CURSO EN SEGURIDAD CIUDADANA CON ENFOQUE DE GÉNERO Unidad 2: Temas centrales de Seguridad Ciudadana con Enfoque de Género SEGUNDA PARTE Violencia sexual en conflictos armados, Violencia contra personas LGTBI, Migración y Trata
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Centro Regional para América Latina y el Caribe Área Práctica de Prevención de Crisis y Recuperación Área Práctica de Género Escuela Virtual
Elaborado por: Nadine Jubb Adaptado para edición 2014-2015 por: Esperanza Franco Rodríguez
Material didáctico del curso Seguridad Ciudadana con Enfoque de Género desarrollado por la Escuela Virtual del PNUD. Las opiniones expresadas en esta publicación son las de los y las autores/as y no representan necesariamente de las Naciones Unidas, incluido el PNUD, o las de los Estados miembros de la ONU
2014
Índice I. Violencia sexual en conflictos armados A. Definiciones y algunas estadísticas 1. Definición y variables 2. Algunas estadísticas 3. Retos para la medición B. Análisis de género de causas, efectos y otros aspectos 1. Causas, factores relevantes e identidades construidas 2. Efectos C. Desafíos para las respuestas estatales y sociales II. Violencia contra las personas LGBTI y las violaciones de sus derechos humanos A. Definiciones y algunas estadísticas 1. Definición y variables 2. Algunas estadísticas 3. Retos para la medición B. Análisis de género de causas, efectos y otros aspectos 1. Causas, factores relevantes e identidades construidas 2. Efectos C. Desafíos para las respuestas estatales y sociales III. La migración y la trata A. Definiciones y algunas estadísticas 1. Definición y variables 2. Algunas estadísticas 3. Retos para la medición B. Análisis de género de causas, efectos y otros aspectos 1. Causas, factores relevantes e identidades construidas 2. Efectos C. Desafíos para las respuestas estatales y sociales IV. Consideraciones Finales
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II. Violencia sexual en conflictos armados A. Definiciones y algunas estadísticas 1. Definición y variables Recuadro 5: Definiciones de la violencia sexual en situación de conflicto armado en la normativa internacional Resolución 1820 del Consejo de Seguridad
“La violencia sexual, cuando se utiliza o se hace utilizar como táctica de guerra dirigida deliberadamente contra civiles o como parte de un ataque generalizado o sistemático contra las poblaciones civiles, puede agudizar significativamente las situaciones de conflicto armado y constituir en algunos casos un impedimento para el restablecimiento de la paz y la seguridad internacionales” (artículo 1); “La violación y otras formas de violencia sexual pueden constituir un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad o un acto constitutivo con respecto al genocidio” (artículo 4).
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
Crímenes de lesa humanidad (artículo 7): 1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables [...].
Fuentes: Resolución 1820 del Consejo de Seguridad (2008) y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998).
Variables:
La violencia sexual como acto de guerra contra civiles (véase detalle en el recuadro 6). La persecución de civiles por motivo de género
Otra forma de violencia que ocurre durante los conflictos es la violencia sexual y de género contra las fuerzas armadas –sean estatales, opositores o irregulares–, especialmente las mujeres (www.womenwarpeace.org).
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Recuadro 6: Formas de violencia sexual perpetradas en situaciones de conflicto armado en las Américas (Fuentes: CLADEM, 2007; Mantilla, 2009; PCS, s.f.)
la violación sexual individual y en grupo la desvalorización del cuerpo femenino la servidumbre o la esclavitud sexual la prostitución forzada la anticoncepción forzada el embarazo no deseado producto de violación el aborto forzado el aborto espontáneo provocado por la tortura la mutilación sexual
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el desnudamiento forzado manoseos la unión forzada obligado/a a observar la violación (u otra forma de su violencia) de sus familiares la imposición de normas sexistas y homofóbicas la electrocución otras
Algunas estadísticas
APUNTE En los conflictos en Colombia, Guatemala, El Salvador y Perú se ha reconocido oficialmente que fueron cometidos actos de violencia sexual de manera generalizada y sistemática, es decir constituyen un delito de lesa humanidad. (CLADEM, 2007; Mantilla, 2009).
El recuadro 7 brinda datos de dos conflictos en la región, Guatemala y Perú, tomados de los informes finales de las comisiones de verdad. Recuadro 7: Algunos datos de los conflictos armados en Guatemala y Perú Forma de violencia
Guatemala
Perú
Total de víctimas
Total:42.275 víctimas de éstas - El 25% fue mujeres 23.671 ejecución arbitraria 6.159 desapariciones forzadas El 83% fue ejecutado contra la población maya
No reportado (CVR, 2003)
Ejecuciones y desapariciones forzadas
Violencia sexual
Estimación de 69.280 personas asesinadas o desaparecidas forzadamente El 75% fue indígenas El 20% fue mujeres El 80% proviene de los departamentos más pobres Solo 538 casos de violencia sexual reportados, De éstos, el 98% son mujeres Las mujeres asesinadas fueron también víctimas de tortura y violencia sexual Fuentes: CEH, 1999; CVR, 2003; Mantilla, 2009; PCS, s.f.
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3. Retos para la medición Existe un gran subregistro de la violencia sexual y de género ejercido durante los conflictos por varias razones.
El reconocimient o de la violencia sexual como un acto de guerra es todavía reciente, por tanto muchas de las investigaciones fueron realizadas post-facto.
Muchas víctimas no reportaron debido a la vergüenza y sentimientos de culpabilidad, además del temor a ser rechazadas por sus familias y comunidades. Adicionalmente, no sabían que podían reportar la violencia sexual o que los actos cometidos en su contra constituyen una violación de sus derechos humanos o una forma de violencia sexual y el involucramiento de la policía y demás instituciones estatales en el conflicto no permite tener confianza en ellas.
Los equipos de investigación y las víctimas frecuentemente priorizan otras formas de violencia.
El tabú social que mantiene la violencia sexual en secreto también afecta a los hombres.
La inseguridad misma: temor a represalias durante o después del conflicto, o dificultades legales y técnicas con la realización de investigaciones independientes (CEH, 1999; CLADEM, 2007; CRV, 2003; Mantilla, 2009; PCS, s.f.).
B. Análisis de género de causas, efectos y otros factores 1.
Causas y factores relevantes
Existe una relación directa entre la desigualdad y la pobreza por un lado y la violencia por el otro. En todos los conflictos en la región la mayor parte de la violencia ha sido perpetrada en contra de los sectores más pobres de la población y los que sufren más las relaciones de poder desiguales interseccionales, específicamente las mujeres, poblaciones rurales, pueblos indígenas y afrodescendientes (CEH, 1999; CLADEM, 2007; CVR, 2003; PCS, s.f.). Diversos roles de las mujeres durante y después de los conflictos armados Una porción de las facciones combatientes son mujeres. Muchas de ellas son reclutadas contra su voluntad, son sujetas a violencia sexual y de género y juegan papeles de ayudantes (cocina, limpieza, novias). Algunas mujeres forman parte de la dirección y se integran voluntariamente (América Latina Genera, 2010b; CLADEM, 2007; PCS, s.f.). Hay mujeres que asumen liderazgos en sus comunidades y sus hogares; esta dinámica es instigada en parte por la ausencia de los hombres y/o por la necesidad de proteger a su familia. Ellas puedan ser sujetas a la violencia, por ejemplo si regresa su marido y no está conforme con el cambio (CLADEM, 2007; Muñoz, 2011; Randall, 1993).
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2. Efectos Consecuencias de la violencia sexual en la situación post-conflicto
Salud física, sexual y mental de las víctimas; estos daños pueden afectar a las mujeres de por vida y también tener un impacto directo en sus hijos e hijas. Un incremento en la violencia de pareja íntima e intrafamiliar durante y después del conflicto: esto se demuestra a través del nivel de violencia de pareja íntima en Perú (véase cuadro 1 arriba) y el nivel de femicidios en Guatemala (véase el recuadro 3 arriba).
El desplazamiento forzado afecta principalmente a las poblaciones indígenas y afrodescendientes, y las mujeres y menores de edad constituyen la mayoría de esta población. El desplazamiento les hace más vulnerables a otras formas de violencia, especialmente donde tienen que refugiarse en situaciones precarias. El asesinato y el desplazamiento en particular son maneras de prohibir el papel de todas las mujeres como transmisoras de la memoria de sus familias y comunidades. Además, todas las formas de violencia perpetradas contra mujeres indígenas y afrodescendientes son realizadas con la intención de profundizar la subyugación de sus pueblos (CLADEM, 2007; FIMI, 2006; OMS, 2002; PCS, s.f.) C. Desafíos para las respuestas estatales y sociales Países actualmente en conflicto: logros y retos
Un avance positivo logrado en Colombia es la creación de un sistema de alerta temprana con enfoque de género para aportar a la prevención de la violencia sexual.
Los retos del conflicto en Haití son: la creciente situación de violencia sexual, especialmente en los campamentos creados después del terremoto de 2010 y la impunidad de estos actos.
Barreras a la justicia en situaciones post-conflicto En las situaciones post-conflicto que existen en la mayoría de los países en la región, por lo general es poco lo que se ha logrado en términos de justicia para las víctimas de violencia sexual. 6
La Ley de Justicia y Paz de Colombia, en su normativa y en la práctica, pone mayor énfasis en la desmovilización e incentivos para los paramilitares que para las víctimas. Sin embargo, la Ley 1448 de 2012, llamada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras aboga por la protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Para acceder a las reparaciones y a la justicia se necesita representación legal, pero la mayoría de las víctimas mujeres no la tienen a su alcance por barreras de financiamiento, idioma, desconocimiento o zona de residencia. Una alternativa existente es el apoyo de la sociedad civil organizada. Unos casos ya han sido llevados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo el caso de reparaciones llamado Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala. Poner fin a la impunidad y mejorar de manera sistemática el acceso a las reparaciones son ingredientes fundamentales para romper el círculo de la violencia en el período post-conflicto. (CAWN, 2010; CEH, 1999; CEPAL, 2009; CLADEM, 2007; Corte IDH, 2004; Mantilla, 2009; Mesa de trabajo, 2009; PCS, s.f.). La desmovilización, desarme y reintegración de los/las combatientes (DDR)
Uno de los desafíos de los programas de DDR en clave de género es que, muchas veces, los programas están centrados exclusivamente en aquellas personas que manejan armas dejando de lado a los que llevan a cabo otras funciones como inteligencia, transporte, apoyo operativo, entre otras, actividades atribuidas mayoritariamente a mujeres. Desde un enfoque de derechos humanos se rechaza los argumentos que promueven la impunidad o sentencias mínimas para los perpetradores de violaciones de derechos humanos por constituir un incumplimiento de la debida diligencia del Estado. Otro reto es que la mayoría de los/las combatientes tienen un perfil social parecido a la mayoría de la población, hecho que impide la justicia y las reparaciones por lo que, por un lado, algunas comunidades afectadas se identifican con los combatientes o por otro, las víctimas son amenazadas para no reivindicar sus derechos Con respecto a los niños y niñas combatientes, se señala la necesidad de crear programas de atención psicosocial y rehabilitación que involucren a sus familiares.
La construcción de paz e igualdad La construcción de sociedades justas y democráticas con base en la paz y la igualdad requiere también de procesos con enfoque de género, incluyendo procesos psicosociales para todas las personas afectadas y reconstrucción de masculinidades hegemónicas.
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En algunos procesos de paz se ha logrado insertar un enfoque de género y análisis de las violencias sexuales. En 2014 el gobierno colombiano y negociadores de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) crearon una Subcomisión para revisar y garantizar que los acuerdos alcanzados y un eventual acuerdo final tengan un adecuado enfoque de género. Por la mayor parte la participación de las mujeres ha sido limitada a roles secundarios en los procesos oficiales a pesar de su liderazgo en iniciativas desde la sociedad civil. La debida implementación de las medidas definidas en las Resoluciones del Consejo de Seguridad alrededor de mujeres, conflictos y paz está aún pendiente (CLADEM, 2007; Mantilla, 2009; Mesa de trabajo, 2009; Moser, 2010; PCS, s.f.).
II. Violencia contra personas LGBTI y violaciones de sus derechos humanos A. Definiciones y algunas estadísticas 1. Definición y variables
La violencia contra personas LGBTI y la violación de sus derechos humanos son constituidas por cualquier acto, omisión o falta de debida diligencia que viola la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es decir, se ha reconocido explícitamente que “la Declaración Universal garantiza los derechos humanos de todos los seres humanos sin excepción”, específicamente con respecto a la orientación sexual y la identidad de género (CDH, 2011).
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Variables: Actos de violencia
•Física •Sexual •Psicológica •Otras: ataques, maltrato o estigmatización
Sanciones penales
•Incluyendo el encarcelamentoLa actividad delictiva. •Las manifestaciones de distinto carácter político-ideológico.
Violación de los derechos humanos
Comunidad internacional
• Ver detalle en el recuadro 8
• Obligación de reaccionar ejemplarmente. (CDH, 2011).
Recuadro 8: Los principios de Yogyakarta: Derechos Humanos de las personas LGBTI
Los “Principios de Yogyakarta son principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género” (“Yogyakarta Principles”, 2007). Los derechos: Disfrute universal de los derechos humanos Igualdad y no discriminación Reconocimiento de la personalidad jurídica La vida, la seguridad personal y la privacidad No ser detenida arbitrariamente; no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles o inhumanos Juicio justo, recursos y resarcimiento El derecho de toda persona privada de su libertad a ser tratada humanamente Protección contra todas las formas de explotación, venta y trata de personas Formar una familia Derechos socio-económicos: seguridad social, vivienda, educación, nivel de vida, salud, trabajo Protección contra abusos médicos Derechos civiles: libertad de opinión y expresión; libertad de reunión y de asociación: pacíficas y de movimiento, libertad de pensamiento Participar en la vida pública y cultural Procurar asilo Promover los derechos humanos La responsabilidad: El Estado debe responsabilizar a quienes cometen violaciones a los derechos humanos de las personas, sea directa o indirectamente, y sea funcionario/a o no. No debe haber impunidad.
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Recuadro 9: Definición de personas LGBTI
Bisexuales: hombres y mujeres que se sienten atraídos/as erótico/afectivamente tanto por personas del mismo sexo como del sexo opuesto.
Gays: hombres que se reconocen como tales, que sienten exclusivamente atracción erótico/afectiva por otros hombres y desarrollan su vida sexual en ese sentido. Tanto las palabras gay como lesbiana superan la connotación médica del término homosexual y rescatan las posibilidades políticas de tal nominación.
Lesbianas: mujeres que se reconocen como tales, que se sienten permanentemente atraídas de forma erótico/afectiva hacia otras mujeres y que viven su sexualidad en ese sentido.
Transgénero: esta categoría tiene que ver con la identidad sexual y de género más que con la orientación sexual. Incluye travestis, transexuales y transformistas. Aquí se encuentra personas que transitan por su identidad sexual, con o sin intervención quirúrgica.
La sigla LGBTI se utiliza por las organizaciones defensoras de los derechos humanos para referirse a las personas con orientación sexual homosexual, bisexual o identidad de género diversa. Para efectos de este trabajo, LGBTI comprende las siguientes personas: lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. En el nivel internacional, la sigla también ha incluido a personas queer, travestis y questioning.
Transexuales: personas que se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género opuesto y que optan por una intervención médica (hormonal y/o quirúrgica) para adecuar su apariencia física (biológica) a su realidad psíquica, espiritual y social.
Travestis: personas que expresan su identidad de género, de manera permanente o transitoria, a través de la utilización de prendas de vestir y actitudes del otro género.
Intersexuales o hermafroditas: personas que biológicamente desarrollan las características físicas y genitales de los dos sexos. Aunque existen diferentes grados de intersexualidad y extensa literatura científica sobre el tema, nos parece importante resaltar la autonomía de los seres humanos para definirse a sí mismos/as y reconocemos la posibilidad de definir la intersexualidad como un género en sí mismo con sus propias características y más allá de la polaridad hombre/mujer
Fuente: Colombia Diversa, 2005: nota 1.
2. Algunas estadísticas Recuadro 10: Algunos datos de la violencia contra personas LGBTI Una encuesta realizada en la ciudad de México con lesbianas, bisexuales (mujeres y hombres) y gays reveló que como adultos sufrieron las siguientes formas de violencia: agresión física: el 5% de hombres y el 10% de mujeres en el último año, y el 17% de hombres y el 14% de mujeres alguna vez desde los 18 años; violación sexual: el 4% de hombres y 3% de mujeres en el último año, y el 10% de hombres y el 8% de mujeres alguna vez desde los 18 años: ofensas verbales: el 35% de hombres y el 26% de mujeres en el último año, y el 64% de hombres y el 26% de mujeres alguna vez desde los 18 años (Ortiz y Granados, 2003). En un estudio realizado en varios sitios de Venezuela en 2008 se encontró: Un promedio del 50% de la población LGBTI ha sido víctima de discriminación o violencia perpetrada por la policía u otra institución de seguridad desglose: personas transgéneros (84%), gays (49%), lesbianas (47%) y bisexuales (37%)
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del total, solo el 11% lo ha reportado y de esta porción, solo el 15% terminó con sentencia, el 75% estaba en proceso y el 10% fue rechazada (Carrasco et al., 2010). Una encuesta en Nicaragua con personas LGBTI encontró que el 28,2% fue obligado a tener relaciones sexuales en algún momento de su vida (GEDDS, 2010). En Colombia se reportaron 57 asesinatos en 2008 (Colombia Diversa, 2010). El Grupo Gay de Bahía (Brasil) documentó más de 1.200 asesinatos de personas LGBTI entre 1982 y 1996 (ICCHRLA, 1996). Por otro lado, un reporte de 2012 documenta que en los últimos años, Brasil ha tenido un aumento significativo de asesinatos de persones LGBTI. A pesar de no contar con datos oficiales que evidencien este tipo de violencia, se estima que ha habido un incremento del 113% de los crímenes basados en la orientación sexual. Las modalidades de los mismos incluyen armas de fuego, armas blancas, golpes, tortura y castración (ABGLT y la Iniciativa por los Derechos Sexuales, 2012)
3. Retos para la medición En general no existen datos policiales al respecto porque no hay leyes que tipifiquen este tipo de violencia y en los sistemas de información no necesariamente recopilan datos según las categorías de orientación sexual e identidad de género. Las encuestas generales de victimización tienen los mismos vacíos en sus categorías. Hay un subrregistro en los datos porque las personas no se atreven a denunciar por falta de protección legal y por estigma o discriminación en el propio sector de la justicia. Faltan mecanismos de documentación de casos en las organizaciones sociales. Sería casi imposible realizar una encuesta representativa con personas LGBTI por razones metodológicas. También se tendría que tener sumo cuidado para no violar los protocolos éticos, puesto que identificar a alguien como integrante de estas comunidades podría provocar violencia en su contra (OMS, 2001). Sin embargo, existen encuestas de percepción que integran variables de estigma y discriminación que podrían ser replicables para el caso concreto LGBTI. Fuentes de datos disponibles Informes de organizaciones LGBTI y de derechos humanos Estudios realizados con integrantes de organizaciones sectoriales. Algunas instituciones ya registran datos de violencia contra personas LGBTI, por ejemplo los institutos de medicina legal o procuraduría de derechos humanos (también llamados defensoría del pueblo). Los medios de comunicación son una fuente de datos importante, pero también sesgada (Carrasco et al., 2008; Colombia Diversa, 2010; OEML, 2008; Ortiz y Granados, 2003).
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B. Análisis de género de causas, efectos y otros factores 1. Causas, factores relevantes e identidades construidas La principal causa de la violencia contra las personas LGBTI es por transgredir las normas sociales de sexo, género y de heteronormatividad que se entiende como fundamental al orden social. En éste se niega la diversidad en la orientación sexual y la fluidez en la identidad sexual y de género. Por lo tanto, la violencia y la violación de los derechos humanos de las personas LGBTI son una forma de sanción social por violar los valores dominantes (Ortiz y Granados, 2003).
Durante y después de las dictaduras, personas LGBTI fueron asesinadas por escuadrones de la muerte o bandas militares en varios países. En Brasil, Colombia y Ecuador se señala la imposición de la “moral, decencia y buenas costumbres” o algunos homicidios legitimados en nombre de la “limpieza social”. En Ecuador, desde 2002 han sido reportados varios casos de secuestro y torturas contra mujeres lesbianas y transgeneristas en clínicas médicas para “curarlas”; las clínicas son autorizadas por el ministerio de la salud. Las explicaciones típicas de la identidad de género y la diferenciación entre sexo (biológico) y género (social) que se basan en la dualidad femenino-masculino también son fundamentadas en las normas de sexo, género y heterosexualidad (ADEIM-Simbiosis et al., 2006; Butler, 1996; CLADEM, 2007; Colombia Diversa, 2010; ICCHRLA, 1996; Taller de Comunicación Mujer, 2009).
2. Efectos Reconocimiento limitado de los derechos humanos de las personas LGBTI. A nivel internacional, mientras la Organización de Estados Americanos (OEA) ha firmado declaraciones al respecto desde 2008 hasta 2011, todavía no existe un tratado o resolución de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En marzo de 2011 se aprobó la más reciente declaración por las Naciones Unidas, llamada la “Declaración conjunta para poner alto a los actos de violencia, y a las violaciones de derechos humanos dirigidos contra las personas por su orientación sexual e identidad de género” (CDH,2011). Fue firmado por 85 países, incluyendo todos los países de América Latina menos Perú y República Dominicana. No obstante, aún no existe una normativa adecuada a nivel nacional. Existen altos niveles de impunidad. Son muy pocas las incidencias de discriminación y violencia contra personas LGBTI que son denunciadas, mucho menos sentenciadas. La violencia perpetrada por la policía, las escuadrones de la muerte o represivas ha tenido un impacto directo en el miedo que tienen algunas personas para organizarse y protestar la represión.
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C. Desafíos para las respuestas estatales y sociales La normativa nacional para garantizar los derechos de las personas LGBTI Se requiere de reformas constitucionales y legales profundas e integrales para eliminar la discriminación, la violencia, la violación a los derechos humanos y las sanciones penales. Debe garantizarse un proceso y sentencia judicial justos, promover derechos humanos, asegurar la protección y sancionar abusos (Carrasco et al., 2010; Ciudad Pride, 2011; Consejo de Derechos Humanos, 2011; GEDDS, 2010; Taller de Comunicación Mujer, 2009). Reformas institucionales, de políticas y en programas públicos Las instituciones policiales y otras estatales, especialmente las de seguridad y administración de la justicia, también salud y educación, deben tomar medidas para eliminar la discriminación en toda la institución (Carrasco et al., 2010). Información y acompañamiento para personas LGBTI Necesarios para facilitar el reconocimiento de personas LGBTI como sujetos de derechos, denunciar la violencia en su contra y contribuir al pleno ejercicio de sus derechos humanos y su ciudadanía (ICCHRLA, 1996; Ortiz y Granados, 2003). Derechos y apoyo a organizaciones que promueven los derechos de personas LGBTI Reconocer el derecho de organizarse y expresarse y crear posibilidades para facilitar la organización de grupos LGBTI a través de fortalecimiento técnico, mayor acceso a recursos e intercambios de experiencias (Carrasco et al., 2010). Prevención, educación, información, sensibilización con el público Campañas de prevención y comunicación social dirigidas a la población en general para enfrentar los mitos, promover el respeto de los derechos humanos. Al mismo tiempo revelar las formas de discriminación reproducidas en los medios de comunicación. Programas de sensibilización con los medios de comunicación. Educación y sensibilización con niños y niñas en las escuelas y universidades, porque a esta edad comienza la discriminación y la violencia (Carrasco et al., 2010; Ortiz y Granados, 2003).
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III. La migración y la trata A. Definiciones y algunas estadísticas 1. Definiciones y variables Recuadro 11: Definiciones de la migración y la trata Migración
Migración
Trata
Movimiento interno dentro de los países, o internacional entre países (desde el país emisor hasta el receptor). Puede ser un movimiento a corto o largo plazo, por razones económicas, políticas o sociales. Puede ser regular (de conformidad con los requisitos legales) o irregular. La persona migrante podría tener diversos grados de elección acerca de si mudarse o no y es posible que la decisión se encuentre entre “forzada” y “voluntaria” (Jolly y Reeves, 2005). “La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos” (Protocolo de Palermo, artículo 3, inciso a, 2000).
Variables: Recuadro 12: Variables de la migración, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes Variables
Migración
Trata de personas
Tráfico ilícito de personas
Puede ser voluntaria/ forzada
Las víctimas nunca dan su consentimiento a la explotación, solo consienten al traslado, para el que generalmente se utilizan medios de coerción, engaño o en situaciones de abuso contra ellas.
No necesariamente hay explotación
La trata utiliza el tránsito con el fin de obtener un fin posterior a la migración lo cual es la explotación. Puede ser transnacional o interna
A pesar de que las personas que migran de manera irregular están expuestas a una serie de peligros o situaciones degradantes por las condiciones irregulares del tránsito, ellas dan su consentimiento para la migración irregular. El tráfico termina cuando la persona migrante llega a su destino. Es siempre transnacional, implica el cruce de fronteras internacionales. Delito contra el Estado: violenta la soberanía del Estado.
Consentimiento
Explotación
Transnacionalidad
Bien jurídico protegido
Puede ser transnacional o interna La migración puede Delito contra las personas: ser regular o irregular -vida -No necesariamente -libertad general, libertad sexual hay un delito -Dignidad e integridad física cometido -La libertad es un derecho humano Fuente: Adaptado de Hidalgo, 2008: 20
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Variables más específicas de la trata: El engaño es una característica clave de la trata. Unas nuevas modalidades del engaño son: ofertas de trabajo, adopción y matrimonio. El consentimiento no se aplica a menores de edad en la determinación de la trata, según la normativa internacional. La explotación de personas víctimas de la trata es en su mayor parte para el comercio sexual (prostitución forzada, esclavitud sexual, pornografía, turismo de sexo), aunque también puede ser laboral (sector de construcción, agricultura, otros). Realizada por redes ilegales locales, nacionales e internacionales que pueden tener vínculos con el crimen organizado. La coacción y el control de movimientos de las personas pueden ser física o más sutil. Ejemplos: situación física de esclavitud (ser encadenado, trabajo forzoso), servidumbre por endeudamiento, confiscación de la documentación (Chiarotti, 2003; Hidalgo, 2008; Plant, 2003).
2.
Algunas estadísticas
Recuadro 13: Algunos datos sobre la migración y la trata Mujeres migrantes: Actualmente, se estima que hay 94,5 millones mujeres migrantes a nivel mundial y que ellas constan alrededor de la mitad del total. Víctimas de trata: Alrededor de 2,45 millones de personas en el mundo son víctimas de trata en cualquier momento, y 80% de estas personas son mujeres y niñas Según ONUDD, del total de las personas víctimas de la trata, el 35% de mujeres, el 70% de niñas y niños y el 16% de hombres están sometidas a la explotación comercial sexual. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 43% de personas en situación de trata son explotadas sexualmente. España es uno de los diez países con más redes de prostitución en el mundo. Aproximadamente el 70% provienen de América Latina y son víctimas de trata quienes son obligadas a tener 10 a 15 “clientes” por turno (Chiarotti, 2003; Canal Cuatro, 2011). México es el primer destino latinoamericano para la explotación comercial sexual de niñas y niños. Se estima que aproximadamente 25,000 niñas y niños son víctimas anualmente. (TVCN, 2011). La Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares es el instrumento internacional más completo que protege sus derechos pero no ha sido ratificado por la mayoría de los países desarrollados (UNFPA, 2006) En Venezuela, en 2003, se estimaba cerca de 40,000 niñas y niños explotadas sexualmente, de éstas el 78% son niñas de 8 a 17 años (“Latina”, 2003) Se calcula 50.000 dominicanas víctimas de la trata en Holanda y Alemania y 3.000 mexicanas en Japón (Azize y Kempadou, 2002 citado en Chiarotti, 2003) En México entre abril y septiembre de 2010 hubo 210 casos de secuestros grupales con cerca de 11.000 víctimas. Se considera que las mujeres y niñas capturadas fueron explotadas sexualmente, mientras los niños fueron reclutados forzadamente para el narcotráfico. Además, son sometidos a varias formas de tortura (Cote-Muñoz, 2011). En México en 2010 se detuvo a 69,903 migrantes ilegales y algunos quedaron encarcelados/as en condiciones degradantes por un periodo de hasta un año (Cote-Muñoz, 2011).
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Como lo señala Farid Benavides en la Hoja de Ruta del curso de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano (2011), “el tráfico de personas es una de las actividades a las que se dedican los grupos delictivos organizados. De acuerdo con un estudio de la ONUDD sobre el crimen transnacional organizado, la mayor parte del tráfico de personas que se hace en el mundo tiene fines sexuales. La mayor parte de los traficantes son hombres, pero los datos muestran que se trata del delito en el cual se da mayor participación de las mujeres, no sólo como víctimas sino como autoras del delito de tráfico de personas. De acuerdo con el estudio, esto puede ser consecuencia de la necesidad de confianza entre víctima y victimaria y del hecho de que muchas de aquéllas se convierten en traficantes para evitar seguir siendo explotadas”. Por otra parte, normalmente los grupos organizados en la trata de personas son de origen nacional, pero en el informe de la ONUDD (ONUDD, 2006) se destaca que: EJEMPLOS
La trata de personas con fines sexuales en Brasil es cometida por organizaciones europeas y asiáticas. Igualmente aparece documentado que el tráfico de mujeres brasileñas a España y a Portugal se hace a través de la cooperación entre diferentes grupos, entre los cuales predominan los grupos rusos. En España, que es uno de los países de destino para las mujeres latinoamericanas víctimas de este delito, se observa un cambio significativo. En el año 2000, 35% de las mujeres víctimas de este delito eran colombianas, en tanto para el año 2006 se redujo a un 10% y aumentó a un 35% la victimización de paraguayas y brasileñas. Hoy en día, las latinoamericanas constituyen un 13% de las mujeres víctimas de este delito en Europa. Estas variaciones pueden ser el resultado de la capacidad de adaptación de las redes criminales, de modo que se ajustan a los cambios ocurridos en los países de origen, en donde se han hecho políticas de concienciación y se aplican las leyes penales con más rigor o incluso se han dado mejoras en la situación de subsistencia de las potenciales víctimas. De ello no se infiere que no siga existiendo explotación, pues en la medida en que unos colectivos dejan de aparecer en las cifra oficiales, otros aparecen, todo ello como resultado también de las nuevas prácticas migratorias y del arribo de personas provenientes de diferentes países (Benavides, 2011).
3. Retos para la medición No hay recolección sistemática de datos sobre trata y migración irregular Se estima que tanto la trata de personas como la migración están en aumento, sin embargo es difícil tener datos reales por las condiciones de irregularidad de una parte de las/los migrantes y el silencio casi total alrededor de la trata. Debido a las condiciones subhumanas en que permanecen las víctimas de la trata, las principales fuentes de información son las personas que han logrado escapar o que por alguna razón fueron puestas en libertad. A pesar de los pocos datos que existen sobre las víctimas, los clientes son aún más invisibles (Chiarotti, 2003; Hidalgo, 2008). 16
B. Análisis de género de causas, efectos y otros factores Si bien la migración y la trata son fenómenos muy diferentes, también tienen ciertos aspectos en común. En el análisis que sigue se hará énfasis en las similitudes y disparidades. 1. Causas, factores relevantes e identidades construídas DEFINICIÓN Los factores en común que provocan la migración y la trata incluyen: Factores socioeconómicos: la pobreza; la falta de empleo o la búsqueda de empleos con dignidad o mayores ingresos; la globalización. Discriminación y violencia de género interseccional: violencia de pareja íntima; violencia perpetrada por un familiar; violencia sexual perpetrada por otra persona; discriminación o violencia contra personas LGBTI; discriminación o violencia contra mujeres indígenas o afrodescendientes. Crisis humanitarias: desastres, conflictos, persecución Otros factores: reunificación familiar, etc. (Chiarotti, 2003; Cote-Muñoz, 2011; Hidalgo, 2008; Jolly y Reeves, 2005).
Factores de vulnerabilidad a la trata: La globalización: Pese a que la globalización promueve la libre circulación de bienes y recursos financieros, el movimiento de personas –particularmente personas no deseadas– es cada vez más restringido. La crisis económica, las dificultades existentes para mantener a su familia y la demanda de mano de obra barata son dinámicas determinadas por la globalización. Más específicamente incide en que más personas buscan la ayuda de agentes que pueden ser traficantes (conscientemente) o vinculados a las redes de tratantes (inconscientemente) (Cote- Muñoz, 2011; Hidalgo, 2008; Human Rights Watch, 2002 en Chiarotti, 2003; Jolly y Reeves, 2005; UNFPA, 2006). Otros factores de vulnerabilidad a la trata son: préstamos de dinero para pagar a agentes que son vinculados a la trata, luego quedan endeudadas y obligadas a someterse a la trata; tener problemas de encontrar trabajo, alojamiento seguro o familiares en el lugar de destino; ser víctima de violencia sexual (u otra) en tránsito; estado migratorio irregular; empleo inseguro; discriminación de género, etnia, y otras formas; bajo nivel educativo; desconocimiento de sus derechos; poco dominio del idioma, etc. Existen también varias modalidades de engañar a migrantes potenciales, a través del internet, matrimonios o falsos viajes turísticos. Se cita que en República Dominicana y otros lugares se firma contrato laboral con las mujeres, pero hasta que emigran se dan cuenta que es inválido (Chiarotti, 2003; Hidalgo, 2008; Jolly y Reeves, 2005; “Latina Women”, 2003). En el caso de la trata de personas se suele considerar que el consentimiento para salir del país elimina el carácter delictivo de la conducta de quien trafica con mujeres migrantes con el fin de obligarlas a ejercer la prostitución. Muchos de los delitos del crimen organizado, como el tráfico de personas o de migrantes, se vale de la situación de exclusión de las personas, principalmente mujeres, y por tanto contribuye a perpetuar
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estructuras de dominación. Una política pública sobre el crimen organizado debe tener en cuenta este tipo de aspectos, pues entre las víctimas y en las bases de la organización criminal se encuentran los efectos de estos procesos de exclusión y de estructuras de dominación masculina (Benavides, 2011). Las redes: factor que distingue la trata de la migración. Particularmente se refiere a las redes de reclutamiento o captación. Ellos/as pueden ser reclutados en su lugar de origen, en tránsito o en su destino. Quienes reclutan pueden ser personas conocidas o desconocidas, y frecuentemente son mujeres. Una tarea de estas redes es hacer investigaciones para identificar personas en situación precaria que podrían ser vulnerables. Estas redes son involucradas en otras actividades ilícitas, incluyendo el crimen organizado, para cuyo fin realizan la trata (Chiarotti, 2003; Hidalgo, 2008). 2. Efectos Efectos de distintas índoles:
DEFINICIONES Problemas de salud física y sexual: complicaciones de embarazo, aborto o violación sin acceso a servicios médicos (calificados) (mujeres, niñas y adolescentes mujeres); lesiones por intentos de escaparse; Infecciones de Transmisión Sexual, cáncer; empeoramiento de salud por no buscar atención médica debido al estado migratorio irregular. Problemas de salud mental: depresión, problemas de autoestima, intentos de suicidio, secuelas profundas a largo plazo. Dificultades en relaciones interpersonales: falta de confianza; discriminadas/os por los demás. Consecuencias económicas: endeudamiento con tratantes u otros, pago de servicios médicos privados o clandestinos. Consecuencias legales: no pueden huir porque no tienen sus documentos de identidad o migratorios, o desconocen su estado migratorio; no buscan servicios de salud o protección porque temen la deportación; no pueden denunciar su situación por temor a ser acusados/as de estar en el país ilegalmente. Detención en condiciones inadecuadas: pueden ser detenidos/as a pesar deser víctimas de trata o de no haber cometido un delito; pueden ser detenidos/as en condiciones degradantes, sin el debido proceso jurídico y/o ser sometidos/as a malos tratos o tortura; no tener representación legal en el país. Dificultades con la reintegración: son acusadas de baja moral; barreras a la reunificación con la familia y/o la pareja; dificultad en la búsqueda de trabajo, estigmatización (Asamblea General, 2009; Chiarotti, 2003; Cote-Muñoz, 2011;Hidalgo, 2008; Jolly y Reeves, 2005; “Latina Women”, 2003).
Vínculos entre la trata y otras formas de violación de los derechos humanos La trata es una violación de los derechos humanos y una forma de violencia de por sí, no obstante las mujeres, niñas y niños en situación de trata típicamente son víctimas de otras formas de violencia y discriminación al mismo tiempo para seguir sometiéndolas en esta situación. Las y los migrantes también pueden sufrir violencia o discriminación, donde las
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personas en situación irregular son más vulnerables (Chiarotti, 2003; Hidalgo, 2008; Jolly y Reeves, 2005; UNFPA, 2006). La Relatora especial de violencia contra las mujeres señala que la violación de los derechos humanos de las mujeres es tanto una causa como una consecuencia de la trata (Pearson, 2000 en Chiarotti, 2003). C.
Desafíos para las respuestas estatales y sociales
1. El enfoque de las intervenciones Las/los migrantes y víctimas de la trata tienen que ser tratadas como portadoras/es de derechos humanos en todo momento. La atención que reciben debe aportar a su empoderamiento y ellos/ellas siempre deben ser tratados como decisores sobre su propia vida. Por tanto, las respuestas deben ser integrales y deben dar respuesta a los factores estructurales que causan o favorecen la violencia contra migrantes y víctimas de la trata. Asimismo, la cooperación regional e internacional, incluyendo protocolos comunes, es imprescindible (Asamblea General, 2009; Chiarotti, 2003; Hidalgo, 2008; Jolly y Reeves, 2005; ACNUDH 1991). 2. Reformas legales e institucionales pendientes APUNTE Se señala limitaciones con el Protocolo de Palermo, especialmente por poner mayor énfasis en las víctimas y el control de migrantes y su repatriación que en la investigación y la sanción de los victimarios. En casi todos los países de la región hay deficiencias en la legislación y normativa nacional en comparación con las disposiciones de la CEDAW, la Convención de Belem do Pará y el Protocolo de Palermo (Chiarotti, 2003; CEM et al., 2006; Hidalgo, 2008; Jolly y Reeves, 2005; “Latina Women”, 2003). Recientemente varios países han reformado su legislación pero todavía faltan evidencias de efectividad. La corrupción y la complicidad de autoridades es uno de los mayores desafíos por lo que facilita, tanto la trata y otras formas de violencia y discriminación como la impunidad. Insuficiente entrenamiento de operadores/as. Detención inadecuada por meses. Operativos policiales realizados en América Central para liberar a víctimas de la trata y capturar a tratantes han sido exitosos (Asamblea General, 2009; Chiarotti, 2003; Cote-Muñoz, 2011; Hidalgo, 2008; Jolly y Reeves, 2005; “Latina Women”, 2003). La violencia estructural contra las mujeres se hace más extrema en tiempos de guerra. Por ello, la presencia de armas de fuego trae consigo efectos similares en tiempo de paz y de guerra: a mayor número de armas, mayor el peligro para las mujeres. Por ello es importante no sólo el control de las armas, sino la promoción de una cultura de paz incluyente y no machista que elimine de la vida pública las masculinidades violentas y que contribuya a la creación de una sociedad democrática y dialogante (Benavides, 2011).
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3. Respuestas dirigidas a víctimas y sobrevivientes La normativa nacional e internacional es insuficiente. No hay suficientes recursos para ayudar a estas personas a denunciar la violencia, recuperarse emocionalmente, recibir atención médica y otros servicios, ejercer sus derechos de quedarse en el país de destino o regresar a su lugar de origen, acceder a la justicia o reintegrarse a la comunidad. Se recomienda formar redes de promotores/as locales vinculados/as a organizaciones de la sociedad civil y/o instituciones estatales. Hay que brindar protección a las y los migrantes de todas las edades al igual que respuestas adecuadas a víctimas de violencia en vez de suponer que tienen un estado irregular o que son víctimas potenciales de la trata (Asamblea General, 2009; Cote-Muñoz, 2011; Hidalgo, 2008; UNFPA, 2007) 4. La colaboración intersectorial y los aportes de las organizaciones de mujeres y la sociedad civil La colaboración de diversos actores sociales y estatales en todos los aspectos de la respuesta es uno de los factores más importantes para detectar la trata; rescatar y tratar a víctimas de trata y migrantes víctimas de violencia; asegurar que las migrantes y víctimas de trata conozcan y puedan ejercer sus derechos; y la detención y sanción de los victimarios, tratantes y clientes. Debido a la corrupción en entes estatales, debe haber mecanismos de transparencia que involucren a otros poderes del Estado y a la sociedad civil (Asamblea General, 2009; Chiarotti, 2003; Cote-Muñoz, 2011; Hidalgo, 2008). 5. La investigación, educación, sensibilización y comunicación
La información disponible sobre la trata es escasa, al igual que orientaciones sobre cómo identificar y evitar situaciones de vulnerabilidad y dónde buscar apoyo para migrantes en situación de violencia y víctimas de la trata. Se requiere de mucho más investigaciones sobre la violencia contra mujeres migrantes y la trata; las respuestas estatales y sociales que reciben las víctimas; y especialmente relativo a los/las perpetradores y usuarios/as o clientes de la trata. Habría que colaborar más con los medios de comunicación para la difusión de información y para realizar campañas de sensibilización de la población en general. La población necesita tener mayor información respecto a los riesgos, sus derechos y los servicios disponibles antes de tomar la decisión de migrar. Campañas de sensibilización sobre la migración y los derechos de personas migrantes y víctimas de la trata (Asamblea General, 2009; Chiarotti, 2003; CoteMuñoz, 2011; Hidalgo, 2008; Jolly y Reeves, 2005; “Latina Women”, 2003; UNFPA, 2006).
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IV. Consideraciones Finales Este vistazo global de los temas prioritarios relacionados a la seguridad ciudadana con enfoque de género en América Latina resalta los siguientes desafíos. DESAFÍOS La normativa y su debida aplicación: Existe una adecuada normativa internacional y regional – con la excepción notable de la discriminación y la violencia contra personas LGBTI–; muchas limitaciones han sido identificadas en la normativa nacional, tanto legal como institucional; hay grandes barreras a la implementación de la normativa, especialmente con respecto a la capacitación, la integración de un enfoque de género y actitudes y conductas por parte del personal y autoridades que reflejen las normas de derechos humanos; la insuficiencia de recursos financieros no permiten una respuesta adecuada y permanente; el mayor efecto de todos estos problemas es una tasa altísima de impunidad. El acceso a la seguridad, la justicia y la atención para mujeres en situación de violencia: Las mujeres enfrentan muchos obstáculos para poder ser protagonistas y ejercer plenamente sus derechos; las mujeres que sufren relaciones de poder interseccionales deben enfrentar barreras más complejas y con menos reconocimiento de sus situaciones; no obstante, a nivel individual y colectivo las mujeres siguen movilizándose y organizándose para reivindicar sus derechos. La colaboración intersectorial: La colaboración entre actores estatales, el movimiento de mujeres y feminista y otros actores sociales a nivel local y nacional es un requisito para construir y brindar respuestas integrales y estructurales; la falta de compromiso institucional y una perspectiva común basada en los derechos humanos de las mujeres figuran entre los mayores impedimentos. La investigación, la información y la sensibilización del público: Uno de los mayores obstáculos para definir políticas y programas es la escasez de datos cuantitativos y cualitativos acerca de estos temas, incluyendo tanto las formas de inseguridad como la efectividad de las respuestas; el desconocimiento de sus derechos y los procedimientos es una de las principales obstrucciones al ejercicio de los derechos por las mujeres; se requiere de mayor capacitación y sensibilización del público en general para contribuir a prevenir la violencia, cambiar las feminidades y masculinidades dominantes y para cambiar los relaciones históricas desiguales de poder de género e interseccionalidad.
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