CURSO EN SEGURIDAD CIUDADANA CON ENFOQUE DE GENERO
Unidad 2: Temas centrales de Seguridad ciudadana con enfoque de género PRIMERA PARTE Violencia Intrafamiliar, Femicidio/Feminicidio e Inseguridades en las ciudades
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Centro Regional para América Latina y el Caribe Área Práctica de Prevención de Crisis y Recuperación Área Práctica de Género Escuela Virtual Elaborado por: Nadine Jubb Adaptado para edición 2014-2015 por: Esperanza Franco Rodríguez
Material didáctico del curso Seguridad Ciudadana con Enfoque de Género desarrollado por la Escuela Virtual del PNUD. Las opiniones expresadas en esta publicación son las de los y las autores/as y no representan necesariamente de las Naciones Unidas, incluido el PNUD, o las de los Estados miembros de la ONU.
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Índice I. Introducción II. Violencia intrafamiliar A. Definiciones y algunas estadísticas 1. Definición y variables 2. Algunas estadísticas 3. Retos para la medición B. Análisis de género de causas, efectos y otros aspectos 1. Causas, factores relevantes e identidades construidas 2. Efectos C. Desafíos para las respuestas estatales y sociales 1. Reformas legales e institucionales pendientes 2. Respuestas dirigidas a personas en situación de violencia 3. Iniciativas para transformar las masculinidades dominantes 4. La colaboración intersectorial y los aportes de las organizaciones feministas y de la sociedad civil 5. La investigación III. Femicidio/Feminicidio A. Definiciones y algunas estadísticas 1. Definición y variables 2. Algunas estadísticas 3. Retos para la medición B. Análisis de género de causas, efectos y otros aspectos 1. Causas, factores relevantes e identidades construidas 2. Efectos C. Desafíos para las respuestas estatales y sociales 1. Reformas legales e institucionales pendientes 2. La colaboración intersectorial y los aportes de las organizaciones de mujeres y la sociedad civil IV. Inseguridades en la ciudad A. Definiciones y algunas estadísticas 1. Definición y variables 2. Algunas estadísticas 3. Retos para la medición B. Análisis de género de causas, efectos y otros aspectos 1. Causas, factores relevantes e identidades construidas 2. Efectos C. Desafíos para las respuestas estatales y sociales 1. El enfoque de las intervenciones 2. Reformas legales e institucionales pendientes 3. La colaboración intersectorial y los aportes de las organizaciones de mujeres y la sociedad civil 4. La investigación y la sensibilización
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I. Introducción El propósito de esta unidad es analizar los temas centrales en la agenda actual de la seguridad ciudadana con enfoque de género. Esta parte del curso enfatiza las principales formas de violencia basadas en género que se presentan en la región. (1) la violencia intrafamiliar (2) el feminicio y feminicidio (3) las inseguridades en la ciudad Estos temas fueron escogidos por una o más de las siguientes razones: Afecta a una gran proporción de la población Se destaca por ser una forma extrema de violencia Es un tema que ha sido puesto en la agenda pública recientemente
PREGUNTAS CLAVE DE LA UNIDAD (Para cada forma de violencia) 1. ¿Cómo se define este tema, cuáles son los instrumentos de derechos humanos específicos y cómo se puede valorar con estadísticas la situación en América Latina? 2. ¿Cuáles son las causas multidimensionales y factores de vulnerabilidad de cada tema, cuáles son sus efectos y cuáles son las identidades predominantes construidas de mujeres (feminidades) y hombres (masculinidades)? 3. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan actores estatales y sociales en la región para erradicar estas formas de inseguridad?
Las definiciones presentadas en esta unidad parten de la discusión sobre la seguridad ciudadana con enfoque de género y la definición de la violencia contra las mujeres en la primera unidad del curso. Se ofrecen variables para cada temática y donde sea relevante, se hace referencia a las normas internacionales y regionales al respecto. También se ofrecen ejemplos regionales y/o nacionales que son emblemáticos, pero tomando en cuenta las limitaciones a la medición no se pretende que las estadísticas sean ni representativas, ni comparativas, a menos que sea indicado en el texto. Los análisis de causas y efectos son elaborados de manera que aplican la definición y conceptualización general de la violencia contra las mujeres y con enfoque de género a las formas específicas de violencia. Y los desafíos son bastante parecidos entre las diferentes temáticas, por lo que se busca precisar entre ellas según los debates actuales.
II. Violencia intrafamiliar A. Definiciones y algunas estadísticas 1. Definición y variables
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Recuadro 1: Definición y variables de la violencia intrafamiliar
Violencia intrafamiliar es el acto u omisión único o repetitivo, cometido por un miembro de la familia o alguien relacionado por intimidad o la ley, en relación de poder en función del sexo, la edad, o la condición física, en contra de otro u otros integrantes de la misma, sin importar el espacio físico donde ocurre el maltrato físico, psicológico, sexual, patrimonial o abandono (Adaptado de Instituto Hidalguense de la Mujer, s.f.). Variables: Violencia ejercida por alguien con poder en contra de alguien sumiso, sea un niño o una niña, un/a adolescente, hombre o mujer, o a adultos mayores. Forma de expresión de poder desigual basadas en género y/o edad, o también otra forma de poder. La violencia de pareja íntima se refiere a la violencia ejercida por la pareja o ex pareja, sea novio, pareja de unión de hecho o marido. La violencia de pareja íntima contra la mujer es la forma más frecuente de la violencia intrafamiliar. Puede ser de varios tipos, físico, psicológico, sexual, patrimonial o abandono. El lugar de ocurrencia más frecuente es el hogar, pero también puede suceder en la calle, el centro de trabajo u otros lugares. La violencia doméstica es un concepto afín que se concentra principalmente en el enfoque de género. Se define como: “la violencia que ocurre en la esfera privada, generalmente entre personas que se encuentran relacionadas a través de la sangre, la intimidad o la ley. La violencia doméstica puede incluir la privación económica y el aislamiento, lo que ocasiona daños inminentes para la seguridad, salud o bienestar de la víctima” (Naciones Unidas. 2004. Declaración sobre la eliminación de la violencia doméstica contra la mujer, GA/RES/58/147, citado en CEPAL, 2009).
2. Algunas estadísticas La violencia de pareja íntima contra las mujeres es la forma de violencia más prevalente en el mundo. Los cuadros siguientes dan evidencias de este flagelo en América Latina y El Caribe, considerado una pandemia por la Organización Mundial de la Salud (García-Moreno, 2005). Cuadro 1: Porcentaje de mujeres que informaron violencia física por parte de un esposo/compañero, alguna vez y en los últimos 12 meses, entre las mujeres de 15 a 49 años alguna vez casadas o unidas [1-6]
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Fuente: Violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe: Análisis comparativo de datos poblacionales de 12 países. Washington, DC : OPS, 2014.
Cuadro 2: Porcentaje de mujeres que informaron violencia sexual por parte de un esposo/compañero, alguna vez y en los últimos 12 meses, entre las mujeres de 15 a 49 años alguna vez casadas o unidas [1-6]
Fuente: Violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe: Análisis comparativo de datos poblacionales de 12 países. Washington, DC : OPS, 2014.
Cuadro 3: Porcentaje de mujeres que informaron maltrato emocional por parte de un esposo/compañero alguna vez y en los últimos 12 meses, entre las mujeres de 15 a 49 años alguna vez casadas o unidas [1-7]
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Fuente: Violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe: Análisis comparativo de datos poblacionales de 12 países. Washington, DC : OPS, 2014.
En encuestas poblacionales también se ha identificado la violencia de pareja íntima (VPI) contra hombres, no obstante se han analizado varias diferencias significativas basadas en género con la VPI contra mujeres. Las consecuencias físicas y emocionales son menores: la violencia es menos frecuente, raras veces la violencia física resulta en daños y los hombres víctimas no tenían miedo de su pareja. Una parte de esta forma de violencia es un resultado directo de mujeres intentando defenderse físicamente de un ataque por su pareja varón (WHO y London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2010). 3. Retos para la medición Hoy en día existen varios estudios cualitativos y cuantitativos sobre la violencia intrafamiliar en la región, especialmente la violencia de pareja íntima, aunque todavía no hay datos nacionales para todos los países, por ejemplo Brasil (Pasinato, 2011) o Chile (CEM et al., 2006). El hecho de que la violencia sexual sea revelada mucho menos que las otras formas de violencia podría reflejar la realidad tal como es, pero también podría reflejar el tabú fuerte que todavía existe un impedimento sobre hablar de la violencia sexual, especialmente en la relación de pareja, y/o de pensar que tener relaciones sexuales con su esposo es un deber independiente de su voluntad. Con respecto a la diferenciación por etnia, en algunos países se recopila información sobre el grupo étnico, utilizando diversos enfoques, el idioma hablado en el hogar (Guatemala 2008/9, Paraguay 2008 y Perú 2007/8) y el grupo étnico autoidentificado (Bolivia 2003, Bolivia 2008 y Ecuador 2004). No obstante, proporciones sustanciales de mujeres de todos los niveles socioeconómicos en estos países de América Latina y el Caribe informaron haber vivido violencia física o sexual por parte de un esposo/compañero. Por lo tanto, a la hora de formular
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políticas y programas es importante entender que la violencia por parte de la pareja no se limita a grupos específicos de mujeres según características como la riqueza, el nivel de instrucción, el grupo étnico o la edad.1 Aunque existen estudios que indican mayores niveles de violencia contra mujeres indígenas y afrodescendientes (Ribeiro, 2008 citado en CEPAL, 2009). Todavía faltan suficientes datos cuantitativos y cualitativos para saber cómo las mujeres experimentan la violencia, sus estrategias para salir de esta situación y el impacto de la violencia a diferentes niveles. Los datos que existen provienen de estudios diferentes y no hay uniformidad en las metodologías, definiciones y variables, por tanto las comparaciones entre ellos son tentativas. Por su parte, es importante resaltar que se hace más referencia a la violencia intrafamiliar sobre las mujeres porque este grupo de población representa la mayoría de las víctimas. Además, no se ha divulgado todavía investigaciones sobre cambios en la prevalencia de la violencia en el tiempo a través de estudios longitudinales. B. Análisis de género de causas, efectos y otros aspectos 1. Causas, factores relevantes e identidades construidas Se comprueba que las relaciones desiguales de género subyacen la violencia intrafamiliar, especialmente la violencia de pareja íntima, a través de las similitudes en los resultados de estudios regionales y comparativos (Jubb et al., 2010; OEA/CIDH, 2007; Sagot et al., 2000) – tanto en las experiencias de las mujeres en situación de violencia como en sus intentos de salir de ella– a pesar de diferencias en las metodologías, sitios de investigación y períodos analizados. Muchas mujeres no se consideran como sujetos de derechos, ni tienen muchos conocimientos con respecto a sus derechos, factor que les hace más vulnerables a la violencia misma y dificulta el proceso de frenarla. La concienciación de sus derechos pasa por tres etapas –conocer sus derechos, apropiarse de ellos y ejercerlos (Camacho, 2003). Una encuesta realizada en cuatro países (Brasil, Ecuador, Nicaragua y Perú) reveló que con la excepción de Brasil, menos de la mitad de las mujeres había recibido capacitación sobre sus derechos específicos como mujeres (Jubb et al., 2010). Antes de conocer sus derechos, muchas mujeres asumen una perspectiva familista. Según la perspectiva familista, se busca mantener la unión familiar por encima de los derechos de las mujeres (o niñas y niños). La identidad masculina predominante construida es de un agresor que no tiene la culpa y la familia es el objeto ofendido; la identidad femenina principal es de la mujer como responsable o culpada por no mantener la paz en la familia (Jubb et al., 2010; Sagot, 2000). 1
Violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe: Análisis comparativo de datos poblacionales de 12 países. Washington, DC : OPS, 2014.
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Varios estudios han revelado que las mujeres en situación de violencia de pareja íntima muchas veces no identifican a su pareja como agresor o perpetrador de un acto criminal, (Carcedo, 2006), o expresan un nivel subjetivo de seguridad menor al nivel objetivo (Alberdi y Matas, s.f. citada en Astelarra). Las mujeres que sufren violencia intrafamiliar no son víctimas pasivas, sino que adoptan estrategias activas para aumentar su seguridad y la de sus hijos/as.
Algunas de estas estrategias de resistencia son directas; otras indirectas. Algunas mujeres logran huir de una relación violenta, otras resisten y se defienden de los ataques, otras modifican su comportamiento adaptándolo a las exigencias de su agresor con el objeto de evitar la violencia, mientras que otras intentan minimizar los efectos de los abusos. Lo que, visto desde fuera, podría parecer una aceptación pasiva de la violencia, puede ser en realidad una actitud calculada y meditada con la que la mujer busca protegerse a sí misma y a sus hijos/as (Míguez, 2006).
La respuesta de una mujer a la violencia está condicionada por las opciones de las que dispone. Desafortunadamente, estas opciones son normalmente muy limitadas. Si muchas mujeres se sienten atrapadas en una relación violenta es, sencillamente, porque a menudo están atrapadas. Esto no significa necesariamente que no hay salida. No obstante, hay muchos motivos válidos por los cuales a una mujer le resulta difícil estar fuera del peligro o terminar la relación con una pareja violenta. Huir de la violencia supone tomar decisiones que no están libres de riesgos. Buscar ayuda, conseguir una orden de protección o romper la relación sólo tienen sentido para una mujer cuando, evaluando toda la situación en conjunto, se reducen los riesgos para ella y sus hijos. Entender las difíciles decisiones que las mujeres deben tomar para huir de la violencia (por ejemplo, optar entre marcharse y quedarse sin vivienda y fuentes de ingreso, o permanecer y arriesgarse a más violencia) hace menos probable que se juzgue injustamente o se culpe a la mujer por la violencia que el agresor ha decidido utilizar en contra de ella (Míguez, 2006).
Son varios los factores que inciden en la decisión de las mujeres de romper el silencio y que afectan su camino de vivir libre de violencia y de acceder a la justicia. La violencia se ha vuelto más peligrosa (Camacho et al., 2009; Jubb et al., 2010; Pasinato, 2011). Las mujeres reciben información acerca de los servicios disponibles en su comunidad o sus derechos; además reciben apoyo o acompañamiento para acudir a instancias especializadas (Jubb et al., 2010; Sagot, 2000). Una respuesta positiva de integrantes de la red personal de cada mujer facilita su salida de la situación de violencia, mientras una repuesta negativa puede impedirla (Jubb et al., 2010). Las otras relaciones desiguales de poder se ejercen de manera interseccional con las de género para hacer más difícil, tanto la situación de violencia, como lograr vivir libre de violencia. En particular se ha identificado la relevancia de clase económica, etnia, lugar de residencia y nivel de escolaridad (Camacho, et al., 2009; “Encuentro Internacional”; GarcíaMoreno, 2005; Jubb et al., 2010; Muñoz, 2011; Pasinato, 2011; Sierra, 2009). 7
2. Efectos El impacto personal, económico y social es enorme. La violencia intrafamiliar también tiene un impacto grande en la salud de las mujeres, niñas y niños en particular, tanto con respecto a lesiones físicas o emocionales ocasionadas directamente. Además las mujeres que alguna vez han sufrido violencia tienden a tener mayores problemas de salud en comparación con las que nunca han sufrido violencia. Es más, los datos indican que los efectos en la salud son acumulativos y que pueden durar toda la vida (García-Moreno et al., 2005). De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el alcance de la violencia contra la mujer cuesta entre 1,6 y 2% del PIB de América Latina y el Caribe (Buvinic, M. and Morrison, A., 1999). Un estudio pionero calculó los costos al sistema de salud de la violencia de pareja íntima en Chile y Nicaragua en un 2,0% y 1,6% del producto interno bruto (PIB) respectivamente (Morrison y Orlando, 1997). Las mujeres que sufren violencia física severa ganan mucho menos que mujeres que no están en situación de violencia; en Santiago ganan solo el 39% mientras en Managua es el 57% (Morrison y Orlando, 1997). Un estudio sobre el impacto de la violencia contra las mujeres en el sector privado en Perú concluyó que el costo empresarial de esta violencia en el país oscila entre 3.7% y 3.9% del PBI (Vara, 2013). Faltan mayores datos al respecto y el desarrollo de una metodología común para calcular los costos en todos los ámbitos afectados. C. Desafíos para las respuestas estatales y sociales Las respuestas estatales hacia la violencia intrafamiliar han estado enfocadas en la violencia de pareja íntima contra las mujeres, no obstante aún hay deficiencias en estas respuestas.
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1. Reformas legales e institucionales pendientes
La normativa legal e institucional a nivel nacional, regional e internacional. Inicialmente las leyes reflejaban una perspectiva familista pero varios países de la región han comenzado a introducir (nuevas) leyes “integrales” que cumplen con las estipulaciones de la Convención de Belem do Pará (OEA, 2004) y otros instrumentos de derechos humanos (CIDH, 2007). También existen servicios, protocolos e instituciones especializadas. Sin embargo, falta uniformidad en la normativa a nivel nacional.
La impunidad trazada a lo largo del sistema judicial. A pesar del incremento inicial en las denuncias y las reformas legales e institucionales, todos los informes condenan un nivel atroz de impunidad (CIDH, 2007; Jubb et al., 2010; MESECVI, 2008; ONU Mujeres, 2011; Sagot, 2000). Hay un nivel de arrepentimiento muy alto desde la denuncia inicial hasta la sentencia judicial que puede ser causado por obstáculos personales, sociales o institucionales (Camacho et al., 2009).
Desafíos para la debida aplicación de la norma Las instituciones especializadas frecuentemente tienen una cobertura limitada, hay deficiencias importantes en la calidad de la investigación policial y en la aplicación de la normativa que causa demoras en los procesos judiciales.
En las deficiencias se nota la influencia de la perspectiva familista y otros sesgos o filtros. Por ejemplo, a veces las mujeres son culpadas o revictimizadas por la violencia que sufren. Los procesos de capacitación especializada no necesariamente han logrado eliminar la influencia de esta perspectiva en las actitudes de los/las operadores/as. Otro tipo de filtro importante se practica en varios países alrededor de la violencia psicológica. Aun si es tipificada, en muchos países no se aplica por falta de reglamentos, procedimientos, nombramiento de psicólogos forenses, etc. Se ha identificado que la impunidad contribuye a un empeoramiento de la violencia, hasta en algunas situaciones llegar al femicidio (CIDH, 2007; Jubb et al., 2010; ONU Mujeres, 2011; Sagot, 2000; Santos, 2005).
La interseccionalidad aplicada en las respuestas institucionales Un paso sería reconocer el pluralismo jurídico de una manera que incremente las opciones de las mujeres para protegerse y recibir otros servicios. Por un lado, se ha encontrado que líderes y autoridades tradicionales no necesariamente conocen o aseguran los derechos de las mujeres. Por otro lado, las instituciones especializadas pueden ser inaccesibles, los/las operadores/as quizás no hablan el idioma de las mujeres o no respetan la cultura o la identidad de las mujeres, por tanto discriminan en su contra (CEPAL, 2009; “Encuentro internacional, s.f.”; OAS-CIDH, 2007).
2. Respuestas dirigidas a personas en situación de violencia
El mayor desafío es lograr que todas las personas vivan libres de violencia. La manera comprobada de lograrlo es a través de procesos que permitan a que ellas conozcan sus derechos, se sientan sujetos de ellos y los ejerzan (Batres, 1997; Jubb et al., 2010; Sagot, 2000).
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La mayoría de las personas que han sufrido malos tratos físicos no buscan ayuda en la policía, una ONG o un albergue (García-Moreno, 2005). La minoría que sí decide buscar ayuda institucional o de un centro de mujeres u otra organización de la sociedad civil casi nunca sigue la ruta oficial del sistema policial-judicial para hacer valer sus derechos (Jubb et al., 2010).
3. Iniciativas para transformar las masculinidades dominantes El trabajo con hombres para cambiar los aspectos de las masculinidades dominantes que aportan a la reproducción de la violencia contra las mujeres ha sido llevado a cabo con tres sectores. La mayoría de las experiencias, y también los éxitos, son dirigidas a la prevención primaria –es decir, antes de cometer la violencia– con hombres de la población en general, por ejemplo por organizaciones como Lazo Blanco (www.lazoblanco.org) o MenEngage (www.engagingmen.net/es). Habitualmente se trata de campañas masivas de comunicación social para difundir una imagen, valores y prácticas diferentes; también pueden constar de talleres de sensibilización y/o capacitación con poblaciones específicas (Barker, et al., 2005; Welsh, 2007). Existen experiencias exitosas de cambiar las actitudes de los hombres prestatarios de servicios, las cuales también señalan la necesidad de respaldo institucional para que sean sostenibles (Proyecto de Hombres Aliados, 2008). El trabajo con agresores es controversial por lo que, a pesar de la importancia de lograr cambios con este sector, se señala que los procesos psicosociales por sí solos son insuficientes, pues se requiere de una sanción u otra acción parecida también (Godenzi, 1999; Red de Masculinidad, 2009). Elementos fundamentales: Los instrumentos de derechos humanos (la resolución 52-86 de la Asamblea General de la ONU y la Convención de Belem do Pará) y las buenas prácticas (ICCLR, 1999) ponen hincapié en la necesidad de cambiar los patrones socioculturales como forma de prevención, pero al mismo tiempo insisten en la obligación de sancionar consistentemente la violencia contra las mujeres.
https://www.youtube.com/watch?v=9BPyXcvSIsM
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https://www.youtube.com/watch?v=rT6hy0I-fvw
4. La colaboración intersectorial y los aportes de las organizaciones feministas y de la sociedad civil Es a través de la coordinación intersectorial que se puede brindar una respuesta que sea integral y estratégica en todos sus aspectos. Casi todos los países en la región, y también muchas localidades, tienen planes intersectoriales; también tienen comisiones que reúnen a todos los actores pertinentes. Las intervenciones de los movimientos de mujeres y feministas –sean servicios a mujeres en situación de violencia, procesos de prevención, investigaciones o incidencia– son pioneras y todavía son de mucha importancia dada la variedad, su carácter innovador y propositivo y porque normalmente tienen un enfoque estratégico basado en derechos. Cada vez se hace mayor énfasis en las obligaciones de los Estados, además las de diferentes actores en la sociedad civil. Hay deberes específicos con respecto a la educación y los medios de comunicación en particular, por ejemplo en la Convención de Belem do Pará. Las campañas de las Naciones Unidas –16 días de acción para eliminar la violencia contra las mujeres y Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres– buscan involucrar más sectores en la prevención y la sensibilización, especialmente personas de todas las edades hombres, líderes comunitarios, tradicionales y religiosos (CEPAL, 2009). Brindar varios servicios bajo un mismo techo facilita mucho el camino para salir de la violencia y buscar justicia. Uno de los grandes desafíos que enfrentan los espacios de coordinación es la construcción compartida de una perspectiva basada en derechos de la violencia, el acceso a la justicia, o tienen el mismo nivel de compromiso (Burt et al., 1997; Jubb et al., 2010; Sagot, 2000). Otra limitación de gran envergadura es la insuficiencia de recursos (CIDH, 2007; ONU Mujeres, 2011). A través de la coordinación intersectorial se puede facilitar el acceso a programas sociales a las personas en situación de violencia intrafamiliar, por ejemplo protección, alimentos, alojamiento, formación técnica y otros para facilitar la construcción de una vida libre de violencia.
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5. La investigación
La escasez de datos consolidados sobre la prevalencia de la violencia y el impacto de los servicios especializados –particularmente la falta de un sistema único de información en muchos países– contribuye a la invisibilización de estos delitos, reduce la transparencia estatal e implica que en la mayoría de los casos no hay una línea de base para medir la efectividad de las intervenciones estatales. Para analizar la violencia intrafamiliar en contra de personas sumisas a más de una forma de poder desigual, por ejemplo género entretejido con edad, etnia/raza, (dis)capacidad u orientación sexual e identidad de género, habría que realizar estudios especializados con sus comunidades y/o utilizar una muestra suficientemente grande para producir resultados representativos.
III. Femicidio/ Feminicidio A. Definiciones y algunas estadísticas 1. Definiciones y variables El femicidio o el feminicidio es la forma más extrema de violencia contra las mujeres y a pesar de haber sido perpetrada desde hace mucho tiempo atrás, solamente ha logrado ser reconocido como un problema específico y un tema de políticas públicas en los últimos años, principalmente por situaciones atroces como existen en Ciudad Juárez (México) y en Guatemala.
UN Photo/Martine Perret
Recuadro 2: Definiciones de femicidio y feminicidio
Femicidio: Es la muerte violenta de mujeres por razón de género. Feminicidio: Se refiere al involucramiento del Estado en la comisión del femicidio y/o la impunidad en una situación de femicidio. Fuente: Definiciones basadas en CEPAL, 2009: 34
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Las variables principales para definir si la muerte violenta de una mujer es un femicidio son: La relación entre la víctima y el victimario (ver figura 1); El contexto, que puede ser antecedentes de una situación de violencia de pareja íntima, una situación de conflicto u otra; El papel del Estado en la comisión del crimen, por acto u omisión, o en la impunidad; Un análisis de género de los hechos. Figura 1: Tipología de femicidio
Pareja actual
Pareja íntima
Ex pareja
Familiar/otra familia
Perpetrador mascunilo conocido
Otros conocidos
Asesinos
Mortalidad de mujeres
Muerte por prácticas misóginas, negligencia, hambre, mortalidad materna, MGF, SIDA
Perpetrador femenino
Perpetrador desconocido
Pareja no íntima
desconocido
Conflicto armado
Familiar/ otra familiar
Robo, pandilla, trata Asesinato por motivo político
Fuente: Widyono, 2009: 20
En el recuadro 3 son citados datos de cuatro países centroamericanos entre 2001 y 2009, utilizando principalmente datos de organizaciones feministas que han identificado casos de femicidio aplicando un análisis de género (Muñoz, 2011)2.
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Véase la fuente para mayor información sobre la recopilación de los datos en el cuadro.
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Recuadro 3: Femicidios en cuatro países de América Central, 2001–09 (números totales) Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total
Nicaragua 73 99 70 67 66 Sin datos 64 69 79 587
Honduras Sin datos 133 111 138 171 185 203 186 181 1308
El Salvador 211 227 232 260 390 437 337 348 592 3034
Guatemala 307 318 383 527 517 603 590 722 708 4674
Fuente: Muñoz, 2011: 44 de varias fuentes citadas en la fuente
Llama mucho la atención el incremento considerable de femicidios tanto en El Salvador como en Guatemala durante este período (Muñoz, 2011). Con mayor información de las variables indicadas se puede determinar que en Nicaragua y Costa Rica la gran mayoría de los perpetradores son personas conocidas, y muchos de ellos sus (ex)parejas; en Guatemala la mayoría son desconocidos (CEFEMINA, 2010; Muñoz, 2011). 3. Retos para la medición
Las variaciones en las definiciones técnicas y las tipificaciones penales. Por ejemplo, en Chile y Costa Rica solo el feminicidio íntimo es tipificado como delito (OIG, 2011). No necesariamente se recoge información sobre todas las relaciones víctimavictimario, ni son tipificadas. Cada institución recopila datos según sus propios criterios, por tanto no hay uniformidad (Astelarra s.f.; CEPAL, 2009; CEPAL, 2007; Muñoz, 2011; PATH, 2010; Widyono, 2009). Los datos longitudinales muchas veces demuestran que el femicidio/feminicidio está en aumento. Este crecimiento puede ser explicado por un incremento en el delito mismo y/o mejoras en la metodología y análisis para la identificación del delito (CEPAL, 2998; Widyono, 2009).
B. Análisis de género de causas, efectos y otros factores 1. Causas y factores relevantes La razón de género como causa del femicidio. La identificación de un femicidio siempre se basa en un análisis de género que establece una relación de poder desigual entre el asesino y la
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víctima. En los viejos contextos o escenarios, típicamente en el ámbito privado, la víctima conoce a su asesino, frecuentemente fue su pareja o ex-pareja, o un familiar, y el femicidio se produce en el contexto de una relación de violencia existente. En los nuevos contextos, en el ámbito público, la víctima desconoce a su victimario y son asociados con las maquilas, los conflictos armados, la violencia política, la trata, la explotación sexual, el narcotráfico, mafias y maras/pandillas. Por ejemplo, la respuesta de seguridad de “mano dura” en la frontera norte de México en la lucha contra los narcotraficantes ha contribuido tanto a una agudización de los femicidios como un empeoramiento del acceso a la justicia y seguridad para las mujeres en situación de violencia (CEFEMINA, 2010; Medina, 2010). Comparación entre los femicidios y los homicidios de hombres En general los estudios señalan que los hombres no son asesinados por razón de su género específicamente, aunque ciertos patrones son relacionados a actividades delictivas en que predominan los hombres y donde hay construcciones de hombres machistas, viriles y violentos que someten a las mujeres, por ejemplo hombres jóvenes en las maras/pandillas o los conflictos armados (Gomáriz, 2007 en Muñoz, 2011). Además, son pocos los hombres que son asesinados por sus parejas, y cuando esto se da, normalmente es un acto de autodefensa (PATH, 2010).
2. Efectos La violencia post-asesinato: La dinámica de violencia no necesariamente termina con la muerte. El delito del feminicidio ha sido establecido dado que en la mayoría de los casos el femicidio es seguido por la violencia institucional a través de la impunidad. Algunos de los casos más llamativos de violencia contra los/las defensores/as de los derechos humanos de las mujeres han sido de personas defendiendo los derechos de víctimas de femicidio o feminicidio (“Iniciativa”, 2011). C.Desafíos para las respuestas estatales y sociales
1. Reformas legales e institucionales pendientes La normativa nacional Un gran desafío se encuentra en la necesidad de que los países de la región sigan reconociendo el femicidio o el feminicidio en su normativa y transitando hacia leyes de penalización de la violencia contra las mujeres específicamente (conocidas como “leyes de segunda generación”). Hasta el año 2014, el 97% de los países de América Latina y El Caribe han aprobado leyes contra la violencia doméstica, 10 países han aprobado leyes de violencia contra las mujeres3, y 11 países han aprobado leyes o reformas a sus códigos penales que tipifican el femicidio o el feminicidio4. Sin embargo, menos de un tercio de los países de la región 3 4
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela. Argentina, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Chile, Perú, Ecuador y Honduras.
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(28%) tienen un plan nacional específico sobre la violencia contra las mujeres y la mayoría (78%) se ocupa de este tema tangencialmente en otros planes o políticas de seguridad (PNUD, 2013). Lo que provoca una respuesta institucional borrosa y dispersa.
El feminicidio y la violencia institucional La complejidad del rol del Estado en situaciones de violencia contra las mujeres es mayor con respecto a los feminicidios en particular, ya que el Estado mismo es considerado como uno de los perpetradores (CEFEMINA, 2010; Lagarde, 2006). Cabe señalar que esta responsabilidad abarca la comisión del hecho delictivo de manera directa o por omisión, y también por no actuar con la debida diligencia con respecto a la seguridad y la justicia. Es por esta última razón que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó los casos de tres mujeres asesinadas en el Campo Algodonero de Ciudad Juárez, México a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH, 2009). El recuadro 4 detalla la relación de este delito con la impunidad. Recuadro 4: Datos sobre el feminicidio y la impunidad
La investigación realizada por la Comisión Especial de Feminicidio sobre el caso de Ciudad Juárez encontró, en 2006, que 80 funcionarios corruptos estaban involucrados en la impunidad alrededor de las situaciones estudiadas (Lagarde, 2006). En Guatemala se cita que antes de la creación de una comisión especial en 2006, el 99% de los feminicidios quedaban impunes, tasa que se bajó al 97% en 2009 (Barrios, 2010). En El Salvador se cita una tasa de 9 por cada 100 muertes violentas de mujeres que son “resueltas” (Juárez, 2010). En 2010, 15 defensoras en México, Guatemala y Honduras fueron asesinadas (“Iniciativa”, 2011). En Centroamérica, en cierta cantidad de femicidios/feminicidios algunas mujeres ya habían interpuesto una denuncia para violencia, antes de haber sido asesinadas (CEFEMINA, 2010; Lagarde, 2006). Fuentes: Barrios (2010), CEFEMINA (2010), Juárez (2010), Kennedy (2010 ),
Lagarde (2006).
Discursos discriminatorios como parte de una cultura de impunidad Un desafío aún pendiente es la transformación de la cultura de impunidad. Ella se manifiesta en los discursos discriminatorios sobre feminidades para justificar la falta de respuesta estatal. En varias ocasiones las víctimas han sido culpadas por la violencia, y por tanto, no se encuentra motivo para investigar, como ocurrió en el caso “Campo Algodonero”. Adicionalmente, las autoridades ignoran, menosprecian o naturalizan la violencia contra las mujeres, negando la razón de género. En su sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que una cultura de impunidad permanece a pesar de las reformas legislativas e institucionales realizadas
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por el Estado mexicano (CAWN, 2010; Lagarde, 2006; Monárrez, 2004). 2. La colaboración intersectorial y los aportes de las organizaciones de mujeres y la sociedad civil
La prevención
Prevención primaria
Prevención secundaria
Antes de haber cometido cualquier violencia. (Esfuerzos estatales, sociales e intersectoriales son requeridos)
Frenar una situación de violencia existente. Incluye protección de una mujer y su familia de futuros episodios después de haber detectado o denunciado una situación de violencia de pareja íntima, y el cambio de políticas de seguridad de "mano dura" hacia de protección que promuevan el desarrollo humano.
(Jubb et al., 2010; PNUD, 2010b; Sagot, 2000).
Los medios de comunicación: avances y desafíos Los medios de comunicación han jugado un papel de gran envergadura en romper el silencio y hacer más visibles estos delitos; sin embargo, los efectos todavía han sido mixtos:
Los femicidios han ganado importancia como noticia. En algunas circunstancias se han
Ciertos medios o periodistas individuales han cambiado su abordaje desde “crimen pasional”hacia uno que habla de femicidio y de los derechos humanos de las mujeres
convertido en un tema de debate nacional y de opinión pública
Aspectos Positivos
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Los medios son una de las fuentes principales de información, ya que los registros policiales llevan un subrregistro de los actos cometidos y más específicamente de la informaciónrequerida para aplicar un análisis de género.(CAWN, 2010; CEFEMINA, 2010; Chejter, 2010; Lagarde, 2006; Widyono, 2009).
Algunos reportajes reproducen los mitos de la feminidad sumisa y masculinidad dominante.
La mayor visibilidad del tema no es suficiente para generar conciencia sobre su gravedad. Los casos de femicidio y el feminicidio son violaciones de los derechos humanos y delitos de mayor gravedad, o en situaciones de conflicto, de lesa humanidad (CAWN, 2010; CEFEMINA, 2010; Lagarde, 2006; Monárrez, 2004; Muñoz, 2011).
Ejemplos: la mujer tiene la culpa, es decir provocó el delito por no obedecer a su pareja o familiar o por estar en un lugar indebido; mientras el hombre pierde su control y racionalidad por causa de la víctima y la mata en un ataque de celos o ira (CAWN, 2010; CEFEMINA, 2010; Lagarde, 2006; Monárrez, 2004; Muñoz, 2011; Stanko, 2009; Vargas, 2007).
Aspectos Negativos
IV. Inseguridades en la ciudad A. Definiciones y algunas estadísticas 1. Definición y variables
Recuadro 14: Definición de inseguridades urbanas con enfoque de género La perspectiva de género […] significa detectar y analizar las diferencias (no biológicas, sino sociales y culturales) entre hombres y mujeres, así como las relaciones de poder entre los géneros, diferencias que se traducen en distintas formas de discriminación y subordinación de las mujeres. […] La perspectiva de género no representa una visión apocalíptica de la ciudad, ni sostiene una concepción victimista de las mujeres en la vida urbana, pero sí es una mirada que por su mismo origen en las luchas y los derechos de las mujeres, señala las injustas situaciones existentes, cuestiona que la ciudad sea pensada y organizada a la medida del hombre y pretende cambios que permitan una buena vida de las mujeres, en una ciudad y sociedad más justa y equitativa. Fuente: Massolo, 2006: 16-17.
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Variables:
El lugar de ocurrencia: espacios públicos y privados, incluyendo los hogares, en cualquier sitio urbano o suburbano Relación víctima-victimario: cualquier relación, es decir (ex) parejas, familiares, conocidos o desconocidos Dimensión: dimensiones subjetiva y objetiva de la inseguridad Formas de violencia e inseguridad: Todas las formas de violencia e inseguridad Perspectiva de género y otras relaciones de poder: Analizar las diferencias en las necesidades, experiencias, políticas y servicios de la (in)seguridad según los marcadores sociales de género, etnia, clase, (dis)capacidad, orientación sexual, estatus migratorio, edad y otros relevantes. Ciudadanía: una variable para la identificación y análisis de las inseguridades es cómo afectan a la construcción y ejercicio de la ciudadanía de hombres y mujeres (CEPAL, 2007; Falú, 2009; Vargas, 2009).
2. Algunas estadísticas Aún no hay muchas experiencias que recopilen datos sobre las inseguridades urbanas. Una práctica innovadora ha sido desarrollada en Bogotá por los Consejos y Planes Locales de Seguridad donde han desagregado los datos de los delitos por sexo, precisando también el lugar de ocurrencia (Cardona, 2011). Recuadro 16: Delitos y victimización según sexo, Bogotá (2008) Delitos
Hombres
%
Mujeres
%
91,60
123
8,40
5.416
73,44
1.659
26,56
7.375
6.204
68,90
2.801
31,10
9.005
23,99
1.404
46,91
1.589
53,09
2.993
7,97
1.725
13,53
11.027
86,47
12.752
33,97
609
15,43
3.337
84,57
3.946
10,51
16.700
44,49
20.836
55,51
37.536
100,00
1.342 Homicidio Lesiones comunes Hurto a personas Violencia infantil Violencia de pareja Dictamen sexológico
TOTAL
Total
%
Lugar
1.465
3,90
Esp. público; hogar
19,65
Fuente: Cardona, 2011: 66
19
Esp. público; hogar Esp. Público Esp. público; hogar Hogar Esp. público; hogar
Este cuadro demuestra que existe una clara diferenciación entre los tipos de delitos que sufren los hombres y las mujeres, al igual que los lugares donde son perpetrados. Asimismo, si se suma todas las formas de violencia en espacios públicos y privados quienes sufren más violencia son las mujeres.
Estos resultados coinciden con las estadísticas de victimización y los registros institucionales que usualmente demuestran que en la vía pública los hombres suelen ser víctimas en mayor medida que las mujeres, mientras en los espacios privados es al revés. Al mismo tiempo, se podría interpretar estos hallazgos en relación con los resultados de las encuestas de victimización, los cuales frecuentemente reportan que las mujeres tienen mayor percepción de inseguridad en la vía pública (Carcedo, 2006; CISCSA, 2007; Massolo, 2006) En general, se estima que la tasa de violencia urbana está en aumento (CEPAL, 2007), al igual que la violencia contra las mujeres en las ciudades (Falú, 2009).
3. Retos para la medición Hasta la fecha existen pocas estadísticas o estudios sobre la violencia de género y sexual en lugares públicos o en las ciudades en particular; esto incide en el desconocimiento de la situación y su invisibilización (Falú, 2009). Este tipo de cálculo típicamente no se hace, puesto que se trata de diferentes formas de violencia (contra la propiedad, contra la vida, en el ámbito público y el privado), y también por razones metodológicas difícilmente se pueden comparar estos datos con los mismos de otras ciudades para saber si es un resultado específico de esta ciudad. La violencia sexual también forma una parte importante de la violencia perpetrada en las ciudades, sin embargo no siempre se encuentran datos que integren información sobre las áreas urbanas únicamente y sobre todas sus manifestaciones. B. Análisis de género de causas, efectos y otros factores 1. Causas, factores relevantes e identidades construidas El género como relación desigual de poder Las inseguridades urbanas basadas en género que circulan en las ciudades están arraigadas en los patrones históricos y desiguales de relaciones de poder de género, que se transforman en el tiempo y el espacio. Hay que tomar en cuenta las manifestaciones de estos patrones. Las ciudades no son espacios de igualdad entre hombres y mujeres; las formas de inseguridad que sufren son diferentes.
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En las políticas y servicios de seguridad, al no tomar en cuenta las necesidades, usos e intereses distintos que tienen las mujeres y los hombres en las ciudades, se aumenta la inseguridad, discriminación y violencia que sufren. Los riesgos causados por las relaciones de poder entre hombres y mujeres son invisibilizados. Desde una perspectiva interseccional, se reconoce que los patrones de inseguridad no ubican a todos los hombres como ‘seguros’ por encima de todas las mujeres ‘inseguras’, sino que los hombres de sectores marginados también pueden sufrir mayor inseguridad y violencia en las ciudades, por ejemplo los jóvenes (Ciudades Seguras, 2004; Falú, 2009; Massolo, 2006; Naciones Unidas, 2004; PNUD, 2009; Vargas, 2009). La política de seguridad de gobiernos neoliberales, la ciudadanía y las desigualdades Desde 1980, la política de seguridad de los gobiernos neoliberales ha logrado aumentar el crecimiento de la economía en muchas ocasiones, sin reducir la pobreza necesariamente. Se argumenta que la violencia es producto no de la pobreza, sino de las desigualdades. Como ilustración, Falú (2009) señala que dos de los países más pobres, Bolivia y Haití no son los países con mayores niveles de crimen si se excluye la violencia política (PNUD, 2010). Esta política tiende a incrementar las disparidades socioeconómicas y tiene repercusiones en la seguridad y la ciudadanía. La ciudadanía definida como “el derecho a tener derechos” (Arendt, 1951) otorga, tanto el derecho de ejercer sus derechos, como el derecho a reclamar la defensa y garantía de ellos del Estado. Sin embargo, estos derechos son para los ciudadanos y ciudadanas, dejando fuera de su disfrute a quien no lo es (personas no registradas, víctimas de trata de personas y marginadas en general). Hay una fragmentación en las relaciones sociales que divide sectores de las ciudades en unidades homogeneizadas por cada colectividad social. Esta división se refiere tanto al perfil de las personas como al estado de los servicios básicos y la infraestructura (Burgess, 2008 en Falú, 2009). La militarización o el ‘policiamiento’ de los espacios urbanos reduce la calidad de vida, aun para los y las protegidos/as (Falú, 2009; Massolo, 2006; Vargas, 2009). Se producen procesos de desintegración social como la pérdida de capital social y la debilidad de las redes comunitarias (Grynspan y López-Calva, 2007). Varios estudios han demostrado que los hombres hacen mayor uso de los espacios públicos que las mujeres. Si bien todos tienen los mismos derechos en papel, son menos personas las que pueden accederlos en la práctica (Cornwall y Molyneux, 2008). La modernización de las leyes sobre la violencia contra las mujeres en México ha tergiversado el discurso del movimiento feminista, poniendo mayor énfasis en la responsabilidad individual (Lang, 2003). La privatización de los servicios básicos tiene como efecto la reducción de la oferta y la calidad de los mismos, en especial para aquellos que no tienen la capacidad de pago (Torres, 2010).
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Los cuerpos de las mujeres también son objetos mercantilizados por este modelo, para que sean apropiados por otros (Falú 2009; Lang, 2003; Massolo, 2006; Torres, 2010; Vargas, 2009). La dimensión subjetiva de la inseguridad
La organización espacial tiende a provocar una diferenciación entre sectores y un incremento en el miedo del ‘otro’. Tanto los “protegidos” como los “sospechosos” tienen estas percepciones, mientras los “sospechosos” también temen al Estado (Falú, 2009).
Dimensión subjetiva de la inseguridad
De acuerdo con los patrones culturales que aprenden las mujeres desde su niñez, ellas deben tener miedo al desconocido.
Las bromas y piropos son otro fenómeno que sirve para reforzar esta visión de un mundo público hostil para las mujeres (Crenshaw, 1991; Naredo, s.f. en Massolo, 2006; Muñoz, 2011).
Los medios de comunicación, la construcción de identidades de género y la inseguridad Los medios de comunicación contribuyen a la reproducción del miedo y tienen mucho impacto en la construcción y difusión de las identidades dominantes de feminidad y masculinidad. Las inseguridades percibidas en diferentes espacios de las ciudades y las identidades difundidas por los medios de comunicación reproducen los mitos sobre la violencia contra las mujeres; por tanto lejos de contribuir a cambiar las relaciones de poder desiguales que subyacen a la violencia, son resaltados y reforzados. También reproducen el mito que las mujeres son responsables por la violencia que sufren (por ejemplo, por hacer referencia a la ropa que tenía puesta la mujer) y que los perpetradores son enfermos, adictos, etc. A su vez, las noticias sobre situaciones de violencia contra las mujeres habitualmente trivializan las violencias y describen el “acto” desde una perspectiva individualista. Las mujeres interiorizan la culpa a nivel individual, y buscan respuestas individuales a una escala masiva, por ejemplo la compra de productos y servicios de protección. Igualmente, a nivel social se culpa a las mujeres por su “miedo irracional” de los espacios públicos porque su tasa de inseguridad percibida no refleja su tasa de victimización “real” (Falú, 2009; Massolo, 2006; Vargas 2007). 2. Efectos Las consecuencias de estas dinámicas surgen de la pérdida de los derechos a ejercer la ciudadanía; a ejercer el derecho a la ciudad. Esto afecta a todos y todas, pero tiene mayor impacto en las mujeres y otros sectores marginados. Esta reorganización del espacio restringe los movimientos, por tanto limita la autonomía, la libertad y la posibilidad de lograr la igualdad de género. Se crea la necesidad de protegerse a nivel individual utilizando una serie de tácticas,
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por ejemplo usando cierto tipo de ropa, controlando los movimientos de sus cuerpos y dónde transitan, con quién y a qué hora. Se ha identificado también un crecimiento paulatino en la inseguridad que perciben las mujeres en los espacios públicos (CAFSU, 2002; “Cuaderno de capacitación” en Massolo, 2006; Harvey, 2008 citado en Falú, 2009; Naredo en Massolo, 2006). Estos cambios, lejos de proteger sus derechos individuales, son tácticas de auto restricción del ejercicio de su ciudadanía y otros derechos. Implican barreras para el ejercicio de una ciudadanía activa y el desarrollo humano. Otro aspecto fundamental del ejercicio de la ciudadanía sexual es la reducción en el sentido de pertenencia colectivo (Falú, 2009; Grynspan y López-Calva, 2007; Massolo, 2006). Por otra parte, las personas migrantes, desplazadas y refugiadas sufren más limitaciones al ejercicio de sus derechos por estar en una situación de mayor vulnerabilidad (Montevideo, 2005 en Massolo, 2006). El enfoque sobre la victimización de los medios de comunicación incide en que el miedo penetre la subjetividad de las mujeres (Falú, 2009; Massolo, 2006; Vargas 2007). C. Avances y desafíos para las respuestas estatales y sociales
1. El enfoque de las intervenciones El enfoque de género Se plantea que los gobiernos tienen un déficit democrático con la seguridad y justicia de las mujeres (Rainero, 2011). Se necesita integrar el enfoque de género en todo el ciclo de programas y políticas, en las investigaciones y estadísticas, desarrollar campañas de comunicación social, informar a las poblaciones de sus derechos y los servicios disponibles, desarrollar procesos participativos, capacitar y sensibilizar a funcionarios/as, operadores/as de seguridad y justicia y líderes comunitarios/as, tener mecanismos de transparencia de veeduría y contar con recursos financieros y humanos adecuados para cumplir con todos los aspectos. Con un enfoque de género se reconoce que el miedo que tienen las mujeres es legítimo y se busca maneras de reducirlo para aportar a que las mujeres sean ciudadanas empoderadas con autonomía y libertad. Los cuerpos de las mujeres ya son valorados de otra manera; ellas se apropian de sus cuerpos y defienden sus derechos al respecto.
El enfoque sobre la seguridad ciudadana y el desarrollo humano
El mayor desafío que enfrentan los gobiernos y sociedades en la región es el de cambiar la política de seguridad de los gobiernos neoliberales hacia uno que promueva una ciudadanía activa (Meer y Sever, 2004), una democracia plural, el desarrollo humano, el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género. En este modelo la seguridad es un bien público y abordaría tanto el ámbito privado como el público, por entender cómo ambos están vinculados (Vargas, 2007). Asimismo, como parte de esta visión plural, se buscaría la creación de más espacios y oportunidades para convivir y sentirse en confianza con los y las demás. La cohesión social se construye con cuatro ingredientes: individuos, objetivos que podrían ser compartidos entre todos/as, incentivos e instituciones que facilitan el alcance de los objetivos y grupos sociales, con canales de comunicación y coordinación entre ellos (Grynspan y López-Calva, 2007). El propósito es construir un sentimiento de pertenencia basada en la diversidad (Massolo, 2006).
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2. Reformas legales e institucionales pendientes Los gobiernos locales son un actor de mucha importancia en esta transformación. Hoy en día éstos tienen muchas más competencias y funciones y también es el nivel de gobierno más cercano a las personas, por tanto tienen un impacto importante en la vida cotidiana (Falú, 2006; Massolo, 2006; Vargas, 2007).
Uno de los desafíos grandes es la impunidad (CEM et al., 2006, Vargas, 2007) y la falta de políticas preventivas y capacidad de las instituciones públicas (CEPAL, 2007).
3. La colaboración intersectorial y los aportes de las organizaciones de mujeres y la sociedad civil El diseño, implementación y monitoreo de las políticas de seguridad deben ser realizadas por comisiones intersectoriales y con una metodología participativa para conocer a fondo las diferentes necesidades y experiencias de (in)seguridad. La organización de mujeres en los barrios y otros espacios locales contribuye a la transformación de sus propios conocimientos, el ejercicio de sus derechos y puede aportar a incidir en cambios en su comunidad. Las redes nacionales, regionales e internacionales sirven para compartir experiencias y fortalecer las incidencia y la sensibilización (Red Mujer y Habitat, 2011).
4. La investigación y la sensibilización
Hay que comenzar a elaborar estadísticas sobre las inseguridades en la ciudad. Se necesitan indicadores y metodologías comunes para la realización de comparaciones. Utilizar los resultados de la investigación en el diseño de políticas públicas, mecanismos y servicios especializados y diferenciados (Red Mujer y Habitat, 2011). Realizar actividades públicas de sensibilización acerca de las inseguridades urbanas (Matamoros, 2011; Quadri, 2011).
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