La Opinión de México | Edición 63

Ciudad de México

Pedro

Edición No. 63 Del 22 al 28 de mayo de 2023 $ 5.00

Daniel

Rodríguez Hernández \ Director General

IMPUNE TRÁFICO DE ÓRGANOS

*La Ciudad de México se mantiene como primer lugar nacional en tráfico de órganos humanos, delito que se ha mitificado y que no se ha tomado en serio por las autoridades capitalinas,

*Quedó al descubierto y comprobado que por lo menos de manera institucional estaban operando redes de tráfico de órganos en los hospitales más prestigiados del país y casi todos radicados en la Ciudad de México

Redacción/La Opinión de México

Ciudad de México.- La ciudad de México se mantiene como primer lugar nacional en tráfico de órganos humanos, delito que se ha mitificado y que no se ha tomado en serio por las autoridades capitalinas, ya que desde hace aproximadamente 5 años se cayó el mito sobre si existían o no redes de traficantes de órganos en el país y sobre todo en la Ciudad de México

El día 9 de noviembre de 2018, a las 14:26 horas, un inesperado correo electrónico cimbró en secreto al sistema de salud pública en México. El mensaje contenía una denuncia explosiva: la existencia de una red de tráfico de órganos enquistada en uno de los hospitales privados más conocidos de la Ciudad de México. PAG. 3

ESTADOS

ESPECIAL: CORRUPCIÓN

¡NIDO DE CORRUPCIÓN! NO JUSTIFICÓ EL GASTO DE 6.65 MDP

*El Instituto de Vivienda, bajo el amparo del gobierno de la Ciudad de México, otorgó contratos por más de 108 millones de pesos; además, ejerció un presupuesto de 2,191,260.9 millones de pesos en el capítulo 7000, según auditoría

*Desde el último trimestre de 2021, cuando los actuales alcaldes asumieron el cargo público, empresas bajo investigación por actos de corrupción se beneficiaron con un total de 48 contratos

*Los montos que pagaron las instituciones públicas a dichas empresas van desde los 150 mil pesos, hasta los 18.5 millones de pesos que en conjunto suman una cantidad de 108 millones 186 mil 718 pesos

*De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2019, en la Auditoría de cumplimiento: 2019-0-04100-19-0008-2020 8-GB, aplicada a la Secretaría de Gobernación de Adán Augusto López

Redacción/La Opinión de México

Ciudad de México.- De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2019, en la Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-04100-190008-2020 8-GB, aplicada a la Secretaría de Gobernación de Adán Augusto López se determinaron 6,657,544.00 pesos pendientes por aclarar en Contratación de Servicios.

ENTREGARON FOX Y CALDERÓN MÁS DE 93 MIL MDP A ELBA ESTHER GORDILLO

Redacción/ La Opinión de México

Durante los gobierno de Vicente Fox y Felipe Calderón, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a cargo en ese entonces de la profesora Elba Esther Gordillo, recibió del gobierno federal, más de 80 mil millones de pesos, además de los más de 13 mil millones que recibió por conducto de las cuotas de los trabajadores de la educación afiliados al SNTE.

En ese momento, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), inició una jornada de movilizaciones en todo el país para exigir una rendición de cuentas clara y transparente a la líder del SNTE. El entonces Secretario General de la Sección 22 del SNTE Azael Santiago Chepí puntualizó que en esa batalla podría incluso recurrirse a la vía jurídica.

La CNTE anunció que se presentarían una averiguación previa, lo mismo ante la Procuraduría General de la república (PGR), que un recurso legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para denunciar el uso indebido de cuotas sindicales.

Según datos del interior del magiste-

rio los profesores de Oaxaca aportan a la SNTE un ejercicio de 6 millones de pesos mensuales por cuotas sindicales, de los cuales sólo se regresa 500 mil pesos para gasto corriente para la gestión de los 72 mil sindicalizados del estado, refirió Felipe Jiménez.

A decir de una declaración emitida por Santiago Chepí en el estado tan sólo por las cuotas sindicales que aportan todas las secciones sindicales en el país, la CNTE recibe una aportación mensual de mil millones de pesos, todo esto sin tomar en cuenta los ingresos que recibe tanto de parte del Instituto de Seguro Social para Trabajadores del Estado (ISSSTE) como de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de los planes de vivienda las cuotas de gobernadores y otros extras.

Desde que, en 1989, Elba Esther Gordillo inició su reinado en el SNTE, ha recibido alrededor de 80 mil millones de pesos de los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón y 13 mil millones de pesos más provenientes de cuotas sindicales.

De estos recursos no ha rendido cuentas ni se conoce su destino. A pesar de que ella y sus parientes han adquirido en esos 20 años por lo menos 61 bienes inmue-

bles.

Hay que recordar que el 23 de abril de 1989, Carlos Jonguitud salió desencajado de Los Pinos. Ese mediodía el presidente Carlos Salinas de Gortari le había anunciado el fin de su cacicazgo magisterial y, al mismo tiempo, la llegada de Elba Esther Gordillo en su lugar.

A partir de entonces, la maestra rural reinó en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), tiempo durante el cual, según cifras extraoficiales, ha recibido 80 mil millones de pesos de fondos federales y 13 mil millones en cuotas sindicales.

Dueña de muchos bienes raíces, hace cuatro años la maestra Gordillo fue acusada de riqueza inexplicable ante la PGR y la Procuraduría General de Justicia del DF por la agrupación disidente Punto Crítico, que presentó una lista de 19 propiedades a nombre de la familia Gordillo.

Sin embargo, en 2006 la PGR mandó “a reserva” la investigación y, con ello, impidió conocer qué ha hecho Elba Esther con los fondos públicos que ha recibido a lo largo de dos décadas.

OTRAS INQUISICIONES LUIS SPOTA: EL ESCRITOR DEL PODER

Luis Mario

Cayetano Spota

Saavedra Ruotti Castañares (1925-1985), fue autor de más de 30 libros, que tratan sobre la sociedad mexicana de la segunda mitad del siglo XX y su clase política.Por transmitir en 1961 la noticia de la invasión estadounidense a Cuba, el autor fue cesado de todos los medios de comunicación.

En 1965 regresó al periodismo en un nuevo diario capitalino El Heraldo de México.

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Más aún, la mencionada cantidad de propiedades se queda corta, pues según copias del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del DF, la maestra, su ex marido Francisco Arriola, sus hijas Maricruz Montelongo y la diputada Mónica Arriola y otros familiares, como su mamá, Estela Morales, tienen al menos 61 posesiones, entre las que se encuentran varios departamentos, condominios y casas en Polanco y Lomas de Chapultepec, así como las oficinas para la compañía inmobiliaria Galilei, que operan sus dos hijas.

En una indagación de las propiedades registradas por Gordillo y su familia, se confirmó que, desde 1982, Francisco Arriola –segundo esposo de la maestra– adquirió 27 oficinas de un edificio ubicado en la calle de San Luis, colonia Roma.

Un año después, Arriola, entonces contralor del SNTE, compró en 40 mil dólares una casa en el número 501 de Paseo de los Ahuehuetes Norte, fraccionamiento Bosques de las Lomas, municipio de Huixquilucan, Estado de México, que pasaría en 1999 en donación a la hija de ambos, Mónica Tzasna Arriola Gordillo.

Antes de llegar a la dirigencia del SNTE, la maestra fue secretaria de Finanzas (1983-86) del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato; dos veces diputada federal (1979-82 y 1985-88), secretaria de Organización del CEN del PRI (198687) y delegada política en el DF (198889).

Para entonces Gordillo ya había adquirido algunos inmuebles, pero fue a partir de 1989, al asumir la dirigencia nacional del SNTE, cuando empezó una febril compra de casas, condominios, oficinas y departamentos que han quedado a nombre de su familia.

La organización magisterial Punto Crítico, fundada en 1995 por maestros disidentes del Distrito Federal, señala en un estudio, basado en documentos del SNTE y de la SEP, que la profesora chiapaneca recibió 66 mil millones de pesos de presidentes de la República y 13 mil millones de cuotas sindicales, sin que hasta el momento se haya podido auditar el uso que ha hecho de esos recursos.

Sólo del ex presidente Salinas el SNTE recibió 16 mil 197 millones de pesos en donaciones, traspasos o comodatos de bienes inmuebles, así como en presupuesto para operar las tiendas sindicales y para formar el Fideicomiso de Vivienda Magisterial (Vima), además de apoyos presupuestales extraordinarios aportados por gobernadores.

Tras un tiempo de estar alejado de su trabajo en televisión, reapareció como conductor del programa de entrevistas “Cada Noche lo Inesperado”, en Televisa (1973-1974), y del programa de reportajes “Fuera de Serie” y “Diálogo Abierto”, en colaboración con Gutierre Tibón; “La Hora 25” y “De todo y de nada”, en el Canal 13.

Fue autor de cuatro obras de teatro, un libro de cuentos, dos biografías y un libro de crónicas y reportajes sobre el viaje del presidente Luis Echeverría a países de Europa y Asia, publicado en 1973, así como de casi 60 argumentos para el cine; uno de los más notables fue su documental sobre la Revolución Mexicana, que él mismo escribió, editó y dirigió en 1956 pero que nunca fue exhibido en México.

A mi parecer su mejor novela es: “Casi el paraíso”, novela situada en los años cincuenta sobre un hombre que llega a la Ciudad de México; simulando ser un príncipe italiano el personaje, aceptado de inmediato por la alta sociedad mexicana compuesta en general de nuevos ricos.

Esta pieza sirve al autor para realizar una gran sátira sobre la alta sociedad que, deslumbrada por la “nobleza” de un extranjero, busca emparentar. Spota traza los prototipos de los hombres que ostentan el poder económico y el poder político.

Su novela póstuma “Días de poder,” retrata la vida íntima de un presidente, a la vez que el autor indaga sobre las nefastas influencias que la familia o los amigos pueden ejercer sobre las decisiones de gobernar.

Spota traza los prototipos de los hombres que ostentan el poder económico y el poder político. Poco antes de morir, Spota se encontraba escribiendo una novela sobre el exilio español, la cual dejó inconclusa y que se llamaría “Los que volvieron”.

Pablo Cabañas Díaz.

IMPUNE TRÁFICO DE ÓRGANOS

Redacción/ La Opinión de México

Ciudad de México.- La Ciudad de México se mantiene como primer lugar nacional en tráfico de órganos humanos, delito que se ha mitificado y que no se ha tomado en serio por las autoridades capitalinas, ya que desde hace aproximadamente 5 años se cayó el mito sobre si existían o no redes de traficantes de órganos en el país y sobre todo en la Ciudad de México

El día 9 de noviembre de 2018, a las 14:26 horas, un inesperado correo electrónico cimbró en secreto al sistema de salud pública en México.

El mensaje contenía una denuncia explosiva: la existencia de una red de tráfico de órganos enquistada en uno de los hospitales privados más conocidos de la Ciudad de México.

El mensaje estaba dirigido a una cuenta oficial de gobierno: jose.aburto@salud.gob. mx, que usa el hoy director general del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) de la Secretaría de Salud, el xalapeño José Salvador Aburto Morales. El remitente era el doctor Francis Delmonico, uno de los médicos más reconocidos en el mundo en trasplantes de órganos y jefe del Centro Médico del Banco de Órganos Nueva Inglaterra en Massachusetts, Estados Unidos.

En dicho correo electrónico y de manera urgente y aterrorizada se mencionaba con suma urgencia y angustia, que un día antes, el 8 de noviembre justo al rayar las 17:32, el doctor Gabriel Danovitch, miembro del Área de Nefrología del Centro Médico Ronald Reagan en Los Ángeles, California, había enviado un correo a varios colegas y al presidente de la Sociedad de Trasplantes de América Latina y el Caribe, Rafael Reyes, para contarles una historia muy grave que no podía quedarse en secreto.

El correo entre los afamados galenos señalaba lo siguiente:

“Mi querido Rafa”, escribió en inglés el doctor Gabriel Danovitch. “Te escribo para ponerte al tanto de un perturbador caso de turismo de trasplantes en México hecho por un paciente mío. El paciente (quien prefiere no ser identificado por su nombre) es un hombre de 81 años que empezó a dializarse hace unos meses. Si bien en mi unidad hicimos varios intentos por encontrarle un donador viviente, todos sus posibles donantes fueron rechazados. Me dijo que tenía altos contactos en México que podían ayudarlo (a comprar un órgano): le aconsejé no hacerlo.

“En junio de este año él recibió un trasplante de un donador vivo por un hombre mexicano de veinte años, a quien no conocía. El procedimiento se hizo en el Hospital Ángeles de la Ciudad de Mé-

xico. No me dio los nombres de los doctores involucrados. Te pido que lleves este caso ante las más relevantes autoridades mexicanas. Sinceramente y con cariño personal, Gabe”.

En menos de 24 horas, el director del Cenatra en México estaba leyendo esa historia en sus oficinas en la zona del Ajusco, al sur de la capital. Muchas leyendas se cuentan sobre el mercado negro de órganos, pero esta era diferente: por fin, había una historia respaldada por colegas con nombre y apellido en el extranjero que exigían una respuesta a un caso concreto.

“Salvador, debe haber una inmediata inspección sorpresa a ese hospital para determinar los detalles del caso”, ordenó el doctor Francis Delmonico al funcionario mexicano.

“Pero también para determinar si hay otros casos de trasplantes ilegales con pacientes desde Estados Unidos o países extranjeros”.

El oriundo de Xalapa, Veracruz, José Salvador Aburto Morales no cabía de la sorpresa ni podía dar crédito a lo que leía. Su tarde solo empeoró más cuando advirtió un detalle que había ignorado: no era el único destinatario. En el email estaban copiados, al menos, 25 eminencias médicas de todo el mundo en el campo de trasplantes.

Ahí quedó al descubierto y comprobado que por lo menos de manera institucional estaban operando redes de tráfico de órganos en los hospitales más prestigiados del

país y casi todos radicados en la Ciudad de México

Pero las cosas no quedaron ni quedan ahí, desde el 2014 se tiene documentado que una de las aristas de negocios del crimen organizado es precisamente el tráfico de órganos.

A decir de la abogada y activista Delia Quiroga, directora del Colectivo 6 de Marzo

práctica muy común entre los grupos de narcotraficantes.

La abogada mencionó que ahora los ejecutados son llevados de manera inmediata a los semefos y ahí las agencias funerarias ya tienen todo listo para la extracción y venta de órganos, lo cual hacen con hospitales que también como en el caso del Hospital Ángeles, practican ese delito.

*La ciudad de México se mantiene como primer lugar nacional en tráfico de órganos humanos, delito que se ha mitificado y que no se ha tomado en serio por las autoridades capitalinas, *Quedó al descubierto y comprobado que por lo menos de manera institucional estaban operando redes de tráfico de órganos en los hospitales más prestigiados del país y casi todos radicados en la Ciudad de México

y buscadora de personas desaparecidas en México, y quien fue entrevistada a ese respecto por este medio informativo, señaló que ahora eso es una

Delia Quiroga menciona de forma muy contundente que esto tiene varias aristas, por ejemplo, ya no hay necesidad de dejar a los muertos

en las calles, porque se van al mercado negro de órganos en funerarias y hospitales-

A este respecto y para citar una estadística, un riñón en el mercado negro y en hospitales como el antes mencionado, cuesta alrededor de 120 mil dólares, y la lista sigue, Hígado: 150 mil dólares, Médula espinal: 60 mil euros, Páncreas: 120 mil dólares, Pulmón: 150 mil dólares, Corazón: 60 mil dólares,. Ante los pocos datos certeros de este delito, suele repetirse uno que estableció la Organización Mundial de la Salud: entre un 5% y un 10% de los trasplantes anuales en el mundo provienen del comercio clandestino.

Los gobiernos mexicanos fingieron durante años que este crimen no existía en el país. Hasta 2018, la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada reportó cero sentencias por este crimen.

Eso cambió el año 2021, con el caso de los médicos que vendían córneas en Mexicali, cuando David Méndez Noble fue detenido por agentes federales encubiertos que cargaban con una orden de aprehensión basada en la averiguación previa PGR/ SIEDO/UEITMIO/035/2010Literalmente esta investigación tenía en cuando menos más de diez años y apenas es el primer caso documentado y judicializado por la Fiscalía General de la República.

Era el último movimien-

to de una investigación que había comenzado once años atrás, en 2010, cuando un hombre se presentó en las oficinas regionales de la entonces Procuraduría General de la República para denunciar a tres médicos que vendían órganos a sus pacientes.

El denunciante narró que David Méndez Noble, junto con su hermano Antonio Méndez Noble y su papá Antonio Méndez Gutiérrez, todos oftalmólogos, buscaban personas con reciente diagnóstico de muerte cerebral en unidades de cuidado intensivo en hospitales de San Diego, California, y alterando papeles y pagando sobornos llevaban los cadáveres por tierra a Mexicali para sacarles las córneas y ofrecerlas hasta en 2 millones de pesos a sus adinerados clientes, casi todos extranjeros.

Las operaciones, contó el denunciante, se hacían en un cuarto secreto dentro del Instituto Visual del Centro de Oftalmología, un edificio de dos plantas y recubierto con mármol, que desde 2006 se volvió un popular destino de “turismo de trasplantes”. Ahí mismo se entregaba el dinero en efectivo, junto a cuerpos desnudos con las cuencas de los ojos vacías. Tras varios años de investigaciones encubiertas, grabaciones secretas y pilas de evidencias contra los tres doctores, las autoridades federales ejecutaron las órdenes de aprehensión: primero fueron tras el hijo mayor, luego por el papá y el hermano menor. ¿Cómo sabía tanto? El informante se llama Gontrán Méndez Noble, quien para frenar esa red clandestina tuvo que entregar a su papá y hermanos ante la justicia.

Ahora bien, de las 16 bandas delictivas que operan en la CDMX, a decir de las autoridades capitalinas, se tiene detectadas tres que han incurrido en este tipo de prácticas, siendo estas bandas el cartel Jalisco Nueva Generación, Cártel Tláhuac y Cartel la Unión Tepito.

Estas son las que se disputan ese modelo de negocio y ese nicho de mercado, pero las autoridades mexicanas se niegan a reconocer este delito, que ocurre sobre todo desde el centro del país hasta el sureste y el caribe mexicano, siendo el caribe, los estados de Yucatán y Campeche los que más incidencias tienen, por sus condiciones socioeconómicas, demográficas e incluso étnicas.

La Unidad de Inteligencia Financiera emitió un reporte que, entre enero y julio del año 2021 de los 205 casos que tuvieron en sus manos, 19 expedientes ligadas a grandes sumas de dinero que se hicieron en transacciones estaban siendo investigadas como tráfico de órganos por la Fiscalía General de la Republica, casos que obviamente no se han resuelto.

Delia Quiroga.

José Salvador Aburto Morales.

PAGA INSABI... Y NO CUMPLEN

Redacción/ La Opinión de México

Ciudad de México.- Antes de bajar las cortinas, el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) otorgó más de 500 contratos a empresas y laboratorios a los cuales se los que se les pagaron cientos de millones de pesos sin garantizar la entrega de medicamentos, materiales de curación, equipamiento, entre otros.

Con base en información de la Plataforma Nacional de Transparencia, la extinta dependencia que era dirigida por Juan Antonio Ferrer Aguilar, comprometió los recursos del pueblo de los ejercicios fiscales 2023 y 2024 al pagar por bienes y servicios sanitarios que no se han surtido, y que hoy por hoy escasean en clínicas y hospitales del país.

Por ejemplo, a la empresa Galia Textil, S.A. de C.V., representada por Jhovany Rodea Dávila, le otorgó un contrato por un monto total de 219 millones 524 mil 727 pesos para la adquisición consolidada de material de curación, agentes de diagnóstico y otros insumos para los ejercicios 2023-2024, con ello la extinta dependencia comprometió los recursos de dos años, pese a que los materiales no han sido entregados.

Según el documento con número LA-E1132022-MATCUR-INSABl-030-2023/2024, el INSABI pagó 20 días naturales contados a partir de la entrega del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica, y aunque el documento establece la previa entrega de los "bienes", estos no han sido entregados, se trata de cubrebocas, gasas, y cintas de curación que deberán ser entregados hasta 2024 pero que ya fueron pagados.

Otra empresa beneficia-

da con el cierre del INSABI fue Ensayos y Tamizajes de México S.A de CV representada por Luis Rodrigo Ríos Jassan. Bajo el contrato número LA-Ell3·2022-MATCUR-INSA -

Bl-024-2023/2024, el proveedor recibió 493 millones 919 mil 298 pesos por la compra de material de curación, agentes de diagnóstico y otros insumos para los ejercicios 2023-2024.

La empresa Prevención y Soluciones K-B, S.A. de C.V., también obtuvo un contrato por 515 millones 626 mil 606 pesos por la adquisición consolidada de material de curación, agentes de diagnóstico y otros insumos para los ejercicios 2023-2024, según el contrato número LA-E113-2022-MATCURINSABl-059-2023/2024.

DL MEDICA, S.A. DE CV, por Ricardo Fernández Guevara, recibió el contrato número LA-E1132022-MATCUR-INSABl-022-2023/2024, por la adquisición consolidada de material de curación, agentes de diagnóstico y otros insumos para los ejercicios 20232024. Esta empresa recibió un contrato por 421 millones 842 mil 43 pesos.

Como se recordará, a finales de abril de 2023 la Cámara de Diputados aprobó la reforma que termina con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), dependencia encargada de ofrecer atención gratuita y medicamentos a las personas sin seguridad social.

Según la reforma, los servicios que ofrecía esta institución ahora estarán a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El Insabi sustituyó al Seguro Popular a inicios de 2020, meses antes de que llegase la pandemia de la covid-19 a México, crisis que reveló en esta institución los mismos problemas que tenía su antecesora: falta de medi-

*Durante el primer trimestre de 2023, el titular del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer Aguilar, otorgó más 500 contratos por cientos de millones de pesos a empresas y laboratorios nacionales e internacionales dejando al garete su cumplimiento

*Con base en información de la Plataforma Nacional de Transparencia, la extinta dependencia comprometió los recursos del pueblo al pagar por materiales de curación, medicamentos y otros servicios sanitarios que no han sido surtidos y que escasean en clínicas y hospitales del país

*El desvío de recursos, la entrega de contratos a modo, escases de medicamentos, así como un millonario despilfarro pestilente a corrupción, es la herencia maldita que deja el INSABI al IMSS

camentos, escasez de consultas y atención deficiente para los mexicanos mayores de edad que no tenían un seguro social.

En aquella ocasión, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, admitió el error cometido con la creación del INSABI. “Siempre es bueno rectificar, nunca es tarde”, admitió el morenista, y añadió: “El Instituto contaba con los recursos — nosotros lo aprobamos— y los estados que carecían de infraestructura y recursos para operar. Creo que es una fusión virtuosa de cooperación entre estados y la Federación que se concreta en un instrumento de Bienestar que es el IMSS Bienestar”.

Si bien será el IMSS el encargado de las funciones del INSABI, también tendrá que cargar con los incumplimientos de las empresas y los probables desvíos de recursos económicos disfrazados a través de los contratos millonarios que recibieron las empresas tanto en licitaciones amañadas como adjudicaciones a empresas fantasma.

En la Plataforma Nacional de Transparencia se observan una serie de irregularidades que intentan ocultar las verdaderas cantidades de dinero que desembolsó el titular del INSABI, Juan Antonio Ferrer Aguilar, ya que manifiestan que se otorgaron cero pesos en el sitio, pero en los contratos, firmados por la dependencia y el proveedor, se estipulan las millonarias cantidades de dinero.

Hay que recordar que el INSABI, se encuentra entre las instituciones que gastan millonarias cantidades de dinero pero que presentan mayor riesgo de corrupción.

Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en el INSABI se identificó que 43 por ciento de las adjudicaciones no cuentan con el documento del contrato publicado; 53

por ciento de las compras no cuentan con un enlace funcional a la documentación y 98 por ciento de sus compras no están publicadas en el Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas, lo que implica la imposibilidad de conocer el número y nombre de participantes por proceso.

El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) reportó que quedó un volumen desierto de 27.9 millones de medicamentos y material de curación que formaban parte de la segunda ronda de la compra consolidada de medicamentos e insumos para la salud 2023-2024.

Lo más lamentable es que el desabasto de medicamentos continua en todo el país. Entre los más de 500 contratos, muchos de ellos por varios cientos de millones de pesos, no están incluidos medicamentos contra el cáncer. Pero no solo eso, sino que también los más básicos como como parecetamol, naproxeno, y ácido acetilsalicílico.

El INSABI argumenta que no consiguió algunos medicamentos y materiales en la segunda ronda de la compra consolidada de insumos, entre ellos la vincristina, utilizada en tratamientos contra el cáncer; además del misoprostol en óvulo o tableta, supositorios de paracetamol, naproxeno (suspensión oral), cápsulas de ácido acetilsalicílico (aspirina), ni materiales como vendas y suturas, tampoco los pudo adquirir. Tampoco consiguió fórmula para lactantes en polvo o líquido, así como tabletas con azitromicina, ivermectina, metoclopramida, clindamicina inyectable, solución inyectable de heparina y lidocaína en gel.

El desvío de recursos, la entrega de contratos a modo, escases de medicamentos, así como un millonario despilfarro, será la herencia maldita del INSABI al IMSS.

¡NIDO DE CORRUPCIÓN!

Redacción/ La Opinión de México

Ciudad de México.- El Instituto de Vivienda (INVI) bajo el amparo del gobierno de la Ciudad de México a cargo de Claudia Sheinbaum, otorgó contratos por más de 108 millones de pesos. Además de haber ejercido un presupuesto de 2,191,260.9 millones de pesos en el capítulo 7000 “Inversiones Financieras y Otras Provisiones”, señala la Auditoría ASCM/98/19, realizada por el órgano fiscalizador del Congreso de la CDMX.

De acuerdo con la información presentada en el Informe de Cuenta Pública de 2019 del Instituto de Vivienda (INVI), apartado “ECG Egresos por Capítulo de Gasto”, el organismo ejerció con cargo al capítulo 7000 “Inversiones Financieras y Otras Provisiones” un importe de 2,191,260.9 millones de pesos.

Desde el último trimestre de 2021, cuando los actuales alcaldes asumieron el cargo público, las empresas que están bajo investigación por actos de corrupción “Servicios y Eventos BK S.A. de C.V.” y “Soluciones Empresariales Klee S.A. de C.V.”, se beneficiaron con 48 contratos, la mayoría por adjudicación directa, desde los órganos políticos administrativos de las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Tlalpan y el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), según los reportes trimestrales del uso de recursos públicos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Los montos que pagaron las instituciones públicas a dichas empresas van desde los 150 mil pesos, hasta los 18.5 millones de pesos que en conjunto suman una cantidad de 108 millones 186 mil 718 pesos.

Los conceptos por los cuales las distintas áreas administrativas aprobaron los contratos, fueron para adquirir sanitarios de una sola pieza, material de papelería, herramientas para poda, mobiliario de oficina, mantenimiento de bienes informáticos, muebles para guarderías, material eléctrico para alumbrado público, camiones de volteo, autos, roscas de reyes, juguetes, medicamentos, botiquines médicos, insumos de limpieza y bicicletas eléctricas. Mientras que los servicios ofrecidos se trataron de la instalación de cisternas, paneles solares, calentadores, sanitización ambiental, renta de equipo de logística para eventos públicos y consultorías. De acuerdo con la Auditoría ASCM/98/19 aplicada

al Capítulo 7000 “Inversiones Financieras y Otras Provisiones”, de acuerdo con la información presentada en el Informe de Cuenta Pública de 2019 del Instituto de Vivienda (INVI), apartado “ECG Egresos por Capítulo de Gasto”, el organismo ejerció con cargo al capítulo 7000 “Inversiones Financieras y Otras Provisiones” un importe de 2,191,260.9 millones de pesos, el cual representó el 68.5% del total del presupuesto erogado en ese año por el sujeto fiscalizado que ascendió a 3,200,941.8 millones de pesos. La asignación original para este capítulo fue de 2,703,829.7 millones de pesos, y presentó un decremento de 70,405.1 millones de pesos (2.6%), con lo que se obtuvo un presupuesto modificado de 2,633,424.6 millones de pesos; de ese presupuesto, el ente ejerció 2,191,260.9 millones de pesos (83.2%) y dejó de erogar 442,163.7 millones de pesos (16.8%).

En el apartado “ECG Egresos por Capítulo de Gasto” del Informe de Cuenta Pública de 2019 del INVI, se indica que la variación por 512,568.8 millones de pesos (19.0%) entre los presupuestos aprobado y ejercido en el capítulo 7000 “Inversiones Financieras y Otras Provisiones” obedeció “al incremento en las asignaciones destinadas a otorgar créditos directos al sector social y privado para el financiamiento de acciones para el impulso de actividades productivas, tales como la adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles, así como para la construcción y reconstrucción de obras e instalaciones”.

En dicho apartado, también se indica que la variación por 442,163.7 millones de pesos (16.8%) entre los presupuestos modificado y ejercido de ese capítulo se debió a que “se presentaron recursos propios disponibles en las asignaciones destinadas a otorgar créditos directos

*El Instituto de Vivienda, bajo el amparo del gobierno de la Ciudad de México, otorgó contratos por más de 108 millones de pesos; además, ejerció un presupuesto de 2,191,260.9 millones de pesos en el capítulo 7000, según auditoría

*Desde el último trimestre de 2021, cuando los actuales alcaldes asumieron el cargo público, empresas bajo investigación por actos de corrupción se beneficiaron con un total de 48 contratos

*Los montos que pagaron las instituciones públicas a dichas empresas van desde los 150 mil pesos, hasta los 18.5 millones de pesos que en conjunto suman una cantidad de 108 millones 186 mil 718 pesos

El universo del presupuesto ejercido (2,191,260.9 millones de pesos) y la muestra sujeta a revisión (448,526.8 millones de pesos) corresponden a los recursos siguientes:

Locales: 2,176,537.0 millones de pesos.

Federales: 14,723.9 millones de pesos.

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 14,723.9 millones de pesos.

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 14,723.9 millones de pesos.

al sector social y privado para el financiamiento de acciones para el impulso de actividades productivas, tales como la adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles, así como para la construcción y reconstrucción de obras e instalaciones”. El presupuesto ejercido en 2019 por el INVI en el capítulo 7000 “Inversiones Financieras y Otras Provisiones” fue inferior en 1,943,543.4 millones de pesos (47.0%) al erogado en 2018, de 4,134,804.3 millones de pesos.

En la integración del presupuesto reportado en el In-

forme de Cuenta Pública de 2019 del INVI en el capítulo fiscalizado, se identificó que el total del presupuesto erogado se registró en la partida 7111 “Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas” y, específicamente, en el programa “Vivienda en Conjunto” el INVI erogó recursos por un importe total de 1,182,787.4 millones de pesos, el cual representó el 54.0%; y en el programa “Mejoramiento de Vivienda” erogó recursos por un monto de 1,008,473.5

millones de pesos, el cual representó el 46.0% del total ejercido en el capítulo auditado; derivado de lo anterior, se eligió el programa “Vivienda en Conjunto” que significó el importe más representativo.

Se integraron por monto los predios de cada crédito otorgado en el ejercicio de 2019, registrados con cargo al programa “Vivienda en Conjunto” por un importe total de 1,182,787.4 millones de pesos, y se identificaron 934 predios con importes que van de 0.1 millones de pesos a 50,214.9 millones de pesos; se seleccionaron para su revisión aquellos con un monto superior a 13,000.0 millones de pesos, que fueron 22 predios. Con base en lo anterior, se determinó una muestra de 448,526.8 millones de pesos, que representó el 20.5% del presupuesto ejercido en el capítulo sujeto a revisión por 2,191,260.9 millones de pesos y el 37.9% del importe reportado en el programa “Vivienda en Conjunto” por 1,182,787.4 millones de pesos.

Con el fin de aplicar pruebas específicas a los procesos de las operaciones con cargo al rubro fiscalizado; para comprobar que existieron procedimientos que operaban durante el período auditado; verificar que el sujeto fiscalizado contará con expedientes de los créditos otorgados; constatar que los créditos se hayan otorgado conforme a las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera emitidas por el INVI; y que comprobar que esos expedientes incluyeran la documentación establecida en la normatividad aplicable, se determinó ordenar por monto los 22 predios seleccionados como muestra y se eligieron los números pares, por lo que se revisaron 11 expedientes de los predios de la muestra sujeta a revisión por un importe total de 212,097.3 millones de pesos.

Para determinar las muestras de auditoría se consideró lo establecido en el numeral 2

“Segunda Etapa de la Planeación (Específica)”, primer párrafo, del Manual del Proceso General de Fiscalización de la Auditoría Superior de la Ciudad de México; y se utilizó el método de unidad monetaria con la técnica de selección ponderada por el valor y el método de selección en bloque, considerando lo establecido en las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

500 “Evidencia de Auditoría” y 530 “Muestreo de Auditoría” de las Normas de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores, y adoptadas por el Instituto Mexicano de Contadores Pú-

blicos,

A.C. (IMCP).

El gasto del INVI con cargo al capítulo 7000 “Inversiones Financieras y Otras Provisiones” ascendió a 2,191,260.9 millones de pesos, los cuales se pagaron con recursos fiscales (2,108,408.8 millones de pesos, 96.2%), propios (68,128.2 millones de pesos, 3.1%) y federales (14,723.9 millones de pesos, 0.7%). Derivado de los trabajos que se llevaron a cabo en la fase de planeación de la auditoría y del estudio y evaluación preliminar del control interno, se determinó revisar un monto de 448,526.8 millones de pesos, con cargo a la única partida de gasto que afectó el rubro fiscalizado, la 7111 “Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas”, así como su documentación justificativa y comprobatoria, que representa el 20.5% del total ejercido en el rubro examinado, como se muestra en seguida:

Partida: 7111 “Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas”. Presupuesto ejercido: 448,526.8 millones de pesos.

Los programas sociales seleccionados fueron los siguientes: “Vivienda en Conjunto” Crédito Otorgamiento de créditos en predios urbanos con propiedad regularizada, libre de gravámenes y uso habitacional; pueden ser inmuebles baldíos, ya sea con vivienda precaria, en alto riesgo, así como también con vivienda en uso susceptible de ser rehabilitada. 1,182,787.4 millones de pesos.

Se constató que el sujeto fiscalizado dispuso de 83 procedimientos vigentes en 2019, contenidos, autorizados y registrados por la CGMA en el manual administrativo núm. MA-14/181018-ESEDUVI-INVI-42/161217. Dicho manual fue actualizado en el ejercicio de 2019 y registrado con el núm. MA20/281019-E-SEDUVI-INVI-60/010119, y en la actualización se identificó el mismo número de procedimientos; de ellos, los siguientes 16 están relacionados con el rubro fiscalizado y se ubicaron en los momentos contables del gasto que se detallan:

Aprobado “Adecuación Programática” ahora “Elaboración de Adecuación Programática” Modificado “Elaboración de Afectaciones Presupuestarias y Justificación (Compensadas y Líquidas)”.

Claudia Sheinbaum Pardo.

MILLONARIO GASTO DE PEMEX

Redacción/ La Opinión de México

Ciudad de México.- De acuerdo al Informe de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento, en la Auditoría: 071-18T4I-02-0283 aplicada en la Contratación de Servicios Técnicos de los 631,098.3 millones de pesos reportados en la Cuenta Pública 2007 por Servicios Técnicos Pagados a Terceros, se revisaron 270,839.3 millones de pesos, equivalentes al 42.9%.

Áreas Revisadas La Dirección de Operaciones, las gerencias de Recursos Materiales y Servicios Generales, de Control Presupuestal y de Administración Financiera, todas ellas del Corporativo de Petróleos de México.

A fin de comprobar que Petróleos Mexicanos (PEMEX) Corporativo ejerció el presupuesto original autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal de 2007 por 89,505.2 millones de pesos de "Servicios Técnicos Pagados a Terceros" en el Capítulo 3000 "Servicios Generales", de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, se revisaron el presupuesto autorizado, el presupuesto ejercido, las ampliaciones presupuestales y los oficios correspondientes.

Se comprobó que de los 89,505.2 millones de pesos autorizados para "Servicios Técnicos Pagados a Terceros", 70,382.5 millones de pesos correspondieron al renglón del gasto 207 "Honorarios Pagados a Terceros", y 19,122.7 millones de pesos al renglón del gasto 208 "Servicios Técnicos Pagados al Instituto Mexicano del Petróleo"; el presupuesto modificado ascendió a 723,040.4 millones de pesos, lo que representó un incremento de 633,535.2 millones de pesos, debido a que el presupuesto original autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fue insuficiente para cubrir la operación, y el importe inicial sólo alcanzó para cubrir los adeudos correspondientes al ejercicio anterior, los cuales fueron liquidados en enero y febrero de 2007, por 50,061.2 y 39,444.0 millones de pesos, respectivamente.

Del incremento al presupuesto por 633,535.2 millones de pesos, correspondiente a "Servicios Técnicos Pagados a Terceros", 412,771.1 millones de pesos se asignaron al renglón del gasto 207 para pagar los servicios profesionales de abogados, auditoría externa, servicios técnicos y diversas consultorías; para el renglón del gasto 208, se destinaron 220,764.1 millones de pesos,

para realizar diversos estudios y proporcionar al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) servicios técnicos por concepto de determinación de confiabilidad y transporte de ductos. Asimismo, se observó que el presupuesto modificado autorizado a PEMEX Corporativo no fue ejercido en su totalidad,

La variación entre el presupuesto modificado y el ejercido se debió a que no se prestaron en su totalidad los servicios que originalmente se habían presupuestado, entre los que destacan consultorías de abogados en el extranjero correspondientes al contrato núm. SC-10-326-07 de Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP, y otras consultorías y proyectos previstos con el IMP. Además, no se concluyó el programa de capacitación, debido a cargas de trabajo del personal.

Al respecto, se solicitó al área de presupuestos de PEMEX Corporativo la integración por contrato de los conceptos presupuesto original autorizado, modificaciones presupuestales, el presupuesto modificado y las variaciones; la entidad fiscalizada señaló que la integración no es posible, ya que ésta se consolidó por partida presupuestal, por lo que la variación es únicamente informativa.

Con objeto de verificar que las erogaciones por el concepto "Servicios Técnicos Pagados a Terceros", reportadas por PEMEX Corporativo en el Capítulo 3000 Servicios Generales, por 631,098.3 millones de pesos, fueron registradas en la contabilidad de conformidad con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, se revisaron los renglones del gasto 207 "Honorarios Pagados a Terceros" y 208 "Servicios Técnicos Pagados al Instituto Mexicano del Petróleo", que integran el rubro "Servicios Técnicos Pagados a Terceros".

Con objeto de verificar que el registro contable se realizó de conformidad con lo establecido en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, se seleccionaron las operaciones registradas en la posición financiera núm. 207320100 "Honorarios por servicios técnicos pagados a terceros", ya que en ese concepto se concentró el 79.2% del total ejercido, en el renglón del gasto 207.

Se observó que los proveedores que recibieron los pagos más elevados fueron SAP México, S.A. de C.V., por 76,802.8 millones de pesos; Sistemas de Información Geográfica, S.A. de C.V., por 44,409.5 millones de pesos; Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, por 27,274.2 millones de pesos; PricewaterhouseCoopers, S.C., por

pesos para contratación de Servicios Técnicos en 2007

En el análisis de la información contable de la entidad fiscalizada, la cual sirvió de base para elaborar los reportes de Cuenta Pública 2007 por los "Servicios Técnicos Pagados a Terceros", se observó que el importe en los renglones del gasto 207 y 208 fue de 421,148.3 y 209,950.0 millones de pesos, respectivamente y las posiciones financieras que integraron los renglones del gasto se muestran a continuación:

207320100 Honorarios por servicios técnicos pagados a terceros 333,377.4 millones de pesos.

207320200 Honorarios por servicios técnicos a personas físicas 1,044.8 millones de pesos.

207320301 Honorarios por servicios profesionales pagados a terceros 27,826.0 millones de pesos.

207320302 Honorarios a abogados en el extranjero –físicas y/o morales 8,596.0 millones de pesos.

207320303 Honorarios pagados a abogados en el país -personas morales 5,161.4 millones de pesos.

207320400 Honorarios a contadores y auditores externos personas morales 6,716.2 millones de pesos.

207321200 Servicios de mediaciones comerciales pagados a I.T.S. 3,521.5 millones de pesos.

207321300 Servicios de capacitación pagados a personas físicas o sociedades 34,905.0 Total renglón del gasto 207 Honorarios Pagados a Terceros 421,148.3 millones de pesos.

208321001 Servicios de capacitación obrera y profesional realizados por el IMP 10,233.4 millones de pesos.

208321002 Asesorías pagadas al IMP 10,006.2 millones de pesos.

208321003 Estudios y servicios técnicos pagados al IMP 180,368.7 millones de pesos.

208321004 Otros servicios contratados al IMP 9,341.7 millones de pesos.

Al respecto, se observó que los registros contables de PEMEX Corporativo incumplieron con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, en el registro de las operaciones de PricewaterhouseCoopers, S.C., y Thacher Proffitt & Wood, S.C., se detectó falta de consistencia en el registro contable, debido a que las erogaciones efectuadas por un mismo contrato fueron clasificadas en diferentes posiciones financieras, como se muestra a continuación:

PricewaterhouseCoopers, S.C. 25,537.0 millones de pesos.

SC-60-757-06 207320400 Honorarios a contadores y auditores externos personas morales. 6,716.2 millones de pesos.

SC-60-757-06 207320100 Honorarios por servicios técnicos pagados a terceros. 11,815.7 millones de pesos.

SC-60-640-07 207320100 Honorarios por servicios técnicos pagados a terceros. 7,005.1 millones de pesos.

Thacher Proffitt & Wood, S.C. 19,473.1 millones de pesos.

SC-95-653-06 207320303 Honorarios pagados a abogados en el país -personas morales-. 4,523.1 millones de pesos.

SC-95-653-06 207320100 Honorarios por servicios técnicos pagados a terceros. 14,950.0 millones de pesos.

25,537.0 millones de pesos, Tacher, Proffitt & Wood, S.C. por 19,473.1 millones de pesos; y la Universidad Autónoma de Puebla por 19,146.3 millones de pesos.

Entre los servicios que se prestaron se encuentran los siguientes: consultoría para el análisis, diseño, elaboración, implantación y puesta en operación del proyecto de fusión de procesos de la gestión financiera institucional; servicios para acceso a la tecnología ESRI, asistencia técnica especializada e integración de cartografía e imágenes; asistencia técnica para el desarrollo y la implementación de un plan de mejoramiento de la confiabilidad operacional de tres centros operativos de PEMEX a través de transferencia tecnológica basándose en la norma PASS 55; dictamen de los estados financieros consolidados de PEMEX, organismos subsidiarios y compañías subsidiarias, correspondiente al ejercicio 2006, preparado conforme a normas de información financiera; servicios legales para la defensa de PEMEX y "Pemex Refinación" contra CONPROCA, S.A. de C.V. y asesoría legal en operaciones de financiamiento internacionales.

Al respecto, se observó que los registros contables de PEMEX Corporativo incumplieron con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, en el registro de las operaciones de PricewaterhouseCoopers, S.C., y Thacher Proffitt & Wood, S.C., se detectó falta de consistencia en el registro contable, debido a que las erogaciones efectuadas por un mismo contrato fueron clasificadas en diferentes posiciones financieras, como se muestra a continuación:

PricewaterhouseCoopers, S.C. 25,537.0 millones de pesos.

SC-60-757-06 207320400

Honorarios a contadores y auditores externos personas morales. 6,716.2 millones de pesos.

SC-60-757-06 207320100

Honorarios por servicios técnicos pagados a terceros.

11,815.7 millones de pesos.

SC-60-640-07 207320100

Honorarios por servicios técnicos pagados a terceros.

7,005.1 millones de pesos.

Thacher Proffitt & Wood, S.C. 19,473.1 millones de pesos.

SC-95-653-06 207320303

Honorarios pagados a abogados en el país -personas morales-. 4,523.1 millones de pesos.

SC-95-653-06 207320100

Honorarios por servicios

técnicos pagados a terceros.

14,950.0 millones de pesos.

Por lo anterior, se concluye que en el registro contable de los contratos núms. SC-60-757-06 de Pricewater-

houseCoopers, S.C. y SC-95653-06 de Thacher Proffitt & Wood, S.C., PEMEX Corporativo incumplió el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental Consistencia, el cual establece que "las políticas, métodos de cuantificación y procedimientos contables deben ser los apropiados para reflejar la situación del ente, debiendo aplicarse con criterio uniforme a lo largo de un período y de un período a otro".

La entidad fiscalizada proporcionó, con el oficio núm. DCF-SPPGCP-0989/2008 del 12 de diciembre de 2008, evidencia documental para comprobar que las posiciones financieras 207320400 "Honorarios a contadores y auditores externos personas morales" y 207320303 "Honorarios pagados a abogados en el país -personas morales-", fueron sustituidas por la 207320100 "Honorarios por servicios técnicos pagados a terceros", en cumplimiento de los convenios de continuidad de servicios y a los protocolos y procedimientos acordados para la operación de los sistemas institucionales, para aplicación en el sistema SAP, dichos cambios se autorizaron y fueron notificados a través de la circular normativa núm. VIN-007/2006 del 6 de agosto de 2006. Sin embargo, las posiciones se siguieron utilizando en 2007 a pesar de que habían sido dadas de baja desde 2006.

07-1-18T4I-02-0283-01001 Recomendación La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que Petróleos Mexicanos Corporativo implemente mecanismos de control interno institucional que coadyuven al fortalecimiento en el registro contable de operaciones similares con criterio uniforme, en cumplimiento del Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental Consistencia. Petróleos Mexicanos Corporativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Para constatar que PEMEX Corporativo publicó en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), los contratos mediante los cuales ejerció recursos del rubro "Servicios Técnicos Pagados a Terceros", se revisaron los registros contables, los expedientes de contratación, el POT y los artículos relacionados con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

*Destinó 631 millones de

Redacción/ La Opinión de México

Ciudad de México.- El ejército de reservas del Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo y Familia Michoacana es una hidra de mil cabezas en México. Los golpes asestados por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina-Armada de México en decomisos de drogas, predios, fincas, aseguramiento de armas, detención y neutralización de sicarios y delincuentes resulta insuficiente ante el avance expansivo de las células criminales en el país.

A través de solicitudes de información en la Plataforma Nacional de Transparencia, la Secretaría de la Defensa Nacional desglosa que en la lucha contra el crimen organizado ha decomisado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) 21 mil, 786 armas; de estás 21 mil armas, 17 mil, 56 son armas de fuego, durante la primera mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

En la solicitud de información, el Ejército Mexicano consigna que en la lucha contra las drogas, el enervante que más ha decomisado y entregado a la FGR sigue siendo la marihuana con un decomiso global en tres años de gobierno de 428 mil, 904 kilos de esta planta. Droga que para usos medicinales o en pequeñas dosis ya puede ser portada, después de que el Senado y el Congreso de la Unión la despenalizaran en junio del 2021, en el entendido que solo es para su uso recreativo.

En cuanto a la cocaína, la droga más destructiva, junto con el fentanilo, y la que más se importa y exporta en México para mandar a Estados Unidos y a Europa, la Sedena consigna que se ha incautado y puesto a disposición de la FGR 22 mil, 591 kilos de cocaína.

En cuanto a la Secretaría de Marina, también durante la primera mitad del sexenio obradorista, la dependencia consigna que la Unidad de Inteligencia Naval ha decomisado en operaciones a mar

DECOMISO DE ARMAS, DROGAS, PREDIOS AL NARCO… Y LA VIOLENCIA NO CESA

raciones delictivas del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), coyuntura criminal que ha convertido la entidad en un polvorín, la cual se recrudeció en el último año de gestión de la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano.

Los aseguramientos castrenses de fincas y predios en Sonora han ocurrido principalmente –de acuerdo con la Sedena- en las ciudades de Magdalena, Nogales, Navajoa, Hermosillo, Cajeme, San Luis Río Colorado y Caborca.

criminal, el Ejército Mexicano ha asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) 218 fincas y predios por sorprender a civiles en “flagrancia criminal”, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia.

En el estado de Guanajuato, el Ejército Mexicano ha decomisado 61 fincas y predios a integrantes del narcotráfico detectados en “flagrancia criminal”. Las ciudades donde más han ocurrido estos operativos en el bajío mexicano son Celaya, Cortazar, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto y Santa Cruz de Juventino Rosas.

abierto y en recintos portuarios: 12 mil, 407 kilos de cocaína; 24 mil, 95 kilogramos de marihuana; un millón, 139 mil, dosis de metanfetaminas; 2 mil, 137 kilogramos de cristal y 458 kilógramos de fentanilo. Además de 92 kilógramos de precursores químicos y 8 kilógramos de heroína.

En la respuesta que entregó la Marina a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) resalta el aseguramiento de 98 armas largas, 135 armas cortas, 25 vehículos recuperados. Además ha desmantelado 4 laboratorios para la elaboración de drogas y destruido dos plantíos de marihuana, así como una pista área clandestina, de la cual no detalla ubicación.

Decomiso de predios…

El Ejército Mexicano aseguró en la primera mitad del sexenio –de acuerdo a la solicitud de información 330026422005504- mil, 55 fincas (sic), 155 predios y 6 ranchos por sorprender a civiles en “flagrancia delictiva” del orden federal alusivos al crimen organizado.

En Sonora, la milicia mexicana requisó y aseguró 195 fincas y predios en donde operaban distintas organizaciones delincuenciales.

*A través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) da cuenta de más de 21 mil armas decomisadas en los primeros tres años del obradorismo, así como más de mil predios y fincas decomisadas al narcotráfico

*La Marina-Armada de México puntualiza el decomiso de 12 mil kilos de cocaína y casi 25 mil de marihuana, así como casi cien embarcaciones aseguradas… y la violencia no cesa

Después le siguen entidades como Jalisco, Guanajuato y Sinaloa.

Sonora, ubicada al norte del país, es una entidad fronteriza peculiar, pues colinda con Baja California,

Sinaloa y Chihuahua. Es una región donde se encuentra asentada el Cártel de Sinaloa, con pugnas internas, pero también con la célula local del Cártel de Caborca y una reciente incursión para ope-

En febrero del 2022, Caborca, una pequeña ciudad desértica con puertas infinitas para atravesar a los Estados Unidos, saltó a la fama internacional con una balacera que duró más de 24 horas entre facciones del Cártel de Sinaloa que se fracturaron: Un grupo criminal identificados con los hijos de Joaquín Guzmán Loera y el otro liderado por “Cara de Cochi”, un jefe de plaza del mismo Cártel de Sinaloa, pero identificado con el exfundador del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, recientemente capturado el 15 de julio del 2022.

Mención aparte merece Tijuana, ubicada en el estado de Baja California Norte, pues al ser destino turístico, pero también de una alta tasa

En esta entidad conservadora y turística, de parques industriales, tuvo asentados sus reales criminales el Cártel de Santa Rosa de Lima, que tras la detención de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, detenido en agosto de 2020, cedió parte de sus terrenos criminales a la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes ingresaron desde territorio jalisciense y michoacano.

En Jalisco, de acuerdo con la solicitud de información número 330026422005504, el Ejército Mexicano ha asegurado 31 fincas y predios del crimen organizado, principalmente en las ciudades de Lagos de Moreno, Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan y San Pedro Tlaquepaque.

En esta vorágine interminable de lucha contra el crimen organizado de norte a sur del país, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), México cerró el 2022 con 42 mil, 886 homicidios -18 mil, 262 de estos con arma de fuegoy con 43 mil, 973 homicidios en el 2021, de esta cantidad, 19 mil, 377 ocurrieron con arma de fuego. El actual 2023, no pinta con mucho optimismo, pues al cierre de marzo han ocurrido 10 mil, 392 homicidios y 4 mil, 419 asesinatos con armas de fuego.

Los golpes asestados por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina-Armada de México en decomisos de drogas, predios, fincas, aseguramiento de armas, detención y neutralización de sicarios y delincuentes resulta insuficiente ante el avance expansivo de las células criminales en el país.

Actualmente la violencia se encuentra focalizada en entidades como Tamaulipas, Guanajuato y Zacatecas. En el caso de Tamaulipas, el Cártel del Golfo tuvo una sería fractura interna entre sus facciones de “El Grupo Escorpión” y “Las Panteras”, estás últimas con una eventual alianza con Cártel de Jalisco Nueva Generación.

En el caso de Guanajuato, el repliegue del Cártel de Santa Rosa de Lima tras la detención de José Antonio Yepes Ortiz, “El Marro” en el verano del 2020, ocasionó un agresivo operativo de expansión del Cártel de Jalisco Nueva Generación en el bajío mexicano, incursionando en territorio guanajuatense y zacatecano.

Cártel Jalisco Nueva Generación

Cártel de Sinaloa.

REGISTRA ASF SUBEJERCICIO POR 2,863,245.0 MDP

Ricardo Ravelo/Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo

Ciudad de México.- Durante su gestión como secretario de Seguridad, Genaro García Luna registró un Subejercicio de 2,863,245.0 millones de pesos, señala la Auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública, 07-0-36D00-07-0227 realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la Cuenta Pública 2007.

Los ejes estratégicos que mayor nivel de subejercicio presupuestal registraron fueron, en orden de importancia absoluta: Instancias de Coordinación, Combate al Narcomenudeo; Red Nacional de Telecomunicaciones, Infraestructura para la Seguridad Pública y Equipamiento para Seguridad Pública.

Además, en el transcurso del año se reasignaron recursos por 156,771.2 millones de pesos entre los diferentes ejes estratégicos, como se muestra en el cuadro siguiente.

Es de destacarse que en el eje Equipamiento para la Seguridad Pública, el cual registró un importante subejercicio, también obtuvo una ampliación presupuestaria por 83,326.6 millones de pesos; igual circunstancia ocurrió en los ejes Combate al Narcomenudeo y Registro Público Vehicular, en donde su ampliación presupuestaria fue de 63,950.6 y 9,183.5 millones de pesos, respectivamente. La mayoría de los ejes que experimentaron reducciones presupuestarias también observaron importantes niveles de subejercicio, lo que señala la deficiente programación y presupuestación que se tuvo en todas las entidades federativas del país, ya que sin excepción, todas registraron subejercicio.

Entre las principales causas que expresaron las entidades federativas sobre la no utilización total de los recursos FOSEG 2007, se encuentran las siguientes: La autorización tardía de los anexos técnicos de los Convenios de Coordinación por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los procedimientos de compra o adjudicación por parte de las unidades administrativas responsables de algunas entidades federativas, son lentos ya que en ocasiones implican hasta cuatro meses.

El retraso en la revisión y validación de los expedientes para trámite de pago por parte de la Contraloría del Ejecutivo Estatal y posteriormente de la Secretaría de Finanzas. ¾ Los recursos se reciben de manera calendarizada en un lapso de 10 meses, por lo que la adquisición

de bienes y servicios se realiza con los recursos disponibles, y en algunos casos al vencimiento de los servicios preventivos que se contratan.

Si bien lo anterior es correcto, es de hacerse notar que desde el año 2005 cuando se empiezan a otorgar los recursos FASP por 5,000.0 millones de pesos, casi todas las entidades federativas registraron subejercicio, dada esta última situación, independientemente de la validez de sus argumentos, éstas tuvieron a su disponibilidad los recursos financieros suficientes para enfrentar una programación-presupuestación más eficiente, y que les permitiera registrar un avance más significativo en el cumplimiento de sus metas, al menos a partir de 2006.

En el total de recursos presupuestarios destinados a la Seguridad Pública por las entidades federativas, los provenientes del FOSEG representaron en promedio el 6.0%; los recursos FOSEG complementan los recursos que las entidades federativas destinan al combate de la delincuencia, siendo los estados de Morelos, Campeche, Nayarit, Tlaxcala e Hidalgo los que presentan una mayor dependencia de esos recursos (en promedio 20.5% del total), en tanto que Distrito Federal, Estado de México, Querétaro, Chiapas, San Luis Potosí, Chihuahua y Oaxaca, los recursos FOSEG apenas representaron en promedio el 4.3%. De los cuatro ejes estratégicos seleccionados en esta auditoría, las entidades federativas que mayores montos destinaron a ellos fueron Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato y Jalisco, siendo estas mismas las que mostraron los mayores montos de subejercicio en esos ejes.

El monto total que en 2007 se destinó a este eje en 32 entidades federativas ascendió a 623,256.5 millones de pesos, de los cuales al cierre del año se habían ejercido 434,452.2 millones de pesos y, por tanto, quedaban pendientes de aplicar 188,804.3 millones de pesos, es decir, se registró un subejercicio de 30.3% del total.

Respecto de sus índices delincuenciales, al clasificar a las entidades federativas en forma descendente, de acuerdo con su tasa de crecimiento promedio del índice delictivo 2005-2007 (TCPID), se tiene que en términos de monto total del eje, las entidades con menor TCPID destinaron los mayores recursos, 319,097.3 millones de pesos, 51.2% de ese total.

Si se relaciona la TCPID con el porcentaje de subejercicio que registró cada una de las entidades resulta que de los 9 estados con los niveles más altos en esa tasa, Chihuahua, Nayarit, Aguascalientes y Michoacán,

*Durante su gestión como secretario de Seguridad, registró un Subejercicio de 2,863,245.0 millones de pesos

mostraron subejercicios de entre casi 62.0% y cerca de 84.0%; en tanto que de las 8 entidades con niveles intermedios de TCPID, cercanos a la media nacional de 5.8%, Zacatecas, Nuevo León y Durango registraron subejercicios que fueron desde un poco menos de 87.0% hasta 100.0%; y las 15 entidades con menores niveles delictivos, Querétaro, Tamaulipas y Chiapas, consignaron subejercicios de entre 72.6% y 99.0%.

Con fines comparativos, se cruzó la información de recursos ejercidos en este eje con la suma de elementos evaluados y/o capacitados, para estimar el costo promedio por persona, y se encontró una fuerte disparidad, ya que en las entidades con mayor tasa delictiva, los 114,202.8 millones de pesos ejercidos divididos entre los 35,926 elementos evaluados o capacitados, dieron un costo promedio de 3.2 millones de pesos por ele-

En el periodo considerado, los recursos federales asignados a la función Seguridad Pública pasaron de 12,239.5 millones de pesos a 22,964.9 millones de pesos, con lo que su participación en el gasto neto total del sector público presupuestario se elevó de 0.6% a 0.9%, según se muestra en el cuadro siguiente:

Gasto neto total del Sector Público Presupuestario 2,498,977.8 millones de pesos.

Total de recursos destinados a Seguridad Pública 22,964.9 millones de pesos.

Secretaría de Seguridad Pública 17,557.8 millones de pesos.

Aportaciones Federales al FASP 5,000.0 millones de pesos.

Defensa Nacional 232.6 millones de pesos.

Gobernación 174.5 millones de pesos.

Formación y Profesionalización 188,804.3 millones de pesos.

Equipamiento para la Seguridad Pública 346,973.2 millones de pesos.

Red Nacional de Telecomunicaciones 523,167.5 millones de pesos.

Sistema Nacional de Información 126,117.1 millones de pesos.

Registro Público Vehicular 53,206.1 millones de pesos.

Infraestructura para la Seguridad Pública 404,255.9 millones de pesos.

Instancias de Coordinación 582,408.5 millones de pesos.

Combate al Narcomenudeo 544,375.4 millones de pesos.

Operativos Conjuntos 8,866.1 millones de pesos

Participación de la Comunidad 42,738.4 millones de pesos.

mento; en tanto que, en las entidades intermedias, dicho costo fue de 5.7 millones de pesos (75,110.3 millones de pesos ejercidos entre 13,137 policías evaluados o capacitados); y en las entidades con menor TCPID, el costo fue de 3.3 millones de pesos (245,139.1 millones de pesos entre 73,930 elementos).

Para el caso del Distrito Federal en donde sólo se aplicó la evaluación toxicológica el costo promedio ascendió a 1,303.6 pesos por policía. De los elementos indicados se desprende que no existe congruencia presupuestaria ni programática entre lo que se solicita de recursos para este eje con el indicador más relevante, y por tanto, las acciones que se desarrollan no forman parte de una estrategia de combate de la delincuencia que sea coherente en sus principales componentes.

En los últimos años sólo se ha destinado a la Seguridad Pública menos del 1.0% de los recursos públicos federales. Si la comparación se hace con el total de impuestos que pagaron los contribuyentes en 2007, se tiene que la participación de estas erogaciones llegó al 2.3%, lo que significa que se canalizan a la seguridad de los ciudadanos y de su patrimonio una mínima parte de lo que pagan como impuestos.

índice delictivo aun con una participación de recursos en la seguridad pública por encima de la media nacional; y en las otras 10 los índices delictivos fueron claramente a la baja, incluso 4 entidades presentaron variaciones negativas.

De las 18 entidades federativas que mostraron una participación de su gasto en seguridad pública respecto del presupuesto total menor al 5.2%, Chiapas, Puebla y Tlaxcala tuvieron una tasa de crecimiento negativa de su índice delictivo, y en las otras 15, según se aprecia en la gráfica siguiente, dicho índice tendió a acelerar su crecimiento.

Esta información indica que hay una significativa relación entre el uso de los recursos públicos federales y estatales y la incidencia delictiva, sin embargo, dada la dependencia presupuestaria de las entidades federativas y de sus municipios respecto de los apoyos federales, la mayor asignación de recursos para estos propósitos no es factible que se realice en el corto plazo.

En 2007 y de conformidad con lo que reporta la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de ese año, los recursos transferidos a las 30 entidades que proporcionaron información, sin considerar al D.F., ascendieron a 722,648,000.0 millones de pesos, cifra que representó el 88.6% del total de sus presupuestos estatales, dicho de otra forma, esas entidades sólo financiaron su gasto en 11.4% con recursos propios y, por ende, no tienen holguras financieras para destinar más recursos a la seguridad pública sin modificar su estructura de gasto.

Por lo que toca al D.F., los recursos federales que se le transfirieron en el año representaron el 70.4% de su presupuesto. Por lo que se refiere al estado de fuerza, se presentan dos tipos de relaciones con la incidencia delictiva, según se considere el total de elementos policiales preventivos de cada entidad o bien sólo aquellos que están facultados por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para portar armas, mediante la Licencia Oficial Colectiva (LOC) que esta dependencia expide.

En el primer caso, resulta que en aquellas entidades donde el número de elementos preventivos por cada 100,000 habitantes,8/ es mayor a la media nacional de 254,9/ la tasa de crecimiento del índice delictivo tiende a elevarse, si bien en forma no proporcional; en tanto que en las entidades con un número de elementos menor a la media, el incremento de ese índice se retrae.

Seguimiento y Evaluación 42,332.5 millones de pesos. Leer reportaje completo en

Ello deja en claro que es insuficiente el monto de los recursos ejercidos en el combate a la delincuencia, a pesar de que entre 2005 y 2007 se registró un incremento considerable. Por otra parte, a nivel de las entidades federativas la gran mayoría del financiamiento de esta función proviene fundamentalmente de sus recursos propios y es posible afirmar que el monto de éstos, como proporción de sus presupuestos totales, sí guarda en general una cierta relación con la evolución de la incidencia delictiva, ya que a mayor proporción en los presupuestos estatales del gasto en esta función, es menor el ritmo de crecimiento de la delincuencia y viceversa. Con información de 30 entidades federativas, Baja California Sur no la proporcionó, se da cuenta de que en 2007 tales entidades destinaron un presupuesto de 42,616,382.7 millones de pesos a la función de seguridad pública y procuración de justicia, lo que representó en promedio el 5.2% de sus presupuestos totales, en tanto que el Distrito Federal (D.F.), por su parte erogó en esta función 19,404,568.9 millones de pesos que significaron 18.4% de su presupuesto total. De esas 31 entidades, 13 superaron el promedio de 5.2%, de las que D.F., Chihuahua y Baja California mostraron un comportamiento atípico, ya que aumentó el

Genaro García Luna.

VA DEA CONTRA "CHAPITOS"

Redacción/ La Opinión de México

Sinaloa.- El siguiente objetivo de la DEA son los “Chapitos”: Jesús Alfredo Guzmán Salazar “Alfredillo” e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, herederos del emporio del Cártel de Sinaloa e hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, narcotraficante sentenciado a cadena perpetua en julio del 2019 en Estados Unidos. La oficina norteamericana ofrece diez millones de dólares a quienes coadyuven a su captura. Las nuevas fichas de búsqueda fueron emitidas hace unos días. Anteriormente solo ofrecían cinco millones.

Aún más, la Administración de Control de Drogas apunta en su listado a 25 integrantes del Cártel de Sinaloa a quienes busca. El resto de su listado de los “más buscados” y que tienen que ver con el tráfico de drogas en México y otros países son integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otras organizaciones criminales.

El gobierno de Joe Biden y la DEA ya le han puesto precio a las cabezas de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, las nuevas fichas que emitió la oficina nortemaericana se da en el contexto de la solicitud del Senador Norteamericano John Kennedy de que Estados Unidos con sus corporaciones de combate a las drogas entré en México y detenga a los líderes de los distintos Cárteles de la Droga en el país.

Apenas el pasado 11 de mayo, el senador norteamericano increpó a la directora de la DEA, Anne Migram para pedirle que de una vez entré con su inteligencia policial a México para detener a los “cabecillas” del crimen organizado.

Más aún, diría comentarios ofensivos contra nuestro país: “México sin nuestro país no es nada, sin Estados Unidos, los mexicanos estarían comiendo comida para gatos de una lata y acampando”. En respuesta, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard Causabon declaró una persona “non grata” al senador norteamericano.

En su página oficial, la DEA además de “Los Chapitos” también ha enfocado su búsqueda y exhibición de otros integrantes del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones más señaladas por traficar fentanilo en México, Estados Unidos y en varios países de Sudamérica, Europa y Asía. Sobresale en ese listado, Joaquín Guzmán López, “El

Güero Moreno” y por quien la Administración de Control de Drogas (DEA -por sus siglas en inglés-) actualizó su ficha de recompensa en enero del 2022, ofreciendo hasta cinco millones de dólares a quienes coadyuven en su captura.

En ese listado criminal, sobresalen quienes tienen parcelas de poder en el trasiego de drogas, trata de personas, tráfico de mercancía pirata, extorsiones y otros ilícitos, los que controlan el llamado Triángulo Dorado de Sinaloa, Chihuahua y Durango.

José Salgueiro Nevárez “El Che”, “El 90”, buscado por la justicia norteamericana por ser una extensión del Cártel de Sinaloa en la entidad de Chihuahua. El hermanos de “El Che”, Noel Salgueiro fue detenidos hace un par de años y extraditado a los Estados Unidos, pero José “El Che” continua operando con total impunidad.

Su otro hermano, Ruperto Salgueiro Nevárez, “El Batman” continúa siendo buscado por la justicia norteamericana quien ofrece una recompensa de cinco millones de dólares.

La ficha-resumen de “El Batman” en la DEA traducida al español consigna: El 13 de noviembre de 2019, un gran jurado federal en el

*La Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) ha actualizado su lista de los criminales más buscados y entre ellos aparecen 25 integrantes del Cártel de Sinaloa

*Más aún, incrementó la recompensa sobre los llamados “Chapitos”, Alfredo Guzmán e Iván Archivaldo, por quien la oficina norteamericana ofrece diez millones de dólares de recompensa por cada uno a quienes coadyuven a su captura

en un solo cargo de partici-

acción separada, los fiscales federales en Tucson, Arizona, obtuvieron una acusación de reemplazo de ocho cargos de un gran jurado federal en el Distrito de Arizona contra catorce objetivos que representan a los líderes principales de las facciones de Aureliano Guzmán-Loera y del Cártel de Sinaloa.

Los tres hermanos Salgueiro-Nevarez fueron acusados de participar en una conspiración internacional para distribuir marihuana, heroína, cocaína y metanfetamina, en violación de la ley federal”.

Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, uno de los hermanos de “El Chapo” y quien tras la extradición, empezó a tener un ascenso importante en el Cártel de Sinaloa traficando hacía Estados Unidos las drogas de moda: metanfetamina y fentanilo.

El ascenso de “El Guano” no es bien visto por sus sobrinos “Los Chapitos” quienes han tratado de “replegar” a su gente en varias regiones de El Triángulo Dorado. Extrañamente, Aureliano Guzmán, también aparece cómo intocable para las fuerzas castrenses y marinas, pero es buscado ya por la justicia norteamericana.

En la página de la DEA figuran también, otro de los jerarcas del Cártel de Sinaloa, Ismael Mario Zambada García, “Mayo Zambada”, “El Padrino” “Don Mayo” a quienes muchos atribuyen como el verdadero líder del Cártel de Sinaloa, pero es el que más bajo perfil ocupa.

Las nuevas fichas que emitió la oficina nortemaericana se da en el contexto de la solicitud del Senador Norteamericano John Kennedy de que Estados Unidos con sus corporaciones de combate a las drogas entré en México y detenga a los líderes de los distintos Cárteles de la Droga en el país.

una Acusación de Superación contra Ruperto Salgueiro-Nevarez, acusándolo

par en la distribución internacional de heroína. El 19 de febrero de 2020, en una

Exceptuando aquella vez que aceptó salir en la portada de la revista Proceso, al lado de su finado director, Julio Scherer García. En aquella polémica entrevista atinó a decir: “El día que yo falte, el narcotráfico en el país seguirá igual. Nada va a cambiar”.

Mientras la DEA ofrece hasta quince millones de dólares a quienes colaboren con la captura del Mayo; en México, Zambada García pocas veces es citada por autoridades federales o por políticos de oposición, ni siquiera en las mañaneras de la presidencia de la República.

En el listado de la DEA figura también, Adelmo Niebla González, “G3”, operador financiero de “El Chapo Guzmán” y quién en mayo del 2014, inauguró los túneles como forma de escaparse de los centros penitenciarios. Pues el “G3” lo hizo desde la cárcel local de Culiacán, Sinaloa y una vez fuera de ahí, robusteció sus redes criminales.

El listado mostrado en

el pleno de la cámara alta, también remite a algunos líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), como Audeas Flores Silva, “El Jardinero”, delincuente que salió de Puente Grande, Jalisco en el 2019 y por quien la DEA, apenas un par de años después (abril del 2021) ya ofrece también una recompensa de cinco millones de pesos a quienes ayuden con su captura.

Cita también a Nemesio Oseguera-Cervantes, “El Mencho”, máximo líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien pese a su enfermedad renal que padece desde hace varios años, es el jerarca criminal de está organización que hoy tiene presencia en más de 20 estados de la república. Cruzando su ruta de actividades ilícitas de Jalisco hacía abajo en estados como Puebla, Oaxaca y con salida al Golfo de México vía Puerto de Veracruz, Coatzacoalcos y Tuxpan.

La lista de criminales por las que la oposición clama a autoridades que haya detenciones se cita también a Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, quien perteneció al Cártel de Sinaloa, pero se salió de dicha organización por apoyar al otrora poderoso, Alfredo Beltrán Leyva, “El Barbas” y hoy se mueve de forma discreta con actividades ilícitas exportando metanfetaminas hacía Estados Unidos en el norte del país. La DEA ofrece recompensa a quien ayude a su captura.

Juan Reyes Mejía González, “El R1”, otrora líder de una de las facciones del Cártel del Golfo y hoy máximo exponente de la organización de “Los Rojos” con presencia en el estado de Guerrero y de Morelos y quienes han teñido de sangre esa zona del pacifico mexicano que lo mismo aglutina costa que zonas serranas, donde predomina el cultivo de la amapola.

El último objetivo del Cártel de Sinaloa buscado por la DEA pero detenido por las fuerzas federales mexicanas, fue Ovidio Guzmán López, “El Ratón” o “El Gato Negro”, de 33 años y famoso a nivel internacional, pues gracias a su liberación, hace tres años en el operativo conocido como “Culiacanazo”, cuando ya había sido capturado por Ejército y Guardia Nacional-, el Gobierno Federal quedó evidenciado, que al menos en esa ocasión, tuvo que sucumbir a los caprichos del crimen organizado, por encima de lo vilipendiado que quedó el Ejército Mexicano.

Distrito de Arizona emitió

Jesús Alfredo Guzmán Salazar “Alfredillo” e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, herederos del emporio del Cártel de Sinaloa e hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La oficina norteamericana ofrece diez millones de dólares a quienes coadyuven a su captura.

RECUPERA LA TESOFE 4,833.3 MDP

Redacción/ La Opinión de México

Nuevo León.- En la revisión de la Cuenta Pública 2021, realizada por la Auditoría Superior de la Federación, fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), 4,833.3 millones de pesos del gobierno de Samuel García en Nuevo León.

Así lo señalan las Auditoría De Cumplimiento: 2021-A-19000-19-12752022, 2021-A-19000-191273-2022 y 2021-A-1900021-1277-2022, aplicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, Fondo de Aportaciones Múltiples y Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados.

El Gobierno del Estado de Nuevo León recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) del ejercicio fiscal 2021 por 287,356.7 millones de pesos, de los cuales reintegró recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 1,819.2 millones de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 285,537.5 millones de pesos.

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FAETA aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2021, al Gobierno del Estado de Nuevo León por 287,356.7 millones de pesos. La muestra examinada fue de 251,033.6 millones de pesos, que representaron el 87.4% de los recursos transferidos.

El Gobierno del Estado de Nuevo León reintegró recursos no comprometidos de manera extemporánea a la Tesorería de la Federación y no suscribió el convenio de coordinación para

la asignación de recursos del componente de educación para adultos mediante el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 251,033.6 millones de pesos, que representó el 87.4% de los 287,356.7 millones de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León, mediante el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.

Al 31 de diciembre de 2021, el Gobierno del Estado de Nuevo León comprometió 285,531.8 millones de pesos y pagó 281,679.0 millones de pesos y, al 31 de marzo de 2022, ejerció el total de recursos comprometidos, que representaron el 99.4% de los recursos transferidos, por lo que se determinaron recursos no comprometidos por 1,824.9 millones de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Por lo que se refiere a los rendimientos financieros por 182.7 millones de pesos, también fueron reintegrados a la TESOFE

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León infringió la normativa, principalmente la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de Coordinación Fiscal. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. El Gobierno del Estado de Nuevo León, en específico el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nuevo León, dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que

podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.

En la Auditoría De Cumplimiento: 2021-A-1900019-1273-2022,al Gobierno del Estado de Nuevo León se le asignaron 724,201.7 millones de pesos, correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del ejercicio fiscal 2021, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 181,050.4 millones de pesos, que representaron el 25.0% de la asignación, al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples y 543,151.3 millones de pesos, que equivalen al 75.0%, fueron ministrados directa-

mente a la entidad fiscalizada.

*De acuerdo en la revisión de la Cuenta Pública 2021, realizada por la Auditoría Superior de la Federación, en el gobierno de Samuel García en Nuevo León

Asimismo, la entidad recibió 51,170.8 millones de pesos, por concepto de remanentes procedentes del mismo convenio. Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno del Estado de Nuevo León fue de 594,322.1 millones de pesos, que incluyó los recursos ministrados directamente por la Federación y los remanentes procedentes del convenio, durante el ejercicio fiscal 2021. La muestra examinada fue de 515,211.7 millones de pesos, que representaron el 86.7% de los recursos transferidos

No aplicó la totalidad de los recursos remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples, los 12 contratos a cargo del Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León no cumplieron con la descripción pormenorizada de las obras y no proporcionó evidencia del avance en el cumplimiento

de los compromisos pactados con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 515,211.7 millones de pesos, que representó el 86.7% de los 594,322.1 millones de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y de los remanentes del FAM; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.

Al 31 de diciembre de 2021, el Gobierno del Estado de Nuevo León comprometió los 543,151.3 millones de pesos y pagó 492,422.5 millones de pesos y, al 31 de marzo de 2022, ejerció 540,152.9 millones de pesos, que representaron el 99.4% de los recursos transferidos, por lo que se determinaron recursos no ejercidos por 2,998.4 millones de pesos, los cuales se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 2,106.0 millones de pesos, se verificó que 780.3 millones de pesos se aplicaron en los objetivos del fondo y 1,325.7 millones de pesos se reintegraron a la TESOFE.

Respecto de los recursos remanentes del FAM se erogaron 58,791.7 millones de pesos, por lo que quedó un monto disponible de 86,046.9 millones de pesos, los cuales incluyeron 38,718.7 millones de pesos de ejercicios fiscales anteriores y 47,328.2 millones de pesos de los recursos transferidos en el ejercicio fiscal 2021. En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León infringió la normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y de otras disposiciones de carácter específico. Las ob-

servaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.

En la auditoría 2021A-19000-21-1277-2022 los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2021 por concepto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal al Gobierno del Estado de Nuevo León fueron por 269,947.8 millones de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 183,254.1 millones de pesos, que representó el 67.9%.

Se determinaron las observaciones correspondientes a la falta de registro patrimonial de las adquisiciones con recursos del fondo, relativas a 2,141 chalecos balísticos, y a 166 vehículos para patrullaje; por los recursos del fondo y sus rendimientos financieros generados no comprometidos al 31 de diciembre de 2021, así como por los recursos no pagados al 31 de marzo de 2022, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación y debieron aplicarse a los objetivos del fondo; por la falta del dictamen fundado, motivado y soportado que acredite el supuesto de excepción a la licitación pública nacional de un contrato financiado con los recursos del fondo, celebrado mediante el proceso de adjudicación directa; y por la falta de operación de 88 vehículos adquiridos con recursos del fondo. Cabe mencionar que dichas acciones fueron promovidas en el transcurso de la auditoría.

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 183,254.1 millones de pesos, que representó el 67.9% de los 269,947.8 millones de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León, mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.

Al 31 de diciembre de 2021, la entidad federativa no había devengado el 75.3% de los recursos transferidos y, al 31 de marzo de 2022, no devengó ni pagó el 8.1%. En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León infringió la normativa, principalmente en materia de registro e información financiera de las operaciones, destino de los recursos y adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.

Samuel Alejandro García Sepúlveda.

GASTÓ 103,620.3 MDP EN VEHÍCULOS

Redacción/ La Opinión de México

Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que dirige Omar Hamid García Harfuch gastó 103,620.3 millones de pesos en la partida 5411 “Vehículos y Equipo Terrestre para la Ejecución de Programas de Seguridad Pública y Atención de Desastres Naturales”, señala la Auditoría ASCM/21/19 realizada por el órgano fiscalizador del Congreso de la Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ocupó el primer lugar respecto del presupuesto ejercido en 2019 por las 21 dependencias de la Ciudad de México (81,324,221.3 millones de pesos), con un monto de 18,285,125.4 millones de pesos, de acuerdo con lo reportado en la Cuenta Pública de la Ciudad de México del mismo año.

Ese importe representó el 22.5% del total erogado por las dependencias y fue superior en 4.5% (787,737.8 millones de pesos) al presupuesto asignado originalmente (17,497,387.6 millones de pesos) e inferior en 5.4% (1,050,341.7 millones de pesos) al ejercido en 2018 (19,335,467.1 millones de pesos). Asimismo, reportó economías por 51,576.2 millones de pesos en 2019.

En el capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”, la SSC ejerció 260,306.3 millones de pesos, cantidad que representó el 1.4% del total erogado (18,285,125.4 millones de pesos) y fue superior en 160.3% (160,306.3 millones de pesos) al presupuesto aprobado (100,000.0 millones de pesos), pero inferior en 77.3% (884,377.1 millones de pesos) al ejercido en 2018 (1,144,683.4 millones de pesos).

El rubro en revisión no presentó economías en el ejercicio en revisión. En dicho capítulo, destacó la partida 5411 “Vehículos y Equipo Terrestre para la Ejecución de Programas de Seguridad Pública y Atención de Desastres Naturales”, con 103,620.3 millones de pesos, que representó el 39.8% del total erogado en el capítulo (260,306.3 millones de pesos).

Esta auditoría se propuso de conformidad con los siguientes criterios generales de selección, contenidos en el Manual de Selección de

Auditorías de esta entidad de fiscalización superior: “Importancia Relativa”. Se consideró el capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” porque el presupuesto ejercido en 2019 (260,306.3 millones de pesos) significó un incremento de 160.3% (160,306.3 millones de pesos) con relación al presupuesto aprobado (100,000.0 millones de pesos) y un decremento de 77.3% (884,377.1 millones de pesos) respecto al ejercido en 2018 (1,144,683.4 millones de pesos). “Exposición al Riesgo”.

Se eligió el capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” toda vez que, por su naturaleza y características, puede estar expuesto a riesgo de errores, mal uso, ineficiencias e incumplimiento de metas y objetivos, así como para dar seguimiento a las deficiencias detectadas en la revisión de ejercicios anteriores. “Presencia y Cobertura”. Se eligió el capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” a fin de asegurar que eventualmente se revisen todos los sujetos de fiscalización y conceptos susceptibles de ser auditados, por estar incluidos en la Cuenta Pública de la Ciudad de México.

Gasto Pagado Se verificó que las obligaciones a cargo del sujeto fiscalizado se hayan extinguido mediante el pago, y que éste se haya acreditado y realizado en cumplimiento de la normatividad aplicable y de los instrumentos jurídicos que dieron origen a la obligación.

El gasto de la SSC con cargo al capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” ascendió a 260,306.3 millones de pesos erogados mediante 68 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), de los cuales 19,804.5 millones de pesos se pagaron con recursos fiscales y 240,501.8 millones de pesos con recursos de origen federal. Derivado de los trabajos que se llevaron a cabo en la fase de planeación de la auditoría y del estudio y evaluación del diseño del control interno, se determinó revisar un monto de 46,623.5 millones de pesos por medio de 2 CLC expedidas con cargo a 1 de las 13 partidas de gasto que integraron el presupuesto ejercido en el rubro sujeto a revisión, así como su documentación justificativa y comprobatoria, que representa el 17.9% del total ejercido en el rubro examinado. Para

*De acuerdo con información, fue para la ejecución de Programas de Seguridad Pública y Atención de Desastres Naturales”, según la Auditoría ASCM/21/19 realizada por el órgano fiscalizador del Congreso de la Ciudad de México

De la partida 5411 “Vehículos y Equipo Terrestre para la Ejecución de Programas de Seguridad Pública y Atención de Desastres Naturales” se seleccionó el contrato más representativo en cuanto a presupuesto ejercido. Derivado de los trabajos que se llevaron a cabo en la fase de planeación de la auditoría, se determinó revisar un monto de 46,623.5 millones de pesos, como se detalla a continuación:

5411 “Vehículos y Equipo Terrestre para la Ejecución de Programas de Seguridad Pública y Atención de Desastres Naturales” Presupuesto ejercido 46,623.5 millones de pesos.

Respecto al origen de los recursos, el universo del presupuesto ejercido (260,306.3 millones de pesos) y la muestra sujeta a revisión (46,623.5 millones de pesos), correspondieron a los recursos y fondos o programas siguientes:

Fortalecimiento de Seguridad (FORTASEG) 40,317.9 millones de pesos. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 6,305.6 millones de pesos.

SSC/215/2019 Fercom de Puebla, S.A. de C.V. Adquisición de motocicletas tipo patrulla. 46,623.5 millones de pesos.

determinar la muestra sujeta a revisión, se consideraron los criterios siguientes:

Se integraron las cifras tconsignadas en la Cuenta Pública de la Ciudad de México de 2019 y en la base de datos de las CLC que la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) proporcionó a esta entidad de fiscalización, correspondientes a la SSC. 2. Se integró el presupuesto ejercido por partida de gasto en el capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” y se seleccionó la partida de gasto más representativa.

Se eligió la partida 5411 “Vehículos y Equipo Terres-

Intangibles”; y los contratos de adquisiciones celebrados por la SSC con cargo a dicha partida.

5411 “Vehículos y Equipo Terrestre para la Ejecución de Programas de Seguridad Pública y Atención de Desastres Naturales” Presupuesto ejercido 46,623.5 millones de pesos.

Respecto al origen de los recursos, el universo del presupuesto ejercido (260,306.3 millones de pesos) y la muestra sujeta a revisión (46,623.5 millones de pesos), correspondieron a los recursos y fondos o programas siguientes:

Fortalecimiento de Seguridad (FORTASEG) 40,317.9 millones de pesos.

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 6,305.6 millones de pesos.

SSC/215/2019 Fercom de Puebla, S.A. de C.V. Adquisición de motocicletas tipo patrulla. 46,623.5 millones de pesos.

El muestreo de auditoría permite al auditor obtener y evaluar la evidencia de auditoría de una determinada característica de los elementos seleccionados con la finalidad de alcanzar, o contribuir a alcanzar, una conclusión respecto a la población de lo que se ha extraído la muestra; y puede aplicarse utilizando enfoques de muestreo estadístico o no estadístico.

les, Abastecimiento y Servicios, adscritas a la Oficialía Mayor de la SSC, por ser las unidades administrativas encargadas de la aprobación, modificación, compromiso, devengo, ejercicio y pago de las operaciones relacionadas con el capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”, según las atribuciones y funciones previstas en los manuales administrativos de la dependencia, vigentes en 2019.

tre para la Ejecución de Programas de Seguridad Pública y Atención de Desastres Naturales” con un monto ejercido de 103,620.3 millones de pesos, que representa el 39.8% del total erogado en el capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” (260,306.3 millones de pesos).

Se integraron las CLC emitidas con cargo a la partida 5411 “Vehículos y Equipo Terrestre para la Ejecución de Programas de Seguridad Pública y Atención de Desastres Naturales”, en la que se ejercieron recursos con cargo al capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e

Tanto la muestra del universo por auditar de la partida 5411 “Vehículos y Equipo Terrestre para la Ejecución de Programas de Seguridad Pública y Atención de Desastres Naturales”, como la selección del contrato para la aplicación de pruebas de auditoría, se determinaron mediante un método de muestreo no estadístico, con fundamento en la Norma Internacional de Auditoría (NIA) 530, “Muestreo de Auditoría”, emitida por la Federación Internacional de Contadores (IFAC), la Norma Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) 1530, “Muestreo de Auditoría”, emitida por el Comité de Normas Profesionales de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), y en el Manual del Proceso General de Fiscalización de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM).

Los trabajos de auditoría se efectuaron en las Direcciones Generales de Finanzas y en la de Recursos Materia-

A fin de evaluar el diseño y la efectividad del control interno implementado por la SSC y contar con una base para determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de las pruebas de auditoría, en cuanto al diseño, se analizaron las atribuciones de la dependencia, el marco normativo y su manual administrativo, vigentes en 2019; se aplicó un cuestionario de control interno, en particular, a servidores públicos de la SSC responsables de la aprobación, modificación, compromiso, devengo y ejercicio del presupuesto, así como del pago de las operaciones con cargo al capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”, en relación con los cinco componentes del control interno (Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control Interno, Información y Comunicación; y Supervisión y Mejora Continua); se requisito la cédula de evaluación del ambiente de control con base en las respuestas obtenidas; y se elaboraron tres matrices: una de riesgos, para identificar los riesgos a que están sujetas las operaciones del rubro en revisión; otra de control, para analizar la probabilidad de ocurrencia y el impacto de cada riesgo; y una de unidades administrativas, para determinar la participación conforme a las funciones y atribuciones de cada una de las áreas de la dependencia relacionadas con las operaciones del rubro en revisión.

En cuanto a la efectividad del control interno, durante la etapa de ejecución de la auditoría, se aplicaron pruebas de controles y procedimientos sustantivos, que incluyeron pruebas de detalle y procedimientos analíticos sustantivos, para determinar la idoneidad, eficacia y eficiencia en la aplicación del control interno en las unidades administrativas, así como en los procesos, funciones y actividades de la dependencia.

Leer reportaje completo en laopiniondemexico.mx

Omar García Harfuch.

ESPECIAL: CORRUPCIÓN

NO JUSTIFICÓ EL GASTO DE 6.65 MDP

Redacción / La Opinión de México Ciudad de México.- De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2019, en la Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-04100-190008-2020 8-GB, aplicada a la Secretaría de Gobernación de Adán Augusto López se determinaron 6,657,544.00 pesos pendientes por aclarar en Contratación de Servicios.

Los manuales de Organización Específicos y de Procedimientos de las direcciones generales de Programación y Presupuesto; de Recursos Materiales y Servicios Generales; de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; de Radio, Televisión y Cinematografía; del Registro Nacional de Población e Identificación Personal; y de Medios Impresos, no se encuentran actualizados. No se contó con la Matriz de Indicadores de Resultados de los programas presupuestarios revisados, ni con procedimientos de planeación estratégica relativos a las funciones que desarrolla por la contratación de servicios.

No se realizó el reintegro de 57,633.8 millones de pesos que quedó como presupuesto disponible, al Ramo General 23 por el cierre de fechas del Sistema “Módulo de Adecuaciones Presupuestarias” (MAP). Las contrataciones formalizadas en los meses de septiembre, octubre y noviembre derivadas de procedimientos de adjudicación de directa se informaron al Órgano Interno de Control con 69, 40 y 8 días naturales posteriores a la fecha establecida en la normativa. De los recursos ejercidos en las partidas seleccionadas para su revisión se detectaron las inconsistencias siguientes:

31602 “Servicios de telecomunicaciones” • No se proporcionaron los reportes e informes que soportan lo señalado en las actas de entrega recepción de los servicios de un contrato.

31901 “Servicios integrales de telecomunicación” • Deficiencias en el procedimiento de adjudicación de un contrato, ya que la investigación de mercado careció de elementos que acreditaran la aceptabilidad del precio y los precios máximos de referencia; y los criterios en los que se

fundamentó la adjudicación directa no se apegaron a los elementos establecidos en la normativa.

32701 “Patentes, derechos de autor, regalías y otros” • En un contrato plurianual no se determinó el presupuesto total así como el relativo a los ejercicios 2019 y 2020, y en la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes no se consideraron los costos que se encontrarían vigentes.

33801 “Servicios de Vigilancia” • No se proporcionaron los entregables que acrediten la prestación de los servicios establecidos en dos contratos por 886.5 y 5,771.1 millones de pesos.

34501 “Seguro de Bienes Patrimoniales” • No se contó con el Programa Anual de Aseguramiento Integral del ejercicio 2019, ni se remitió en tiempo y forma los reportes de los siniestros ocurridos durante el ejercicio 2019 mediante el Sistema Integral de Administración de Riesgos.

35801 “Servicios de lavandería, limpieza e higiene” • Los representantes legales de cuatro empresas que de conformidad con la documentación proporcionada por la SEGOB participaron en el procedimiento de adjudicación de un contrato, informaron que no recibieron solicitud de cotización y por consecuencia no presentaron cotización para la prestación del servicio. Asimismo, al comparar las firmas de las representantes legales plasmadas en los oficios de solicitud y envió de cotización de tres de las citadas empresas, con las identificaciones oficiales proporcionadas, se comprobó que son inconsisten-

Adán Augusto López.

*De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2019, en la Auditoría de cumplimiento: 2019-0-0410019-0008-2020 8-GB, aplicada a la Secretaría de Gobernación de Adán Augusto López

Se seleccionaron, para su revisión, 11 partidas presupuestales del Capítulo 3000 “Servicios Generales” de la Secretaría de Gobernación, de las que se revisó una muestra de 953,330.6 millones de pesos, que representó el 44.2% del presupuesto total ejercido en dichas partidas de gasto por 2,157,696.6 millones de pesos, como se muestra a continuación:

31602 Servicios de telecomunicaciones 34,481.4 34,481.4 millones de pesos.

31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 114,485.1 57,580.1 millones de pesos.

31901 Servicios integrales de telecomunicación

113,939.6 88,414.4 millones de pesos.

31904 Servicios integrales de infraestructura de cómputo 438,898.0 240,901.5 millones de pesos.

32201 Arrendamiento de edificios y locales

133,860.4 124,643.2 millones de pesos.

32701 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 15,461.9 15,461.9 millones de pesos.

33602 Otros servicios comerciales 41,614.4 16,226.1 millones de pesos.

33801 Servicios de vigilancia 86,566.2 33,818.3 millones de pesos.

34501 Seguros de bienes patrimoniales 65,909.6 42,684.6 millones de pesos.

35801 Servicios de lavandería, limpieza e higiene 39,903.7 39,783.7 millones de pesos.

36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 1,072,576.3 millones de pesos.

tes. 36101 “Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales” • No se realizaron los informes semestrales sobre los gastos relativos a Campañas de Comunicación Social. • Se realizó una consulta en el Sistema de Compras Gubernamentales para realizar una campaña de Comunicación Social; sin embargo, ésta se realizó considerando parámetros de búsqueda muy particulares, lo que imposibilitó identificar prestadores de servicios que pudieron ser susceptibles de cotizar. • De 42 pedidos suscritos para la realización de dos campañas no se proporcionó evidencia documental de haber solicitado cotizaciones a diversos proveedores para asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes

• De 5 empresas adjudicadas no se contó con la opinión positiva del cumplimiento de sus obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos y de 2 empresas no se contó con la opinión positiva del cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social.

El presente dictamen se emite el 14 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable.

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado a la Secretaría de

Gobernación para la contratación de servicios, a efecto de verificar que se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas y, específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Gobernación cumplió con las disposiciones, legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:

Se detectaron debilidades en la adjudicación, contratación, operación, comprobación y supervisión de la aplicación de los recursos ejercidos en las partidas seleccionadas del Capítulo 3000 “Servicios Generales”, toda vez que no se realizó el reintegro de los recursos no ejercidos a nivel central por 57,633.8 millones de pesos, ya que no se consideraron las fechas de cierre del ejercicio presupuestario 2019, emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que no se reportaron en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; no se realizó una adecuada ejecución y supervisión de un procedimiento de contratación de los servicios integrales de telecomunicación, toda vez que existieron diversas omisiones identificadas en la investigación de mercado, en el estudio de factibilidad, así como en la elaboración, revisión y suscripción del contrato, por lo que no es posible asegurar que las contrataciones realizadas cumplieron en términos de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad; tampoco, en la contratación del servicio de alimentación para empleados, se aseguraron de contar con la totalidad de la información que debían haber presentado las empresas participantes en dicho proceso. Adicionalmente, de 2 contratos para la prestación del servicio de vigilancia, se realizaron pagos improcedentes por 6,657.5 millones de pesos, toda vez que se identificaron pagos en exceso, inasistencias de elementos, falta de fatigas y fatigas que carecen de la firma de visto bueno del responsable por parte de la dependencia.

Se seleccionaron, para su revisión, 11 partidas presupuestales del Capítulo 3000 “Servicios Generales” de la Secretaría de Gobernación, de las que se revisó una muestra de 953,330.6 millones de pesos

SIN ACLARAR MIL 517 MDP DE LA CUENTA PÚBLICA 2019

Redacción / La Opinión de México

Ciudad de México.- De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2019, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene pendiente por aclarar mil 517,786.60 millones de pesos.

Así lo determinó la Auditoría De Cumplimiento: 20190-05100-19-0014-2020/14GB aplicada a la Gestión Financiera en donde se señala que la Causa Raíz Probable de la Irregularidad fue la falta de supervisión en la documentación que acredite el ejercicio del recurso federal.

Contratos números SREDRM-AD-57-2/16 y SREDRM-AD-15-19 “Servicio para el desarrollo, actualización, mantenimiento y soporte de aplicaciones para la Dirección General de Tecnologías de Información e Innovación y Representaciones de México en el Exterior”.

Se analizó la información del contrato número SREDRM-AD-57-2/16 celebrado con INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTEC), mediante el procedimiento de adjudicación directa, de conformidad con los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4o de su Reglamento, con vigencia del 7 de noviembre de 2016 al 6 de noviembre de 2018, por un monto mínimo de 28,342.7 millones de pesos y máximo de 70,856.2 millones de pesos, para la prestación del servicio de desarrollo, actualización y mantenimiento de aplicaciones; el 31 de julio de 2018 se suscribió el segundo convenio modificatorio mediante el cual se incrementó el monto máximo a 85,027.4 millones de pesos y se amplió el plazo hasta el 31 de marzo de 2019; durante el ejercicio 2019 se efectuaron pagos por 6,855.6 millones de pesos.

Adicionalmente, se analizó el contrato número SREDRM-AD-15-19 celebrado con INFOTEC mediante el procedimiento de adjudicación directa, de conformidad con los mismos artículos del contrato anterior para la continuidad del servicio, con vigencia del 1 de abril al 31 de diciembre de 2019, por un monto mínimo de 30,000.0 millones de pesos y máximo de 75,000.0 millones de pesos; el 4 de diciembre de 2019 se suscribió el segundo convenio modificatorio mediante el cual se amplió la vigencia hasta el 31 de marzo de 2020; durante el ejercicio 2019 se efectuaron pagos por 53,571.8 millones de pesos, y se determinó lo siguiente.

Alcance del servicio

La SRE brinda atención telefónica y tecnológica a 25

sedes delegacionales en México en las cuales se realiza la expedición de pasaportes; además, atiende a más de 200 oficinas fuera del territorio nacional para la operación de 52 trámites de política exterior, por lo cual requirió la contratación de los servicios proporcionados por INFOTEC para la consolidación del soporte técnico, administrativo, mantenimiento y desarrollo de sistemas informáticos, desde el levantamiento de los requerimientos, análisis, diseño, desarrollo, implementación y estabilización de los sistemas de información de las distintas unidades administrativas y representaciones de la SRE, tanto en territorio nacional como en el extranjero; la prestación de los servicios se encuentra integrada por el aprovisionamiento de recursos humanos de soporte técnico especializado, administrativo y de desarrollo denominado Equipo de Trabajo Base, así como por el desarrollo de aplicaciones bajo demanda.

Con la revisión del contrato número SRE-DRMAD-06/18, su convenio modificatorio, y de una muestra revisada correspondiente a las listas de asistencia de los servicios otorgados en 25 inmuebles del mes de noviembre del 2018 por un monto de 1,116.7 millones de pesos, se observó que de las 30 listas de asistencia, 25 de éstas carecen de nombre y firma del prestador de servicios, así como de los servidores públicos responsables y del Administrador del Contrato, y de estas últimas, 12 listas tampoco cuentan con el sello de las delegaciones foráneas donde se prestaron los servicios, en incumplimiento a los artículos 1, párrafo segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y numeral 6.1 Consignas

*De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2019, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene pendiente por aclarar mil 517,786.60 millones de pesos

*Gestión Financiera señaló que la Causa Raíz Probable de la Irregularidad fue la falta de supervisión en la documentación que acredite el ejercicio del recurso federal

específicas, del Anexo Técnico del contrato núm. SRE/ DRM-AD-06/18.

Con la revisión de la documentación que acreditó los pagos efectuados, se determinó que en los contratos números SRE-DRM-AD-06/18 y su convenio modificatorio y al segundo y tercero convenios modificatorios al contrato núm. SRE-DRM-AD-05/18, se presentaron 24 actas de entrega recepción que acreditan la validación de los servicios firmadas por los administradores del contrato de las unidades responsables y el prestador del servicio; no obstante, carecen de los sellos de las unidades responsables, lo cual estaba establecido en dichos contratos.

En el procedimiento de licitación del contrato núm. SRE-DRM-LP-06/19 se permitió que se presentara la propuesta de 5 empresas en participación conjunta, en la que se determinó que la empresa We Keep on Moving, S.A. de C.V. sería la representante ante la dependencia, y se obligan y comprometen a cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria, para lo cual, para cumplir con la propuesta, debieron presentar la documentación legal, administrativa y complementaria, de cuyo análisis se determinaron las inconsistencias siguientes:

a) Respecto de las obligaciones del participante “B”, la empresa Aurus Nivel Total, S. de R.L. de C.V. no se presentó evidencia de lo siguiente: el currículum del personal para la administración de los servicios especializados, acreditando una experiencia de 3 años o más y de acuerdo con los perfiles requeridos; el título y la cédula de las personas encargadas de la administración de los servicios; la acreditación del personal encargado de administrar el contrato, como son los enlaces y/o los sustitutos, quienes debieron contar

con cursos de capacitación en materia de seguridad social, fiscal, laboral y administración del personal impartidos en el periodo 2017- 2019; y la acreditación de al menos dos personas con certificación ITIL FOUNDATION (Metodología de gestión mediante prácticas estandarizadas para mejorar la prestación de un servicio).

b) Respecto de las obligaciones del participante “C”, la empresa Imago Centro de Inteligencia de Negocios, S.A. de C.V. no se proporcionó lo siguiente: el informe mediante el cual se informó a la SRE la marca y modelo de los equipos para la prestación del servicio; la acreditación de la capacidad económica mediante los Estados Financieros Dictaminados; la acreditación del sistema informático en la cual se debió presentar la licencia y el manual de usuario; la acreditación de la experiencia prestando servicios similares mediante copia de 1 hasta 5 contratos celebrados con institución pública o empresa privada; y la acreditación del mayor número de contratos cumplidos con su respectiva liberación o cancelación de garantías, o bien, con la carta de satisfacción del contratante.

c) Respecto de las obligaciones del participante “D”, la empresa Gurges Implementación de Negocios, S.A. de C.V. no se proporcionó lo siguiente: el currículum del personal para la administración de los servicios especializados, acreditando una experiencia de 3 años o más y de acuerdo con los perfiles requeridos; el título y la cédula de las personas encargadas de la administración de los servicios; la acreditación del personal encargado de administrar el contrato, como son los enlaces y/o los sustitutos, quienes debieron contar con cursos de capacitación en materia de seguridad social, fiscal, laboral y administración del personal impartidos en el periodo 2017-2019; la acreditación del personal con discapacidad en una proporción de al menos 5% del total de la plantilla de empleados; la producción de bienes con innovación tecnológica relacionados con el objeto del servicio demostrándolo con la constancia emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; y la certificación en igualdad laboral y no discriminación, acreditándola mediante copia del certificado vigente en cumplimiento a la norma NMX-R-025-SCFI-2015 emitida por la Secretaría de Economía.

Se seleccionaron, para su revisión, 14 partidas presupuestales de las que se revisó una muestra de 7,539,304.6 millones de pesos que representó el 91.6% del presupuesto total ejercido en dichas partidas por 8,230,979.6 millones de pesos.

Marcelo Luis Ebrard Casaubón.

Los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal el Ejercicio 2019, en el Tomo III, apartado Información Presupuestaria en el “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto” correspondiente al Ramo 05 Relaciones Exteriores, capítulos 1000, “Servicios Personales”, 3000 “Servicios Generales”, 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas” y 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”.

La SRE, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó oficio de fecha 1 de diciembre de 2020 mediante el cual, el Director General del Servicio Exterior y de Recursos Humanos remitió a la SFP, nuevamente, la propuesta del Reglamento Interior de la SRE con el fin de que se armonice con las nuevas disposiciones legales para obtener el dictamen organizacional de la SFP; lo anterior derivó de la reducción de una subsecretaría de la estructura orgánica, por lo que una vez que se cuente con el dictamen, se procederá a la publicación en el DOF del citado Reglamento, y posteriormente, a la actualización y registro de la estructura orgánica, del Manual de Organización General, y los manuales de Organización Específicos y de Procedimientos; por lo anterior se atiende lo observado.

2. Se comprobó que el 14 de enero de 2019, la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) notificó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal su presupuesto original autorizado y su calendario de gasto 2019, por lo que, a su vez, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el 14 de enero de 2019, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) su calendario de presupuesto autorizado por unidad administrativa responsable por 8,532,283.9 millones de pesos.

Por su parte, la SRE reportó en el Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de 2019 en los capítulos 1000 “Servicios Personales”, 3000 “Servicios Generales”, 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” y 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” un presupuesto original por 7,918,828.5 millones de pesos, ampliaciones por 19,723,020.9 millones de pesos y reducciones por 15,932,400.6 millones de pesos, de lo que resultó un presupuesto modificado por 11,709,448.8 millones de pesos, economías por 0.3 millones de pesos y un presupuesto ejercido por 11,709,448.5 millones de pesos.

1000 Servicios personales. Presupuesto Ejercido.

4,327,865.4 millones de pesos

3000 Servicios Generales

5,374,798.3 millones de pesos

Adicionalmente, se analizó el contrato número SRE-DRM-AD-15-19 celebrado con INFOTEC mediante el procedimiento de adjudicación directa, de conformidad con los mismos artículos del contrato anterior para la continuidad del servicio, con vigencia del 1 de abril al 31 de diciembre de 2019

11301 Sueldos base Importe Revisado 340,255.8 millones de pesos

11401 Retribuciones por adscripción en el extranjero Importe Revisado 2,510,320.6 millones de pesos

12101 Honorarios Importe Revisado 8,752.3 millones de pesos

15402 Compensación garantizada Importe Revisado 359,198.1 millones de pesos

32201 Arrendamiento de edificios y locales Importe Revisado 15,146.4 millones de pesos

33104 Otras asesorías para la operación de programas Importe Revisado 125,335.4 millones de pesos

33301 Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas Importe Revisado 60,391.5 millones de pesos

33801 Servicios de vigilancia Importe Revisado

60,267.4 millones de pesos

33901 Subcontratación de servicios con terceros Importe Revisado 146,253.8 millones de pesos

33903 Servicios integrales Importe Revisado

661,759.1 millones de pesos

37701 Instalación del personal federal Importe Revisado 12,453.7 millones de pesos

39902 Gastos de las oficinas del Servicio Exterior Mexicano Importe Revisado 2,959,381.5 millones de pesos

44102 Gastos por servicios de traslado de personas Importe Revisado 197,023.8 millones de pesos

58903 Bienes inmuebles por arrendamiento financiero Importe Revisado 82,334.6 millones de pesos

de pesos

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

224,441.0 millones de pesos Asimismo, se comprobó que el presupuesto modificado se sustentó en adecuaciones presupuestarias que se tramitaron, registraron y autorizaron mediante el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) y en el Sistema para el Proceso Integral de Programación y Presupuesto (SPIPP), ambos de la SHCP; también, se comprobó que los montos de los rubros del presupuesto original, modificado, devengado y ejercido reportados a la SHCP para el cierre de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2019 coincidieron con los registrados por la SRE en el Estado del Ejercicio del presupuesto al 31 de diciembre de 2019.

Se seleccionaron, para su revisión, 14 partidas presupuestarias correspondientes a los capítulos 1000 “Servicios Personales”, 3000 “Servicios

Generales”, 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” y 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” que ejercieron un monto total por 8,230,979.6 millones de pesos, de las cuales se revisó un monto por 7,539,304.6 millones de pesos que representan el 91.6% del total ejercido en dichas partidas,

Sobre el particular, se constató que para el ejercicio 2019, la SRE emitió 3,754 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) por 8,311,394.7 millones de pesos con cargo al presupuesto en las partidas antes citadas, y reintegros efectuados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 80,415.1 millones de pesos, de lo que resultó en un presupuesto ejercido mediante CLC de 8,230,979.6 millones de pesos. Asimismo, se verificó que dichas CLC cumplieron con lo establecido en la normativa y fueron registradas en el Sistema Integral de Administración

54, párrafo tercero; de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Artículo 7, fracción I y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 85, párrafo segundo.

Financiera Federal (SIAFF), y en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), en tiempo y forma. Sin embargo, de los reintegros efectuados por 80,415.1 millones de pesos durante el ejercicio 2019, se observó que en 153 casos, por un monto de 10,736.0 millones de pesos, éstos se efectuaron entre 2 y 40 días naturales posteriores a los 15 días siguientes del cierre del ejercicio; además, no se proporcionó evidencia del entero a la TESOFE correspondientes a las cargas financieras determinadas por el reintegro extemporáneo, en incumplimiento a los artículos 1, párrafo segundo, y 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y 85, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Por otra parte, con la revisión de las pólizas contables emitidas por el Sistema de Contabilidad Gubernamental de los recursos con cargo a las partidas presupuestales seleccionadas para su revisión, se verificó que éstas se registraron en las cuentas correspondientes y conforme a la fecha de su realización, y que se ajustaron al plan de cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Promoción de Responsabilidad Administrativa 20199-05514-19-0014-08-001

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Relaciones Exteriores o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no verificaron que se efectuará el entero a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de las cargas financieras determinadas por el entero extemporáneo de 153 reintegros por 10,736.0 millones de pesos efectuados a la TESOFE después de los 15 días siguientes al cierre del ejercicio, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículos 1, párrafo segundo,

Respecto de los recursos ejercidos con cargo a las partidas presupuestales 11301 “Sueldos base”, 11401 “Retribuciones por adscripción en el extranjero”, 12101 “Honorarios” y 15402 “Compensación garantizada” por 3,218,526.8 millones de pesos, se conoció que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) efectuó pagos al personal que ocupó 3,402 plazas, las cuales se pagaron de acuerdo con los montos señalados en los tabuladores validados y autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Sobre el particular, se efectuó la conciliación de los importes señalados en las bases de datos correspondientes a la nómina aplicable al ejercicio 2019, en los rubros de las partidas revisadas, contra lo reportado como ejercido en el Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP), de cuyos resultados se determinaron diferencias.

Exterior Mexicano (SEM) con cargo a las partidas 11301 y 11401 (percepciones ordinarias sin prestaciones), se comprobó que 415 servidores públicos recibieron percepciones por un total de 832,728.1 millones de pesos, los cuales rebasaron la remuneración obtenida por el C. Presidente de la República, que en su conjunto, oscilan entre 13.6 y 2,825.6 millones de pesos.

Por otra parte, se llevó a cabo la revisión documental de una muestra seleccionada de 100 expedientes del personal adscrito a la Cancillería y al Servicio Exterior Mexicano (SEM) y de Carrera, así como de personal de Honorarios que recibieron pagos por 192,329.4 millones de pesos en el ejercicio 2019, integrados conforme a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental, emitido por la Coordinación de Archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores vigente en 2019, de lo cual se determinaron las inconsistencias siguientes:

a) En 37 casos, no se contó con la Clave Única de Registro de Población

b) En 9 casos, no se contó con el Registro Federal de Contribuyentes.

c) En 18 casos, no se contó con la credencial del INE.

d) En 12 casos, no se contó con la cartilla militar.

e) En 32 casos, no se contó con el Curriculum Vitae.

f) En 5 casos, no se contó con el comprobante de estudios.

g) En 31 casos, no se contó con la Cédula Profesional.

h) En 36 casos, no se proporcionó el comprobante de domicilio.

i) En 25 casos, no se contó con la carta de manifiesto de la no compatibilidad de empleo.

j) En 33 casos, no se contó con el acta de nacimiento de los dependientes económicos.

k) En 18 casos, no se contó con copia del pasaporte diplomático.

Como se aprecia en el cuadro anterior, se identificó que el importe reportado en las nóminas emitidas de las partidas presupuestales 11301, 12101 y 15402 es mayor por 218.7, 316.0 y 168,840.1 millones de pesos, respectivamente, al importe registrado como ejercido en el EEP, en incumplimiento a los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 10, último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Con el análisis de la base de datos de la nómina de sueldos y prestaciones del personal de carrera del SEM del ejercicio 2019, se verificó que las prestaciones de "Ayuda para el Pago de Educación", "Ayuda para el Pago del Alquiler de Vivienda" y "Compensación por Concepto de Encargaduría", se encuentran registrados en la partida 11401 denominada "Retribuciones por Adscripción en el Extranjero", de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto emitido por la SHCP el 26 de junio de 2018; no obstante, la SRE efectuó los pagos de dichas prestaciones de conformidad con la “Norma que Regula el Pago de Sueldos y Prestaciones al Personal de Carrera del Servicio Exterior Mexicano y al Asimilado a éste; Radicado en el Extranjero” del 1° de marzo del 2000, el cual no se encuentra vigente toda vez que refiere a prestaciones que se encuentran consideradas en la partida 3811 “Asignaciones por radicación en el extranjero”. Al respecto, la SER proporcionó las “Disposiciones Específicas que regulan las asignaciones y prestaciones del personal de carrera, temporal y asimilado del Servicio Exterior Mexicano", elaborado el 13 de enero de 2020, el cual establece las partidas actualizadas de conformidad con el clasificador referido; no obstante, no se encuentra autorizado por la SHCP.

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

1,782,343.8 millones

Respecto de las percepciones obtenidas por los servidores públicos con nivel de mando superior del Servicio

REPORTAJES INTERNACIONALES

COLOMBIA: LAS BOYANTES EMPRESAS DEL CRIMEN

Colombia.- En crimen organizado colombiano vive una nueva etapa de jauja, pero sin violencia ni acciones ostentosas, pues los capos han optado por volverse casi invisibles con el bajo perfil en el que se han enfundado para pasar desapercibidos ante las autoridades.

Colombia sigue exportando cocaína y drogas sintéticas al mundo, particularmente a Estados Unidos, el boyante mercado de consumo; pero las nuevas acciones ahora revelan que sus ganancias no se invierten ni se lavan en Colombia sino en Europa, Asía y en países considerados como paraísos fiscales, donde los grandes capitales sucios se mantienen protegidos.

Los nuevos capos ya no presumen lujosas residencias. Tampoco automóviles de lujo ni mujeres bellas ni despampanantes. El negocio de las drogas ahora se mueve en el sigilo: los cárteles ya no operan todas las variantes del negocio, pues la mayor parte de los servicios que requieren los subcontratan.

De esta manera, los cocineros hacen su parte y los que lavan los activos también; la compra de la hoja de coca la encargan a sus proveedores y el procesamiento está a cargo de otra área especializada; lo mismo ocurre con el transporte de las sustancias: disponen de amplias redes de personas de nacionalidad mexicana, principalmente, que mueven los cargamentos hacia México y, luego, a través de múltiples contactos, los introducen a Estados Unidos donde otras redes ligadas al negocio se encargan de su distribución entre los consumidores.

La droga –según fuentes consultadas tanto en México como en Colombia –la in-

troducen a Estados Unidos en tractocamiones de doble fondo; también vía marítima y aérea utilizando la aviación comercial. Otra forma de hacer llegar la droga a México es a través de submarinos, una modalidad que se puso de moda en Colombia a finales de los años noventa y que sigue siendo muy socorrida por el crimen organizado.

En Colombia todo ha cambiado dentro del crimen organizado. Los cárteles han dejado de ser violentos, los capos han cambiado sus rutinas y el comportamiento: ya no son estridentes ni fanfarrones, como sus antecesores: ahora operan con bajo perfil, lavan el dinero en el extranjero y subarrendan servicios para no ser vistos ni detectados.

La violencia de alto impacto que antaño cubrió de sangre el territorio ha quedado en el pasado: ahora evitan la violencia, pues saben que esas actividades afectan el negocio del tráfico de drogas. La cocaína sigue siendo una droga dominante en sus exportaciones, pero también han abierto boyantes mercados en el mundo de las drogas de diseño, como en fentanilo, el cual exportan a Estados Unidos y Europa, donde tiene amplia demanda.

*Los narcotraficantes colombianos, en otro tiempo ostentosos y violentos, se han modernizado en el país que por décadas ha exportado drogas a todo el mundo

*Los mafiosos actuales nada tienen que ver con los estridentes capos tradicionales que sembraron odio, terror y violencia en ese país sudamericano, como Pablo Escobar Gaviria –entonces jefe del cártel de Medellín –o los hermanos Rodríguez Orehuela, cabecillas del cártel de Cali

*Ahora las nuevas generaciones son más hábiles y menos ostentosas; evitan la violencia y su comportamiento se encubre en el bajo perfil, pues saben que la violencia no se lleva con el negocio de las drogas

*Las empresas del crimen ahora lavan sus activos en Europa, Asía y otros continentes, pues evitan sacar a relucir mansiones, carros de lujo y mujeres despampanantes, como ocurría en los años setenta y ochenta. Es el nuevo giro que ha dado el narcotráfico colombiano después de varias décadas de balaceras y muertes

Las autoridades colombianas llevan a cabo investigaciones, pero reconocen que les cuesta más trabajo detectar a los verdaderos capos de la droga, pues han cambiado sus roles: ya no son ostentosos ni se mueven en vehículos de lujo, por lo que muchos narcotraficantes han optado por

el llamado bajo perfil, a grado tal, que muchos son conocidos como “Los Invisibles”.

LA NUEVA GENERACIÓN DE CAPOS

Después de que Colombia se significó por ser un país al-

tamente exportador de drogas, dominado por el poder de dos cárteles emblemáticos –Medellín y Cali –el narcotráfico colombiano dio un giro drástico en los últimos años: ahora el tráfico de drogas en el país sudamericano es operado por pequeños grupos criminales cuyas actividades y ganancias pasan desapercibidas para las autoridades. Sin embargo, el negocio es tan boyante como en el pasado.

La destrucción de los cárteles de Medellín y Cali, que ocurrió tras la muerte de Pablo Escobar en 1993 y la captura y extradición a Estados Unidos de los hermanos Rodríguez Orehuela, en 1995, respectivamente, devino en el surgimiento de cientos de organizaciones criminales pequeñas cuyos cabecillas ya no son ostentosos: ahora se presentan como empresarios y ganaderos exitosos; tampoco generan violencia y una forma de mantenerse en el anonimato fue haberles pasado la estafeta de la distribución y el transporte de enervantes a los capos y cárteles mexicanos, quienes se encargan de colocar los cargamentos de drogas en los grandes mercados de consumo, como Estados Unidos y Europa, por citar sólo dos de los más importantes.

Según los informes de la Policía Nacional de Colombia y la Drug Enforcement Adminitration (DEA) estos nuevos grupos dedicados al narcotráfico son tan discretos que son llamados “Los Invisibles”, pues no hacen gala de la ostentación y sus ganancias, que han disminuido pero son constantes, se invierten en el extranjero para no ser detectados por las autoridades fiscales colombianas.

Estas fuentes registran en sus informes y carpetas de investigación que en Colombia operan tres grandes narcotraficantes que son identificados por sus alias. A ellos, les

atribuyen el movimiento más importante de enervantes desde Colombia que, en muchos casos, cruzan por Venezuela, desde donde se planean las rutas a seguir para las entregas vía aérea o marítima.

Actualmente los tres capos más importantes de Colombia son identificados por las autoridades locales y la DEA como “El Señor T”, “El Contador” y “La Araña”. A ellos se les atribuye la capacidad de mover hacia el extranjero la mitad de la droga que se produce en ese país y que se estima en unas 500 toneladas de cocaína al año.

Según el perfil de que disponen las autoridades, estos tres capos se han mantenido en el negocio debido a sus alianzas con cárteles extranjeros y bandas criminales locales; además, se mantienen en el anonimato y llevan una vida sin lujos.

“El Señor T” –establecen los informes –opera bajo una fachada de comerciante prestador de servicios; se abastece de la cocaína que se produce en demarcaciones como Catatumbo, Magdalena Medio, Cauca y Chocá, donde ha establecido pactos con miembros del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tiene presencia en esos territorios.

Las agencias de inteligencia colombianas y norteamericanas, que han estudiado sus movimientos, aseguran que mantiene alianzas con cárteles mexicanos, chilenos, españoles y holandeses. Incluso aseguran que existen registros de algunos encuentros sostenidos en Venezuela.

El llamado “Señor T” no es cabeza de un cártel, como ocurría en el pasado. Este personaje del crimen organizado conformó una outsourcing y creó varias empresas en el exterior para canalizar sus ganancias sin dejar rastros.

A pesar de que mantiene una vida austera, su capacidad para mover droga es tan elevada que esto lo puso al descubierto: ahora forma parte de la lista de los veinte criminales más buscados del mundo. Sin embargo, no ha podido ser detenido.

Algo similar le pasó a “El Contador”, otro de los narcotraficantes más importantes de Colombia, quien terminó convertido en el mayor traficante de la llamada Costa Pacífica noriñense, donde se alió al Frente Oliver Sinisterra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las Guerrillas Unidas del Pacífico, a quienes financió.

Ricardo Ravelo/Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo

los cocineros hacen su parte y los que lavan los activos también; la compra de la hoja de coca la encargan a sus proveedores y el procesamiento está a cargo de otra área especializada

Estos grupos se volvieron visibles para las autoridades por sus constantes acciones violentas contra la población, así como contra las Fuerzas Militares de Colombia y Ecuador.

Por ello, “El Contador” había visto peligrar el bajo perfil con el que se movía. Para evitar ser capturado creó un grupo de hombres armados –lo que bien podría ser llamado un brazo ejecutor, al estilo de Los Zetas en México cuando formaban parte del cártel del Golfo –a quienes armó con un arsenal facilitado por el cártel de Sinaloa, a fin de que combatiera a sus antiguos socios, quienes fueron abatidos.

“El Contador”, en otro tiempo, manejó las finanzas del “Frente 29” y la Columna Daniel Aldana de las FARC, de ahí le etiquetaron el apodo con el que hasta la fecha se le conoce.

No menos poderoso es “La Araña”, otro narcotraficante cuyo ascenso ha sido vertiginoso. Según sus antecedentes, empezó como intermediario entre la banda de Los Constru, que opera en el sur de Colombia, y las disidencias de Las FARC en Putumaya, pero traicionó al cabecilla de ésta última –conocido por el alias de “El Sinaloa” –para quedarse con su poderío y varios activos, entre otros, las rutas más importantes que en su momento abrió el guerrillero Raúl Reyes.

LOS NARCOS DISCRETOS

Cobijados por el anonimato, con ejércitos y grupos de sicarios menos ostentosos, pero efectivos, y con nuevo esquema interno, el narcotráfico colombiano sigue a la cabeza en la exportación de drogas hacia el mundo. En estricto sentido, nada ha cambiado: el negocio prevalece, pero actualmente los capos son más discretos y evitan, en la medida de lo posible, la violencia de alto impacto, como ocurría en los tiempos de Pablo Escobar.

Los nuevos narcotraficantes colombianos se exponen menos a los reflectores, evitan ser rastreados y monitoreados en sus ganancias. En gran medida, este bajo perfil también fue posible que lo alcanzaran debido a que le cedieron a los narcos mexicanos el negocio

La destrucción de los cárteles de Medellín y Cali, que ocurrió tras la muerte de Pablo Escobar (izquierda) en 1993 y la captura y extradición a Estados Unidos de los hermanos Rodríguez Orehuela (derecha), en 1995, respectivamente, devino en el surgimiento de cientos de organizaciones criminales pequeñas cuyos cabecillas ya no son ostentosos

del transporte de enervantes. Otros paradigmas también han cambiado en Colombia. El negocio monopolizado, por ejemplo; el deseo de volverse “íconos de la mafia” y la guerra contra el Estado, ya no existen. Además, cálculos estratégicos y cambios en el mercado de las drogas mueven hacia otros destinos las rentas del narcotráfico en Colombia.

No es todo: La violencia extrema se transformó –aunque no se ha terminado del todo –y ahora los capos, en su mayoría, han optado por una vida modesta y anteponen la fachada de ser empresarios exitosos o prósperos ganaderos. A esto se debe que la organización Insight Crime –una de las más importantes que ha estudiado el fenómeno del narcotráfico en América Latina –denomine a los nuevos narcos como “Los Invisibles”.

Estas nuevas células criminales –que a principios del 2022 eran denominados “Los Baby cárteles” – tienen otras dinámica. Antes, los viejos cárteles como Medellín y Cali tenían el control de toda la cadena productiva, desde la siembra hasta la distribución.

Cuando fue asesinado Pablo Escobar y apresados los hermanos Rodríguez Orehuela, el narcotráfico colombiano se fragmentó en forma gradual e irreversible. El negocio primero pasó a los grandes ejércitos ilegales que controlaban las diferentes regiones donde se cultiva la coca y luego el cártel del Norte del Valle operó el negocio, pero por breve tiempo.

De acuerdo con los informes oficiales, en estas organizaciones no había un líder absoluto y ciertas facciones terminaron enfrentándose entre sí por el control de las rutas y las propiedades del narcotráfico. Luego surgieron los llamados “Bacrim” –Bandas

estructural en las organizaciones criminales. Lo que es claro es que, si bien antes el negocio estaba manejado por cárteles que eran altamente jerárquicos y que monopolizaban todas las etapas de la producción y tráfico de la cadena de narcóticos –como fue

del Golfo, El ELN y las disidencias de las FARC –pero también los hay más pequeños y sofisticados que los cárteles que operaban en los años ochenta.

En general no hay grandes capos con un porcentaje de mercado tan grande como en su momento lo manejó Pablo Escobar, establecen los informes. Lo que sí hay –añaden –es un mayor número de organizaciones, pero con rentas menores.

El actual sistema del narco en Colombia reúne a organizaciones criminales de diferentes formas, por lo que es difícil para el gobierno generalizar cómo son los actualmente los narcotraficantes.

Según sus antecedentes, empezó como intermediario entre la banda de Los Constru, que opera en el sur de Colombia, y las disidencias de Las FARC en Putumaya, pero traicionó al cabecilla de ésta última –conocido por el alias de “El Sinaloa” (gráfica).

Criminales –conformadas, en su mayoría, por paramilitares que no se acogieron a la justicia y se mantuvieron delinquiendo en todo el país.

Además, la salida de las FARC del conflicto armado, lo que ocurrió con la firma del acuerdo de paz, permitió que se confirmaran los llamados “invisibles”, la nueva generación de capos que en Colombia nadie ve ni combate.

Actualmente, en Colombia no existe una sola forma

el caso de Pablo Escobar –actualmente hay un sistema conformado por muchos grupos de distintos tamaños y en diferentes puntos de la cadena.

Con base en informes de la Policía Nacional de Colombia, lo primero que cambió fue la estructura interna: ahora hay descentralización y la línea de mando es horizontal. Hay grandes grupos que controlan los territorios, donde están las siembras ilícitas –como los Urabeños, El clan

Los empresarios del narco ahora abandonaron la idea de volverse íconos de la mafia; ya no se movilizan en los mejores autos ni viven en mansiones; tampoco tienen zoológicos de animales exóticos ni visten con joyas de oro, por ello, se camuflan entre la sociedad y resulta mucho más difícil para las autoridades identificarlos.

Además, aprendieron a profesionalizarse. Las familias cercanas a los capos estudian y muchos han adquirido conocimientos que les permiten burlar el sistema financiero y las leyes para poder blanquear sus activos.

Incluso, disponen de mejores recursos tecnológicos, con los que pueden vigilar los cargamentos vía satélite. En la época de Pablo Escobar el narco libró una fuerte guerra contra el Estado. Los actuales narcos no quieren enfrentamientos, por ello, buscan no

ser vistos.

Así se manejaba, por ejemplo, el capo José Bayron Piedrahita Ceballos, “El Árabe”, quien se inició en el negocio cuidando los laboratorios del cártel de Cali. Después, fue la cabeza de una importante estructura de lavado de dinero, conformada por varias compañías en la región de Urabá, en el departamento de Antioquia.

Fue el principal generador de empleo en la zona, por lo que se camuflaba con la fachada de un próspero ganadero y exitoso empresario. Así pasó desapercibido durante años para el radar del Estado, hasta que un error lo puso bajo los reflectores de la justicia: actualmente purga una cadena perpetua en Estados Unidos.

La cadena del crimen es muy larga, pero los “invisibles” ya no lo manejan todo: ahora la clave es subcontratar servicios. Cada quien hace su parte y obtienen buenas ganancias. Así, todos ganan y se mantienen impunes e invisibles para el Estado.

En México, sin embargo, ocurre todo lo contrario: es tanta la impunidad de que gozan que los narcotraficantes se pasean libremente, matan, desaparecen, cobran piso, incendian mercados y bares de postín si los dueños se niegan a pagar cuota; controlan la piratería, la trata de personas, el tráfico humano, regentean burdeles, casas de citas y explotan la prostitución a gran escala con absoluta libertad. El gobierno de López Obrador, con sus omisiones, ha sido el protector número uno del crimen organizado, según legisladores republicanos de Estados Unidos. Aparentemente ya no hay pactos entre capos y el poder, pero sí impera la inacción frente al poder criminal, lo que resulta una práctica tan perniciosa como los viejos acuerdos entre los presidentes y los jefes del narcotráfico.

La política oficial de México, basada en “Abrazos y no balazos”, ha resultado un verdadero fracaso: a cinco años de que López Obrador ofreció la pacificación del país el territorio sigue controlado por el crimen; su poder es tan fuerte que la guerra entre bandas criminales cobra entre ochenta y cien muertes diarias. Y pese a la fuerte militarización, todo sigue igual.

ocurría

el

Algo similar le pasó a “El Contador”, otro de los narcotraficantes más importantes de Colombia, quien terminó convertido en el mayor traficante de la llamada Costa Pacífica noriñense, donde se alió al Frente Oliver Sinisterra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las Guerrillas Unidas del Pacífico, a quienes financió

El llamado “Señor T” no es cabeza de un cártel, como

en

pasado. Este personaje del crimen organizado conformó una outsourcing y creó varias empresas en el exterior para canalizar sus ganancias sin dejar rastros.

NARCOTRÁFICO RETRO

José Sánchez López/Corresponsalías Nacionales/ Grupo Sol Corporativo

Tamaulipas.- Con la ejecución de Enrique Homero Cárdenas Salinas, alias “Kike”; sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, que fuera líder máximo del Cártel del Golfo, saltó nuevamente a la luz pública el apellido de los Cárdenas, clan del narcotráfico que en un tiempo predominó en Tamaulipas, principalmente en Matamoros, que convirtieron en su bastión desde hace más de un cuarto de siglo.

"El Kike", hijo de Homero Cárdenas Guillén, “El Orejón” o “El Majadero” y sobrino de Osiel, “El Matamigos”; Antonio Ezequiel "Tony Tormenta" y de Mario Alberto, “Mario Pelón”; fue ejecutado la madrugada del pasado sábado 6, frente a su esposa y sus hijos, a las afueras de su domicilio, en la calle Valle de Lirios de la colonia San Miguel,

En el 2009, el padre del “Kike” fue el principal operador del transiego de cocaína hacia Texas y en el 2013 ocupó de manera temporal el liderazgo del Cártel del Golfo.

Las primeras investigaciones indican que Cárdenas Salinas trabajaba con su primo José Alfredo Cárdenas Martínez, “El Contador”, líder de la célula principal del Cártel del Golfo en esa frontera, quien apenas había sido liberado en el mes octubre de 2020.

Una de las hipótesis señala que El Kike Cárdenas fue emboscado por un comando de sicarios, mientras que otra, la más creible, apunta a que se trató de un asesino solitario que lo sorprendiò afuera de su domiclio y le disparó hasta en seis ocasiones; luego huyó en un vehículo Honda color negro.

Las pesquisas señalan que el crimen podría obedecer a diferencias y fracturas al interior de la misma organización, y que fue su primo carnal quien ordenara la ejecución.

De acuerdo a reportes de autoridades antidrogas, Cárdenas Martínez y Evaristo Cruz, El Vaquero, mantienen una permanente disputa por la plaza de Matamoros con el llamado Cártel del Golfo Nueva Era, dirigida por Mario Alberto Cárdenas, quien pese a estar recluido en el penal de alta seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, opera desde su interior mediante su lugarteniente Raúl García, “Escorpión Dos”.

En el caso de Mario Alberto Cárdenas Guillén, el violento líder del Cártel del Golfo, ante la peor pesadilla de los narcos, permanece en el penal de El Altiplano y recurre a toda clase de argucias legales para evitar que sea extraditado a los Estados Unidos.

La juez federal, Abigail Ocampo Álvarez, autorizó al gobierno de México proceder en la extradición del narco mexicano, acusado de delincuencia organizada, luego de que la juez Primero de Dis-

MATAMOROS, TERRITORIO EN EXTINCIÓN DEL CDG

trito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, rechazara amparar al también apodado “El M1”, quien alegó que la petición de entrega a EEUU fue admitida hace más de un año y medio.

A “Mario Pelón”, que fue recapturado en 2012 en Altamira, Tamaulipas, lo requiere la corte Federal del Distrito de Texas (EEUU) por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud y asociación delictuosa.

Para evitar sea llevado a la Unión American,argumenta su temor a contagiarse de COVID-19 ya que ese país es considerada el epicentro mundial de la pandemia. Dice que es mayor de 60 años y tiene obesidad e hipertensión, lo que lo convierte en población vulnerable.

El “M1”, “El Gordo” o Mario Pelón”, entre 1995 a 2007 estuvo preso en los penales de máxima seguridad de Matamoros (Tamaulipas) y Puente Grande (Jalisco), por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud y desde el interior del penal de Matamoros manejaba grandes cargamentos de cocaína y marihuana, por lo que fue necesario en 2003 enviarlo al penal de Puente Grande.

Cuatro años después, en 2007 salió libre y en 2010 asumió el liderazgo del Cártel del Golfo, luego de que su hermano, Ezequiel Cárdenas, apodado el “Tony Tormenta”, fuera abatido por las Fuerzas Especiales de la Marina, el 5 de noviembre de 2010.

En septiembre de 2012, Mario Cárdenas fue nuevamente detenido cuando entraba a un inmueble. Le fueron decomisados un arma larga, tres cargadores, 30 cartuchos, dos granadas, 129,000 pesos y cuatro sobre de cocaína.

En ese entonces el Cártel del Golfo, fundado por Osiel Cárdenas Guillén, detenido en

2003 y extraditado a Estados Unidos por el gobierno del presidente Felipe Calderón y su antiguo brazo armado de Los Zetas, se disputaban el control del noreste de México, particularmente las entidades de Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz.

No obstante, el Cártel del Golfo, desde la aprehensión de Osiel Cárdenas Guillén, el 14 de marzo de 2003, precisamente en la ciudad de Matamoros, dejó de ser la organización considerada en su momento como la más poderosa y sanguinaria y acualmen-

*Su líder máximo, Osiel Cárdenas Guillén, preso en los EU

*Sus hermanos Homero y Antonio abatidos en 2010 y 2014

*Mario “Pelón” Cárdenas Guillén, a punto de ser extraditado

*Y los Cárdenas se siguen exterminando entre ellos mismos

Pero no solamente se han dado rompimientos dentro de dicha organización, lo que ha propiciado traiciones y entrentamientos entre familiares, sino que ahora libran una permanente batalla con otros grupos, como el Cártel del Noreste, Los Zetas Vieja Escuela y Los Metros.

te es encabezada por diferentes miembros del clan Cárdenas, pero ninguno con el liderazgo de Osiel.

Pero…¿quién fue Osiel Cárdenas Guillén?

Osiel Cárdenas Guillén, fue el tercero de cinco hijos del matrimonio formado por Enrique Cárdenas, campesino de-

dicado a la siembra de sorgo, y Manuela Guillén, dedicada al hogar. Nació el 18 de mayo de 1967, en el rancho "El Caracol", en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Sus hermanos fueron Mario, Liliana, Homero y Antonio Ezequiel.

Rebelde, indisciplinado, a los 14 años se fue de su casa y por algún tiempo trató de sobrevivir solo, hasta que finalmente decidió irse a vivir a la casa de su hermana Liliana, donde tuvo que trabajar para ayudar a la familia, por lo que entró como ayudante de mecánico en un taller de las calles 14 y Morelos, en Matamoros, y después como obrero en una fábrica maquiladora.

En ese tiempo su grado máximo de estudios era la secundaria, que cursaba en una escuela nocturna ubicada en la Calle Cuarta y González, en Matamoros, al tiempo que alternaba sus estudios con un trabajo en el restaurante El Mexicano, primero como lavaplatos, luego mandadero después como mesero y más tarde como “sacamaloras”.

Es en ese sitio donde descubre la venta de droga y se enrola como narcomenudista, aunque se cambia el nombre por el de Alberto Salazar González.

Al darse cuenta del “negocio” y que ganaba mucho más que como sacaborrachos, su ambición crece y se mete de lleno al narcotráfico, ya no tan sólo como vendedor de droga al menudeo, sino como “pasador” y después como narco independiente, por su cuenta, formando parte de lo que entonces llamaban el “Cártel de a Kilo”.

Conforme va escalando los niveles del narcotráfico se vuelve más presuntuoso y como está a disgusto con su aspecto físico, porque mide un metro 65 centímetros, pero su cuerpo presenta ciertas partes amorfas, brazos más largos

de lo normal y calza del número nueve y medio, además de sufrir alopecia (calvicie prematura), decide cambiar de fisonomía.

Se hace un implante de pelo para evitar que la calvicie avance, se somete a una intervención para tener “barba partida” y verse atractivo, viste de manera elegante y exige a la gente que ya trabaja para él que le llamen “ingeniero”.

A los 19 años se casa con Celia Salinas Aguilar, empleada de una fábrica, con quien procrea tres hijos: Celia, Osiel y Grecia Cárdenas Salinas. Ya para entonces estaba metido de lleno en el negocio de las drogas.

En 1989, es detenido en Matamoros por los delitos de homicidio, abuso de confianza y daño a propiedad ajena. Pasa una noche en la cárcel y sale bajo fianza. Un año después, el 7 de marzo de 1990, regresa a prisión por los delitos de amenazas y lesiones, pero queda libre el mismo día al depositar una caución.

En 1992, a la edad de 25 años, es detenido en Brownsville, Texas al encontrársele dos kilos de cocaína, por lo que en 1993 es sentenciado a 63 meses de cárcel. El 2 de enero de 1994 regresa a México en un intercambio de reos entre las autoridades de México y las de Estados Unidos y es preliberado el 13 de abril de 1995.

En ese lapso, ya había entablado contacto con narcotraficantes colombianos y es cuando consolida su posición ya como un narcotraficante de cierto nivel y comienza a manejar grandes cargamentos de cocaína provenientes de Colombia.

Pero aún no daba el salto que lo convertiría en todo un capo y para ello, se vale de la amistad que ya había logrado con Ángel Salvador “El Chava” Gómez Herrera, que era uno de los hombres importantes del Cártel del Golfo, considerado el más antiguo de México.

La historia del Cártel del Golfo se inicia en 1950, cuando Juan Nepomuceno Guerra, tío de los hermanos Juan y Humberto García Ábrego, comienza a traficar con whisky por la zona norte de Tamaulipas y también a contrabandear. Por algún tiempo los sobrinos le piden que se dedique al narcotráfico, pero él no accede, hasta que decide retirarse y deja la organización en manos de Juan García Ábrego que se dedica de lleno al trasiego de droga.

Ya para entonces, además de los hermanos García Ábrego, formaban parte importante de la organización delictiva: Oscar Malherbe de León, Hugo “El Gordo” Baldomero Díaz y Salvador “El Chava” Gómez Herrera, quien en 1999 fue padrino de bautizo de una hija que Osiel Cárdenas procreó con Liliana Dávila González, una de sus tantas mujeres.

Con la ejecución de Enrique Homero Cárdenas Salinas, alias “Kike” (gráfica); sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, que fuera líder máximo del Cártel del Golfo, saltó nuevamente a la luz pública el apellido de los Cárdenas, clan del narcotráfico que en un tiempo predominó en Tamaulipas, principalmente en Matamoros, que convirtieron en su bastión desde hace más de un cuarto de siglo.

Osiel Cárdenas Guillén.

Al ser detenido Juan García Abrego, el 14 de enero de 1996, en una finca ubicada en el municipio de Juárez en Nuevo León, y posteriormente extraditado a Estados Unidos, queda como su sucesor su hermano Humberto, quien al carecer de liderazgo y don de mando, cede el máximo puesto a Oscar Malherbe de León.

Pero el cargo de jerarca le duraría solamente 13 meses, pues en febrero de 1997, Malherbe fue detenido en la Ciudad de México y recluido en el penal de máxima seguridad El Altiplano. Se dijo entonces que quien lo delató fue Osiel.

Quien asume la jefatura de la organización, sin que nadie se la otorgue, es Hugo Baldomero, por lo que se unen “El Chava” Gómez y Osiel, que ya había incorporado a sus hermanos Mario, Homero y Antonio Ezequiel en la organización, para evitar que “El Gordo” Baldomero les arrebatara el liderazgo.

Tras un atentado del que salió ileso, Hugo Baldomero prefirió desertar del cártel y comenzó a traficar solo, hasta que fue detenido en Tampico.

El control del grupo quedó entonces en manos de Salvador Gómez, quien designó como hombre de todas sus confianzas a su compadre Osiel.

Así, en unos cuantos años, Osiel llegó a convertirse en uno de los "capos" del narco-

tráfico más importantes del país.

Sin embargo, la buena suerte de Salvador y Osiel pareció acabárseles cuando el 5 de julio de 1998, ambos fueron detenidos en el rancho El Refugio, ubicado a 10 kilómetros de Matamoros, y trasladados a la Ciudad de México, en donde un juez federal obsequió a la entonces Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Salud, sendas órdenes de arraigo por 90 días.

Para cumplir con la medida cautelar, fueron llevados a la casa de seguridad de la Procuraduría General de la República, ubicada en las calles de Cráter en el Pedregal de San Ángel en el Distrito Federal.

En ese inmueble, que había asegurado la PGR a Héctor Luis “El Güero Palma, habían estado arraigados la esposa y la nuera de Daniel Arizmendi López, “El Mochaorejas”.

Sin embargo, su permanencia no duró ni una semana, pues los dos se fugaron de la casa de arraigo. Se habló de cientos de miles de dólares con los que sobornaron a los cuatro agentes que los custodiaban, el caso es que ellos escaparon y los federales fueron cesados, detenidos y consignados. La ambición de Osiel ya había crecido y no se conformaba con ser el segundo, quería el liderazgo de la organización a como diera lugar,

así que fraguó todo un plan para deshacerse de su amigo, compadre y jefe, “El Chava” Gómez.

El 21 de marzo de 1999, a la altura del kilómetro 8.9 de la carretera Reynosa-Camargo, resultó muerto el teniente Jaime Rajid Gutiérrez Arreola, habilitado como como comandante de la Policía Judicial Federal.

Los reportes que hicieron funcionarios de la PGR, comisionados en la delegación de Tamaulipas, fueron que el jefe policíaco había fallecido en un enfrentamiento y según una investigación que en conjunto realizaron la Secretaría de la Defensa Nacional y la PGR, la muerte de Gutiérrez Arreola fue “tras una discusión por cuestiones monetarias derivadas de actividades de tráfico de estupefacientes”.

En esa reunión, participaron Carmen Oralio Castro Aparicio y Aurelio Soto Huerta, subdelegados de la PGR; José Isabel López Rivas, Gabriel Ángel Gutiérrez Portillo y Ramiro García Eugenio, integrantes de la PJF; Eduardo Rendón López, agente del Ministerio Público Federal; Jorge

emboscada, donde se produjo una fuerte balacera y “El Chava” quedó abatido por las autoridades antidrogas, sólo que en el programa hubo un pequeño cambio que a última hora decidió Osiel.

Ordenó que todos fueran liquidados y la versión que hizo propalar, fue que habían muerto durante el enfrentamiento. La versión fue que “El Chava” había opuesto resistencia y tuvo que ser abatido, pero antes logró matar al abogado Gómez y al teniente Rajid, así como a una media docena de federales.

De esa manera, Osiel, al que llegaron a apodar “El Loco”, “El Patrón”, “El Viejón” o “El Padrino”, se ganó el mote de “El Matamigos” ya que no dudó en asesinar a su protector, amigo.compadre y jefe para asumir el liderazgo de la organización.

Ya como líder, contacto a militares de élite del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes) y convenció al teniente Arturo Guzmán Decena, de abandonar la milicia y formar parte de sus sicarios.

Junto con otros desertores se unió al Cártel del Golfo y de

Para cumplir con la medida cautelar, fueron llevados a la casa de seguridad de la Procuraduría General de la República, ubicada en las calles de Cráter en el Pedregal de San Ángel en el Distrito Federal. En ese inmueble, que había asegurado la PGR a Héctor Luis “El Güero Palma, habían estado arraigados la esposa y la nuera de Daniel Arizmendi López, “El Mochaorejas” (gráfica).

nos Héctor Manuel, Gregorio y Adán Sauceda Gamboa, alias “El Karis”, “El Goyo” y “El Caramuela” y Ernesto Zatarín Beliz, “El Traca”, fueron otros de los militares que formaron el primer grupo de “Los Zetas”.

Posteriormente, engrosarían las filas de la organización más militares desertores y civiles, entre ellos los hermanos Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales, “El Z-40” y “Z-42”; Carlos Alberto Rosales Mendoza, alias “El Tísico” y Rogelio González Pizaña, “El Kelín”, quienes sin ser militares, llegaron a ser igual o más sanguinarios que los mismos “zetas”.

Con ese ejército de asesinos, Osiel se convirtió en amo del narcotráfico, dejando a su paso una estela de violencia y muerte.

Las primeras investigaciones indican que Cárdenas Salinas trabajaba con su primo José Alfredo Cárdenas Martínez, “El Contador” (gráfica), líder de la célula principal del Cártel del Golfo en esa frontera, quien apenas había sido liberado en el mes octubre de 2020.

Calderón Frías, médico legista del gobierno de Tamaulipas, y el narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén.

La PGR inició la averiguación 115/DGMPEB/99, que fue turnada al juez Primero de Distrito, con sede en la ciudad de México, para que librara las órdenes de aprehensión en contra del narcotraficante Osiel y los funcionarios.

No obstante, se supo que el “cuadro” se lo había formado Osiel a su jefe y amigo, al confabularse con el teniente Jaime Rajid, hijo del general Luis Roberto Gutiérrez Flores, ex director de la extinta Policía Judicial del Distrito, para que capturaran a Salvador.

Cuatro años después, en 2007 salió libre y en 2010 asumió el liderazgo del Cártel del Golfo, luego de que su hermano, Ezequiel Cárdenas, apodado el “Tony Tormenta” (gráfica9, fuera abatido por las Fuerzas Especiales de la Marina, el 5 de noviembre de 2010.

Osiel se había puesto de acuerdo con el licenciado Alberto Gómez, alias “La Chona”y el teniente y jefe de la UEDO en Matamoros, Jaime Rajid Gutiérrez Arreola, para entregar a Salvador “El Chava” Gómez Herrera.

Y efectivamente, Osiel llevó a su jefe hasta el sitio de la

gafes pasaron a auto llamarse “Zetas”, nombre que asumieron por el color azul zeta que es la máxima jerarquía en la milicia y Guzmán Decena pasó a ser “El Z-1”.

A ese grupo llegarían muchos otros gatilleros que fueron adiestrados por Guzmán Decena, apodado “El Zeta 1” y por otros desertores y fue así que el Cártel del Golfo se convirtió en la organización más poderosa del narcotráfico de la época.

Jesús Enrique Rejón Aguilar, “El Mamito”; Oscar Eduardo Guerrero, “El Winie Poo”; Jorge Ramos Espinoza, “El Rambo”; Heriberto Lazcano Lazcano, “El Lazca”; Jorge Eduardo Costilla Sánchez, “El Coss”; Raúl Alberto Trejo Benavides, “El Alvin”; Efraín Teodoro Torres,“El Chispa”; Omar Lorméndez Pitalúa, “El Mono Tonto”; Sergio Enrique Tlapanco, “El Tlapa”; Raúl Castelán Cruz, “El Ñasca”, Mateo Díaz López, “El Comandante Mateo”; los herma-

En cuatro años, logró reactivar al cártel hasta convertirse en uno de los hombres más buscados por la PGR en México y las agencias norteamericanas. Estados Unidos ofrecía una recompensa de 2 millones de dólares y la PGR de 30 millones de pesos.

Para esas fechas su poderío era tal, que el Cártel del Golfo ya operaba y controlaba el trasiego de droga no sólo en Tamaulipas, sino en los estados de Nuevo León, Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán,

Quintana Roo, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y en el Distrito Federal. Es entonces que Osiel redobla y fortalece sus contactos y alianzas con cárteles colombianos y comienza a recibir cargamentos de toneladas de cocaína procedentes de Sudamérica, los cuales son trasladados desde Coatzacoalcos, Veracurz, hacia Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas, por vía terrestre.

Entre los demás crímenes que se le imputan, figura también el del periodista matamorense Saúl Antonio Martínez Gutiérrez, subdirector de El Imparcial, quien apareció amordazado y con varios balazos en la cabeza, dentro de su camioneta en el municipio de Río Bravo.

Durante su trayectoria como líder del Cártel del Golfo, se le atribuyen cientos de muertes, lo mismo de narcos rivales que de policías, funcionarios, periodistas y hasta de su misma organización, cuando consideraba que podían desplazarlo.

Por espacio de siete años se mantuvo en el poder, hasta que la mañana del 14 de marzo de 2003, luego de trabajos de inteligencia de más de medio año, fue sorprendido en un fraccionamiento de Matamoros, Tamaulipas. Leer reportaje completo en laopinionde mexico.mx

Ya como líder, contacto a militares de élite del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes) y convenció al teniente Arturo Guzmán Decena "Z-1" (gráfica), de abandonar la milicia y formar parte de sus sicarios

En el caso de Mario Alberto Cárdenas Guillén (gráfica), el violento líder del Cártel del Golfo, ante la peor pesadilla de los narcos, permanece en el penal de El Altiplano y recurre a toda clase de argucias legales para evitar que sea extraditado a los Estados Unidos.

NARCO, CORRUPCIÓN E INDOLENCIA PARALIZAN TAMAULIPAS

Redacción / La Opinión de México

Tamaulipas.- Desde hace casi un siglo –1930-- Tamaulipas se encuentra inmerso en la vorágine del narcotráfico cuando Juan Nepomuceno Guerra fundó el Cártel del Golfo. Durante esas nueve décadas varios de sus gobernadores han sido relacionados con el narcotráfico, dos de ellos fueron presos y otros más investigados, y en la actualidad el estado de encuentra paralizado, a merced del cártel más antiguo, de dos organizaciones criminales más, Los Zetas y Cártel del Noreste y de la apatía gubernamental: estatal y federal.

En las tres últimas décadas seis gobernadores han estado bajo la sombra del narco, desde 1993, cuando el priista Manuel Cavazos Lerma, asumió la gubernatura y desde entonces a la fecha, con Américo Villarreal Anaya, pasando por Tomas Yarrington Ruvalcaba, Eugenio Hernández Flores y Egidio Torre Cantú, ningún mandatario tamaulipeco ha estado exento de las sospechas de tener vínculos con el narco.

En los últimos meses se ha vuelto común que la entidad amanezca entre balaceras, ejecuciones, secuestros y narcobloqueos, principalmente en Nuevo Laredo, Matamoros y San Fernando, que obligan a cancelar todo tipo de actividades: educativas, deportivas, comerciales, de transporte público e incluso que los trabajadores de las maquilas tuvieran que resguardarse en las fábricas y hasta el cierre del consulado estadounidense, “debido a una situación de emergencia en la ciudad”, señaló el gobierno norteamericano.

En imágenes compartidas en redes sociales se escucha la detonación de armas largas y ráfagas de metralla, lo mismo en el día que en medio de la noche y se observan las calles completamente desiertas. Esa tensa situación se agudiza cada vez que llega a ser detenido algún jefe de las células que dominan en el estado, sin embargo las autoridades minimizan los hechos y lo más grave, algunos medios de comunicación locales han optado por no informar sobre sucesos relacionados con el crimen organizado.

La detención en marzo de 2002 de Juan Gerardo Treviño, El Huevo, líder del Cártel del Noreste, hizo que Nuevo Laredo se viera envuelta en llamas lo que evidenció que Tamaulipas sigue siendo uno de los Estados más inseguros del país.

Un año después, ya en este año, un grupo de criminales secuestraron a cuatro estadounidenses en Matamoros, a plena luz del día. Dos de los cuatro murieron y el gobierno norteamericano exigió respuesta, pero ni el gobierno estatal de Américo Villarreal, ni el federal de Manuel López Obrador

respondieron con hechos, sólo con discursos.

Fue entonces cuando el crimen volvió a hacer sentir su poder, cuando dio muestra de quién manda en Tamaulipas.

El jueves 9, seis días después del secuestro, en pleno centro de Matamoros, aparecieron cinco hombres maniatados, tendidos boca abajo sobre el asfalto, junto a una camioneta y con un narcomensaje del Cártel del Golfo en el que se disculpó y reprobó los hechos y dijo entregar a sus hombres del grupo Escorpión “por haber actuado en contra de las reglas de su organización”.

“El Cártel del Golfo, Grupo Escorpiones, reprueba enérgicamente los hechos del día viernes 3 de marzo pasado, en donde desafortunadamente falleció una persona inocente madre trabajadora y fueron secuestrados 4 ciudadanos americanos de los cuales 2 fallecieron y por ello hemos decidido entregar a los involucrados y responsables directos en los hechos, quienes en todo momento actuaron bajo su propia determinación e indisciplina”.

Ese fue el narcomensaje en el que quedó demostrada la ineficiencia y falta de decisión de las autoridades por aclarar el caso y el poderío del Cártel del Golfo que decidió actuar contra sus mismos hombres .

El caso Matamoros mostró el poder de la mafia en lo que consideran su territorio.

Siguieron después oleadas de bloqueos e incursiones de caravanas criminales en las que hacían gala, sin recato alguno, de su armamento, de su capacidad de fuego, sus vehículos artillados y blindados y movilización de sus grupos, mientras las autoridades continuaron impasibles.

Se sabría después que la escalada de violencia se había recrudecido por la detención de Hugo Armando Salinas Cortinas, alias La Cabra, otro de los jefes de nivel medio del Cártel del GolfoPero además del caso Matamoros, Tamaulipas también ha sido noticia por la virulencia con que el aparato del Estado ha atacado a civiles que, supuestamente, ha confundido con criminales, como cuando en abril la Guardia Nacional atacó una camioneta con una familia a bordo; mataron a dos personas, entre ellas una adolescente embarazada y lesionaron a tres más.

Antes, el 26 de febrero, un contingente militar atacó otra camioneta con seis muchachos que volvían de pasar la noche en una discoteca. Cinco murieron a balazos y otro resultó herido.

Pese a los llamados de auxilio de la ciudadanía, el presidente López Obrador no se manifestó al respecto y optó por acusar al ex gobernador Cabeza de Vaca de magnificar los hechos para atacar políticamente al gobernador morenista Américo Villarreal.

*Balaceras, bloqueos, asesinatos, extorsiones, trata de migrantes

*Cártel del Golfo, Zetas y Cártel del Noreste, azote de los tamaulipecos

*Metros, Escorpiones, Panteras, Tropa del infierno y Ciclones los verdugos

Por su parte, funcionarios del gobierno estatal argumentaron que en mucho se trató de un ambiente de psicosis, particularmente entre Matamoros, Reynosa y San Fernando y se acusó a Cabeza de Vaca de in-

Los siete muertos no figuraron, carecieron de importancia.

No obstante, el martes 2 Matamoros se vio paralizada por 16 bloqueos del CDG que tuvieron confrontaciones para

que ya había desplegado al inicio del año, sólo que tuvieron problemas para llegar, ya que ese mismo día se registraron 16 bloqueos carreteros para evitar que las fuerzas federales llegaran a la carretera que conduce a San Fernando. por donde transitan las células del CDG.

En consecuencia se cerraron 74 planteles escolares, se suspendió el flujo de vehículos de transporte urbano, cerraron comercios y pararon actividades las 125 maquiladoras del municipio de Matamoros que concentran unos 60 mil empleados.

La frontera tamaulipeca registró situaciones de riesgo desde el jueves 27 con balaceras en los municipios de Reynosa, Matamoros y San Fernando. La célula Los Metros del CDG que opera en Reynosa, se unió a la que opera en San Fernando, municipio porteño del Golfo de México, para contener a los grupos del mismo cártel que pretendían ingresar desde Matamoros.

En ese punto, Metros, Escorpiones, Ciclones y Panteras se disputan diversas actividades criminales relacionadas con el narcotráfico, como el cobro de piso y tráfico de migrantes y también se involucró una célula de Los Zetas Vieja Escuela que se alió con el Cartel Jalisco Nueva Generación.

ESCORPIONES Y CICLONES

Por parte de la primera organización criminal, los grupos de asesinos de Los Escorpiones y Los Ciclones son los sicarios encargados de enfrentar a sus enemigos de la Tropa de Infierno del Cártel del Noreste, una escisión de Los Zetas.

De acuerdo a reportes de inteligencia militar, tanto los Escorpiones como los Ciclones y la Tropa del Infierno, tienen sus orígenes en el Cártel del Golfo, creado en los años treintas del siglo pasado, ya que elementos del Ejército élite del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES) desertaron del Ejército y se convirtieron en zetas, al servicio del CDG.

La detención en marzo de 2002 de Juan Gerardo Treviño, El Huevo (gráfica), líder del Cártel del Noreste, hizo que Nuevo Laredo se viera envuelta en llamas lo que evidenció que Tamaulipas sigue siendo uno de los Estados más inseguros del país

ducir esa psicosis a fin de desestabilizar el estado.

A su vez, el alcalde morenista de Matamoros, Mario López, se negó a dar entrevistas, cuando ocurrió el secuestro de los estadunidenses y dijo que la ciudadanía ya se había acostumbrado a convivir con el CDG

supuestamente tomar la plaza de San Fernando, en las que intervinieron sicarios de los grupos Metros, Escorpiones, Panteras y Ciclones.

Pese a ello las autoridades dicen que la situación está bajo control, pero por si las dudas enviaron a 710 efectivos que se sumaron a los más de mil

El domingo 30 se volvió a activar el Código Rojo por bloqueos en Reynosa, San Fernando, Matamoros y en la cabecera municipal de Cruillas, vecino al sur de San Fernando, así como en el ejido Francisco Villa se dieron intensos enfrentamientos entre fuerzas del orden y pistoleros.

Simultáneamente se reportaron cuatro bloqueos en Matamoros y otro en Reynosa con los que pretendieron impedir el avance de los federales y hubo otra balacera en Méndez, colindante al sur de Reynosa.

A todo esto, el secretario de Seguridad Pública del Estado rechazó en conferencia de prensa que el estado estuviera en llamas, “como algunos irresponsables señalaron”, dijo.

Conforme a reportes de inteligencia militar, en Nuevo Laredo la mafia dominante es el Cartel del Noreste, escisión o herencia de Los Zetas y en el lado este, en el Valle de San Fernando y en Ciudad Victoria predomina el Cartel del Golfo y grupos que desertaron de la organización criminal.

En los últimos meses se ha vuelto común que la entidad amanezca entre balaceras, ejecuciones, secuestros y narcobloqueos, principalmente en Nuevo Laredo, Matamoros y San Fernando

Esa permanente guerra sin cuartel entre el supuestamente extinguido Cártel del Golfo, el más antiguo del país, los Zetas y el Cártel del Noreste, con apenas ocho años de existencia, mantienen en rehenes a los más de 3 millones y medio de tamaulipecos que viven entre balaceras, ajusticiamientos, bloqueos y obligados paros de actividades causadas por sus grupos de choque.

Posteriormente los zetas desertaron también del CDG, formaron su propia organización y después se dio una atomización dando paso a diferentes grupos de asesinos a sueldo que también crearon sus propios grupos, entre ellos Los Zetas Vieja Escuela, Los Zetas Sangre Nueva, Los Matazetas y otros que terminaron por convertirse en enemigos No importa el nombre ni el grupo, de una u otra manera mantienen sojuzgada a la población tamaulipeca que se ve inerme ante los embates de los grupos criminales que consideran que los más de 80 mil kilómetros del territorio tamaulipeco son suyos.

Las autoridades estiman que la dispersión de esos grupos ha complicado la situación porque antes, cuando el Cartel del Golfo y sus antecesores mantuvieron el control de Tamaulipas durante ocho décadas, era más sencillo mantener el orden.

HISTORIAL DEL CÁRTEL DEL GOLFO

En la década de 1930, Juan Nepomuceno Guerra contrabandeó whisky por el Río Grande durante la era de la prohibición y llegó a controlar todos los tipos de contrabando, mediante conexiones políticas en ambos lados de la frontera. Después de medio siglo, en la década de los ochentas, la organización ya estaba “formalizada” como Cartel del Golfo (CDG) al que respondían desde fiscales federales hasta agentes fronterizos y policías a Juan García Abrego, sobrino de Nepomuceno Guerra, preso en una cárcel de Estados Unidos purgando una sentencia de 11 cadenas perpetuas.

La traición de Los Zetas dio comienzo a una serie de unidades creadas como guardaespaldas o ejecutores, que terminaron por suplantar a sus propios líderes.

Leer reportaje completo en laopinionde mexico.mx

GUANAJUATO: LA PESADILLA CRIMINAL

Ricardo Ravelo/Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo

Guanajuato.- Nada ni nadie detiene al crimen organizado en Guanajuato y en otras veinticinco entidades federativas donde los cárteles imponen su ley.

En el Bajío las autoridades están rebasadas; todos los días ocurren matanzas, levantones, secuestros y desapariciones forzadas ante los ojos de las autoridades que, por complicidad o incapacidad no pueden frenar esta ola de terror.

La caída de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, quien fuera jefe del cártel Santa Rosa de Lima, no puso fin a la violencia en Guanajuato, por el contrario, se ha recrudecido, entre otras razones, porque dicha organización criminal no está extinguida y continúa en guerra con el cártel de Jalisco Nueva Generación, el segundo grupo criminal más poderoso de México, después de Sinaloa.

La organización que fundó “El Marro” se mantiene de pie operando secuestros, extorsiones, asesinatos a sueldo, despojo de propiedades, cobro de piso a comerciantes y el llamado “huachicoleo”, la venta de combustible robado que se extrae de los ductos de Petróleos Mexicanos. Este último negocio mantiene enfrentadas a ambas organizaciones criminales que, además, cuentan con protección oficial y un evidente respaldo policiaco en toda la región de El Bajío.

La semana pasada, Guanajuato volvió a cimbrarse. Un comando armado irrumpió en un restaurante bar localizado en la demarcación de Jaral del Progreso. Este lugar en realidad operaba durante la madrugada como prostíbulo. Había meseras y bailarinas que ofrecían sus servicios a los clientes.

Eran aproximadamente como las 5:30 de la mañana del domingo 27 de septiembre último cuando un comando armado irrumpió en pros-

tíbulo “la Cabaña del Toro” y comenzó a disparar a los clientes. De acuerdo con las versiones policiacas, se trató de un rafagueo que dejó un saldo de once personas acribilladas, siete hombres y cuatro mujeres. Otras personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital para ser atendidas.

El restaurante o centro nocturno se localiza a la salida de la ciudad de Jaral del Progreso, cerca de la carretera que comunica con Cortázar. Según algunos testigos, a esa hora de la mañana el lugar se encontraba abarrotado entre la noche del sábado y la madrugada del domingo; De acuerdo con el reporte realizado por las autoridades municipales y la policía al lugar arribaron los sicarios a bordo de varios vehículos, entraron, activaron sus rifles de alto poder y comenzaron a dispararle a la gente.

Los mismos reportes establecen, además, que los muertos fueron clientes y empleados del lugar. Tras el tiroteo elementos del Ejército y la policía arribaron al lugar. Ahí quedaron los cuerpos de las once personas sin vida.

Estos hechos dan cuenta que, a pesar de la captura de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro” la violencia continúa en Guanajuato y pone en evidencia la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien al rendir su segundo informe de gobierno se refirió a la violencia como un problema pasado: "La delincuencia ya no manda y ya no hay masacres”.

Nada más falso. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va del año en el estado de Guanajuato han ocurrido unas 36 masacres, pues en cada evento han muerto más de cuatro personas. El municipio de Irapuato, según las estadísticas, es el que registra el mayor número de masacres con un total de nueve. Y desde la detención de “El Marro”, efectuada el pasado 2 de agosto, se han presentado al menos cinco eventos violentos de alto im-

pacto en esa entidad.

ESPLENDOR Y CAÍDA DE EL MARRO

La suerte de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro” –líder del Cártel Santa Rosa de Lima –se extinguió el pasado 2 de agosto: Ese día las

sembró terror y muerte en esa región del país.

“El Marro” llevaba un lustro explotando jugosos negocios en Guanajuato con la complicidad de autoridades estatales, alcaldes, síndicos, regidores y empresarios que compraban el combustible robado y le brindaban pro-

*Guanajuato es un territorio sin ley, controlado por las mafias del crimen organizado. La captura de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, no puso fin a la violencia en ese estado. El cártel Santa Rosa de Lima, fundado por Yépez, sigue intacto y está enfrentado por el control territorial con el cártel de Jalisco Nueva Generación, el segundo más poderoso y violento de América Latina

*En Guanajuato las autoridades están rebasadas: siguen las masacres perpetradas por el crimen, el robo de combustible, el cobro de piso, secuestros y desapariciones forzadas. Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que la violencia ha disminuido el Guanajuato al menos seis cárteles cometen asesinatos todos los días. La ley del crimen se impone en ese territorio y en buena parte del país

Fuerzas Federales lo detuvieron la madrugada del domingo 2 en Guanajuato, al implementar un operativo que puso fin a su carrera delictiva de cinco años. En el momento de su captura, también fue liberada una mujer empresaria, quien llevaba varios días en cautiverio. Así, el criminal de El Bajío, vio paralizada su actividad delincuencial que

tección. Esa amplia red de contubernios políticos y económicos sigue intacta, por lo que su captura en realidad no no significó el exterminio del cártel Santa Rosa de Lima ni el fin de la violencia en Guanajuato, como lo ha pregonado el presidente López Obrador.

El Marro se significó a lo largo de cinco años de ac-

tividad criminal por el robo de gasolinas en los ductos de Pemex y, en particular, en la refinería de Salamanca, una de las más boyantes en la producción de combustibles..

Además de la ordeña de gasolinas, “El Marro” operaba las extorsiones, secuestros, distribución de droga a granel, entre otros; su cártel lo conformaban particularmente miembros de su familia, de donde ahora podría emerger el relevo de Yépez Ortiz, quien está detenido en Guanajuato pero se asegura que será internado en el penal del Altiplano, en el estado de México, la cárcel de máxima seguridad.

La caída de “El Marro”, quien se había convertido en una pesadilla para el gobierno federal y para la sociedad, no pone fin a la violencia en Guanajuato. El negocio del huachicol lo sigue operando el cártel Santa Rosa de Lima y, por si fuera poco, comparte el territorio con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Oseguera, el segundo grupo criminal más poderoso de América Latina.

A través de sendos videos –que fueron validados por la Secretaría de la Defensa Nacional –el CJNG lanzó la amenaza directa en contra de

“EL Marro”, a quien le declararon la guerra y le aseguraron que eliminarían a su gente con la misma saña que él lo hace con personas inocentes.

Según el secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo Montaño –quien por cierto ya presentó su denuncia para contender por la gubernatura de Sonora, su tierra natal --Yépez Ortiz ya no tenía dinero ni para para la nómina de su organización; la mayoría de sus propiedades y cuentas bancarias habían sido aseguradas. Ya no vivía en residencias de lujo con alberca. El día que lo capturaron estaba en una casa a medio construir que servía, además, como espacio de seguridad donde estaba alojada una mujer empresaria que, días antes, había sido secuestrada.

De acuerdo con informes oficiales, “El Marro” manejaba unas veinte pipas diarias de gasolina robada que, al ser vendida a sus clientes, le redituaban una ganancia de unos dos millones de pesos diarios. Además, su cártel opera las extorsiones, el secuestro y la venta de droga a granel.

De la mano de policías estatales y bajo el cobijo de políticos y empresarios guanajuatenses, José Antonio Yépez Ortiz, conocido como “El Marro” –jefe del Cártel Santa Rosa de Lima, convertido en una pesadilla en la región de El Bajío durante casi un lustro –se abrió paso en el mundo del hampa hasta consolidar una de las organizaciones criminales más poderosas dedicadas al robo de hidrocarburos en Petróleos Mexicanos.

Su carrera criminal ha sido vertiginosa, pero fulgurante su ascenso en el mundo del hampa, pues apenas en el año 2014 figuró como lugarteniente de David Rogel Figueroa, “El Güero”, un agente estatal en Chiapas. Después se entronizó en la jefatura

del cártel Santa Rosa de Lima, uno de los más violentos del país.

La caída de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, quien fuera jefe del cártel Santa Rosa de Lima, no puso fin a la violencia en Guanajuato, por el contrario, se ha recrudecido, entre otras razones, porque dicha organización criminal no está extinguida y continúa en guerra con el cártel de Jalisco Nueva Generación

De acuerdo con los expedientes de este caso y los informes policiacos, a este personaje se le atribuye la fundación del denominado cártel Guanajuatense. La organización lleva el nombre del pueblo donde “El Marro” nació, localizada en el municipio de Villagrán.

Pero el salto que dio “El Marro” en el mundo criminal fue enorme, pues tres años después, en 2017, se entronizó como jefe del cártel, el cual está exclusivamente dedicado al robo de combustibles, aunque informes de inteligencia indican que también comercializa drogas sintéticas, particularmente metanfetaminas, otro de sus negocios más rentables.

Ya como jefe del cártel, Yépez Ortiz creó un emporio criminal, apoyado principalmente por sus hermanos, creó una red para extraer gasolinas de los ductos de Pemex.

Según estimaciones de la Secretaría de Seguridad

Estos estados están controlados por el cártel del Golfo, Los Zetas (ahora llamado cártel del Noreste) y el cártel de Jalisco. Esta última organización, según informes de la Secretaría de la Defensa Nacional, controla todo el país.

Marina, respectivamente. Una de las regiones más críticas debido al robo de gasolinas era, entonces, Guanajuato; lo sigue siendo, entre otras razones, por el poderío que desplegó Yépez Ortiz, quien de inmediato reaccionó con una abierta amenaza a través de una manta colocada

Un comando armado irrumpió en un restaurante bar localizado en la demarcación de Jaral del Progreso. Aproximadamente como las 5:30 de la mañana del domingo 27 de septiembre, un comando armado irrumpió en prostíbulo “la Cabaña del Toro” y comenzó a disparar a los clientes que dejó un saldo de once personas acribilladas, siete hombres y cuatro mujeres

Pública Federal, la organización liderada por “El Marro” operaba entre 40 y 50 pipas de combustible. Esto le representaba una ganancia de 1.5 millones de pesos diarios. El decomiso de varias flotillas de camiones y barrilles –efectuados en los últimos diez meses --, así como unos 200 automóviles, entre otras pertenencias, dan cuenta del poderío de la organización encabezada por “El Marro”, quien en su etapa de esplendor llegó a lanzar amenazas de muerte en contra de las autoridades, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador.

SANTA ROSA DE LIMA CONTRA CJNG

El 31 de enero de 2019, poco después de que tomara posesión como presidente, López Obrador diseñó una cruzada para desmantelar las redes dedicadas al robo de combustibles. Para ello, se prepararon varios operativos con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la

de automóviles en la carretera federal, a lo que se suman balaceras tanto de día como de noche, secuestros, levantones, además de persecuciones. La policía de Guanajuato y hasta autoridades estaban ligadas a la organización porque nadie lo ha podido detener.

La violencia se ha extendido a lo largo y ancho de Guanajuato. En 2017, por ejemplo, se registraron 3 mil 290 crímenes, en 2018 más de 4 mil y a la fecha se están presentando unos entre 10 y 15 ejecuciones diarias.

EN GUANAJUATO TODO SIGUE IGUAL

Ese día, la Sedena y la Marina realizaron un operativo, las Fuerzas Armadas acudieron al poblado de San Isidro Elguera, Guanajuato, para cumplimentar una orden de cateo.

Se trata de uno de los refugios que tiene “El Marro” y su familia. Al ingresar a los domicilios se encontraron con varios operadores del cártel Sana Rosa de Lima y procedieron a detener a 26 personas. En ese grupo se encontraban María Ortiz –Madre de Yépez Ortiz --, Juana Yépez, hermano del capo, y Rosalba, una de sus primas.

Guanajuato no los necesitamos”.

Este mensaje amenazador apareció precisamente dos días después de que la Marina y el Ejército habían asegurado un predio en la comunidad de San Salvador Torrecillas, en el municipio de Villagrán, donde confiscaron unos 40 vehículos que eran parte de la infraestructura que utilizaba el Cártel Santa Rosa de Lima para el robo de gasolinas.

De origen humilde, José Antonio Yépez Ortiz nació en la comunidad que lleva el mismo nombre que la organización que encabeza. Existen pocos datos respecto de cómo incursionó en el crimen organizado, pero se afirma que fue enganchado por grupos locales que, desde hace tiempo, se dedican a la extracción de combustibles en los ductos de Pemex..

Hacia el año 2010, por ejemplo, los grupos dedicados a ese negocio operaban con el apoyo de las policías municipales y estatales; las zonas de extracción se asignaban como los territorios que utiliza el narcotráfico. Había en todo el país una amplia red que, por décadas, sangró a Pemex.

por sus propios familiares –su madre, hermanos, primos y cuñados, de acuerdo con las autoridades --: algunos de ellos se encargan, por ejemplo, de conseguir información y pagar la protección de las autoridades, mientras otros operan las finanzas.

Por ejemplo, una de las hermanas de Yépez Ortiz, identificada por las autoridades como operadora de la plaza de Celaya, Guanajuato, se llama Lizbeth Yépez Ortiz.

Con la red conformada por sus familiares y otra adicional compuesta por socios, “El Marro” ha construido un imperio en Guanajuato. Según el mapa criminal, ya controlaba municipios completos, entre otros, Celaya y Villagrán, donde empezó a operar; otros informes indican que después comenzó a dominar en Cortázar, Santa Cruz de Juventino Rosas, Irapuato, El Valle de Santiago y Salamanca; en ésta última demarcación está ubicada la refinería de Pemex, una de las más productivas que, por cierto, en marzo de este año amenazó con hacerla estallar si el gobierno no paraba la persecución en su contra.

Este elevado nivel de violencia en “El Bajío” obedece, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, a que “El Marro” le declaró la guerra al Cártel de Jalisco Nueva Generación -- que incursionó en Guanajuato --con el objetivo de desplazar al Cártel Santa Rosa de Lima y, en particular, al “Marro”.

Esta lucha por el control del territorio ha ocasionado balaceras y muertes. “El Marro” le ha mandado a decir a Nemesio Oseguera, “El Mencho”, a través de videos y “narcomantas” que lo va a sacar del estado si no se sale de su territorio.

Pero eso no es todo: esta guerra atrajo la atención del Cártel de Sinaloa, rival del Cártel de Jalisco. Informes policiacos establecen que Is-

De acuerdo con la Sedena, los detenidos son presuntos operadores financieros del Cártel Santa Rosa de Lima. En las casas cateadas fue decomisado un kilo de metanfetaminas y dos millones de pesos en efectivo.

En respuesta, “El Marro”, todavía era líder del grupo criminal, ordenó el bloqueo de vías de comunicación en Celaya, una de sus reacciones más conocidas, pero las Fuerzas Armadas lograron controlar el desorden.

A través de sendos videos, difundidos a partir de la tarde del sábado 20, José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, apareció llorando y quejándose por la captura de su madre, de su hermana y otros familiares.

En el mensaje, el líder del Cártel Santa Rosa de Lima expresa:

muy cerca de una refinería de

Pemex:

“Andrés Manuel López Obrador, te exijo que saques a la Marina, Sedena y Fuerzas Federales del estado, si no te voy a empezar a matar gente inocente para que veas que esto no es juego y que en

Según sus antecedentes penales, Yépez Ortiz fue encarcelado en el año 2008 por robo y delincuencia organizada. Sin embargo, las autoridades lo dejaron ir mediante el pago de una cuantiosa fianza.

LA RED DE “EL MARRO” SIGUE INTACTA

En el caso de “El Marro”, su organización criminal está conformada, en su mayoría,

Para las autoridades ha resultado una verdadera pesadilla la persecución y la captura de “El Marro”. Las autoridades detectaron que, en su etapa de esplendor, “El Marro” llegó a tener siete domicilios, los cuales utilizó como refugios. Todos han sido confiscados. A este grupo criminal se le atribuye todo tipo de fechorías en Guanajuato: con frecuencia, “El Marro” ordenaba bloqueos de carreteras, ejecuciones, incendio

Hacia el sur, las entidades más violentas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, son Morelos –aquí recientemente hubo una masacre en la colonia Barona, donde fueron asesinadas varias personas que asistieron a un velorio.

El negocio del huachicol lo sigue operando el cártel Santa Rosa de Lima y, por si fuera poco, comparte el territorio con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Oseguera, el segundo grupo criminal más poderoso de América Latina

mael “El Mayo” Zambada le habría otorgado su apoyo a “El Marro” para enfrentarse al cártel de Jalisco, el grupo criminal que más ha crecido en los últimos años y que ya domina en una veintena de entidades federativas. Esta expansión, sin duda, significa una amenaza para Sinaloa, de ahí que pretendan eliminar a “El Mencho” o al menos restarle poder. Pero tras su captura, la madrugada del domingo último, no aparecieron indicios de vínculo alguno con Zambada García.

Esta guerra data del año 2017 y tiende a complicarse debido a que “El Marro” sigue sumando aliados para enfrentar a Nemesio Oseguera, pues ahora a esta lucha se han aliado “Los Viagras”, quienes operan en Michoacán pero se asegura que ya están afincados en Guanajuato.

El viernes 20 de junio pasado, el Cártel Santa Rosa de Lima sufrió un duro golpe.

“Como quiera, entre cabrones no pasa nada, pero son mamadas esas las de andarse metiendo con mujeres. Los hijos de su puta madre las tienen amenazadas con audios y golpes, pero no hay pedo”.

Aunque López Obrador ha dicho que ya no hay guerra contra los cárteles, la persecución de “El Marro” indica todo lo contrario: le han asegurado cuentas, decomisado propiedades y ahora le detienen a 26 miembros de su organización, entre otros, su madre.

Además de la violencia de alto impacto que azota a Guanajuato –en ese estado el crimen sigue causando inestabilidad social –otras entidades también sufren de ataques perpetrados por el crimen organizado. Es el caso de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Nuevo León y Baja California.

Leer reportaje completo en laopinionde mexico.com

Redacción/ La Opinión de México

CAMPECHE: ESTADO SEGURO… ¿PARA EL TRASIEGO DE DROGAS?

*Otra de las entidades en manos del Cártel de Sinaloa

*La corrupción ha aumentado más con Layda que con “Alito” y Aysa

José Sánchez López.

*Al alza, robos, asaltos, extorsión, lesiones, homicidios y delitos sexuales

Campeche es uno de los estados más seguros, es el discurso oficial del gobierno estatal y para sostener sus afirmaciones hacen comparaciones con entidades en las que la violencia se ha desatado, como Guanajuato, donde el promedio mensual de asesinatos es de más de 200, sin embargo cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) no concuerdan con tales aseveraciones.

Campeche, que tiene por vecinos a Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Guatemala, es el tercer estado menos poblado con 700 mil habitantes, en 13 municipios con una extensión de 57 mil 507 kilómetros cuadrados, mientras que Guanajuato, cuenta con 46 municipios y 6 millones de habitantes en una superficie de 996 mil kilómetros, por lo que no puede haber punto de comparación.

En 2019, se registraron 79 asesinatos ligados a la delincuencia organizada; en 2020, ocurrieron 72 crímenes; en 2021, 96; en 2022, 97 y de enero a abril de este año, suman ya 27, para un total de 355 muertes violentas de 2019 hasta el pasado mes de abril, de acuerdo al Atlas de Homicidios México.

Entre 2015 y 2018, cuando Renato Sales Heredia fue jefe de la Comisión Nacional de Seguridad, no admitía otras cifras que no fueran las suyas y aseguraba que los homicidios “iban a la baja” y ahora como fiscal general de Justicia de Campeche, retoma el mismo discurso, lo mismo que Marcela Muñoz Martínez, secretaria de Seguridad Pública y Atención Ciudadana.

No obstante esa percepción, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, contradicen el punto de vista de los funcionarios campechanos, toda vez que señalan que los homicidios dolosos han aumentado entre 8.3 y 13 por ciento, en comparación con años anteriores.

Otro delito que también se incrementó de manera significativa, fue el robo con aumentos del 28.1 y 17.4 por ciento, en comparación al índice total de 2021 y 2022.

Otro ilícito cuyo índice aumentó fue el robo, al registrarse de enero a noviembre mil 287 casos que incluyen 218 a casa habitación, 22 cometidos con violencia, además del hurto de vehículos, a transeúnte y a negocio o comercio.

En este mismo delito, en el 2020 fueron registrados 925, de ellos 171 a casa habitación, 13 perpetrados con violencia; mientras que en el 2019 fueron mil 63 casos, de los que 129 fueron a predios, cuatro de estos llevados a cabo con violencia.

En delitos contra la seguridad sexual, hasta noviembre de 2022 se denunciaron 412 casos, de ellos 285 fueron violaciones, 94 simples y 33 equiparadas.

Estas cifras representan un incremento del 17 por ciento a las totales del 2020, de las que fueron 277 delitos contra la seguridad sexual; 202 violaciones, 53 simples y 149 equiparadas. Las cifras del año pasado fueron por el confinamiento de menores, pues 2019 registró 347 delitos contra la seguridad sexual, 272 violaciones, 61 simples y 211 equiparadas.

En materia de extorsión, en 2019 hubo 25, en 2020 fueron 37, en el 2021, 43 y el 2022, con 54.

EL FLAGELO DEL NARCO

En materia del narcotráfico, según el Atlas de Seguridad y de la Defensa de México, en Campeche opera principalmente el Cártel de Sinaloa, pero también el Cártel Jalisco Nueva Generación y células del Cártel del Golfo. Conforme a la Fiscalía General de la República, ese fenómeno se concentra en tres de los 13 municipios del estado, en la zona sur: Carmen, el de mayor problema por inseguridad; Escárcega y Candelaria, en sus límites con Guatemala.

CÁRTEL DE SINALOA EN CAMPECHE

Con la detención en enero pasado del menonita Franz Kauenhofen Wiebe, mejor conocido como “Pancho Loco”; líder del la célula del Cártel de Sinaloa que opera en Campeche, resultó evidente la presencia de Los Chapitos en dicha entidad.

A “Pancho Loco” los campecchanos lo conocían como un reconocido miembro de la comunidad menonita, una gente trabajadora y respetuosa, sin embargo, detrás de su apariencia de benefactor se escondía su verdadera personalidad, la de “Pancho Loco”, líder del Cártel de Campeche e integrante del Cártel de Sinaloa.

Las autoridades federales lo califican como uno de los capos generador de violencia en la región norte de Campeche y valle de Yohaltún, municipio de Champotón, encargado de facilitar el aterrizaje de aeronaves procedentes de Sudamérica, en los municipios de Hopelchén, Calakmul, Champotón y Hecelchakán, cargadas de droga.

Para reforzar su grupo, “Pancho Loco” contrató a ex kaibiles, militares de élite, desertores del ejército guatemalteco, caracterizados por el uso de violencia rayana en la sevicia en sus operaciones delictivas, cuya encomienda era secuestrar, extorsionar y ejecutar a sus enemigos.

Se le señala como autor de los hechos violentos del Valle de Edzná (Alfredo V. Bonfil–Los Laureles–Las Flores), donde se registró un enfrentamiento con saldo de cuatro muertos y el hallazgo de dos fosas clandestinas con seis cuerpo de sus víctimas.

En esa zona, identificada como uno de los puntos rojos en la venta de droga al menudeo en el estado, se ha reportado la desaparición de al menos una docena de jóvenes señalados como narcomenudistas.

LOS CÁRTELES, IMPUNES EN CDMX

*Autoridades niegan la presencia de cárteles en la capital del país, pero sus operaciones son cada vez más evidentes; también sus complicidades y su vertiginosa narcodinamica La presencia del crimen organizado en la Ciudad de México es cada vez más evidente; los cárteles se han afincado convirtiendo a la capital del país en un territorio bajo disputa donde está en expansión el comercio de drogas. La violencia de alto impacto no ha golpeado el territorio, pero el consumo de sustancias ya empieza a ser una preocupación.

Y es que seis cárteles de la droga –Jalisco, Sinaloa, Viagras, Unión Tepito, Tlahuac y La Familia Michoacana –se disputan el negocio del narcomenudeo en la capital del país, la cual es considerada la de mayor consumo de drogas en todo el país.

Estos grupos criminales controlan el mercado de las drogas en lo que se conoce como El Valle de México, que comprende estados como Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Morelos. La droga, de acuerdo con fuentes policiacas consultadas, llega al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en aviones comerciales y, desde ahí, se distribuye por todas las arterias de la capital del país, donde habitan unos 25 millones de personas.

Los cárteles referidos operan no sólo con la venta de cocaína, heroína, drogas sintéticas –incluido el fentanilo –sino que también se dedican a las extorsiones, secuestros, cobro de piso a comercios grandes y pequeños y venta de protección; de igual forma controlan la piratería y todas sus actividades están bajo protección de ciertos grupos policiacos.

LA RUTA DE LA DROGA

La dinámica del narcotráfico en la Ciudad de México se ha incrementado, sobre todo, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde operan unos seis cárteles, según información de la DEA, la agencia antidrogas norteamericana.

El AICM es clave en el transporte de enervantes que provienen de centro y Sudamérica, así como para el envío de dinero y precursores químicos que son traídos de Alemania o Asia y que sirven para elaborar drogas químicas, como el fentanilo, que el año pasado causó la muerte de más de cien mil personas en Estados Unidos.

Las autoridades norteamericanas han alertado que la terminal aérea de la capital del país está controlada por grupos criminales que operan en narcomenudeo en la ciudad y que, además, mueven cuantiosos cargamentos de drogas hacia Estados Unidos-. Aunque las autoridades siempre han negado la operación de cárteles en la Ciudad de México, lo cierto es que al menos seis cárteles ya tienen amplia actividad en la capital del país y dominan municipios completos, donde mueven droga a granel, cobran el llamado derecho de piso, secuestran y trafican con personas.

El A mediados del 2022, la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch, desmanteló una célula del grupo “Los Chapitos” que estaban afincados en Tlalpan, particularmente en la zona conocida como Topilejo, en la carretera federal que conduce de la ciudad de México a Morelos.

En esa zona, que conecta a la ciudad de Cuernavaca por la carretera libre, “Los Chapitos” habían alquilado una casa de seguridad donde escondían a personas privadas de su libertad. En la región, los habitantes los detectaron y los denunciaron a raíz de que perpetraron varios secuestros.

Según los vecinos del lugar, el grupo criminal se movía a deshoras de la noche, portaban pasamontañas y andaban fuertemente armados. En la casa de seguridad había tres personas plagiadas en el momento en que la propiedad fue cateada por parte de la policía. En concreto, la zona de Topilejo, en Tlalpan, se había convertido en una extensión del cártel de Sinaloa, el más poderoso de América Latina, de acuerdo con datos de la DEA, la agencia antidrogas norteamericanas.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presume que la capital del país cuenta con la mejor policía de todo el territorio nacional; también pregona que no hay cárteles en la principal urbe de la República.

Sin embargo, en la ciudad de México no sólo se refugian los líderes y operadores de los principales cárteles: también han extendido sus redes criminales y cuentan con amplios mercados para la distribución de todo tipo de drogas, desde cocaína y heroína hasta las llamadas drogas de diseño, que han causado explosión en el mercado de consumo.

De acuerdo con reportes oficiales, en la ciudad de México operan seis cárteles. Estos son Unión Tepito, Anti-Unión Tepito, Sinaloa, Cártel de Jalisco, cártel de Tláhuac y la Familia Michoacana, que además de Michoacán también cuenta con una base de operaciones en el estado de México, principalmente en Ecatepec, el municipio más grande del país y uno de los más violentos.

Estos grupos de la delincuencia organizada se disputan el enorme mercado de consumo de drogas; tienen operadores en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), hasta donde arriban los cargamentos de droga que, después, son guardados en bodegas clandestinas y distribuidos en bares, cantinas, antros de todos los niveles, casas de juego, prostíbulos, table dance y discotecas de colonias tanto populares y de postín, como Polanco, Las Lomas, El Pedregal de San Ángel, Santa fe, entre otras.

Todos estos grupos criminales operan, además, el cobro de piso, la venta de protección, la prostitución a través de mujeres traídas del extranjero que son explotadas en el negocio sexual; de igual forma manejan la piratería y todas sus actividades se realizan, según las fuentes consultadas, con el apoyo de la policía de la Ciudad de México, la misma que según la jefa de Gobierna es una de las más eficaces del país.

TERRITORIO DE CÁRTELES

Durante más de una década, las autoridades de la Ciudad de México –la más poblada de América Latina y una de las más grandes del mundo –han negado la presencia de los cárteles de la droga. En las calles de la capital del país, en bares, prostíbulos y cantinas, muchos de ellos localizados en zonas exclusivas como las colonias Roma, Polanco, Condena o Zona Rosa, con frecuencia ocurren asesinatos, secuestros y extorsiones, pero todo se le atribuye a la delincuencia común cuyos líderes habitan en zonas y barrios violentos, una suerte de submundo donde todo huele a ilegalidad.

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Ricardo Ravelo Galo

PAGA INSABI... Y NO CUMPLEN

*Durante el primer trimestre de 2023, el titular del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer Aguilar, otorgó más de 500 contratos por cientos de millones de pesos a empresas y laboratorios nacionales e internacionales dejando al garete su cumplimiento

*Con base en información de la Plataforma Nacional de Transparencia, la extinta dependencia comprometió los recursos del pueblo al pagar por materiales de curación, medicamentos y otros servicios sanitarios que no han sido surtidos y que escasean en clínicas y hospitales del país

*El desvío de recursos, la entrega de contratos a modo, escases de medicamentos, así como un millonario despilfarro pestilente a corrupción, es la herencia maldita que deja el INSABI al IMSS

PAG. 3

ESPECIAL: CORRUPCIÓN

SIN ACLARAR MIL 517 MDP DE LA CUENTA PÚBLICA 2019

*De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2019, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene pendiente por aclarar mil 517,786.60 millones de pesos

*Gestión Financiera señaló que la Causa Raíz Probable de la Irregularidad fue la falta de supervisión en la documentación que acredite el ejercicio del recurso federal Redacción / Grupo Sol Corporativo

Ciudad de México.- De acuerdo con la revi-

NARCOTRÁFICO

sión de la Cuenta Pública 2019, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene pendiente por aclarar mil 517,786.60 millones de pesos.

Así lo determinó la Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-05100-19-0014-2020/14-GB aplicada a la Gestión Financiera en donde se señala que la Causa Raíz Probable de la Irregularidad fue la falta de supervisión en la documentación que acredite el ejercicio del recurso federal.

PAG. 13

ESPECIAL CHAPITOS

*Guanajuato es un territorio sin ley, controlado por las mafias del crimen organizado. La captura de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, no puso fin a la violencia en ese estado. El cártel Santa Rosa de Lima, fundado por Yépez, sigue intacto y está enfrentado por el control territorial con el cártel de Jalisco Nueva Generación, el segundo más poderoso y violento de América Latina

*En Guanajuato las autoridades están rebasadas: siguen las masacres perpetradas por el crimen, el robo de combustible, el cobro de piso, secuestros y desapariciones forzadas. Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que la violencia ha disminuido el Guanajuato al menos seis cárteles cometen asesinatos todos los días. La ley del crimen se impone en ese territorio y en buena parte del país

*De acuerdo con información, fue para la ejecución de Programas de Seguridad Pública y Atención de Desastres Naturales”, según la Auditoría ASCM/21/19 realizada por el órgano fiscalizador del Congreso de la Ciudad de México

Redacción/

La Opinión de México Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que dirige Omar Hamid García Harfuch gastó 103,620.3 millones de pesos en la partida 5411 “Vehículos y Equipo Terrestre para la Ejecución de Programas de Seguridad Pública y Atención de Desastres Naturales”, señala la Auditoría ASCM/21/19 realizada por el órgano fiscalizador del Congreso de la Ciudad de México.

ESTADOS

CORRUPCIÓN GASTÓ 103,620.3 MDP EN VEHÍCULOS RECUPERA LA TESOFE 4,833.3 MDP

*De acuerdo en la revisión de la Cuenta Pública 2021, realizada por la Auditoría Superior de la Federación, en el gobierno de Samuel García en Nuevo León

GUANAJUATO: LA PESADILLA CRIMINAL VA DEA CONTRA "CHAPITOS"

*La Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) ha actualizado su lista de los criminales más buscados y entre ellos aparecen 25 integrantes del Cártel de Sinaloa

*Más aún, incrementó la recompensa sobre los llamados “Chapitos”, Alfredo Guzmán e Iván Archivaldo, por quien la oficina norteamericana ofrece diez millones de dólares de recompensa por cada uno a quienes coadyuven a su captura

Ciudad de México

Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

Edición No. 63 Del 22 al 28 de mayo de 2023 $ 5.00