Globalizacion, narcotrafico y criminalidad

Prof. Juan Tokatlian Globalización, Narcotráfico y Violencia  La situación colombiana es tan compleja y delicada por ser la expresión de un tipo de conflicto desconocido en el continente. Allí, desde hace varios años la guerra carece de principios, lo que no augura una paz con honor.

Esta guerra sin principios tiene las características de lo que Kaldor denomina “Nueva Guerra”, es decir; obedece a las modificaciones que desde los ochenta ha mostrado la violencia organizada en el mundo.  El narcotráfico como fenómeno mundial resultante de un prohibicionismo equivocado, y los narcotraficantes como clase criminal en ascenso, han convertido a ese paìs en un prototipo de globalización defectuosa.  En este caso, se expone la racionalidad que sustenta la estrategia antinarcóticos de Washington en el exterior y se evalúa la aplicación de la fumigación en Colombia desde 1978 hasta la actualidad. Bogota ha venido fumigando masivamente los cultivos ilícitos; convirtiéndose en el país que más herbicidas utiliza y que más hectáreas (con plantaciones ilegales) destruye en el mundo. Sin embargo, esto no ha resuelto satisfactoriamente el problema de la demanda ni el de la oferta de narcóticos. Hoy se obtienen en Estados Unidos mas sustancias psicoactivas ilegales, mas baratas y mas puras que en ningún otro momento histórico, mientras el cultivo, procesamiento y tráfico de drogas ilícitas en Colombia no habían alcanzado nunca los niveles que tienen en el presente.  Es imprescindible subrayar que en el país se ha ido configurando una nueva clase social, una clase que no es emergente sino delincuente. La narcocriminalidad organizada colombiana debe ser vista, desde una perspectiva sociológica, en términos de una clase que,

como otras clases ascendentes, ha pretendido reconocimiento social, predominio económico y poderío político.

Su modalidad de poder ha sido la que Berenice Carroll denomina “disgregativo”. El “poder disgregativo” utilizado, entre otros, por el crimen organizado, se manifiesta en una capacidad relativamente difusa pero efectiva de erosionar y derrumbar las instituciones sociales, políticas y económicas establecidas, mediante un conjunto de acciones desafiantes y violentas que ponen en evidencia las deficiencias e injusticias del Estado de derecho. Así a través del poder ejercido por el crimen organizado se agudizan, superponen y retroalimentan múltiples expresiones de disconformidad y rechazo al régimen imperante, sin una ideología aparentemente precisa ni un proyecto hegemónico claro.

La criminalidad organizada no pretende un cambio del sistema, sino su adaptación a los requerimientos de una clase plebeya en ascenso.

Ahora bien, de acuerdo con los especialistas sobre crimen organizado, éste evoluciona en tres estadios.

Tiene una fase “predatoria” inicial que se distingue por la afirmación territorial de grupos criminales que garantizan su poderío por medio de la violencia, y con ello logran defender su empresa ilícita, eliminar rivales y afianzar un monopolio privado de la fuerza. Tiene una fase “parasitaria” posterior que implica una substancial influencia política y económica, combinada con una evidente capacidad corruptora de sectores públicos y privados. Y tiene un último nivel “simbiótico” cuando para lograr su afianzamiento el sistema político-económico se vuelve tan dependiente del “parásito”- esto es, del

crimen organizado- como éste de las instituciones establecidas.

El crimen organizado en Colombia, particularmente el ligado al narcotráfico, tuvo un contexto favorable a su proyección desde mediados de los sesentas cuando se hicieron patentes varios fenómenos cruciales, internacionales y nacionales.

En el plano externo, el militante prohibicionismo estadounidense, cuyo epítome fue la primera “ guerra contra las drogas” lanzada por el presidente Richard Nixon, coexistió con un notable impulso de la globalización tecnológica (transporte, comunicaciones, informática) y económica (financiera y comercio). Esta combinación de factores facilitó el desarrollo de una criminalidad organizada asertiva, con ingresos cuantiosos, capacidad de acumulación, disposición para la violencia, destreza para la proyección, pericia para la corrupción, con un ingenio para el uso de recursos técnicos para mejorar sus empresas ilícitas y ductilidad para utilizar los mecanismos financieros legales con el fin de incrementar su poder e influencia en el país y en el exterior. La mezcla de prohibición y globalización se constituyó en un incentivo y una oportunidad, no en un disuasivo o restricción para el narcotráfico colombiano.

En el plana interno, cohabitó un acelerado y rapaz crecimiento económico que alentó un rápido enriquecimiento personal que no reparò en los costos sociales, con una estructura institucional que se distinguiò por la progresiva precariedad del Estado; con un desarrollo polìtico que hizo de la polìtica un ejercicio dedicado del control armado; con un entorno cultural guiado predominantemente por valores y pràcticas que, indiferentes frente a la ilegalidad y la ilicitud, exaltaron el interès particular, el individualismo y la apropiación privada de lo pùblico; y con un ambiente jurìdico en el

que la inoperancia de la justicia, tradicionalmente politizada y formalista, se tornò funcional a todos los actores violentos.  En la medida que existan bienes y servicios demandados por el pùblico y que, sin embargo, permanezcan prohibidos o sean declarados ilegales, siempre existiràn los incentivos, las oportunidades y las que prosperen modalidades de criminalidad.  Es posible afirmar que mientras se mantenga y refuerce el prohibicionismo de las drogas psicoactivas, se preservarà e incrementarà el poder del crimen organizado ligado a ese producto. El prohibicionismo mismo, por tanto, està en la raìz del fenómeno criminal y este hecho no puede pasar inadvertido ni ser tergiversado.  La criminalidad organizada se asienta en un espacio y un tiempo en los que las relaciones individuales y colectivas facilitan su maduraciòn y poderìo. Esto apunta a indicar que el crimen organizado es mucho màs que un acto o una conducta, grupal aislada o unilateral, anòmica o desviada. Esta modalidad de crimen se inserta en una profunda, compleja y dinàmica matriz en la que la sociedad es al mismo tiempo – por diversos motivos y de modo ambivalente – vìctima de sus demostraciones violentas de fuerza y beneficiaria de los bienes y servicios que provee. De igual manera, surge y se ramifica en un entorno en el que el Estado se encuentra, parcial o completamente tàcita o expresamente- segùn el caso concreto- en connivencia con dicha criminalidad, permitiendo de hecho que su capacidad operativa ( tanto de bienes y servicios ilegales como lìcitos) prospere sin control, regulación ni freno efectivos.  La criminalidad organizada tiene, en la mayorìa de los casos, la necesidad, la oportunidad y la capacidad para conbinar con eficacia y coerciòn y el consenso. Su









vigencia y proliferación no radican sòlo en la provocación del temor, sino tambièn en la bùsqueda de aceptación o reconocimiento por parte de distintos segmentos de la población. Esto evidencia la posibilidad y el interès de la criminalidad de convertirse en un actor social con potencialidad hegemònica.

En la medida en que se esfumò el comunismo y otros “males” ocupan la atención de la comunidad internacional, no parece exagerado pensar que la “guerra contra las drogas”, con su retòrica y parafernalia, rejuvenezca como una amenaza mayor de acuerdo con las oscilaciones de la opinión pùblica y de los fracasos antinarcóticos de burócratas y polìticos de Estados Unidos.

En el terreno de las drogas psicoactivas, no ha existido, en la praxis, un mìnimo de concertación y cooperación regional, lo que evidencia la enorme incapacidad de Latinoamérica y el Caribe para desarrollar una diplomacia anticipatorio, consensual y propositiva. Esto se puede explicar porquè ningún gobierno de la regiòn quiere aparecer contaminando la agenda hemisfèrica ni “narcotizando” sus lazos, presuntamente privilegiados, con Estados Unidos.

El deseo y la fuerza de supervivencia polìtica del presidente lo llevaron a optar por “norteamericanizar” la lucha contra las drogas en Colombia.

Conviene esclarecer las diferencias entre descriminalizaciòn, despenalizaciòn y legalización de las drogas. Siguiendo a Del Olmo se puede señalar lo siguiente: la descriminalizaciòn “puede ser de dos tipos: la descriminalizaciòn de jure, por medio de la cual no se cambia la ley pero simplemente no se aplica y la descriminalizaciòn de facto, que tampoco cambia la ley pero se aplica menos severamente”. La despenalizaciòn “propone modificar la legislación aunque el derecho

penal continùe regulando ciertas conductas”. La legalización implica la “venta legal (de drogas) a travès de ciertas regulaciones”, que se expresa “en dos propuestas diferentes: a) la legalización regulada por el Estado, y b) la legalización competitiva sin intervención gubernamental, sujeta simplemente al equilibrio del mercado libre.  De todas maneras es necesario tener una posición y no refugiarse en conceptos morales para hablar, con un sentimiento de culpa de la economía subterrànea, de los dòlares clandestinos, de los ciudadanos emergentes.

Toda una fraseología que escapa al pragmatismo econòmico para entrar en el rango de las calificaciones morales que son muy valiosas, que son normas de conducta individual, pero que no pueden ser materia de análisis ni de estudio cientìfico de ningún problema, porque una cosa es la ciencia, otra cosa es la moral, cuando de investigar las leyes sociales se trata.  La relativa movilización de la opinión pùblica interesada e informada en torno al planteamiento a favor de la legalización fuè desapareciendo. Ademàs, la fragilidad y la escasa organización de los segmentos pro-legalizaciòn condujeron a que la propuesta perdiera viabilidad y soporte.  El tèrmino “diplomacia ciudadana” lo utiliza Cathryn Thorup. Segùn ella, ese tèrmino “es utilizado para referirse a las acciones de los ciudadanos-y los grupos no gubernamentales que ellos forman- de un paìs respecto de terceros paìses. Implica la usurpación de papeles considerados del dominio exclusivos de los actores gubernamentales. En contraste con los grupos domèsticos de interès polìtico, que tradicionalmente actùan dentro de un escenario nacional especìfico, la diplomacia ciudadana se da en arena exterior o transnacional”.

 Por ejemplo, varios proponentes de la legalización de las drogas defienden sus tesis a partir de la aceptación del principio ètico que estableciò John Stuart Mill en 1859, segùn el cual: “ El ùnico propòsito para ejercer correctamente el poder sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada, en contra de su voluntad, es evitar el daño a otros. Su propio bien, ya sea fìsico o moral, no es suficiente garantìa. No puede, en justicia, ser forzado a hacer, o a soportar, porque eso le harà màs feliz, porque en opinión de otros, hacerlo serìa sabio o incluso justo (…) En la parte ( de su conducta) que meramente le concierne a èl, su independencia es, por derecho a absoluta. Sobre sì mismo, sobre su propio cuerpo y mente, el individuo es soberano”.  Proyecto de ley de iniciativa popular que culmine en un referéndum constitucional.

 El tema de la confidencialidad en las relaciones internacionales es una cuestión que surge con mayor fuerza con el proceso de globalización en la Post Guerra Frìa. De modo sintètico, la condicionalidad en la polìtica contemporànea expresa una situación de dependencia: un conjunto de actores-Estados, agentes nogubernamentales, instancias multinacionales, etc., con grandes atributos de poder hace que otro conjunto de actores estatales y sociales con menores o escasos recursos de poder dependa de una serie de condiciones para asegurar su integración(o no exclusión) a un esquema mundial homogèneo en lo polìtico(en cuanto a Estado y Democracia) y lo econòmico (en cuanto al mercado y al capitalismo). El tema de las drogas psicoactivas ilìcitas ha sido tambièn objeto de una polìtica de condicionalidad. En este sentido, el mayor

condicionamiento proviene de la legislación antinarcóticos de Estados Unidos y se patentiza en el instrumento de certificación. Washington pretende, a travès de la imposición internacional de su legislación interna antidrogas, disciplinar a los paìses productores/procesadores/traficantes de narcòticos.

Independientemente del amplio abanico de opciones econòmicas y militares de sanciòn y retaliaciòn que posee, Estados Unidos dispone en su legislación antinarcóticos de un vasto instrumental para apremiar, chantajear o estrangular a los paìses que hacen parte de la red mundial del fenómeno de las drogas ilìcitas.

Con base en el Inmmigration and Nationality Act de 1952 y el State Departament Basic Authorities Act de 1956, el Departamento de Estado puede denegar o retirar visas de entrada a Estados Unidos en razòn de infracciones o delitos ligados al asunto de los narcòticos.

Ademàs, el Trade Act de 1974 establece la no concesiòn de beneficios comerciales por parte del mandatario estadounidense si un paìs no coopera con Washington. A su vez, en el marco del Caribbean Basin Economic Recovery Act de 1981- la llamada iniciativa de la Cuenca del Caribe de principios de los ochenta- el presidente de Estados Unidos puede negar ventajas comerciales a aquellos paìses beneficiados por la ley que no cooperen con Estados Unidos en materia de lucha antidrogas. Asimismo, el Aviation Trafficking Control Act de 1984 le otorga al Departamento de Transporte el poder de suspender o revocar certificados de ingreso a Estados Unidos a compañìas aèreas. El proceso de certificación anual se inscribe entonces en ese marco coercitivo de tratamiento a las naciones afectadas por el negocio ilegal del narcòticos. Cuando ese instrumento de evaluaciòn de los paìses se instaurò en 1986, el

prohibicionismo estadounidense en materia de drogas alcanzaba una de las manifestaciones màs vehementes en cuatro dècadas. Hasta 1994, Washington evaluaba la labor antidroga de un paìs con base en criterios relativamente empìricos. Se certificaba o descertificaba la cooperación de acuerdo con el nùmero de hectáreas erradicadas, la cantidad de laboratorios destruidos, el total de personas encarceladas, etc.

Desde 1995, se incluyò el criterio de nivel de narcocorrupción para analizar el comportamiento de un paìs contra las drogas. Esto significò la inclusión de pautas màs subjetivas y caprichosas de evaluaciòn que las ya existentes. De acuerdo con el proceso certificatorio, las consecuencias de un juicio desfavorable de Estados Unidos son mùltiples.

Diferentes enmiendas incorporadas durante los noventa al Foreign Assistence Act de 1961 y, durante los ochenta, a la Narcotics Control Trade Act de 1974 precisan los alcances del proceso de certificación. De modo obligatorio, el ejecutivo debe suspender la asistencia externa a un paìs descertificado , con excepción de la ayuda relacionada con razones humanitarias y/o con la lucha antinarcóticos. A su vez, los inversionistas estadounidenses pierden el otorgamiento de garantìas de la Overseas Private Investment Coròration (OPIC) en cuanto al paìs afectado por la descertificaciòn. Paralelamente, el EXIMBANK de Estados Unidos deja de financiar operaciones de exportaciòn al paìs sancionado.

Asimismo, la naciòn sancionada se ve privada de algunos mecanismos estadounidenses de financiaciòn en el terreno militar, sea ello para material bèlico, para cursos especiales, etc. Adicionalmente, los delegados estadounidenses de financiaciòn ante la banca de crèdito multilateral (Banco Mundial, banco

Interamericano de Desarrollo, etc.) deben votar negativamente la solicitud de crèdito de un paìs desertificado. Esto ùltimo no implica el inmediato rechazo del crèdito ya que el voto contrario de Estados Unidos no implica un veto total debido a que el peso relativo de su participación en esas entidades no es suficiente para que su decisión solitaria afecte la provisiòn de los recursos. Finalmente, segùn el Crime Control Act de 1990, una naciòn desertificada no puede recibir los bienes o dineros obtenidos a travès de confiscaciones realizadas en Estados Unidos con base en información provista en el exterior. En terminos discrecionales, el Ejecutivo puede retirarle a una naciòn desertificada los beneficios derivados del Sistema Generalizado de Preferencias y, en el caso de Colombia, Perù, Bolivia y Ecuador, las preferencias comerciales brindadas por el Andean Trade Preferente Act de 1991. En forma concomitante, Washington puede incrementar el arancel de ciertos productos de un paìs sancionado con un nivel de un 50% del valor de determinadas exportaciones. A su vez, una naciòn desertificada puede verse afectada por el retiro e su cuota de venta de azùcar a Estados Unidos.

Adicionalmente, el Ejecutivo puede suspender el transporte aèreo del paìs desertificado hacia Estados Unidos. Por ùltimo, Washington puede retirar su personal y sus recursos de los acuerdos para preautorizaciòn aduanera de visitantes de la naciòn descertificada. Las categorías del proceso de certificación son tres: la “certificación plena” (aprobación por el esfuerzo de clara cooperación con Estados Unidos), la “descertificaciòn” ( sanciòn por no cooperar), y la “ certificación por interès vital nacional” (especie de semi-descertificaciòn dado que el paìs evaluado no coopera suficientemente pero, por razones

excepcionales, Washington no quiere aplicar sanciones inmediatas).  El silencio del gobierno y de la oposición en materia internacional refuerza aùn màs la idea en el extranjero de que Colombia puede ser intervenida con cualquier pretexto a un relativo bajo costo polìtico en el àmbito regional y mundial.  Amèrica Latina, cada vez màs asimilada a la hegemonìa de Washington, deberìa prepararse para una probable mayor injerencia estadounidense en sus asuntos internos de ìndole econòmica, polìtica y militar. El caso Colombia, en especial, no deberìa descartarse como un laboratorio de ensayo de las nuevas modalidades de intervención.

Para que ello no ocurra Amèrica Latina debe asumir un papel protagònico en la resoluciòn de la grave crisis colombiana. Colombia necesita comprensión, paz y asistencia, no màs guerra e intervención. Colombia merece una acciòn polìtica al estilo Contadora y no un despliegue militar al estilo de la OTAN.  Profesor Juan Tokatlian Globalización, Narcotráfico, Violencia