La corrupción administrativa deja profundo impacto en economía dominicana

sonado en la opinión pública dominicana sin que ninguno de ellos fuese debidamente sancionado hasta llegar a este momento.

En la actualidad, se mantienen vigentes los casos Antipulpo, Medusa, Operación 13, Coral, Coral 5G. En resumen, estas operaciones suman la cantidad de RD$15,796 millones de pesos, lo que se considera una suma astronómica si se compara con los últimos préstamos negociados por el Estado dominicano a través del Gobierno.

Elisa Mercedes emercedes@editorabavaro.com

SANTO DOMINGO. 35 años cumplirá el primer caso de corrupción administrativa en la República Dominicana. La primera sanción a este tipo de acto se registra el 16 de noviembre del 1988. El condenado fue el ex presidente Salvador Jorge Blanco a quien la justicia dominicana le encontró culpable y le condenó a 20 años de prisión y al pago de una multa de 100 millones de pesos. El resultado de esa primera sanción fue que el delincuente no cumplió siquiera la pena que se le impuso pues al cabo de dos meses ya estaba fuera de prisión.

El Código Penal dominicano establece la sanción a todo aquel que para su provecho sustraiga fondos públicos o prevaleciéndose de sus posiciones dentro de los organismos del Estado, sus dependencias o departamentos.

Dos generaciones han pasado y se avanza hacia una tercera con un mal ejemplo de que se puede hacer lo que sea con el dinero del pueblo sin que eso tenga mayores repercusiones. Si se tiene dinero suficiente para mantener una defensa y negociar con quien sea, todo estará bien.

Desde Salvador Hasta Hoy

Desde la condena a Salvador Jorge Blanco son muchos los casos que han

El último caso que se ventila en la justicia dominicana es la Operación Calamar, en la que se investiga la sustracción de recursos del Estado por más de RD$19,000 millones de pesos. Si se suman los recursos estatales desviados en todas estas operaciones, la gran cifra que se maneja de los desfalcos al Estado es de más de RD$35,000 millones de pesos.

Los actos de corrupción en la administración pública tienen una repercusión directa en la economía dominicana pues representan una retranca para el desarrollo al desviar grandes cantidades de recursos.

Para el escritor dominicano, Faustino Collado, en una de las conclusiones de su libro Pre y Pos Corrupción en la República Dominicana, afirma que “El Estado dominicano está atravesado por una anarquía múl - tiple en su organización, funcionamiento y fines, que lleva al desperdicio y derroche de enormes riquezas creadas por el pueblo trabajador, y a enajenarse la oportunidad de un desarrollo integral con armonía territorial, basado en el desarrollo de abajo hacia arriba”.

La corrupción administrativa es un problema que afecta directamente a la economía dominicana porque distrae recursos que pueden ser usados para impulsar el desarrollo de la ciudadanía. Uno de estos ejemplos fue el sonado caso Odebrecht.

El problema principal fue que el Estado dominicano pagó más por obras que costaban mucho menos. El principal delito en este caso fue el soborno a funcionarios para inclinar la balanza a favor de la citada empresa, en detrimento de la economía.

Hacia el año 2017, la prensa nacional reseñaba que anualmente, la corrupción se llevaba RD$51,000 millones de pesos de las instituciones del Estado.

En el Código Penal dominicano se reconoce como actos de actos de corrupción el desfalco (apropiación de valores), la concusión (cobros excesos o que no se adeudan), el soborno o cohecho (prestar servicio por dádivas, recompensas o promesas remuneratorias), actos que en conjunto configuran la prevaricación.