13 ago. 2013 El Nuevo Dia POR MIGUEL DÍAZ ROMÁN end.mdiaz2@elnuevodia.com
Amparo legal a las parejas gay Ya se han recibido tres querellas por discrimen por orientación sexual Sin embargo falta que se establezcan los protocolos LAS LEYES aprobadas por la administración del Gobernador Alejandro García Padilla para prohibir el discrimen por orientación sexual en el empleo, extender la protección de la Ley 54 de Violencia Doméstica a las parejas del mismo sexo y proveer seguro médico a las parejas de hecho, han venido a ofrecer amparo a una población que ha vivido sin protección legal alguna. La situación era tan alarmante que anualmente la Unidad Anti discrimen (UAD) del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos recibía para consulta unos 72 casos de personas de la comunidad de Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transexuales y Transgéneros (LGBTT), que perdieron su empleo o que fueron objeto de discrimen en su trabajo por su orientación sexual, según indicó la licenciada Miriam Costa, directora interina de la UAD. La UAD atiende querellas por discrimen de empleados de corporaciones públicas y del sector privado. “Estábamos recibiendo hasta seis consultas mensuales. Debido a que no tenemos jurisdicción, pues no se había sido aprobada la Ley 22 de 2013 -que prohíbe en el gobierno y en la empresa privada el discrimen por orientación sexual o identidad de género- la mayoría de estos casos eran referidos a la sección de Discrimen por Orientación Sexual e Identidad de Género de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico”, dijo Costa. Desde enero hasta mayo, cuando se aprobó la Ley 22, la UAD recibió en consulta 30 casos de posible discrimen por orientación sexual en el empleo, la mayoría de los cuales fueron referidas a la Clínica de Asistencia Legal de la UPR. La funcionaria explicó que antes de la Ley 22, algunos casos de discrimen se procesaban bajo la causal de “estereotipo” que básicamente cobija el discrimen contra empleados que no se comportan como socialmente se espera que se comporte alguien de su género. Costa aclaró que la causa de estereotipo, que ya existía al amparo de leyes federales y jurisprudencia, no se protege necesariamente a una persona homosexual sino que podía ser a hombres heterosexuales que otros percibieran como afeminados o mujeres percibidas como varoniles. La licenciada Ada Conde, portavoz de la Fundación de Derechos Humanos, indicó que ante la ausencia de la Ley 22, la Clínica de Asistencia Legal de la UPR y los abogados en la
práctica privada, llevaban los casos de discrimen por orientación sexual por la causal de “estereotipo” o por demandas de daños y prejuicios en el tribunal federal o estatal. Agregó que también se podía radicar un caso ente el Departamento de Trabajo Federal por despido injustificado. “En esos casos los que se lograba era que el patrono pagara una mesada al empleado perjudicado y nada más. Pero con la Ley 22 se puede lograr que se paguen daños y el empleado puede recuperar su empleo. El discrimen en el empleo por orientación sexual es tan frecuente que yo recibo entre dos y tres casos cada mes en mi oficina’’, dijo Conde. TRES CASOS DESDE LA LEY 22 Desde que se aprobó la Ley 22 la AUD ha recibido tres querellas por discrimen por orientación sexual. “Ya estamos investigando esas querellas”, indicó Costa. La funcionaria explicó que para poner en vigor la Ley 22 en el gobierno central y en el sector privado la AUD está trabajando en un protocolo junto con la Oficina Capacitación en Asuntos Laborales y Administración de Recursos Humanos (Ocalarh). El protocolo, una exigencia de la Ley 22, pretende crear las bases educativas y de capacitación para erradicar el discrimen por orientación sexual. “El protocolo incluirá que el patrono provea un mecanismo interno para atender querellas de forma adecuada y se establecerán guías generales para atender las querellas”, dijo Costa. Se espera que los patronos ajusten sus reglamentos internos para querellas de discrimen a las nuevas causales. Costa dijo que el protocolo estará listo el 27 de agosto. Joani Martínez, subdirectora de Ocalarh, dijo que los empleados del gobierno central afectados por discrimen tendrán a su disposición los mecanismos del comité de mediación que opera en Ocalarhl o la Comisión Apelativa del Servicio Público, que ventila apelaciones por acciones disciplinarias en las agencias. “Además tienen la opción de ir directamente a los tribunales”, dijo Martínez. El abogado Thomas Bryan, de la Fundación Gaviota, indicó que supo que un empleado homosexual de una agencia del gobierno fue despedido porque se defendió de una agresión de un compañero de trabajo que le dirigió “epítetos de odio”. “Ambos fueron sancionados. Eso sería discrimen contra el homosexual”, dijo Thomas. Pedro Julio Serrano, de Puerto Rico para Todos, indicó que la aplicación de la Ley 23 de 2013, que extiende la Ley 54 de Violencia Doméstica a parejas del mismo sexo, está enfrentando dificultades porque aún no existen protocolos ni en la Policía ni en el Departamento de Justicia. “La ausencia de protocolos está causando que continúe el discrimen”’, dijo Serrano. Sostuvo que la pasada semana un joven homosexual que fue agredido por su pareja y cuando fue a radicar una querella por violencia doméstica en un cuartel de San Juan los policías rechazaron tramitar la querella. “Los policías le dijeron que la radicara en el Cuartel General. Eso no puede seguir pasando. Hay que establecer un protocolo para las parejas del mismo sexo, los policías y los fiscales tienen que ser adiestrados”', dijo Serrano.
Michele Franco, portavoz de la Policía, desmintió que la pasada semana no se recibiera una querella de parte de un homosexual contra su pareja en el Cuartel General. “La única querella radicada, (después de aprobada la Ley 23), fue en Humacao”, dijo Franco. Indicó que la Policía no necesita de un nuevo protocolo porque con las parejas del mismo sexo se seguirán los mismos procedimientos que con las parejas heterosexuales.