatos, que pueden ser los mismos que compitieron en la elección anulada. Esto supone que, además de que para lograr la anulación de la elección la suma de votos nulos debe ser de más del 50 por ciento de los votos válidos, en los nuevos comicios los mismos candidatos pueden ser postulados como candidatos. De suerte que, en una elección presidencial, cuando la suma de votos nulos no fuere superior al 50 por ciento de los votos válidos (lo cual es prácticamente imposible considerando la alta incidencia del clientelismo político), la elección no solo no se anula, sino que los votos nulos (y en blanco) no inciden en el cálculo de los porcentajes de votos válidos asignados a cada uno de los candidatos, por lo que, en un universo más pequeño, los presidenciables punteros tendrían más posibilidad de alcanzar la mayoría absoluta de votos válidos. Bajo este supuesto, el voto nulo, además de ser inútil e ineficaz, podría allanar el camino a un presidenciable indeseable, en vez de vetarlo.

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La política fiscal y la política monetaria sirven para influir sobre la demanda agregada de la economía (el consumo de los hogares, el gasto público, la inversión), lograr que la producción nacional (el PIB) se acerque a su potencial y evitar la inflación y el desempleo. Pero el reto más importante para la economía es incrementar el PIB potencial, que es la fuente principal para mejorar los ingresos y el bienestar de la población. Si bien las variaciones en la demanda agregada pueden explicar las fluctuaciones del PIB a corto plazo, el crecimiento a largo plazo está determinado por el aumento sostenido en la oferta de bienes y servicios en la economía. La clave para aumentar el PIB potencial de un país radica en mejorar su productividad, es decir, aumentar la eficiencia con la que opera es sistema económico.

En general, el nivel de vida de un país depende de una amplia gama de elementos supra-económicos que incluyen la cultura, la calidad de la vida familiar, la ausencia de delincuencia, etcétera; pero desde el punto de vista económico lo que puede medirse es el bienestar material de la sociedad. Desde esa perspectiva estrecha, los avances en el nivel de vida de la población pueden medirse por la cantidad de bienes y servicios que la economía proporciona a cada uno de sus ciudadanos. La clave es lograr que los trabajadores puedan proporcionarse un flujo creciente de bienes y servicios; es decir, que cada trabajador pueda aumentar su producción y sus ingresos.

Por desgracia, la productividad laboral en Guatemala -es decir, la cantidad de producto que genera en promedio cada trabajador guatemalteco- no solo es de las más bajas del continente, sino que se ha mantenido estancada en los últimos cuarenta años. Eso explica por qué los indicadores sociales del país se comparan desfavorablemente con relación a otros países de similares dimensiones económicas. Por eso es que -a pesar de sus debilidades y de las crecientes críticas de las que es objeto- el PIB y su crecimiento son variables clave a seguir: cada quetzal producido genera un quetzal de ingreso; y, cuando el producto generado en promedio por cada trabajador aumenta, también aumenta el ingreso promedio de los trabajadores.

Un ritmo saludable de crecimiento económico no solo aumenta los ingresos promedio, sino que también alivia enormemente la suerte de los pobres y de aquellos que, de lo contrario, podrían verse gravemente afectados por las fluctuaciones económicas. Cualquier sociedad en estos tiempos está marcada por el cambio, y ese cambio genera, inevitablemente, que una minoría de empresas, trabajadores y comunidades sufran a medida que los gustos y preferencias cambian y las tecnologías se transforman, tal vez dejándolos rezagados.

UNA CRISIS PROFUNDA SE PRODUCE CUANDO EL ACTUAR INSTITUCIONAL ES NEFASTO Y LO QUE SE HACE POR PARTE DE LAS AUTORIDADES IMPIDE QUE EL PUEBLO GOCE DE SUS DERECHOS Y PUEDA ENCONTRAR LA VÍA DEL DESARROLLO.

Francisco Franco gobernó España por casi cuatro décadas. Su dictadura de mano extremadamente dura se caracterizó por graves violaciones a los derechos humanos, corrupción, abusos y la concentración de todos los poderes, algo que impidió que las instituciones funcionaran de forma eficiente e independiente en beneficio del pueblo español.

Con su muerte en 1975, retorna la monarquía con el rey Juan Carlos y vuelve también la democracia. Lo malo es que para entonces había daños profundos que sumían al país en una crisis política, económica y social, marcada por confrontación, carencia de justicia y funcionamiento institucional, así como una limitada libertad de expresión y de prensa, producto todo, de la época del franquismo.

En 1977 el caos parecía el destino de los españoles. En ese momento surge la figura del presidente de Gobierno, Adolfo Suárez, quien promueve lo que se conoce como Pactos de la Moncloa, que encauzan al país por la modernidad e incluso superan todos los obstáculos de orden económico, político y social, hasta lograr el ingreso a la Unión Europea en 1985, algo impensable con los estándares de la dictadura y lo sucedido inmediatamente después.

Dichos pactos –dos– se enfocaron en establecer un sistema político eficiente, mejorar la justicia y buscar soluciones para los anhelos de la población, que esperaba mejores resultados de la democracia. Para ello se tuvo la participación de todos los sectores importantes y se incluyen los intereses de las diferentes corrientes, pero anteponiendo sobre todo, los objetivos que motivaron aquella búsqueda de soluciones.

El primer paso lo dio Suárez al reconocer la existencia de una crisis profunda. Bien se dice que el primer paso para arreglar un problema es reconocer su existencia. Así caminó España para convertirse en lo que es hoy, uno de los países más influyentes dentro de la Unión Europea.

Traje el tema de los Pactos de la Moncloa a colación para que veamos lo que ha sucedido en la Guatemala de hoy, cuando vivimos una profunda crisis que nos mantiene en medio del caos social, la putrefacción de la corrupción y la impunidad, además de carecer del debido funcionamiento institucional.

Edgar Balsells

escolares públicos y privados.

ACABEMOS ENTONCES CON ESTA AZUCARIZACIÓN IRRESPONSABLE.

En mi columna pasada sobre la deuda del Estado al IGSS gustó una frase que afirma que cuando la población envejece más caro se hace mantener la atención a la salud, debido a la azucarización de la sociedad y proliferación de comida chatarra: ello impulsa la pandemia de diabetes graves, cáncer, enfermedad renal y obesidad. ¿ cómo lo está previniendo el mundo civilizado?. Con dos grandes herramientas: impuestos al azúcar y comida chatarra y etiquetado de alimentos.

Hablar de este tipo de impuestos con este Congreso, clase política y tecnocracia tributaria es pedirle peras al olmo: sólo basta con observar las descabelladas iniciativas de ley recientes como eliminar el impuesto de solidaridad, bajar la tasa del IVA y la permisibilidad de la SAT y los registros mercantiles a la proliferación de empresas Off shore de los gremios de azucareros y palmeros.

Empecemos entonces por el etiquetado de alimentos, que es parte de propuestas que ya han avanzado en el Congreso con diversas iniciativas como la 4806 que dispone proteger la salud de infantes y adolescentes que asistan a establecimientos

Además está una iniciativa empujada por el Frente Parlamentario Contra el Hambre, Capítulo Guatemala sobre promoción de la alimentación saludable.La misma coloca sellos de advertencia nutricional al frente del empaque de productos preenvasados, que son visibles para el consumidor y regula la publicidad y promoción de alimentos hacia menores de edad. Toda su visión y propósito está encaminado a prevenir las enfermedades crónicas, degenerativas y no transmisibles. La iniciativa aplica para los alimentos y bebidas preenvasadas altos en nutrientes críticos. Y no limita los estándares de elaboración de cada empresa.

La misma motivó a la conformación de diversos gremios cuya labor es irle quitando dientes, y victimizando a la pequeña y mediana empresa a la que siempre colocan, como carne de cañón, los corporativos grandes consumidores de agua y recursos del ambiente.

De acuerdo con el INCAP las políticas para crear ambientes alimentarios saludables son vitales y se hace eco que desde el 2017 el consejo de Ministros regionales de salud ha propuesto un Reglamento Técnico Centro Americano de etiquetado frontal de advertencia nutricional, que recoge ejemplos de una ley aprobada en Argentina.

En México, la revista Health Affairs demostró recientemente que las compras de bebidas azucaradas siguieron decreciendo luego de la aplicación del impuesto. En Guatemala un impuesto específico de tal naturaleza bien podría no sólo restringir compras sino alimentar el presupuesto del programa de Enfermedad, Maternidad y Accidentes del IGSS. Acabemos entonces con esta azucarización irresponsable.

Marcela Gereda

UNO DE MIS POEMAS FAVORITOS, ME LO ENSEÑÓ MI MAMÁ. SE LLAMA

“RETRATO”. SU AUTOR ES ANTONIO MACHADO, POETA ESPAÑOL.

Dice: “Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, y un huerto claro donde madura el limonero; mi juventud, veinte años en tierra de Castilla; mi historia, algunos casos que recordar no quiero… “Y cuando llegue el día del último viaje, y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar”.

Lo que vivimos hace casi tres años con la pandemia nos llamaba a aprender varias lecciones de vida imprescindibles. Una de ellas: aprender a vivir con menos. Sin embargo el año pasado fue uno de los años de mayor consumo de la historia de nuestra especie.

Acabada la Segunda Guerra Mundial, el sobrino de Freud, Edward Bernays se centró en los escritos de su tío acerca del subconsciente para escribir acerca de cómo manipular masas. Lo que realizó Bernays fue crear estímulos que determinaban el accionar de los individuos alterando el comportamiento, esto se pudo realizar bajo la teoría de Freud que sostiene que el ser humano se rige bajo sus instintos animales, irracionales y sobre todo sexuales.

Bernays vendió la idea a las empresas publicitarias para crear una sociedad de consumo creando necesidades ficticias.

Cada año hay más habitantes en el pla- neta a la vez que disminuyen los recursos, consumir significa producir residuos que se quedan miles de años en nuestros bosques, ríos, lagos y mares. Estamos destruyendo la biodiversidad, es decir lo que hace posible el equilibrio de la vida. Estamos destruyendo ecosistemas para apagar las necesidades ficticias inventadas por un sistema de consumo. Nuestro ritmo de consumo es insostenible para el planeta, nos estamos ahogando en nuestra propia basura.

El pensador francés Serge Latouche, catedrático de Economía en la Universidad París-Sud y una de las voces mundiales más conocidas, del llamado movimiento por el “decrecimiento”, promueve vida en sobriedad, propone vivir mejor con menos y alerta de que el actual ritmo de crecimiento económico mundial es tan insostenible como el deterioro y la falta de recursos en el planeta. Dice Latouche: “Vivimos fagocitados por la economía de la acumulación que conlleva la frustración y querer lo que no tenemos ni necesitamos”. Aboga por producir de forma inteligente así como repartir el empleo y cultivar más la vida, producir cerca de donde se vive y de forma ecológica”.

Vivir “ligeros de equipaje” para mi significa saber soltar el ruido mental y todo aquello que nos carga y nos pesa y a la vez significa tener como bandera liberetaria y filosófica que el consumo no da felicidad. Que más es menos. Que la verdadera felicidad es saber controlar nuestra mente, emociones e impulsos y estar en paz con nosotros y con el mundo. Paz interna significa paz con el mundo.

Mar A Aguilar

EL TSE NO “PROMUEVE EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA PLENA, IGUALITARIA E INCLUSIVE” CUANDO PRIVILEGIA LA PARTICIPACIÓN DE CRIMINALES, NARCOTRAFICANTES Y PERSONAS CON PROHIBICIONES CONSTITUCIONALES

Cada cuatro años el proceso electoral evidencia la podredumbre del sistema y del Estado. Hoy Guatemala vive la instrumentalización del proceso electoral para favorecer a corruptos y criminales, quienes bajo el manto de la institucionalidad, otorgado por el ente responsable de “cuidar” el proceso electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), actúan con impunidad y utilizan la democracia electoral para enriquecimiento y protección de privilegios.

El TSE fue creado en 1983. Según su página “para ser el organismo encargado de realizar elecciones libres y transparentes en Guatemala” pero, aunque diga ser “independiente y por consiguiente no supeditado a organismo alguno del Estado”, en el presente, con sus decisiones los magistrados están respondiendo a intereses políticos y económicos sectarios y podridos.

Es imposible que la institución “promueva el ejercicio de la ciudadanía plena, igualitaria e inclusive” cuando criminales, narcotraficantes y personas con prohibiciones constitucionales les esté permitiendo participar, mientras al binomio del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) a pesar de cumplir con los requisitos se les niega el derecho a participar porque la candidata es una mujer indígena con base rural y el vicepresidente un abogado anticorrupción.

Dentro de sus “principios y valores” el TSE detalla el compromiso, la responsabilidad, credibilidad, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, certeza y transparencia que resultan una broma al compararlos con el actuar de los magistrados, pero que no sorprenden porque la manipulación del lenguaje es parte intrínseca de los estados autoritarios. Por eso, el dictador Efraín Ríos Montt llamó a su campaña genocida “Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo” y no “Plan de Exterminio y Reconcentración de Comunidades Civiles e Indígenas.”

Que el TSE haya sido creado, previo a la débil transición democrática, demuestra lo precario que ese momento fue y eso debería llevar a un cuestionamiento crítico sobre la necesidad de la reconfiguración de esas instituciones, que hoy, en vez de velar por un proceso democrático certero, están abonando a la impunidad y la corrupción en Guatemala. Además, es imposible pedir imparcialidad a un tribunal que es electo por el congreso de la república, el cual está integrado por los partidos más corruptos que tienen al país capturado.