Impasse en Perú

Apesar de que la población en Perú demanda la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la disolución del Congreso y la celebración de elecciones generales anticipadas, la mayoría parlamentaria se resiste a aprobar una reforma a la Constitución que dé por terminado el período y funciones de los diputados al Congreso, que vence el 27 de julio de 2026, dé por terminado el período presidencial de la gobernante Boluarte, que vence el 28 de julio de 2026, así como se ordene convocar a elecciones generales este año, después del referendo que ratifique la respectiva reforma constitucional.

En todo caso, la Constitución de Perú establece: “Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas”.

La presidenta Boluarte sustituyó al expresidente Pedro Castillo (7 de diciembre de 2022), después de que este fuera removido por el Congreso, por “incapacidad moral permanente”, para completar el período presidencial que vence el 28 de julio de 2026. Aunque la población, a tra- vés de encuestas y manifestaciones, exige su renuncia, Boluarte ha dicho que no renunciará, aunque sí ha expresado que se sujetaría a una cesación de sus funciones como consecuencia de una anticipación de la celebración de elecciones, a través de una reforma constitucional.

Obviamente la gobernante no quiere renunciar porque si así lo hace, de conformidad con la Constitución, lo que procedería sería que se convoque a elecciones presidenciales y no así a elecciones generales (presidenciales, parlamentarias y edilicias), por lo que la actual Legislatura seguiría en funciones hasta 2026.

Al respecto, la Constitución de Perú dispone: “Por impedimento temporal o permanente del Presidente de la República, asume sus funciones el Primer Vicepresidente. En defecto de éste, el Segundo Vicepresidente. Por impedimento de ambos, el Presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el Presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones”.

Lo cierto es que, según encuestas recientes, el 70.9 por ciento de los peruanos cree que es mejor para el país que se anticipen las elecciones generales (presidenciales, legislativas y edilicias) y que se celebren este año (2023). Asimismo, el 74 por ciento está a favor del cierre del Congreso y 75 por ciento a favor de la renuncia de Boluarte.

Mario Fuentes Destarac

Elecciones 2023:

¿Punto de quiebre?

El Índice Democrático es un promedio ponderado basado en las respuestas de ciudadanos a un cuestionario de preguntas de selección múltiple que miden la confianza ciudadana respecto de cinco áreas de evaluación: El proceso electoral y el pluralismo; el funcionamiento del gobierno; la participación política; la cultura política; y las libertades civiles. Los resultados, de 1 a 10 puntos, se utilizan para ubicar a los países en uno de los siguientes 4 regímenes políticos: Democracia plena (superior a 8 puntos), democracia defectuosa (mayores de 6 y menores de 8 puntos), régimen híbrido (mayores de 4 y menores de 6 puntos); y régimen autoritario (menores o iguales a 4 puntos).

La democracia plena supone la protección y defensa de los derechos individuales (civiles y políticos); la celebración de elecciones periódicas, libres y justas; la existencia de una conciencia política desarrollada; el funcionamiento satisfactorio de las instituciones del Estado; la vigencia de una justicia oficial independiente e imparcial; y la garantía de libertad de prensa. La democracia defectuosa, por su parte, conlleva la celebración de elecciones, pero no son plenamente libres y justas; existen cortapisas a la libertad de prensa; se respetan las libertades civiles en general; hay problemas de gobernabilidad; la conciencia política no es madura; y la participación política es mediocre. Bajo el régimen híbrido, la autoridad electoral está politizada y no garantiza un proceso electoral totalmente transparente y justo; los índices de corrupción e impunidad son elevados; el funcionamiento del Estado es insatisfactorio y cuestionado; la represión en contra de disidentes y opositores es la norma; la politización de la justicia y la judicialización de la política son comunes; y la violación de los derechos humanos es generalizada. Finalmente, el régimen autoritario se caracteriza por la concentración de poder, el abuso de autoridad, la opresión y el despotismo; las elecciones son manipuladas y fraudulentas; se impone la ley mordaza a la prensa; la propaganda oficial es el único medio de información; los críticos y disidentes son golpeados, encarcelados o exiliados; impera el derecho penal del enemigo, del sospechoso, del peligroso; y la justicia oficial actúa como instrumento de disuasión y castigo de los desafectos y enemigos.

En el Índice Democrático 2022, Guatemala se ubicó en el puesto 98 dentro de 166 países (miembros de la ONU) evaluados, con 4.68 puntos, obteniendo su mejor puntuación en la categoría de proceso electoral y pluralismo (6.92) y de libertades civiles (6.18), mientras que en los demás indicadores se ubicó por debajo de 4 (funcionamiento del gobierno y participación política) y de 2 (cultura política).

Marcela Gereda

Un estudio estableció en 2016, a partir de una muestra de 1,700 personas, que quienes usan más plataformas de redes sociales tienen un riesgo tres veces mayor de sufrir depresión y ansiedad.

UN MES ANTES DE SUICIDARSE LA JOVEN CANADIENSE AMANDA TODD COLGÓ UN VIDEO EN YOUTUBE EN EL QUE EXPRESABA SU DESESPERACIÓN DE SER VÍCTIMA DE CIBERBULLYING.

AMANDA NO ES LA PRIMERA NI LA ÚLTIMA, MILES DE NIÑOS Y JÓVENES ALREDEDOR DEL MUNDO PADECEN ATAQUES PSICOEMOCIONALES A TRAVÉS DE REDES SOCIALES.

Ciberbullying es un término que se utiliza para describir cuando un niño o adolescente es molestado, amenazado, acosado, humillado, avergonzado o abusado por otro niño o adolescente, a través de las redes sociales.

Se caracteriza porque el acoso se da entre dos iguales, en este caso, menores. Los estudios científicos demuestran que uno de los grandes males de la sociedad actual es la elevación de las estadísticas de la depresión.

El filósofo coreano Byung Chul Han explica que si antes las enfermedades eran bacteriales o virales, en el siglo XXI, las enfermedades son neuronales: depresión, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno límite de la personalidad o el síndrome de desgaste ocupacional.

Millones de personas alrededor del mundo utilizan redes sociales. Miles de ellos son adictos a estas sobre todo los jóvenes. Pasan sus días pegados la pantalla.

Además de la adicción a las pantallas, algunos psicólogos y psicoanalistas señalan que este momento histórico de excesivo narcisismo es en cierta medida consecuencia del consumismo y de dar a elegir a los hijos con demasiadas opciones: ¿qué ropa quieres?, ¿qué quieres comer?, ¿a dónde quieres ir?, ¿qué quieres hacer?, ¿qué género prefieres elegir para ti?, ¿cómo quieres celebrar tu fiesta?, entonces desde pequeños estamos haciendo elecciones que nos hacen creer que somos el centro del mundo y un exacerbado “yo”, de ahí que nos cueste tanto hablar y ser desde un “nosotros”.

Observando cualquier círculo social vemos lo hondo que el uso del móvil se ha incrustado en nuestras vidas. Me pregunto cuánto estamos perdiendo como humanidad al dejar a un lado la necesaria interlocución, la capacidad de contar historias.

La humanidad se hizo no viendo pantallas, sino en el intercambio y tejido con los Otros. Estamos hechos de los Otros.

La buena noticia es que en países como Canadá (donde además de contar con leyes antibullying), también hay movimiento social juvenil en que los chavos hacen reuniones “libres de celular” para evitar bullying con videos, fotos e imágenes no consentidas. Esto puede significar una nueva tendencia anti celulares.

Mar A Aguilar

y cómo proveer pequeñas gotas de justicia para las y los sobrevivientes, sus familias y también para la nación.

HOY, LOS PRINCIPIOS DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL ESTÁN SIENDO

DESTRUIDOS EN GUATEMALA PORQUE

EL ESTADO HA SIDO COOPTADO POR ALIADOS Y DESCENDIENTES DE LOS CRIMINALES DE GUERRA.

El pasado 1 de febrero el juez de mayor riesgo “B”, Rudy Bautista, consciente de la prohibición de otorgar arresto domiciliario en casos de delitos contra la humanidad se las otorgó, sin vigilancia, a los excoroneles Malfred Pérez Lorenzo y Jacobo Salán Sánchez.

En el actual contexto nacional, uno de los temas pendientes a analizar en Guatemala es: ¿Cómo la cooptación y desintegración del sistema judicial por las mafias corruptas afectará la lucha por la justicia transicional que busca en las cortes nacionales que se otorgue un mínimo de reparación a las y los sobrevivientes del conflicto armado interno? Estos procesos legales que, aunque escasos para el nivel masivo de violaciones ejecutadas por los jefes de Estado, por presidentes del país y por las fuerzas de seguridad en Guatemala, sentaron precedentes internacionales sobre cómo encaminarse a la no repetición

Hoy, lo poco que se había logrado avanzar en las cortes nacionales está siendo eliminado poco a poco a través de diversas estrategias por quienes históricamente han necesitado del manto de la impunidad para operar. Por nombrar solo algunas de las maniobras: la cooptación casi total del Ministerio Público, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, la falta de recursos, la intimidación a las y los fiscales independientes, el cierre de archivos nacionales, la criminalización y la persecución de jueces, entre otras. Todas estas acciones se realizan dentro del marco de una débil democracia y frente a los ojos de la comunidad internacional que guarda silencio. Algo similar se encuentra al analizar el pasado reciente, donde es evidente que las campañas de tierra arrasada y genocidio ocurrieron por órdenes de generales y elites nacionales, gracias al financiamiento y entrenamiento de los Estados Unidos, pero también por la complacencia de la prensa, de la comunidad internacional y parte de la población civil que fue cómplice con su silencio de las campañas rurales y urbanas diseñadas para callar las voces y vidas de aquellos que fueron definidos como enemigos.

Esa misma complacencia es la que hoy ha relegado a las últimas páginas a casi todas las maniobras relacionadas con el caso denominado “Diario Militar”, que busca juzgar a una docena de militares por delitos de lesa humanidad, cometidos entre 1983 a 1985.