2A • Domingo 4 de septiembre de 2011
ENFOQUE
Javier González Garza
Legislar en consecuencia La unidad nacional para combatir la inseguridad debe empezar discutiendo, pública y abiertamente, propuestas como las de la UNAM y el tema de la corrupción nacional como primeros pasos La tragedia ocurrida en el Casino Royale en Monterrey provoca, además del dolor de las víctimas y sus familiares, indignación y temor. En el desconcierto, el ex presidente Fox se atreve a reclamar una tregua con las bandas criminales y hasta propone una amnistía para ellos. Frente a la desesperanza crece en la conciencia de amplios sectores de la sociedad civil que México no puede sucumbir a los ataques de los mafiosos, por más organizados que parezcan estar. Hay voces que llaman a la unidad, y no es para menos. Todos quisiéramos que se termine la inseguridad. El miedo ya no sólo se circunscribe a ser una víctima más en un fuego cruzado entre delincuentes y autoridades; el temor ahora es a ser agredido en los espacios públicos como estadios, casinos, restaurantes, centros comerciales, escuelas, en la vía pública y en nuestro propio hogar. El problema está en entender de qué “unidad” estamos hablando. Apoyar el fortalecimiento y depuración de las policías haría posible dejar de utilizar a las Fuerzas Armadas en labores que no les son propias. El llamado a la “unidad”, sin embargo, deberá contener aspectos para corregir las causas que estimulan y provocan la violencia. Recientemente la UNAM organizó la Conferencia Internacional Sobre Seguridad y Justicia en Democracia, que realizó junto con
el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. El resultado del evento fue una propuesta integral en materia de seguridad que llama a la corresponsabilidad de los actores sociales para enfrentar el fenómeno mafioso en nuestro país. El documento plantea acciones de cambio, en particular una reforma fiscal para impulsar un programa nacional que tome en consideración las condiciones precarias de vida que existen en nuestro país. Identifica que el problema de México no es un asunto de “policías y ladrones” y plantea acciones concretas e inmediatas para la acción pública y social. El eje de la propuesta llama a la construcción de un gran pacto políticosocial que logre consensos para abatir la corrupción y termine con la impunidad. Que ponga atención en la prevención del delito, la preservación de la integridad de las personas y la defensa de los derechos humanos. Destaca la situación de violencia contra las mujeres y propone una política de Estado para combatirla. Reclama la creación de acciones que ofrezcan a la juventud condiciones para su inserción en el mercado laboral, ampliar oportunidades para la educación y la salud. La propuesta identifica al consumo de sustancias adictivas como un problema de salud pública y no como un asunto policiaco. Propone la autonomía del Ministerio Público (con la intención de sustraerlo de los intereses políticos), de igual manera ve necesario que los órganos fiscalizadores, como la Auditoría Superior de la Federación y
sus análogos de los estados y el Distrito Federal sean órganos constitucionalmente autónomos. Exige el complimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativas a nuestro país. Llama a fortalecer las tareas de rendición de cuentas en todos los órdenes y en todos los niveles, y vislumbra como necesario fortalecer la vida institucional de los órganos de acceso a la información nacionales y estatales. Para combatir el lavado de dinero, se necesita el fortalecimiento del aparato de justicia mexicano. Para ello es necesaria la evaluación de las instancias de control judicial que realicen instituciones y personalidades externas a la vida institucional de los poderes judiciales, federal y de las entidades. La unidad nacional para combatir la inseguridad debe empezar discutiendo, pública y abiertamente, propuestas como las de la UNAM y el tema de la corrupción nacional como primeros pasos. La corrupción está hoy presente en casi todos los ámbitos de la vida nacional, desde la firma de contratos ilegales por funcionarios públicos, tráfico de influencias, dinero ilegal en campañas electorales y hasta extorsiones a individuos y empresas. La economía nacional ha sido incapaz de proporcionar trabajo a millones de mexicanos en la última década. Los jóvenes sin posibilidades de seguir sus estudios no tienen oportunidades de desarrollo; su número crece cada año y como se ha dicho, en el mejor de los casos, son empujados a
la economía informal, o acaban siendo obligados a ingresar a la delincuencia. La propuesta de la UNAM llega en un momento oportuno. Está por discutirse en el Congreso de la Unión la Ley de Seguridad Nacional e iniciará la negociación del presupuesto federal 2012. Será el momen-
to de asignar recursos para abordar algunas de las acciones que se plantean. Esta discusión debería conducir, entre otras cosas, a una reforma fiscal profunda. Hoy, ante la crisis económica mundial, observamos cómo en un buen número de países se imponen tasas impositivas mayores a
aquellas empresas o personas con mayores ingresos. Bienvenida la propuesta de la UNAM y sería deseable que otras instituciones educativas y organizaciones sociales hicieran esfuerzos de crítica y propuesta. El Congreso de la Unión tendrá la obligación de legislar en consecuencia.
Julia Carabias
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En los últimos 13 meses han ocurrido una serie de avances jurídicos relacionados con el acceso a la justicia para la sociedad organizada que no deben pasar inadvertidos. En julio de 2010 se reformó el artículo 17 constitucional el cual dispone que, antes de vencer un año, “El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas”. El interés jurídico difuso o colectivo al que se refiere el artículo significa, tal y como lo explica Antonio Azuela en su libro Visionarios y pragmáticos editado por U N A M-I I S -Font a m a r a , 2006, que “para poder ser escuchado por un juzgado o un tribunal no es preciso mostrar que se está afectando de manera directa un interés propio, sino que es posible hacerlo en defensa de un interés colectivo”. Por su parte, el ministro Cossío manifestó con respecto a esta reforma que “Posibilitar que quienes tengan derechos en común se agrupen para que los hagan valer de manera conjunta ante los tribunales es un modo
de facilitar el acceso (a la justicia) y reducir costos, pero, sobre todo, de generalizar el estatus de quienes están o debieran estar en una situación semejante” (El Universal, 19 de abril 2011). Antes de cumplirse el año, el 28 de abril de 2011, quedaron aprobadas las reformas y adiciones a varios códigos y leyes, entre ellos, el Código Civil Federal y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Estas reformas reconocen el interés colectivo, el cual va más allá que el individual; otorgan acceso a la justicia a una colectividad o grupo de personas respecto de algún bien o interés común relevante para ellos; y prevén los mecanismos e instrumentos jurídicos que permitan su efectivo cumplimiento. Lo que se busca es cambiar las conductas antijurídicas de las sociedades mercantiles o de particulares en general, así como las malas prácticas gubernamentales que afectan grandes sectores de la sociedad. Estos derechos, colectivos y difusos, apli-
can en materia de medio ambiente, entre otras. Existían dos antecedentes en la legislación mexicana sobre intereses colectivos, uno en la Ley Federal de Protección al Consumidor y el otro en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Precisamente fue el reconocimiento de los intereses jurídicos difusos y colectivos en el artículo 180 de la LGEEPA uno de los principales motivos que permitió que la reforma de 1996 se aprobara por unanimidad en el Congreso de la Unión. Dicho artículo amplió la capacidad jurídica de los ciudadanos para utilizar medios jurídicos en defensa del medio ambiente. Azuela explica los alcances del artículo 180 de la LGEEPA de la siguiente manera. Cuando uno o varios miembros de una comunidad afectada demuestran que obras o actividades contravienen la LGEEPA, un programa de ordenamiento ecológico del territorio, una declaratoria de área natural protegida, un reglamento
o una norma oficial mexicana, y pueden originar daño a los recursos naturales, a la flora o la fauna silvestre, a la salud pública o a la calidad de vida, tienen la posibilidad de “promover un recurso de revisión frente al superior jerárquico de quien otorgó la autorización. Si ese superior jerárquico confirma la resolución original, los interesados pueden acudir al amparo porque la LGEEPA les reconoce la calidad de partes en el mencionado recurso de revisión. Es entonces cuando el Poder Judicial Federal tiene que hacer valer la ley ambiental”. Y así ocurrió recientemente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De manera muy resumida el caso fue el siguiente. Una empresa interesada en promover un desarrollo turístico en Bahía Príncipe, Quintana Roo, recibió, en 2005, una autorización condicionada en materia de impacto ambiental (autorización modificada por el delegado de Semarnat en 2006). En contra de la autorización, como dice el texto de la sentencia, “una per-
sona tercero interesada en su carácter de miembro de la comunidad afectada, interpuso el recurso de revisión a que se refiere el artículo 180 de la LGEEPA”. En 2008 el secretario de Semarnat resolvió fundado dicho recurso de revisión, revocó la autorización y ordenó una nueva evaluación. La empresa interpuso juicio de nulidad y, después de diversos procesos judiciales, el caso arribó a la SCJN para analizar el amparo de la empresa quejosa en el que se tildó de inconstitucional el artículo mencionado de la LGEEPA por estimarlo violatorio de las garantías de seguridad jurídica y legalidad. Sentencia de la SCJN no amparó ni protegió a la empresa quejosa y declaró constitucional dicho artículo. Esta resolución refuerza el interés difuso y colectivo en materia ambiental y legitima la defensa de los intereses y derechos de grupos de personas. Los mecanismos de acceso a la justicia están ya establecidos; toca ahora a la sociedad ejercerlos para, por fin, hacer prevalecer el interés colectivo sobre intereses privados.