El esfuerzo y el tiempo invertido han dado su fruto en este acuerdo

Departamento Jurídico-Económico de Escuelas Católicas

El pasado 16 de mayo se firmó el acuerdo de revisión salarial correspondiente a los años 2022 y 2023 para el VII Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. Juan Manuel Ruiz, director del Departamento Jurídico-Económico de EC nos detalla en esta entrevista los condicionantes, las dificultades y los pasos que se han dado en esta negociación en la que se ha primado el interés de nuestros centros, la situación económica general, la específica de nuestro sector, así como la incidencia del incremento del SMI y las circunstancias que afectan a los módulos de concierto para 2022 y 2023.

Representantes de patronales y sindicatos tras la firma de las tablas salariales 2022 y 2023. FOTO EC

Ha llamado la atención el retraso en la firma del acuerdo, en relación con el plazo fijado de 3 meses desde la publicación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. ¿Nos puedes explicar a qué se debió?

Estas tablas son el resultado de una negociación intensa y compleja, en la que han incidido importantes factores que no han concurrido, al menos en su totalidad, en ocasiones anteriores. Lógicamente, como organización empresarial, siempre se ha partido del interés de nuestros centros, pero por imperativo de nuestra condición de entidad católica se ha buscado también un equilibrio razonable y justo entre la necesaria subida salarial y el preocupante incremento de costes. Creemos sinceramente que el esfuerzo y el tiempo invertido han dado su fruto en este acuerdo, suscrito por la totalidad de las organizaciones empresariales y más del 85% de la representación sindical.

¿Cuáles son esos condicionantes que han influido en la negociación?

Desde hace años nos encontramos con una situación económica en general poco favorable, que junto con los cambios normativos que se vienen imponiendo está afectando de forma muy preocupante al sector educativo. Esto es especialmente significativo en la enseñanza concertada, con una infrafinanciación cada vez mayor, en contraposición a las obligaciones legales que se imponen a los centros y que se nota especialmente en lo que se refiere a los gastos de funcionamiento y mantenimiento.

El módulo de financiación de la escuela concertada es muy inferior al coste real, cubriendo aproximadamente solo un tercio del mismo, y en este escenario, la incidencia del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), entendible desde un punto de vista social, complica aún más la economía de nuestros centros.

Y, finalmente, nos hemos encontrado con unas circunstancias especiales que afectan a los módulos de concierto para 2022 y 2023 y que han condicionado fuertemente la negociación salarial.

¿Qué problemas han existido con los módulos de conciertos de esos dos años?

En octubre del año 2022 el Gobierno aprobó un incremento adicional del 1,5% para las retribuciones del personal al servicio del sector público, a aplicar retroactivamente, y que supuso consolidar un incremento retributivo global para ese año equivalente al 3,5%.

Ese incremento adicional se trasladó también a los módulos de conciertos, que se incrementaron igualmente el 1,5% adicional con efectos del 1 de enero de 2022. Sin embargo, la forma escogida en esta ocasión para llevar a cabo tal incremento, sin publicación material en el Boletín Oficial del Estado, dificultó que fuera asumido por todas las comunidades autónomas. De hecho, a fecha de hoy todavía quedan algunas que no han actualizado la partida de otros gastos.

Y para el año 2023, en los módulos de concierto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado no se han tenido en cuenta los incrementos de las cotizaciones a la Seguridad Social por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional que entró en vigor el pasado 1 de enero, correspondiendo a este año un 0,5%, a pesar de que se había manifestado este error de forma reiterada al Ministerio de Educación y Formación Profesional. Esta circunstancia hace que sea inviable firmar tablas del personal docente en pago delegado para el año 2023 mientras que el Ministerio no solucione el problema que ha generado.

¿El hecho de que no se hayan firmado nuevas tablas salariales para 2023 del personal docente en pago delegado conlleva que se vayan a congelar sus retribuciones este año?

No, se trata simplemente de una situación transitoria debida a las circunstancias expuestas del error antes explicado y por el estricto cumplimiento de la legislación que regula el régimen de conciertos educativos; tan pronto como esta circunstancia se solvente, procederemos urgentemente a la firma de las correspondientes tablas, ya que no va a haber discusiones entre las partes negociadoras.

¿Qué pasos se están dando para que se pueda resolver este problema lo antes posible?

La solución no depende de las organizaciones negociadoras, sino de los ministerios de Educación y Formación Profesional y de Hacienda y Función Pública, ya que han de aprobarse unos nuevos módulos de concierto corregidos que contemplen el incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social.

En este sentido, hemos estado haciendo gestiones desde hace meses para intentar que esta solución se produjera, pero complicaciones ministeriales imprevistas (recordemos que la administración educativa anunció públicamente en la Asamblea de Escuelas Católicas del pasado mes de marzo que ya se iba a solventar el error) y el inesperado adelanto electoral han ocasionado un retraso de esa esperada solución.

Aún así, seguimos insistiendo con las diferentes administraciones y partidos políticos para que se aproveche la previsible revisión salarial de los funcionarios públicos en base a la evolución del IPC, fijada en la actual Ley de Presupuestos Generales del Estado para septiembre-octubre, de forma que en ese momento se aprueben y publiquen los módulos de concierto corregidos con efectos del 1 de enero de 2023.

¿Y entonces por qué se ha producido una judicialización de este tema?

Ha sido una decisión sorprendente e inexplicable del sindicato CC.OO., que además de negarse a firmar las tablas, ha pedido que por vía judicial se fijen las del personal docente en pago delegado con un incremento del 2,5%, por encima de las cuantías salariales que establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado y que, en consecuencia, el incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social sea asumido directamente por los centros educativos.

Tal y como se le explicó reiteradamente durante el proceso negociador a sus representantes sindicales, con los módulos de concierto actuales no es posible esa subida, pero a pesar de ello han anunciado que van a iniciar los trámites previos para plantear una demanda de conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional.

La totalidad de las organizaciones firmantes de las tablas consideramos que judicializar este asunto es contrario al sistema de conciertos educativos y no puede terminar en ningún caso con una sentencia favorable para el sector, ya que o bien se estima la demanda y los centros se ven obligados a asumir el incremento de la cotización a la Seguridad Social, o bien se aplica el límite del módulo y el incremento de los salarios se queda en el 2,26% (reduciéndose las retribuciones que, por la vía de hecho, vienen percibiendo actualmente los docentes en pago delegado de la mayoría de las comunidades autónomas).

Ante esta situación, se ha optado, en un ejercicio de responsabilidad, por suspender temporalmente, hasta el 31 de diciembre de 2023, el plazo de tres meses establecido en el vigente convenio colectivo para la aprobación de las tablas salariales de este personal.

Con ello, las organizaciones firmantes de este acuerdo intentan proteger de esas consecuencias negativas al sector, confiando en que CC.OO. reconsidere su postura y contribuya a la mejor solución del problema existente, que pasa necesariamente por la corrección del error cometido en la determinación de los módulos de concierto.

LINEAS PRINCIPALES DEL ACUERDO SUSCRITO

• Se permite a los centros educativos derivar al curso 2023-2024 el pago de una parte importante de los compromisos salariales.

• Se da un tratamiento especial a las categorías con salarios inferiores al SMI vigente.

• Se intenta no generar diferencias retributivas entre el personal, para facilitar la organización de los colegios.

• Se han tenido en cuenta los aumentos de la partida de otros gastos (3,5% para 2022 y 2,5% para 2023), así como los márgenes medios de los incrementos salariales y las recomendaciones del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, permitiendo la recuperación del poder adquisitivo del personal de los centros.

• Se ha pospuesto la firma de las tablas salariales para 2023 del personal docente en pago delegado hasta que se regularicen los módulos de concierto correspondientes a este año.