LOS LEONESES QUE FINANCIARON A FRANCO. Julio de 1936 - Marzo de 1937 by Eolas Ediciones

LOS LEONESES QUE FINANCIARON A FRANCO julio de 1936-marzo de 1937 Javier Fernรกndez-Llamazares

LOS LEONESES QUE FINANCIARON A FRANCO (Primer volumen: julio de 1936-marzo de 1937) Temor, requisa, incautaciones: cr贸nicas de la retaguardia

Javier Fern谩ndez-Llamazares

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© de los textos: Javier Fernández-Llamazares © de las fotografías: sus autores © de la edición: EOLAS EDICIONES Portada y maquetación: contactovisual.es ISBN: 978-84-15603-88-7 Deposito legal: LE-284-2015 Impreso en España - Printed in Spain

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ÍNDICE 1ª PARTE 1. OBJETO DE LA OBRA Y FUENTES UTILIZADAS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

GENERALIDADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 FUENTES UTILIZADAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2. INTRODUCCIÓN COMENTADA (Y ACEPTADA) A TRAVÉS DE LA HISTORIOGRAFÍA Y DE LAS FUENTES PRIMARIAS. LA ESPIRAL CONCÉNTRICA DEL TEMOR (ENSAYO HISTÓRICO-DOCUMENTADO). . . 41 HIPÓLITO ROMERO FLORES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

EDUARDO PALLARÉS BERJÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 EL EXPEDIENTE DE INCAUTACIÓN (A.H.P.L., caja 14921/A).. . . . . . . . . . . . . . . . . 71 EL TERCER Y DEFINITIVO PROCESO MILITAR (la vida en la celda nº 2 de San Marcos durante los primeros meses de 1937).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 EMILIO FRANCÉS DE ELGUEA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 FRANCISCO RICO LÓPEZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 MANUEL ÁLVAREZ RODRÍGUEZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 LA DEPURACIÓN LABORAL EN LA DELEGACIÓN DE HACIENDA DE LEÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 PROPUESTAS EXCULPATORIAS. Informe del juez Enrique Iglesias.. . . . . . . . . . . . 142 PROPUESTAS INCULPATORIAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 MANUEL SANTAMARÍA ANDRÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 EMILIO PRIETO MALAGÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 VICENTE RUIZ FLÓREZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 LUIS PORTO BARAJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 ÁNGEL ROBERTO BLANCO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

ALFONSO EGUIGUREN ITURRIOZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MANUEL GARCÍA-LORENZANA (Mantequera Leonesa).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EL EXPEDIENTE DE INCAUTACIÓN (breve y triste historia de un próspero negocio durante la Guerra Civil).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LOS EFECTOS DE LA GUERRA EN EL SALDO CONTABLE DE UNA EMPRESA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A MODO DE COLOFÓN (a la presente introducción). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

238 251 263 265 274

2ª PARTE 3. LA FINANCIACIÓN DE LA GUERRA EN LEÓN DURANTE LOS OCHO PRIMEROS MESES DE CONTIENDA. SUSCRIPCIONES. FALANGE. REQUISA. LA COMISIÓN PRO FUERZA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

LOS DIFERENTES MODELOS IMPOSITIVOS DE LA HACIENDA. . . . . . . . . . . . . 281 LO QUE LOS HISTORIADORES HAN DEJADO DE CONSIDERAR (Y CONTABILIZAR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 LA SUSCRIPCIÓN PRO FUERZA DURANTE LOS PRIMEROS MESES DEL CONFLICTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

4. LA IMPOSICIÓN DE LA DERRAMA A LOS PROPIETARIOS EN OCTUBRE DE 1936. OCTAVIO ÁLVAREZ CARBALLO Y JUAN GARCÍA JIMÉNEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

LA RECAUDACIÓN SE DISPARA EN LEÓN A PARTIR DE OCTUBRE.. . . . . . . . 401 OCTAVIO ÁLVAREZ CARBALLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 JUAN GARCÍA JIMÉNEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485

1ª PARTE

1. OBJETO DE LA OBRA Y FUENTES UTILIZADAS. GENERALIDADES El objeto de esta obra es señalar y definir ciertos aspectos y modos de actuación del poder militar en las diferentes etapas de la represión que se impuso en León durante los primeros y decisivos meses de la Guerra Civil. Desde los casos específicos expuestos a través de la irrefutable documentación, desmenuzaremos el engranaje económico-represivo utilizado por el poder militar. Recuperaremos nombres de los protagonistas del momento histórico (algunos desconocidos, otros no), reconstruyendo espacios físicos y situaciones padecidas por la población civil durante aquellos años. Para empezar a comprender el amedrentamiento de los primeros momentos (represión física y económica) es necesario mencionar las esenciales consignas del general Mola en sus Instrucciones reservadas y otras disposiciones,1 escritas meses antes de comenzar el Alzamiento: Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los Partidos Políticos, Sociedades o Sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas […]. Hay que sembrar el terror…, hay que dejar la sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros […]. Los castigos han de ser ejemplares, por la seriedad con la que se impondrán y la rapidez con que se llevarán a cabo, sin titubeos ni vacilaciones.

1 Un buen lugar para leer estas instrucciones lo encontramos en los anexos del libro publicado en 2013 titulado Los mitos del 18 de julio, obra realizada por varios autores y publicado por la editorial Crítica (ver bibliografía al final de la obra). La negrita y el subrayado son míos.

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En la instrucción reservada nº 5 de fecha 20 de junio de 1936 se añade: […] Ha de advertirse a los tímidos y vacilantes que aquel que no está con nosotros está contra nosotros, y que como enemigo será tratado. Para los compañeros que no sean compañeros, el movimiento triunfante será inexorable […].2

Esclarecedoras fueron las declaraciones del general Yagüe para justificar la represión tras la toma de Badajoz en agosto de 1936, después de diezmar a una población de 40.000 habitantes: Claro que los fusilamos. ¿Qué esperaba? ¿Suponía que iba a llevar 4.000 rojos conmigo mientras mi columna avanzaba contrarreloj? ¿Suponía que iba a dejarles sueltos a mi espalda y dejar que volvieran a edificar una Badajoz roja?

Si indagáramos en la raíz de los acontecimientos guerracivilistas, casi dos años atrás, en los albores de la Revolución de octubre de 1934, localizaríamos innumerables consignas como la publicada en Renovación (periódico oficial de la Federación Nacional de las Juventudes Socialistas de España) el 14 de septiembre de 1934:3 La revolución proletaria significa la destrucción total de las fuerzas de asalto. No la eliminación de jefes y soldados sospechosos, sino la destrucción total, el aniquilamiento y la aplicación de tribunales populares a todos los individuos del Cuerpo, a fin de que por medio de juicio sumarísimo respondan de su actuación dentro del Estado burgués. Muchas sentencias [de muerte] habrá que firmar. Estamos seguros de que antes y después, los jóvenes socialistas, con entusiasmo, estarán dispuestos a darles cumplimiento.

Con esa actitud no nos extraña que se engendrara una guerra. Como vemos, el conflicto armado pendía como espada de Damocles sobre España desde años anteriores a 1936. Después de leer cientos de expedientes militares y otros tantos cientos de expedientes de incautación de bienes, he llegado a la conclusión de que 2 Solón, sabio estadista y poeta gnómico (640 a.C., hacia 560 a.C), quien introdujo importantes reformas económicas y sociales en Atenas, ya advirtió que en toda guerra civil se está obligado a tomar partido por una de las dos partes si no se quiere ser salvajemente vapuleado por ambas. 3 Sobre otra publicación posterior a los sucesos de octubre como Claridad, el filósofo Julián Marías escribe (la letra en negrita es mía): «A mediados de 1935 empezó a publicarse Claridad, órgano de la fracción “revolucionaria” del socialismo, que atacaba violentamente innumerables cosas, pero sobre todo a los socialistas más prestigiosos y moderados. Sin la lectura de ese periódico no se puede entender lo que ocurrió en España en aquel momento y después. Y son muy pocos los que lo leyeron entonces o se han molestado en buscarlo en las hemerotecas».

OBJETO DE LA OBRA Y FUENTES UTILIZADAS

la denominada Revolución de octubre de 1934 marca el principio (formalmente no declarado) de la Guerra Civil española. Me refiero a la idea de considerar la Guerra Civil española de 1936-1939 como la culminación de otras cuatro guerras civiles anteriores (las tres carlistas), más una primera en orden cronológico (la funesta guerra napoleónica de 1808-1814). La Revolución del 34 produjo una enorme convulsión social con miles de detenidos, ciudades destruidas, cárceles repletas, sociedad dividida, etc. Las nuevas instituciones confeccionaron leyes retroactivas. Consideraron delictivo todo aquello que hubiera contribuido «a crear o agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima España [...]».4 Los juristas de la época argumentaban –no sin cierta ironía– que «[...] habrá que exigir responsabilidades políticas a todos los Partidos liberales nacidos después de la Constitución de Cádiz 1812, hito generador de la ruptura de nuestra tradición política y del afrancesamiento y liberalización subversiva de nuestra Patria, y premisa doctrinal de la que arranca, lógicamente, a través de un siglo, el proceso desintegrador que nos ha conducido a las tristes consecuencias que hoy estamos padeciendo». Aceptar estas premisas conducía a los propios juristas a provocar técnica y moralmente una situación todavía más esquizofrénica que la generada por el propio conflicto armado entre “hermanos”. Así que en 1938 regularon “legalmente” lo que las autoridades militares –auspiciadas por buena parte de las civiles– aplicaron con rigor (tal vez de manera espontánea) desde el primer momento del Alzamiento: Se ha tomado como límite retroactivo la fecha 1º de octubre de 1934 teniendo en cuenta que en la revolución que a primeros de dicho mes tuvo lugar en Asturias, ya se manifestó la barbarie marxista con las mismas características que en la de 1936, por lo que, a partir de entonces, no cabían equívocos, pues quedaron, desde aquella época, perfectamente definidos quiénes representaban a España y quiénes a la anti-España.5 4 5

Artículo 1º de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939. Consultar en Manuel Álvaro Dueñas, Por ministerio de la ley y voluntad del Caudillo, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2006, pp.100-101. La letra en negrita y el subrayado son míos. No debemos caer en el error histórico de considerar que desde 1808 hasta 1936 hubo características comunes. Un siglo y cuarto dan para que los tiempos y las circunstancias cambien a velocidad de vértigo. Una buena parte de la sociedad española era tremendamente compleja y avanzada. La burguesía liberal española de la época estaba a la cabeza de Europa. De todos es sabido que en los albores de la Primera Guerra Mundial, sin ir más lejos, la sociedad española se dividía de otro modo: aliadófilos (Francia e Inglaterra) y germanófilos. En literatura, por ejemplo, Miguel de Unamuno se declaraba ferviente germanófilo; Valle Inclán, de gran simpatía hacia las posturas carlistas, escribió a favor de los franceses... Azorín, que escribía en el “conservador” ABC, era partidario de Francia e Inglaterra; Pío Baroja, a su manera, era germanófilo, anticlerical y antisemita: «Yo creo que si hay algún país que pueda aplastar a la Iglesia Católica definitivamente es Alemania […].

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Por supuesto que muchos no pudieron comprenderlo. El abogado Pergentino Rodríguez Sarmiento trabajaba, en el momento del Alzamiento, de funcionario en la Audiencia Provincial de León.6 Natural de Tuy, estaba casado con Amparo Ezquerra. Posteriormente lo encontramos domiciliado en la calle Estafeta nº 61 de Pamplona; desde Pamplona contesta y se “rebela” ante el juzgado, cuando en 1941 es acusado por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valladolid de haber pertenecido al P.S.O.E.; D. Pergentino declara que: 7

Si hay algún país que pueda arrinconar para siempre al viejo Jehová con su séquito de profetas, de nariz ganchuda y de grandes barbas de farsantes, con sus descendientes de frailucos, puercos y ordinarios y los curitas pedantuelos y mentecatos es Alemania» (Ver el nº 255 de noviembre de 2014 de la revista “Leer”, pp.26-29). 6 A.H.P.L., caja 15249/A, nº 3 de 1941 del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valladolid. En 1936, Pergentino Rodríguez vivía en el nº7 de la calle Alfonso V de León. Se le nombró vocal de la Agrupación Socialista el 13 de abril de 1936. En 1941, momento en el que realiza esta declaración, D. Pergentino tenía 58 años de edad. 7 Puede que Pergentino fuera consciente de que se le iba a sobreseer el expediente por no disponer de patrimonio; que también influyera que la acusación se produce a finales de 1941, dos años y medio después de terminada la guerra, cuando la eliminación (que no la represión) física del adversario político hacía ya tiempo que había remitido. De todas formas, no es común encontrar este tipo de declaraciones (tan valientes) en las alegaciones o “descargos” de los acusados ante los diversos tribunales. Sobre las “gestas heroicas” encontramos documentadas excepciones: por ejemplo, en la sentencia del procedimiento sumarísimo nº 298 de la Auditoría de Guerra de León (Causa 596 del Permanente de 1938) leemos: «[...] Luis Vega Torres, casado, industrial, natural de Valladolid, y vecino de San Sebastián […], sindicalista, estaba afiliado a las izquierdas, persona de malos antecedentes. Le sorprende el Movimiento Nacional en San Sebastián, donde el procesado actuó con armas en dicha capital durante el dominio rojo. A la evacuación por los rojos de San Sebastián, marchó para Bilbao, actuando siempre con los rojos; se enroló como voluntario en una Comandancia de Sanidad, pasando más tarde a Santander y Asturias, donde estuvo hasta la liberación de dicha zona del Norte, siendo hecho prisionero por las fuerzas nacionales en Sama de Langreo, y conducido a León. Con estos antecedentes –y encontrándose el procesado en la Prisión Provincial de San Marcos de esta ciudad de León–, próximo al lugar en el que se encontraba el procesado estaba la guardia de Falange Española Tradicionalista encargada de la custodia del mismo, o sea, el edificio de la Prisión, lugar en el que por haber ocurrido el derrumbamiento del Frente Norte de Asturias existía un gran número de prisioneros hechos por nuestras fuerzas. En el momento en el que al romper filas, los falangistas –después de haber pasado lista– pronunciaban llenos de patriotismo las voces “¡Viva Franco!” y ”¡Arriba España!”, el procesado en alta voz dio y contestó a cada frase con las de “¡Abajo!” y “¡Muera España!» (A.H.P.L., caja 15245/A, nº 1/1939 del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valladolid). No sabemos si estos hechos ocasionaron a Luis Vega Torres una buena paliza, pero desde luego lo terminaron de condenar a muerte, ya que la sentencia considera estos hechos como agravantes a la pena de “adhesión a la rebelión” por la que se solía condenar a los procesados que habían luchado con “los rojos”, en ese año de 1938, a la pena de 30 años de reclusión. Los otros cuatro procesados en ese mismo juicio –excepto Luis– fueron condenados a dicha pena de 30 años (Andrés Muñiz Madrid, maestro nacional, 25 años, soltero, natural de Toral de los Guzmanes y vecino de Carrizo de la Ribera; Guillermo Guerrero González, ferroviario, 41 años, natural de Oteruelo y vecino de Armunia; Herminio San Miguel Machado, minero, 25 años, natural de Quintana Raneros y vecino de Montejos; y Mariano Galindo Marquinero, tornero, 42 años, natural de Madrid y vecino de León). En el libro San Marcos, el campo de concentración desconocido, Luis Vega Torres aparece como fallecido (ajusticiado) el día 1 de junio de 1938.

OBJETO DE LA OBRA Y FUENTES UTILIZADAS

[…] en julio de 1936 se hallaba afiliado a la Agrupación de León del Partido Socialista Obrero Español, que como este nombre indica, era nacional, no internacional, partido legalmente constituido con arreglo a la legislación española entonces vigente, y se hallaba afiliado al mismo en uso de su derecho que la Ley, también entonces en vigor, otorgaba a todo ciudadano español. Y formaba en dicho partido lealmente y honradamente por creer que es deber de todo ciudadano el servir políticamente a la Patria como en conciencia considere más convenientemente para ella, servicio que realizaba con toda la dignidad y con toda la honorabilidad que han sido norma de conducta de toda su vida, tanto oficial como privada. Poco antes de los acontecimientos de julio de 1936, había sido, efectivamente, vocal de la Agrupación Socialista de León, cargo que hubo de aceptar, no por su voluntad, pues siempre rehuyó toda clase de cargos, sino por disciplina, la disciplina obligada a todo partido político. En resumen, que pertenecía legítimamente a un partido político legal, honradamente, con toda buena fe y toda buena voluntad, lo que nunca puede considerarse como una falta o un delito, como ninguna forma de transgresión de la Ley o de los deberes ciudadanos. Y es sabido, además, que es contrario a todo principio y toda práctica de Derecho el que las leyes punitivas tengan efecto retroactivo. En consecuencia, suplica al Juzgado Instructor o Tribunal Superior, el sobreseimiento de este expediente. Pamplona para León, a 9 de diciembre de 1941.

En efecto, los informes de la Comisaría de Investigación y Vigilancia, Comandancia de la Guardia Civil y Delegación de Orden Público nos reiteran la ojeriza hacia todas aquellas personas que participaron en los sucesos revolucionarios de octubre de 1934. Esas fueron las personas a las que las nuevas autoridades tenían perfectamente fichadas. Con ellas fue con quien se ensañó la represión. La Revolución de octubre de 1934 es el primer intento serio de golpe de Estado y derribo de la II República, y esto es algo que un amplio sector del ejército “tradicional” no estuvo dispuesto a consentir. Por eso, todas aquellas personas que protagonizaron esos hechos, o simplemente eran sospechosos de haberlos consentido y tolerado, fueron las primeras víctimas: Comisaría de Investigación y Vigilancia. […] Florentino Monroy Quirós, carpintero, tengo el honor de V.S. que este individuo es un elemento de los más destacados y peligrosos del anarco-sindicalismo, habiendo sido Presidente y Secretario de la C.N.T. de León y como tal nombrado para asistir como Delegado a una asamblea de la Confederación Nacional del Trabajo celebrada en Gijón en el año 1930. Era gran organizador, acudiendo a

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todos los puntos para reorganizar sindicatos afectos a la C.N.T.; también asistió como Delegado de León a un congreso que se celebró en Madrid en el año 1931 […]. Fue detenido con motivo del asesinato del Sr. Regueral, siendo puesto en libertad por no haberse comprobado cargos; se cree no obstante que él había tenido parte en aquel atentado.8 Fue detenido tras los sucesos revolucionarios de octubre de 1934 y multado por desobediencia y desacato a los Agentes de la Autoridad, siendo verdaderamente peligroso para el orden social […].9

Sobre José María Mollá Herrero leemos: […] Era el hombre de absoluta confianza del líder socialista Alfredo Nistal, con el que colaboró y tuvo importante intervención en la Revolución de octubre del 34, por lo que en aquella época fue detenido […]. Desde 1928, según propia manifestación, hasta 1933, desempeñó el cargo de “Venerable” del Triángulo Menéndez Pallarés de esta capital, cargo en que sustituyó a un tal [Cayetano] Pérez Pérez […].1011

José María Mollá Herrero, funcionario de Correos y Venerable de la logia Menéndez Pallarés en León. Fue encarcelado y depurado profesionalmente (apartado de empleo y sueldo). No fue fusilado. ¿Casualidad o no? 11 8 Fernando González Regueral, ex-gobernador de Vizcaya, fue asesinado por un comando anarquista el 17 de mayo de 1923 en la calle Cervantes, a escasos metros de su casa en la plaza de Torres de Omaña. La autoría del crimen sigue siendo un misterio. Su hijo, del mismo nombre, era el director del Banco Herrero en León, y fue multado por las autoridades militares en noviembre de 1936 por firmar una petición de indulto para los principales dirigentes del Frente Popular que fueron condenados a muerte tras el consejo de guerra celebrado el 5 de noviembre de 1936. A pesar de la multa que hubo de satisfacer, Fernando González Regueral (hijo) fue alcalde de León desde 1938 hasta 1941 (ver Crónicas de la Burguesía Leonesa..., capítulos 2 y 3). 9 Archivo Histórico Provincial de León (A.H.P.L.), caja 14918/A, expediente de incautación de bienes nº 9 de 1937. La letra en negrita es mía. 10 A.H.P.L, caja 15249/A, Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valladolid, expediente 3156/1941. Informe de la Comisaría de Investigación y Vigilancia. Según la propia declaración de José María Mollá, durante los sucesos de octubre de 1934 estuvo detenido veinte días. La letra en negrita es mía. 11 La fotografía es cortesía de Cándido García Lanza (sobrino de José María Mollá).

OBJETO DE LA OBRA Y FUENTES UTILIZADAS

El“lugarteniente”del alcalde socialista Miguel Castaño también estaba perfectamente “fichado”. Hablamos de Miguel Carro Llamazares, otro olvidado: sería fusilado a comienzos de diciembre de 1936 sin haber sido sometido a consejo de guerra:12 COMISARÍA DE INVESTIGACIÓN Y VIGILANCIA […] fue durante bastante tiempo Presidente de la Agrupación Socialista, como elemento de los más destacados del partido. En el año 1934 estuvo detenido por supuesto complicado en aquella revolución, estando comprobado que era uno de los que debían apoderarse del Aeródromo13. Fue concejal del Ayuntamiento de León en el primer bienio de la República, distinguiéndose en el mismo por su labor al frente de sus ideales […]. Está desaparecido [fusilado en diciembre de 1936]. No se le reconocen otros bienes de fortuna que un pequeño taller de marmolista que con el señor Coque14 tenía en el cementerio. Vivía en la calle de Santa Cruz nº 20, 1º, donde en la actualidad se encuentra su esposa. León, 17 de abril de 1937.

12 A.H.P.L., caja 14922/A, expediente de incautación de bienes. La letra en negrita es mía. Afiliado a la Agrupación Socialista de León, ya había sido concejal socialista del Ayuntamiento de León en 1914. Asistió al Congreso Extraordinario de la U.G.T. en 1927 como delegado de los obreros albañiles y similares de León. Representó a la Agrupación Socialista de León en el Congreso Extraordinario del P.S.O.E. en 1927 y en el XII Congreso en 1928. Fue candidato del P.S.O.E. por León en las elecciones generales de 1933, sin resultar elegido. Fotografía: actas XII Congreso P.S.O.E. 1928, p. 59. Fuentes: Agrupación Socialista 12.XII.1914. ES 9.X.1927 y 30.VI.1928;.Actas XII Congreso P.S.O.E. 1928. Dirigentes de U.G.T. 13 Para saber más sobre la Revolución del 34 en el Aeródromo, ver Manuel González Álvarez, El Aeródromo de León y la Revolución de Asturias de 1934, Instituto Leonés de Cultura, León, 2008. 14 José Antonio Álvarez Coque, cantero de profesión, fue otro de los “históricos” del P.S.O.E. en la ciudad junto a Miguel Carro Llamazares y el propio Miguel Castaño. Tambíén fue concejal socialista durante varios años antes de ser proclamada la II República. Álvarez Coque huyó y se refugió en Francia. Para más información sobre José Antonio Álvarez Coque, consultar su expediente de responsabilidad civil e incautación de bienes conservado en el A.H.P.L., caja 14922/A. El taller incautado (que estaba situado muy cerca de la entrada principal del cementerio actual de Puente Castro) salió a subasta por dos veces; como no se presentó ningún postor, en una tercera subasta lo adquirió Hacienda: «Conforme preceptúa el artículo 1.505 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si en la segunda subasta no hubieran concurrido licitadores, el actor podrá pedir, o la adjudicación de los bienes por las dos terceras partes del precio que hubiere servido de tipo en la segunda subasta, o que se la entreguen en administración para aplicar sus productos al pago de los intereses y extinción del capital, y habiéndose optado por el señor Abogado del Estado en representación de éste, parte actora en el presente expediente por la adjudicación, es procedente así acordarlo».

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De otras personas complicadas en los sucesos de octubre del 34 (aunque sólo fuera de manera accidental), la policía también dispuso de diversas fuentes informativas: Sobre el taxista César Almanza González leemos: […] se le cita como complicado en el movimiento revolucionario socialista del 34 en las memorias intervenidas al destacado elemento socialista Antonio Fernández Martínez15 (fusilado) […]. Según noticias que merecen entero crédito, al iniciarse el Glorioso Alzamiento hizo averiguaciones para saber cuándo salía la fuerza del Ejército Nacional para Murias de Paredes y, averiguando tal extremo, fue personalmente o mandó aviso a un miembro del Comité rojo de Murias, apellidado Valcarce, y se cree avisó igualmente al destacado extremista de San Emiliano Elías [García] Lorenzana […].16

Ser dirigente político del Frente Popular en el momento del Pronunciamiento, o haber participado en la Revolución de octubre de 1934, eran dos motivos fundamentales para ser castigado.17 Una buena parte de los dirigentes del Frente Popular en León habían estado involucrados en los sucesos de 1934. La policía, por supuesto, estaba bien informada. Hubo otro grupo de dirigentes que no participaron en la Revolución del 34 y, sin embargo, tenían cargos relevantes en julio de 1936. Estos últimos tampoco pudieron salvar la vida, aunque en sus declaraciones de descargo dejen bien claro que no participaron en la Revolución.18 Ese fue el caso del 15 Secretario del Sindicato Minero Castellano, fusilado tras sentencia del mismo consejo de guerra que condenó a pena de muerte a las principales autoridades del Frente Popular de León en noviembre de 1936. Las memorias intervenidas por las nuevas autoridades a este dirigente sindical (hoy en paradero desconocido, aunque pienso que deben estar depositadas en un archivo central de la Guardia Civil) fueron un recurso muy utilizado por dichas autoridades para realizar todo tipo de acusaciones concretas. 16 A.H.P.L, caja 15249/A, Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valladolid, expediente 3146/1941. Informe de la Comisaría de Investigación y Vigilancia. En la propia declaración de César Almanza leemos que «En octubre de 1934 hice un viaje al pueblo de Santa Lucía con dos individuos desconocidos para mí, los cuales me infundieron sospechas, por cuyo motivo hablé con el Comandante de aquel puesto de la Guardia Civil Sr. Pozueco, quien inmediatamente les detuvo. Yo puse mi coche a su disposición para trasladar a los detenidos a la cárcel de Pola de Gordón [...]». El guardia civil Adolfo Pozueco García confirma la declaración del taxista César Almanza. Fue el 6 de octubre de 1934 cuando sucedió lo relatado. Al día siguiente, día 7, fue atacado el cuartel de la Guardia Civil resultando heridos graves tres guardias civiles. Hubo de desplazarse hasta allí el Batallón Ciclista de Palencia para controlar y aplacar en lo posible esos actos revolucionarios. La letra en negrita es mía. 17 En términos políticos, tampoco debemos “meter en el mismo saco” a todos los represaliados. Los anarquistas y los comunistas, por ideológica definición, estaban en contra del sistema político republicano, y con anterioridad al Alzamiento lucharon denodadamente contra él, como lo prueba su actuación en la Revolución del 34. 18 A.H.P.L., caja 14922/A, copia de la declaración, folios 51 vuelto y 52 de la causa nº 467 de la que es juez Timoteo Carnicero Méndez, capitán de Infantería del Regimiento de Burgos nº 31 (y sobrino del comandante Eladio Carnicero Herrero).

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catedrático de Lengua y Literatura Manuel Santamaría Andrés, militante de Izquierda Republicana y vicepresidente de la Diputación de León el 18 de julio de 1936. Santamaría es detenido el 23 de julio a las dos de la tarde; el 17 de agosto declara expresamente que no tuvo participación de ningún género en dicha Revolución; esto nos demuestra la importancia que ambas partes (militares y detenidos) daban a este asunto;19 parece hasta obsesivo: en la corta declaración de Manuel Santamaría Andrés (la reproduciremos más adelante), son dos las veces en que las autoridades militares preguntan directamente al procesado por los sucesos del 34. La primera, para que les confirme que no estuvo implicado: […] Que en los sucesos del año 34 no intervino para nada, pues ni sufrió registros, ni interrogatorios de ninguna clase, ni nadie se preocupó de él para nada […].

La segunda, para solicitarle información sobre los datos que él pudiera aportar: […] Que ignora la intervención que hayan podido tener, tanto en la Revolución del año 34 como en los actuales sucesos, los demás encartados en esta causa […].

Los expedientes militares y de incautación están repletos de referencias a lo ocurrido en octubre de 1934. Sobre lo ocurrido a D. Manuel Santamaría y a otros políticos que no participaron en los sucesos de octubre, las instrucciones del general Mola escritas en la instrucción reservada del 30 de junio de 1936 son taxativas; leemos que el hecho de pertenecer al Gobierno del Frente Popular, sin la previa condición de haber estado implicado en la Revolución de octubre, era condición suficiente para ser exterminado: Eliminar los elementos izquierdistas: comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones, etc.20

Veremos aspectos desconocidos sobre la Guerra Civil en León (y en España), como son los medios para hacer triunfar el Alzamiento y la financiación de la guerra en zona Nacional. En cuanto a las variantes que forman parte de la financiación, 19 Como veremos más adelante, Manuel Santamaría Andrés, que había presidido el comité de Izquierda Republicana en León, también aporta como prueba de descargo el hecho de que en el momento de producirse el Alzamiento estaba separado de su cargo en Izquierda Republicana por sus desavenencias con otros dirigentes del partido. 20 He tomado esta cita, atribuida al general Mola en una de sus instrucciones reservadas, del libro de Manuel Álvaro Dueñas, ob. cit., p.18.

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son componente fundamental las multas y sanciones económicas impuestas a miles de “afectos” y “desafectos”. Marcaremos cuáles son esas etapas y esos modos de proceder por parte de ese poder militar, al que le preocupó la forma en que la coerción se debía ejercer sobre la población con el fin de salvaguardar la retaguardia y conseguir la financiación para la nueva Causa. A estas actividades recaudatorias los historiadores las han denominado financiación irregular. Incluso la ideología, como veremos en el caso del comerciante Luis González Roldán, del gran propietario Octavio Álvarez Carballo, del alcalde y presidente de la Diputación Enrique González Luaces, o de otras muchas personas como los lerrouxistas (representantes de la conocida “derecha republicana”) Pedro FernándezLlamazares o Baldomero Lobato, se relegaría a un segundo plano a la hora de “pasar por caja para hacer la aportación a La Causa”. Es más: muchos de los denominados “afectos” terminaron siendo víctimas de la nueva situación militar y política que los azotó y devoró, finalmente, con insania. En León, al margen de la ideología, la totalidad de la población que disponía de recursos económicos aportó obligatoriamente importantísimas sumas de dinero al poder militar. Este es el primer apunte que de entrada quiero exponer, aunque hubo igualmente muchas aportaciones de particulares que creían firmemente en el Movimiento. Los dos casos están claramente constatados con ejemplos documentales. El segundo hecho fundamental que quiero reseñar es que el golpe de Estado no triunfa de forma instantánea, por lo que la población se ve inmersa en una angustia atroz cuya apuesta o “juego a corto plazo” se hace a vida o muerte. El propio alcalde de León, el médico Enrique González Luaces –que toma el cargo por orden directa del general Bosch sustituyendo al socialista Miguel Castaño el día 21 de julio de 1936– es plenamente consciente; así lo refleja en sus diarios. 21 […] estaba yo el lunes 20, por la mañana, en la terraza de los vecinos, viendo con anteojos la plaza de Santo Domingo y la calle; enfrente, en el Rox22, 21 Las llamadas o notas a pie de página aclaratorias números 22, 23, 24, 26, 27, 28, 33, 34, 35 y algunas posteriores que se refieren a los diarios de Luaces, están copiadas literalmente de las realizadas por Wenceslao Álvarez Oblanca y Víctor del Reguero para la edición de las memorias de Luaces en el libro Da miedo el futuro, Piélago Ediciones, León, 2014. La letra en negrita es mía. 22 El bar Rox hacía esquina a las calles Ordoño II (nº 13) y Gil y Carrasco, en el bajo de la casa más tarde conocida como la casa del “chupa-chups”. Inaugurado en 1934, el bar era propiedad de Félix Delgado Pascual, quien lo cerró en 1962

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sentados en las sillas de la acera, Santamaría23, Sampedro24 y creo que Ricont;25 miraron para arriba y Santamaría llamó la atención de los demás, que también miraron, hicieron una crítica, y al momento se levantaron y fueron en dirección de la plaza; allá por el bazar Tomé26, cruzó la acera Timoteo Bernardo27, al cual llamaron la atención sobre la terraza, miraron todos, hablaron, volvieron a mirar, y riéndose comentaron nuevamente mi curiosidad. Ciertamente que aquella repetición en el comentario ya no solo me llamó la atención, sino que interiormente me “mosqueó” un poco. No había motivo para comentar tanto que un ciudadano estuviera asomado a un balcón y oteando las lejanías con unos gemelos, en un día donde se habían recogido las armas en las armerías, y al siguiente de la invasión minera de la capital y con un ir y venir de militares, guardia civil, etc. por las calles. Hoy ya me doy cuenta perfecta de lo que aquella risa podía significar para mí, ya que todos han sido fusilados por Consejo de Guerra, como dirigentes del movimiento del Frente Popular […].

Sobre lo acontecido al día siguiente, controlada ya militarmente la ciudad de León por el Ejército sublevado, Enrique González Luaces escribe: – ¡A sus órdenes, mi general! –Quiero Luaces que usted se encargue de la alcaldía, así que usted se va allá ahora mismo y diga cómo quiere que le manden el oficio. Estamos metidos en un conflicto en el que yo me juego la cabeza, pero creo que se dominará pronto, aun cuando yo no tengo apenas noticias de otras guarniciones. – ¡Mi general, yo estoy a su disposición para lo que usted quiera!

23 Manuel Santamaría Andrés, catedrático de Lengua y Literatura en el Instituto de León, vicepresidente de la Diputación, vocal de Izquierda Republicana en el Frente Popular de León. Fusilado el 21 de noviembre de 1936. 24 Félix-Estanislao San Pedro Jiménez, industrial, apoderado de la Sociedad Industrial Pallarés. En 1935 fue secretario del Comité Provincial de Unión Republicana, con Ramiro Armesto como presidente, y posteriormente presidente del Frente Popular en León. El 4 de noviembre de 1936 sufrió Consejo de Guerra, y el 21 de noviembre fue fusilado en Puente Castro. Casado con Mercedes Monroy Suárez, directora de la Escuela Normal de Maestras. 25 Aunque en el manuscrito parece que Luaces –de intrincada grafía– escribe “Ricont”, yo no descarto que se refiera a José Ricart, importante constructor de la época. 26 El Bazar Tomé estaba en Ordoño II, 7. Su dueño era el indiano Baudilio Tomé Gutiérrez, de Murias de Paredes, tío del ilustre abogado, notario e historiador Vicente Flórez de Quiñones Tomé. Baudilio Tomé falleció a finales de 1953, continuando con el negocio su esposa Herminia Robla Porras, hasta su cierre en 1962. 27 Timoteo Bernardo Alonso, militar retirado fiel a la República y afiliado a Unión Republicana, que sería posteriormente uno de los primeros militares fusilados tras consejo de guerra, junto al capitán Rodríguez Lozano, el 18 de agosto de 1936.

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¿Quién podría rehusar caballerosamente una colaboración a los militares, que eran los primeros que se jugaban la vida y el porvenir y todo junto? […]. Eran las nueve y media del martes, 21 de julio de 1936, cuando iba a la casa consistorial a recoger la autoridad municipal, que en aquellas horas estaba por el suelo. Desde aquel momento quedaba encadenado, sin discusión, a la suerte que corriese la revolución, entrando de lleno en un momento culminante de la historia de la ciudad de León […].

No se me ocurre otro ejemplo más ilustrativo que el anteriormente expuesto, en palabras del propio Luaces, para constatar cómo en un país en el que se presagia y vislumbra una guerra total, el poder civil queda de inmediato supeditado al poder militar. Finalmente, Luaces describe sus impresiones sobre los decisivos días que siguieron a su toma de posesión como alcalde de León. Lo cierto es que el Alzamiento triunfa en la ciudad; pero no se tiene claro que la Guerra Civil esté ganada; es más: la única constatación es que habrá guerra. Se empezaba a organizar la población, y aun cuando su normalidad completa no se había establecido, los servicios funcionaban todos ya, pero la gente en general estaba excitadísima y puede decirse que León no dormía. Entonces veía yo por la calle caras que me miraban con gesto duro y torvamente en reto y desafío; también veía otras que se me acercaban con la satisfacción del que les libra de una pesadilla... Sin embargo, a la alcaldía no se han acercado a mí más que cinco o seis personas para ofrecerme su colaboración en lo que les ordenase28. León, pueblo29 de cerca de 30 mil habitantes, en momento tan difícil sólo recibe asistencia su alcalde de media docena de personas […].

Después de leer las declaraciones de Manuel Santamaría Andrés30 –uno de los representantes más significados del Frente Popular en León–, todo parece indicar (según me aseguran fuentes orales de confianza) que el catedrático de instituto realizó una llamada telefónica a Madrid desde el propio bar Rox, donde se le indicó por las autoridades republicanas que la situación estaba perfectamente controlada, tanto en Madrid, como en el resto de las principales ciudades de España. Tal vez eso explique la postura “chulesca” y amenazante (según Enrique González Luaces) adoptada por los dirigentes del Frente Popular en León. ¿Qué hubiera pasado si los 28

Con el fin de controlar las aportaciones y ”sacrificios a la causa nacional” de los leoneses de rentas superiores a las 12.000 ptas., el gobernador civil anunció a finales de agosto de 1936 la creación de un fichero, clasificando al personal en “incondicionales, gratos, algo gratos, poco gratos e ingratos y rebeldes”. 29 Por supuesto que Luaces lo dice de modo coloquial; León era una ciudad. 30 Archivo Intermedio Militar del Noroeste, juicio sumarísimo nº 136 de 1936.

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mineros no salen de León ese mismo 20 de julio? ¿De qué magnitud hubiese sido la represión ejercida por las fuerzas “descontroladas” del Frente Popular? Leyendo las impresiones de Enrique González Luaces –quien ya había sido alcalde de León tras los sucesos revolucionarios de octubre de 1934–, él era consciente de que si el Alzamiento no hubiese triunfado en la ciudad, sería su propia persona quien hubiera sido condenada, sin duda, a la pena de muerte junto con cientos de personas más. Atrás quedaron las algaradas románticas. No puedo por menos que volver a reescribir el comentario de la instrucción reservada nº 5, que se cumpliría, durante años, a rajatabla: «Ha de advertirse a los tímidos y vacilantes que aquel que no está con nosotros está contra nosotros, y que como enemigo será tratado». Los militares sabían que una vez que el golpe no había triunfado en la totalidad de España, careciendo de supremacía militar –con gran parte de la Armada31 y de la aviación en poder gubernamental–, sin el control industrial ni financiero –con todas las reservas de oro igualmente en poder gubernamental, así como los demás recursos económicos del extranjero–, y con las principales ciudades de España como Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao fieles al Gobierno del Frente Popular, la solución en zona militar ocupada era la represión en retaguardia, la disciplina espartana y la “autofinanciación” procurada al ejército sublevado durante los meses siguientes al golpe, que serían la clave en esos primeros y críticos momentos para la consecución de la victoria. Los militares se vieron precisados a jugar todas sus bazas. Y lo hicieron: a sangre y fuego. Los diarios de Enrique González Luaces son un constante ejercicio de anhelante esfuerzo auto exculpatorio y una razonada búsqueda del argumento que justificara todos los excesos cometidos durante los primeros meses. Aun así, para diciembre de 1936 surgen las primeras dudas:32 […] quiera Dios que no caigamos en el extremo opuesto. No se “haga una revolución al contrario, sino todo lo contrario de la revolución”. Posiblemente que lo que ha comenzado como Movimiento liberador de una esclavitud que nos imponían los hombres de la izquierda y de la revolución marxista del comunismo judío ruso, no tenga derivaciones extremas que resuciten el espíritu medieval del sambenito y la hoguera. Yo espero que el General, hombre de gran talento y de espíritu actual que ha vivido todas estas vicisitudes, desde la salida del Rey hasta que la sublevación se inició, sepa, rodeado de los más prestigiosos militares, encauzar la paz, que ha de tener grandes dificultades […]. 31 Gran parte de la Armada fue fiel al Gobierno del Frente Popular, pero carecía de oficiales cualificados a causa de los asesinatos llevados a cabo por la marinería con la complacencia del gobierno del Frente Popular. 32 La letra en negrita es mía.

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Cuando, como presidente de la Diputación, debe rubricar los expedientes de depuración de varios de los trabajadores de la institución, las dudas se agravan: […] A mí me impidió un poco el sueño la preocupación del expediente de los empleados de la sesión de ayer. Personalmente nada me remuerde; pero tengo la dolorosa impresión de dejar acaso sin pan a personas que no tienen culpa. Sucede en esto lo mismo que en los fusilamientos de personas conocidas. No se puede evitar una excitación constante cuando se sabe que al día siguiente temprano el pelotón disparará unos tiros segando vidas de hombres que no han pensado como nosotros, habituados como estuvimos toda la vida a ver que la pena capital sólo se imponía por delitos de sangre. Ciertamente que la sensibilidad experimenta un choque; pero por otra parte, la reflexión serena lleva a la conclusión de que tal cosa es inevitable. ¿Cómo se pone un dique a la revolución gubernamental sino haciendo pagar caro el ensayo? La guerra tiene que hacerse con las mismas armas y los del otro bando asesinan sin piedad y además martirizan estúpida y bárbaramente a los que sospechan no son adeptos. Nos cuenta la prensa y algunas veces la radio suplicios horribles […].

A finales de diciembre las autoridades militares toman medidas para que los “paseos” y abusos se contengan. Enrique González Luaces lo celebra con cierto alivio: […] acaba de decretarse el encuadramiento de las Milicias en mandos militares y sujetarlas al Código de Justicia Militar.33 Así mismo se han prohibido las requisas.34 Empieza a rodar la máquina por camino asentado. Se hacía necesario algo que cortase los desmanes de los milicianos; era ya algo que se hacía insoportable. La necesidad bélica hizo que fueran portadores de un fusil gentes que habían estado completamente disimuladas hasta el 20 de julio. Las milicias de JONS fueron las que crecieron inopinadamente. ¡Lástima que estas actuaciones hayan empañado la pureza de ideal de los bravos muchachos que antes del 18 de julio formaron los cuadros de Falange! Creemos que ha sido una equivocación de los directores de JONS el admitir sin escrúpulo. La masa es igual en todas partes, y aquél que tenía un rencor personal que vengar lo ha podido hacer impunemente; otros trabajaron en la retaguardia para no ir al frente; es más cómodo y menos expuesto.35 33 34 35

Decreto firmado por Franco, en Salamanca, a 20 de diciembre de 1936. Bando del gobernador militar, Vicente Valderrama Arias. BOPL, 24-diciembre-1936. Manuel Hedilla, jefe de la Junta provisional de Mando de Falange Española de las J.O.N.S., en sus “Palabras de Nochebuena” (Proa, 25 de diciembre de 1936), reconocía el impacto del aluvión de nuevos falangistas a la organización, anunciando que «pronto se implantará un sistema de

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Espero también que se han de depurar estos desmanes exigiéndose a todos la debida responsabilidad, pues así piensan los que con un sentido total del Movimiento actual esperan justicia y equidad: los que formaron sus filas antes del 18 de julio. Y por hoy finalizo estas notas: frío y silencio en las calles que no celebran con ruido las fiestas de fin de año. Esto parece el comienzo del arrinconamiento de la frivolidad. ¡Ojalá! […].

Ahora se hacen estudios macroeconómicos36 intentando desmenuzar la financiación del conflicto tanto en la zona gubernamental (reservas de oro, ayuda “política” y militar de la Unión Soviética, Francia, etc.) como en la sublevada (ayuda de capital extranjero portugués, italiano, inglés, norteamericano, alemán…, del banquero Juan March, de Francesc Cambó, de la Diputación Foral de Navarra, de los banqueros judíos de Melilla en Tetuán y Tánger, etcétera). Eso está muy bien, pero no es suficiente; no lo es porque había que dar el Pronunciamiento, y todos esos datos se recaban y publican a posteriori, como en una buena partida de ajedrez o un partido de fútbol en donde se analiza lo acontecido disfrutando previamente del resultado final. Eso, a mi entender, es escribir la Historia disfrutando de mucha ventaja. Lo cierto es que en la ciudad de León, lugar en el que el Pronunciamiento triunfa prácticamente de inmediato –aunque con una resistencia mucho mayor de la que nos relatan los libros locales de Historia, como comprobaremos en posteriores estudios–, la situación padecida durante las primeras semanas de conflicto es relatada perfectamente por un testigo excepcional al que me llevo refiriendo desde páginas atrás; el primer alcalde de la ciudad tras el Alzamiento, el médico Enrique González Luaces, sospecha de un nuevo, siniestro e hipotético “golpe” al estilo del de la Revolución de octubre de 1934 desde el seno del propio Frente Popular: Yo estaba completamente solo […]. Hacía falta arbitrar recursos; mantener los precios; hacer frente a las necesidades del consumo, y enfrentarse con los que se aprovechan en todo momento de las guerras y las revueltas para vender todo investigación para apartar de nuestras filas los indeseables» en clara referencia a los abusos que se atribuían a los falangistas: «Me dirijo también a los falangistas que se cuidan de las labores de la policía en las ciudades y sobre todo en los pueblos; vuestra misión ha de ser obra de depuración contra los jefes y cabecillas y asesinos, pero impedir que nadie sacie odios personales y que nadie castigue al que por hambre o desesperación haya votado a las izquierdas; todos sabemos que en muchos pueblos había derechistas peores que los rojos». 36 José Ángel Sánchez Asiaín, Ángel Viñas y muchos otros, como más recientemente María Luz de Prado Herrero con su aportación para la provincia de Salamanca, han analizado algunos aspectos de la cuestión.

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más caro, y yo no tenía apenas personal subalterno en quien confiar. La gente desconfiaba del triunfo de los militares porque Radio Madrid, funcionando constantemente, daba noticias de que el Gobierno dominaba en todas partes. Yo apenas podía oírla porque no tenía tiempo, a pesar de que en el despacho del alcalde estaba instalado un magnífico radio-receptor. Supe después que para el Gobierno Civil habían llevado otro también muy bueno. ¿No es esto una prueba de que esta gente ya lo tenía todo prevenido el sábado?37 ¿Pero qué es lo que querían? Los republicanos tenían ya República. ¿A qué más aspiraban pues? Y ¿por qué y para qué ese contubernio con los socialistas de gentes que hacían ostentación de su ortodoxia republicana? No me lo he explicado nunca. Así han pasado los primeros días de la revolución; yo mantuve el orden en la vida civil; tomé precauciones con los abastecedores, y no faltaron ni un solo día ni las subsistencias, ni aun aquellas cosas que son superfluas y constituyen lujo en el aderezo de las comidas […].

Sobre la falta de colaboración de la banca, a pesar de lo que nos indican los estudios recientes, Enrique González Luaces es de igual modo explícito, lo que me hace pensar que en agosto de 1936 hasta la propia banca desconfiaba del triunfo de los sublevados, por lo que el poder militar hubo de imponer su colaboración, como demostraremos posteriormente, con las consiguientes “aportaciones voluntarias a La Causa”: Los directores de los bancos apenas han replicado. Me recuerda esto otra reunión que, celebrada en los últimos días de agosto [de 1936], a instancia mía, nos revolvimos en el vacío inútilmente. Los representantes de la Banca no hicieron más que ponerme dificultades. Su espantosa sordidez en aquella ocasión no tuvo hoy apenas repercusión alguna. El dinero, siempre medroso y cobarde, tuvo en esta ocasión apenas defensores.

Todas estas reflexiones y citas sobre Enrique González Luaces, así como sobre la más reciente historiografía de la financiación de la Guerra Civil, me lleva a lanzar o plantear la hipótesis –tercer punto argumental y esencial de todo mi discurso para las restantes páginas de este libro– de que a pesar de los recientes trabajos (macroeconómicos) publicados sobre la financiación de la Guerra Civil, en el inicio de la sublevación no se contaba con el apoyo suficiente de la financiación extranjera, 37 El sábado al que se refiere es el 18 de julio de 1936. José Calvo Sotelo, jefe de la oposición al gobierno del Frente Popular en el Congreso de los Diputados, acababa de ser asesinado por guardias de asalto dependientes del Ministerio de Gobernación. Por eso Luaces, en sus memorias, se refiere a él como al “primer paseado” de la Guerra Civil.

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y mientras los grandes recursos industriales (no así los alimenticios) siguieran en poder del régimen del Frente Popular, el golpe de Estado estaba abocado al fracaso. Es éste un asunto primordial; es más: el triunfo de los sublevados no se puede explicar sin comprender previamente cómo fueron estos procedimientos represivo-económicos (curiosamente muy desconocidos) durante los decisivos primeros meses de la contienda. León, pese a estar rodeada de provincias castellanas donde se forman los núcleos o centros básicos del poder militar, económico y administrativo del franquismo (Burgos, Salamanca y Valladolid), pertenecía militarmente a La Coruña, dato a tener en cuenta, porque León cumple las órdenes directas de Burgos, pero también las más inmediatas de La Coruña, especialmente durante los primeros meses de conflicto. Tras la proclamación de la Segunda República, un decreto gubernamental disolvió las Regiones Militares y las sustituyó por las Divisiones Orgánicas.38 Así pues, en 1936 León pertenecía a la 8ª División Orgánica del Ejército, con capital en La Coruña; esta División Orgánica estaba compuesta por las cuatro provincias de Galicia, a las que se sumaban Oviedo (Asturias) y León. El general Carlos Bosch y Bosch estaba al mando de la 16ª Brigada de Infantería, a la que pertenecía el Regimiento de Burgos nº 36 de León. Sólo a título consultivo dejaremos constancia de algunos datos: La 8ª División Orgánica estaba compuesta, pues, por ȤȤ dos Brigadas de Infantería: la 15ª, con un Regimiento en La Coruña (Zamora nº 8) y otro en Lugo (Zaragoza nº 12); y la 16ª, con un Regimiento en León (Burgos nº 31). ȤȤ Una Brigada de Artillería: la 8ª, con dos Regimientos (el 15º en Pontevedra y el 16º en La Coruña). ȤȤ Un Batallón de Zapadores (el 8º, en Gijón). ȤȤ Un Regimiento de Infantería (Regimiento Mérida 35, del Ferrol) ȤȤ Un Regimiento dividido entre la Coruña y el Ferrol (Regimiento de Artillería Costa nº 2).

Gaceta de Madrid núm. 168, del 17 de junio de 1931, p. 1413.

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Salamanca, Valladolid, Zamora. Ávila, Segovia y Cáceres pertenecían a la 7ª División Orgánica del Ejército, con capital en Valladolid. Burgos, Palencia, Logroño, Santander, Navarra, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa conformaban la 6ª División Orgánica del Ejército, con capital en Burgos. Por su parte, Soria pertenecía a la 5ª División Orgánica del Ejército, con capital en Zaragoza. Otras referencias administrativas sobre la 8ª División Orgánica son: Decreto nombrando General de la Octava División Orgánica al General de división D. Enrique Salcedo Molinuevo.39 Decreto núm. 33. Disponiendo que el Excmo. Sr. General de Brigada, en situación de segunda reserva, D. Luis Lombarte Serrano, desempeñe el mando de la Octava División Orgánica.40 Decreto núm. 105.- Disponiendo cese en el mando de la Octava División Orgánica el General de Brigada, Excmo. Sr. D. Luis Lombarte Serrano.41 Decreto núm. 106.- Nombrando para el mando de la Octava División Orgánica al General de Brigada Excmo. Sr. D. Guillermo Kirkpatrick O’Farril.42 Decreto núm. 210.- Disponiendo cese en el mando de la Octava División Orgánica el General D. Guillermo Kirkpatrik O´Farril.43 Decreto núm. 211.- Nombrando para el mando de la Octava División Orgánica al General D. Antonio Aranda y Mata.44

39 40

41 42 43 44

Gaceta de Madrid: Diario Oficial de la República núm. 12, de 12/01/1936, p. 301. Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España núm. 6, de 14/08/1936, p. 22. Boletín Oficial del Estado núm. 58, de 16/12/1936, p. 408. Boletín Oficial del Estado núm. 58, de 16/12/1936, p. 408. Boletín Oficial del Estado núm. 107, de 04/02/1937, p. 307. Boletín Oficial del Estado núm. 107, de 04/02/1937, p. 307.

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Decreto núm. 393.- Dispone que las provincias que comprenden la actual demarcación Territorial de la Octava División Orgánica constituyan en lo sucesivo la Octava Región Militar.45 Decreto núm. 394.- Nombrando Jefe de la Octava Región Militar al Excelentísimo Sr. General de Brigada D. Luís Lombarte Serrano.46 Destinos.- Orden.- Confirma en sus cargos de Ayudantes de Campo del Excelentísimo Sr. General Jefe de la Octava Región Militar a los Comandantes D. Francisco Martínez de la Riva y otro.47 Decreto nombrando General Jefe de la Octava Región Militar a D. Germán Gil Yuste.48 Decreto nombrando General Jefe de la Séptima Región Militar al General de División D. José Solchaga Zala y disponiendo cese en el mando del General Jefe de la Octava Región Militar.49 Decreto nombrando General Jefe de la Octava Región Militar al General de División D. Enrique Cánovas Lacruz y disponiendo cese en el cargo de Comandante General de Canarias.50 Decreto nombrando General Jefe de la Octava Región Militar al General de Brigada don Eugenio Espinosa de los Monteros.51

45 46 47 48 49 50 51

Boletín Oficial del Estado núm. 378, de 02/11/1937, p. 4.139. Boletín Oficial del Estado núm. 378, de 02/11/1937, p. 4.139. Boletín Oficial del Estado núm. 388, de 12/11/1937, p. 4.303. Boletín Oficial del Estado núm. 478, de 11/02/1938, p. 5.723. Boletín Oficial del Estado núm. 191, de 10/07/1939, p. 3.767. Boletín Oficial del Estado núm. 191, de 10/07/1939, p. 3.767. Boletín Oficial del Estado núm. 284, de 11/10/1939, p. 5.709.

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FUENTES UTILIZADAS Durante años escuché esa oscura y siniestra leyenda que dice que la documentación de la Guerra Civil estuvo siempre celosamente custodiada, cuando no directa y deliberadamente destruida o quemada. Nada más lejos de la realidad. Puede que esté dispersa, pero no de forma deliberada, sino como consecuencia de la sempiterna desidia de los españoles. Tampoco hubo interés en quemar o destruir nada. Las instituciones ocultaron información dependiendo de sus intereses, pero jamás se avergonzaron de nada. Las fuentes utilizadas para la confección de este trabajo son originales. Tan amplias, que para la publicación de este primer libro he debido discriminar la mayor parte de la información; y tan originales y valiosas, que siento vértigo. Archivos particulares, Archivo Histórico Provincial de León, Archivo Municipal de León, Archivo Militar del Ferrol (Archivo Intermedio Militar del Noroeste), Archivo Histórico del Banco de España, y prensa de la época (ver bibliografía) son las principales fuentes consultadas para la realización de este estudio, con la novedad de que dentro del Archivo Histórico Provincial es la primera vez que se consultan sistemáticamente las informaciones y libros contables de Hacienda, así como la ingente documentación relativa a los denominados expedientes de incautación de bienes, procedentes de igual manera de la Delegación de Hacienda en León. En cuanto a la documentación relativa al Archivo Histórico Municipal, he consultado de igual modo todos los libros contables que se conservan sobre el período bélico, así como la documentación relativa a la llamada Comisión Pro Fuerza Pública, que será fundamental para explicar y dar un primer punto de partida a mis tesis. El presente libro sólo aspira a marcar unas pautas de investigación, citando una documentación sobre la que estamos convencidos de que es la que se debe estudiar. Cuando otros archivos –como los que consignan las informaciones del Tribunal de

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Cuentas o de la Guardia Civil– abran sus puertas a la investigación, muchas de estas informaciones se verán convenientemente ampliadas. Hay nombres que por su peso específico en la historia de León –como son los casos de Enrique González Luaces, Octavio Álvarez Carballo, Miguel Díez Gutiérrez Canseco, Francisco Roa de la Vega o el propio Amós Salvador, por poner sólo algunos ejemplos– debemos tener siempre presentes. Por eso nos acompañarán en el transcurso de nuestra exposición; tampoco es mi propósito explicar la represión militar desde el estricto punto de vista de la burguesía leonesa, por heterogénea que esta fuera. Su papel y sus aportaciones documentales después de casi ochenta años son, no obstante, imprescindibles para poder reconstruir el pasado. En el territorio que queda bajo el control del Frente Popular se utilizan idénticos términos para denominar a todas las personas a las que se va a reprimir: los términos “desafecto” o “La Causa” son utilizados de igual modo tanto en la zona republicana como en la nacional; si cotejáramos los trámites burocráticos, oficios, fórmulas y modelos represivos utilizados en la zona gubernamental, comprobaríamos las enormes similitudes de procedimiento empleadas por ambos bandos. Así, me viene en estos momentos a la memoria la terrorífica carta de un preso en Madrid suplicando al director de la cárcel que no lo ponga en libertad, pues eso supondría su segura ejecución por parte de los grupos “defensores de la República y la Democracia”. El fin último de la población –acuciante durante los primeros meses del conflicto– era colaborar y financiar al ejército, que estaba muy necesitado de aportaciones materiales para sus campañas bélicas en los diversos frentes de la Guerra. Las aportaciones económicas de la población eran una necesidad vital. Estas maniobras fueron el resultado de un plan concienzudo, riguroso, milimétrico y preconcebido. Lo que ciertos juristas ideologizados califican de “monstruosidad jurídica”, estaba envuelto en una normalización de los modos, procesos, usos y formalismos legales heredados del pasado. Sí que estos “malos modos” fueron mucho más “formales” que los “malos modos” judiciales y represivos que se utilizaron en la zona republicana, más anárquicos y desorganizados y, tal vez por ese mismo motivo, todavía más salvajes, en cuanto a esas formas de consumar el chantaje y el exterminio del enemigo. El mando “único” en cuanto a la consecución de un objetivo final, la “profesionalidad” de los altos mandos del bando sublevado, y la eficacia del posterior apoyo militar extranjero fueron, sin duda, tres de los factores básicos que propiciaron que el desequilibrio del principio que existía en favor del Frente Popular se trocara en vientos favorables para el ejército de Franco.

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Son principal fuente –ahí está la novedad en el caso de los estudios realizados sobre este asunto en León, y en gran parte de España– todos los archivos anteriormente citados, y especialmente los expedientes de la Comisión de incautación de bienes y responsabilidad civil de León. Los expedientes militares del archivo del Ferrol, y sobre todo, los concretos pero trascendentales documentos recogidos de los archivos particulares de determinadas familias de la burguesía leonesa (diarios de Enrique González Luaces, diarios de Francisco Roa de la Vega, así como los documentos recogidos del archivo privado de la Banca FernándezLlamazares, archivo privado de la familia Pallarés, y documentos procedentes de la familia Álvarez Carballo), conformarán una aportación sin parangón. Porque sólo la suma de este tipo de documentos puede modificar la comprensión nacional de una materia tan estudiada como manipulada. Me interesa sobremanera la financiación durante los primeros meses de la contienda (agosto-marzo de 1937). Sobre los expedientes de incautación abiertos en 1937, me interesa el modo formal y “acogido a nuevo derecho” en el que se desarrollan estas comisiones amparadas en el Decreto de 10 de enero de 1937, y en cómo y sobre qué personas y anteriores organismos políticos actúa la Comisión de León. ¿Por qué? Porque existen trabajos realizados en otras partes de España que ya han utilizado como fuente documental parte de estos expedientes de incautación. Pero en cada provincia, en cada localidad, hubo elementos claramente diferenciadores. No es lo mismo el caso de León comparado con el de Albacete o Ciudad Real, que aguantan toda la guerra defendiendo al Gobierno del Frente Popular y que pasan por una primera etapa en la que la represión y las incautaciones son inversas, es decir, hacia las personas supuestamente partidarias del Alzamiento o “derechistas”. Ciudad Real y Albacete sufren de diferente modo las incautaciones provenientes del bando vencedor una vez son tomadas dichas provincias, casi tres años más tarde de que comenzaran las incautaciones franquistas en nuestra ciudad (en algunas partes de la montaña leonesa, como es obvio, se tardó más tiempo en incoar expedientes, pues hubo de estabilizarse y caer el Frente Norte). Además, la propiedad de la tierra en manos de unos pocos terratenientes es prácticamente opuesta a la de León. Y lo mismo se nos presentan particularidades con cualquier zona de Andalucía, Levante, o provincias como Zaragoza, Segovia u Orense; o con Zamora, que aunque reuniendo estas dos últimas provincias (Orense y Zamora) características más comunes a la de León, también se aprecia en ellas sus particulares circunstancias. La información que proporcionan los expedientes es enorme: cientos, miles de datos sobre lugares, personas, domicilios, acusaciones concretas, actividades profesionales, fechas, delaciones, multas gubernativas, patrimonios incautados,

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sentencias de los juicios sumarísimos previos a la apertura de dichos expedientes, informes de la Comandancia de la Guardia Civil y de la Comisaría de Investigación y Vigilancia, declaraciones de importantes testigos como López de Hoyos, Fernando González Vélez, Roa de la Vega, González de Lama, Enrique González Luaces… Pero sobre todo, las declaraciones de los encausados que permanecen en sus domicilios o en prisión, que convierten esta información en una nueva forma de indagación histórica. Un regalo para quien esto escribe, que agradece y reconoce la colaboración y el trabajo realizado por el Archivo Histórico Provincial de León (A.H.P.L.) en su tarea de recopilación de expedientes, y en particular a sus funcionarios por su disposición hacia mi trabajo. Mi agradecimiento a su actual directora, Eva Merino, y a la subdirectora Mercedes Cordero, que me proporcionaron todo tipo de facilidades, información y ánimos (que también han sido necesarios). Sobre multas y aportaciones “voluntarias” se ha consultado la documentación existente en el Archivo Municipal de León (en adelante A.H.M.L.), hacia cuyos funcionarios, y en particular hacia su directora Esperanza Fernández, no tengo otras palabras que las del más sincero agradecimiento. Los expedientes recuperados por el Archivo Histórico Provincial de León son abundantes y no tan parcos como los recuperados en otras provincias, lo que nos permite realizar un trabajo de conjunto con garantías. La información que estos expedientes ofrecen partiendo de las declaraciones de autoridades, encartados y vecinos, tanto en el propio espacio temporal del levantamiento militar como en los momentos y meses anteriores, es esencial. Y lo es no sólo acerca de la consabida represión económica ejercida sobre cualquier “enemigo”, sino también sobre la vida política de toda la provincia de León. Es reseñable la información sobre las fechas próximas a las elecciones de febrero de 1936 y sobre los instigadores de la Revolución de octubre del 34, episodio clave, como ya estamos comprobando, para localizar a las principales víctimas. Entre miles de documentos he debido escoger la información, por lo que me centraré en este primer volumen en los expedientes52 que hacen referencia a la ciudad de León y a varios pueblos de sus alrededores. En posteriores libros figurará una lista sobre todos los encausados conocidos de la provincia, incluso los de 1938 y los posteriores encausados de 1939, 1940 y 1941 que ya se juzgaban en el Tribunal

52 Expedientes, que no encartados, pues en un gran cantidad de estos expedientes se incoa, con el mismo número de expediente, a varias personas.

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Regional de Responsabilidades Políticas de Valladolid (organismo sucesor, como veremos, de las comisiones provinciales de incautación de bienes en nuestra región). Lejos de los consabidos topicazos universitarios y periodísticos que se difunden en el presente, lejos de tanto falso profeta, de los antiguos tergiversadores, delatores y supervivientes de aquellos feroces años, de los mentirosos de posguerra, de los actuales mercaderes y mercenarios de la cultura, de la desidia universitaria (todavía más subvencionada que politizada, que ya es triste), y de la vergonzante actitud de ciertos políticos de nuestra época, me mueve a la publicación de este libro un sentimiento de necesidad. Necesidad y obligación con todas esas personas que aparecen en los expedientes. Si por definición de la palabra Historia entendemos que es la reconstrucción de los hechos a partir de los documentos escritos de una época concreta, este tipo de documentación es imprescindible para poder reconstruir el pasado. Superar este pasado es el único modo de construir con sabiduría, honestidad y verdadero progreso un futuro sin pies de barro. Para esto sirve la Historia. Este libro sólo pretende ser eso: un libro de Historia. Porque no lo es de memoria histórica, y nada más lejos que de historia novelada. La memoria histórica y las novelas, por necesarias, tienen su ámbito. Son varias las personas que me han llamado, desde dentro y fuera de España, para buscar información sobre sus familiares (de los dos bandos) fallecidos. Creo que las fosas (no sólo las físicas, sino las de la vergüenza y la hipocresía) sólo se levantan con estudios, por muy duros que resulten. La Historia se escribe con documentación. En España, con los muertos de la Guerra Civil se especula y negocia. ¿Dónde está la lista con todos los leoneses y españoles nacionales “paseados” y olvidados en las cunetas de cualquier paraje de Madrid, Cataluña, Extremadura o Andalucía?53 No nos equivoquemos: las heridas no se cierran así; las fosas las levanta la Historia, no las catas arqueológicas –que en muchos casos sólo dan palos de ciego– financiadas con el erario público. Las comisiones provinciales de incautación desaparecen en febrero de 1939, cuando se crean los Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas (en el caso de los expedientes de León, con nueva sede en Valladolid), por lo que procesos abiertos que en esa fecha no habían sido resueltos por las anteriores comisiones provinciales de incautación pasan a formar parte de las competencias del recién creado Tribunal. Los expedientes del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valladolid, cargados de importantísima información, serán consultados 53 Por poner sólo un ejemplo, del médico leonés Francisco Contreras Dueñas jamás se encontró su cadáver en tierras de Jaén (su hermano César había sido diputado de la CEDA por León en las últimas elecciones republicanas, y en los expedientes de incautación de bienes nos aparecerá en multitud de declaraciones defendiendo a sus vecinos “del lado contrario”).

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y utilizados constantemente. Hubo encausados que no aparecen en los expedientes de incautación de bienes asociados al Decreto 10 de enero de 1937, pero que posteriormente sí nos aparecen, a partir de 1939, en los expedientes del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valladolid. También hay encausados que aparecen en los dos, por lo que usaremos la documentación proveniente de los dos expedientes. La génesis de este libro parte de la idea principal de explicar al lector cómo eran los mecanismos utilizados por la Comisión de incautación de bienes de León en 1937. No lo he querido hacer de un modo independiente, porque si aceptamos la idea de que la represión es un cúmulo de anillos concéntricos (ajusticiamiento, privación de la libertad, de opinión, depuración profesional, sanciones económicas...), nos percatamos de que todas esas variantes de castigo se ejercieron en unos espacios temporales concretos. Nuestra exposición constará de ejemplos concretos y representativos de algunos de los expedientados que habían sufrido las etapas de esa espiral concéntrica represiva. Los expedientes de incautación de bienes serán el hilo conductor desde las primeras páginas del trabajo, con el objetivo de familiarizar al lector con los mecanismos (insolvencias, subasteros, multas, medios jurídicos de defensa de los encartados, etcétera). Las incautaciones amparadas por el Decreto de 10 de enero de 1937, en León no son –al contrario de lo que se está publicando– una considerable fuente de financiación para el erario franquista. Al contrario: las incautaciones no son más que un lastre para la castigada economía de guerra. La eficacia de las incautaciones y el rastro documental que nos dejan los expedientes son una mina informativa hasta la fecha. Los expedientes de incautación con personas concretas desde los primeros momentos de este estudio serán el nexo coordinador de su entramado argumental. Las llamadas o notas a pie de página son informativamente relevantes y de manifiesto interés para la debida comprensión del texto. Demostraré que siguiendo estas fuentes documentales se puede sistematizar la información. Esta obra incompleta es un camino a seguir. La tarea consiste en mostrárselo al lector de una forma comprensible; si esto último se consigue el esfuerzo no habrá sido en vano. Soy consciente de que en un pueblón como León aparecerán, en esta y en posteriores publicaciones, infinidad de nombres cuyos hijos, sobrinos, nietos y bisnietos están vivos y se cruzan a diario por cualquier calle de nuestra provincia o ciudad. Pero si algo nos une a la mayoría de nosotros, y en primer lugar, a los propios hijos de los protagonistas que aún permanecen con vida –a los que sus propios

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padres (ahora lo entiendo) jamás les explicaron nada–, es que ha pasado tiempo. Ahora es el momento de buscar y confirmar, o desmentir, en la medida que nos permitan nuestros recursos –que los tenemos–, esa aproximación a la verdad. La Guerra Civil es una Historia con cientos de miles de historias, y cada una de ellas resulta tan independiente que no podremos recomponer de forma total las causas y el desarrollo de lo sucedido hasta no conocer de manera pormenorizada una gran parte de todas esas historias particulares. Cierto es que la tarea parece imposible; pero al menos con unos cientos, o miles de “pequeñas” historias, podremos aproximarnos. Esa labor de reconstrucción es la tarea pendiente, aunque la abordemos después de transcurrios tantos años. Siempre pensé que para escribir sobre Historia (con mayúscula) hay que hacerlo “desde abajo” o “desde dentro“: es la intrahistoria de la que hablaba Unamuno, o la esencia castellana que pudo captar Azorín. Unamuno, sin embargo, “encorsetaba” estructuralmente sus ideas con implacable y premeditada meticulosidad. Este mismo asunto o debate literario se me presenta a la hora de escribir sobre Historia y viene de muy antiguo. ¿La novela que discurre por sí sola como en Pío Baroja (El árbol de la vida), o la novela de idea rígida y preconcebida como en Unamuno (San Manuel Bueno, mártir)? Sin embargo, los tres autores (Unamuno, Azorín Y Pío Baroja) están académicamente clasificados en la misma Generación del 98 porque no son incompatibles; es más: se complementan. Hace tiempo que dije que para escribir honestamente sobre Historia hay que mostrar y demostrar los hechos concretos con nombres y apellidos, y siempre desde el plano de la época que se estudia, jamás desde nuestra perspectiva (tal vez la idea ya la llevaron a efecto los historiadores de la “escuela francesa” posterior a la II Guerra Mundial). Los nombres de las personas (las vidas reales), por ser tan numerosas, aparecerán a lo largo de este libro como “en cascada”; es decir, de forma espontánea y no forzada. Los protagonistas “se colarán” en el argumento de mi estudio sin prácticamente pedir permiso. He de reconocer, a pesar del riesgo a la dispersión, que soy más devoto del método utilizado por Pío Baroja. Los expedientes de incautación y los archivos particulares nos permiten, en buena parte, afrontar la Historia (o intrahistoria) a través de las declaraciones de los propios afectados. Porque sólo pueden ser nuestros olvidados protagonistas quienes nos enseñen la Historia; jamás los sesudos, aburridos y preconcebidos estudios académicos de nuestra época. La pena es que esos “actores” reales que nos aparecen en los documentos son tan numerosos que sólo unos pocos tendrán cabida en las páginas de nuestro libro. Aun así, descubriremos a través de ellos patrones comunes: esa será mi aportación. Las conclusiones, que deben llegar solas, son tarea y patrimonio del lector.

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Espero que les resulte tan interesante como a mí. Que disfruten de la esclarecedora documentación aportada.54 Leamos...

54 Considero que la documentación es valiosa, pero debemos tener en cuenta que nuestro estudio está realizado básicamente sobre documentación original (fuentes primarias) de la época. Tanto los informes policiales como las transcripciones realizadas por mí, e incluso por los mecanógrafos/as de aquellos años, pueden incluir errores (un apellido incorrecto, una dirección inexacta, un número de batallón republicano mal copiado por las prisas de los oficiales y subalternos administrativos del momento, etcétera). Los posibles errores serán consecuencia de la ingente documentación consultada y de la carencia de mis propios recursos para cotejar exhaustivamente las informaciones documentales, por lo que no he podido corregir o confirmar en su totalidad todas las posibles inexactitudes. Aunque me he esforzado con denuedo, pido de antemano disculpas –especialmente a los familiares afectados–, por estas posibles imprecisiones.

Los leoneses que financiaron a Franco es el nuevo fruto del exhaustivo empeño de Javier Fernández-Llamazares por abrir caminos no transitados por los investigadores de nuestra Guerra Civil, a menudo satisfechos con trabajos de poco porte, ayunos de rigor y tendenciosos. La obra constará de tres volúmenes; éste es en un principio el esquema de edición que se ha marcado nuestro autor, a sabiendas de la ingente tarea realizada por él sobre los aspectos “perdidos” que está sacando a la luz. Fernández-Llamazares establece, como pionero de estas averiguaciones económico-sociales, una elevada cota a quienes están interesados en seguirle hacia el esclarecimiento de cómo y por quién se financió, a la fuerza, el Alzamiento.

ISBN: 978-84-15603-88-7