García Luna o la narcopolítica regional

El exsecretario de Seguridad Pública de México en el Gobierno de Felipe Calderón entre 2006 y 2012, Genaro García Luna, fue condenado el pasado martes por una corte en Nueva York por aceptar sobornos millonarios para proteger a los violentos cárteles de la droga que supuestamente tenía la tarea de combatir. Después de tres días de deliberaciones y cuatro semanas de declaraciones, la Fiscalía logró demostrar más allá de duda razonable que el acusado colaboró más de 20 años con el Cartel de Sinaloa, desde que asumió como director de la Agencia Federal de Investigación en el gobierno de Vicente Fox entre 2001 y 2005. Durante el juicio la fiscalía llamó a 25 testigos, incluidos varios miembros de alto nivel de la organización de Sinaloa, cuyo líder fue juzgado y condenado en el mismo tribunal de Estados Unidos en 2019. Hasta hoy, García Luna es el funcionario mexicano de más alto rango en ser juzgado en los Estados Unidos.

El exfuncionario es el infame arquitecto de la fallida guerra contra las drogas. Fue hombre de confianza de Calderón y era el un punto de contacto para los funcionarios de los EE. UU. que trataron con México en los esfuerzos para frustrar el tráfico de narcóticos de manera transnacional. García Luna estaba jugando en ambos lados de la guerra, aceptando sobornos masivos del crimen organizado a a cambio de filtrar información de las autoridades estadounidenses y proteger los negocios del cartel en México. Testigos, incluido el hermano del actual jefe del Cartel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, testificaron que García Luna era un activo clave que permitía que el cartel más poderoso de la región operara con impunidad. La sentencia de García Luna ahora está programada para el 27 de junio y es casi seguro que pasará el resto de su vida tras las rejas en el sistema penitenciario estadounidense. Quien una vez estuvo en el pináculo de la aplicación de la ley en México, ahora vivirá el resto de sus días después de haber sido revelado como un traidor a su país. La evidencia sobra para aseverar que el narcotráfico se ha convertido en un actor trascendental en la política mesoamericana. La revelación de tal corrupción alimenta la desilusión de los ciudadanos con la clase política y erosiona la confianza pública en la capacidad del Estado para gobernar con eficacia. Además, confirma y refuerza el poder real de los cárteles. La existencia de esquemas de soborno indica que este último tiene una influencia para dar forma a la política gubernamental, facilitar el movimiento de drogas e impedir los esfuerzos de aplicación de la ley hasta con las esferas más altas del poder.

M Ndez Vides

El 5 de septiembre de 1969, hace 53 años, se inauguró en la ciudad de México la primera línea del Metro, luego de 2 años de obra civil y más de una década de planificación. La capital mexicana empezó el siglo XX con 540 mil habitantes, y para 1964 ya sumaba más de 5 millones de almas debido a la intensa actividad económica, lo que hizo necesario el transporte masivo, que surgió por parte del Gobierno con un acuerdo y préstamo a treinta años con empresa y banco franceses. De entonces para acá, ya son 12 líneas y millones de usuarios conectados de la capital y sus alrededores. En dicha urbe hay también transporte colectivo variado, ha sido un éxito el teleférico que aquí el Congreso ha dejado dormir 2 años a costa del alivio que demandan los ciudadanos, hay autobuses, micros, taxis y demás sistemas, y el tráfico sigue siendo intenso, por lo que los mexicanos aprendieron a vivir en la gran ciudad, se adaptaron, se desvelan y madrugan según la condición de su localización y destino. Vivir en una ciudad inmensa tiene grandes ventajas de oportunidad, y sus desventajas.

En los días que se inauguraba el Metro, en la ciudad de Guatemala éramos alrededor de 600 mil habitantes, según las referencias poblacionales del Banco Mundial (como la capital mexicana a principios de siglo; es decir, llevamos un rezago de entre 50 y 60 años). Desde entonces, el crecimiento de Guate ha sido exponencial, porque para 1980 se había duplicado la población, para el dos mil ya nos aproximábamos a los 2 millones de habitantes, y para el 2021 la misma fuente estadística reporta 2.9 millones. Fuentes locales dicen que en la ciudad conviven en un día laboral alrededor de 3.5 millones, entre vecinos y la carga flotante de trabajadores provenientes de los municipios vecinos, a quienes el Gobierno debiera de resolver la movilidad que distorsiona la vida capitalina con su ingreso y salida diarios, produciendo el tráfico del que se quejan los invadidos y los invasores.

Las cifras comparativas indican que ya estamos llegando a las condiciones que impulsaron a la capital mexicana hace más de medio siglo a saltar a un sistema de transporte masivo, porque continuaremos aumentando, y cuando seamos alrededor de 5 millones no será posible el traslado en vehículos privados. Al Gobierno le corresponde resolver, como se hizo en México, y no dejar que cada Municipalidad luche por su cuenta aliviando un problema que es del Estado, y el Congreso entorpecedor debe hacerse responsable, porque el crecimiento urbano en todo el país no se puede contener.

La Antigua y Panajachel cobran parqueo o entrada a los visitantes, y en los caminos rurales de tierra, hay quienes piden por el paso a cambio del servicio de reparar con pico y pala los tramos dañados. Eso no sería lógico en la capital que reúne a ciudadanos de todo el país, ni se puede permitir más fragmentación social. Le toca hablar a los candidatos presidenciales.