Sol Yucatán | Edición n.º 109 | 11 de abril de 2022 by Grupo Sol

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EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

Ciudad de Mérida, Yucatán

Del 11 al 17 de abril de 2022

Edición No. 109

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INSULTANTE DESPILFARRO Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

*El ofensivo desvío de dinero por parte del gobernador panista de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, no tiene límites pues ahora resulta que hasta el alimento les arrebata a los más necesitados a través del DIF *Pese a que las clases presenciales en el Estado fueron prácticamente nulas desde el inicio de la emergencia sanitaria, resulta que el DIF estatal pagó casi 180 millones de pesos de desayunos escolares a la empresa Comercializadora Ecourbana *Esta misma empresa también fue la ganona en 2019, pues recibió otro contrato por 170 millones 176 mil 835 pesos, también por desayunos y despensas a través del contrato IF/DG/ PAGS. 3 y 4 DDCA/135/2019

SAQUEO INDISCRIMINADO

TEABO

LEGADO DE VORACIDAD

*La voracidad de los funcionarios municipales no tiene límites. Tal es el caso del ex alcalde de Teabo Daniel Fabián Puc Nalla, cuando en el 2018, último año de su trienio, se reportó un desfalco de 6.9 millones de pesos *La ASEY multó a la Entidad fiscalizada con apenas 24 mil pesos por falta de entrega de información en PAG. 2 materia financiera y en materia de obra pública PAG. 14

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Mérida, Yucatán. Del 11 al 17 de abril de 2022

EDITORIAL

Redacción /Sol Yucatán

…MANSOS BORREGOS

Como es bien sabido, los enemigos políticos de Morena están en su cúpula. Si continúan alentando la guerra de guerrillas al interior del partido, perderán la gran oportunidad de alcanzar la unidad necesaria para llegar al 2024. ¿Qué le espera a Morena bajo el liderazgo de Verónica Camino? Porque ese es el punto. Verónica no llegó para ser candidata solamente, no, ella quiere ser absoluta. La priista de cuna desea todo el poder en Morena: La dirigencia, el control de los órganos internos, las candidaturas, el control del presupuesto, en fin. Y no es difícil deducirlo si ha estado siempre ligada al poder político. Ella conoce cómo se hacen las cosas. Sabe que no

se trata de “figurar”, sino de controlar. Así lo aprendió de Rolando Zapata y de Víctor Caballero, sus mentores. Poco a poco Morena queda bajo el manto de los poderosos de México, quienes ignoran flagrantemente a los militantes del Estado. La dirigencia está diminuta y las figuras preponderantes dejaron de brillar, su luz se opacó y pasaron a jugar el papel de mansos “borregos”. Los guerreros de la 4T están convertidos en mansos “borregos” y no se atreven a alzar la voz para hacerse respetar. Han caído en la incongruencia y nos muestran su verdadera personalidad. No son tan feroces como decían. Critican al PRI y actúan como lo hacían los priístas de antaño. No se trata de ser disciplinados, sino de mostrar la dignidad. Una dignidad

que parece guardaron en el clóset. Les han impuesto a Verónica Camino y con ella vienen todos los grandes cambios. Morena está a punto de desaparecer como lo conocemos, para transformarse definitivamente, en un nuevo PRI, a donde llegan todos los arrepentidos, todos los corruptos que pondrán el dinero robado al servicio electoral de la 4T. Recientemente la senadora Verónica Camino se presentó con la asociación de alcaldes del PRI en Yucatán, que preside la alcaldesa de Conkal, Hiselle Díaz del Castillo, y la mandaron por un tubo. Llegó prepotentemente, como llega a todos lados, y le dijeron: “Contigo no queremos nada”, vengas de parte de quién sea. La senadora les dijo que iba en representación del presidente Andrés

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Desafío

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Manuel López Obrador, pero la rechazaron tajantemente. Días posteriores, le tocó el turno al superdelegado Joaquín Díaz Mena quien se presentó ante ellos. Y también lo mandaron por un tubo. Porque él les dijo “ésta es su oportunidad de hacer algo por el Presidente”, pero solo recibió por respuesta: “Por él haríamos lo que fuera, pero por ti no, tú hace tres años que controlas los programas y recursos sociales y nunca has venido a apoyar”. Además, los alcaldes priistas le reclamaron que a ellos no los ha ayudado, pero a los del PAN sí. No lo apoyaron porque saben que él está operando para los azules. Acerca de la senadora, aunque ella ha querido controlar los recursos, no la han dejado. Incluso hay quienes señalan que ha pedido dinero a nombre de la “revocación”, pero no se sabe quién ha sido tan ingenuo para darle algo, pues nadie le tiene confianza. A pesar de sus diferencias en el pasado, actualmente la senadora Verónica Camino y el delegado Joaquín Díaz Mena tienen una fuerte alianza. Al fin y al cabo, al que le están dando atole con el dedo y con el que juegan chueco es con Rogerio Castro, quien se cree amigo o estar apoyado por el coordinador de los programas de Bienestar, “Huacho” Díaz. Respecto a la relación que Camino Farjat tiene con Díaz, recordemos que durante su pininos políticos, éste recibió mucho apoyo de la mamá de Verónica, por lo que hay quienes dicen que “Verónica y Huacho son uno solo”. Un claro ejemplo del compañerismo entre la senadora y el superdelegado fue cuando “Huacho” se casó por la iglesia, antes de tener los millones que tiene ahora. En esa ocasión, fue la madre de Camino Farjat quien pagó la boda, por lo que él le debe un mundo de favores. Verónica Camino, Joaquín Díaz y Rogerio Castro creen que entre ellos tres va a salir el candidato a la gubernatura de Yucatán, pero no saben mucho sobre la historia de este país. Acerca de la calidad moral de la senadora, incluso, hay informes que dicen que está operando para Liborio Vidal, por el PAN. Si bien hay quienes piensan que la baraja escondida de Mauricio Vila es Liborio Vidal, en la última encuesta oficial no alcanzó a estar en los tres primeros lugares para la precandidatura, lo que lo tiene molesto. Y fue lo que le dijeron: “Tienes que entrar en la terna”, pero no alcanzó en la terna del PAN. Entonces, si la Senadora está operando para Liborio, quiere decir que es aliada de Vila. Por eso llegó a Morena-Yucatán a desmembrarlo, a generar ruptura, por eso le estorban tanto algunos cuadros sobresalientes de Morena en el Estado.

*Demonios del poder *Mexicanos atrapados

Por Rafael Loret de Mola Un día después la perspectiva se antoja oscura y para algunos francamente siniestra. Un hombre digno, que no lo es Andrés Manuel, se alejaría ya del Palacio Nacional ante la evidencia de la terrible incertidumbre de la mayor parte de los mexicanos, divididos por el odio inoculado por el mandatario más xenófobo de la historia –discriminar, fustigar e incluso perseguir a quienes no piensan igual equivale a apostar por el racismo más asqueroso que pueda cualquiera suponer sobre todo si se ha partido en dos a la ciudadanía de nuestro país-. Por la vía pacífica miles de compatriotas hemos cumplido con nuestro deber: hasta el último segundo proponer la urgencia de revocarle el mandato, por la pérdida total de confianza, al mandante, que no mandatario, dispuesto a quebrar la ley, destruir el Estado de Derecho, imponer las amorfas doctrinas socializantes y la cultura del fascismo –el culto a la personalidad central-, a cambio de prebendas mezquinas a favor de quienes ya no tienen fuerzas para trabajar, los adultos muy mayores o enfermos, y los ninis desinteresados en su futuro académico y ahítos a los vicios modernos, incluida la adición a los juegos cibernéticos que imposibilitan la comunicación con millones de jóvenes y niños ante la creciente impotencia de los padres. ¡Y no me salgan con el cuento ese de que avivan las neuronas cuando lo que observamos en una robotización en ellos! La oleada de propaganda en pro del presidente-mesías, una deformación del presidencialismo autoritario destinado a exaltarlo por la vía de la demagogia abyecta, sirvió para exhibir la debilidad, política y sobre todo moral, de Andrés Manuel pese a pretender mostrar su “fuerza” hasta invitando a viajar en Volaris a los promotores de sus marchas acarameladas para él y, al mismo tiempo, amenazantes para los contrarios. Si esto no es una forma de dictadura no sé cómo ubicarla. No es posible tolerar, ni un día más, a López Obrador en el Palacio Nacional, ahora habitacional y hasta que salga de él con su consorte, Beatriz Gutiérrez Müller, el joven Jesús y sus médicos de cabecera –uno para atender sus cardiopatías y otro para controlar sus dolores de espalda como le sucedía a Kennedy, guardadas las proporciones-, no cesaremos en exponer los vicios de una administración que perdió, hace tiempo ya, todo rasgo de autoridad moral incluyendo

la torpeza de pretender destruir los blindajes democráticos del INE para forzar a retroceder, cuando menos, treinta años en la historia como bien señaló el sabio Porfirio Muñoz Ledo, tan cambiante en cuanto a sus partidos pero serio en sus análisis generales. Ni un día más, Andrés. Es necesario que impongas, si te queda, algo de dignidad a la monserga de tus aduladores que se van quedando sin argumentos y no podrán evitar confrontar el peso de tu historia perdida, nebulosa, persecutoria. Son más, mucho más, los mexicanos hartos de este gobierno, divididos por la incongruencia de muchos que optaron por no acudir a votar como signo de desprecio, que los aduladores fervientes cuyos representantes más visibles son Lord Molécula, Lady Congo, Lord Pirata, El Pigmento Ibarra y el pobre diablo de Al Jajajajalife Rahme-ra, cuya hija, Salma Jalife Villalón, fungió como subsecretaria de Comunicaciones hasta septiembre de 2020 –institución desplazada por la SEDENA como arguyó el titular de la misma Jorge Arganis Díaz Leal-. Entonces Al comenzó a cuestionar a la TTTT por breve rato... hasta un nuevo arreglo. ¿Más claro? En fin, estoy satisfecho. Lo estoy porque no me quedé cruzado de brazos como los pusilánimes y los ignorantes algunos de ellos perdidos por sus ambiciones, y podré contarles a los míos que, junto a muchos valientes mexicanos, intenté encontrar un país más digno, menos dictatorial y con firmeza de futuro. Veremos ahora. LA ANÉCDOTA A los trabajadores de la SEP, la maestra de primaria Delfina Gómez Álvarez, les obligó, a cada uno, a registrar treinta firmas comprometiendo con ello a los mismos a votar a favor del “AMLO sigue”. ¡Qué sucias deben tener sus conciencias aquellos temerosos de perder sus privilegios! Y así, como ellos, los demás... comenzando con el peón Adán Augusto López Hernández, pariente de AMLO claro, quien desde la secretaría de Gobernación ocupó aviones de alto rango para movilizar a los fervientes arrastrados de Morena incluyendo a Mario Delgado Carrillo, presidente de MORENA y Armando Guadiana Tijerina, senador y cacique de Coahuila. AMLO, claro, viajó el fin de semana anterior en aeronaves comerciales confrontando gestos agrios.

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Redacción /Sol Yucatán

Mérida.- El ofensivo desvío de dinero por parte del gobernador panista de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, no tiene límites pues ahora resulta que hasta el alimento les arrebata a los más necesitados a través del DIF. Tan mal están las cosas dentro del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia yucateco, que en plena pandemia se ha visto un DIF agachón y evasivo ante las necesidades de los más vulnerables, pero en contraparte, ello no les ha impedido gastar de lo lindo durante la presente administración. Para prueba basta un botón. Resulta que, pese a que las clases presenciales en el Estado han sido prácticamente nulas desde el inicio de la emergencia sanitaria en marzo de 2020, resulta que el DIF estatal pagó casi 180 millones de pesos entre desayunos escolares y despensas del programa de asistencia social alimentaria a la empresa Comercializadora Ecourbana, SA de CV. Según consta en el contrato DIF/177/2021, el DIF estatal representado por el encargado de la Dirección General, Juan Gualberto Barea Canul y la directora de Desarrollo Comunitario y Alimentación, Leticia Cristina Mena Macossay, pagó 179 millones 955 mil 610 pesos a la empresa propiedad de David Humberto Quiñones Osorio y Carlos Adrián Quiroz Osorio, a razón de 54 millones 547 mil 290 pesos derivados del programa de desayunos escolares 2021, y 125 mi-

Mauricio Vila Dosal. llones 408 mil 320 pesos, del programa de asistencia social alimentaria. A personas de atención prioritaria. Esta misma empresa también fue la ganona en 2019 pues recibió otro contrato por 170 millones 176 mil 835 pesos también por desayunos y despensas a través del contrato DIF/ DG/DDCA/135/2019. Lo peor de estos contratos, al menos el firmado en 2020 por alrededor de 160 millones de pesos y el de este año por casi 180 millones, es que, con la pandemia y el cierre de planteles escolares, miles de niños yucatecos y personas en condición precaria, dejaron de recibir los desayunos contratados y pagados con dinero de los yucatecos, y que sobra decir, a la fecha nadie conoce el destino de ese dinero. Nadie, si hablamos de la población general, por-

María Cristina Castillo Espinosa.

del estado, Mauricio Vila Dosal. Regresando al contrato del 2021 por 180 millones de pesos, resulta que el olor a comida descompuesta

Contrato DIF-Ecourbana, 2021

por la corrupción, arranca desde la “receta” misma que la Empresa Ecourbana presentó ante el DIF en una presunción de Constitución de Sociedad, pues en él se puede analizar un objeto de sociedad con decenas de variables comerciales, pero por ningún lado se lee que sea una empresa especializada en la producción o comercialización de alimentos. Solo basta echarle un ojo a la Constitución de Sociedad de la empresa Comercializadora Ecourbana, S.A. de C.V., con Folio Mercantil Electrónico N-2018062517 de fecha 8 de junio de 2012, para ver que la compañía propiedad de David Humberto Quiñones Osorio y Carlos Adrián Quiroz Osorio, en realidad se constituyó para la celebración de cualquier tipo de contrato “a modo”. P o r

ejemplo, sin especificar ni un solo giro comercial o prestación de servicio en el que estuviera especializado, enumera hasta 16 puntos “objetos sociales principales”. Destacando la realización de toda clase de actos de comercio; importación y exportación de todo tipo de bienes; compra, venta, permuta, arrendamiento y explotación de toda clase de bienes; adquisición o arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles. Y la lista de “servicios” continúa, pasando por la compra venta y arrendamiento de maquinaria y equipo; obtener y conceder préstamos mediante la obtención de garantías; más un gran etcétera, donde queda claro que la misma, no es otra cosa que una empresa constituida con la única finalidad de acceder a contratos públicos de toda índole donde el ingrediente principal sea la corrupción. Ya desde ahí se empieza a vislumbrar su constitución como empresa facturera. Además, uno de sus dueños estuvo involucrado en un escándalo de desvío de dinero. Dos puntos que un servidor público honesto, tomaría de inmediato como una alarma para evitar a toda costa otorgar un contrato con este tipo de empresas. Pero estamos hablando del gobernador yucateco Mauricio Vila Dosal, tan acostumbrado a celebrar contratos que le generen mayores beneficios a su bolsillo en su carrera por la candidatura por su partido el PAN a la presidencia de la República en 2024, que en beneficio de la entidad. Continúa...

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Mérida, Yucatán. Del 11 al 17 de abril de 2022

No es la primera vez para Vila Dosal que cierre tratos con un empresario señalado por estar involucrado en escándalos de desvío de dinero, o por poseer empresas señaladas por el SAT como factureras. Es más, pareciera que el gobernador yucateco ve con buenos ojos a este tipo de empresarios, pues sabe que a ellos no hay que “dorarles la píldora” a la hora de ofrecer un negocio jugoso que involucre la apariencia de un contrato pagado con recursos públicos, o bien se trate de una obra del tipo “diezmero”. Dicho empresario más que señalado, es Carlos Adrián Quiroz Osorio, mejor conocido en el municipio de Tizimín, Yucatán, como “Zapote”, a quien su amigo el alcalde de dicha demarcación, Mario González González, entregó una obra que ni siquiera estaba licitada, misma que contemplaba la reconstrucción de una calle de la ciudad. La nota, ampliamente documentada por el medio local Grillo de Yucatán, publicada el día 17 de abril de 2021, señalaba que el tam-

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Contrato DIF-Ecourbana, 2019 bién candidato a regidor, Carlos Adrián Quiroz Osorio, ya había comenzado los trabajos de pavimentación de una calle, desde el día 16 de abril, cuando la obra con número de licitación FAISM-096VT-010-2021 apenas se concursaría el día 20 y el fallo se daría el día 21 de abril. Aunque viendo quienes serían los otros participantes, daba igual quien se llevara la obra, todos ellos han sido señalados en algún momento por participar en desvíos de recursos, además que dejaban evidencia de que se trataba de una licitación amañada. Los otros concursantes eran: Juan José Fernández Mendoza (suegro del candidato a re-

gidor) y Lazavi Constructores S.A. de C.V., empresa de Eduardo Manrique Marrufo Vázquez, prestanombres de Quiroz Osorio. Por este hecho, la ciudadanía coincidió en que ello era prueba contundente de la corrupción de Mario González González, “pues las obras se las entrega a sus amigos, quienes seguramente le darán una buena mochada y harán un trabajo de pésima calidad”. El mismo medio renovó la información el día 5 de junio de 2021, sosteniendo que la relación de corrupción y complicidad entre Mario González y Carlos Adrián Quiroz Osorio, no solo se limitaba en la adjudicación directa de

obras de pésima calidad, sino que además el “Zapote” le servía de operador electoral y mapache. Esto, luego de que en las pasadas elecciones, cuando Mario González volvió a contender a alcalde por el PRI, detuvieron a Quiroz Osorio en compañía del comisario ejidal Manuel Balam Arceo “Manis” y a Luis Fuentes “Canica”, cuando se encontraban comprando credenciales de elector frente a lo que fue el Restaurante “Chamorros”, y para ello llevaban consigo 300 mil pesos en efectivo. Además, se dijo que Carlos Adrián Quiroz Osorio, operaba de la misma forma “mediante adjudicación directa”, en municipios del

Constitución de sociedad: Comercializadora Ecourbana

Oriente del estado, en los que el PRI gobierna, “de modo que hace obras, que según nuestros informantes son de mala calidad, por asignación directa, concursos amañados que gana o invitación a tres en la que siempre le dan el trabajo”, destaca el escrito. Pero la corrupción “etérea” de este personaje no solo se limita a Yucatán; en Quintana Roo también recibió un contrato millonario a través de otra de sus empresas “fantasma”: Constructora DIQSA, S.A. de C.V., otorgado por la mujer artífice de corrupción en el estado: Laura Beristain Navarrete, quien lo contrató para la “Rehabilitación y mejoramiento de la Quinta Avenida y calles transver-

sales en su primera etapa”. Ello sin tomar en cuenta que la pseudo empresa, era investigada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al ser detectada como presunta empresa fantasma. De acuerdo con información publicada por el Diario Oficial de la Federación, la empresa de Carlos Adrián Quiroz Osorio, constituida en Mérida, Yucatán en 2012, estaba siendo investigada por emisión de comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes. Algo similar a lo que ocurre con la empresa objeto de éste análisis: Comercializadora Ecourbana SA de CV, misma que de acuerdo a su constitución de sociedad, ya veníamos indicando, no se trata de otra cosa, que una empresa facturera más de este empresario que ha sabido a cuales servidores públicos arrimarse: Mauricio Vila Dosal en Yucatán y Laura Beristain Navarrete, en Quintana Roo. Y aunque una ya va de salida y al otro aún le quedan un par de años en el poder, ambos parecieran haber sido cortados con la misma tijera en el momento mismo de su nacimiento, porque si en algo son iguales, es en su hambre desmesurada de dinero mal habido proveniente de las arcas públicas, como si en ello les fuera la vida. Por su parte, resulta que David Humberto Quiñones Osorio, además de ser copropietario de Comercializadora Ecourbana SA de CV, también lo es de la empresa Urbes S.A. de C.V., por medio de la cual ha logrado algunos contratos en obra pública en Yucatán por un total de 4.5 millones de pesos, desde su constitución apenas el año pasado. O sea, hecha al vapor para obtener recursos viladosalianos.

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PAGAN POR OBRAS INCONCLUSAS PROGRESO

Redacción /Sol Yucatán

Progreso.- Envuelto en escándalos desde el inicio de su trienio, el ex alcalde de Progreso, José Isabel Cortés Góngora, suma una raya más al tigre, ya que participó en el desvío de recursos por 4.1 millones de pesos, más bajo el pretexto de repavimentar las calles del puerto más importante de Yucatán. El documento, al que Sol Yucatán tuvo acceso, indica que la compañía ganadora obtuvo un contrato por 3 millones 576 mil 023.75 pesos, más IVA, lo que da un total de 4 millones 148 mil 187.55 pesos, un presupuesto proveniente del Recurso Ramo-23 Provisiones Salariales Y Económicas En El Renglón Del Desarrollo Regional 2017. El millonario desfalco tuvo lugar el 29 de septiembre de 2017, al celebrar el contrato de licitación pública nacional No. LO-

831059992-E3-2017, con la obra denominada “Proyecto de infraestructura social en el municipio de Progreso, en Yucatán: Repavimentación en calles del municipio de Progreso”. La empresa favorecida por la licitación fue Construcciones y Pavimentaciones del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable, por cumplir “las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el convocante”. Sin embargo, el documento no especifica los detalles de los trabajos a realizar ni proporciona mayor información sobre la capacidad de la iniciativa privada que fue privilegiada con la licitación. Asimismo, el acta señala como fecha de inicio de los trabajos el 9 de octubre de 2017 y su finalización el 23 de diciembre del mismo año, es decir, 72 días naturales. Empero, a pesar que los trabajos debieron concluir

José Isabel Cortés Góngora. en el mes de noviembre, fue apenas en ese mes que la obra se dio por inaugurada, por el mismo Cortés Góngora, quien estuvo presente en el acto para dar el banderazo de salida. Por otro lado, el polémico ex edil tuvo la astucia de no firmar el fallo. Sin embargo, el documento fue

embargo, no se proporcionó documentación que permita verificar el cumplimiento de las obras. Incluso, en enero de 2018, cuando finalizaron los trabajos, vecinos de la calle 31 indicaron que la repavimentación quedó inconclusa, pues “únicamente se trabajó una zona”. También

*El ex alcalde de Progreso, José Isabel Cortés Góngora, suma una raya más al tigre, ya que participó en el desvío de recursos por 4.1 millones de pesos bajo el pretexto de repavimentación *Cortés Góngora tuvo la astucia de no firmar el fallo, aunque sí estuvo presente en el acto para dar el banderazo de salida *El documento no especifica los detalles de los trabajos a realizar ni proporciona mayor información sobre la capacidad de la iniciativa privada que fue privilegiada con la licitación signado por los funcionarios públicos Luis Fernando Martínez Estrada, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y el polémico Manuel Jesús León Irola, coordinador de Obras Públicas. En la convocatoria participaron tres licitantes: Proyectos del Sureste, SA de CV, Constructora Nacional Peninsular, SA de CV, cuyas propuestas fueron desechadas, y la “ganadora”, Construcciones y Pavimentaciones del Golfo, SA de CV, a quien se le privilegió con el millonario contrato. Ese año, a propósito de una posible reelección en el 2018, el ex alcalde y empresario comentó: “Hemos hecho un trabajo regular, no hemos realizado un trabajo excelente, pero tampoco hemos hecho un mal trabajo”. Aseguró que durante su administración en el puerto hubo avances, tales como intervención y mejoramiento de las calles, sin

denunciaron que estas acciones no fueron más que un desvío de recursos, debido a que el proyecto fue totalmente innecesario y la inversión se pudo aprovechar mejor en calles que realmente necesitan repavimentación, sobre todo en el sur y poniente de la ciudad. LICITACIONES EXPRÉS Como oportunamente documentó Sol Yucatán, durante los últimos días de la administración en 2018, funcionarios del Ayuntamiento de Progreso aprobaron al por mayor licitaciones públicas a favor de determinados empresarios, tal como ocurrió con Techos Industriales y Obras Civiles, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien a cambio, gratificó a los corruptos por un monto por más de 260 mil pesos. A tal compañía se le encargaron los trabajos del

Parque Chicxulub, en la comisaría progreseña del mismo nombre, cuya labor duró cerca de dos meses. La anomalía fue protagoniza por el polémico ex alcalde José Isabel Cortés Góngora, quien fuera acusado de corrupción, con base a las pruebas existentes, pero en esta ocasión también tuvo el cuidado de no firmar el documento. El evento fue presidido por el coordinador de Obras Públicas del Ayuntamiento, Manuel Jesús León Irola, quien abundó que los trabajos se efectuarían en un terreno de la calle 19 entre 18 y 20 de Chicxulub. En esta convocatoria participaron cuatro licitantes, de los cuales, se benefició a Techos Industriales y Obras Civiles, SA de CV, a quien se le asignó un monto por dos millones 669 mil 523.98 pesos. De tal manera, es evidente la violación a la Ley de Obras Públicas y Servi-

cios Relacionados con las mismas, al privilegiar a una empresa con la cual se tuvo un nexo previo. El contrato fue firmado el 17 de mayo, en el cual se abundó que la obra tendría una duración de 55 días, la cual inició el 21 de ese mes, para acabar el 14 de julio de 2018. En esta ocasión, el documento también fue firmado por León Irola, así como por tres de los licitantes, entre ellos, el beneficiario de la comuna. Es importante recordar que el 8 de julio de 2021, durante una audiencia en el Centro de Justicia Oral de Progreso presidida por la Jueza de Control, Diana Yadira Garrido Colonia, los funcionarios de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción imputaron el delito de cohecho en contra del ex alcalde de Progreso, José Isabel Cortés Góngora y a sus 10 regidores, por hechos ocurridos en 2016.

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LICITACIONES FAST TRACK UMÁN

Redacción /Sol Yucatán

Umán.- Hacia el final del segundo trienio de Freddy Ruz Guzmán, en una licitación pública poco transparente, el Ayuntamiento de Umán, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, privilegió a la empresa Soluciones Construcid, S de RL de CV, con un monto de 2.4 millones de pesos. Para aprovechar los últimos meses de la administración en 2021, funcionarios del Ayuntamiento de Umán aprobaron licitaciones públicas —vía “fast track”— a favor de empresas amigas, tal como ocurrió con Soluciones Construcid, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, que fue privilegiada por un monto por 2.4 millones de pesos. El 31 de mayo de 2021 se presentó el acta de fallo de la licitación pública nacional número MUY-PART-01-21, para la contratación de la obra denominada “Rehabilitación de calles, adoquín, asfalto, concreto y empedrado en Umán, localidad Umán, asentamiento San Román”. En la convocatoria participaron dos licitantes, pero las autoridades beneficiaron a Soluciones Construcid, S de RL de CV, en una flagrante violación de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como su reglamento. Por ende, a la compañía “ganadora” se le otorgó un monto por 2 millones 484

Freddy Ruz Guzmán.

*En una licitación pública poco transparente, el Ayuntamiento de Umán, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, privilegió a la empresa Soluciones Construcid, con un monto de 2.4 millones de pesos *En la simulación participó Carlos de Jesús Sánchez Rodríguez, titular de la DUOP, en representación de la Comuna *En el documento no se especifican los detalles de las obras a realizar, ni tampoco desglosa los motivos por los cuales fallaron a favor de la empresa “ganadora” mil 254.93 pesos, para la realización de la obra. El contrato se firmó el 31 de mayo, y al día siguiente iniciaron los trabajos, con duración de 45 días naturales, por lo que debió de concluir el 15 de julio de 2021. En la simulación participaron las iniciativas participantes, Pavimentaciones y Construcciones, SA de

CV, y la ganadora Soluciones Construcid, S de RL de CV; por el Ayuntamiento de Umán, estuvo Carlos de Jesús Sánchez Rodríguez, titular de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Por supuesto, en esta licitación pública poco transparente no se especifican los detalles de las obras a realizar, ni tampoco desglosa los motivos por los cuales fallaron a favor de Soluciones Construcid. El contrato sólo señala que se le adjudicó el contrato “porque su proposición fue la que resultó económicamente más conveniente para el municipio y la más adecuada a las condiciones del concurso y a los requerimientos del H. Ayuntamiento del municipio de Umán”. Por otro lado, la compañía beneficiada Soluciones Construcid, que durante el fallo estuvo representada por Carolina de Fátima Díaz Solís, es una empresa que “hace de todo”, como lo demuestra que también haya participado, en el

Rehabilitación de calles en Umán mismo mes, en el concurso del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC) para la recolección y traslado de los paquetes electorales para la jornada electoral del 6 de junio de 2021. Sobre la conclusión de los trabajos, tampoco se encontró documentación que comprobara la finalización de las obras y el cumplimiento de los objetivos. De hecho, durante los primeros 50 días de la administración entrante de Gaspar Ventura Cisneros Polanco, se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación de las calles “para recuperar al municipio del abandono al que fue sometido durante muchos años”. HISTORIAL Umán es un municipio que no ha logrado salir de la pobreza porque han desfilado partidos de todos los colores, que se preocuparon por llenar sus bolsillos y hasta la fecha la población sigue en las mismas condiciones de pobreza, falta de desarrollo y servicios deficientes. El caso más sonado de corrupción fue el que caracterizó al ex alcalde de Umán, Freddy Ruz Guzmán, quien poco antes de terminar su mandato realizó el ilegal reparto de tierras para familiares, allegados y pago de deudas políticas. A dos meses de concluir su administración 2018-2021, respaldado por el Cabildo, otorgó 107 hectáreas de terrenos a título gratuito a 92

allegados y 101 hectáreas, entregadas a 88 personas, que se consumó de manera impune. La donación de 2021 fue revocada el 25 de septiembre del mismo año, en sesión extraordinaria de Cabildo, debido a que no se cumplieron los requisitos de ley: “Por otorgarse bienes inmuebles de dominio privado a particulares que no cumplen los elementos básicos fundamentales elementales para los requisitos establecidos en el artículo 155 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán”. Se hizo oficial la decisión el 1 de octubre, al publicarse la revocación en la Gaceta Municipal No. 264. El total de predios otor-

gado en ese mismo lugar sumaría 14 millones 434 mil 300 pesos, con valor del 2011 (127 mil 737 pesos por cada fracción subdividida), y su valor aumentaría exponencialmente en caso de desarrollarse proyectos en esa zona, debido a que Umán fue declarado como zona industrial, en la que hay más de 100 empresas. Asimismo, conviene recordar que derivado del resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2019, se estima una posible afectación de 4 millones 122 mil 800 miles del erario, perpetrada por funcionarios del Ayuntamiento de Umán, sin que se impusiera multas a la entidad fiscalizada.

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Redacción /Sol Yucatán Progreso.- Un monto de 2.1 millones de pesos pagó la Administración Portuaria Integral (API) para el control de plagas, en especial, los moscos y las ratas, sin embargo, los resultados fueron infructuosos, ya que la corrupción aún prevalece, a cinco años de este operativo. En dicho período, son numerosos los proyectos aprobados, varios de los cuales ascienden a varios millones de pesos, tal el caso de las labores de jardinería, además de mantenimiento, etc. El 22 de febrero de 2017, se presentó el fallo de la licitación pública nacional electrónica número LA009J2U001-E11-2017, cuyo objeto fue la “Contratación del servicio de fumigación y desratización del recinto portuario de Progreso”. En la convocatoria participaron seis licitantes, de los cuales, cinco eran empresas y el restante, una persona moral, pero ya había un acuerdo previo con la compañía Suministros y Aplicaciones de México, Sociedad Anónima de Capital Variable. Dado que aprobó la evaluación técnica y económica, se le asignó un monto por dos millones 81 mil 524.88 pesos, por lo que es descarada la violación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Yucatán. Posteriormente, el contrato plurianual fue firmado el 28 de febrero de 2017, por lo que la vigencia inició al día siguiente, para concluir el 31 de enero de 2019. El documento fue firmado por la gerente de Administración y Finanzas de la API, Lorena Espinosa Rodríguez. Claro de los recientes hechos de corrupción fue la repa-

ración de la señalética, trabajo efectuado el año pasado, tras la fusión de dos iniciativas privadas. Como oportunamente se publicó, el director general de la API de Progreso, Jorge Carlos Tobilla Rodríguez, obtuvo un jugoso botín por 1.6 millones de pesos al beneficiar a un par de empresas que en 2021 se encargaron del mantenimiento de la señalética marítima. De las diversas convocatorias que aprobó durante el año pasado, esta fue la más redituable, pues las otras no rebasaron el millón de pesos, por lo que su bonificación al favorecer a determinadas empresas osciló en el 10 por ciento del monto total. El 19 de mayo de 2021, en la Sala de Juntas de Ingeniería de la API se dio a conocer el dictamen del fallo de la licitación pública nacional número LO-009J2U002-E6-2021 para la contratación de la obra denominada “Mantenimiento al señalamiento marítimo”. En la convocatoria participaron dos licitantes, pero se privilegió a Reconstrucciones Actualizadas del Puerto, Sociedad Anónima de Capital Variable, en conjunto con Constructora Industrial Aries, SA de CV, a las cuales se les asignó un presupuesto por 16 millones 257 mil 208.77 pesos. De acuerdo con el documento en poder de Sol Yucatán, “Esta proposición cumple con todos los requisitos y documentos solicitados en las bases de la licitación, se considera aceptable y corresponde a la postura solvente que ocupa el primer lugar con un puntaje de 95.75”. El 2 de junio de 2021, se firmó el contrato y el licitante se comprometió a entregar las garantías de cumplimiento de contrato”. Asimismo, se estableció que la obra tendría una duración de 120 días naturales, la

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DOS MDP PARA MATAR RATAS *Pagó la Administración Portuaria Integral para el control de plagas, en especial, los moscos y las ratas, sin embargo, los resultados fueron infructuosos, ya que la corrupción aún prevalece, a cinco años de este operativo * En dicho período, son numerosos los proyectos aprobados, varios de los cuales ascienden a varios millones de pesos, tal el caso de las labores de jardinería, además de mantenimiento *En la convocatoria participaron seis licitantes, de los cuales, cinco eran empresas y el restante, una persona moral, pero ya había un acuerdo previo con la compañía Suministros y Aplicaciones de México cual comenzó el 3 de junio, para acabar el 30 de septiembre de 2021. Desafortunadamente, en el acta no se especificó la labor que realizarían ambas empresas, en conjunto. La respectiva documentación fue firmada por el titular del API, así como por el Gerente de Operaciones e Ingeniería, Ernesto Navarro del Toro; el subgerente de Ingeniería, Juan Manuel Cruz Mendoza, y el jefe de Proyectos y Concursos, Carlos Canto Trujillo. Mientras que por el Órgano Interno de Control en la API-Progreso, firmó Fernando Galera Manzano.

efectuar una licitación, con tal de apoyar de manera directa al empresario Jesús Ibarra Velázquez, encargado de Proyectos y Construcciones J. Ibarra, SA de CV, a quien se le entregó cerca de cinco millones de pesos. En el contrato con número Apipro-OP-020/19, a la iniciativa privada beneficiaria se le asignó un monto por cuatro millones 873 mil 795.92 pesos para la obra de “reparaciones en edificios administrativos”, aunque no se detalló de la labor a efectuar en el Puerto de Altura. Según el documento, en custodia de Sol Yucatán, la

par en el comercio mundial, el cual se hace hasta en una vía marítima, y está perfectamente ubicado para vincularse con todos los puertos que están alrededor de la salida del Canal de Panamá y que distribuyen comercio en toda la región del Mar Caribe. Las obras beneficiarán a 25 marinas turísticas que contemplan cinco mil embarcaciones de recreo, cifra que ningún otro puerto de Latinoamérica tiene hasta ahora. La obra contempla la construcción de tres muelles tipo peine de concreto para aumentar la capacidad de atraque del puerto con 120 posiciones adicionales, además de la rehabilitación de 535 metros de muelle a base de cubos de concreto, incrementando la capacidad de carga del muelle. El proyecto también incluye el dragado de mantenimiento del canal de navegación y dársenas, lo que permitirá que más de 550 embarcaciones

empresa adjudicada “cumplió con los criterios de precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que garantizaron la propuesta económicamente más conveniente para el Estado”. El plazo de ejecución de la obra fue de 92 días, según el contrato, por lo que se empezó a trabajar el 23 de septiembre, para acabar el 23 de diciembre de 2019. El documento fue firmado por el apoderado legal de la API de Progreso, Agustín Jorge Arroyo Toledo, así como por el empresario, Ibarra Velázquez. De manera simultánea de estar labor, a finales de octubre de 2019, el coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Héctor López Gutiérrez, dio el banderazo de inicio de los trabajos de dragado del puerto de abrigo de Yucalpetén, Yucatán. Señaló que el puerto de Yucalpetén ahora representa el esfuerzo de un programa encaminado en hacer de Progreso el puerto estratégico del país en el Caribe. Remarcó que por su ubicación geográfica, cuenta con mucho potencial para partici-

de flota pesquera de mediana altura y otras cinco mil de 25 marinas turísticas, puedan ingresar al puerto de abrigo para ser resguardadas de manera segura. Posteriormente, a mediados de diciembre se destacó el esfuerzo por modernizar la instalación portuaria, por lo que en coordinación con la API y la empresa APM Terminals (APMT) permitieron la llegada de la grúa pórtica móvil Post Panamax y pueda incrementar la productividad en 30 por ciento en los muelles del astillero. Dicho equipo permitirá levantar hasta 125 toneladas, además cuenta con un brazo con alcance de 51 metros. Para esto, se realizó una inversión de 5 millones de dólares. La productividad en el movimiento de contenedores del Puerto de Altura de Progreso aumentará en 30 por ciento con la puesta en operación de la grúa móvil Terex 5506, como parte de los esfuerzos por modernizar la instalación portuaria. El equipo adquirido consiste en dos Reach Stacker Kalmar, dos Spreader semiautomáticos y la mencionada grúa móvil Post Panamax de última generación, con capacidad de levantar hasta 125

ese mismo día, para concluir el 17 de septiembre. El documento fue firmado por el titular del Órgano Interno de Control, API-Progreso, Jorge Guillermo Martín Bermejo, y otros cuatro directivos más. En tanto, el 12 de julio de 2019 se realizó la junta para dar a conocer el fallo de la licitación pública nacional número LO-009J2U002-E10-2019 para la contratación de obra pública denominada “Mante-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Con base a diversas arbitrariedades, directivos de la API de Progreso apostaron a favor de la empresa Constructores Civiles Peninsulares, Sociedad Anónima de Capital Variable, para efectuar trabajos de reparación, a la cual, en 2021 le pagaron 1.3 millones de pesos. Las anomalías no son nuevas, pues en 2019 se benefició a Edificaciones Castro y Asociados, SA de CV, para efectuar labores de mantenimiento por un monto por 2.3 millones de pesos. El 2 de julio de 2021 se efectuó la reunión para dar a conocer el fallo de la licitación pública nacional número LO009J2U002-E9-2021 para la contratación de obra pública denominada “Reparación de cercas y muros de la API Progreso”. A la convocatoria participaron dos licitantes, pero se privilegió a Constructores Civiles Peninsulares, a la cual se le pagó un millón 300 mil 818.52 pesos, por ser “la proposición solvente más conveniente para el Estado”. Ante tal anomalía, fue flagrante la violación a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como su reglamento. El contrato fue firmado el 16 de julio, y se determinó que la obra tendría una duración de 61 días naturales, la cual inició

Jorge Carlos Tobilla Rodríguez. nimiento a red de alumbrado público y trabajos complementarios”, en la cual se privilegió a Edificaciones Castro y Asociados. Un total de siete licitantes participaron en el concurso, pero seis fueron desechadas, por diversos argumentos. A la empresa ganadora se le pagó dos millones 312 mil 839.39 pesos, cuyo contrato se firmó el 26 del mismo mes. Asimismo, se determinó que la obra tendría una duración de 135 días naturales, por lo que el trabajo inició el 1 de agosto, para concluir el 13 de diciembre de 2019. El acta de fallo fue firmado por el gerente de Operaciones e Ingeniería, Carlos Calderón Carrillo; el subgerente de Ingeniería, Juan Manuel Cruz Mendoza, y el jefe de Proyectos y Concursos, Roxana Cua Cuevas, así como uno de los siete licitantes. Como oportunamente se publicó, de manera dolosa, y sin justificación alguna, la API - Progreso suscribió en 2019 un contrato de obra pública sin

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RAMO 33, MINA DE ORO TEKAX

Redacción /Sol Yucatán

Tekax.- El Ramo General 33 es un fondo federal cuya misión es fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos municipales, en el ejercicio de los recursos que les permita elevar la eficiencia y eficacia en la atención de las demandas de educación, salud, infraestructura básica, fortalecimiento financiero y seguridad pública. Sin embargo, a pesar de los objetivo del programa, este suele ser utilizado para beneficio de funcionarios públicos coludidos con empresarios y amigos, como se ha documentado en otros municipios. Tal es el caso del presidente municipal de Tekax, el panista Diego José Ávila Romero, quien al final de su primer trienio privilegió a la empresa Sur Constructivo Integral, Sociedad Anónima de Capital Variable, con 1 millón 499 mil 757.68 pesos para la construcción de cuartos dormitorio en las localidades de Tekax, Santa Cruz Cutzá y Ticum, en el municipio de Tekax, Yucatán. El fallo a favor de la iniciativa privada se llevó a cabo el 28 de julio de 2021. Por parte del Ayuntamiento, firmaron la secretaria municipal Flora Margarita Peraza Campos, en representación del presidente municipal; Aroldo Chan Contreras, secretario municipal; Luis Martín Sosa Castañeda, administrador único de Sur Constructivo Integral; y los testigos Fabiola Guadalupe Suárez Várguez, síndico principal, y Juan Gabriel Ucán López, tesorero municipal, cuya firma no aparece en el documento. La primera anomalía del proceso aparece en la ambigüedad que presenta la descripción de la licitación. El contrato, con

número 31079.01.2021.33, señala que su objetivo es la “construcción de cuartos dormitorio en Tekax, localidad diversas”. Específicamente, en las “localidades de Tekax, Santa Cruz Cutzá y Ticum, en la localidad y municipio de Tekax, Yucatán”. Sin embargo, por ninguna parte se pormenoriza el número de construcciones ni los detalles técnicos de la obras a realizar. La segunda irregularidad se encuentra en el fallo a favor de la iniciativa privada Sur Constructivo Integral. A pesar de que el contrato fue por licitación pública, no se dan mayores detalles de las otras compañías participantes (si es que las hubo). Y sobre la empresa “ganadora” se limita a describir que “cumplió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados”. De acuerdo con el documento, el “contratista” tuvo un plazo de 30 días naturales para terminar la obra, debiendo iniciar los trabajos dos días después de firmar el acta, es decir, el día 30 de julio de 2021 y concluirlos, a más tardar, el 28 de agosto del mismo año. Por otro lado, el 2019 fue definitivamente un buen año para la empresa constructora, ya que de acuerdo al sitio web quienesquien.wiki, la compañía consentida de Tekax recibió casi cuatro millones apenas un mes después, a través del Instituto de Vivienda de Yucatán (IVEY). En esta ocasión, para la construcción de 71 acciones de vivienda. Por si no fuera suficiente, de acuerdo con el mismo sitio web, durante el mismo periodo de tiempo, también “ganó” otra licitación pública por 2.6 millones de pesos, en esta ocasión, en el municipio de Oxkutzcab, a través del contrato número LO931034978-E19-2019-2273693,

Diego José Ávila Romero.

*El presidente municipal reelecto de Tekax, el panista Diego José Ávila Romero, privilegió a la empresa Sur Constructivo Integral, con 1.4 millones de pesos para la construcción de cuartos dormitorio *Sin embargo, en ninguna parte del contrato se pormenoriza el número de construcciones ni los detalles técnicos de la obras a realizar *A través de Google Maps, se puede constatar que en el domicilio fiscal proporcionado por la empresa se encuentra una casa que no corresponde con las características de una empresa constructora de la capacidad que presume tener

para la construcción de 65 acciones de vivienda. Pero volviendo al contrato que nos atañe, el documento también señala que la dirección fiscal de la empresa se encuentra en la calle 57 #145B, colonia Yokchenkax, Tekax, Yucatán. Pero a través de una consulta por medio de Google Maps se puede constatar que en dicho domicilio se encuentra una casa particular que no corresponde con las características de una empresa constructora, que de agosto a septiembre se embolsó aproximadamente 7 millones de pesos a través de recursos públicos. Lo anterior, además de violar la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su reglamento en vigor, permite entrever un caso de “favoritismo” hacia una empresa fantasma. En esta ocasión, el alcalde reelecto de Tekax, Diego José Ávila, Romero tuvo la astucia de no firmar el contrato y en su lugar mandar a representantes que dieron legalidad al descarado desvío de recursos. Pero esta no fue la única ocasión que el Ayuntamiento incurrió en dicha práctica durante el 2021. FAVORECEN INTERESES

Los recursos destinados para las carreteras son, desde hace muchos años, otra coartada perfecta para las autoridades estatales y municipales para apropiarse de un porcentaje. En este caso, de 3 millones 379 mil 892.75 pesos para la obra que denominan Estudios y Proyectos de Ingeniería del tramo de Muna a Peto de 31.6 kilómetros en el municipio de Tekax, una parte quedó en bolsillos de particulares.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) destinó el año pasado. En septiembre 7 de 2021, dictó el fallo del procedimiento de contratación por invitación a cuando menos tres personas con el número 1º-009000948-E18-2021, tras la apertura y análisis de las proposiciones técnicas y económicas de tres personas en este caso en específico. Se anuncian grandes inversiones en carreteras, como es el caso de este presupuesto millonario en favor de la empresa ABREU Servicios y Más S de RL de CV, a la cual se le adjudicó el contrato de Servicios relacionados con la obra pública No. 2021-31-CF-A-506-Y-00-2021, para entregar el trabajo en un plazo de 76 días. Sin embargo, el fallo no describió en qué consistió la obra, ni detalla cómo se utilizó el dinero destinado a esta vía terrestre, lo que es una violación a la norma jurídica vigente que atenta contra la transparencia y rendición de cuentas. Los funcionarios que avalaron este fallo y lo firmaron fueron: el subdirector de Obras del Centro SCT Yucatán, Pedro Manuel Kantún Asi, residente general de carreteras alimentadoras del Centro SCT Yucatán, José A. Cortés Barroso y los licitantes ABREU Servicios y Más, S de RL de CV., Mario A. Queda Ruiz y de la empresa TOPS Topografía, Obras, Proyectos y Supervisión, S de RL de CV, José Eduardo Mena Palomo. Mientras las autoridades hacen licitaciones, firman contratos y asignan recursos, son los habitantes los que sufren las consecuencias. La pregunta fundamental es: ¿Dónde está el dinero que debería beneficiar a los municipios más vulnerables del Estado?

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REINA FAVORITISMO PETO

Redacción/ Sol Yucatán

Peto.- El desvío de recursos y el favoritismo han sido habituales en el Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay) desde el inicio de la actual gestión, ya que en enero de 2019 el director del Instituto, Felipe Alberto Canul Moguel, entregó más de 3 millones de pesos a la empresa Asfaltos y Emulsiones Peninsulares, S.A. de C.V., para la reconstrucción de la carretera Muna-Peto. Según el contrato con el número GE-INCAYADQ-LP-001-20219, el Incay pagó 3 millones 003 mil 924.17 pesos a la compañía Asfaltos y Emulsiones Peninsulares para la “Adquisición y suministro de 1,305 M3 de concreto asfáltico en caliente de ½ A finos, para la obra: Reconstrucción de la carretera E.C. (Muna-Peto)-Alfonso Caso-Becanchén, tramo: 0+000-26+000, sub-tramo 0+000-5+564”. El documento, al que Sol Yucatán tuvo acceso, fue signado el 25 de enero de 2019 por Felipe Alberto Canul Moguel, director general del Incay, Alejandro Humberto González Poveda, director jurídico, y Ángel Antonio, director de construcción. Por parte de la empresa “ganadora”, firmó Santiago Escudero Torres, apoderado legal de Asfaltos y Emulsiones Peninsulares. Además, el acta señala que el plazo para realizar los trabajos fue de 35 días natu-

Felipe Alberto Canul Moguel. rales, tomando como fecha de inicio el día siguiente de firmarse el contrato, es decir, el 26 de enero de 2019, y debiendo finalizar el 1 de marzo del mismo año. A pesar de tratarse de una licitación pública, en el acta no constan los nombres de las otras empresas concursantes. Se limita a señalar que la empresa licitante cumplió con los requerimientos técnicos, legales y económicos para llevar a cabo la obra. Asimismo, la millonaria cantidad provino del Ramo 33 FAFEF 2018, cuyos fondos, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), se asignan, distribuyen y aplican para cubrir las necesidades sociales relacionadas con la educación, salud, infraestructura social, seguridad pública y otras. En todo momento, a lo largo de esta administración, en el Incay es notable el uso desmedido del presu-

puesto público, ilícito avalado por el titular del Ejecutivo, destinando millones de pesos del recurso público para el beneficio directo de

Asfaltos y Emulsiones Peninsulares, SA de CV. ridades, como el inflar los costos y la compra de productos de precaria calidad. A través de 28 contratos firmados por adjudicación

* Felipe Alberto Canul Moguel, director del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay), entregó más de 3 millones de pesos a la empresa Asfaltos y Emulsiones Peninsulares, S.A. de C.V. * A pesar de tratarse de una licitación pública, en el acta no constan los nombres de las otras empresas concursantes * La millonaria cantidad provino del Ramo 33, cuyos fondos se asignan, distribuyen y aplican para cubrir las necesidades sociales relacionadas con la educación, salud, infraestructura social, seguridad pública y otras

unos cuantos. GRANDES NEGOCIOS CON EL COVID Como oportunamente documentó Sol Yucatán, el titular del Incay también aprovechó la pandemia para cometer diversas irregula-

directa, Canul Moguel consintió la entrega de recursos a Jorge Humberto Escalante Campos, fallecido en octubre de 2020, así como a la Papelería Computo Paz y a Lizbeth Angélica Ancona Chuc, quien desde el 2012 tiene varias querellas en su contra.

Durante el 2020, la dependencia adquirió cerca de 50 mil cubrebocas y cientos de litros de gel antibacterial, con un cargo de 427 mil 372.79 pesos. El 6 de abril del mismo año, Jorge Humberto Escalante vendió, sin dar especificaciones, «cubrebocas para uso del personal», en 200 pesos cada uno, dando un total de ocho mil 352 pesos. Posteriormente, se encargó de surtir botes de gel antibacterial en 350 pesos cada uno, y aunque había mejores ofertas en el mercado, se optó por los costos más altos, aprovechando que se autorizó adquirir los productos sanitarios sin necesidad de licitar. De acuerdo con la documentación obtenida, la dependencia consiguió cubrebocas en 2.50 pesos por unidad, por lo que estableció un acuerdo comercial con Ancona Chuc. Sin embargo, la empresaria, sin justificación alguna, se

los vendió en cinco pesos; otros más fueron adquiridos por 16 y 200 pesos, pero sin detallar las características de estos últimos. Posteriormente, el 10 de noviembre de 2020, el proveedor Bernardo Uc Moo vendió 600 piezas de cubrebocas de tela, con el logo del Instituto, a 16.38 pesos, por lo cual se pagaron 11 mil 400 pesos. Cabe destacar que este tipo de productos no son recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero aun así fueron adquiridos, lo que demuestra que la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) nada hizo para orientar a los funcionarios sobre el tipo de productos que debieron de adquirir. Aunque se ha solicitado información sobre esta anomalía, el Gobierno del Estado optó por el hermetismo, mientras que el funcionario se niega a declarar en torno a esta irregularidad.

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TIZIMÍN

DESVIÓ RECURSOS FEDERALES Redacción / Sol Yucatán

Tizimín.- Pese a la restricción de evitar la autorización de proyectos gubernamentales durante el proceso electoral, la Junta de Electrificación de Yucatán (JEDEY), a través de su entonces director general José Enrique Alpuche Avilés, otorgó 705 mil 115.54 pesos a la empresa Líder en Construcción y Supervisión, Sociedad Anónima de Capital Variable, durante los últimos meses de la administración de Rolando Zapata Bello. De manera descarada, la Jedey aprovechó el “Año de Hidalgo” para el desvío de recursos, por lo que el 23 de mayo de 2018 se efectuó la junta para la emisión del fallo del procedimiento de contratación de obra pública número IO-931046982-E20-2018. El contrato correspondió a la obra de ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de San Pedro Bacab, municipio de Tizimín. En el documento oficial no se especificó el número de licitantes que participaron, sólo se limitó a señalar que Líder en Construcción y Supervisión, S.A. de C.V., fue la que ganó los diversos dictámenes, de tal manera, que se le adjudicó un monto por 705 mil 115.54 pesos. Asimismo, en el documento en poder de Sol Yucatán, se estableció que el plazo de ejecución sería de 75 días naturales, por lo que la obra inició el mismo día de la firma del contrato, el 23 de mayo, para concluir a más tardar el 5 de agosto de 2018. Es importante señalar que parte de la procedencia del recurso provino del progra-

*La Junta de Electrificación de Yucatán otorgó 705 mil pesos a Líder en Construcción y Supervisión, aprovechando los últimos meses de la administración de Rolando Zapata Bello para el desvío de recursos

*La Jedey desvió recursos federales destinados a disminuir el rezago de las comunidades y municipios indígenas, para beneficio de funcionarios y empresarios coludidos *La empresa “ganadora” señala como domicilio fiscal una pequeña casa con signos evidentes de abandono, por lo que estaríamos ante otro descarado caso de contratos a empresas fantasma José Enrique Alpuche Avilés. ma de Infraestructura Indígena (PROII), un fondo federal para realizar acciones de infraestructura básica, para el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que contribuyan a la disminución de las carencias sociales, así como a la integración territorial y el acceso de bienes y servicios básicos. La otra parte de los recursos provino del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE Ramo 33), un programa para obras y acciones que beneficien a la población de

Calle 60, no. 743 G x 93 y 94, colonia Centro, Mérida, Yucatán. Dirección fiscal de la empresa Líder en Construcción y Supervisión, SA de CV. los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad. Por lo que la Jedey desvió recursos federales destinados a disminuir el rezago de las comunidades y municipios indígenas, para beneficio de funcionarios y empresarios coludidos. Por si fuera poco, la empresa “ganadora”, Líder en Construcción y Supervisión, SA de CV, señala como domicilio fiscal la calle 60, número 743 G, por 93 y 95 en

la colonia Centro de Mérida, Yucatán. Sin embargo, en una consulta realizada a través de Google Maps se puede constatar que en dicha dirección se encuentra una pequeña casa con signos evidentes de abandono. Lo anterior, no solo contradice el documento oficial donde se justifica la otorgación de contrato a dicha iniciativa privada por “contar con la infraestructura técnica, financiera y experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos señalados”, sino que exhibe otro descarado caso de desvío de recursos públicos hacia empresas fantasma. Sobre su administrador único, José Alejandro Maa Marín, no se pudo encontrar información sobre su persona en diferentes sitios laborales y empresarios de Internet. CONTRATOS FANTASMA La empresa Líder en

Construcción y Supervisión, SA de CV, no fue la única empresa fantasma privilegiada por la Jedey en el “Año de Hidalgo”. Otro caso, documentado oportunamente por Sol Yucatán, es el de la empresa Constructora Leijo, Sociedad Anónima de Capital Variable, a la cual la Junta de Electrificación de Yucatán (Jedey) otorgó 3.4 millones el 16 de abril a través del contrato de obra de licitación pública nacional número LO931046982-E1-2018. En esta ocasión, la convocatoria correspondió a la obra de ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en Sacbecán, comisaría de Tzucacab. El contrato se firmó el 19 de abril, y se estableció que el plazo del trabajo sería de 120 días naturales, por lo que la obra inició el 21 mayor, para concluir el 17 de septiembre. Asimismo, en el documento de tres hojas, sólo aparece la rúbrica del apoderado legal de JEDEY, José Guadalupe Cerino

Leyva, pues en el caso del licitante, se mencionó que “no compareció”. Incluso, se menciona que “fueron debidamente invitadas a la celebración de este acto para los efectos que a ellos les corresponde a la Secretaria de Administración y Finanzas (SAF), a la Secretaria de Obras Públicas (SOP), a la Secretaria de la Contraloría General del Estado, y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), sin registrar la asistencia de alguna de las citadas autoridades”. Es decir, todo fue un plan con maña, pues Cerino Leyva obtuvo un monto por 337 mil pesos, sólo para él. Al final del acta se abundó que “se hace constar que a los participantes en el procedimiento que no asistieron a esta junta pública, el acta de fallo se encuentra a su disposición en el Sistema CompraNet”. Cabe resaltar que en ningún momento se establece los detalles de la labor que efectuó dicha compañía, y mucho menos, los resultados.

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Campeche.- Contrario al discurso de austeridad que pregona el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), y su líder el presidente Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, derrocha el dinero de los ciudadanos a través de una casta dorada de burócratas cercanos a ella, quienes disponen de cuantiosos recursos para la operación de la administración estatal desde la Oficina de gobernadora. Información pública obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) revela que Layda Sansores ha incrementado el gasto corriente de su oficina 20 por ciento respecto a su antecesor, el priista Carlos Miguel Aysa González, ya que mensualmente se destinan 3 millones 703 mil 141.42 pesos para el pago de salarios de 166 burócratas, entre ellos el de la propia mandataria, sus asesores, secretaria particular, Unidad de Comunicación Social, Unidad de Giras, relaciones públicas y representantes en la Ciudad de México; esto durante el último trimestre de 2021. Un año antes, al cuarto trimestre de 2020, el gasto de la Oficina del gobernador Carlos Miguel Aysa González era de 3 millones 107 mil 1.96 pesos mensuales, lo cual incluía los salarios y prestaciones de 132 burócratas de primer nivel. Con ello, la oficina de Sansores San Román le cuesta a los campechanos 596 millones 139.46 pesos mensuales más que durante el sexenio priista, pese a que éste se caracterizó por el excesivo derroche. Además, la morenista también ha incrementado la casta dorada de burócra-

Layda Sansores San Román. tas, que pasó de 132 a 166 en los primeros meses de su administración. A ello se suma que durante el mes de diciembre además de los 3.7 millones de pesos mensuales también se destinaron 2 millones 775 mil 830.44 pesos en aguinaldos para la oficina de la gobernadora, haciendo un total de 6 millones 478 mil 971.86 pesos. Cabe mencionar que la Oficina de la Gobernadora, renombrada como la “Coordinación General de la Oficina de la gobernadora del Estado de Campeche” por Layda Sansores, ha sido un organismo por encima de cualquier secretaría del estado, pues desde ahí operan los mandatarios colocando a personajes cercanos para disfrutar las mieles del presupuesto. Y es que entre los elevados salarios que se perciben en esta dependencia hay funcionarios que ganan prácticamente lo mismo que un alcalde, aunque éstos hayan sido electos por voto popular, mientras que esta casta dorada de burócratas sólo sirve a los intereses personales y caprichos de Layda Sansores. Entre los diversos cargos que se pueden encontrar en esta oficina, están “analistas” y “asesores” de los que se desconocen sus

Walter Padrón Bacab.

*Layda Sansores San Román, derrocha el dinero de los ciudadanos a través de una casta dorada de burócratas cercanos a ella, quienes disponen de cuantiosos recursos para la operación de la administración estatal desde la Oficina de gobernadora *Mensualmente la Oficina de la Gobernadora le cuesta a los campechanos 3.7 millones de pesos, este gasto corriente incrementó más de 596 mil pesos respecto al sexenio anterior. *Hay “analistas” y “asesores” de los que se desconocen sus funciones, práctica que era duramente criticada por la propia Sansores San Román. Desde su Oficina opera la Unidad de Comunicación Social, dedicada a repartir dinero entre medios de comunicación funciones, por lo que podría tratarse de aviadores, práctica que era duramente criticada por la propia Sansores San Román, pero que no ha dejado de llevar a cabo. Asimismo, desde la Oficina de la gobernadora opera la Unidad de Comunicación Social, dedicada a repartir dinero entre medios de comunicación para controlar la opinión pública de los campechanos. En el caso de la oficina de Layda Sansores, varios de los funcionarios más cercanos fueron traídos desde la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México, donde gobernó atropelladamente, mientras que otros incluso con-

taban con contratos millonarios con esta delegación. SUELDOS DE LUJO Los sueldos de lujo al interior de la Oficina de la gobernadora inician con la propia mandataria, con un monto mensual bruto de 143 mil 518.98 pesos, mientras que los demás allegados se reparten los recursos entre la Coordinación de Asesores, la Jefatura de la Oficina, a cargo del polémico Armando Toledo Jamit con salario bruto como si fuera alcalde de 82 mil 652.64 pesos mensuales; la Secretaría Particular a cargo de la ex priista Esperanza Amira Pérez Vázquez, quien tam-

bién tiene salario bruto de 82 mil pesos mensuales. Entre los personajes que operan desde la Oficina de la gobernadora destaca el caso de la “Representación del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche en la Ciudad de México”, cuyo titular, Rafael Felipe Quiroz Martínez, también cobra como si fuera un alcalde con un salario bruto de 79 mil 963 pesos. Esta persona ha sido fiel aplaudidor de Layda Sansores, pues de acuerdo con su currículum fungía como su asesor en el Senado de la República, y luego fue contratado por la alcaldía Álvaro Obregón por montos por honorarios de hasta 226 mil 500 pesos, antes de ser colocado en las oficinas de la representación de Campeche en la Ciudad de México. Es preciso mencionar que la Representación de Campeche cuenta con un edificio en la col. Del Valle de la Ciudad de México, con valor de más de 6 millones de pesos, así como vehículos de lujo comprados en 2020, los cuales son usados para el disfrute del representante Rafael Quiroz y su séquito. De igual manera, llama la atención el salario del titular de la Unidad de Comunicación Social, Walther David Patrón

Bacab, de 82 mil 653 pesos, quien anteriormente había sido proveedor de Layda Sansores en la alcaldía Álvaro Obregón, y ahora saltó a flamante funcionario parte de la burocracia dorada. Como alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores San Román, pagó más de 3 millones de pesos al hoy titular de la Unidad de Comunicación Social, Walther David Patrón Bacab, por publicidad y propaganda a través del sitio web Campeche.com. mx. Los recursos fueron entregaos en 2020 mediante un pago de 3 millones 364 mil pesos que realizó al medio de comunicación digital campechano, con el contrato CAPS/202010/009 a nombre de Walter David Patrón Bacab, quien de acuerdo con su portal de LinkedIn es el desarrollador del portal Campeche. com.mx; el monto fue para la “difusión del quehacer gubernamental y servicios públicos que brinda la alcaldía (…) incluye la creatividad y la producción de los materiales para su difusión en la página de internet y las redes sociales”, lo que en argot periodístico también se conoce como “chayote” para hablar bien de un político. Sin embargo, al verificar la propiedad del dominio web “Campeche.com. mx” éste se encuentra registrado a nombre de Gerardo Sánchez Sansores, quien es sobrino de Layda Sansores San Román. Actualmente, Walther Patrón forma parte de los gastos excesivos de la Oficina de la gobernadora, cuyo derroche se ha incrementado casi 600 mil pesos mensuales más respecto a lo que gastaba el gobierno priista, y todo para mantener a los burócratas de primer nivel de la administración de Layda Sansores.

solcampeche.mx Campeche, Campeche. Del 11 al 17 de abril de 2022

¡AMBIENTALISTAS NEOLIBERALES! EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

Redacción/Sol Campeche/ Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/La Opinión de México

Cancún.- Muchos de los grupos ambientalistas del Estado mantienen un doble discurso en Quintana Roo, al emprender manifestaciones de protesta para defender las causas en favor del entorno natural, pero las bases de sus movimientos se sustentan con beneficios económicos o la explotación de los recursos y bellezas naturales que ofrece la entidad. Y peor aún, resulta que para calmar la ira de sus condenas, expresadas en movimientos de resistencia, se favorecen mediante el intercambio de recursos naturales por económicos, como fue en su momento la supuesta lucha de organizaciones como el Grupo Ecologista del Mayab (Gema) y los Amigos de Sian Ka’an, que desviaron su lucha luego de negociaciones económicas y explotación de las reservas naturales con fines de lucro. Son estas organizaciones, las que en los últimos días han surgido como voraces defensores del entorno, frente a la construcción del Tren Maya en los tramos de la Riviera Maya, a pesar de que su pasado y presente responde más a intereses económicos y de explotación turística. La aparición de Gema fue en 1986 como una preocupación de la sociedad civil de Quintana Roo por la ecología, a raíz de algunos proyectos que comenzaban a impactar el medio ambiente. Uno de los eventos que propició el inicio del movimiento ambientalista fue la entrada en operación de la empresa Calizas Industriales del Carmen S. A. de C. V. (Calica hoy Sac-Tun), consistente en la explo-

Redacción/ Sol Campeche Campeche.- La alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo de la Torre, se encuentra en pleno festín de contrataciones entregando adjudicaciones directas por todo tipo de servicios que corresponden al Ayuntamiento capitalino, pero que ha encargado a manos de particulares, cargando los costos al erario municipal. Rabelo de la Torre se encuentra siguiendo el mismo camino de su cómplice Eliseo Fernández Montufar, quien tiene cuentas pendientes ante la Auditoría Superior del Estado (Asecam) por más de 51 millones de pesos sin aclarar, pero que ha quedado impune gracias a que Biby se niega a interponer denuncias por desfalcar a la Comuna. Entre las nuevas contrataciones naranjas por parte de la alcaldesa, destaca la entrega de la imagen institucional a una empresa de Jalisco, para cumplir los compromisos con la cúpula de Movimiento Ciudadano y en particular con el gobernador jalisciense Enrique Alfaro, quien apadrinó a Biby y a Eliseo dentro del

tación de yacimientos de materiales pétreos de tipo calcáreo. Poco después surgió también Amigos de Sian Ka’an, pero esta asociación no la creó un grupo de ciudadanos preocupados por el medio ambiente, sino por iniciativa de las autoridades neoliberales y de las agencias internacionales que habían impulsado la creación de la Reserva de Sian Ka’an. La lucha de ambas agrupaciones, al final de cuentas sirvió para ganar juicios a los empresarios, para legalizar sus acciones devastadoras, es decir que operaron por conveniencia y por negocio. Incluso, para simular el trasfondo de su lucha, la creación de Sian Ka’an y la concesión a Calica eran dos hechos surgidos de una política ambiental contradictoria que parecía justificar la depredación con decretos conservacionistas. Una de las personas más involucradas en el inicio del movimiento ambientalista en Quintana Roo es Araceli Domínguez, quien de manera subrepticia dejó el movimiento en 1992, luego de anunciar una promesa de convenio con Calica para la protección ambiental, en el cual se consideraba que era conveniente establecer una zona de amortiguamiento, tener acceso a la información de Calica y a su programa de monitoreo, evaluación y control ecológico (Gema, 1992). Sin embargo, Gema también intentó negociar y llegó al acuerdo de que se donaría, para cuestiones medio ambientales, un centavo de dólar por cada metro cúbico que sacaran; lo firmaron las autoridades, pero no lo firmó Calica, y el acuerdo no se

Araceli Domínguez

federal terrestre. A la fecha, Gema es conocida en Quintana Roo, como una de las organizaciones mercenarias que aparece cuando surge algún proyecto de construcción, para protestar un breve periodo y luego desaparece sin decir adiós. Los defensores del medio ambiente que también brillan por su ausencia en la Biósfera de Sian Ka’an. La organización surgida en la época del neoliberalismo denominada los Amigos de Sian Ka’an, a la fecha no se ha manifestado en contra de los

*Organizaciones como el Grupo Ecologista del Mayab (Gema) y los Amigos de Sian Ka’an desviaron su lucha luego de negociaciones económicas y explotación lucrativa de la reserva natural, respectivamente *Surgidas en el inicio del neoliberalismo, muchas de las asociaciones civiles ambientalistas actúan por tiempos cortos, en espera de beneficios personales

cumplió. La ecologista Araceli fue clara al señalar que “eso fue un arreglo en el que perdimos mucho ya que el acuerdo no sirvió para nada”. Esto hizo que Gema se desintegrara, después de que Araceli dejara la organización pues no cree en la negociación. Sus palabras fueron que “no se logró nada, fue un mal negocio. Ahora sabemos que no se puede negociar. En las cuestiones ambientales hay que ser radical”. A pesar de todo esto y de las acciones llevadas a cabo por Gema, en 1993 se amplió la concesión a treinta años, asimismo se incluyó en el propósito de la concesión la construcción de una terminal portuaria pública con dos plataformas de servicio, un edificio terminal, estacionamiento y un camino de acceso desde la carretera federal para transbordadores, cruceros turísticos y embarcaciones de pasajeros, mediante el uso de la dársena construida y seis hectáreas de zona

trabajos de construcción de conjuntos habitacionales. Hace unas semanas, la constructora Obra Prima, anuncio la construcción de un conjunto habitacional en terrenos de la Reserva de la Biósfera de Sian Ka'an, alegando que hay demanda en la compra de viviendas en Tulum. Argumentan que hay mucha demanda de vivienda en el municipio de Tulum, es por ello que el grupo constructor Obra Prima, pretende construir un desarrollo inmobiliario en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, el predio donde pretenden desarrollar el proyecto denominado Villas San Juan, se ubica en la Región 21, manzana 60, lotes 25, 25-1 y 25-2, sobre la carretera Tulum, Ruinas-Punta Allen, en Punta San Juan, y contemplan una inversión superior a los 40 millones de pesos. Como lo dimos a conocer en estas páginas, la poca o nula actividad de las organizaciones ambientalistas y protectoras de animales opositoras al

NEPOTISMO NARANJA

partido.

ción señalada en el contrato de la Comuna naranja.

CONTRATÓ A CERVECERA Y es que, aunque el Ayuntamiento de Campeche cuenta con su propia área de Comunicación Social, la alcaldesa Biby Rabelo pagó casi 300 mil pesos a una empresa para el “Diseño de identidad de gobierno: concepto de gobierno, logotipo, identidad gráfica, sistema gráfica, entregables de diseño y acompañamiento en despliegue”. Toda la imagen institucional fue encargada a la empresa jalisciense “Grupo Boy Stout S. de R.L de C.V.”, sin embargo esta compañía está dedicada a la distribución de cervezas, pues de acuerdo con el portal de directorio empresarial “mexicoo. mx”, dicha empresa tiene el giro de administración de depósitos de bebidas alcohólicas en la ciudad de Guadalajara, e incluso muestra la misma dirección del contrato pagado por el Ayuntamiento Campechano.

CASI 2 MILLONES PARA COPIAS

Biby Rabelo de la Torre. Grupo Boy Stout es administrado por Gustavo Aréchiga Gómez, a quien Biby Rabelo de la Torre pagó un total de 255 mil 200 pesos para la creación de la imagen institucional del Ayuntamiento, mediante el contrato de adjudicación directa MCC/ DA/SSG/001/2021, pese a que el giro de esta empresa es la venta de cerveza (Cerveza Minerva), y que cuenta con depósitos en la calle Providencia número 2772, fraccionamiento Providencia 1ª sección de Guadalajara, Jalisco, misma direc-

Además de esto, la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre paga casi 2 millones de pesos mensuales en copias mediante la renta de equipos de fotocopiado para las diversas áreas de la administración local, lo cual se realiza mediante dos diferentes empresas. Con el contrato MCC/DA/SSG/ PS/002-2021, se paga hasta 986 mil pesos mensuales a Ariana Guadalupe Sanmiguel Wong, para la renta de 14 fotocopiadoras a través de la empresa Copypaq Center S.A. de C.V., monto que presenta mes con mes por el costo de copias que se realizaron desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre del 2021, pero que pudo ser renovado iniciando el 2022. Asimismo, el proveedor Mauro Antonio Sansores Santos, de la

Tren Maya en Quintana Roo, respecto a otros proyectos, responden al servilismo, la manipulación y/o la contratación mercenaria de empresarios que a acciones sentidas y espontáneas. Muchas de ellas están directamente vinculadas a empresarios de la industria hotelera e inmobiliaria, incluso otras tantas son encabezadas por los hijos de los dueños de complejos hoteleros, parques acuáticos y “reservas naturales” que son impactadas a su antojo y construyen residencias y parques turísticos. Como se recordará, el pasado domingo 6 de marzo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, visitó Quintana Roo para supervisar las obras del Tren Maya vía aérea; sin embargo, ese mismo día resurgieron las voces de rechazo a las obras. Desde ese momento, al menos 42 asociaciones civiles, la mayoría con sede en Quintana Roo y Yucatán, emitieron una serie de posturas de oposición a la obra, entre las que destacaban frenar el proyecto, dialogar para analizar las supuestas afectaciones, y hasta modificaciones a los proyectos originales, entre otras. Argumentan que con las obras peligran los ríos subterráneos, cenotes, flora y fauna de la zona por donde pasará el Tren Maya, y estas afectaciones provocarán grandes daños al mar, a la franja coralina de la zona, entre otros. Sin embargo, los movimientos de estos grupos ambientalistas a conveniencia no son nuevos, han surgido desde hace más de dos décadas, y aparecen cuando creen que ponen en riesgo sus proyectos futuros, pero eso sí, dejan pasar de largo sin siquiera inmutarse, devastaciones y otras amenazas de afectación en zonas de mar, cavernas, selvas, cenotes y ríos subterráneos de la entidad. Y aunque en sus sitios web y páginas de Facebook aseguran que sus

acciones las realizan sin fines de lucro y que viven de donaciones, lo cierto es que muchas de ellas se desprenden de empresas hoteleras, automotrices, de tiendas textiles. También que muchas solicitan el apoyo de donaciones al público en general; sin embargo, las cantidades más fuertes provienen de cadenas hoteleras, parques acuáticos, desarrolladores inmobiliarios, comercios, etcétera. Se sabe que los empresarios más influyentes de la Península son los principales personajes que auspician a las A.C. mercenarias, entre ellos Romárico Arroyo Marroquín, Abelardo Vara, Roberto Cintrón Díaz, la familia Constandse Madrazo, integrada por Óscar, Marcos y Carlos; Francisco Córdova Lira, Rodrigo de la Peña, Moises ElMann Arazi, del grupo E-Desarrollos, Miguel Quintana Pali, dueño de Grupo Xcaret; Alejandro Burillo Azcárraga, Ernesto Zedillo V. José Chapur Zahoul, presidente del Grupo Palace; Eduardo Solís Preciat, dueño de las empresas sascaberas ABC; Johanes Lubbe; Eduardo Castro; Eduardo Albor, propietario de Dolphin Discovery; Carlos Quintana; Juan Miguel Villar Mir, propietario del hotel Mayakoba. También Armando Millet, Octavio Lavalle, Luis Reynoso, José Luis Martínez, Alexis Saad, Ramón Abascal, Alex Krantberg, Salvador Vidal, Rene del Castillo, Javier Carlos Olvera, Rafael Lang, Margarita Lliteras; Alejandro Pérez, Jorge Navarro, Roque González Escamilla, Fausto Zapata Sterkin, Jesús Almaguer; Pedro Vaca Elguero, presidente y director general de Cadu; Armando Palma Peniche, presidente del Consejo de Grupo Promotora Residencial; entre otros. Lo que es seguro, es que en esta lucha son las asociaciones ambientalistas las que saldrán ganando por todos lados.

*La alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo de la Torre, ha repartido millones de pesos a través de adjudicaciones directas, siguiendo la misma ruta de su antecesor Eliseo Fernández *Casi 2 millones de pesos en fotocopias se pagaron a dos proveedores entre octubre y diciembre del 2021 y 1.7 millones de pesos para una posada, juguetes y decoración navideña *Aunque el Ayuntamiento cuenta con su propia área de Comunicación Social, pagó casi 300 mil pesos a una empresa de Jalisco para el “Diseño de identidad de gobierno” empresa Grupo Anso S.A. de C.V., también recibe mensualmente 986 mil pesos, IVA incluido, con el contrato MCC/DA/SSG/PS/001-2021, tan sólo para sacar fotocopias mediante 26 fotocopiadoras rentadas a las distintas áreas del Ayuntamiento de Campeche, y mientras señala que el costo por unidad es de 0.25 pesos, en el área de Diseño e Imagen de la Presidencia de Biby Rabelo el costo es de 3.60 pesos por cada fotocopia, encareciendo el costo del servicio en la oficina de la alcaldesa naranja. En total, por simples fotocopias, la comuna naranja está pagando hasta 1 millón 972 mil pesos entre dos empresas, con pagos mensuales que fueron de octubre a diciembre del año pasado, pero todo parece indicar que siguen brindando este servicio en el Ayuntamiento campechano. COSTOSA NAVIDA NARANJA El despilfarro de adjudicaciones

directas por parte de Biby Rabelo se completa con el gasto que realizó durante diciembre, puesto que en las fiestas navideñas se gastó 1 millón 723 mil 760 pesos en tres contratos para una posada, juguetes y decoración de temporada, siendo la más beneficiada una proveedora. Con el contrato MCC/DA/SSG/ PS/030-2021 se entregaron 598 mil 560 pesos a la proveedora Génesis Alatiel Gómez Realpozo para el banquete de “Posada Navideña” para aproximadamente 3 mil 200 empleados. Esta misma persona, Génesis Alatiel Gómez Realpozo, también cobró 545 mil 200 pesos para el servicio de decoración, mediante el contrato MCC/DA/SSG/PS/029-2021, para la decoración navideña de diversos espacios públicos como el Palacio Municipal, la entrada del Palacio Municipal, calle 59, Pasaje Román Piña Chan, Parque Principal, Parque Samulá, Parque Presidentes de México y Plaza Mártires de Río Blanco.

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Campeche, Campeche

Del 11 al 17 de abril de 2022

Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

Edición No. 52

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HISTORIA DE “EL TRAUMADO”: VIVIR PARA MATAR Ricardo Ravelo/Sol Campeche

*Su nombre es Abner Noé Cervantes y le dicen “El Traumado”. Este capo, fundador del Cártel Independiente de Acapulco y jefe de la organización conocida como Los Magno Acevedo, tiene un alto perfil criminal, según su ficha: Se le atribuyen al menos una treintena de crímenes y cientos de extorsiones a comerciantes de todos los rangos *Después que no pudo continuar operando en Guerrero se mudó a Jalisco, al municipio de Tonalá, desde donde continuó sus operaciones criminales. *Sus víctimas lo consideran un maniático que mata y tortura con saña, según consta en el amplio expediente donde obran sus más escandalosos delitos

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SAQUEO INDISCRIMINADO Mérida, Yucatán. Del 11 al 17 de abril de 2022 Pág. 11

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Mérida.- El presidente municipal de Mérida, Renán Barrera Concha, está vinculado en un nuevo acto de corrupción al permitir y/o autorizar un sobreprecio de más del 100 por ciento al contrato otorgado al empresario Juan José Canul Perera, dueño de Tercer Acto Sociedad S. de R. L. de C.V, para la ejecución del espectáculo de drones que se realizó durante el Mérida Fest 2022. Bajo el contrato número DCDAJ-PS-03-2021, el gobierno municipal de Mérida obliga al proveedor a proporcionar el servicio hasta su total terminación, consistente en la producción y presentación del espectáculo artístico tridimensional denominado “show de drones”, que se llevó a cabo los días 5, 6 y 7 de enero del 2022, en la plaza principal de la ciudad de Mérida, Yucatán, con dos funciones por día, a las 20:00 y 22:00 horas respectivamente, dentro del marco de las actividades del festival Mérida Fest 2022. En la cláusula segunda, el documento reza que “el precio total por el que se pacta la contratación del servicio objeto del presente contrato lo constituye la cantidad de $ 2, 436,000.000 (Son: dos millones cuatrocientos treinta y seis mil pesos 00/100 moneda nacional), el cual se desglosará en la factura respectiva que al efecto solicite “El Ayuntamiento” y que expida “El Proveedor” a cargo del Municipio de Mérida, Yucatán”. Sin embargo, un grupo de empresas dedicadas a los espectáculos de drones informaron que el pago por el servicio prestado al gobierno municipal de Mérida, encabezado por Renán Barrera Concha, es excesivo hasta en más del 100 por ciento. Grupo Sol solicitó un presupuesto a la empresa ViacomCBS, encargada de servicio de streaming a México, Estados Unidos y Latinoamérica, para realizar un show de drones por un monto de 250 mil pesos por día, que incluía por lo menos 50 drones. Personal de la empresa SKYLIGHTS, Show de luces con drones, informó a Grupo Sol que sus espectáculos con más de 50 drones, oscila entre los 300 y 350 mil pesos dependiendo de la complejidad de la presentación. El contrato millonario fue

firmado al calce por Alejandro Iván Ruz Castro, secretario municipal de Mérida; Aquiles Sánchez Peniche, apoderado legal y director de administración; Irving Gamaliel Berlín Villafaña, director de Cultura; y Juan José Canul Perera. Resulta extraño que el dueño de la empresa Juan José Canul Perera no mencione en el contrato a su compañía, pues seguramente está consciente de tener un negro historial en los malos y caros servicios que ofrece, y peor aún que se presta a actos de corrupción con funcionarios de los gobiernos de Quintana Roo y Yucatán. Otros de los socios de Juan José Canul Perera, son Oscar Alfonso Cambranes Basulto y Emilio Guillermo Torre Medina, y la empresa inscrita ante el Registro Público del Comercio con procedencia del municipio de Progreso, Yucatán. El servicio que ofreció el cuestionado empresario, dueño de la empresa Tercer Acto Sociedad S. de R. L. de C.V, fue presentado por el alcalde Renán Berrera Concha como un gran espectáculo. Lo que no dijo el alcalde es que le costaría a la sociedad meridana cerca de 2.4 millones de pesos. Y menos aún que se pagaría más del 100 por ciento de su costo real. Este hecho tiene un fuerte tufo a corrupción en el que participan las autoridades municipales, que, además de cobrar diezmos, permiten sobreprecios y realizan licitaciones amañadas para llevarse fuertes cantidades de dinero. Este sería el primer contrato que el gobierno de Mérida realiza con la empresa, pero no es lo mismo con las administraciones de Quintana Roo en donde por lo menos ha obtenido cinco contratos millonarios. HEDOR A CORRUPCIÓN En Quintana Roo, esta empresa emana un fuerte hedor a corrupción. Uno de los contratos fue por 2 millones 604 mil 874 pesos por el “arrendamiento de adornos e iluminación para Palacio de Gobierno y sus alrededores con motivo de las fiestas patrias”, según la licitación pública nacional, cuyo fallo se dio el 31 de agosto de 2018 a favor de la empresa yucateca Tercer Acto S. de R.L de C.V, ganadora de nuevo en 2019 en este proceso manipulado por la Oficialía Mayor. Arrendar adornos e ilu-

Renán Barrera Concha

*Renán Barrera Concha autorizó aplicar un sobreprecio de más del 100 por ciento al millonario contrato otorgado al empresario Juan José Canul Perera, dueño de Tercer Acto Sociedad, para la ejecución del espectáculo de drones que se realizó durante el Mérida Fest 2022 *La empresa contratada tiene negros antecedentes en Quintana Roo, donde se le vincula al ex oficial mayor Manuel Alamilla Ceballos. Resulta extraño que el dueño de la empresa no mencione en el contrato a su compañía, seguramente por tener un negro historial en malos y caros servicios que ofrece, y que se presta a actos de corrupción con funcionarios *Las empresas Distribuciones y Comercializadora de Mérida y Farmacia Telefónica Peninsular, tienen algo en común: el servilismo cómplice al presidente municipal de Mérida para sustraer millonarios recursos de las arcas populares minación sabe a despilfarro, con el ingrediente de la fuga de dinero porque se desprecia a los comerciantes locales, colocados en desventaja por la Oficialía Mayor, encabezada entonces por el chetumaleño Manuel Alamilla Ceballos, quien mal encaminó este proceso tan puerco para beneficiar en dos ocasiones a la empresa representada por el gerente Juan José Canul Perera. Alamilla Ceballos renunció en 2020. En la licitación de 2018 sale embarrada la Jefa del Departamento de Adquisiciones de la Oficialía Mayor, Mariana Gómez Solís, así como la Jefa del Departamento de Normatividad, Ileña Karime del Ángel Coral, quien firmó en representación de la Dirección Jurídica y de Acceso a la Información de la misma Oficialía Mayor. También la avala con su firma el Auditor del Órgano Interno de Control de la Oficialía Mayor, Francisco Lima Xoc. El 21 de agosto de 2019,

ya encarrerados, consumaron la maniobra para beneficiar de nuevo a Tercer Acto con un contrato de 2 millones 586 mil 206 pesos, sin IVA. En 2017, el gobierno de Quintana Roo pagó mucho menos por ese arrendamiento: un millón 979 mil 946 pesos por esos adornos e iluminación, beneficiando a la empresa Opciones Corps, S.A. de C.V., representada por el administrador único José Luis Meléndez Quintal. El acta administrativa de entrega-recepción fue firmada por Gerardo Briceño Pinzón, Jefe del Departamento de Mantenimiento de la Dirección de Servicios Generales de la Oficialía Mayor. Tercer Acto también fue bendecido el 15 de noviembre de 2018, al recibir el contrato para el “arrendamiento de adornos, figuras e iluminación con motivo de las fiestas decembrinas para la decoración de Palacio de Gobierno, sus alrededores y la Casa de Gobier-

no”. La suma, incluido IVA: un millón 233 mil pesos. Ocho días, después –el 23 de noviembre– Tercer Acto recibió el contrato para “el servicio de producción, montaje y renta del evento de nevada artificial”. Tercer Acto fue representada por Emilio Guillermo Torre Molina y cosechó 560 mil pesos, sin incluir IVA. Por la Oficialía Mayor firmaron Rosa del Socorro Schultz Cubas –Jefa del Departamento de Concursos y Procedimientos–, Karime del Ángel Coral y Javier Mena Ceh, analista técnico y representante del Departamento de Adquisiciones. Eran anticipos de lo que Tercer Acto cosecharía en los años siguientes en un juego maquiavélico, término utilizado por los comerciantes de casa con empresas consolidadas. Ahora, estás mismas prácticas de corrupción comenzaron a realizarse en Mérida, Yucatán, donde uno de los beneficiarios es sin duda el presidente municipal Renán Barrera Concha. EMPRESARIO SERVIL A RENÁN

Las empresas Distribuciones y Comercializadora de Mérida, S.A. de C.V y Farmacia Telefónica Peninsular SA de CV, tienen algo en común: el servilismo cómplice al presidente municipal de Mérida, Renán Barrera Concha, para sustraer millonarios recursos de las arcas populares. Ambas empresas están representadas por Daniel Medina Rojas, quien en febrero de 2021 firmó el contrato ADM/ SI/JUR/ADQ/29/2021, por 3 millones 480 mil 5 pesos por la supuesta compra de 631 mil 580 cubrebocas. Dicho contrato se le entregó a la empresa Distribuciones y Comercializadora de Mérida, S.A. de C.V, pero dada la versatilidad de la corrupción en está ocasión el objeto fue la supuesta entrega de 631 mil 580 cubrebocas tricapa plisado con ajuste nasal y bandas elásticas a las orejas. Esta firma no aparece en el Registro Público del Comercio y su ingreso al padrón de proveedores de la administración pública de Mérida es reciente; lo único cierto es que se ubica en calle 13, número 103-A

Código Postal 97128, Mérida, Yucatán, y según las referencias de internet lo mismo comercia muebles, alimentos, y gel antibacterial y ahora cubrebocas. Sin embargo, la empresa Farmacia Telefónica Peninsular SA de CV que sí aparece en el Registro Público del Comercio, es también propiedad de Daniel Medina Rojas en sociedad con Ana Elena Márquez Lara y Cecilia Isabel Marín Puig. Esta firma no fue utilizada para hacer los negocios sucios de Renán Barrera Concha. La versátil empresa Distribuciones y Comercializadora de Mérida, S.A. de C.V firmó el pasado 15 de febrero del 2021, el contrato ADM/SI/ JUR/ADQ/29/2021, por las que el panista adquirió 631 mil 580 cubrebocas tricapa plisado con ajuste nasal y bandas elásticas a las orejas. El contrato fue por 3 millones 480 mil 005.80 pesos, y en él se obliga a la empresa a vender y entregar la adquisición de los cubrebocas requeridos por la Dirección de Administración para la contingencia del coronavirus (Covid-19) a “El Ayuntamiento”, por medio de adjudicación directa por excepción consistente, detalló el municipio en el contrato. En la décima clausula, menciona que los cubrebocas presuntamente se entregaron en las oficinas de la Subdirección de Administración y de Proveeduría de la Dirección de Administración del Ayuntamiento de Mérida, ubicada en la calle 90 sin número, al cruce con la Avenida Jacinto Canek y 59 diagonal. Además, cabe aclarar que el documento oficial de la compra de cubrebocas no está firmado por las tres personas que testificaron el negocio, donde aparecen como firmantes el Secretario Municipal de Mérida, Alejandro Iván Ruz Castro; el apoderado legal de Administración, Aquiles Sánchez Peniche; y el apoderado legal de la empresa, Daniel Medina Rojas. Sobre la empresa Farmacia Telefónica Peninsular SA de CV, sí hay mucha información, y hasta se podría deducir que se encuentra en franca quiebra, al menos porque en los últimos años solo ha recibido un contrato gubernamental.

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¡AMBIENTALISTAS NEOLIBERALES!

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Araceli Domínguez, ecologista *Organizaciones como el Grupo Ecologista del Mayab (Gema) y los Amigos de Sian Ka’an desviaron su lucha luego de negociaciones económicas y explotación lucrativa de la reserva natural, respectivamente *Surgidas en el inicio del neoliberalismo, muchas de las asociaciones civiles ambientalistas actúan por tiempos cortos, en espera de beneficios personales Redacción/Sol Yucatán/ Sol Quintana Roo/Sol Campeche/La Opinión de México Cancún.- Muchos de los grupos ambientalistas del Estado mantienen un doble discurso en Quintana Roo, al emprender manifestaciones de protesta para defender las causas en favor del entorno natural, pero las bases de sus movimientos se sustentan con beneficios económicos o la explotación de los recursos y bellezas naturales que ofrece la entidad. Y peor aún, resulta que para calmar la ira de sus condenas, expresadas en movimientos de resistencia, se favorecen mediante el intercambio de recursos naturales por económicos, como fue en su momento la supuesta lucha de organizaciones como el Grupo Ecologista del Mayab (Gema) y los Amigos de Sian Ka’an, que desviaron su lucha luego de negociaciones económicas y explotación de las reservas naturales con fines de lucro. Son estas organizaciones, las que en los últimos días han surgido como voraces defensores del entorno, frente a la construcción del Tren Maya en los tramos de la Riviera Maya, a pesar de que su pasado y presente responde más a intereses económicos y de explotación turística. La aparición de Gema fue en 1986 como una preocupación de la sociedad civil de Quintana Roo por la ecología, a raíz de algunos proyectos que comenzaban a impactar el medio ambiente. Uno de los eventos que propició el inicio del movimiento ambientalista fue la entrada en operación de la empresa Calizas Industriales del Carmen S. A. de C. V. (Calica hoy Sac-Tun), consistente en la explotación de yacimientos de materiales pétreos de tipo calcáreo. Poco después surgió también Amigos de Sian Ka’an, pero esta asociación no la creó

un grupo de ciudadanos preocupados por el medio ambiente, sino por iniciativa de las autoridades neoliberales y de las agencias internacionales que habían impulsado la creación de la Reserva de Sian Ka’an. La lucha de ambas agrupaciones, al final de cuentas sirvió para ganar juicios a los empresarios, para legalizar sus acciones devastadoras, es decir que operaron por conveniencia y por negocio. Incluso, para simular el trasfondo de su lucha, la creación de Sian Ka’an y la concesión a Calica eran dos hechos surgidos de una política ambiental contradictoria que parecía justificar la depredación con decretos conservacionistas. Una de las personas más involucradas en el inicio del movimiento ambientalista en Quintana Roo es Araceli Domínguez, quien de manera subrepticia dejó el movimiento en 1992, luego de anunciar una promesa de convenio con Calica para la protección ambiental, en el cual se consideraba que era conveniente establecer una zona de amortiguamiento, tener acceso a la información de Calica y a su programa de monitoreo, evaluación y control ecológico (Gema, 1992). Sin embargo, Gema también intentó negociar y llegó al acuerdo de que se donaría, para cuestiones medio ambientales, un centavo de dólar por cada metro cúbico que sacaran; lo firmaron las autoridades, pero no lo firmó Calica, y el acuerdo no se cumplió. La ecologista Araceli fue clara al señalar que “eso fue un arreglo en el que perdimos mucho ya que el acuerdo no sirvió para nada”. Esto hizo que Gema se desintegrara, después de que Araceli dejara la organización pues no cree en la negociación. Sus palabras fueron que “no se logró nada, fue un mal negocio. Ahora sabemos que no se puede negociar. En las cuestiones am-

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bientales hay que ser radical”. A pesar de todo esto y de las acciones llevadas a cabo por Gema, en 1993 se amplió la concesión a treinta años, asimismo se incluyó en el propósito de la concesión la construcción de una terminal portuaria pública con dos plataformas de servicio, un edificio terminal, estacionamiento y un camino de acceso desde la carretera federal para transbordadores, cruceros turísticos y embarcaciones de pasajeros, mediante el uso de la dársena construida y seis hectáreas de zona federal terrestre. A la fecha, Gema es conocida en Quintana Roo, como una de las organizaciones mercenarias que aparece cuando surge algún proyecto de construcción, para protestar un breve periodo y luego desaparece sin decir adiós. Los defensores del medio ambiente que también brillan por su ausencia en la Biósfera de Sian Ka’an. La organización surgida en la época del neoliberalismo denominada los Amigos de Sian Ka’an, a la fecha no se ha manifestado en contra de los trabajos de construcción de conjuntos habitacionales. Hace unas semanas, la constructora Obra Prima, anuncio la construcción de un conjunto habitacional en terrenos de la Reserva de la Biósfera de Sian Ka'an, alegando que hay demanda en la compra de viviendas en Tulum. Argumentan que hay mucha demanda de vivienda en el municipio de Tulum, es por ello que el grupo constructor Obra Prima, pretende construir un desarrollo inmobiliario en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, el predio donde pretenden desarrollar el proyecto denominado Villas San Juan, se ubica en la Región 21, manzana 60, lotes 25, 25-1 y 25-2, sobre la carretera Tulum, Ruinas-Punta Allen, en Punta San Juan, y contemplan una inversión superior a los 40 millones de pesos. Como lo dimos a conocer en estas páginas, la poca o nula actividad de las organizaciones ambientalistas y protectoras de animales opositoras al Tren Maya en Quintana Roo, respecto a otros proyectos, responden al servilismo, la manipulación y/o la contratación mercenaria de empresarios que a acciones sentidas y espontáneas. Muchas de ellas están directamente vinculadas a empresarios de la industria hotelera e inmobiliaria, incluso otras tantas son encabezadas por los hijos de los dueños de complejos hoteleros, parques acuáticos y “reservas naturales” que son impactadas a su antojo y construyen residencias y parques turísticos. Como se recordará, el pasado domingo 6 de marzo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, visitó Quintana Roo para supervisar las obras del Tren Maya vía aérea; sin embargo, ese mismo día resurgieron las voces de rechazo a las obras. Desde ese momento, al menos 42 asociaciones civiles, la

mayoría con sede en Quintana Roo y Yucatán, emitieron una serie de posturas de oposición a la obra, entre las que destacaban frenar el proyecto, dialogar para analizar las supuestas afectaciones, y hasta modificaciones a los proyectos originales, entre otras. Argumentan que con las obras peligran los ríos subterráneos, cenotes, flora y fauna de la zona por donde pasará el Tren Maya, y estas afectaciones provocarán grandes daños al mar, a la franja coralina de la zona, entre otros. Sin embargo, los movimientos de estos grupos ambientalistas a conveniencia no son nuevos, han surgido desde hace más de dos décadas, y aparecen cuando creen que ponen en riesgo sus proyectos futuros, pero eso sí, dejan pasar de largo sin siquiera inmutarse, devastaciones y otras amenazas de afectación en zonas de mar, cavernas, selvas, cenotes y ríos subterráneos de la entidad. Y aunque en sus sitios web y páginas de Facebook aseguran que sus acciones las realizan sin fines de lucro y que viven de donaciones, lo cierto es que muchas de ellas se desprenden de empresas hoteleras, automotrices, de tiendas textiles. También que muchas solicitan el apoyo de donaciones al público en general; sin embargo, las cantidades más fuertes provienen de cadenas hoteleras, parques acuáticos, desarrolladores inmobiliarios, comercios, etcétera. Se sabe que los empresarios más influyentes de la Península son los principales personajes que auspician a las A.C. mercenarias, entre ellos Romárico Arroyo Marroquín, Abelardo Vara, Roberto Cintrón Díaz, la familia Constandse Madrazo, integrada por Óscar, Marcos y Carlos; Francisco Córdova Lira, Rodrigo de la Peña, Moises ElMann Arazi, del grupo E-Desarrollos, Miguel Quintana Pali, dueño de Grupo Xcaret; Alejandro Burillo Azcárraga, Ernesto Zedillo V. José Chapur Zahoul, presidente del Grupo Palace; Eduardo Solís Preciat, dueño de las empresas sascaberas ABC; Johanes Lubbe; Eduardo Castro; Eduardo Albor, propietario de Dolphin Discovery; Carlos Quintana; Juan Miguel Villar Mir, propietario del hotel Mayakoba. También Armando Millet, Octavio Lavalle, Luis Reynoso, José Luis Martínez, Alexis Saad, Ramón Abascal, Alex Krantberg, Salvador Vidal, Rene del Castillo, Javier Carlos Olvera, Rafael Lang, Margarita Lliteras; Alejandro Pérez, Jorge Navarro, Roque González Escamilla, Fausto Zapata Sterkin, Jesús Almaguer; Pedro Vaca Elguero, presidente y director general de Cadu; Armando Palma Peniche, presidente del Consejo de Grupo Promotora Residencial; entre otros. Lo que es seguro, es que en esta lucha son las asociaciones ambientalistas las que saldrán ganando por todos lados.

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LUCRAN CON EL AGUA POTABLE VALLADOLID

Redacción /Sol Yucatán

Valladolid.- Tixhualactún es una comisaria que en los últimos años ha llamado la atención por la contaminación que presentan sus cenotes, como consecuencia del abandono de las anteriores administraciones. A pesar de sus graves problemas con el sistema de agua potable, su rehabilitación se convirtió en el pretexto ideal para el desvío descarado de recursos. En su primer año de administración, el ex alcalde de Valladolid, Enrique de Jesús Ayora Sosa, dilapidó 1.7 millones de pesos para obras de rehabilitación, tras privilegiar a su amigo contratista, José David Castro Mendoza, quien al final dejó un trabajo de precaria calidad. La labor se efectuó en Tixhualactún, comisaría vallisoletana, la cual aún tiene problemas de agua potable. El 12 de agosto de 2019, Ayora Sosa firmó el contrato de obra pública con base a precios unitarios y tiempo determinado, con número FISM-R33-102-014-2019LP, cuyo nombre de la obra es “Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de la localidad de Tixhualactún”, en la que se benefició a Castro Mendoza, quien es una persona moral. Para ello, se le entregó un millón 722 mil 194 pesos, recursos provenientes del Ramo 33 y del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2019. Asimismo, el municipio le otorgó un anticipo por el 30 por ciento del monto, es decir, 516 mil 658.20 pesos, para que el contratista realizara en el sitio de los trabajos la construcción de bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos. En el documento, en poder de Sol Yucatán, no se especifica la labor que efectuaría el contratista, al mismo tiempo que omite diversos detalles del trabajo efectuado, por lo que es evidente la corrupción que prevaleció. Tampoco se especifica si se trató de una licitación pública, y mucho menos el número de licitantes, por lo que es flagrante la violación a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su reglamento en vigor. El plazo de ejecución de los trabajos fue de 90 días naturales, por lo que las obras objeto iniciaron 14 de agosto, para concluir a más tardar el 11 de noviembre de 2019. El contrato fue firmado por el edil, así como por el

Enrique de Jesús Ayora Sosa. secretario municipal, Ramón Isaí May Tuz, el director de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vías Terrestres, Iván Agustín Pineda Alcocer, y el contratista. PARQUES PÚBLICOS La corrupción prevaleció durante todo su trienio, tal como ocurrió con el contratista Francisco Leonel Dzul Reyes, quien se mantiene como la persona física más beneficiada por diversos alcaldes, tal el caso del edil Enrique de Jesús Ayora Sosa, con quien confabuló un contrato por 3.2 millones de pesos. Dzul Reyes lleva más de 10 años participando en convocatorias de construcción, ganando varias adjudicacio-

nes, pero hasta el momento sigue sin consolidar una empresa, pues le es más redituable el evadir impuestos y evitar el pago de prestaciones a los trabajadores, y por ende, a las autoridades les da igual, siempre y cuando llegue a buenos acuerdos de corrupción. En esta ocasión, el vínculo de corrupción fue con la “Construcción de parques públicos y/o plazas en Valladolid, Asentamiento Cipreses”, con la asignación de un presupuesto por tres millones 214 mil 993.53 pesos. De acuerdo con el contrato de obra pública número FISM-R33-102-005-2021LP, la presentación del ganador de la convocatoria fue presidida por Ayora Sosa el 27 de abril de 2021. El documento, en poder de Sol Yucatán, establece que el costo total del trabajo fue financiado con recursos provenientes del Ramo 33 y del fondo de Infraestructura Social Municipal 2021. Aunque fue una licitación pública, se benefició a la persona física, quien se presentó con su credencial de elector así como por su Registro Federal de Contribuyentes, por lo que fue más que evidente la violación a la Ley de Obras Públicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, y su Reglamento en vigor. El pretexto fue que “tie-

ne capacidad jurídica para contratar, reúne las condiciones técnicas y económicas y dispone de la organización y elementos suficientes para obligarse a la ejecución de los trabajos relativos a la obra objeto”. El plazo de ejecución del trabajo fue de 100 días, por lo que el contratista empezó a laborar a partir del 1 de mayo, para concluir el 8 de agosto de 2021. El municipio otorgó un anticipo por el 30 por ciento del monto del contrato, que corresponde al importe de 964 mil 498.06 pesos para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos. Dicho documento fue firmado por el presidente municipal y el contratista, así como por la secretaria del Ayuntamiento, Jacqueline del Rosario Ortega Loría, y el director de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vías Terrestres, Iván Agustín Pineda Alcocer. A Dzul Reyes le han aprobado proyectos por parte del Instituto para Construcción y Conservación de la Obra Pública (Inccopy), a partir de 2011. En 2016, por la administración municipal, para la construcción de alumbrado público de la avenida “Víctor

*El ex alcalde de Valladolid, Enrique de Jesús Ayora Sosa, dilapidó 1.7 millones de pesos para obras de rehabilitación, tras privilegiar a su amigo contratista, José David Castro Mendoza *En el documento no se especifica la labor que efectuaría el contratista, al mismo tiempo que omite diversos detalles del trabajo efectuado *Tampoco se especifica si se trató de una licitación pública, y mucho menos el número de licitantes, por lo que es flagrante la violación a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Cervera Pacheco”. De tal manera, tiene la experiencia para participar en convocatorias de construcción de obras, así como para hacer “negocios” con las autoridades municipales y estatales. EL ÚLTIMO AÑO Al aprovechar los últimos días de su administración, el ex alcalde de Valladolid, Enrique de Jesús Ayora Sosa, cometió el acto de corrupción más descarado de su trienio al otorgar 5.1 millones de pesos a obras de rehabilitación de parques públicos, en 2021. Para ello, llegó a un acuerdo con la empresa beneficiaria, Villacosta, Sociedad Anónima de Capital Variable, pues además del diezmo le entregó la mayor parte del monto asignado. En los dos primeros años de su gestión, el edil obtenía diezmos inferiores a 100 mil pesos por cada contrato que

otorgaba, pero en esta ocasión, la transacción fue de medio millón de pesos, que directamente recibió de José Manuel Acosta Tejada, representante legal de dicho negocio. El 27 de abril de 2021, el munícipe firmó el contrato de obra pública con base en precios unitarios con número FISM-R33-102-006-2021LP, correspondiente a la “Rehabilitación de parques públicos y/o plazas en Valladolid, asentamiento Colonos”. Aunque se trató de una licitación pública, fue evidente el favoritismo hacia dicha iniciativa privada, a la cual se le asignó un presupuesto por cinco millones 98 mil 843.01 pesos. El costo total del trabajo fue financiado con recursos provenientes del Ramo 33 y del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2021. En la convocatoria hubo una aprobación ilícita a favor de Acosta Tejada, por lo que fue evidente la violación a la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán así como la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, y su reglamento. El plazo de ejecución de los trabajos objeto del contrato fue de 100 días naturales, por lo que el contratista inició las obras el 1 de mayo, para concluir el 8 de agosto de 2021. Asimismo, el municipio otorgó un anticipo del 30 por ciento del monto del contrato, que corresponde a un millón 529 mil 652.90 pesos, para que el contratista realice en el sitio la construcción de bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos. El documento, en poder de Sol Yucatán, fue firmado tanto por el edil así como el contratista, además de la secretaria del Ayuntamiento, Jacqueline del Rosario Ortega Loría, y el director de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vías Terrestres, Iván Agustín Pineda Alcocer.

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LEGADO DE VORACIDAD TEABO

Redacción /Sol Yucatán

Teabo.- La voracidad de los funcionarios municipales parece no tener límites. Tal es el caso del ex alcalde de Teabo Daniel Fabián Puc Nalla, cuando en el 2018, durante el último año de su trienio, la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) reportó un desfal-

13 fueron solventadas, 12 lo fueron parcialmente y 10 no cumplieron con la documentación necesaria para ser justificadas. Es por ello que la ASEY multó a la Entidad fiscalizada por la cantidad de 24.2 mil pesos: 12.1 mil pesos corresponden a multas por falta de entrega de información en materia financiera y 12.1 miles de pesos debido

Daniel Fabián Puc Naal.

Fabiola Loeza Novelo.

*La voracidad de los funcionarios municipales no tiene límites. Tal es el caso del ex alcalde de Teabo Daniel Fabián Puc Nalla, cuando en el 2018, último año de su trienio, se reportó un desfalco de 6.9 millones de pesos *La ASEY multó a la Entidad fiscalizada con apenas 24 mil pesos por falta de entrega de información en materia financiera y en materia de obra pública * Con la revisión de los estados de cuentas bancarios, se detectó que el Ayuntamiento no destino como mínimo el 20% de los recursos de FORTAMUN-DF a seguridad pública

co de 6 millones 984 mil 8 pesos. En la evaluación realizada por la ASEY a las cuentas públicas del Ayuntamiento de Teabo, el órgano fiscalizador realizó 35 observaciones, de las cuales

a multas por falta de entrega de información en materia de obra pública. Por ejemplo, en la revisión de los movimientos de los estados bancarios de enero a diciembre de 2018, se constató que la Entidad

fiscalizada realizó retiros por medio de cheques por un importe de 4 millones 881 mil 3 pesos, y posteriormente los registró como traspasos a la cuenta contable de caja número 111101-01 respectivamente; lo que no permitió identificar el destino y correcta aplicación del presupuesto. Posteriormente, el Ayuntamiento presentó documentación justificativa y comprobatoria del ejercicio de los mismos, pero no proporcionó el reporte y so-

porte documental donde se identifique la trazabilidad de los recursos, por lo que la observación fue parcialmente justificada. Asimismo, con la revisión de los movimientos bancarios se detectó que el Ayuntamiento no realizó ni registró en contabilidad las retenciones de cuotas al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) por concepto de sueldos y salarios en el periodo correspondiente del 1

de enero al 31 de diciembre de 2018. Lo anterior, en incumplimiento a los artículos 45 fracción VI de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán; 14 y 105 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal. Asimismo, se detectó que la Entidad fiscalizada tampoco registró en contabilidad los pagos mensuales del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. Para cerrar con broche de oro el trienio de Daniel Puc Naal, en agosto se detectó un pago por 54 mil pesos, por concepto “Material eléctrico y electrónico G. Corriente”. Cuando se realizó la consulta a la página del SAT para verificar los certificados de sus sellos digitales, estos se encontraban revocados; la Entidad fiscalizada no proporcionó constancia de situación fiscal que acredite los datos de identificación, ubicación o actividad económica del proveedor para cumplir con lo solicitado. Además, con la revisión de los auxiliares, pólizas de registro y estados de cuentas bancarios, se detectó que el Ayuntamiento no destino como mínimo el 20% de los recursos de FORTAMUN-DF a seguridad pública.

Finalmente, el Ayuntamiento de Teabo no hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos del FORTAMUN-DF 2018, así como los montos ejercidos, las acciones, las metas alcanzadas y sus resultados. LEGADO DE CORRUPCIÓN El 1 de septiembre inició el trienio de la nueva presidenta municipal, Fabiola Loeza Novela, también emanada del PRI. La alcaldesa entrante no perdió tiempo y, en el primer mes de su gestión, se detectó un pago por 128 mil pesos por concepto de “Energía eléctrica G. Corriente”. Como buena alumna, no proporcionó el comprobante fiscal, o en su caso, evidencia del reintegro de los recursos no comprobados a la cuenta bancaria de entidad. Asimismo, durante la revisión de las pólizas de registros contables, se detectaron pagos por 112.1 miles de pesos en el mes diciembre, también por concepto de “Energía eléctrica G. Corriente”. Tampoco en esta ocasión se proporcionó la póliza contable, comprobante fiscal, o en su caso, la evidencia del reintegro de los recursos ejercidos no comprobados. El daño público y los ilícitos existen y están documentados en el informe de la ASEY, sin embargo forman parte de la historia porque nadie responde a lo realizado en ese periodo en Teabo.

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DEPORTISTAS INEXISTENTES RECIBEN APOYO Y SUBSIDIOS

Redacción /Sol Yucatán Mérida.- La larga lista de deportistas que en 2018 fueron apoyados por el gobierno del Estado está integrada por falsos y ficticios atletas, así como líderes sindicales, políticos y funcionarios, de los cuales, a siete de los beneficiados se les entregó 1.4 millones de pesos, el equivalente al 10 por ciento del dinero utilizado durante el “año de Hidalgo”. A través de internet, Sol Yucatán efectuó una búsqueda de las personas privilegiadas por el ex director del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY), Juan Sosa Puerto, y se constató que muchos de los beneficiados no existen, al igual que hay homónimos. Incluso, entre los “deportistas” había políticos, funcionarios y líderes sindicales, a quienes se les entregó dinero sin especificar el motivo. En 2018, Sosa Puerto, gastó un total de 12.6 millones de pesos en “apoyos y subsidios” para el fomento de las actividades deportivas de la entidad, sin embargo, una tercera parte fue para beneficiar a sus amigos y familiares. Todo ello, a fondo perdido. Asimismo, más del 10 por ciento del monto fue para su beneficio personal, y tan sólo por concepto de “Apoyos diversos de la dirección general” fue de cerca de 300 mil pesos, todo, ello, aprovechando el “año de Hidalgo”. El dinero se utilizó en los últimos nueve meses de la administración del gobernador Rolando Zapata Bello, entregando 477 apoyos por concepto de “Montos pagados por ayudas y subsidios”, por un total de 12 millones 617 mil 539.52 pesos, en beneficio de deportistas, asociaciones locales, dependencias, sindicatos, universidades, eventos y torneos, e incluso, uno que otro político. En los informes trimestrales del IDEY, correspondientes a 2018, se estableció que el recurso se dividió en dos rubros: “Para transportación, material deportivo, gastos para su participación en campeonatos, campamentos y eventos deportivos”, así como en “Apoyo económico y en especie”. De acuerdo con los documentos en poder de Sol Yucatán, se apoyó a 319 deportistas, 44 asociaciones, y otros diversos. Del total de deportistas apoyados, siete fueron los privilegiados, a quienes se les entregó un total de un millón 417 mil pesos. El más beneficiado fue Luis Raúl González Martínez, a quien se le entregó 432 mil 916.40 pesos, quien al parecer está involucrado en un juicio extraordinario hipotecario, y no hay relación directa alguna vinculada con el deporte. En segundo lugar está Dento Medina Achac, y no hay dato alguno sobre él, a quien le dieron 250 mil pesos, y lo mismo ocurre con Rodrigo Velázquez Valladares, a quien se le otorgó 192 mil 793.61 pesos. Asimismo, está Ramón Martínez Jiménez, a quien le

Juan Sosa Puerto. correspondió 176 mil 560.80, que al contrario de los anteriores, son numerosos los homónimos, lo que dificulta la investigación. En quinto lugar está Minelia Elvira Canto Lara, quien fungía como delegada del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), a quien le ofrecieron 136 mil 801.20 pesos. El único deportista que está en la lista de los “consentidos” es David Mauricio Mier y Terán Cuevas, quien está en la categoría de atleta olímpico, y por ende, se le dio un bono por 124 mil 288 pesos. De igual forma está Rodolfo Martínez Silveira, del Colegio de Bachilleres de Yucatán (COBAY), a quien le entregaron 104 mil 431.20 pesos, que entre otras cosas, parte del dinero fue para el desarrollo del Encuentro Peninsular Deportivo, Cultural y Académico del Cobay y Campeche (COBACAM), en el que participaron 560 estudiantes. Entre los deportistas conocidos está el hoy diputado federal Rommel Pacheco, quien pidió un apoyo econó-

mico por 83 mil 189.06 pesos, para su equipo conformado por Jahir Ocampo, Viviana Peniche, Zhigang Jin, Alhely Fallah, Carolina Mendoza, Adriana Jiménez, Eduardo Ávila, Nuria Diosdado, y Karem Achach. Al secretario general de los burócratas, Jervis García Vázquez, le dieron 10 mil pesos; al líder de los maestros disidentes, Juan Rigoberto Cervantes Romero, le otorgaron cuatro mil 176 pesos; al dirigente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) se le otorgó tres mil 500 pesos, y a la ex alcaldesa de Valladolid, Alpha Alejandra Tavera Escalante, un monto por tres mil 441.60 pesos. ASOCIACIONES, ET AL Como oportunamente se publicó, tan sólo a las asociaciones yucatecas les “entregó” seis millones 617 mil 364.69 pesos, es decir, el 52.4 por ciento del total. Las cinco privilegiadas son la Asociación Yucateca de Esgrima, a la cual se le entregó 769 mil 872.42 pesos, seguido a la de Gimnasia, con 706 mil 684.48 pesos, la de Natación, con 604 mil 37 pesos, la de Judo, con 336 mil 50.63 pesos, y la de Tiro con Arco, con 306 mil 913.9 pesos. Tan sólo en estas cinco, el gobierno del Estado entregó dos millones 723 mil 558.13 pesos, lo que representó el

*En 2018, el ex director del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY), Juan Sosa Puerto, gastó 12.6 millones de pesos en “apoyos y subsidios” para el fomento a deportistas de la entidad, sin embargo, una tercera parte fue para beneficiar a sus amigos y familiares *A través de internet, se constató que muchos beneficiados no existen, al igual que hay homónimos. Incluso, entre los “deportistas” se encontraron políticos, funcionarios y líderes sindicales *El dinero se utilizó en los últimos nueve meses de la administración del gobernador Rolando Zapata Bello, entregando 477 apoyos por concepto de “Montos pagados por ayudas y subsidios”

21.6 por ciento del total. En menor medida está la Asociación Yucateca de Karate Do, con un monto por 266 mil 749.11 pesos, seguido de la de Levantamiento de Pesas, con 255 mil 770.25 pesos; la de Boxeo, con 208 mil 17 pesos, y la de Tabla de Vela, con 200 mil 743.5 pesos. Mientras que en el tercer grupo está Asociación Yucateca de Tiro Deportivo, con 193 mil 242.18 pesos, así como la de Ciegos y Débiles Visuales, con 187 mil 886.40 pesos, la de Pentatlón Moderno, con 187 mil 179.60 pesos, la de Ajedrez, con 184 mil 847 pesos, y la de Tenis de Mesa, con 181 mil 758.18 pesos. En el cuarto bloque está la Asociación Yucateca de Sillas sobre Ruedas, con 149

mil 579.20 pesos, la de Deportistas Especiales, con 146 mil 548.98 pesos, la de Atletismo, con 126 mil 982.35 pesos, la de Béisbol, con 122 mil 793 pesos, y la de Luchas Asociadas, con 116 mil 173.28 pesos. De igual forma está la Asociación Yucateca de Olimpiadas Especiales, con 115 mil 305.54 pesos, le sigue la de Fútbol, con 114 mil 840 pesos, la de Remo, con 107 mil 451.10 pesos, y la de Patines sobre Ruedas, con 104 mil 812.55 pesos. Las dos menos privilegiadas fueron la Asociación Yucateca de Rugby, con cinco mil 608.87 pesos, y la de Deportistas con Parálisis Cerebral, a la cual sólo se le asignó mil pesos.

BENEFICIO PERSONAL

Para el Campeonato Mundial de Box de peso Súper pluma de la WBC, el IDEY gastó 614 mil 118.89 pesos. Asimismo, gastó medio millón de pesos para la “Creación y funcionamiento del Centro Regional de Desarrollo Deportivo, en Tecoh. También pagó 343 mil 242.19 por concepto de boletos aéreos, con destinos nacionales como en el extranjero, pero en ningún momento se especificó a quienes se apoyó. En todo momento, Sosa Puerto aprovechó su puesto para su propio beneficio, sobre todo en 2018, pues son diversas las denuncias que hay en su contra. Tal anomalía se observó en los informes trimestrales obtenidos, bajo el concepto de “Apoyos diversos de la dirección general”, de donde se auto adjudicó 343 mil 242.19 pesos. En ningún momento se estableció en qué se utilizó el monto correspondiente, y mucho menos se especificó a quién se benefició. También entregó 102 mil 21 pesos para la realización de los Juegos Deportivos del Consejo Nacional para el Desarrollo de la Educación Media Superior (CONADEMS). Todos estos fueron los principales botines del corrupto funcionario, quien supo aprovechar el año de Hidalgo.

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Ricardo Ravelo/ Sol Yucatán Ciudad de México.- Es uno de los criminales más violentos y sanguinarios. Durante años se dedicó a la extorsión, al secuestro y a la distribución de enervantes. Fundó el Cártel Independiente De Acapulco (CIDA) y de su historia criminal dan cuenta los más de treinta asesinatos que las autoridades le atribuyen. Su nombre: Abner Noé Cervantes, alias “El Traumado”. Las autoridades del estado de Jalisco, la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana y la policía de Guerrero montaron un amplio operativo para lograr su captura, pero el capo siempre se les evadía, pues no sólo mostraba habilidades para escapar sino que dentro de las mismas corporaciones contaba con múltiples contactos que lo alertaban de los intentos de captura. Así pasaron varios meses. Sin embargo, el miércoles 29 de marzo su buena estrella se extinguió. La Fiscalía de Jalisco logró detectar que “El Traumado”, quien era jefe de la organización criminal conocida como “Los Magno Acevedo”, ya no operaba desde el estado de Guerrero, particularmente desde el puerto de Acapulco. Para evitar ser capturado, el delincuente trasladó su centro de operaciones al estado de Jalisco, al municipio de Tonalá. Hasta allá se mudó con todo y grupo de sicarios, operadores financieros y afincó su grupo criminal para seguir manejando el tráfico de drogas, extorsiones, secuestros, entre otros delitos. Cuando las autoridades jaliscienses lo ubicaron, procedieron a detenerlo. Y de inmediato fue llevado a Acapulco, Guerrero, donde tiene un amplio expediente abierto por homicidios –se le atribuyen una treintena de muertes– extorsiones a comerciantes de todo tipo, así como despojo de propiedades. De acuerdo con su historial criminal, ampliamente detallado en las denuncias que pesan en su contra, “El Traumado” era un capo moderno: Utilizaba las redes sociales, principalmente Facebook, para extorsionar, enviar mensajes intimidatorios y, así, “ablandar” a sus futuras víctimas. Según las autoridades de Guerrero, su perfil como criminal es de alta peligrosidad: “No se tienta el corazón para matar ni para descuartizar a sus víctimas; las extorsiones las comete vía amenazas de muerte y muchas de éstas las ha cumplido

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HISTORIA DE “EL TRAUMADO”: VIVIR PARA MATAR

si no le pagan lo que él pide”, se afirma en uno de los perfiles psicológicos del capo. “El Traumado” –cuyo nombre real es Abner Noé Cervantes– fue uno de los fundadores del llamado Cártel Independiente de Acapulco, el cual emergió pujante en Guerrero tras la caída de los hermanos Beltrán Leyva, quienes por años operaron en el Pacífico mexicano teniendo como base el puerto de Acapulco. A principios de este siglo, allá por el año 2003–2005, los llamados Tres Caballeros gozaban de su mayor etapa de esplendor como jefes del narcotráfico. Tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva –abatido por elementos de la Marina en 2010 en su departamento de la ciudad de Cuernavaca–, la posterior captura de Alfredo Beltrán, “El Mochomo” y el deceso natural de Héctor Beltrán, “El H”, la plaza en Guerrero quedó vacía. El golpe final ocurrió cuando fue capturado Édgar Valdés Villarreal, “La Barbie”, operador de los Beltrán Leyva, extraditado a Estados Unidos. Así, los herederos del poder de los hermanos Beltrán Leyva no quisieron asumir las riendas del Cártel, por lo que determinaron fundar su propia empresa criminal. Así nació el Cártel Independiente de Acapulco. Este grupo criminal se construyó en el año 2012. Sus fundadores fueron José Alberto Quiroz Pérez, oriundo de Acapulco; José Leopoldo Buendía Domínguez, “El Chilango”, Javier Muñoz, “El Cholo”. A este grupo se sumó, posteriormente, Abner Noé Cervantes. Todos estos miembros del crimen provenían del llamado “Cártel de Los Negros”. En el año 2011, un testigo protegido con clave “Némesis” –cuyo verdadero nombre es José Jorge Balderas Garza, “El JJ”– afirmó que después de la captura de “La Barbie”, en ese mismo mes, la estructura que dejó en manos de su suegro Carlos Montemayor –“El Charro”– se fracturó debido a que los operadores de Acapulco decidieron no asumir el mando y crearon El CIDA. Luego se ejecutaron varias detenciones de personajes clave, como el de un operador apodado “El Fakimán”, jefe de sicarios del Cártel. El 4 de junio

de 2015 cayeron otras piezas de la organización, entre otros, Carlos Sánchez Villafuerte y/o Ulises Hernández Ramírez, presunto operador financiero del CIDA. De acuerdo con informes policíacos consultados, las fuerzas del CIDA operan en la zona costera de Guerrero; también en Oaxaca, Michoacán, Morelos y Jalisco. En este último Estado estaba escondido Abner Noé Cervantes, “El Traumado”, capturado el pasado miércoles 29 de marzo.

“El Traumado” fue uno de los últimos líderes del CIDA, ya que después tomó el mando de otra organización criminal –Los Magno Acevedo–; en este grupo se dedicaba a la extorsión, secuestro, tráfico de drogas y a matar. Según su perfil criminal, manejaba diestramente las redes sociales, instrumento para consumar las extorsiones que cometió principalmente en contra de comerciantes grandes y pequeños tanto de Guerrero como de Jalisco.

En los Estados referidos el CIDA tenía confrontaciones con el cártel de Los Caballeros Templarios, como lo demuestran los enfrentamientos en Guerrero por el control de la zona de Tierra Caliente. Al inicio de sus actividades criminales, el CIDA tuvo financiamiento de Los Zetas. Luego se separaron. También están relacionados, según los informes referidos, con La Mara Salvatrucha de Centroamérica, con quienes operan la trata de personas y el reclutamiento de sicarios.

GUERRERO: FEUDO DEL CRIMEN Con una decena de cárteles en guerra por el control territorial, el estado de Guerrero es la cuarta entidad más violenta del país. Las autoridades estatales están rebasadas ante la ola criminal que azota al Estado. Los cárteles siembran terror y ninguna autoridad pone freno al crimen organizado. En esa entidad del Pacífico, clave en el turismo pero también en el narcotráfico, a Guerrero han arribado grupos

criminales como el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. Pero la entidad es la que más grupos criminales tiene. De acuerdo con informes oficiales, en ese territorio que a partir del 15 de octubre de 2021 gobierna Evelyn Salgado –hija de José Félix Salgado Macedonio– operan unos 450 grupos delictivos. En la mayor parte del territorio, dichos grupos criminales están encabezados por alcaldes, síndicos, regidores y comandantes de las policías estatales y municipales que han convertido la labor política y criminal en un verdadero negocio. El caso más alarmante es el de Los Ardillos, cuyos miembros gobiernan municipios, tienen el control en comunidades rurales y rancherías, pero también controlan el Congreso local. El nivel de violencia se exacerbó en Guerrero en 2021, a grado tal que el crimen organizado arremetido en contra de negocios tradicionales y de postín, como fue el caso de la discoteca Baby Ó, a la cual le prendieron fuego y terminó incendiada. Según el dueño de la discoteca –una de las más famosas y lujosas del país, donde se daban cita artistas y empresarios de toda la República– Eduardo Cesarman la reparación del inmueble costará unos 40 millones de pesos. Después del incendio en la discoteca Baby ´O, el crimen organizado arremetió en contra de otros negocios a los que les exigieron pagar “derecho de piso” para operar. Las autoridades vieron con sorpresa estas acciones, pero siguen sin hacer nada para detener a las bandas del crimen. No obstante que la mitad del país está en crisis de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que ese problema no se resolverá “haciendo la guerra”. Esto lo expresó a propósito de la violencia que azota a Michoacán, donde unos cinco cárteles, entre otros, el de Jalisco Nueva Generación, Los Caballeros Templarios y Los Viagras están enfrentados por el control del Estado. En Michoacán –al igual que en Guerrero –las autoridades están enfrentadas por el control del territorio y los

recursos naturales, como la minería, el litio, las zonas aguacateras, por citar sólo algunos negocios que son atractivos para los criminales. Pese al elevado nivel de violencia, ni el Ejército ni la Guardia Nacional han podido detener la ola delictiva, sobre todo, porque tienen órdenes de no usar la fuerza. De esta forma, el país difícilmente podrá entrar en una etapa de pacificación, como lo prometió el mandatario al tomar posesión de la presidencia, en diciembre de 2018. Territorio de guerras y muerte, Guerrero no encuentra la pacificación desde hace por lo menos dos décadas: El crimen organizado, con sus múltiples tentáculos, mantiene una abierta disputa por el control territorial, sobre todo la región productora de amapola, de donde sale la mayor parte de la producción de goma de opio (base de la heroína) que se consume en Estados Unidos. Gobiernos van y vienen y la violencia galopa, impune, en todo el estado de Guerrero donde actualmente operan catorce grupos criminales, con todas sus ramificaciones, las cuales están vinculadas a los presidentes municipales, regidores, síndicos y a los comandantes de la policías locales, convertidos en brazos armados del crimen organizado. Aunque desde el 2019 el Gobierno Federal incrementó la presencia de las Fuerzas Armadas en Guerrero, lo cierto es que los cárteles de la droga avanzan en el control de los territorios, desplazando a las autoridades, según reconoce la Secretaría de Seguridad Pública de ese Estado. Informes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana sostienen que en Guerrero el crimen ha ido ganando terreno en el control geográfico. El cártel de Los Ardillos, por ejemplo, que hasta hace tres años solo tenía presencia en los municipios de Quechultenango, Mochitlán, Tixtla, Chilapa y Olinalá, avanzaron hacia otras demarcaciones situadas tanto en la Montaña Baja como en la Montaña Alta. Encabezados por los hermanos Celso e Iván Ortega Jiménez, Los Ardillos ejercen el poder criminal al extremo. De acuerdo con una fuente de la Fiscalía de Guerrero, quien pidió el anonimato, contra este grupo criminal existen unas veinte carpetas de investigación por tráfico de drogas, homicidios y extorsiones, pero se encuentran archivadas.

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Redacción/ Sol Yucatán

Mérida, Yucatán. Del 11 al 17 de abril de 2022 Pág. 17

solyucatan.mx Pág. 18 Mérida, Yucatán. Del 11 al 17 de abril de 2022

EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

DESDE LA BARRERA ¿Qué más da el INE?

“EL BRONCO”: SUS NEXOS CRIMINALES, A FLOTE

*El encarcelamiento de Jaime Rodríguez Calderón, el pasado martes 15, puso en evidencia la pugna política que enfrenta con el actual mandatario Ricardo Ravelo Galó de Nuevo León, Samuel García, señalado de tener nexos con el crimen organizado *A “El Bronco” se le acusa de desviar dinero público para su campaña presidencial en 2018, pero también está en puerta una nueva acusación por lavado de dinero y presunta corrupción institucional

Hoy Escriben

*Y es que como gobernador, Rodríguez Calderón permitió que el crimen operara abiertamente en Nuevo León y ese territorio se convirtiera en tierra de capos. Por su parte, Samuel García, no es ajeno a esos escándalos: Se le vinculó con Gilberto García Mena, “El June”, un capo del Cártel del Golfo actualmente preso. El actual mandatario asegura que no tolerará la corrupción, aunque todo está por verse Ciudad de México.- La captura de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, acusado de desviar dinero público en favor de su campaña presidencial en 2018, sacó a flote la pugna política que enfrenta con el actual mandatario de esa entidad, Samuel García. Sin embargo, ambos políticos arrastran antecedentes no solo de presuntos actos de corrupción sino de tener nexos con el crimen organizado, lo que pone en entredicho la honestidad que ambos pregonan. Y es que las presuntas ligas de “El Bronco” con redes criminales no es algo nuevo: Los datos y evidencias salieron a flote en 2010, cuando preparaba su campaña política rumbo a la gubernatura de Nuevo León, después de haber sido Alcalde del municipio de García. En el año 2010, su hermano –Adex Rodríguez Calderón– fue detenido en un retén militar en la vía Saltillo-Monclova, en el estado de Coahuila. Le hallaron un rifle AK-47 y cien mil pesos en efectivo. Debido a que no pudo demostrar el origen del dinero, y tampoco tenía permiso federal para portar el arma –clásico rifle de alto poder que sólo utilizan los sicarios de la delincuencia organizada– Adex Rodríguez Calderón fue acusado por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de Violación a la Ley Federal de Armas y Explosivos. El Ministerio Público Federal procedió entonces a integrar la averiguación previa correspondiente, registrada con el número AP/PGR/COAH/SALT-IV/21/D/2010. Su hermano, “El Bronco”, según trascendió, movió sus influencias políticas al más alto nivel y de esa forma pudo zafar a su hermano del embrollo legal. Tiempo después, Adex Rodríguez reapareció públicamente como una pieza clave en la campaña de Jaime Rodríguez rumbo a la gubernatura del Estado, lo que colocó al entonces candidato independiente bajo sospecha pública, pues la extraña liberación de su hermano puso en evidencia su discurso respecto de la legalidad y la honestidad que pregonaba durante su etapa proselitista. Ya como gobernador de Nuevo León, González Calderón se bañó en pureza: Llegó a decir que a los corruptos “había que cortarles la mano” como castigo a sus transas. El martes 15, un grupo de agentes de la Policía Estatal de Nuevo León implementó un operativo para detener a Jaime González Calderón cuando se dirigía a su rancho; se le acusa de desviar dinero público para obtener

las firmas suficientes que le permitieron, en 2018, ser candidato independiente a la Presidencia de la República. “El Bronco” fue internado en el penal de Apodaca, la prisión que él mismo construyó como gobernador y donde permanecerá por tiempo indefinido después de que un juez le negara la libertad por existir riesgo de fuga. FISCALÍA PREPARA NUEVAS ACUSACIONES Por otra parte, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León prepara nuevas acusaciones contra “El Bronco” por presunto lavado de dinero, cargos que se ventilarán a nivel federal. Tras el encarcelamiento de “El Bronco”, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pregonó honestidad: “Aquí el que la hace la paga”, y no permitiremos que se encubra la corrupción, dijo. Tras el arresto de Rodríguez Calderón se puso en evidencia la pugna política que enfrenta con Samuel García, acusado durante su campaña de tener nexos con el crimen, en particular con Gilberto García Mena, “El June”, miembro del Cártel del Golfo.

Aletia Molina.

EL FISCAL Y SUS PROPIEDADES En ésta Cuarta Transformación de la República existe un Fiscal General que dice ser Siervo de la Nación, el cuál ha incurrido en una serie de complicidades y avenencias con el singular poder del narcotráfico; se ha hecho evidente que ese fenómeno lo ha enriquecido a costa de ser omiso en indagarlo. Ello confirma una vez Alberto Woolrich Ortiz. más que la “honorabilidad” a la que alude es un pretexto más de la delincuencia del poder... OTRAS INQUISICIONES Porfirio Muñoz Ledo (Cuarta y última parte)

Pablo Cabañas Díaz.

El desafuero de Andrés Manuel López Obrador, le dio a Porfirio Muñoz Ledo el pretexto ideal para romper con el entonces presidente Vicente Fox y volver a la izquierda, pero el regreso no fue fácil. Pagó su aventura foxista con una rechifla memorable en la plancha del Zócalo el día de la marcha contra el desafuero –24... TEMAS CENTRALES Comicios del 2022

NUEVO LEÓN: TODO HUELE A NARCO Durante la contienda electoral por la gubernatura de Nuevo León el candidato del PRI, Adrián de la Garza, difundió un video con el que acreditaba que su contrincante, el candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García tiene líneas de parentesco con el narcotraficante Gilberto García Mena, “El June”, quien a finales de los años noventa fue un importante operador del Cártel del Golfo cuando este grupo criminal era encabezado por Juan García Ábrego y Osiel Cárdenas Guillén. Además, la campaña de linchamiento mediático arreció cuando miembros del Cártel del Noreste –que actualmente operan en Nuevo León– colgaron varias narcomantas en la que de nueva cuenta acusaban a Samuel García de tener nexos con el crimen organizado: Le atribuyen una relación cercana con Evaristo Cruz Sánchez, “El Vaquero”, líder del Cártel del Golfo detenido en abril de 2021 en la comunidad de Salinas Victoria. Ante la evidencia, el entonces candidato de Movimiento Ciudadano dijo que todo se trataba de un ataque político, pues aseguró entonces que punteaba las preferencias por la gubernatura de Nuevo León. Y respecto a su parentesco con “El June” dijo que es pariente de su padre pero que nunca ha estado cerca de la familia y ni siquiera lo conoce. Al respecto, el candidato del PRI demostró que García mintió, lo que acreditó con un video en el que aparece junto al capo en una fiesta cuando el gobernador tenía diez años de edad. Durante el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, el Cártel del Golfo, Los Zetas y el violento Cártel del Noreste operaron abiertamente en Nuevo León; incluso, las policías, corrompidas todas, sirvieron a los intereses criminales. A lo largo y ancho del Estado, estos tres cárteles ajustaron sus cuentas, disputaron territorios y movieron enormes cantidades de droga hacia Estados Unidos en medio de la más evidente impunidad. Las cárceles se plagaron de criminales y se dijo que estos sicarios eran dejados en libertad para cometer crímenes y luego los recluían en las prisiones para ponerlos a salvo de capturas o venganzas.

Andrés Manuel López Obrador está sumido en una guerra con el Instituto Nacional Electoral (INE). Las tensiones con el organismo no son nuevas y han acompañado todo el sexenio, pero la celebración de la consulta sobre la revocación de mandato prevista para este domingo ha...

Miguel Tirado Rasso.

En varias de las encuestas levantadas, aunque la diferencia es amplia entre el primero y el segundo lugar, con excepción del caso de Durango, el número de los indecisos, representan un porcentaje importante, más del 15 por ciento. LOS CAPITALES Favorable posición de México al término de la guerra Rusia-Ucrania.

Jorge León Orantes, experto en relaciones México-China-EU de la firma legal Santamarina y Steta, pronosticó un reacomodo de posiciones comerciales entre dichos países, que colocará a México en Edgar González Martínez. una posición de negocios favorable, a partir de las...

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Ciudad de Mérida, Yucatán

Del 11 al 17 de abril de 2022

Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

Edición No. 109

¡AMBIENTALISTAS NEOLIBERALES!

$ 5.00

DOS MDP PARA MATAR RATAS

Araceli Domínguez, ecologista

*Pagó la Administración Portuaria Integral para el control de plagas, en especial, los moscos y las ratas, sin embargo, los resultados fueron infructuosos, ya que la corrupción aún prevalece, a cinco años de este operativo

*Surgidas en el inicio del neoliberalismo, muchas de las asociaciones civiles ambientalistas actúan por tiempos cortos, en espera de beneficios personales

*En dicho período, son numerosos los proyectos aprobados, varios de los cuales ascienden a varios millones de pesos, tal el caso de las labores de jardinería, además de mantenimiento PAG. 7

Redacción/Sol Yucatán/Sol Quintana Roo/ Sol Campeche/La Opinión de México

UMÁN

LICITACIONES FAST TRACK

RAMO 33, MINA DE ORO

REINA FAVORITISMO PETO

*La millonaria cantidad provino del Ramo 33, cuyos fondos se asignan, distribuyen y aplican para cubrir las necesidades sociales relacionadas con la educación, salud, infraestructura social, seguridad pública y otras PAG. 9

VALLADOLID

DESVIÓ RECURSOS FEDERALES LUCRAN CON EL AGUA POTABLE *La Junta de Electrificación de Yucatán otorgó 705 mil pesos a Líder en Construcción y Supervisión, aprovechando los últimos meses de la administración de Rolando Zapata Bello para el desvío de recursos.

*El ex alcalde de Valladolid, Enrique de Jesús Ayora Sosa, dilapidó 1.7 millones de pesos para obras de rehabilitación, tras privilegiar a su amigo contratista, José David Castro Mendoza

*La Jedey desvió recursos federales destinados a disminuir el rezago de las comunidades y municipios indígenas, para beneficio de funcionarios y empresarios coludidos

*En el documento no se especifica la labor que efectuaría el contratista, al mismo tiempo que omite diversos detalles del trabajo efectuado

*La empresa “ganadora” señala como domicilio fiscal una pequeña casa con signos evidentes de abandono, por lo que estaríamos ante otro descarado caso de contratos a PAG. 10 empresas fantasma

*Tampoco se especifica si se trató de una licitación pública, y mucho menos el número de licitantes, por lo que es flagrante la violación a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas PAG. 13