La Opinión de México | Edición n.º 5 | 11 de abril de 2022 by Grupo Sol

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¡AMBIENTALISTAS NEOLIBERALES!

Ciudad de México

Del 11 al 17 de abril del 2022

Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

Edición No. 05

$ 5.00

QUINTANA ROO

NARCOTRÁFICO

HISTORIA DE “EL TRAUMADO”: ¡CARRERA DELICTIVA!

VIVIR PARA MATAR Ricardo Ravelo/La Opinión de México

*Su nombre es Abner Noé Cervantes y le dicen “El Traumado”. Este capo, fundador del Cártel Independiente de Acapulco y jefe de la organización conocida como Los Magno Acevedo, tiene un alto perfil criminal, según su ficha: Se le atribuyen al menos una treintena de crímenes y cientos de extorsiones a comerciantes de todos los rangos *Después que no pudo continuar operando en Guerrero se mudó a Jalisco, al municipio de Tonalá, desde donde continuó sus operaciones criminales *Sus víctimas lo consideran un maniático que mata y tortura con saña, según consta en el amplio expediente donde obran sus más escandalosos delitos

*Sacrificó más de 10 millones de pesos de la Cuenta Pública 2020 destinados a la infraestructura de las colonias irregulares La Fe y Tierra Nueva, en Puerto Morelos, que ella misma creó *La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo asegura que la exalcaldesa, diputada con licencia y aspirante a gobernadora malgastó los recursos del municipio y los de la Federación Redacción/Sol Quintana Roo

Puerto Morelos.- La expresidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, provocó una sangría a las arcas del pueblo por 10 millones 394 mil 756 pesos de la Cuenta Pública 2020, según la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo).

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¡AMBIENTALISTAS NEOLIBERALES!

Araceli Domínguez, ecologista. *Organizaciones como el Grupo Ecologista del Mayab (Gema) y los Amigos de Sian Ka’an desviaron su lucha luego de negociaciones económicas y explotación lucrativa de la reserva natural, respectivamente *Surgidas en el inicio del neoliberalismo, muchas de las asociaciones civiles ambientalistas actúan por tiempos cortos, en espera de beneficios personales Redacción/La Opinión de México/Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/Sol Campeche Cancún.- Muchos de los grupos ambientalistas del Estado mantienen un doble discurso en Quintana Roo, al emprender manifestaciones de protesta para defender las causas en favor del entorno natural, pero las bases de sus movimientos se sustentan con beneficios económicos o la explotación de los recursos y bellezas naturales que ofrece la entidad. Y peor aún, resulta que para calmar la ira de sus condenas, expresadas en movimientos de resistencia, se favorecen mediante el intercambio de recursos naturales por económicos, como fue en su momento la supuesta lucha de organizaciones como el Grupo Ecologista del Mayab (Gema) y los Amigos de Sian Ka’an, que desviaron su lucha luego de negociaciones económicas y explotación de las reservas naturales con fines de lucro. Son estas organizaciones, las que en los últimos días han surgido como voraces defensores del entorno, frente a la construcción del Tren Maya en los tramos de la Riviera Maya, a pesar de que su pasado y presente responde más a intereses económicos y de explotación turística. La aparición de Gema fue en 1986 como una preocupación de la sociedad civil de Quintana Roo por la ecología, a raíz de algunos proyectos que comenzaban a impactar el medio ambiente. Uno de los eventos que propició el inicio del movimiento ambientalista fue la entrada en operación de la empresa Calizas Industriales del Carmen S. A. de C. V. (Calica hoy Sac-Tun), consistente en la explotación de yacimientos de materiales pétreos de tipo calcáreo. Poco después surgió también Amigos de Sian Ka’an, pero esta asociación no la creó un grupo de ciudadanos preocupados por el medio ambiente, sino por iniciativa de las au-

toridades neoliberales y de las agencias internacionales que habían impulsado la creación de la Reserva de Sian Ka’an. La lucha de ambas agrupaciones, al final de cuentas sirvió para ganar juicios a los empresarios, para legalizar sus acciones devastadoras, es decir que operaron por conveniencia y por negocio. Incluso, para simular el trasfondo de su lucha, la creación de Sian Ka’an y la concesión a Calica eran dos hechos surgidos de una política ambiental contradictoria que parecía justificar la depredación con decretos conservacionistas. Una de las personas más involucradas en el inicio del movimiento ambientalista en Quintana Roo es Araceli Domínguez, quien de manera subrepticia dejó el movimiento en 1992, luego de anunciar una promesa de convenio con Calica para la protección ambiental, en el cual se consideraba que era conveniente establecer una zona de amortiguamiento, tener acceso a la información de Calica y a su programa de monitoreo, evaluación y control ecológico (Gema, 1992). Sin embargo, Gema también intentó negociar y llegó al acuerdo de que se donaría, para cuestiones medio ambientales, un centavo de dólar por cada metro cúbico que sacaran; lo firmaron las autoridades, pero no lo firmó Calica, y el acuerdo no se cumplió. La ecologista Araceli fue clara al señalar que “eso fue un arreglo en el que perdimos mucho ya que el acuerdo no sirvió para nada”. Esto hizo que Gema se desintegrara, después de que Araceli dejara la organización pues no cree en la negociación. Sus palabras fueron que “no se logró nada, fue un mal negocio. Ahora sabemos que no se puede negociar. En las cuestiones ambientales hay que ser radical”. A pesar de todo esto y de las acciones llevadas a cabo por Gema, en 1993 se amplió la concesión a treinta años, asimismo se incluyó en el propósito de la concesión la

construcción de una terminal portuaria pública con dos plataformas de servicio, un edificio terminal, estacionamiento y un camino de acceso desde la carretera federal para transbordadores, cruceros turísticos y embarcaciones de pasajeros, mediante el uso de la dársena construida y seis hectáreas de zona federal terrestre. A la fecha, Gema es conocida en Quintana Roo, como una de las organizaciones mercenarias que aparece cuando surge algún proyecto de construcción, para protestar un breve periodo y luego desaparece sin decir adiós. Los defensores del medio ambiente que también brillan por su ausencia en la Biósfera de Sian Ka’an. La organización surgida en la época del neoliberalismo denominada los Amigos de Sian Ka’an, a la fecha no se ha manifestado en contra de los trabajos de construcción de conjuntos habitacionales. Hace unas semanas, la constructora Obra Prima, anuncio la construcción de un conjunto habitacional en terrenos de la Reserva de la Biósfera de Sian Ka'an, alegando que hay demanda en la compra de viviendas en Tulum. Argumentan que hay mucha demanda de vivienda en el municipio de Tulum, es por ello que el grupo constructor Obra Prima, pretende construir un desarrollo inmobiliario en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, el predio donde pretenden desarrollar el proyecto denominado Villas San Juan, se ubica en la Región 21, manzana 60, lotes 25, 25-1 y 25-2, sobre la carretera Tulum, Ruinas-Punta Allen, en Punta San Juan, y contemplan una inversión superior a los 40 millones de pesos. Como lo dimos a conocer en estas páginas, la poca o nula actividad de las organizaciones ambientalistas y protectoras de animales opositoras al Tren Maya en Quintana Roo, respecto a otros proyectos, responden al servilismo, la manipulación y/o la contratación mercenaria de empresarios que a acciones sentidas y espontáneas. Muchas de ellas están directamente vinculadas a empresarios de la industria hotelera e inmobiliaria, incluso otras tantas son encabezadas por los hijos de los dueños de complejos hoteleros, parques acuáticos y “reservas naturales” que son impactadas a su antojo y construyen residencias y parques turísticos. Como se recordará, el pasado domingo 6 de marzo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, visitó Quintana Roo para supervisar las obras del Tren Maya vía aérea; sin embargo, ese mismo día resurgieron las voces de rechazo a las obras. Desde ese momento, al menos 42 asociaciones civiles, la mayoría con sede en Quintana Roo y Yucatán, emitieron una serie de posturas de oposición a la obra, entre las que destacaban frenar el proyecto, dialogar para analizar las su-

puestas afectaciones, y hasta modificaciones a los proyectos originales, entre otras. Argumentan que con las obras peligran los ríos subterráneos, cenotes, flora y fauna de la zona por donde pasará el Tren Maya, y estas afectaciones provocarán grandes daños al mar, a la franja coralina de la zona, entre otros. Sin embargo, los movimientos de estos grupos ambientalistas a conveniencia no son nuevos, han surgido desde hace más de dos décadas, y aparecen cuando creen que ponen en riesgo sus proyectos futuros, pero eso sí, dejan pasar de largo sin siquiera inmutarse, devastaciones y otras amenazas de afectación en zonas de mar, cavernas, selvas, cenotes y ríos subterráneos de la entidad. Y aunque en sus sitios web y páginas de Facebook aseguran que sus acciones las realizan sin fines de lucro y que viven de donaciones, lo cierto es que muchas de ellas se desprenden de empresas hoteleras, automotrices, de tiendas textiles. También que muchas solicitan el apoyo de donaciones al público en general; sin embargo, las cantidades más fuertes provienen de cadenas hoteleras, parques acuáticos, desarrolladores inmobiliarios, comercios, etcétera. Se sabe que los empresarios más influyentes de la Península son los principales personajes que auspician a las A.C. mercenarias, entre ellos Romárico Arroyo Marroquín, Abelardo Vara, Roberto Cintrón Díaz, la familia Constandse Madrazo, integrada por Óscar, Marcos y Carlos; Francisco Córdova Lira, Rodrigo de la Peña, Moises El-Mann Arazi, del grupo E-Desarrollos, Miguel Quintana Pali, dueño de Grupo Xcaret; Alejandro Burillo Azcárraga, Ernesto Zedillo V. José Chapur Zahoul, presidente del Grupo Palace; Eduardo Solís Preciat, dueño de las empresas sascaberas ABC; Johanes Lubbe; Eduardo Castro; Eduardo Albor, propietario de Dolphin Discovery; Carlos Quintana; Juan Miguel Villar Mir, propietario del hotel Mayakoba. También Armando Millet, Octavio Lavalle, Luis Reynoso, José Luis Martínez, Alexis Saad, Ramón Abascal, Alex Krantberg, Salvador Vidal, Rene del Castillo, Javier Carlos Olvera, Rafael Lang, Margarita Lliteras; Alejandro Pérez, Jorge Navarro, Roque González Escamilla, Fausto Zapata Sterkin, Jesús Almaguer; Pedro Vaca Elguero, presidente y director general de Cadu; Armando Palma Peniche, presidente del Consejo de Grupo Promotora Residencial; entre otros. Lo que es seguro, es que en esta lucha son las asociaciones ambientalistas las que saldrán ganando por todos lados.

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¡AUTORIZA OBRA FANTASMA! Manuel Godínez/ La Opinión de México Ciudad de México.- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), un órgano centralizado del Poder Judicial de la Federación (PJF), entregó un contrato multimillonario a la empresa acapulqueña MC Suministros S.A de C.V., para una obra fantasma. En dicha instancia judicial, la empresa de Guerrero ha sido beneficiada con decenas de millones de pesos para obras a sobreprecio, uno de los contratos se entregó con la licitación pública número CJF/SEA/ DGIM/LP/07/2018. Según refiere dicho documento, el CJF le pagó 51 millones 181 mil 321.40 pesos por la remodelación/construcción de un Centro Infantil en el CJF, ubicado, supuestamente al sur de la Ciudad de México”. “El proyecto de la construcción del centro de desarrollo (que incluye mobiliario y equipo), la empresa se obliga a ejecutarlo, desarrollando las fases relativas al proyecto ejecutivo, la construcción y equipamiento de instalación permanente, en el inmueble propio, ubicado en la calle Guerrero número 144, colonia Tizapán, delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México”, detalla el objeto de contrato público. Durante una visita realizada por el equipo de La Opinión de México al domicilio referido, se encontró que el supuesto Centro Infantil de más de 50 millones de pesos, es un terreno baldío de dos niveles, con una estructura de fierros en color blanco, la cual, ocupa apenas

un cuarto del total del terreno. En la cuarta cláusula, correspondiente al plazo de ejecución, se constató que, ambas partes, establecieron un plazo total de 180 días naturales, para la ejecución del proyecto integral, debiendo iniciar el día 8 de junio, y concluir el día 4 de diciembre de 2018.

comunicaciones, seguridad, automatización y control…que hasta la fecha, no existen. Además, la obra “negra” pagada en su totalidad, contó con el aval del director general de Inmuebles y Mantenimiento, Jorge Flores Méndez; el secretario ejecutivo de Administración, Miguel Francisco González Canudas; y el representante legal de MC Suministros, Moisés Montesinos Cisneros. Otra de las dudas que sugiere

*En el Consejo de la Judicatura Federal la empresa MC Suministros ha sido beneficiada con decenas de millones de pesos para obras a sobreprecio *Otra de las dudas que sugiere el contrato es la posesión del lote, pues se mencionó que el CJF le entregó el inmueble a la empresa, para que llevara a cabo los trabajos, pero en la vista aérea de Google Maps, el terreno está registrado como “Camionetas del CJF” *La empresa, de igual manera, ganó la licitación pública para los trabajos de remodelación del edificio ubicado en la ciudad de Mérida, por un monto total de 30 millones 568 mil 628.95 pesos Desafortunadamente, desde entonces, solo una fila de hojas de triplay con “tapiz” de cientos de grafitis, además, el resto del terreno se encuentra abandonado, lleno de basura, cascajo y con la maleza crecida más de 50 centímetros. El otro rincón del terreno, es ocupado por un pequeño cuarto, sin aplanado, sin pintura, y con dos tinacos negros en el techo. En términos generales, el contrato consiste en la obra civil, albañilería, acabados, obra exterior, incluyendo el suministro, instalación, montaje, pruebas, puesta en operación y capacitación del personal para el uso de los equipos necesarios para el funcionamiento de las instalaciones eléctrica, hidráulica, sanitaria, aire acondicionado, tele-

el contrato, es la posesión del lote baldío, pues se mencionó que el CJF le entregó el inmueble a la empresa, para que llevara a cabo los trabajos, “antes de la fecha de incio (sic) de los trabajos”. “El incumplimiento en la entrega del inmueble, como de la firma de este contrato, prorrogará en igual plazo, la fecha originalmente pactada y ordenada para el inicio y la conclusión de los trabajos, por lo que no se tiene claro quien cuida el terreno”. De acuerdo con otro contrato, y lo contrastado en la vista aérea de Google Maps, el terreno también está registrado como “Camionetas del CJF”, donde se expuso que el Consejo de la Judicatura Federal

tenía previsto adquirir equipo de seguridad, el cual, incluía 72 camionetas blindadas, chalecos antibalas para repartir entre personal que opera en seis Estados de la República, en los centros de justicia penal considerados de riesgo y juzgadores que cuentan con medidas de seguridad. En el anexo 1, titulado “Catálogo de Actividades y Subactividades”, se encontró que la empresa, cobró otros 424 mil 182.54 pesos, por los estudios de mecánica de suelos; levantamiento topográfico; estudios inherentes, de impacto ambiental, impacto urbano, impacto vial, eficiencia energética y el proyecto de captación de agua pluvial y tratamiento de trámite y gestión. Los servicios de jardinería de la vialidad (que actualmente está agrietada, despintada y con plantas secas), le costó al erario, un total de 1 millón 538 mil 970.49 pesos. CONSTRUCTORA CON NEXOS EN MÉRIDA

El 9 de agosto de 2017, la empresa ganó la licitación pública número CJF/SEA/DGIM/ LP/12/2017, la cual, se firmó por un monto total de 30 millones 568 mil 628.95 pesos. Con base a lo reportado por el CJF, el pago fue para la sustitución del sistema de aire acondicionado, así como cambio de plafón, luminarias e instalación eléctrica del nuevo sistema de aire acondicionado y obras complementarias en el edificio sede en Mérida, Yucatán. Del plazo de ejecución, solo se expuso que fueron 270 días naturales con fecha de inicio del día 10 de agosto de 2017, y con fecha de término del 6 de mayo de 2018.

OFICIAL MAYOR DE MANCERA GASTÓ MÁS DE 2 MIL MDP EN COMBUSTIBLES

Manuel Godínez/ La Opinión de México Ciudad de México.- El Oficial Mayor del gobierno de la Ciudad de México, Jorge Silva Morales, “exonerado” por el entonces Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, desfalcó al erario mediante la entrega de cientos de contratos millonarios. De acuerdo con tres contratos entregados por la oficina de la desparecida Oficialía Mayor, a través de adjudicaciones directas, el gobierno del ahora senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, aseguró el abasto de gasolina, diesel y gas para los funcionarios de dicha administración. Aunque con la entrega de contratos abiertos evitaron especificar el monto que se destinó a la compra de combustible, este diario pudo saber que se autorizó un monto que rondó entre mil 146 millones 648 mil 111.49 pesos (monto mínimo) y los 2 mil 293 millones 296 mil 223 pesos (monto máximo). El primer contrato (asignado con el número DAS-01-2018) otorgado por el ex funcionario local se firmó en diciembre de 2017, apenas

un año después de que el mencionado, reveló que el total de su patrimonio económico, rondaba los 53 millones 985 mil pesos. Según dicho contrato, la empresa Combustibles Ecológicos Mexicanos S.A de C.V, se comprometió a realizar el “abastecimiento de gas natural comprimido (GNC) para parte del parque vehicular asignado a las dependencias, delegaciones, entidades, órganos desconcentrados de la Administración Pública de la Ciudad de México”, de acuerdo con lo establecido en la primera cláusula. Dicho monto, según la Oficialía, sirvió para garantizar la distribución durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. “El GCDMX pagará el monto mínimo de 23 millones 452 mil 631.75 pesos y como monto máximo, 46 millones 905 mil 263.50 pesos, ambas cantidades incluyen el I.V.A”, expone el apartado tres. Entre las dependencias que hicieron uso del gas, está la alcaldía Coyoacán, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, la Agencia de Gestión Urbana, la Secretaría del Medio Ambiente y el Sistema de Aguas capitalino. Los contratos más costosos, se firmaron bajo los números DAS02-2018 y DAS-03-2018, con los que se compró combustible para los funcionarios que ya tenían un sueldo en las dependencias locales. “Adquisición de combustible (gasolina y diesel) para el parque vehicular asignado a las dependencias, delegaciones, entidades, órganos desconcentrados y órganos autónomos de la administración pública de la Ciudad de México”, refiere uno de los contratos. En ambos casos, los contratos

de la Oficialía Mayor, se firmaron con la empresa Servicios Broxel S.A.P.I de C.V, a través de su apoderado legal Carlos Alberto Reyes Pérez. Además, se duplicaron las compras, pues en las dos compras, se solicitó combustible para el período que inició el 1 de enero de 2018 y culminó el 31 de diciembre del mismo año. Respecto al monto, Silva Morales autorizó un monto mínimo que osciló entre los mil 146 millones 648 mil 111.49 pesos (monto mínimo) y 2 mil 293 millones 296 mil 223 pesos. Cabe señalar que, en ningún caso, la dependencia omitió mencionar cuántas tarjetas y cuánto combustible se entregó. Pero no todo acaba ahí, previamente, la Asociación

Civil Justicia y Transparencia DF, denunció ante la extinta Procuraduría General de la República (PGR) al oficial mayor del gobierno del también desaparecido Distrito Federal, por irregularidades en las adjudicaciones de contratos para la adquisición de bienes y servicios. En dicha denuncia, se expuso que la firma de convenios en donde la Oficialía Mayor pago a los proveedores cantidades superiores a las adjudicadas. Incluso, en las oficinas de la PGR se colgó una lona que reclamaba “Basta ya…….alto a la corrupción en el Gobierno del Distrito Federal”, en la cual, exigen una investigación a fondo en contra de Jorge Silva Morales y Martín Nakagawa, ex director de Recursos Humanos Materiales de la Oficialía Mayor. De acuerdo con la licitación OM-DGRMSG-004-15 para la adquisición de 154 Camiones Recolectores de Basura por un monto de 434 millones 358 mil 972 pesos, la cual estuvo dirigida a una sola empresa “Camiones, Repuestos y Accesorios S.A. de C.V”. Además, la adquisición de vales de despensa con la empresa Si Vale de México S.A. de C.V, a la que se le adjudicó un contrato por más de dos mil 700 millones de pesos y mediante cuatro convenios modificatorios se le pagaron 48 millones adicionales. En este caso, se destinó en gran medida, para la adquisición del hardware, software y servicios informáticos en los que también, mediante este tipo de convenios, se pagó a la empresa Coordinación de Servicios en Informática casi el doble de lo que se había contratado

inicialmente. En 2017, la Fiscalía Para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Público de la Unidad de Investigación abrió dos expedientes asignados con los números de folio CIFSP/B/UI-B3.C/D/004/01-2017 y CIFSP/B/ UI-B-1.C/D/281/01-2017, pero fuera de dicho acción, no se presentó ninguna acción legal en contra de los implicados, entre los que se encontraba el funcionario de Mancera. Además, el 19 de septiembre de 2018, un Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México determinó el “no ejercicio de la acción no penal”; dicha resolución fue ratificada tres meses después por un Tribunal Colegiado, lo que dejó sin efecto, cualquier acción penal en contra del ya mencionado. Finalmente, el grupo de ciber activistas Anonymous, denunció públicamente la gestación de un fraude millonario que pretendía llevar a cabo el encargado de la Oficialía Mayor, José Silva Morales, al adjudicar de forma directa contratos a diversas aseguradoras. El Oficial Mayor de la Ciudad de México, José Silva Morales, ha otorgado contratos de hasta 2 mil 400 millones de pesos, a través de una licitación restringida, que beneficia a aseguradoras recomendadas por Star- Reinsure Brokers, consultora intermediaria de Reaseguro, la cual, ya había sido inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por incumplimiento de contratos y prácticas ilegales.

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Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

Edición No. 05

¡AUTORIZA OBRA FANTASMA!

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YUCATÁN

INSULTANTE DESPILFARRO

*El ofensivo desvío de dinero por parte del gobernador panista de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, no tiene límites, pues ahora resulta que hasta el alimento les arrebata a los más necesitados a través del DIF

CAMPECHE

DERROCHE DE RECURSOS

Manuel Godínez/La Opinión de México Ciudad de México.- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), un órgano centralizado del Poder Judicial de la Federación (PJF), entregó un contrato multimillonario a la empresa acapulqueña MC Suministros S.A de C.V., para una obra fantasma. En dicha instancia judicial, la empresa de Guerrero ha sido beneficiada con decenas de millones de pesos para obras a sobreprecio, uno de los contratos se entregó con la licitación pública número CJF/SEA/DGIM/LP/07/2018. Según refiere dicho documento, el CJF le pagó 51 millones 181 mil 321.40 pesos por la remodelación/construcción de un Centro Infantil en el CJF, ubicado, supuestamente al sur de la Ciudad de México”.

*Layda Sansores San Román derrocha el dinero de los ciudadanos a través de una casta dorada de burócratas cercanos a ella, quienes disponen de cuantiosos recursos para la operación de la administración estatal desde la Oficina de la Gobernadora

OFICIAL MAYOR DE MANCERA GASTÓ MÁS DE 2 MIL MDP EN COMBUSTIBLES Manuel Godínez/ La Opinión de México

Ciudad de México.- El Oficial Mayor del gobierno de la Ciudad de México, Jorge Silva Morales, “exonerado” por el entonces Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, desfalcó al erario mediante la entrega de cientos de contratos millonarios. De acuerdo con tres contratos entregados por la oficina de la desparecida Oficialía Mayor, a través de adjudicaciones direc-

tas, el gobierno del ahora senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, aseguró el abasto de gasolina, diesel y gas para los funcionarios de dicha administración. Aunque con la entrega de contratos abiertos evitaron especificar el monto que se destinó a la compra de combustible, este diario pudo saber que se autorizó un monto que rondó entre mil 146 millones 648 mil 111.49 pesos (monto mínimo) y los 2 mil 293 millones 296 mil 223 pesos (monto máximo).