ESS – Extensión de la Seguridad Social

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EXTENSIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL La reversión de la privatización de las pensiones: Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina (2000-2018) Isabel Ortiz Fabio Durán-Valverde Stefan Urban Veronika Wodsak Zhiming Yu ESS - Documento de trabajo núm. 63 Departamento de Protección Social OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

EQUIPO DE REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN EL BPS

Fuente: BPS

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ESS – Extensión de la Seguridad Social

La reversión de la privatización de las pensiones: Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina (2000-2018)

Isabel Ortiz Fabio Durán-Valverde Stefan Urban Veronika Wodsak Zhiming Yu

ESS - Documento de trabajo núm. 63 Departamento de Protección Social OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

EQUIPO DE REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN EL BPS

Resumen ejecutivo En el presente informe: i) se analiza el fracaso de los sistemas privados de pensiones obligatorios para mejorar la seguridad de ingresos en la vejez, y su bajo desempeño en términos de cobertura, niveles de beneficios, costos administrativos, costos de transición, e impactos sociales y fiscales, entre otros; ii) se documentan los procesos de reversión de la privatización de las pensiones, aspectos de legislación, gobernanza, nuevos derechos a prestaciones, financiamiento y tasas de cotización de los nuevos sistemas públicos de pensiones; iii) se identifican los pasos necesarios para revertir la privatización de las pensiones, para aquellos países que consideren retornar a un sistema público.

Entre 1981 y 2014, treinta países privatizaron total o parcialmente sus sistemas públicos de pensiones de carácter obligatorio. Catorce en América Latina (en orden cronológico: Chile, Perú, Argentina, Colombia, Uruguay, Estado Plurinacional de Bolivia, México, República Bolivariana de Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y Panamá); otros catorce en Europa Oriental y la antigua Unión Soviética (Hungría, Kazajstán, Croacia, Polonia, Letonia, Bulgaria, Estonia, Federación de Rusia, Lituania, Rumania, Eslovaquia, Macedonia, República Checa y Armenia), y dos en África (Nigeria y Ghana). La mayoría de las privatizaciones recibieron el apoyo del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), USAID y los Bancos Interamericano y Asiático de Desarrollo, contrariamente a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Hasta el año 2018, dieciocho países habían re-reformado, revirtiendo total o parcialmente la privatización de las pensiones. Concretamente, la República Bolivariana de Venezuela (2000), Ecuador (2002), Nicaragua (2005), Bulgaria (2007), Argentina (2008), Eslovaquia (2008), Estonia, Letonia y Lituania (2009), Estado Plurinacional de Bolivia (2009), Hungría (2010), Croacia y Macedonia (2011), Polonia (2011), Federación de Rusia (2012), Kazajstán (2013), República Checa (2016) y Rumania (2017). La gran mayoría de los países revirtieron la privatización luego de la crisis financiera mundial de 2007-2008, cuando los fallos del sistema privado se hicieron evidentes y tuvieron que ser corregidos.

Considerando que el 60 por ciento de los países que habían privatizado los sistemas públicos de pensiones obligatorias han revertido la privatización, y teniendo en cuenta la evidencia acumulada de impactos negativos sociales y económicos, se puede afirmar que el experimento de la privatización ha fracasado. La privatización de las pensiones no dio los resultados esperados. Las tasas de cobertura se estancaron o disminuyeron, los niveles de las pensiones se deterioraron, y se agravaron las desigualdades de género y de ingresos, lo que hizo que la privatización fuera muy impopular. El riesgo asociado a las fluctuaciones en los mercados financieros se trasladó a los individuos. Los costos administrativos se incrementaron, lo que resultó en menores niveles de prestaciones. Los altos costos de transición -a menudo infravalorados- crearon grandes presiones fiscales. Se suponía que la Administración privada debía mejorar la gobernanza, pero, por el contrario, la debilitó. Se eliminó la participación de los trabajadores en la gestión. En muchos casos, las funciones de regulación y supervisión fueron capturadas por los mismos grupos económicos

responsables de la gestión de los fondos de pensiones, lo que creó un grave conflicto de intereses; además, la industria de seguros, quien en última instancia se beneficia de los ahorros previsionales, avanzó hacia la concentración. Por último, las reformas de las pensiones tuvieron efectos limitados en los mercados de capitales y en el crecimiento en la mayoría de los países en desarrollo.

El informe continua documentando las principales experiencias y los procesos de reversión de la privatización de las pensiones, las leyes promulgadas, las características básicas del nuevo modelo público, los derechos y beneficios en el nuevo sistema, el restablecimiento de la administración pública de las pensiones, la transferencia de los afiliados y los fondos y el reconocimiento de los derechos, el financiamiento y las nuevas tasas de cotización, la recaudación de las cotizaciones y la gestión de los fondos, los cambios en la supervisión y la regulación, la gobernanza y la representación de los empleadores y los trabajadores, y el diálogo social. Si bien las reversiones de la privatización de las pensiones necesitan más años para madurar, ya se pueden observar mejoras claras y mensurables en cuanto a sus efectos positivos en la reducción de las presiones fiscales y de los costos administrativos, los mayores niveles de cobertura y de las prestaciones, así como en cuanto a la reducción de las desigualdades de género y de los ingresos.

La privatización de las pensiones se puede revertir rápidamente, en tan solo unos pocos meses. Para aquellos países que están considerando reconstruir sus sistemas públicos de pensiones, hay once pasos principales: i) iniciar el diálogo social para generar consenso, realizar campañas de comunicación; ii) conformar un comité técnico tripartito para la reforma, encargado de diseñar e implementar la renacionalización del sistema de pensiones; iii) promulgar leyes que definan las principales características de un sistema de reparto con beneficios definidos, de conformidad con las normas de seguridad social de la OIT; iv) crear un ente administrador público de las pensiones que garantice la gobernanza tripartita; v) transferir a los afiliados del sistema privado al público; vi) transferir los recursos acumulados de las cuentas individuales; vii) establecer las nuevas tasas de cotización y comenzar a recaudar las cotizaciones al nuevo sistema público de pensiones; viii) clausurar el mecanismo de recaudación de cotizaciones del sistema privado; ix) implementar los servicios de inspección y los mecanismos de cobranza de las cotizaciones; x) crear la unidad o entidad encargada de la gestión de las inversiones del régimen público de pensiones; xi) clausurar el ente de supervisión y regulación de las pensiones privadas.

Este documento y los estudios de casos de países que sirvieron de base para su elaboración, documentan el bajo desempeño de las pensiones privadas obligatorias y abstrae lecciones para los gobiernos que intentan mejorar sus sistemas nacionales de pensiones.

El fortalecimiento del seguro social de carácter público, junto con las pensiones solidarias no contributivas, tal como lo recomiendan los instrumentos normativos de la OIT, han mejorado la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones, han hecho que los derechos de pensión sean mejores y más predecibles, permitiendo a las personas disfrutar de una mejor jubilación. La responsabilidad de los Estados de garantizar la seguridad de los ingresos en la vejez se logra mejor mediante el fortalecimiento de los sistemas públicos de pensiones. https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?id=55496

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