RETOS Y LOGROS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
Febrero de 2022.
Introducción
México es un promotor global de la promoción y protección de los derechos humanos. El Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024, en su Eje General I. “Política y Gobierno”, reconoce que el Estado mexicano mantiene una política exterior para la recuperación de los principios, sustentada en los principios consagrados en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que notablemente establece como un eje rector de política exterior el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos.
Aunado a ello, el Programa Sectorial de la Secretaría de Relaciones Exteriores 2020–2024 contempla en su “Objetivo Prioritario 5” garantizar que la Política Exterior Multilateral Transformadora del Gobierno de México, contribuya a alcanzar los objetivos de la política interior, en materia de derechos humanos, paz, Estado democrático, bienestar social, y desarrollo económico y medioambiental.
En ese sentido, la Cancillería a través de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos despliega una Política Exterior Multilateral Transformadora centrada en su Eje de Migración y Derechos Humanos en reafirmar su compromiso con los derechos humanos y las libertades. Aspirando a lograr un México justo, equitativo, tolerante, abierto al escrutinio internacional y socialmente inclusivo en el que se atiendan las necesidades de los grupos en situación de vulnerabilidad, continuando con la premisa de que “nadie se quede atrás”.
Asimismo, el Eje de No discriminación e Igualdad de Género de la Política Exterior Multilateral Transformadora busca contribuir al empoderamiento de las mujeres y niñas; el combate a todas las formas de violencia de género, de exclusión y discriminación; así como a fortalecer la atención a las mujeres y niñas, en especial a personas en situación de vulnerabilidad, como las indígenas, migrantes, y quienes viven con discapacidad.
Las visitas de personas relatoras, personas titulares de mandato de procedimientos especiales y personas directoras ejecutivas de diversas Agencias de Naciones Unidas demuestran también la ejemplar apertura de México al escrutinio internacional y el espíritu de colaboración con los mecanismos internacionales del Gobierno de México, a través de la Cancillería.
La siguiente información toma fuentes oficiales con el fin de proveer información básica sobre cada uno de los retos en materia de derechos humanos, inclusión, igualdad y movilidad humana enfrenta actualmente el país.
I. Personas Desaparecidas y No Localizadas
Situación actual
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en el periodo comprendido entre el 15 de marzo de 1964 y el 19 de octubre de 2021, se registraron 93 mil 297 personas desaparecidas y no localizadas.1 Así mismo, de 2006 al 30 de septiembre de 2020, han sido identificadas 4,092 fosas clandestinas, de las que se han exhumado 6900 cuerpos. La intensificación de las labores de búsqueda en los últimos dos años ha resultado en el registro de 1,257 fosas (30.7% del histórico), y se han exhumado 1,957 cuerpos (28.3% del total). Los cinco estados que concentran la mayor cantidad de fosas clandestinas son Veracruz (504), Tamaulipas (455), Guerrero (383), Sinaloa (354) y Zacatecas (331).
El Estado mexicano cuenta con importantes avances institucionales, entre los que destacan, la creación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (“Ley General”), la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en 2019, la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda así como la creación de una Comisión Local de Búsqueda por cada entidad federativa de la República Mexicana, la promulgación de la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, la publicación e implementación de un Protocolo Homo logado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Cometida por Particulares, la creación de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada, la creación de un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y el Protocolo Homologado de Búsqueda.
El 2 de octubre de 2020 México aceptó la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada (“CED”) para recibir y analizar comunicaciones individuales y, de manera paralela, México recibió la visita del CED, del 15 al 26 de noviembre de 2021. Durante dicha visita, las y los expertos del Comité visitaron 13 entidades federativas, donde sostuvieron reuniones con autoridades estatales de alto nivel, con colectivos de víctimas y llevaron a cabo algunas actividades de búsqueda en campo.
Instrumentos internacionales relevantes
» Convención Americana sobre Derechos Humanos.
» Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
» Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
» Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
1 Esta información se actualiza continuamente en el siguiente sitio web: https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral
Acciones emprendidas por el Estado mexicano
1. El 17 de noviembre de 2017 fue publicada en el DOF la Ley General, que entró en vigor el 16 de enero de 2018. En ella se establece que los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares son continuos e imprescriptibles, como lo establecen las convenciones internacionales, se prevé la puesta en marcha de un Sistema Nacional de Búsqueda, una Comisión Nacional de Búsqueda, la creación de Comisiones Locales de Búsqueda en cada una de las entidades federativas (objetivo logrado en 2019) así como un Registro Forense que cuente con datos de la federación y estaduales interconectados en tiempo real.
2. En enero de 2018 se creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), así como el Consejo Ciudadano y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. La CNBP es un órgano administrativo desconcentrado de la SEGOB, que, de acuerdo con la Ley General, determina, ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, mientras impulsa los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación de las acciones entre autoridades que participan en estos procesos. Sus funciones también incluyen la emisión del Programa Nacional de Búsqueda y de los lineamientos para el funcionamiento y coordinación del Registro Nacional, así como la actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda.
Con la adopción de la Ley General, México dio un paso trascendental para la efectiva búsqueda y localización de personas desaparecidas.
3. En marzo del 2019, el Gobierno de México reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (“Sistema Nacional”), en el que participan víctimas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil, académicos y diversos órdenes de gobierno liderados por las Comisiones Nacional y Locales de Búsqueda. El Sistema Nacional diseña y evalúa de manera eficiente y armónica los recursos del Estado Mexicano para establecer las bases generales, políticas públicas y procedimientos entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así como para la prevención, investigación y sanción de los responsables.
4. El Sistema Nacional fue fortalecido en 2019 con el aumento presupuestal a las Comisiones Nacional y Locales de Búsqueda para impulsar la implementación de proyectos como los centros de identificación humana y panteones forenses, dentro del que se destaca la inauguración en septiembre de 2020 del Centro de Identificación Humana en Coahuila, el cual cuenta con más de 720 nichos, laboratorio de antropología física y un laboratorio de odontología.
5. El Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas fue aprobado durante la Primera Sesión Extraordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas celebrada en junio de 2020. En él se fijan los procesos de búsqueda de las personas desaparecidas o no localizadas, bajo la presunción de que se encuentran con vida, brindar auxilio a aquellas que se encuentren extraviadas o en peligro, y, en el caso de que las personas hayan perdido o hayan sido privadas de la vida, localizar, recuperar, identificar y restituir con dignidad sus restos a sus familias todo ello con un enfoque de género, diferenciado, humanitario, exhaustivo, continuo, sistemático y permanente. Este instrumento es el resultado de un amplio proceso participativo entre familiares de personas desaparecidas, sociedad civil y autoridades federales y estaduales, además de organizaciones nacionales e internacionales como la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
6. La creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (“MEIF”) fue aprobada a través del acuerdo SNBP/001/2019 el 5 de diciembre de 2019, durante la segunda
sesión ordinaria del Sistema Nacional. El Mecanismo se concibió como un mecanismo de carácter extraordinario y multidisciplinario, con autonomía técnicocientífica y de operación para la práctica de peritajes a los restos de personas no identificadas, así como para la emisión de dictámenes multidisciplinarios y opiniones. El proceso de instalación del MEIF estuvo liderado por un Comité de Seguimiento compuesto por miembros de las familias, organizaciones de las sociedad civil y representantes de las familias, la CNBP, las Comisiones Locales de Búsqueda; la FGR; la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; la Conferencia Nacional de Gobernadores; la SEGOB y la Secretaría de Relaciones Exteriores. El Comité de Seguimiento sostuvo más de 30 reuniones presenciales y virtuales durante el 2020 en las que se acordó la creación de un Grupo Coordinador que creará el plan de trabajo para el inicio de las funciones del MEIF, que se compondrá de 7 personas (4 personas expertas en materia forense, 1 persona experta en derecho, 1 persona experta en cooperación técnica internacional y 1 persona experta en enfoque psicosocial y vinculación con familias). Para coadyuvar en el diseño, selección y establecimiento del Grupo, la CNBP suscribió un acuerdo de colaboración con el Fondo de Población de la ONU (UNFPA) en México. Estos esfuerzos han redundado en la aprobación de los términos de referencia de los siete perfiles propuestos que formarán parte del Grupo Coordinador. La convocatoria para participar en el proceso de selección de los siete perfiles se abrió en enero de 2021 y actualmente se encuentra en marcha el proceso de selección.
7. El 2 de octubre del 2020, el Estado Mexicano reconoció la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU para recibir y examinar las comunicaciones individuales por personas que se encuentran bajo su jurisdicción o en nombre de ellas. Con esta acción, se permite a familiares de personas víctimas de desaparición forzada acceder a vías adicionales de la justicia internacional para que sus casos puedan ser analizados. Antes de esta acción, a esta vía solamente se podía acceder mediante solicitudes similares a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a través del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
8. México recibió la visita del CED, del 15 al 26 de noviembre de 2021. Durante dicha visita, las y los expertos del Comité visitaron 13 entidades federativas, donde sostuvieron reuniones con autoridades estatales de alto nivel, con colectivos de víctimas y llevaron a cabo algunas actividades de búsqueda en campo. Acto seguido, regresaron a la Ciudad de México, con la finalidad de sostener reuniones con el gobierno local, con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Nacional Electoral (INE).
Líneas discursivas
México reconoce que enfrenta grandes retos en materia de desaparición forzada y trabaja ininterrumpidamente para allegarse de datos confiables, la identificación de restos encontrados en las arduas labores de búsqueda, así como garantizar el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral de las víctimas. En cada uno de los esfuerzos, México cuenta con la participación efectiva de las víctimas y sus organizaciones, así como con la cooperación de organismos internacionales. Con la adopción de la Ley General, México dio un paso trascendental en la para la efectiva búsqueda y localización de personas desaparecidas.
El andamiaje institucional de México se encuentra en un constante fortalecimiento con los trabajos para la implementación de la Ley General, por lo que el actual Gobierno trabaja arduamente para alcanzar la instalación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Fosas, la elaboración y publicación del Programa Nacional de Búsqueda y el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación.
II. Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
Situación actual
La persistencia de agresiones tales como amenazas, hostigamiento, campañas de criminalización y desprestigio, uso de tipos penales en su contra como las injurias, difamación y calumnias, desapariciones y asesinatos, con las que se busca inhibir la labor que realizan, y que además se dan en el contexto de extrema violencia que se vive en numerosas entidades del país, ponen de manifiesto la sensibilidad y trascendencia de la problemática que enfrentan estos dos grupos en situación de riesgo. La protección y defensa de las personas defensoras y periodistas involucra, a su vez, la salvaguarda de los derechos humanos de los diversos grupos en situación de vulnerabilidad que representan, defienden y a quienes dan voz, arriesgando, incluso, su propia vida. Diversos actores se han pronunciado en contra de la violencia hacia estos dos sectores en todas sus formas, ya que ésta constituye uno de los principales obstáculos para que nuestro país se fortalezca como un Estado democrático
Para atender y proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor, México publicó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012, mediante la que se creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, instancia federal, adscrita a la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
El Mecanismo brinda medidas de protección tras la sustanciación de un proceso técnico de valoración del riesgo que, de manera fehaciente, demuestre la necesidad de la persona de acceder a medidas de protección, en virtud de las actividades que realiza. Durante el año 2019, fueron incorporadas 395 personas, siendo éste el año con más número de incorporaciones en la historia del Mecanismo, observándose un incremento del 60% de casos respecto al año inmediato anterior.
A enero de 2022, el Mecanismo contaba con 1,518 personas beneficiarias, de las cuales 495 son periodistas y 1023 son personas defensoras de derechos humanos.
A pesar de las medidas de protección y al monitoreo frecuente brindado por dicho Mecanismo, 9 personas beneficiarias han perdido la vida, entre las cuales se encuentran: el Sr. Cándido Ríos Vásquez (2017); el Sr. Rubén Pat (2018); el Sr. Julián Carrillo (2018); el Sr. Rafael Murúa Manríquez, el Sr. Noé Jiménez Pablo y el Sr. Francisco Romero (2019); el Sr. Jorge Miguel Armenta Ávalos, el Sr. Pablo Morrugares Parraguirre (2020) y el Sr. Gustavo Sánchez Cabrera (2021). En lo que va de 2022, 6 periodistas han sido asesinados en el país: José Luis Gamboa, en Veracruz; Roberto Toledo, en Michoacán; Margarito Esquivel, Lourdes Maldonado y Marcos Ernesto Islas Flores, en Tijuana, Baja California, y Héber López en Oaxaca.
Instrumentos internacionales relevantes
» Convención Americana sobre Derechos Humanos.
» Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
» Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública.
» Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (“Acuerdo de Escazú”).
Acciones emprendidas por el Estado mexicano
1. A solicitud de SEGOB, el 26 de agosto de 2019 la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (“OACNUDH”), que funge como observadora en el Mecanismo, realizó un diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo, en el que identificó fortalezas, buenas prácticas y áreas de oportunidad para orientar un proceso interinstitucional de fortalecimiento. El OACNUDH emitió 104 recomendaciones para su fortalecimiento, entre las que identificó que el nivel de recursos humanos y económicos, son al día de hoy insuficientes para dar respuesta a los requisitos legales y las necesidades reales de protección.
México trabaja decididamente, de la mano de las víctimas, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales para enfrentar el reto que representa fortalecer el Mecanismo.
2. Actualmente, la SRE trabaja para promover una mayor cooperación internacional para favorecer la operación del Mecanismo. Para lo anterior, se ha colaborado con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, con la Unión Europea, con la Embajada Británica, con las distintas agencias de la Organización de Naciones Unidas y en particular con los mecanismos de protección a defensores de derechos humanos en Colombia, Honduras y Guatemala.
3. A casi diez años de la promulgación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual dio pie a la instauración del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, una de las prioridades del gobierno de México es enfrentar de mejor manera los importantes retos en materia de protección y defensa de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, por lo que este año 2022 se impulsa la creación de un Sistema Nacional de Prevención y Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
4. Es por ello que actualmente se trabaja en la creación de un Sistema Nacional que tendrá fundamento en una Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y comprenderá la formulación de un Modelo Nacional de Prevención, la creación de un Registro Nacional de Agresiones y un Protocolo Nacional de Protección. Para la creación de una iniciativa de esta ley general, el Estado mexicano ha iniciado espacios de diálogos en diferentes regiones del país, los cuales buscan ser plurales e incluyentes en los que actores relevantes señalen, identifiquen, analicen y conversen sobre temas prioritarios; así como sobre los elementos que deba contemplar la iniciativa de ley a ser presentada al Congreso de la Unión.
5. El primero de estos diálogos tuvo lugar el pasado 17 y 18 de enero de 2022 y en él participaron beneficiarios del Mecanismo de Protección, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, representantes de organizaciones internacionales, académicos y servidores públicos de diferentes autoridades del Gobierno de México.
6. De manera paralela, el Mecanismo de Protección continuará celebrando convenios de cooperación con todas las entidades federativas, con la finalidad de garantizar la operación
eficaz y eficiente de los mecanismos locales y del mecanismo nacional, a fin de ejecutar e implementar las medidas de prevención, de protección y urgentes de protección que les sean solicitadas por la Coordinación Ejecutiva Nacional; así como realizar el seguimiento puntual de las medidas que hayan sido implementadas en la entidad en las cuales hubiese tenido participación.
7. El 9 de diciembre de 2020 fue publicado del en Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se aprobó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (“Acuerdo de Escazú”) negociado bajo los auspicios de la Comisión Económica Latinoamericana y del Caribe (CEPAL). El Acuerdo de Escazú es el primer tratado internacional en el mundo en incluir disposiciones específicas para la protección y promoción de las personas defensoras de derechos humanos en materia ambiental quienes constituyen uno de los grupos más vulnerables y proclives aprender la vida a causa de sus actividades. Con la ratificación de este tratado, el Gobierno de México atendió el llamado de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
8. Consciente del desafío que enfrenta en materia de protección y defensa de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el Estado mexicano actualmente trabaja en la creación de un Sistema Nacional de Prevención y Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Este Sistema Nacional estará fundamentado en una Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y comprenderá la formulación de un Modelo Nacional de Prevención, la creación de un Registro Nacional de Agresiones y un Protocolo Nacional de Protección. Para la formulación del proyecto de Ley Nacional, los días 17 y 18 de enero, el gobierno mexicano sostuvo el primero de una serie de diálogos regionales con la finalidad de que la sociedad civil, y en especial las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, cuenten con espacios plurales e incluyentes de participación para la construcción de la iniciativa de ley general que será presentada al Congreso de la Unión.
9. Los diálogos sobre la iniciativa de ley general se centrarán en 5 ejes temáticos: obligaciones de ley de los tres órdenes de gobierno; Sistema Nacional de Protección; Sistema Nacional de Prevención; Registro Nacional de Agresiones; Protocolo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
10. De igual forma, para complementar dichos diálogos, la Cancillería trabaja en la organización de un diálogo con expertas y expertos internacionales, academia, y organismos internacionales, con la finalidad de asegurar que la iniciativa de ley que se presente cuente con los más altos estándares internacionales en la materia.
Líneas discursivas
México reconoce la trascendental labor de las personas defensoras de derechos humanos pues considera que su trabajo es fundamental para la obtención de justicia, verdad y reparación del daño en un contexto complejo de violencia y altos niveles de impunidad.
En atención a ello, el Gobierno de México realiza esfuerzos intensos en la promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos y en un cada vez más frecuente reconocimiento público de los aportes de las personas defensoras de derecho humanos al Estado de derecho en nuestro país. Cabe destacar que la Secretaría de Gobernación ha afirmado constantemente que, a pesar de la extinción de su fideicomiso, los recursos para la operación del Mecanismo están en todo momento garantizados.
Actualmente se trabaja en la creación de un Sistema Nacional que tendrá fundamento en una Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y comprenderá la formulación de un Modelo Nacional de Prevención, la creación de un Registro Nacional de Agresiones y un Protocolo Nacional de Protección.
Para la creación de una iniciativa de esta ley general, el Estado mexicano ha iniciado espacios de diálogos en diferentes regiones del país, los cuales buscan ser plurales e incluyentes en los que actores relevantes señalen, identifiquen, analicen y conversen sobre temas prioritarios; así como sobre los elementos que deba contemplar la iniciativa de ley a ser presentada al Congreso de la Unión.
Asimismo, México trabaja decididamente, de la mano de las víctimas, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales para enfrentar el reto que representa fortalecer el Mecanismo. La reciente ratificación del Acuerdo de Escazú constituye una muestra de voluntad política del actual Gobierno de la República para abonar a este proceso que paulatinamente traiga consigo la garantía de estándares internacionales en el fuero nacional.
III. Acceso a la Justicia
Situación actual
De acuerdo con cifras de diversos estudios elaborados por organizaciones de la sociedad civil, la impunidad en México alcanza niveles superiores al 98%.2 El Comité de Derechos Humanos, en sus observaciones finales de 2019, mostró preocupación por la recurrente impunidad de los agentes del orden en relación con la comisión de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura. Los persistentes obstáculos al acceso a la justicia fueron motivo para impulsar la discusión y aprobación de la reforma al sistema de justicia penal.
Instrumentos internacionales relevantes
» Convención Americana sobre Derechos Humanos
» Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Acciones emprendidas por el Estado mexicano
1. Reforma al Sistema de Justicia Penal. Desde 2008 se puso en marcha la reforma al sistema de justicia penal. Específicamente, esta reforma impulsó la transición de un sistema penal inquisitorial a un proceso penal acusatorio y oral. Con ello, se estableció un sistema que busca proteger los derechos tanto de las víctimas u ofendidos, como de los indiciados, lo cual redunda en el fortalecimiento del debido proceso, destacando el reconocimiento expreso del principio de presunción de inocencia. Otras modificaciones se refieren al reconocimiento del derecho de toda persona imputada a declarar o guardar silencio, quedando prohibida toda incomunicación, intimidación o tortura; la anulación del valor probatorio de toda confesión rendida sin la asistencia de un defensor, así como de cualquier prueba obtenida mediante la violación de derechos fundamentales; el establecimiento de un plazo razonable para juzgar según la pena del delito; la institución del derecho del imputado a una defensa adecuada y la obligación del Estado de proporcionarla; el reconocimiento del derecho del imputado a ser juzgado en audiencia pública; el establecimiento de límites a la prisión preventiva y al arraigo; la creación de la figura del juez de control; la definición del concepto de flagrancia; la obligación de que las órdenes de cateo sean solicitadas por el Ministerio Público a la autoridad judicial, y la regulación de las comunicaciones privadas. Por la envergadura de los cambios requeridos, se estableció un plazo de ocho años para la implementación de esta reforma y fue hasta el 2016 que culminó el proceso de entrada en vigor en todo el país.
2. Autonomía de la Fiscalía General de la República. El 10 de febrero del 2014 se publicó la reforma constitucional que modificó el Artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para brindar autonomía constitucional a la Fiscalía. Posteriormente, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República fue aprobada por
el Senado de la República y publicada el 14 de diciembre del 2018 en el Diario Oficial de la Federación. Esta Ley presenta los siguientes cambios positivos: una nueva estructura, nuevas potestades para organizarse y hacer frente a la macrocriminalidad, una mejor forma de designar a fiscales especializados, una nueva cultura organizacional, una nueva relación con las víctimas y familiares, nuevos procesos de selección de personal, nueva forma de seguimiento al cumplimiento de sus metas, una nueva forma de participación de la sociedad civil, mejores instrumentos de rendición de cuentas, nuevos modelos para investigar y colaborar con otros actores, la importancia del servicio de carrera, entre otros.
Una clave de la nueva Fiscalía es la designación de cuatro fiscales especializados que, de acuerdo a la nueva LOFGR, si bien están adscritos a la Fiscalía General de la República, gozan de autonomía técnica y de gestión: la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos.
Desafíos
Para el Gobierno de México el acceso a la justicia es un principio básico del estado de derecho. Por ello, desde 2008 se buscó una reforma estructural al sistema de justicia penal.
» Aún se presentan insuficiencias en las investigaciones y enjuiciamientos de graves violaciones de derechos humanos, particularmente por la falta de asignación de los recursos necesarios a los responsables de la investigación, en particular a nivel local.
» La falta de fiscalías o unidades especializadas en delitos ligados a graves y recurrentes violaciones a los derechos humanos a nivel local.
» La reducida capacitación de los servidores públicos a cargo de las investigaciones.
» La falta de autonomía e independencia de los peritos a cargo de investigaciones.
» El número exiguo de persecuciones y condenas.
Líneas discursivas
Para el Gobierno de México el acceso a la justicia es un principio básico del estado de derecho. Por ello, desde 2008 se buscó una reforma estructural al sistema de justicia penal, y desde 2016, se trabaja en su efectiva implementación a nivel nacional.
Actualmente nos encontramos en etapa de transición y operan dos sistemas distintos en México, el adversarial y el de corte inquisitivo, lo cual implica desafíos importantes.
La autonomía de la Fiscalía y los continuos esfuerzos de fortalecimiento y capacitación son muestra del compromiso del Gobierno mexicano por garantizar el acceso a la justicia.
IV. Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa
Situación actual
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI), surge del Acuerdo formalizado entre la CIDH, los representantes de las víctimas de Ayotzinapa y el Estado mexicano el 18 de noviembre de 2014, con la finalidad de proporcionar asistencia técnica para la búsqueda de los 43 estudiantes.
El 29 de julio de 2016, la CIDH mediante su resolución 42/16 de seguimiento de la medida cautelar No. 409/14 considera necesaria la implementación de un Mecanismo Especial de seguimiento del Asunto Ayotzinapa (MESA).
El 4 de diciembre de 2018, por instrucción presidencial se publica en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se crea la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa.
El 6 y 7 de septiembre de 2021, una delegación de la CIDH, encabezada por la Comisionada Esmeralda Arosamena realizó a nuestro país una visita de trabajo para validar la propuesta de Plan de Trabajo del MESA, mismo fue validado en el seno de la COVAJ, con la finalidad de prorrogar el MESA al 28 de febrero de 2022, ya que su vigencia terminaría el 31 de diciembre de 2021.
Instrumentos internacionales relevantes
» Carta de la Organización de los Estados Americanos, suscrita el 30 de abril de 1948 y entrada en vigor el 13 de diciembre de 1951.
» Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita el 22 de noviembre de 1969 y entrado en vigor el 18 de julio de 1978.
» La resolución 42/16 emitida por la CIDH en seguimiento a la resolución de seguimiento de las medidas cautelares MC–409–14 de fecha 29 de julio de 2016.
» Acuerdo para la Reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) emitido por la CIDH.
Acciones emprendidas por el Estado mexicano
1. Mediante comunicado 498–21/CIDH/SE/MPCT–MISC de fecha 28 de septiembre de 2021, la CIDH envío a esta Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, el Plan de Trabajo 2021–2022 del MESA para su ampliación, mismo que fue transmitido a la COVAJ para su aprobación, quien acordó extender su vigencia al 28 de febrero de 2022.
2. El 22 de marzo de 2021, la CIDH solicitó al Gobierno de México el apoyo a fin de que se realizaran las gestiones necesarias para reinstalar el GIEI para ampliar su vigencia por 9 meses más, ya que vencía el 31 de marzo de ese mismo año.
3. Mediante el Acuerdo de traspaso para la Reinstalación del GIEI se amplió su vigencia al 31 de diciembre de 2021 y SEGOB realizó el traspaso de los recursos correspondientes.
4. El 16 de diciembre de 2021, mediante el comunicado 270–21/CIDH/SE/GAB–CE la CIDH manifestó la conformidad para extender la vigencia del Acuerdo para la reinstalación del GIEI para brindar asistencia técnica internacional en la investigación del caso Ayotzinapa hasta el 31 de marzo de 2022, solicitud que fue transmitida a SEGOB y de la cual se aprobó y se extendió su vigencia en la fecha solicitada.
Líneas discursivas
Es prioridad llegar a la verdad sobre el paradero de los 43 estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos”, y realizar todas las acciones necesarias a fin de sancionar a quienes resulten responsables.
Los retos con los que se encuentran las autoridades mexicanas en el caso Ayotzinapa es el combate a la corrupción y falta de justicia efectiva que se traduce en una inadecuada investigación que se había desarrollado en los anteriores gobiernos; sin embargo, es prioridad en su gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador llegar a la verdad sobre el paradero de los 43 estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos”, y realizar todas las acciones necesarias a fin de sancionar a quienes resulten responsables, ya que este es un tema de vital trascendencia para el Estado mexicano, pues este gobierno se ha caracterizado por tener 0 tolerancia a la impunidad y tienen claro que uno de los principales compromisos adquiridos por el Estado mexicano en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos es garantizar su libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de todos los mexicanos.
V. Guardia Nacional
Situación actual
Diversos organismos internacionales de derechos humanos han señalado que la seguridad pública en México se encuentra en una situación de militarización, marcada por la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública que corresponderían exclusivamente a las fuerzas policiales. Asimismo, el Estado mexicano ha recibido recomendaciones internacionales, notablemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que instan al Gobierno de México a desarrollar un plan gradual para el retiro de las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública y fortalecer las capacidades de las policías civiles conforme a estándares internacionales de derechos humanos y uso de la fuerza para el cumplimiento de sus funciones.
El 21 de febrero de 2019, el Senado de la República aprobó por unanimidad el dictamen para la creación de la Guardia Nacional, como una institución de seguridad pública de carácter civil, disciplinado y profesional. El 26 de marzo de 2019, el Congreso de la Unión publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional que, entre otros puntos, señala que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional.
En cumplimiento al Decreto, el 27 de mayo de 2019, se publicó la Ley de la Guardia Nacional, en cuyo artículo 4° señala que la Guardia Nacional es una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El objeto de la Guardia Nacional es realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación y, en su caso, conforme a los convenios que para tal efecto se celebren, colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o municipios.
Asimismo, el 9 de abril 2019 la SRE y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, firmaron el Acuerdo Marco entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para brindar asesoría y asistencia técnica para la formación en materia de derechos humanos y operación de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos a la Guardia Nacional.
Instrumentos internacionales relevantes
» Acuerdo Marco entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para brindar asesoría y asistencia técnica para la formación en materia de derechos humanos y operación de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos a la Guardia Nacional.
Acciones emprendidas por el Estado mexicano
1. El 9 de abril 2019 se firmó el Acuerdo Marco entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la OACNUDH para brindar asesoría y asistencia técnica para la formación en materia de derechos humanos y operación a la Guardia Nacional. El Acuerdo brinda asesoría en:
a. diseño de programas de formación de capacitadores y su certificación en materia de derechos humanos;
b. desarrollo de protocolos de actuación, en temas como uso de la fuerza, prevención de violaciones a derechos humanos, y protección a grupos en situación de vulnerabilidad; y
c. Diseño de acciones para el fortalecimiento de capacidades del sector de seguridad pública y en mecanismos de participación ciudadana.
2. En 2020, por intervención de la Cancillería, se estableció una hoja de ruta para la implementación del Acuerdo Marco, que consiste en: 1) Revisión de la capacitación en materia de derechos humanos, 2) Creación de indicadores de cumplimiento y 3) Revisión de casos emblemáticos para el aprendizaje de buenas prácticas.
Contar con un cuerpo de seguridad profesional de carácter civil y altamente capacitado en los más altos estándares en materia de derechos humanos se convierte en una necesidad de primer orden.
3. A fin de concretar los trabajos de implementación de la referida hoja de ruta se crearon dos Grupos Técnicos a cargo de la SSPC, sobre Capacitación y de Revisión de Casos, los trabajos de ambos grupos son revisados en el marco de las Reuniones de Coordinación que se celebran de manera periódica.
4. El Grupo Técnico de Capacitación está encargado de la revisión de todos los materiales de la actual formación de los elementos de la Guardia Nacional en materia de derechos humanos y está encargado de la construcción de indicadores de cumplimiento para evaluar el impacto operativo de la capacitación en derechos humanos. Para ello se cuenta con la guía de los expertos en indicadores de la OACNUDH.
5. Actualmente, el Grupo Técnico de Capacitación se encuentra trabajando en un manual sobre uso de la fuerza, mismo que se tomará como base para la impartición de una serie de cursos en la materia al personal de la Guardia Nacional, con el acompañamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Cabe resaltar que, en junio de 2021 elementos de la Guardia Nacional participaron en primer un curso piloto sobre el uso de la fuerza.
6. Por otro lado, el Grupo Técnico de Revisión de Casos, está encargado del análisis de casos sobre presuntas violaciones a derechos humanos en la que estuvieron involucrados elementos de la Guardia Nacional. Se revisan casos en materia de migración, feminicidio, desaparición forzada, a fin de identificar falencias en la capacitación y generar buenas prácticas para garantizar su no repetición.
7. Al día de hoy la GN, la SSPC con el acompañamiento de la SRE y la OACNUDH se encuentran implementando esta hoja de ruta con la revisión de la maya curricular vigente de la GN en derechos humanos, y la revisión de casos en materia de migración, feminicidio, desaparición forzada, a fin de identificar áreas de oportunidad en la capacitación y generar buenas prácticas para garantizar la no repetición de hechos similares. Asimismo, se evalúa la posibilidad de colaborar con otras agencias de Naciones Unidas y organismos especializados a fin de fortalecer los trabajos en la implementación del Acuerdo Marco.
Líneas discursivas
El Gobierno de México reconoce el reto de atender el problema de inseguridad en el territorio nacional, que plantea la presencia de la delincuencia organizada. En ese contexto, contar con un cuerpo de seguridad profesional de carácter civil y altamente capacitado en los más altos estándares en materia de derechos humanos se convierte en una necesidad de primer orden.
El 21 de febrero de 2019, en el Senado de la República se aprobó por unanimidad y por todas las fuerzas políticas representadas en el Senado, el dictamen para la creación de la Guardia Nacional, responsable de las tareas de Seguridad Pública para prevenir y combatir el delito en el territorio nacional.
El Gobierno de México tiene la firme convicción de formar a la Guardia Nacional, cuerpo civil de seguridad pública, bajo los más altos estándares y mejores prácticas en materia de derechos humanos, uso de la fuerza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad. Por ello, el Gobierno de México firmó un Acuerdo con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para brindar asesoría y asistencia técnica para la formación en materia de derechos humanos y operación de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos a la Guardia Nacional.
Actualmente, la implementación del Acuerdo brinda asesoría a la Guardia Nacional en el diseño de programas de formación, el desarrollo de protocolos de actuación, uso de la fuerza y prevención de violaciones a derechos humanos, y atención a grupos en situación de vulnerabilidad.
VI. Tortura
Situación actual
México está plenamente comprometido en la lucha contra la tortura, los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. México cuenta con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (“Ley General”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2017 que, entre otras cosas, establece la prohibición absoluta de la tortura, homologa en todo el país los tipos penales de tortura y malos tratos, dispone la imprescriptibilidad del delito de tortura, reafirma la inadmisibilidad o nulidad de los elementos de prueba obtenidos directamente a través de actos de tortura, prevé la creación de un registro nacional del delito de tortura conectado con el Registro Nacional de Víctimas y prohíbe la concesión de indultos o amnistías y el reconocimiento de inmunidades a personas procesadas o condenadas por actos de tortura.
Entre 2017 y diciembre de 2019, fueron dictadas 39 sentencias en 11 entidades de la Federación. 36 de estas sentencias han sido por tortura (11 absolutorias, 10 condenatorias y 15 parcialmente absolutorias y parcialmente condenatorias); los 3 restantes fueron por tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (2 absolutorias y 1 condenatoria).
Entre 2011 y 2019, se identificaron en órganos jurisdiccionales federales por lo menos 21 sentencias en las que se analizó la exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura. Asimismo, se identificaron al menos 435 sentencias que resultaron en la reposición del procedimiento por haberse determinado la obtención de pruebas mediante tortura o malos tratos.
De manera paralela, se cuentan con datos de que el Protocolo de Estambul ya es aplicado en 12 de las 32 entidades federativas del país (aproximadamente el 38.7%). En las entidades que aún no se aplica, sí se prevé normativamente. En materia de capacitación para la prevención y sanción de la tortura, en 24 de las 32 entidades federativas (aproximadamente el 77.4%), se realizaron acciones en el periodo 2017–2018. Asimismo, al menos 14 entidades cuentan con alguna medida o mecanismo institucional para la sanción del delito de tortura.
Instrumentos internacionales relevantes
» Convención Americana sobre Derechos Humanos.
» Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
» Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
» Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes y su Protocolo Facultativo.
Acciones emprendidas por el Estado mexicano
1. Revisión del Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura inicialmente creado el 19 de agosto de 2015, con el propósito de alinear su contenido con la Ley General y definir las políticas de actuación y procedimientos apegados a estándares internacionales de derechos humanos para que sean seguidos por las instancias de procuración de justicia en la investigación de este delito, en las distintas etapas del procedimiento penal (tradicional y acusatorio), con el fin de asegurar una investigación exhaustiva de los hechos, contemplar la especial vulnerabilidad del sujeto pasivo y la no re victimización de las personas, así como el avance en el diseño e implementación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para casos de Posible Tortura y/o Maltrato, que retoma los principios rectores del Protocolo de Estambul.
2. El 26 de enero de 2018 fue publicado en el DOF el Acuerdo mediante el que se creó la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Tortura con la que se busca fortalecer la autonomía en las investigaciones de los delitos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Un importante avance fue la adopción de la Ley General, que sienta cimientos sólidos para el desarrollo de políticas públicas adecuadas.
3. Se elaboró un proyecto de Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el cual fue presentado durante los trabajos de la XL Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), celebrada el 11 y 12 de octubre de 2018, en la que participaron los Titulares de las 32 procuradurías y fiscalías generales del país; la Fiscalía General de Justicia Militar; el Secretariado Ejecutivo Adjunto del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Coordinación Nacional Antisecuestro; y las Subprocuradurías Especializadas, la Agencia de Investigación Criminal, la Visitaduría General, la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y el Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura (FEIDT) remitió el citado proyecto a algunas Organizaciones de la Sociedad Civil, a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México, a la Secretaría de Gobernación y al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de que realizaran sus aportaciones.
4. Instalación, en octubre de 2015, del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida Contra las Mujeres, en el marco del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
5. El significativo progreso respecto de la restricción de la jurisdicción militar, particularmente a la luz de la reciente aprobación de la Reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar, a fin de asegurar que todo el personal militar implicado en violaciones de derechos humanos contra civiles, cometidas en el pasado o actuales, sea investigado, encausado y juzgado por el sistema de justicia ordinario.
6. La importancia de la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que se adecua y está en consonancia con la adopción del nuevo proceso penal acusatorio, el cual garantiza el derecho al debido proceso, incluyendo la debida diligencia del mismo.
7. La promulgación de la Ley General de Víctimas y el establecimiento de las instancias para garantizar la adecuada reparación de las víctimas en caso de la comisión de delitos graves.
8. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la instrumentación del Protocolo de Actuación Judicial, relacionada con la obligación del juez de solicitar por una parte la aplicación del Dictamen Médico Psicológico correspondiente, ante la posible comisión de acto de tortura y, por la otra, la investigación de este probable acto. Asimismo,
recientemente determinó como inadmisibles las confesiones que se presumiera hubieran sido obtenidas por medio del uso de tortura.
9. La publicación de los Protocolos de cadena de custodia, preservación de evidencias y uso de la fuerza.
10. Actualmente, la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura se encuentra trabajando en el Registro Nacional del Delito de Tortura, a que se refieren los artículos 83, 84 y 85 la Ley General, mismo que está en la etapa de planeación y elaboración de la plataforma, y sistema de captura de información.
11. El 27 de mayo de 2019, se publicó en el DOF la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la cual tiene por objeto establecer las normas generales bajo las cuales los integrantes de las instituciones de seguridad pueden ejercer el uso de la fuerza y utilizar el armamento oficial para el desempeño de sus funciones.
12. En marzo de 2021, el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) del Poder Judicial de la Federación (PJF) inició el proyecto denominado “Fortalecimiento de la Defensoría Pública en el Combate a la Tortura”, una iniciativa conjunta con el Instituto con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (por sus siglas en inglés, “USAID”), cuyo objetivo general es avanzar en la efectiva implementación de la Ley General, a través del fortalecimiento de las habilidades técnicas y conocimientos del personal del IFDP en el registro, documentación e investigación de actos de tortura, así como retroalimentación y evaluación sobre el impacto de las estrategias de litigio en el combate a la tortura.
Líneas discursivas
Para el Gobierno de México el combate a la tortura y a la impunidad son un tema prioritario. Reconocemos los desafíos que en esa materia enfrenta a nivel nacional, y mantenemos el firme compromiso de seguir emprendiendo acciones para prevenir y sancionar la comisión de este delito, con miras a erradicarlo por completo.
Dicho compromiso se expresa con la apertura al diálogo que se mantiene con los mecanismos internacionales de derechos humanos, ejemplo de ello es la sustentación del VII informe periódico que México presentó ante el Comité contra la Tortura (CAT) a finales de abril del 2019.
El Estado mexicano trabaja ininterrumpidamente en el seguimiento a las observaciones emitidas por el CAT a su séptimo informe periódico, específicamente aquellas relativas a salvaguardas legales fundamentales y mantenimiento de registros de detención, así como con respecto a mecanismos de vigilancia y supervisión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Un importante avance fue la adopción de la Ley General, que sienta cimientos sólidos para el desarrollo de políticas públicas adecuadas. El Estado mexicano continúa trabajando en su implementación estricta y uniforme en todo el país, para lo que será trascendente la próxima adopción de un Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura.
VII. Movilidad Humana internacional
Situación actual
México como país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes, enfrenta importantes retos para atender las necesidades específicas y diferenciadas de las personas que integran esos flujos, en los cuales cada vez es más notoria la participación de mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, grupos en situación de vulnerabilidad (LGBTI), personas enfermas, indígenas, entre otros.
El contexto económico, político y social de los países centroamericanos (Guatemala, Honduras, El Salvador), Venezuela y recientemente Haití, ha tenido un impacto significativo en el aumento de los flujos migratorios mixtos, en los cuales se incluyen personas con necesidades de protección internacional (solicitantes de refugio), muchos de los cuales buscan llegar a los Estados Unidos y Canadá por razones de reunificación familiar, asilo político, y opciones laborales y bienestar económico.
Instrumentos internacionales
relevantes
» Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares
» Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular en 2018.
» Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo
» Marco Integral Regional de Protección y Soluciones (MIRPS).
Acciones emprendidas por el Estado mexicano
1. La política migratoria mexicana se alinea con los contenidos constitucionales, los compromisos internacionales y los principios y objetivos del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, se basa en el respeto a los derechos humanos de todas las personas migrantes, con independencia de su situación migratoria, privilegia su dignidad, la unidad familiar, la no discriminación, el enfoque de género y la protección a grupos en situación de vulnerabilidad y no penaliza el ingreso irregular. México participará en el Foro de Examen de la Migración (FEMI) a celebrarse en mayo de 2022 en Nueva York. Será la primera reunión, después de la adopción del Pacto en diciembre de 2018, en la que los estados miembros discutirán sobre los progresos alcanzados y los retos enfrentados en la aplicación del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular (PMM), se prevé que como resultado se adopte una Declaración de Progreso.
2. México cuenta con marcos jurídicos específicos: Ley de Migración, Ley sobre Refugiados, Protección complementaria y Asilo Político, Ley General sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Al mismo tiempo, que ha puesto en marcha diversos programas y acciones orientados a brindar una atención integral y humana a las personas que integran los flujos migratorios mixtos.
3. En enero de 2021 entraron en vigor las reformas a la Ley de Migración, Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que fortalecen la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes y solicitantes de refugio, no deben ser alojados en estaciones migratorias.
4. Para la atención de las niñas, niños y adolescentes migrantes, existe un modelo de actuación (Ruta de Protección Integral) que prevé la canalización inmediata de estas poblaciones a Centros de Asistencia Social, bajo la responsabilidad del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), adecuados para la atención de sus necesidades; al mismo tiempo que les reconoce como sujetos de derechos y privilegia la determinación del interés superior de la niñez.
5. En reconocimiento de la situación especial y la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas migrantes, se ha incorporado la perspectiva de género e impulsado el fortalecimiento de las leyes, las instituciones y los programas nacionales para combatir la violencia por razón de género, incluida la trata de personas y la discriminación contra las mujeres y las niñas.
6. Durante la pandemia por COVID–19 la COMAR no detuvo sus operaciones, continuó recibiendo y procesando solicitudes de refugio, priorizando la asistencia institucional y la atención de casos urgentes. Con el apoyo de ACNUR y de la sociedad civil, se brindó hospedaje preventivo y seguro a los solicitantes de refugio, a efecto de reducir las posibilidades de contagios.
7. Atendiendo a la reforma legislativa para la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados, se diseñó la “Guía Operativa para la atención de solicitudes del reconocimiento de la condición de refugiado de niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados, separados y no acompañados”, dirigida a los oficiales de primer contacto de COMAR.
8. A través de la Mesa Interinstitucional la COMAR identifica las necesidades y vincula a las distintas dependencias para facilitar la integración social y productiva de las personas refugiadas y sus familiares.
9. Con el apoyo de ACNUR, cientos de refugiados han logrado insertarse al mercado laboral, recibir capacitación y certificación de habilidades, validación de estudios, así como acceso a los servicios públicos.
Líneas discursivas
México ha sido y continuará siendo un país hospitalario y comprometido en la construcción de soluciones integrales duraderas, basadas en el respeto de los derechos humanos, que atiendan las causas que originan los movimientos de personas más allá de las fronteras, por ello, las conductas de algunos elementos de las autoridades en contra de las personas migrantes y solicitantes de refugio deben ser sancionadas y corregidas, toda vez que no reflejan la posición que nuestro país promueve en los foros internacionales.
México es un activo promotor de la protección de los derechos humanos, y en ese sentido en la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos presenta las resoluciones sobre la Protección de los migrantes y los derechos humanos de los migrantes.
Igualmente es un actor comprometido e impulsor de iniciativas en los foros multilaterales y regionales sobre migración internacional, sobre migrantes y refugiados.
México es un país abierto al escrutinio internacional, por ello en diciembre de 2020 y enero de 2021, atendió la visita virtual de la Relatora Especial sobre los derechos de las personas migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al mismo tiempo que atiende las solicitudes de información sobre asuntos específicos relativos a este tema.
Nota: Para los temas de migración proveniente de países de Latinoamérica, solicitar información a la Subsecretaría para América Latina y el Caribe, en tanto responsable de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria (CIAIMM); Para los temas de Protocolos de Protección al Migrante (MPP) y Título 42 “Quédate en México” consultar con la Unidad para América del Norte, Consultoría Jurídica y la Dirección General de Coordinación Política, en tanto responsable de esos temas.
VIII. Igualdad de género y eliminación de las violencias contra las mujeres y las niñas
Situación actual
La igualdad es un derecho reconocido en el Artículo Primero de la Constitución y por tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). México tiene un compromiso con alcanzar la igualdad de género de manera transversal, porque en un mundo donde éstas representan más del 50 por ciento de la población, la promoción de sus derechos humanos y su bienestar es indispensable para garantizar un mundo sostenible y en paz.
Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres sigue siendo un reto importante tanto en el mundo como en nuestro país, en particular con respecto a las temáticas de erradicación de las violencias de género
Por ejemplo, en este ámbito la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) reveló que “el 61.1 por ciento de las mujeres de 15 años o más han sido víctimas de al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida en al menos un ámbito y ejercida por cualquier agresor”. La misma Encuesta reportaba los distintos tipos/modalidades de violencia que afectaban a las mujeres en México, siendo la violencia emocional, con un 40.1 por ciento, la que más se presentaba y la violencia sexual, con un 6.5 por ciento, la que menos presencia tenía. Además, la Encuesta muestra los porcentajes de violencia por ámbito, siendo la violencia de pareja la que más porcentajes tenía (ello en los 12 meses anteriores al lanzamiento de la mencionada herramienta).
En el ámbito de feminicidios, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), entre enero y diciembre de 2021, en México fueron asesinadas por razón de género, 1,004 mujeres.
Instrumentos internacionales relevantes
» Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (Convención CEDAW).
» Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradica la Violencia contra las Mujeres, “Convención de Belém do Pará”.
» En el marco de los instrumentos no vinculantes, México reconoce la importancia de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su Objetivo número 5 sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y las niñas y las consideraciones específicas sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres. De igual forma, nuestro país reconoce la importancia de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, una de las agendas más integrales que cuenta con una esfera de acción específica en la materia.
Acciones emprendidas por el Estado mexicano
1. El Estado Mexicano se ha caracterizado por liderar el impulso de la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos en su agenda bilateral y regional, así como en las negociaciones de mecanismos e instrumentos multilaterales.
2. Así lo ha hecho desde 1975, año en el que México fue sede de la Primera Conferencia Mundial de la Mujer, el antecedente de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, documento resultado de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de 1995. También, México fue uno de los países clave para dar impulso a la creación Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) en el año 2004.
El Gobierno de México seguirá impulsando la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos en su agenda bilateral y regional, así como en las negociaciones de mecanismos e instrumentos multilaterales.
3. En el marco de la Política Exterior Feminista de México, presentada en enero de 2020, los principales foros en donde México interviene en defensa de las temáticas de igualdad de género y eliminación de las violencias contra las mujeres y niñas son:
– Comisión de la Condición Social y Jurídica de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés)
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CoDH)
Asamblea General de Naciones Unidas (AGONU)
– Conferencia Regional de la Mujer y Mesa Directiva de la Conferencia Regional de la Mujer.
– Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI)
Grupo de Trabajo sobre Violencia contra las Mujeres y Niñas Indígenas en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte.
En seguimiento a las obligaciones internacionales de México respecto a la Convención CEDAW, México ha:
Instaurado desde 2018, la Comisión de Seguimiento de las Observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comisión CEDAW), con el objeto de coadyuvar con el monitoreo de los avances en el cumplimiento de las dichas observaciones. La Comisión cuenta con seis mesas temáticas (violencia de género, salud sexual y reproductiva, educación, acceso y procuración de justicia, igualdad laboral y atención a problemáticas estructurales y empoderamiento económico) y dos subgrupos de trabajo (violencia política y armonización legislativa).
– En seguimiento a las observaciones del IX Informe Periódico de CEDAW, se presentó en 2020 el Informe de Medio Término de México sobre cuatro recomendaciones en materia de violencia contra las mujeres (Protocolo Alba y Alerta Amber, Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres, armonización del tipo penal de Feminicio, Caso Pilar Argüello Trujillo). En enero de 2022, se presentó ante las instancias de la Comisión CEDAW la ruta de acción respecto al trabajo de la Comisión CEDAW que incluye la calendarización de la presentación del X Informe Nacional ante el Comité, previsto para presentarse en 2023.
4. En materia de cooperación internacional y después de una etapa singular de evaluación, se está llevando a cabo en México la segunda fase de la Inciativa Spotlight en Chihuahua (Chihuahua y Cd. Juárez), Guerrero (Chilpancingo) y Estado de México (Naucalpan y Ecatepec). Esta nueva fase contará con tres áreas prioritarias (legislación, prevención y atención) y tres enfoques transversales (datos y gestión del conocimiento y sociedad civil).
5. Conscientes que las violencias de género durante la situación de pandemia por COVID–19, a nivel nacional contra las mujeres aumentaron, se destacan las siguientes acciones:
La habilitación del 911, en donde personal capacitado canaliza las denuncias por violencia de género para su adecuada atención.
– Se desarrolló la Guía para actuar frente a una situación de violencia familiar contra las mujeres y niñas, con recomendaciones para identificar señales que indican que las mujeres se encuentran en situaciones de riesgo de su integridad física y dónde buscar ayuda
– Se elaboró un directorio para dar a conocer los Centros de Justicia para las Mujeres.
– Se solicitó a los 32 poderes judiciales de los estados, tomar las medidas necesarias para la permanencia de juzgados de guardia para la protección de vidas libres de violencia y acceso a la justicia para las niñas y las mujeres.
– La Secretaría de Gobernación conformó el Grupo Intersecretarial de Estrategia contra las Violencias hacia las Mujeres (GIEV), presidido por la titular de la misma, con la finalidad de analizar los retos que se enfrentan sobre esta problemática.
Se dio continuidad a los esfuerzos de las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIs), espacios en los que mujeres indígenas y/o afromexicanas brindan atención con pertinencia cultural, perspectiva de género y derechos humanos en las vertientes de derechos de las mujeres, prevención de violencia contra las mujeres, derechos sexuales y reproductivos.
Líneas discursivas
El Estado Mexicano es consciente de que la violencia contra las mujeres y las niñas es un fenómeno multicausal y multidimensional que refleja los actos de discriminación asociados con las prácticas patriarcales persistentes en todas las sociedades del mundo y que su enfoque, tratamiento y erradicación conllevan importantes desafíos derivados de su complejidad y sus múltiples manifestaciones.
Por lo tanto, abordar todas sus causas y consecuencias, así como lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, es una prioridad para México.
El Gobierno de México seguirá impulsando la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos en su agenda bilateral y regional, así como en las negociaciones de mecanismos e instrumentos multilaterales, impulsando de manera significativa la eliminación de las violencias de género contra mujeres y niñas. México se compromete a no dar pasos atrás en esta materia ante un ambiente polarizado, sobre los derechos humanos de las mujeres y niñas.
México seguirá comprometido con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en lo que respecta a la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, la eliminación de las violencias contra las mujeres, en el marco de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Asimismo, se impulsará la implementación, observación y evaluación de la Segunda Fase de la Iniciativa Spotlight, la cual busca contribuir a la efectiva prevención y erradicación del feminicidio y otras formas de violencia de género.
IX. Política Exterior Feminista
Situación actual
México se ha caracterizado por liderar el impulso de la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos en su agenda bilateral y regional, así como en las negociaciones de mecanismos e instrumentos multilaterales. Desde 1975, año en que nuestro país hospedó la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, impulsando desde ese momento una agenda progresista en beneficio de las mujeres y niñas en su diversidad.
En el marco de la política exterior transformadora de México, se ha dado continuidad a estas prioridades. En la 74 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en septiembre de 2019, se anunció a la comunidad internacional que México tendría en 2020 una Política Exterior Feminista, misma que fue adoptada en la XXXI Reunión de Embajadores, Embajadoras y Personas Cónsules. Con esta acción, México se convirtió en el primer país del Sur global en adoptar este tipo de política exterior, junto con Suecia, Canadá, Francia, Luxemburgo, España y Suecia y se posiciona como un actor relevante en la materia.
Esta Política se define como un conjunto de principios que buscan, desde la política exterior, orientar las acciones gubernamentales para reducir y eliminar las diferencias estructurales, brechas y desigualdades de género con el fin de construir una sociedad más justa y próspera.
Cuenta con tres enfoques: 1) Perspectiva de género e interseccionalidad en la política exterior mexicana; 2) Visibiliza el aporte de las mujeres a las acciones de política exterior; y 3) brinda coherencia y congruencia a las acciones gubernamentales tanto nacionales como internacionales.
Acciones emprendidas
Durante 2020 y 2021, la Política Exterior Feminista de México se enfocó en superar los impactos negativos de la pandemia COVID–19 que afectó de manera desproporcionada a mujeres y niñas en todo el mundo.
a. Principales posiciones y foros multilaterales
En el ámbito multilateral, el Gobierno de México renovó y fortaleció sus alianzas para la igualdad de género en los foros multilaterales. En este sentido, México impulsó en el marco del 64 y 65 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) y en la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe temas como salud y derechos sexuales y reproductivos; estadísticas con perspectiva de género; erradicación de todas las formas de discriminación y violencia contra mujeres y niñas; interseccionalidad para reconocer la diversidad en mujeres y niñas; así como la necesidad de impulsar y garantizar la participación de las mujeres y las niñas en la vida pública y su papel en la recuperación post pandemia.
En el marco de la COP25 en Madrid (2019), México promovió de manera transversal la necesidad de contar con un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interseccionalidad y justa transición de la fuerza del trabajo, así como el impulso a estos temas en el marco de la renovación del Programa de Trabajo de Lima sobre Género (LWPG, por sus siglas en inglés) y su Plan de Acción (GAP, por sus siglas en inglés).
En 2021, México en el marco de su Política Exterior Feminista se realizaron las siguientes actividades:
Se sostuvieron diversos encuentros a inicio de 2021 con los países que cuentan con una Política Exterior Feminista (Canadá, España, Francia, Luxemburgo y Suecia) para compartir experiencias en la materia, así como para fijar una posición común en los foros multilaterales de igualdad de género y derechos humanos de las mujeres y niñas; así como para garantizar la perspectiva de género en otros espacios.
Se participó en la 60 y 61 Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en dichas reuniones México contribuyó a que la región asumiera una posición de avanzada en la materia previo al 65 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (65CSW). Entre los temas que se promovieron se encuentran: salud y derechos sexuales y reproductivos; interseccionalidad; erradicación de la discriminación y violencias contra mujeres y niñas; el derecho humano al cuidado; estadísticas con perspectiva de género; participación política de las mujeres en condiciones de igualdad; así como la incorporación de la perspectiva de género en las políticas de recuperación post pandemia.
– En el marco del Día Internacional de las Mujeres y Niñas, se instruyó a las Representaciones de México en el Exterior a participar en eventos conmemorativos por el día, así como para renovar su compromiso con la igualdad de género. Al margen de la conmemoración del 8 de marzo, se promovió la PEF en la Comunidad de las Democracias, en el Consejo sobre las Mujeres en la Seguridad Internacional y en otros eventos paralelos de la 65CSW.
– México hospedó con éxito de forma híbrida el Foro Generación Igualdad del 29 al 31 de marzo de 2021. El Foro involucró a más de 10,000 personas a nivel mundial y a más de 250 ponentes de 85 países. Además, las discusiones fueron de utilidad para la conclusión del mismo en el segmento del Foro en París, Francia.
En concordancia con la tradición humanitaria de protección y promoción de los derechos humanos de México y la Política Exterior Feminista, nuestro país recibió el 24 de agosto a un grupo de cinco mujeres afganas del equipo de robótica y a la pareja de una de ellas que solicitaron apoyo para salir de su país dado el actual contexto en Afganistán. La Cancillería proveyó el apoyo logístico y los vuelos de las jóvenes fueron financiados totalmente con fondos de diversas organizaciones. Adicionalmente, las jóvenes tuvieron todo el tiempo de su estancia en México acceso a servicios de salud, kits sanitarios para mujeres y diversas amenidades.
– En los trabajos de la COP26, México impulsó en todos los temas de negociación la necesidad de contar con un enfoque de derechos humanos —en particular, de los derechos humanos de las mujeres y niñas y los derechos humanos de los pueblos indígenas y de la niñez y las juventudes—, así como la promoción de la transición justa de trabajo.
– Parte del trabajo realizado por México, se vio reflejado en las decisiones específicas de la COP26 sobre género y cambio climático, la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas, así como la del Libro de Reglas del artículo 6 del Acuerdo de París.
La Cancillería está coordinando la elaboración de una estrategia de implementación del Plan de Acción de Género y Cambio Climático de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio Climático, el cual sin duda será la hoja de ruta para incorporar la perspectiva de género y derechos humanos en las acciones nacionales para la adaptación y mitigación de los efectos adversos del cambio climático. Se tiene planeado que esta estrategia cuente con el visto bueno de las instancias nacionales y sea consultada a nivel nacional con organizaciones de la sociedad civil. La Cancillería está coordinando la elaboración de una estrategia de implementación del Plan de Acción de Género y Cambio Climático de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio Climático, el cual sin duda será la hoja de ruta para incorporar la perspectiva de género y derechos humanos en las acciones nacionales para la adaptación y mitigación de los efectos adversos del cambio climático. Se tiene planeado que esta estrategia cuente con el visto bueno de las instancias nacionales y sea consultada a nivel nacional con organizaciones de la sociedad civil en este año.
b. Foro Generación Igualdad
También, México continuó con su liderazgo internacional y hospedó el Foro Generación Igualdad del 29 al 31 de marzo de 2021, en un formato híbrido. El segmento del foro en nuestro país se caracterizó por una activa participación de sociedad civil y de las juventudes.
Durante 2020, la Política Exterior Feminista de México se enfocó en superar los impactos negativos de la pandemia COVID–19 que afectó de manera desproporcionada a mujeres y niñas en todo el mundo.
Como parte de los compromisos de México en el marco del Foro Generación Igualdad, se tienen: 1) la conformación del Grupo de Amigas y Amigos por la Igualdad de Género que México preside; 2) el lanzamiento de la Alianza Global por los Cuidados; 3) el liderazgo de México en la Coalición de Acción sobre Justicia y Derechos Económicos, así como ser integrante catalizador del Pacto sobre Mujer, Paz y Seguridad y Acción Humanitaria.
En el segmento del Foro en París (del 30 de junio al 2 de julio de 2021), México asumió dos compromisos más. El primero, en el marco de la Red Global sobre Política Exterior Feminista, México se comprometió a impulsar el tema en los foros multilaterales y mantener un diálogo abierto entre las múltiples partes interesadas. El segundo, el Canciller Ebrard anunció que México iniciaría el proceso para ratificar el Convenio 190 sobre la violencia y el acoso de la Organización Internacional del Trabajo.
c. Instrumentos promovidos
Se han firmado diversos instrumentos para promover la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Entre ellos se encuentran: el Memorándum de Entendimiento con la Comisión de Estatus de las Mujeres y Niñas de California (2021), el cual contribuirá a reforzar los servicios que nuestros consulados en California brindan a mujeres y niñas mexicanas radicadas en California; así como un Memorándum de Entendimiento entre la Embajada de México en Italia con la Fundación Teléfono Rosa (2020), para brindar asistencia legal y psicológica a mujeres, sus hijas e hijos que hayan sufrido violencia de género.
En el marco del Consejo de Derechos Humanos, México siguió impulsando la resolución “Eliminación de todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas”. En 2020, la temática de esta fue sobre las múltiples e interseccionales formas de discriminación a las que se enfrentan las mujeres y niñas a lo largo de su ciclo de vida; así como en reconocer los efectos diferenciados que ha tenido la pandemia de la COVID–19 en sus vidas.
También como parte de los compromisos que asumimos en el Foro Generación Igualdad en París se encuentra la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre violencia y acoso. Hasta el momento se cuenta con el visto bueno de todas las instancias nacionales competentes en la materia y se espera que el Senado mexicano apruebe la ratificación de este importante encuentro a la brevedad posible.
d. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
En seguimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, México presentó al Comité CEDAW su informe de medio término sobre cuatro recomendaciones específicas sobre violencia de género y ya presentó su ruta de acción respecto al X Informe Periódico sobre el cumplimiento de la Convención para 2022, que se seguirá complementando a lo largo del año (el Informe Periódico será presentado en el año de 2023). El seguimiento a las recomendaciones de la Convención continua a través de la Comisión para el Seguimiento de las Observaciones del Comité CEDAW que la Cancillería lidera desde 2018 con el Instituto Nacional de las Mujeres.
También en 2020, México impulsó la candidatura de la Dra. Leticia Bonifaz para que ocupará un puesto como Experta Independiente ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW).
e. Política Exterior Bilateral
En el marco de las Comisiones Binacionales que México tiene con El Salvador y Panamá, los grupos sobre igualdad de género han vuelto a sesionar y se busca mantener un intercambio importante con estos países para promover la igualdad de género en el espacio regional. En el marco de la Subcomisión de Género con El Salvador se han compartido buenas prácticas en materia de Política Exterior Feminista, violencia de género, refugios y esfuerzos nacionales en el marco de la Convención CEDAW.
f. Vinculación con la academia
Se han sostenido conversatorios con la academia y la sociedad sobre la Política Exterior Feminista con la finalidad de mantener canales de comunicación abiertos para promover el diálogo con esos actores. En este sentido, se han publicado por dos años consecutivos la Convocatoria del Concurso Universitario sobre Política Exterior Feminista, se espera seguir con una importante vinculación con la academia para generar debates sobre la perspectiva feminista en la política exterior.
Líneas discursivas
El Gobierno de México seguirá impulsando su Política Exterior Feminista en los foros multilaterales, así como en sus relaciones bilaterales. México se compromete a no dar pasos atrás en materia de igualdad de género y derechos humanos ante un ambiente polarizado, que cuestiona conceptos como el de igualdad de género y los propios derechos de las mujeres y las niñas. Sus derechos no son negociables.
México seguirá impulsando en el marco de la Comisión de la Condición Jurídica y Social, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Organización de los Estados Americanos, en la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en el Consejo de Derechos Humanos y otros espacios seguirá impulsando una agenda progresista en beneficio de las mujeres y niñas en su diversidad. En este sentido, se busca reafirmar el liderazgo de nuestro país en estos temas a nivel internacional y regional.
Se impulsarán los trabajos del Grupo de Amigas y Amigos por la Igualdad de Género, así como la Red Global sobre Política Exterior Feminista, con la finalidad de intercambiar buenas prácticas en la materia, y para mantener un diálogo con los países que ya cuentan con una política exterior de corte feminista, así como con otras múltiples partes interesadas en este tema.
Se seguirá el proceso de consultas con las dependencias competentes, para que México ratifique el convenio 190 de la OIT, ya que la violencia y el acoso deben ser erradicados en el mundo del trabajo.
También se coordinarán a las dependencias del gobierno federal para la remisión del X Informe Periódico sobre el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 2022 para su posterior entrega en 2023.
X. Población indígena y afromexicana
Situación actual
Somos una nación pluricultural, conformada por 68 pueblos indígenas, distribuidos en 25 regiones indígenas, en 20 Estados del país. Por ello, el Gobierno de México trabaja para construir una nueva relación con los Pueblos Indígenas, partiendo del pleno respeto a la diferencia, a sus derechos fundamentales, y de su reconocimiento como sujetos de derecho público, a través de procesos de diálogo y consulta.
Instrumentos internacionales relevantes
» La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, adoptada el 21 de diciembre de 1965.
» La Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, adoptada en 2013.
Acciones emprendidas por el Estado mexicano
1. Con la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, los pueblos indígenas y afromexicanos son reconocidos como sujetos de derecho público, que ejercen su libre determinación y autonomía, y deben definir libremente sus procesos de desarrollo y bienestar, con respeto a sus culturas e identidades.
2. En 2019 se reformó el artículo 2o. de la Constitución, reconociendo a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación.
3. El Programa Especial de los Pueblos Indígenas y Afromexicano 2020–2024, contempla promover los procesos de autonomía y formas de organización propias de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
4. Para coadyuvar con el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas, se creó el Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas (PROBIPI).
5. El 27 de octubre de 2020 se firmó un Plan de Justicia para atender los reclamos del Pueblo Yaqui sobre sus tierras, territorio, agua y en relación con su desarrollo integral.
6. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló el derecho a la consulta como una prerrogativa necesaria para salvaguardar la libre determinación de las comunidades, así como los derechos culturales y patrimoniales ancestrales que la Constitución y los tratados internacionales les reconocen.
Líneas discursivas
México reconoce que uno de los principales problemas que enfrentan los pueblos indígenas es que, hasta ahora, se les ha considerado sólo como beneficiarios de la acción de desarrollo del Estado, es decir, no se les ha considerado como sujetos de derecho.
México trabaja para construir una nueva relación con los Pueblos Indígenas, partiendo del pleno respeto a la diferencia.
Por lo tanto, se les ha negado la capacidad de ser reconocidos como sujetos competentes para asumir o participar, a través de sus propias instituciones y conforme a sus sistemas normativos, en la definición de manera autónoma de su condición política, económica, social y cultural y romper con la situación estructural de exclusión, discriminación, rezago y pobreza a la que hasta ahora se han enfrentado.
Prueba de la importancia que este gobierno le da a los pueblos indígenas es que la ceremonia de toma de posesión del Presidente de la República incluyó un acto con pueblos originarios. Prueba también es el nivel presidencial que tienen el Plan de Justicia para el Pueblo Yaquí.
XI. Personas LGBTI
Situación actual
Se cuenta con un marco jurídico que prohíbe la discriminación motivada por la orientación sexual y la identidad de género y considera a la homofobia como una forma de discriminación, esta legislación se encuentra sustentada en los más altos estándares internacionales en la materia.
En México, a la fecha, ningún ordenamiento jurídico establece explícitamente qué prácticas son consideradas “terapias de conversión”, sin embargo, se reconoce, en correspondencia con los estándares internacionales, que existen varias formas en las que se presentan los Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual (ECOSIG). Por ejemplo: coerción y falta de consentimiento, privación ilegal de la libertad, violencia verbal y amenazas, uso forzado de medicamentos, violaciones sexuales, terapias de aversión, electroshocks y/o exorcismos.
Instrumentos internacionales relevantes
Si bien a nivel internacional no hay tratados específicos sobre orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales, cada uno de los Órganos de Tratados de Naciones Unidas se ha referido a estos términos en sus documentos. A nivel regional, se cuenta con la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia (CIDI) que fue ratificada por México en 2020.
Acciones emprendidas por el Estado mexicano
1. En 2019 el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, firmó un oficio por el que instruyó a hacer las adecuaciones necesarias a los procedimientos consulares para que todas las personas, sin distinción de sexo, puedan contraer matrimonio en las oficinas consulares de México en todo el mundo.
2. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) brinda servicios de orientación a jóvenes que manifiestan enfrentar hostilidad en el hogar a causa de su orientación sexual o identidad y expresión de género. También otorga capacitaciones sobre diversidad sexual y de género, así como para promover la atención oportuna y sin discriminación a personas LGBTI.
3. Se cuenta con un Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica de las Poblaciones Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travestí, Transgénero e Intersexual y sus Guías Específicas, en cual se basa la atención que brinda la Secretaría de Salud a la población LGBTI con la finalidad de garantizar su derecho a la salud, sin discriminación.
Líneas discursivas
Bajo la premisa de “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera”, el Gobierno de México rechaza toda forma de discriminación por características físicas, posición social, escolaridad, religión, idioma, cultura, lugar de origen, preferencia política e ideológica, identidad de género, orientación y preferencia sexual.
“No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera”.
Prueba de ello, es que se cuenta con un marco jurídico que prohíbe la discriminación motivada por la orientación sexual y la identidad de género y considera a la homofobia como una forma de discriminación, esta legislación se encuentra sustentada en los más altos estándares internacionales en la materia.
XII. Personas con discapacidad
Situación actual
En el Censo 2020, el INEGI contó en el rubro de discapacidad a 20 millones 838 mil 108 personas, una cifra que representa el 16.5% de la población de México.
Los retos que enfrenta este sector de la población se asocian con su accesibilidad al entorno construido, donde se hallan las barreras físicas y/o arquitectónicas, así como con las barreras sociales, que imponen estereotipos y limitaciones a su participación en todos los ámbitos de la vida. También se reconoce la importancia de generar bases de datos sobre personas con discapacidad institucionalizadas en albergues, orfanatos, casas hogar, centros de salud mental, centros de reclusión, entre otros, que permitan identificar la necesidad de implementar alguna política pública focalizada.
Instrumentos internacionales relevantes
» Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo aprobados el 13 de diciembre de 2006 y entrado en vigor el 3 de mayo de 2008.
» Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad adoptada el 7 de junio de 1999 por la Asamblea General de la OEA.
» Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad (2006–2016) aprobado en junio 2007.
Acciones emprendidas por el Estado mexicano
1. Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: Por primera vez en la historia de nuestro país se otorga este apoyo con el objetivo de contribuir al bienestar y disminuir la brecha de desigualdad de las personas con discapacidad a través de la transferencia de un ingreso bimestral que contribuirá al acceso de una mejor calidad de vida y disminución de la pobreza de este sector poblacional.
2. A partir del Proceso Electoral Federal 2017–2018, el INE ha incluido en cada casilla un documento denominado “Formato de registro para las personas con discapacidad que acuden a votar”, con el propósito de que se registren aspectos relevantes de las personas con discapacidad que acuden a votar.
Líneas discursivas
El Gobierno de México promueve el bienestar y la inclusión de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones mediante el acceso a los programas de bienestar y seguridad social en los que se incluya a sus familias priorizando a los grupos en mayor situación de marginación.
Se reconoce la titularidad de las personas y sus derechos sociales, poniéndolos en el centro de las acciones y de los programas sociales a fin de reducir y lograr eliminar la discriminación.
De esta manera, se reconoce la titularidad de las personas y sus derechos sociales, poniéndolos en el centro de las acciones y de los programas sociales a fin de reducir y lograr eliminar la discriminación que históricamente ha enfrentado esta población. La Secretaría de Bienestar mantiene la coordinación institucional e interinstitucional con dependencias y entidades.
México sustentará los Informes II y III de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en marzo de 2022, dando cuenta del avance nacional en la implementación de dicha Convención.
XIII. Personas Mayores
Situación actual
De acuerdo con el INEGI, hay 10 millones 320 mil 886 adultos mayores de 65 años en adelante. Actualmente, 8 millones 2 mil 427 personas están en el padrón de beneficiarios, por lo que la meta es incorporar a 2 millones 228 mil 854 adultos mayores en los siguientes meses del año en curso y hasta abril de 2022. La mayor parte de ellos se encuentra en pobreza y sin acceso a un sistema de protección social que les garantice una vejez digna y plena.
Asimismo, se identifican retos para el fortalecimiento de la protección de los derechos de las personas mayores, tanto en el ámbito nacional, como en el internacional, especialmente en el sector salud, la protección política y el acceso al capital.
Instrumentos internacionales relevantes
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, entró en vigor en 2017. A fin de poder adherirnos a dicho instrumento, la Cancillería ha emprendido un proceso de amplias consultas interinstitucionales para contar con el visto bueno de todas las dependencias competentes respecto a la viabilidad de que México se adhiera al tratado y a este momento se cuenta se cuenta con todas las validaciones por lo que se realizarán las gestiones correspondientes para su ratificación a la brevedad.
Acciones emprendidas por el Estado mexicano
Se cuenta con el Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores que consiste en mejorar la situación de protección social de la población adulta mayor indígena o afromexicana de 65 años o más y población adulta mayor de 68 años o más, a través de apoyos económicos. Esta pensión ya es un derecho establecido en el artículo 40 de la Constitución, todas las personas adultas mayores pueden hacerlo efectivo y futuros gobiernos deberán respetar esa garantía social.
Líneas discursivas
El Gobierno de México realiza un rediseño de la política enfocada al bienestar de las personas adultas mayores, reconociéndolas como titulares de derechos económicos y sociales y contribuyendo a un piso mínimo solidario de protección social, a través de una pensión no contributiva de tendencia universal, como parte de una estrategia de desarrollo social inclusivo y sostenible para toda la población.
XIV. Niñas, Niños y Adolescentes
Situación actual
En materia de niñez y adolescencia, la crisis sanitaria y la migración, han puesto en una situación de mayor vulnerabilidad a esta población lo que ha obligado a nuestro país a agilizar las medidas necesarias que se requieren para su atención y a implementar acciones inmediatas que aseguren la garantía de sus derechos humanos.
Instrumentos internacionales relevantes
» Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en 1989.
» Alianza Global para poner Fin a la Violencia contra la Niñez de Naciones Unidas, que busca instrumentar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16.2, mediante acciones concretas y multisectoriales que hagan visible el impacto de la violencia contra la niñez y la adolescencia.
Acciones emprendidas por el Estado mexicano
Con la instalación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el 2 de diciembre de 2015 se acordó crear la Comisión para el Seguimiento de las Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la cual es presidida por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
1. El Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (PRONAPINNA) 2020–2024: incluye entre sus objetivos prioritarios proteger integralmente y restituir los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que han sido vulnerados o que han sido víctimas de delitos.
2. La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) busca reducir en 50 por ciento la tasa de fecundidad de las adolescentes entre 15 a 19 años, para el año 2030 y erradicar embarazos en niñas de 14 años o menos.
3. La Comisión para la Igualdad Sustantiva entre Niñas, Niños y Adolescentes (CISNNA) tiene como objetivo garantizar que niñez y adolescencia accedan en igualdad de trato y oportunidades al reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales.
4. A nivel estatal, las 32 entidades federativas han emitido leyes locales en la materia, han instalado sus sistemas estatales de protección de niñas, niños y adolescentes, sus secretarías ejecutivas y procuradurías de protección correspondientes.
5. Una de las prioridades actuales para el Estado mexicano es la puesta en marcha de la Política Integral Nacional de Atención y Desarrollo Infantil de la Primera Infancia.
Líneas discursivas
Se reconoce que las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y agentes de cambio, sus derechos, incluyendo su derecho a la protección contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, deben ser salvaguardados y promovidos en todas partes y en todo momento.
Garantizar que niñez y adolescencia accedan en igualdad de trato y oportunidades al reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales.
El Gobierno de México ha avanzado en la adopción de medidas legislativas, institucionales y de política pública para garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes, así como para reconocerlos como sujetos de derechos.
XV. Casos específicos sobre presuntas violaciones de derechos humanos en México
Wendy Galarza
Wendy Galarza, es una mujer mexicana, activista y defensora de los derechos humanos, quien el pasado 09 de noviembre de 2020, asistió a una marcha feminista en la ciudad de Cancún, convocada para exigir justicia por los feminicidios, en donde casi pierde la vida, como resultado de un disparo de bala recibido por parte de la policía.
Al respecto, nuestras Representaciones en Canadá, Bélgica, Finlandia, Países Bajos, Polonia y Estados Unidos, hasta la fecha, han recibido numerosas cartas, dirigidas al Fiscal General del estado de Quintana Roo exigiendo justicia y una investigación exhaustiva sobre el caso. Las comunicaciones referidas han sido turnadas a la Cancillería. La Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, ha realizado las gestiones correspondientes para hacerle llegar a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo las misivas antes mencionadas, así como para obtener información sobre el estatus del caso.
La Fiscalía General de Quintana Roo, comunicó, que en el mes de febrero de 2022, se llevará a cabo una audiencia de etapa intermedia sobre el caso de la Sra. Galarza. Asimismo, informó que, hasta el momento, se han vinculado a proceso a once personas ex servidoras públicas, entre ellas nueve mandos y dos elementos policiacos, quienes incumplieron con su deber de cuidado al no salvaguardar la integridad y los derechos de las personas en dicha manifestación. Esta información ha sido compartida con las Representaciones de México, las cuales se mantienen al tanto sobre cualquier actualización respecto al tema.
El caso puede ser consultado en el siguiente enlace: https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/amnistiainternacionaldaaconocereneuropalarepresionquesufrenenmexicolasmujeresqueprotestancontralaviolenciadegenero/
José Eduardo Ravelo
En comunicaciones recibidas por Embamex Alemania, Embamex Bélgica, Embamex España, Embamex Estados Unidos, Embamex Francia, Embamex Nueva Zelanda, Embamex Países Bajos, Delegamex OI y Delegamex ONU, se denuncia tortura y abuso sexual a manos de oficiales de la policía en Mérida, Yucatán, lo que habría provocado su muerte el 3 de agosto de 2021.
Información proporcionada por las autoridades
La FGR, informó que se han realizado diversos actos de investigación tendentes a conocer los hechos previos, coetáneos y posteriores a la detención de José Eduardo Ravelo Echeverría, así como la atención médica brindada durante su estancia en el Hospital General Doctor Agustín O’ Horán, siguiendo puntualmente todas las líneas de investigación generadas desde el inicio de la indagatoria.
De igual forma señalaron que se han atendido cabalmente las solicitudes planteadas por la Asesoría Jurídica de las Víctimas Indirectas, garantizando que la investigación se ha llevado a cabo, bajo el deber de lealtad, con objetividad y debida diligencia, tal y como lo establecen los artículos 128 y 129 de la Ley Adjetiva Nacional, sin dejar de observar las manifestaciones de la víctima directa y testigos, por último informaron que la carpeta de investigación se encuentra en fase de investigación inicial y disponible para que los sujetos del procedimiento penal que tienen calidad de parte puedan consultarla.
Adicionalmente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación sobre el caso que se puede encontrar en el siguiente enlace: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-01/RecVG_050.pdf
Marcelo Pérez Pérez
En comunicaciones recibidas por Embamex España y Embamex Francia se manifiesta preocupación por la seguridad del sacerdote y defensor de los derechos humanos en Chiapas, dado que, a pesar de beneficiarse de medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, continúa recibiendo amenazas de muerte y sigue siendo objeto de difamaciones en los medios de comunicación, las redes sociales y por parte de personalidades públicas.
Información proporcionada por las autoridades
Para la atención de las medidas cautelares MC50614 emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Delegación estatal en Chiapas de la Fiscalía General de la República, informó que dentro de la Agencia investigadora en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se encuentra afecta la carpeta de investigación FED/CHLS/TGZ/0000831/2019, la cual se inició con fecha 3 de mayo del año 2019, en contra de quien o quienes resulten responsables, por su responsabilidad en el hecho que la ley señala como delito de amenazas previsto y sancionado en el artículo 282 fracción primera del código penal federal, en agravio del C. Marcelo Pérez Pérez.
Dicho inicio de investigación fue atendiendo a la denuncia presentada mediante el escrito de fecha 02 de mayo de 2019, presentado ante esta autoridad por la C. Anna Karin Elisabet Hedlund Coordinadora de SweFOR México Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR), quien refiere hechos cometidos en agravio de Marcelo Pérez Pérez, a quien en su calidad de sacerdote en el Municipio de Simojovel de Allende, Chiapas le han venido profiriendo amenazas por parte de personas desconocidas, además de que presuntamente han realizado actos con la intención de dañarlo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares de protección para el padre Marcelo Pérez Pérez y los integrantes del consejo parroquial del Pueblo creyente de Simojovel a partir de septiembre 2015, por la situación de alto riesgo es que se encuentran. A partir del enero 2017, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas también otorgó medidas cautelares de protección para el padre Marcelo Pérez Pérez y los integrantes del consejo parroquial del Pueblo creyente de Simojovel.
El gobierno federal a través de la Unidad para la Defensa de los derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del estado de Chiapas le proporcionan medidas al P. Marcelo Pérez Pérez, tanto personales como de infraestructura.
La Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación ha recibido diversos escritos mediante los cuales se informan incidentes de posible riesgo en contra del beneficiario Marcelo Pérez Pérez y del Concejo Parroquial de Simojovel, Chiapas, en los cuales se solicita la intervención de la Secretaría de Gobernación para realizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas y actos de intimidación en contra de los beneficiarios.
A este respecto, se ha informado a los beneficiarios y representantes de las medidas que, de conformidad con la legislación vigente, la referida Unidad no cuenta con atribuciones de investigación, por lo cual se han remitido dichos documentos a la Fiscalía General del Estado de Chiapas para que realice las acciones pertinentes de acuerdo a su competencia. Asimismo, se ha precisado que de conformidad con la normativa nacional no es posible iniciar investigaciones de oficio cuando se requiere querella del afectado.
En atención al seguimiento a la implementación de las medidas cautelares MC–506–14 se informa que las últimas reuniones de trabajo se celebraron el 13 de mayo, 19 de julio y 03 de septiembre pasados. En dichas oportunidades se alcanzaron acuerdos en cuanto a la infraestructura, a acciones preventivas, continuidad de medidas de protección e investigaciones que forman parte de lo ya relacionado previamente.
Asimismo, se ha puesto a disposición del beneficiario la incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependencia que realiza una campaña permanente de reconocimiento de la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas a nivel nacional, en la que señala la importante tarea que realizan las personas defensoras y periodistas, cuyo trabajo abona al fortalecimiento de la democracia en México.